Prensa Obrera N° 405

La lucha de los hospitales santafecinos lleva casi dos meses (ver crónica en PO Nº 402), luego de sortear varios intentos de levantarla. El primer intento lo encabezó, sin éxito, Maguid (secretario general de UPCN), que señaló la inminencia de las elecciones nacionales. Después de las elecciones, un plenario, el día 8, decide el paro por tiempo indeterminado, y aunque la directiva le da la expresión confusa de “seguir con la huelga”, el paro se extiende durante once días ininterrumpidos. El segundo intento por quebrar la huelga parte del gobierno, que concede un “aumento” en el presentismo a un sector de los empleados, acompañado de amenazas de descontar los días de paro y el pedido de listas de los huelguistas. Sobre la cuestión salarial, los delegados del hospital Baigorria habían planteado de entrada 250 pesos de aumento. Rebeldía en las bases El pasado viernes 15, cuando estaba prevista una movilización a la Capital provincial (400 compañeros habían viajado desde Rosario), Maguid anunciaba que había conseguido “una reunión con el gobierno” al cabo de la cual deliberaría el cuerpo de delegados, e invitaba a los manifestantes a “regresar a sus hogares”. Al grito de Rosario no se va, los trabajadores de esta ciudad repudiaron a Maguid y marcharon sobre el cuerpo de delegados para reclamar la continuidad de la lucha. En ese plenario —dominado por elementos afines a la burocracia— se discutió el ultimátum gubernamental, que reclama la suspensión del paro por 72 días hábiles y Maguid logra imponer una tregua de 72 horas. Hospitales fundamentales se pronunciaron contra la misma: una asamblea del Baigorria, por ejemplo, repudió el levantamiento al no existir una propuesta salarial concreta, así como el intento de descontar los días de huelga. El mismo pronunciamiento tuvo el hospital Iturraspe de Santa Fe, mientras que el Centenario mocionó para que la suspensión sólo durara 48 horas. Maguid ha logrado imponer una tregua que no resuelve nada. Hay que prepararse para retomar la lucha, articulando a los delegados y hospitales que reclaman una orientación para ganar.

Después de una década de continuas “reestructuraciones”, “ajustes” y “fusiones”, la producción siderúrgica europea es más “excedentaria” que nunca. La sobreproducción mundial de aceros ha convertido en “sobrantes” a la inmensa mayoría de los pulpos europeos, sin importar que sean estatales o “privados”. La Comunidad Económica Europea ha elaborado un nuevo “plan siderúrgico” para reducir, otra vez, la capacidad productiva, pero la pretensión de liquidar “ordenadamente” las fuerzas productivas instaladas es una ilusión: el violento ataque a la ocupación y a las conquistas obreras que implica el “plan siderúrgico europeo” plantea una conmoción y una lucha obrera de dimensiones continentales. En Alemania, donde está “planificado” el despido de más de 40.000 metalúrgicos, las patronales han lanzado una violenta ofensiva contra las condiciones de trabajo de los obreros del oeste. En una verdadera provocación, la cámara patronal del metal ha roto unilateralmente el contrato vigente sobre salarios y vacaciones. Se trata de una “declaración de guerra” que retrata la política de la burguesía alemana: “Todos los empresarios imitan a José Ignacio López” (Times, 16/9), un ex gerente de la GM, famoso por sus violentos métodos antiobreros, recientemente contratado por la VW alemana. Como ya lo ha hecho en el Este, la burguesía pretende quebrar la tradición de los convenios por industria para imponer lo que “The Economist” (2/10) denomina “contratos ‘cafetería-style’, con distintas opciones para que los gerentes y los trabajadores puedan elegir. Los contratos por rama sólo fijarían los salarios mínimos (pero no los de todas las empresas de una rama)”. Que se pretenda aplicar a una de las industrias más concentradas del planeta un régimen de contratos propio de las “cafeterías” revela la envergadura del ataque. Esto explica que las patronales se hayan negado a fijar fecha de inicio de las negociaciones de un nuevo contrato —en reemplazo del que rompieron unilateralmente— y que hayan rechazado de plano el reclamo de la IG Metall, el sindicato obrero, de un aumento salarial del 6% para 1994. El reclamo sindical, según “The Economist” (2/10), sólo pretende “salvar la cara” de los burócratas. Por eso, distintos medios afirman que la burocracia metalúrgica alemana consentiría en “archivar” el reclamo salarial a cambio de “garantías” del empleo. ¿Pero qué “garantías” pueden pedirse cuando la industria siderúrgica se hunde en toda Europa y, particularmente, en Alemania? En Italia, se anunció el despido de 12.000 trabajadores de la estatal Ilva, como paso previo a su descuartizamiento y posterior privatización. El grueso de los despidos se produciría en la planta de Taranto, la mayor de toda Europa, enclavada en el sur del país. Los despidos en Ilva pueden tornar aún más explosiva la situación en el sur de Italia: allí la tasa de desocupación duplica la media nacional y se han librado violentas huelgas, con ocupaciones de plantas, contra los despidos. En España, el “plan comunitario” prevé el cierre, en 1995, de las plantas ubicadas en el país vasco y el posible cierre de otras más en el resto del país ... si no se consiguen inversores. Esto, en un país donde la desocupación trepa al 20% y donde el anunciado cierre de la Seat (ver aparte) plantea un agravamiento aún mayor del desempleo. Sin embargo, Alemania, la “voz cantante” de la CEE ha rechazado el “capítulo español” del “plan comunitario” por “moderado y poco significativo”. Los alemanes le reclaman a Felipe González más despidos y en un plazo perentorio. La crisis siderúrgica plantea una lucha obrera de escala continental.

Desde hace cuatro meses el Sanatorio Güemes está inactivado y vaciado; la patronal dejó un “muerto” de varias decenas de millones de dólares, en concepto de aportes jubilatorios adeudados, créditos oficiales impagos y sueldos y aguinaldos del personal. Durante estos cuatro meses, la burocracia de ATSA saboteó cualquier respuesta de lucha en defensa del Güemes, como las que impulsaron los activistas que permanecieron hasta la actualidad en su interior o las que propusieron las internas opositoras en el plenario de delegados de ATSA realizado el 30 de julio. Una treintena de activistas mantuvo vivas las reivindicaciones con diversas medidas, movilizaciones, colectas, festivales. Ahora, la burocracia ha hecho correr la especie de que el sanatorio será reabierto en pocos días. Señales de esto serían el pago de 100 pesos a cuenta de deudas, algunos aguinaldos y han llegado telegramas de suspensión “por fuerza mayor” hasta el 12 de noviembre, como si se quisiera acotar la deuda en sueldos. Los trascendidos patronales en el Ministerio es que cualquier reapertura se haría con la mitad del personal que revistaba en el momento del cese. Los burócratas de ATSA han planteado que una condición para la reapertura es el retiro de carteles, olla y guardias de trabajadores, lo cual fue rechazado por los ocupantes en asamblea. La agrupación ASIS, que participó con sus compañeros y agitación, ha difundido un volante en el que reclama una asamblea general de trabajadores del Güemes (citando a los que no están concurriendo diariamente) para que se informe en qué consistiría la reapertura, y en qué condiciones tendría lugar. No a los despidos; no negociar los montos indemnizatorios de los compañeros que quieren retirarse. Pago de los días caídos. Respeto de antigüedad y condiciones de convenio al momento del cierre. Mientras tanto, mantener y reforzar,con una acción solidaria de todo el gremio las medidas de lucha.

Como se viene repitiendo una y otra vez hace 7 años, la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio), que debe resolver la liberalización del comercio internacional, está al borde del fracaso. Los países imperialistas no se ponen de acuerdo en eliminar subsidios, cuotas de importación, restricciones a las importaciones, y toda suerte de trabas legales, que les sirven para defender a “sus” burguesías contra la competencia de sus rivales. La guerra comercial que se ha agudizado como consecuencia de la crisis mundial, ha puesto “en colapso” al sistema comercial mundial, establecido a partir de los años 50, según los dichos de Peter Sutherland, director del GATT (The Wall Street Journal, 19/10). La crisis del GATT traduce una crisis más general, la que se refleja en la sobreproducción que aqueja a numerosas ramas de la economía. Un ejemplo es la industria del acero. Según Ronald Mac Donald, del Departamento de Comercio de EE.UU., “el gran problema que afecta actualmente a la industria siderúrgica mundial es el comportamiento del comercio internacional, en que el exceso de capacidades de producción corre atrás de la escasa demanda de producción”. Se estima un sobrante de 100 millones de toneladas anuales (un 25% de la producción mundial), por lo que “seguirán cayendo los precios, se restringirá la producción y se cercenarán aún más las inversiones” (ídem, Congreso Siderúrgico Latinoamericano). Cada potencia imperialista pretende, naturalmente, que las otras paguen las consecuencias de esta sobreproducción. En estas condiciones, la “guerra del acero” define el callejón sin salida en que se encuentran las negociaciones. Siempre en el caso del acero, EE.UU. planteó la exigencia de “abrir” el comercio mundial, pero sólo con referencia a sus competidores, porque el gobierno norteamericano pretende retener su derecho a bloquear las importaciones de acero del resto del mundo, cuando el precio de las importaciones sea inferior a los precios norteamericanos. Los yanquis plantean que la siderurgia europea se “ajuste”, en especial en España, Italia y Alemania, e incluso consideran insuficiente el plan de la italiana Ilva para despedir a 11.600 trabajadores en los próximos dos años (1994-96). Sin embargo, dentro de EE.UU. las industrias consumidoras de acero protestan contra la protección que goza la siderurgia norteamericana, y en esto hacen causa común con la competencia extranjera. Las recientes devaluaciones europeas han acentuado la guerra comercial en la siderurgia, empantanando aún más cualquier posibilidad de liberalización comercial. Pero no es sólo el acero. En el caso de la industria aeronáutica, una lucha feroz opone a la Boeing norteamericana y a la Airbus europea, ambas receptoras de enormes subsidios. Estados Unidos ha llegado a clasificar a cualquier forma de empresa pública como una forma de subsidio industrial por parte del Estado, lo que equivale a hacer de las privatizaciones una condición del comercio mundial. Pero en este caso habría que privatizar los bancos centrales, cuyas políticas monetarias sostienen todas las formas de subsidio que pueden impulsar los Estados. Otro caso es la agricultura, que recibe unos 300.000 millones de dólares anuales en concepto de subsidios, o mejor dicho, sus beneficiarios son los pulpos exportadores. Un reciente estudio destacó que estas firmas (Cargill, Continental, la francesa Dreyfus y la italiana Ferruzzi) recibieron el 60% de los fondos de un programa del gobierno norteamericano de fomento de las exportaciones, entre 1986 y 1989, por 2.300 millones de dólares (I. Herald Tribune, 9/10).El informe destaca que, sin embargo, las exportaciones norteamericanas no crecieron en ese período. Como esos pulpos reciben subsidios, a su vez, en Europa y en otros países agrícolas, está claro que a los monopolios de exportación de granos no les interesa un comercio “libre”, o sea sin subsidios. De ahí que el pre-acuerdo agrícola alcanzado entre EE.UU. y Europa sólo prevé una liberalización “gradual” y “parcial”, es decir que autoriza a disfrazar los subsidios del Estado bajo otras formas. Una liberalización del comercio agrícola pondría de relieve la sobreproducción de este sector, y la caída resultante en los precios provocaría, de un lado, una crisis agraria espectacular y, del otro, una tendencia al acuerdo monopolista entre los pulpos para mantener los precios al consumidor, en tanto que caen a nivel de materia prima. Japón y China Los choques comerciales entre Estados Unidos y Japón son violentos y harto conocidos, al punto que los norteamericanos acaban de proponerle a los japoneses la construcción de un sistema de defensa misilístico para poder colocar allí su tecnología y productos (I. Herald Tribune, 24/9). Para justificar la operación, EE.UU. descubrió que los misiles de Corea del Norte ponen en peligro la seguridad japonesa. Ahora acaba de acentuarse otra disputa, relativa al acceso de EE.UU. a las obras públicas japonesas, que Japón reserva para sus empresas. Muchos acreditan que el reciente descubrimiento de corrupción en el otorgamiento de obras públicas en Japón, obedece a la mano de la CIA. La sobreproducción mundial no ha sido mitigada por la apertura de los mercados de Europa del Este y de la ex URSS; al revés, el colapso de las monedas de estos países está redundando en la exportación de numerosos productos a precios de liquidación, como ocurre con el aluminio. Ni siquiera el colapso de las industrias de los países del Este ha mitigado la sobreproducción existente en las principales ramas mundiales. China es, precisamente, una fuente de conflictos, porque, por ejemplo, los productos textiles chinos están desplazando a la producción norteamericana. Días pasados, EE.UU. y Europa llegaron a un pre-acuerdo de intercambio textil, con rebajas arancelarias mutuas, exclusivamente con el fin de cerrarles el mercado a los países del sudeste asiático, en especial China, que inundan esos mercados gracias a los bajísimos salarios e incluso al empleo de mano de obra esclava o de campos de concentración. Mientras que el mercado chino podría ser potencialmente una salida al capitalismo mundial, en la actualidad EE.UU. y Europa se ven obligados a coaligarse para cerrarle a China sus propios mercados. Propiedad intelectual Los EE.UU. exigen vehementemente un acuerdo en torno a las patentes de la propiedad intelectual, pero no para garantizar el libre comercio, sino un monopolio que tendría 25 años de vigencia. La burguesía norteamericana quiere explotar así sus ventajas en materia de investigación y desarrollo, y controlar por este medio el futuro desarrollo industrial. Semejante acuerdo eliminaría al 90% de la humanidad de cualquier tentativa de investigación ajena a los monopolios norteamericanos, con el consiguiente retraso para la ciencia mundial y el desarrollo de las fuerzas productivas. Libertad para la guerra Todas estas contradicciones no podrían ser superadas por una liberalización del comercio; al revés, ésta las agravaría; una liberalización comercial sustituiría a la firma de aranceles y de cuotas por una guerra de precios. El proteccionismo y la liberalización son, no antagónicos, sino armas diferentes de un mismo conflicto. Así como el resultado histórico del libre comercio ha sido el monopolio, el resultado de una “liberalización” comercial sería la quiebra de numerosos capitales y la concentración de los capitales. Para llegar a esto, las masas deberán pasar antes por enormes penurias —la principal, el desempleo en masa. Ni el proteccionismo ni la “libertad” son una salida; no en vano, el capital mundial se orienta, no a la industria o al comercio, sino a la especulación financiera. La economía mundial se mantiene en pie gracias a esta “burbuja” especulativa, que es precisamente la que la hará estallar.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1993 Las organizaciones abajo firmantes convocan a una Marcha unitaria al Obelisco el día miércoles 27 a las 18 horas para repudiar la intervención del imperialismo yanki y las tropas de la ONU en Somalía y Haití, así como la complicidad servil del gobierno de Menem y la UCR con los EE.UU., a través del envío de tropas y de la gestión de Caputo. Asimismo, rechazamos la presencia de la delegación pirata de Scotland Yard en nuestro país. La marcha está convocada bajo las siguientes consignas: * ¡FUERA YANQUIS Y LA ONU DE HAITI Y SOMALIA! * ¡NO AL BLOQUEO. POR EL RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS ARGENTINAS DE HAITI Y DEMAS “MISIONES” DE LA ONU, ENVIADAS POR EL CIPAYO MENEM! * ¡FUERA CAPUTO, AGENTE DE CLINTON EN HAITI! * ¡FUERA SCOTLAND YARD DE LA ARGENTINA! Llamamos a todos los trabajadores y al pueblo, a los que rechazan la injerencia del imperialismo, a los Ex-Combatientes de Malvinas, Centros de estudiantes, Organismos de derechos humanos, delegados y comisiones internas, a todas las organizaciones políticas que se reclaman antiimperialistas, a sumar fuerzas en esta acción unitaria. (El lugar de encuentro es a las 18 horas en Corrientes y Callao, para marchar desde allí al Obelisco.) MAS (Movimiento al Socialismo) MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) PTS (Partido de los Trabajadores por el Socialismo) LSR (Liga Socialista Revolucionaria)

Eseba S.A. (Servicios Eléctricos de Buenos Aires) se apresta a despedir a 800 trabajadores, el 15% de su plantel. En la regional Mercedes del sindicato de Luz y Fuerza, 50 compañeros han sido conminados a dejar sus tareas. Se trata de cesantías encubiertas bajo la forma de “retiros voluntarios” (apelando a la ley de “reforma administrativa” de Duhalde, que fue votada en la Legislatura por el PJ y el Modin). La orden de despedir viene de Duhalde y forma parte de la “preparación” para la “privatización”. En este marco, el gobierno transfirió la deuda de Eseba por la Central Piedrabuena (por 1.350 millones de dólares) al presupuesto de la provincia. Ahora se pagarán por medio de impuestos y nueva deuda provincial los suculentos negociados de la “patria contratista” que triplicaron el valor de la usina. Eseba absorbió, además, las sociedades y cooperativas eléctricas zonales e impuso una tarifa única, para monopolizar el servicio previo a la “privatización”, y permitir luego a los pulpos fijar las tarifas a su antojo. Ahora vienen los “retiros” (que se suman a la ausencia de renovación en el plantel de líneas) con el declarado objetivo de superexplotar a fondo al trabajador. En el caso de Mercedes, ya se ha anunciado el retiro de las guardias de emergencia del fin de semana, lo que anticipa cortes que no se solucionarán de inmediato. Una vez hechos todos los “deberes”, el gobierno ofrecerá por migajas el paquete de acciones de Eseba y un mercado cautivo, superrentable y sin urgencias de inversión. El sindicato de Luz y Fuerza no tiene ninguna política para oponerse a esto, simplemente porque su burocracia es socia de los “privatizadores”. El sindicato Luz y Fuerza es un sindicato patrón, dueño con otros pulpos de 12 usinas, varias empresas de asistencia, un banco, un fondo privado de pensión, etc., etc., etc. A los compañeros “retirados” que han ido al sindicato Mercedes de la Federación, les han dicho: “agarren viaje que si no viene el despido”. Llamamos a organizar la resistencia a los despidos y a rechazar la “privatización” de Eseba, a impulsar la investigación por parte de los trabajadores de la deuda Piedrabuena y de las deudas impagas de los grandes consumidores.

El último domingo de octubre, el dictador Alberto Fujimori someterá a plebiscito una constitución redactada a su medida por una Asamblea amañada y fraudulenta que sesionó bajo el estado de sitio. La constitución de Fujimori implanta un régimen político reaccionario hasta los tuétanos; liquida las libertades públicas, concentra la “suma del poder” en las manos del Ejecutivo; crea la curiosa figura de los “decretos legislativos”, liquida las asambleas municipales, en beneficio de los intendentes; establece que los ascensos militares serán fijados por el Ejecutivo sin intervención del Congreso. Al tope de esta catarata, Fujimori ha puesto la legalización de la pena de muerte. La nueva constitución, al prohibir que el Estado sea propietario de empresas comerciales o industriales, eleva las privatizaciones al rango de precepto constitucional, también liquida conquistas obreras en masa como la estabilidad laboral, la educación gratuita y el derecho a la vivienda. Las “cartas” de Fujimori A pesar de su carácter declaradamente reaccionario y antipopular, el resultado del plebiscito no ofrece incógnitas: se espera un triunfo arrollador de Fujimori, que podría alcanzar el 70% de los votos, aunque las encuestas de las últimas horas “confirman un sorprendente crecimiento en los últimos días del voto por el “no” que podría alcanzar del 35% al 45% lo que significaría un desgaste para Fujimori” (Jornal do Brasil, 27/10). Semejante resultado no debería extrañar. Las elecciones se realizan bajo un régimen de terror, con las ciudades militarizadas y con bandas paramilitares que responden directamente al “entorno” presidencial y asesinan impunemente a militantes opositores. La dictadura ha puesto al movimiento obrero fuera de la ley de hecho, después de asesinar al secretario general de la CGTP, Pedro Huillac, y hasta la propia “oposición legal” está proscripta igualmente de hecho. La CGT ha denunciado la sistemática detención de militantes que hacen campaña por el “no” y la prohibición oficial de actos públicos de la oposición. Por si esto fuera poco, Fujimori domina plenamente los medios de prensa y la justicia electoral. Pero los factores que anuncian la victoria de Fujimori son más profundos. El “Financial Times” (29/9) reconoce que “comienza a retornar una frágil confianza”. Los pulpos imperialistas se han llevado la parte del león en la privatización de las empresas públicas —particularmente en la minería— y del sistema previsional. Después de mucho tiempo, los bancos acreedores han comenzado a recibir nuevamente remesas en pago de la deuda externa. Otro motivo no menor del pronosticado triunfo de Fujimori es que el “comando del no” está encabezado por partidos odiados por las masas y en abierta descomposición: el partido de Belaúnde Terry, el APRA de Alan García y hasta la stalinista Izquierda Unida, que han hundido cada una de las reivindicaciones populares en nombre de la “defensa de la democracia”. Pero la mayor carta de triunfo de Fujimori es la aparente capitulación de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. A través de dos cartas y un video dirigidos al “señor presidente Fujimori”, Abimael Guzmán pide al gobierno abrir “negociaciones de paz”... ;justifica el golpe de estado del 5 de abril de 1992 y reconoce sus “éxitos” en el plano económico y militar. La publicitada capitulación de Guzmán habría sido rubricada también por Elena Iparraguirre, su esposa y “segunda” en la jerarquía de Sendero, y por otros dirigentes encarcelados. Según el “Expreso” de Lima (17/10), los militares permitieron a Guzmán conversar telefónicamente con Oscar Ramírez Durand, dirigente “histórico” de Sendero que se encuentra en el exterior. La aparente capitulación de Guzmán constituye una victoria política de la dictadura, que montó un operativo enderezado especialmente a quebrarlo. Guzmán fue encerrado en una celda subterránea de tres metros por dos; la única persona que podía acceder a la celda era Vladimir Montesinos, asesor de Fujimori y su “representante personal” ante los organismos de inteligencia. Montesinos está acusado, incluso por ex militares, de organizar los “escuadrones de la muerte” que asesinaron a centenares de trabajadores y estudiantes. En estas condiciones, bajo la presión de las informaciones “filtradas” por los servicios de inteligencia sobre la detención de la cúpula de Sendero y los golpes a la organización, fue obtenida la capitulación de Guzmán, que puede llevar a la completa desintegración de su organización. Mientras tanto, la miseria de las masas en las ciudades es explosiva y se ha agravado bajo el régimen de Fujimori: el 70% vive en condiciones miserables, apenas un 12% de la población tiene empleo fijo, mientras que ingresan cotidianamente más de 1.000 millones de narcodólares. En el campo se libra una sorda guerra entre los campesinos y los representantes de los bancos y el gran capital por la propiedad de la tierra. Perú sigue siendo un auténtico volcán social.

El plebiscito de Menem no pretende consultar nada a nadie, porque el carácter de la reforma de la Constitución ya ha sido determinado por el Senado y ahora espera la convalidación de Diputados. A los ciudadanos sólo les queda dar el Sí o el No a algo que se ha tramado a sus espaldas y con el agravante de que ni siquiera saben hasta ahora qué es eso que se ha tramado a sus espaldas. Las actas de las sesiones del Congreso no circulan entre el pueblo. El plebiscito de Menem es anti-democrático, porque lo que importa en la democracia es que el pueblo puede hacer plebiscitar sus reivindicaciones, como el aumento del salario y de las jubilaciones; la no entrega de las ciudades a los pulpos inmobiliarios; la destitución y enjuiciamiento de la policía de “gatillo fácil”; la obligación de los capitalistas y de su Estado de garantizar trabajo para todos. Pero no es esto lo que se pone a votación; se pone a votación el interés de Menem, y de los ricachones que lo sostienen en el poder, por su reelección. El plebiscito es un fraude, porque le preguntan al ciudadano si quiere la reforma de la Constitución, sin que importe saber qué clase de reforma será ésa. Como si fuera lo mismo una que destruye las conquistas democráticas y sociales, que otra que las defiende. Tampoco podrá decidir sobre esto el pueblo si se convoca luego a una Asamblea Constituyente, por la simple razón de que ésta debe atenerse a introducir los cambios que le haya fijado el Congreso, no el pueblo. Menem no tiene facultades constitucionales para convocar a un plebiscito. Se trata de un acto arbitrario para intentar coaccionar a los legisladores que no están de acuerdo. Pero la coacción es violencia, y la que por ahora tiene la forma de plebiscito en cualquier momento puede tener la forma de paliza. Hay antecedentes cercanos... La reforma de la Constitución por medio de actos arbitrarios e inconstitucionales, no tiene ningún valor constitucional, y mucho menos democrático. El plebiscito lo reclaman a voz en cuello los banqueros, no el pueblo, porque a través de la reelección se sienten más seguros para seguir saqueando al país. Lo han dicho públicamente. Ellos también coaccionan, amenazando retirar los capitales especulativos del país. Aceptando estas coacciones es como, por ejemplo, se están muriendo los chicos de meningitis, porque los pulpos farmacéuticos internacionales tienen vetada la importación de la vacuna cubana. El plebiscito pretende imponer una reforma constitucional reaccionaria, pues lo aprobado por el Senado prácticamente sustituye al parlamento y a las autonomías provinciales, por el poder personal del gobierno central. Autoriza al presidente a endeudar al país con el exterior, una facultad (violada, es cierto) que hasta ahora pertenecía al Congreso. El plebiscito pretende dividir al pueblo, mediante el viejo recurso de las opciones falsas: el que quiere la Reforma, está obligado a aceptar esta reforma reaccionaria y la reelección; el que no la quiere, queda obligado a soportar la insoportable situación actual. El plebiscito menemista enfrenta al pueblo contra los propios intereses del pueblo. Responder a este atropello con un voto por el NO, es convalidar el atropello; es hacerle el juego a la división del pueblo; es facilitar el objetivo de llevar a éste contra sus propios intereses; es facilitar, por lo tanto, la derrota del pueblo y de la democracia. Hay que boicotear el atropello; que el menemismo cargue con la responsabilidad del fraude, sin complicidades. Pero el boicot no debe ser verso o discurso; debe ser una agitación enérgica para despertar la oposición y la movilización populares. Pero en los últimos días, el bloque del NO, compuesto básicamente por la UCR y el centro-izquierda, se ha venido desmoronando. Muchos de los que estaban dispuestos a convalidar el fraude con un voto negativo, han “sucumbido” a la presión de los banqueros reeleccionistas (quizás también a sus dólares) y por sobre todo a las consecuencias desmoralizadoras de su política cómplice. Encabezados por Angeloz, quieren evitar el plebiscito aceptando un acuerdo con el gobierno. Esta entrega acrecienta la importancia de la consigna del boicot. Pero, claro, el boicot no es un fin en sí mismo, ni menos una política. Llamamos a impulsar el boicot al atropello, para ponerlo al servicio de un plan de lucha por un salario mínimo de 1.200 pesos, igual al costo de la canasta familiar, y para forzar a los patrones y al gobierno a darles trabajo a los dos millones y medio de desocupados. Llamamos a impulsar el boicot a través de los sindicatos y las organizaciones de masa, denunciando a las burocracias cómplices del menemismo, y formando un Frente de izquierda, un frente combativo por el boicot. Menem y sus mandantes comen de la reelección. Los trabajadores sólo podemos comer con un salario. El quiere imponer el plebiscito para su reelección, nosotros tenemos que imponer un plebiscito (un plan de lucha) por el salario. Menem boicotea todos los días nuestro plebiscito; lo reprime incluso y cada vez con mayor frecuencia. Nosotros debemos boicotear el plebiscito de él. Fuera Menem.

El aumento en más del 50% del precio de las acciones de YPF en tan sólo 3 meses, debería servir para mandar a Devoto a todo el gobierno nacional. Según los diarios, “las reservas de la petrolera son más voluminosas de lo que se estimaba casualmente antes de la privatización” (Clarín, 13/10). Es decir que el gobierno subvaluó a YPF exclusivamente con el fin de provocar una ganancia extraordinaria a los especuladores nacionales e internacionales. La diferencia es de 1.500 millones de dólares en perjuicio del Estado. Pero la persistente suba de las acciones de YPF tiene otro ingrediente. Fue la única acción petrolera que siguió un curso ascendente a pesar de la baja que se produjo en el precio internacional del petróleo, a comienzos de setiembre. En ese momento, YPF (en acuerdo con Esso y Shell) aumentó los precios de las naftas a pesar de que el crudo había caído de precio. Para los especuladores internacionales el mensaje era claro: YPF ganaría siempre, con baja o con suba del petróleo crudo. Pero el mensaje fue más claro aún cuando Cavallo le metió un impuesto a las naftas, para llevar al Tesoro el mayor ingreso de las petroleras. YPF, en lugar de dejarse estar, restableció su beneficio aumentando el precio de la nafta por el equivalente del impuesto. Cuando Cavallo conminó a YPF a derogar el aumento, la “privatizada” no cedió. Ahí se quebraron todas las dudas: YPF daría beneficios extraordinarios con total independencia del mercado, sea nacional o internacional, y del Estado, aunque este se vista del todopoderoso Cavallo. La “confianza” en el valor de las acciones de YPF es una consecuencia del fraude inicial y del imperio de una ley propia que “protege” a YPF de las contingencias del mercado mundial. Pero por esto mismo el petróleo, como el gas argentino, han dejado de ser una fuente para el desarrollo de las industrias que utilizan esas materias primas como recursos fundamentales (petroquímica, por ejemplo), para convertirse en succión de los consumidores y proveer de beneficios extraordinarios a los accionistas. La suba de YPF es el reverso de la impasse en que se encuentra metida la industria argentina.

Compañeros de Prensa Obrera: He venido siguiendo con interés el debate suscitado en vuestra columna de lectores sobre la situación de la mujer y he visto, también, que piensan abordar el tema en vuestro próximo Congreso. Muy bien. Para colaborar en este debate, les acerco a los lectores de su publicación algunos datos extraídos de la revista española “Cambio 16” (11/10) sobre las brutales consecuencias que ha traído consigo la “unificación de las dos Alemanias” sobre la condición de las mujeres. En una región, la ex RDA, donde la desocupación alcanza casi a la tercera parte de la población, “el 65% de los desempleados son mujeres”, cuando en la ex Alemania oriental, la integración de las mujeres al mercado laboral era una de las más altas del mundo: “sólo el 9% de las mujeres no trabajaba”. El desempleo femenino ha recreado la esclavitud hogareña: “las mujeres sin empleo regresan al hogar y a la cocina”... es decir, al aislamiento social y a la subordinación “jerárquica” al marido. “Una de las consecuencias de la independencia que gozaba la mujer respecto del hombre —señala una periodista alemana citada por la revista española— era un porcentaje de separaciones matrimoniales muy superior al actual. Una no puede permitirse hoy tales lujos”. La vida familiar se ha empobrecido porque, como consecuencia natural, el número de matrimonios y el de nacimientos “ha caído en picada”. Desgraciadamente, “Cambio 16” no indica si ha crecido el número de mujeres abandonadas por sus parejas, es decir, si los hombres no están sometidos al mismo “cepo” que sufren las mujeres. Un indicio de que esto estaría efectivamente sucediendo, sobre todo cuando una mujer queda embarazada, es el enorme número de madres solteras. Para medirlo, baste decir que “las madres solteras constituyen el 20% de la población que depende de la ayuda social del Estado”. La mitad de estas madres solteras están sin empleo. Viven del subsidio estatal. Pero el gobierno de Kohl acaba de anunciar un “plan de austeridad” que consiste, precisamente, en reducir los subsidios a los desempleados, los jubilados y las madres solteras. El retroceso social y la pérdida de la independencia de las mujeres del Este alemán se mide también en la legislación sobre el aborto. “Desde 1972, las alemanas del Este podían interrumpir libremente su embarazo según una ley de plazos. Desde el pasado 16 de junio, en que se derogó la legislación de la RDA sobre el aborto, entró en vigor en toda Alemania una regulación transitoria (hasta que el legislativo debata una nueva ley) que lo despenaliza. Sin embargo, lo considera una acción ilegal, excepto en los casos de violación o en los que peligra la salud de la madre, por lo que la Seguridad Social deja de financiar dicha intervención. Quien pretenda abortar deberá pagar ahora la operación de su propio bolsillo: entre 184 y 925 dólares”. No acaba aquí la brutalidad del retroceso social de las mujeres en la Alemania del Este: “el número de berlinesas que se han sometido a operaciones de esterilización... con el fin de asegurar u obtener un puesto de trabajo, se multiplicó por 70”. Por eso, “no es excepcional que las candidatas a un empleo adjunten a su solicitud el certificado de la intervención (de esterilización). Las 200 esterilizaciones que se practicaban anualmente en la RDA ya son miles”. Si el grado de desarrollo político y social de una sociedad se mide por el grado de emancipación que hayan logrado conquistar las mujeres, el retroceso brutal de la situación social de las mujeres este-alemanas retrata la barbarie que implica la restauración del capitalismo. Pero así como los salarios de miseria y la desocupación en la ex RDA son una “palanca” de los capitalistas para reducir las conquistas de los trabajadores del “Oeste”, el retroceso social de la mujer en la ex RDA es una “palanca” para liquidar las conquistas sociales de las mujeres en toda Alemania. (San Martín)

Al cierre de esta edición se producía una durísima represión policial contra la concentración de jubilados, que ininterrumpidamente, cada miércoles, manifiestan frente al Congreso. Con el pretexto de una advertencia previa sobre la prohibición de cortar la calle, el gobierno intentó borrar esta presencia semanal de los “pasivos” que reclaman por 450 pesos de jubilación. Decenas de patrulleros, motociclistas y guardia de infantería arremetieron contra los manifestantes, tratando de abrir una brecha, dispersar y restablecer el tránsito por la Avenida Rivadavia. Mientras, policías uniformados y de civil producían decenas de detenciones. El corte de la avenida se transformó en la bandera irrenunciable de los jubilados, que resistieron una y otra vez físicamente la presión y los golpes policiales. Cuando la situación amenazaba en transformarse en un escándalo de proporciones, filmado por los canales de TV minuto a minuto, la policía se replegó; los jubilados ocuparon toda la cuadra de Rivadavia frente al Congreso, que permaneció cortada al tránsito. Una clara manifestación del sesgo represivo creciente del régimen menemista, que encontró un primer límite en la combativa resistencia de los jubilados. Al cerrar esta nota, permanecían detenidos en la 6ª, 17 dirigentes y activistas de las organizaciones de jubilados. El repudio a esta ignominiosa represión debe manifestarse con una movilización de los partidos políticos, organizaciones gremiales y estudiantiles que reclame la libertad de los detenidos (se les habría abierto contravenciones por el corte de calle) y la renuncia de los responsables de la represión.

La patronal de Propulsora tiene una idea fija: destruir el cuerpo de delegados, para terminar con la resistencia de sus trabajadores. Es así que Techint le inició juicio penal a dos compañeros de la interna y del cuerpo de delegados por haber apoyado la huelga que tuvo lugar hace más de un mes;les pidió el desafuero gremial y a renglón seguido, los “suspendió por tiempo indeterminado” para impedirles el ingreso a la planta. La “obsesión” de la patronal tiene que ver, naturalmente, con su temor a una reanudación de la lucha por el aumento salarial de 200 pesos y contra los planes de superexplotación. Los mismos temores están “movilizando” a la burocracia de la UOM. Después de haber atacado violentamente la huelga y de haber fracasado en el intento de forzar la renuncia del cuerpo de delegados, Di Tommaso se juega ahora de la mano de Techint a descabezar la fábrica. La ofensiva patronal-burocrática ha ido muy lejos. Los 200 folios que componen la “causa” contra los compañeros represaliados —Rossi y Martínez— son no sólo una falsificación monstruosa sino también un ejemplo de las “relaciones íntimas” que unen a los capitalistas con la burocracia y la justicia. El juez interviniente ha hecho lugar al pedido de desafuero reclamado por Propulsora en un tiempo récord, basándose en las “denuncias” del propio Di Tommaso (a quien la patronal cita textualmente) de que la interna y los delegados son “anárquicos e irresponsables”. Techint no sólo está utilizando como principal testigo de cargo a la dirección de la UOM-La Plata (y al “diputado sindical” de Duhalde), sino al propio juez, el cual fue “seleccionado” por su condición de“viejo conocido” de la burocracia, un hombre que no hace mucho dictaba “cursos de capacitación” en el sindicato. Reacción La provocación de Techint y Di Tommaso se ha estrellado contra una “no calculada” resistencia obrera. El mismo día en que la patronal prohibió el ingreso de los delegados Rossi y Martínez, una Asamblea organizó un paro de 24 horas para exigir la reincorporación de los compañeros represaliados, el retiro de las causas judiciales y penales, y el cese de las persecuciones contra los trabajadores de Propulsora. El paro fue unánime y combativo: más de 150 compañeros marcharon junto al cuerpo de delegados a la gerencia de “laborales” y de ahí a todos los sectores de la fábrica. Una segunda Asamblea resolvió quitar las extras y la convocatoria a una movilización al juzgado el viernes 22 —día en que los compañeros cesanteados fueron llamados a declarar por el juez. La movilización se cumplió, fue muy importante y recogió la adhesión activa de los empleados judiciales, que pararon 15 minutos en solidaridad con la lucha de Propulsora. La provocación ha surtido un efecto contrario al que esperaban Techint y la burocracia. La defensa de los compañeros echados, y la de todo el cuerpo de delegados amenazado, ha unido a la fábrica y está reorganizando al activismo. Entre las próximas medidas del plan de acción están previstas una movilización interna para entregarle un petitorio a la patronal, una solicitada de denuncia dirigida a la opinión pública, financiada por los trabajadores, mesas y volanteos en Ensenada, otra movilización al juzgado el viernes 29 y la propuesta de un nuevo paro a considerar por la Asamblea General. A medida que va creciendo la respuesta obrera, el desconcierto de la patronal y la burocracia es mayor. ¡¡Hay que aprovecharlo!! Llamamos a los partidos de izquierda a impulsar una movilización regional y nacional, junto a organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes, sindicatos combativos, comisiones internas y movimientos vecinales.

“San Salvador, 10 de octubre de 1993. Compañeras Feministas de América Latina, del Caribe y del mundo: Temario 1)Violación a los derechos económicos y sociales: agudización de la pobreza, impacto del ajuste estructural sobre la vida de las mujeres, explotación y tráfico sexual de las mujeres; 2) Formas de violencia contra las mujeres, tales como violencia doméstica o intrafamiliar, incesto, violación dentro del matrimonio, agresión física, psicológica y/o sexual, violación y hostigamiento sexual; 3) Derechos reproductivos; 4) Mujer y medio ambiente; 5) Discriminación y persecución por motivos de raza, etnia, preferencia sexual, clase, edad, discapacidad, apariencia física, por ser feminista, represión política, migrantes, etc; 6) Asilo y refugio por razón de género, causados por incesto, violencia doméstica, sexual, motivos culturales, religiosos, etc. El Comité Regional organizador del VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en reunión realizada los días 9 y 10 de octubre en la ciudad de San Salvador, reafirmamos que el VI Encuentro Feminista se realizará del 30 de octubre al 5 de noviembre en Costa del Sol, El Salvador. Esta decisión, es una respuesta a los diversos análisis, reflexiones y valoraciones acerca de las condiciones y las mejores posibilidades de realización de nuestro Encuentro, respondiendo al compromiso que asumimos en San Bernardo, Argentina-1990, de hacer posible el encontrarnos en un clima de tranquilidad y de disfrute. Una valoración de la campaña de difamación y distorsión alrededor de este Encuentro, en relación a la seguridad de las participantes es que, si bien expresa posiciones misóginas y antifeministas de grupos conservadores y oscurantistas en El Salvador, no reflejan más preocupaciones que los temores presentes en todas las sociedades de nuestro continente, frente a la posibilidad de ver la fuerza de más de mil mujeres reunidas. La confianza de reafirmarles la convocatoria se basa, “entre otras cosas”, en el análisis de la situación política nacional en El Salvador, marcada por el proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz y la cercanía de una campaña electoral, contexto en el cual estimamos que ninguna fuerza política se va a arriesgar a impulsar acciones que dificulten la realización del VI Encuentro. Por otro lado, gracias a las múltiples gestiones realizadas, contamos ya con el aseguramiento de infraestructura necesaria para encontrarnos de día y de noche en condiciones de comodidad. Las acciones que muchas feministas y organizaciones solidarias han realizado, en torno a contrarrestar los efectos adversos de la campaña de difamación, han logrado incidir positivamente en la opinión pública, contribuyendo a fortalecer nuestra decisión de mantener las fechas y la sede del mismo, y evidenciar una vez más, la fuerza y la trascendencia del Movimiento Feminista en Latinoamérica y el Caribe. Estamos convencidas que permitir la no realización del VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, implicaría un retroceso al avance del Movimiento Feminista de la Región y una flagrante violación a nuestros derechos de libre expresión y reunión como seres humanos. Mantener nuestro Encuentro, proyecta un aporte trascendental a la deconstrucción del patriarcado, así como una manifestación más del carácter indetenible de los sueños, deseos y locuras presentes en los pensamientos y sentimientos de todas las feministas. Con el afecto y el amor que nos tenemos, les queremos solicitar continúen con sus diferentes muestras de apoyo a la realización del Encuentro, expresiones que colaborarán a mantener la energía positiva que merece la voluntad feminista. Saludemos al VI Encuentro con cartas, fax, publicaciones y otros pienses. Veinte días faltan para encontrarnos. Un día antes de la luna llena nos espera la Costa del Sol, en El Salvador. Las esperamos para que juntas hagamos el festival de los sentidos. Reciban un abrazo de ternura”.

Los próximos 9-10-11 de diciembre tendrá lugar el congreso del Partido Obrero. Su realización se produce en circunstancias de graves conflictos internacionales y nacionales. Con la caída del muro de Berlín y la desintegración mundial del stalinismo, se ha puesto en marcha una gigantesca crisis mundial, a la que sólo el proletariado conciente puede darle una salida acorde al progreso histórico. En el mundo entero y en América Latina, las masas explotadas buscan esa salida, frente a una barbarie que ha colocado a más de 500 millones de personas en la desocupación y a muchos millones más en la completa miseria social. En Brasil, el régimen burgués se cae a pedazos, mientras millones de hambrientos tienen la expectativa de que el PT, los sindicatos y la izquierda los orienten por la vía del poder —del gobierno obrero y campesino. En Nicaragua aparece una y otra vez la posibilidad insurreccional. En Argentina, por otro lado, asistimos a una desesperada tentativa del menemismo por adueñarse del poder apelando a todos los recursos de la “democracia”: la represión, la intimidación, las agresiones y el fraude plebiscitario, mientras los azucareros del noroeste; los de la salud de Neuquén; los estatales y docentes de Santiago del Estero y de La Rioja; los metalúrgicos de Propulsora; los docentes universitarios; los trabajadores de los hospitales de Santa Fe, los vecinos que enfrentan la posibilidad de liquidación del espacio urbano, y decenas de miles de trabajadores y de ciudadanos más luchan y se esfuerzan por luchar en defensa de sus conquistas y sus condiciones de vida, traicionados por una burocracia sindical completamente entregada a los monopolios privatizadores. En el fragor de esta catástrofe y de estas luchas, el Partido Obrero llama a construir un poderoso partido revolucionario y a impulsar el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Participá de las discusiones preparatorias del Congreso del PO para contribuir con tu experiencia y con tu intelecto al desarrollo del programa que nos deberá llevar a la victoria de estos objetivos. Participá en las charlas y asambleas del PO. Escribí tus planteamientos en el periódico “Prensa Obrera”. Aprovechá las discusiones del congreso para luchar con nosotros por el boicot al plebiscito fraudulento y por un gran plan de lucha por el salario, el empleo, la defensa de las libertades democráticas, la confiscación de los confiscadores y el fin del gobierno menemista.

Con la votación en Psicología, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales, continúan esta semana las elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires. El calendario electoral fue armado por los radicales de Franja Morada con el propósito de que se votara primero en las facultades donde su dominio es más amplio (Económicas, Arquitectura) y para que se concentraran en una misma semana las elecciones donde su predicamento es menor. Pero, sobre todo, impuso la votación con las “boletas-sábana”, lo que significa que se vota conjuntamente para elegir a las autoridades de los centros de estudiantes y los representantes a los Consejos Directivos de las facultades. La elección para cuatro consejeros estudiantiles por facultad son obligatorias y no existe proporcionalidad (3 cargos se lleva la primera minoría y uno la segunda, si tiene un mínimo de 20% de los votos). Franja aprovecha esto para estimular el “voto útil”: y para imponer un voto de “arrastre” de los Consejos Directivos a la elección de centros. Frente Grande El Frente Grande está lanzado a organizarse como tal en la Universidad. Está compuesto por los residuos de la vieja JP, que ya fueron renovadores, izquierdistas, aliados del PI y aun menemistas. En Filo y en Socio, las agrupaciones que se reclaman del Frente Grande se presentan ahora unidas con los socialistas del “ala izquierda” del PSD, nucleados en el grupo “Autogestión”. Los antiguos peronistas combativos y los que se proclaman revolucionarios dentro del partido de los estafadores del Hogar Obrero, refuerzan así la alianza comandada por políticos partidarios de las “privatizaciones” y del Plan Brady. Fuera de esto no hay nada: la agrupación MOVES en Ciencias Sociales, por ejemplo, plantea la consigna de “una universidad y un país para todos”, o sea, apela a la vaguedad y al verso; sin embargo, apoya la ley Caputo que plantea la “privatización” educativa y la arancelización de la Universidad mediante un impuesto especial. El primer candidato del Frente Grande para concejales en Capital, Eduardo Jozami, es miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, donde votó por el arancel para los cursos de “post-grado” (que siguen a la licenciatura y otorgan el título de “maestría” y “doctor”), que se dictan en la misma facultad. Por algún lado hay que empezar. Frente de Izquierda En las elecciones de la semana que pasó debutó el FIT en las facultades más combativas de la UBA, planteando el aumento del presupuesto y el control estudiantil de los fondos, la movilización de los estudiantes por medio de asambleas y cuerpos de delegados y un Congreso extraordinario de la FUA, con delegados mandatados para resolver un plan de lucha nacional contra los planes de destrucción de la Universidad pública. El Pts, el Mas y Patria Libre han rechazado la unidad de la izquierda, lo que significa que juegan contra la movilización común contra el aparato radical. Las elecciones en la Universidad, como se ve, están siguiendo las tendencias de las recientes elecciones nacionales.

Compañeros del Partido Obrero: Adjuntamos volante del acto que estamos organizando. Como grupo independiente defendemos incondicionalmente la continuidad del FIT; en tal sentido hemos, invitado al MST, al PL, a la LSR y por este intermedio invitamos al PO y en particular al compañero Jorge Altamira para que sea orador de dicho acto. Saludamos fraternalmente.

El pasado viernes 22 el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución. Si la Cámara de Diputados confirma con el voto esta iniciativa, la ciudadanía no ganará con ello la posibilidad de decidir el carácter que desearía imprimirle a la reforma de la Constitución, sino que la perdería para siempre. Ocurre que, de acuerdo a la Constitución vigente, la Convención que se reúna para concretar la reforma constitucional deberá atenerse estrictamente a las modificaciones que debe fijar el Congreso en la declaración de la necesidad de la Reforma. Por si la Constitución no fuera clara a este respecto, el artículo 10 del proyecto del Senado establece: que “Serán nulas de nulidad absoluta todas las reformas, derogaciones y agregados que realice la Convención, apartándose de la competencia establecida en el artículo 2º de la presente ley o con ulterioridad al término fijado en el artículo 6º”. Este último artículo determina que la Convención Constituyente debe concluir sus trabajos en 120 días, lo que haga en el día 121... es nulo. A partir de estos datos, no solamente el plebiscito es una maniobra fraudulenta sino que lo es también la convocatoria a una Asamblea para reformar la Constitución. En los términos establecidos, la única competencia “reformista” de esta Asamblea es la que ya le fijó el Congreso... que la parió (a la Constituyente). ¿Qué reformas, en esencia, establece el proyecto del Senado? La primera, naturalmente, es la posibilidad de la reelección de Menem. Sin embargo, en virtud de un acuerdo con el senador de San Juan, Leopoldo Bravo, quedó eliminada la posibilidad de elegir directamente al presidente y a los senadores de las provincias, que seguirán siendo designados, como hasta ahora, por un colegio electoral y por las legislaturas, respectivamente. La necesidad del voto del sanjuanino fue suficiente para que el menemismo mandara al tacho de basura las que habían sido sus principales justificaciones democráticas de la reforma. No sólo esto: los senadores dejarán de ser elegidos por nueve años, ahora “sólo” lo serán por seis. Pero un mandato de seis años (otorgado, no por el pueblo, sino por la legislatura provincial) mantiene al Senado como una institución semi-vitalicia, es decir oligárquica. La Convención Constituyente no estaría autorizada, entonces, a bajar el mandato de los senadores a dos años, por ejemplo, ni mucho menos suprimir el Senado. La segunda “reforma” en importancia otorga al poder ejecutivo facultades legislativas, lo que equivale a legitimar el método actual de los “decretos de necesidad y urgencia” que han avasallado las facultades del Congreso. A partir de la “reforma”, los proyectos de ley del Ejecutivo quedarían automáticamente sancionados cuando no fueran votados en determinado lapso de tiempo por el Congreso. Por medio de esta “reforma”, el régimen político argentino perdería en la práctica su condición de “representativo” para pasar a ser un régimen de poder personal, agravado por la reelección. A nadie se le ha ocurrido hasta ahora, que esta modificación significa una violación de los principios de la actual Constitución nacional. En la misma “línea reformista”, el proyecto propone dar validez constitucional a los vetos parciales de leyes por parte del Ejecutivo, algo más que corriente bajo el menemismo. Por medio de este mecanismo, las leyes aprobadas por el Congreso pueden ser desnaturalizadas por el Presidente, o simplemente empeoradas, como acaba de ocurrir con los vetos parciales que sufrió la ley de “jubilación privada”. Otra “reforma” de gran importancia autoriza al Ejecutivo a intervenir las provincias, cosa que Menem ya ha hecho en todos los casos, violando la Constitución actual, que sólo da esa autorización al Congreso. En el futuro, el Congreso se limitará a convalidar las intervenciones del Ejecutivo. Esta “reforma” anula formalmente el régimen federal argentino. ¿Será por eso que le han dado el visto bueno todos los gobernadores de provincia, sean radicales o peronistas, con la excepción del afamado Rodríguez Saá y del Frente de Catamarca? Los permisivos de hoy, simples agentes del gobierno central, serán las víctimas del mañana. Una cuarta “reforma” reaccionaria es la que prevé la formación de un Consejo Económico y Social, en calidad de órgano de consulta o de control, formado naturalmente por las cámaras empresariales y las burocracias de los sindicatos, aunque no debería descartarse la presencia del clero, en especial si el Presidente no está obligado a ser de obediencia católica... Con esta modificación, el régimen “representativo” perdería una pluma más en beneficio del corporativismo y de la integración mayor de los sindicatos al Estado. Los “liberales”, sin embargo, ya han anunciado el apoyo a la “reforma”. Es que si la reclaman los bancos y los Fondos de Inversión... Fuera de esto hay algunas “reformas” para la gilada. Por ejemplo, la que establece que en el futuro será el Congreso el que aprobará el pago de la deuda externa. Modificación ociosa si la hay; uno, porque Argentina ya tiene comprometidos los pagos de la deuda externa para los próximos treinta años, esto en virtud del plan Brady; dos, porque ya en la actualidad esos pagos deben ser autorizados en la ley anual de presupuesto. El cambio pérfido que se quiere imponer con este asunto del pago, es que de aquí en más el Ejecutivo podría contraer deuda externa (en la Constitución actual es una atribución del Congreso), que luego el parlamento autorizará a pagar... Las “reformas” restantes previstas son del mismo tenor reaccionario y aún más pérfidas; piénsese sólo el hecho de que el gobierno de María Julia plantea disponer constitucionalmente la “protección del medio ambiente”... Semejante “reforma” servirá, con toda seguridad, para vender los parques nacionales a los bancos extranjeros a cambio de títulos de deuda externa, con el pretexto de que éstos se encargarán de “preservarlos”... Lo fundamental es que, de prosperar el intento de “reforma”, los futuros convencionales serán cautivos de estas disposiciones, que en ningún caso podrán contrariar, y menos introducir iniciativas propias. Bajo la Constitución actual y bajo el gobierno menemista es imposible una reforma democráticamente discutida de la Constitución Nacional. La “reforma” es otro “servicio” de los privatizadores y del gobierno “a la Comunidad” : usted no necesita preocuparse, la futura Constitución se la entregarán hecha y empaquetada.

En la Facultad de Artes de la UNT., en el mes de julio, una centena de estudiantes “autoconvocados” se movilizaron reclamando por “mayor presupuesto para más concursos y mayor espacio físico”. La bulliciosa movilización “impidió” la realización de un concurso. El Consejo Directivo respondió abriendo sumario administrativo a 160 estudiantes que habían firmado un petitorio presentado en la movilización. A la actitud represora del Consejo se sumó la Franja Morada; el Consejo Superior de la Universidad confirmó el curso represivo, votando por el inicio del sumario a los estudiantes para “deslindar” responsabilidades y luego “castigar” a los cabecillas. Hoy ya se cita a los estudiantes sumariados a declarar. Es necesario denunciar que se los hace declarar con un reglamento de sumarios decretado por la “dictadura militar”, firmado por Videla y Harguindeguy. Esto sirve para caracterizar al “democrático” rector Campero, diputado electo el 3 de octubre, por la UCR. Este no sólo convalida los sumarios a estudiantes que se movilizan (sentando un importante antecedente legal contra cualquier otra movilización), sino que además los procesará y castigará con las “leyes” de la dictadura. La Lista de Delegados (UJS-independientes), está impulsando por medio de asambleas por curso una campaña de denuncias y pronunciamientos, preparando una movilización que obligue a levantar los sumarios.

El 19 de agosto a la madrugada, en el instituto Aráoz Alfaro, 11 menores —seleccionados de una lista— fueron levantados a bastonazos y a patadas con botas de punta de acero, y posteriormente empujados a las duchas, donde el agua fría los convenció de que no era una pesadilla sino la realidad. Rápidamente fueron sacados al patio (desnudos), donde siguió todo un repertorio de gimnasia, a 4 grados de temperatura, acompañados de insultos y golpes que un grupo de tareas (20 personas ajenas a la institución) llevaba a cabo. La consecuencia de esta sucia y violenta represión fue: 3 menores heridos, y uno con quebradura de cadera (posteriormente internado en el Melchor Romero). El operativo que, por sus características, tiene una gran similitud con los de la última dictadura, fue dirigido por un criminal de la misma, el inspector Julio Barroso (actual director de Institutos Bonaerenses), señalado por CONADEP como integrante del Pozo de Banfield (Clarín 24/8). Matilde Ripoll (director del Alfaro en ese momento) denunció que Barroso hizo más de 4 llamados telefónicos para hablar con Rodolfo Galeano (miembro del servicio penitenciario), encargado del operativo. El gobierno de Duhalde se ha lanzado violentamente a romper con las fugas masivas que producen los corrientes motines en los 40 institutos de la provincia de Buenos Aires (La Nación, 26/7) y muy particularmente el Araóz Alfaro. El 30 de mayo, Carlos Ibarra (de 17 años), tras un motín, fue asesinado de dos itakazos (uno en el estómago y otro en los testículos) por la guardia de infantería, que sembró una violenta represión sobre los amotinados (Clarín, 1/6). Estos menores, según dicen los investigadores policiales, son un peligro social por la participación en robos y saqueos a escuelas. Las fugas, por sus consecuencias sociales, han traído un gran dolor de cabeza al Gobierno, que ante la total impotencia se ha lanzado a formar un escuadrón para sembrar el terror sobre los oprimidos, que desde muy temprana edad lo son. El 90% pertenece a sectores marginales, con viviendas precarias, con una pésima alimentación, con malas condiciones sanitarias, con nulas posibilidades de acceder a elementos necesarios para su desarrollo personal y por consiguiente social (La Nación, 26/7). El subsecretario de infancia, familia y medio ambiente, Norberto Liwsky, ha salido a acolchonar a la represión agarrándose en los elementos encontrados en la intervención: armas blancas, bebidas alcohólicas, combustibles y un arma de fuego. Se nota que Liwsky y toda la camarilla cómplice, tienen una gran experiencia en inventar evidencias y ponérselas a los chicos. Cuatro días antes, en una reunión entre todos los directores de Institutos en Abasto, se habían “descubierto” los elementos que guardaban, por revelación divina. El 15 de agosto, antes de terminada esa reunión, se labró un informe en el que se detallaba la existencia, en coincidencia, de los elementos que se encontraron luego, y violando leyes y tratados internacionales, se hizo sin previo aviso al juez de turno esta silenciosa cama. Conclusión El agravamiento de la crisis capitalista ha llevado a que estas instituciones sean desnudadas como la impotencia DEMOCRATICA de curar a los chicos, degradados por las condiciones sociales impuestas. Por este motivo, el gobierno, como en Brasil, ha formado este escuadrón que siembra el terror sobre los chicos detenidos. Liwsky anunció, como vocero, la decisión de Duhalde de crear “equipos interdisciplinarios” para prevenir revueltas (La Nación, 26/7), una cortina de humo. (Mar del Plata)

Luego de la entrevista de Menem con Angeloz, el oficialismo parece acercarse a la meta de obtener los dos tercios de los votos necesarios para hacer pasar la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución en Diputados. Si la “libertad de voto” que proclamó Angeloz vale para el plebiscito, lo mismo podría valer en la Cámara de Diputados cuando se trate la reforma. Para esta eventualidad ya hay muchos diputados radicales que se han anotado para aprobar el proyecto de Menem. Evitar el plebiscito Es indudable que la posición de Angeloz refuerza la política del gobierno en relación al plebiscito; pero por sobre todas las cosas, apunta a rendir a la oposición radical y a que se avenga a un acuerdo con el gobierno que permita evitar el trance del plebiscito. En este caso, la maniobra de Menem habría resultado perfecta, pues le habría permitido ganar la tenida sin necesidad de mostrar las cartas, es decir, los votos que afirma poder reunir en el plebiscito. El planteo de Angeloz ha acentuado una crisis descomunal en el radicalismo, que se venía perfilando con las adhesiones a la reforma menemista de parte de los gobernadores de Chubut y de Río Negro y de varios diputados radicales. Con este agravamiento podría venir al primer plano la alternativa de una reforma “consensuada”, que últimamente Alfonsín evitó cuidadosamente descartar. Para Alfonsín, lo único que importa es que la respuesta del radicalismo sea “orgánica”, sin que parezca importarle mucho si es por el acuerdo o la oposición. En todo caso, ya no se puede excluir una división del radicalismo para las presidenciales del ’95. Dime con quién giras El giro de Angeloz se explica a la luz del giro que también han dado varios sectores reticentes de la burguesía. En el reciente “coloquio” de empresarios, en Bariloche, la mayoría de los representantes del gran capital se pronunció a favor de la reelección. Crece la opinión entre los capitalistas de que sólo una reelección de Menem podría mantener la corriente de capital especulativo hacia Argentina. Un representante de este capital especulativo, el presidente de la Comisión de Valores, Martín Pérez Redrado, advirtió hace un mes que “sin reelección se paran las inversiones”. La dependencia enorme en que ha caído el conjunto de la burguesía argentina respecto a ese capital especulativo (porque de él depende la continuación de los créditos internacionales y el crecimiento artificial de la demanda interna) la obliga literalmente a aceptar el proyecto político reeleccionista de los bancos y de los fondos de inversión internacionales. En este sentido, tiende a cristalizarse en torno a la reelección un frente burgués con intereses altamente contradictorios. Chantaje Menem sabía de antemano que la convocatoria del plebiscito no sería del gusto de la gran burguesía, esto por la agitación política que provoca, y más aún en torno a la interpretación de los resultados. Menem, por ejemplo, piensa proclamarse ganador con el 35% de los votos del padrón, en un cálculo que estima una abstención del 40% y un voto del 60% a favor del Sí, sobre el 60% restante. Pero pretender reformar la Constitución a partir de un 35% de la ciudadanía es algo peligroso... Por eso, para Menem, el plebiscito es un arma que debe ser esgrimida para doblegar a la oposición, y que debe ser oportunamente usada para echar la responsabilidad de su realización a la negativa de la oposición para llegar a un acuerdo. Menem está fabricando una crisis para obligar a la burguesía a llamar al orden a los radicales... Quiebra del No En estas condiciones, y al menos por ahora, la campaña a favor de concurrir al plebiscito inconstitucional y fraudulento para votar por el No, se encuentra en completa quiebra. La ciudadanía que se opone al menemismo percibe que la oposición agrupada en el No carece, no ya dela posibilidad, sino hasta de la pretensión de derrotar al menemismo. En tal caso, concurrir a votar, no importa que sea por el No, es claramente una convalidación del plebiscito y tiene netas características derrotistas. Esta línea desmoralizante ya se pudo percibir en la consigna de “vote no, o no vote”, que mostraba a una oposición dedicada a juntar cualquier cosa en su favor, en lugar de fijar una posición clara y de convocar a la ciudadanía a seguirla. Mucho más de la mitad del país desconfía seriamente, o está seriamente convencida, de que luego del plebiscito los “opositores” entregarán los votos necesarios en Diputados a favor de la reforma y de la reelección. Claro que a esta altura de los acontecimientos, un acuerdo menemo-radical tendría para sus progenitores la desconsolante ventaja del “mal menor”, porque de otro lado desprestigiaría enormemente, a unos y otros, ante la opinión pública. Pero las cosas son así, pues la única forma de evitarlas es ir a un despedazamiento político y a una crisis, que también tendrá repercusiones en el peronismo. Así lo anticipan las agresiones contra Bordón, que ya fue “visitado” en Mendoza, para serrucharle el piso dentro del PJ provincial, y lo ocurrido con el puntano Rodríguez Saá.... Boicot El planteo del boicot al plebiscito tiene la ventaja de la posición clara y contundente contra una consulta fraudulenta, contra un acto arbitrario y despótico del gobierno, contra una maniobra de claras finalidades reaccionarias. El plebiscito no otorga a la ciudadanía la posibilidad de elegir o decidir nada, ya que las características de la reforma constitucional las determina el Congreso cuando declara la necesidad de la reforma —ni siquiera eso es competencia de la Asamblea que se reúna para concretar la reforma. La función de la Constituyente es puramente instrumental, o mejor, servicial, de la decisión que adopte el actual Congreso. Frente Entre la izquierda partidaria del boicot existen posiciones programáticas diferentes, no sólo en torno al tema constitucional sino respecto a la estrategia política en su conjunto. Pero si la consigna del boicot es tomada seriamente, es decir, no sólo en forma propagandística o aleatoria, sino para impulsar la agitación y la movilización, es una reivindicación sólida y justa para efectivizar un frente de izquierda, en primer lugar a partir del FIT. La política del boicot servirá para denunciar claramente el fraude oficial y la complicidad opositora, con lo que prepara el terreno para que las masas próximamente comprendan el acierto de la política de la izquierda revolucionaria.

Al cierre de esta edición se realizaba la elección del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, donde se presenta el Frente de Izquierda, lista que integran la Unión de Juventudes por el Socialismo, la Liga Socialista Revolucionaria y compañeros independientes. Las elecciones tienen lugar en medio de un debate promovido por el Frente de Izquierda en relación a la elección de las autoridades del colegio, que son designadas por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. El Frente de Izquierda propone poner fin a esta situación y elegir un co-gobierno docente- estudiantil del Colegio. Otros ejes de la campaña del FI son la derogación de la ley de educación, el fortalecimiento del cuerpo de delegados, la oposición a la “privatización” de la educación y la unidad de las luchas de la comunidad educativa con el movimiento obrero. Un importante plenario de una treintena de activistas que integran el Frente votó el programa y los candidatos de la lista, que representan a estudiantes de todos los años, todos ellos caracterizados activistas en defensa de la escuela pública y la organización de la Coordinadora Secundaria.

La bancarrota de la producción azucarera ha profundizado la miseria de miles de trabajadores y de pequeños cañeros. En los últimos años, la sobreoferta azucarera provocó el derrumbe de los precios. Bajo esas condiciones, se generalizó la situación de quebranto de los ingenios, varios de los cuales funcionaron en las últimas zafras bajo el sistema de arriendo, y otros, como el San Pablo y el Florida, directamente dejaron de moler. En las dos últimas zafras, la situación se modificó como consecuencia de una caída de la producción de 300.000 toneladas y de un aumento de la demanda interna del 10%, lo que provocó una necesidad de importación de 150 mil toneladas de azúcar. La caída de la producción provocó una duplicación de precios, beneficio que fue acaparado sólo por un puñado de ingenios y grandes cañeros. La contracara ha sido la situación ruinosa de miles de trabajadores, que sólo tuvieron 50 días netos de zafra, con salarios que promedian los 250 pesos, cifra aún inferior en el caso de los obreros cañeros, donde según FOTIA el 50% trabaja en “negro” y en condiciones miserables. “Este violento retroceso significa que hubo tres millones de toneladas menos de caña de azúcar, con una pérdida de ingresos de 100 millones de dólares, y lo que es más inquietante es que la superficie de los cañaverales ha mermado en más de 50.000 hectáreas, un 20% de la base agroproductiva más importante de Tucumán” (Clarín, 25/10). Si bien las razones climáticas influyeron en la reducción del cañaveral, más importante fueron las económicas, como consecuencia del endeudamiento de los cañeros, lo cual afectó la atención y renovación de los cañaverales. Monopolización De conjunto, bajo el gobierno menemista, “con la desregulación y la convertibilidad se aceleran dos tendencias dispares: por un lado, donde están los menos, se observa a los ingenios y grandes cañeros dispuestos a llevar adelante la tecnificación de las cosechas y el transporte de las materias primas, buscando abaratar costos y hacer frente a las nuevas pautas económicas... Por otro lado, la mayoría de los agricultores medianos y chicos con pocos surcos, tratando de frenar el impulso que los lleva por una pendiente de endeudamiento que los coloca en una situación cada vez más difícil” (Clarín, ídem). En concreto, se ha profundizado la tendencia a la concentración y monopolización. El gobierno pretende ahora consolidar esta concentración económica, mediante la eliminación de los arrendamientos de ingenios, lo que llevaría a varios de éstos al cierre. Es lo que denuncia el administrador del ingenio Aguilares: “Intentan saltear el Código de Comercio (para) evitar la figura del arrendamiento para el futuro y provocar la quiebra de estos establecimientos, que como el San Pablo y el Florida, jamás serán reabiertos” (La Gaceta, 24/10). Coincidió con este pronóstico el titular del CACTU (grandes cañeros), al señalar que “un rápido repaso nos está indicando que San Pablo, Leales, y Florida difícilmente vuelvan a moler, y otras plantas industriales paralizarán sus trapiches tal vez por una zafra, por lo menos, ante la exigua producción de caña que se espera para el próximo año”. Importación Con la decisión del gobierno de autorizar la importación de 150 mil toneladas de azúcar, se han intensificado las disputas. Por ahora se ha definido que los llamados “factores azúcareros” (ingenios, grandes cañeros, cooperativas comercializadoras) se encarguen de la importación, pero no está definida su modalidad. Según el titular del CART, Carlos Paz, “se evaluaron dos factibilidades: una importación pagando los gravámenes correspondientes, y otra evitando esos aranceles con el compromiso de exportar el producto en los próximos 3 años” (La Gaceta, 20/10), pero calificó a ambas de “inviables”, porque en el primer caso “se necesitan 55 millones de dólares (que) Ledesma ofrece hacerse cargo, pero monopolizaría el mercado, y para la segunda se necesita un aval bancario que ninguna entidad tiene previsto otorgar” (ídem). La solución sería “estatal”: que el Mercoazúcar (monopolio comercializador controlado por los grandes ingenios) se haga cargo de la importación, claro que con aval del Estado. Pero para no deteriorar el precio actual y futuro del azúcar, los industriales han planteado la ampliación de la banda arancelaria de 41 a 57 centavos, y hasta a 70, lo cual permitiría que los precios internos se eleven y que los m–árgenes de ganancia con el azúcar importado sean aún mayores. Pero este reclamo deberá superar indudablemente la posición de las patronales de la alimentación, que tienen en el azúcar a una de las materias primas básicas de sus productos. Perspectivas Las condiciones estructurales que han llevado a una situación crónica de sobreproducción aún perduran, y todo el curso de la crisis apunta a la liquidación de todo ese excedente productivo. En gran medida, debido al endeudamiento impositivo y previsional de gran parte de los ingenios, el gobierno nacional tiene la sartén por el mango para decidir un desenlace de la situación. Las negociaciones que se iniciaron antes de las elecciones procurando una refinanciación de los pasivos no concluyó. En este cuadro, las patronales de los ingenios y cañera descargan todo el peso de la crisis sobre los trabajadores y los pequeños cañeros. Según La Gaceta (17/10) “las empresas azucareras tienen el decidido propósito de suspender a todo el personal, desde el fin de la zafra hasta marzo por lo menos ... Se optaría, no en todos los casos, por abonar sólo la mitad de las remuneraciones, evitando el pago de la carga previsional y social”. En muchos casos, los trabajadores no han podido cobrar los últimos meses; lo mismo ha ocurrido con la caña entregada por los cañeros chicos. Esa situación desesperante llevó a la ocupación del ingenio Providencia y a tomar como rehenes a los arrendatarios para lograr cobrar los salarios, o en caso del ingenio Aguilares, donde los trabajadores se incautaron del alcohol y forzaron su venta para cobrar los salarios adeudados. La inminencia de que miles de trabajadores queden en la más completa indigencia plantea la necesidad de una lucha de vida o muerte que una a los obreros y a los cañeros chicos por la estatización y control obrero de todos los ingenios.

El 22 de octubre se realizaron las elecciones de autoridades del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini. La lista 1, que nuclea a la Unión de Juventudes por el Socialismo junto con una gran cantidad de independientes, decidió intervenir con el eje de la defensa de la educación pública y por la derogación de la ley de educación. Fue por ello que denunciamos la represión y amenazas contra estudiantes, las privatizaciones, el pago de la deuda externa y la destrucción de la salud pública y las jubilaciones. Caracterizamos a la ofensiva contra la educación pública como una consecuencia más de la política de Menem y Cavallo. La Lista 1, asimismo, tiene un gran reconocimiento dentro del colegio por su lucha consecuente contra el burocrático estatuto del centro de estudiantes impulsado por la Franja Morada. Nuestra propuesta fue romper con el verticalismo del centro, impulsando cargos revocables y limitando el poder de decisión del presidente, y otorgando mayores atribuciones al cuerpo de delegados, conformado en agosto por iniciativa nuestra. Estos últimos puntos fueron los que imposibilitaron una alianza con el MUS (Ptp), que se negó a una campaña común con estos lineamientos, demostrando así su complicidad con Franja Morada. Esta política (o la falta de ella) fue un factor más para el derrumbe del Ptp, que perdió la única secretaría que mantenía en el centro. Las elecciones se caracterizaron por un despliegue monstruoso del aparato de Franja Morada, nunca antes visto en la escuela (calcomanías, afiches impresos, videos). Esto le permitió un amplio triunfo en los años inferiores, ventaja que la Lista 1 no pudo remontar a pesar de su victoria en los años superiores. Franja Morada incrementó su diferencia respecto de la Lista 1 en relación a la votación del año pasado, pero no por un descenso de nuestros votos, sino por este vuelco de los primeros años más despolitizados. La Lista 1 mantiene las dos secretarías en el centro y se proyectó como la única agrupación de lucha y organización de los estudiantes en defensa de sus intereses y derechos. Durante el año se evidenció un trabajo constante de la Lista 1, que concentró al activismo estudiantil y que significó un crecimiento de la UJS en el colegio. La Lista 1 seguirá adelante en su tarea, con una próxima edición de “La Bola” (revista del centro) y la organización del festival Pellerock. La votación fue: Franja Morada, 903; Lista 1, 651; Lista 8, 180; MUS, 170.

La “victoria” electoral del PJ no puede esconder que el “Reutemismo” salió maltrecho, con un diputado nacional menos y un resultado catastrófico en Rosario, donde perdió las elecciones a diputados y a concejales. (El sublema de Reutemann apenas metió uno de los siete concejales del PJ). Si estas elecciones no se transformaron en un desastre provincial para el gobierno es por la política de la oposición (UCR, HTE y PDP), que apareció prácticamente sin diferenciación de las posiciones del oficialismo. La UCR unificó a todas sus expresiones detrás de su candidato más derechista (Usandizaga). La lista de diputados por HTE —Honestidad, Trabajo y Eficiencia (PSP e independientes)— (que perdió cerca de 100.000 votos) fue encabezada por el cantante Llopis, ubicado junto a Cavallero, intendente de Rosario, en la línea del PSP que se orienta a un mayor acuerdo con el menemismo. HTE realizó una muy buena elección para concejales en Rosario, donde ganó a través del sublema encabezado por Binner, de los “históricos”. El sublema apoyado por Cavallero (de la menemista Rita Colli) fue completamente marginal. NIngún sector presentó una batalla política y una alternativa opositora claras. El descontento tomó el camino del voto en blanco (12-13% - 200.000 votos). Contradiciendo los “éxitos” que se arrogan Reutemann en la provincia y Cavallero en Rosario, se ha planteado una situación aún más contradictoria para ambas administraciones, cuyas corrientes internas salieron maltrechas de las elecciones y que tienen planteados planes de “ajuste” y privatizaciones (aumento del boleto, pacto fiscal, etc.). Las derrotas de Cavallero y de Reutemann dejaron latentes sendas crisis de gabinete. A la huelga de los hospitales (ver nota en pág. 9) se puede sumar próximamente el Banco provincial y la movilización de los docentes y jubilados provinciales. La resolución de estas luchas es de enorme importancia para el gobierno, pues de ello depende en gran medida que pueda hacer efectivo el plan de “ajuste” previsto y exigido por Menem-Cavallo y los capitalistas de la provincia mediante el pacto fiscal. Luego del 3, Reutemann no ha reunido las condiciones para ejecutar esta política. Este “plan” sólo puede prosperar con la colaboración de la oposición (UCR, HTE), política que ya pusieron de manifiesto con sus planteos de “sacar un pacto fiscal consensuado”. Las luchas de los trabajadores provinciales, la impresionante huelga de los hospitales, es la valla a los planes antiobreros del gobierno. Reforzarla es hoy la tarea planteada.

La propuesta del Ministerio de Educación de crear una Universidad Nacional de las Artes (UNA) viene a completar la tarea de destrucción de la educación artística de nivel medio ya implementada con la transferencia de los establecimientos y la sanción de la ley de educación. Las artísticas hoy Las movilizaciones de docentes y estudiantes de las escuelas artísticas a lo largo de este año tuvieron dos ejes: la resolución del problema presupuestario y el mantenimiento de la unidad académica. Como aún no fueron transferidas a la Municipalidad, las artísticas no recibieron las partidas presupuestarias este año. Sobrevivieron con los aportes de cooperadoras, que en muchos casos se convirtieron en pagos obligatorios para los alumnos. La Nación y la Municipalidad aducen que aún están “negociando” la “transferencia”. Por otro lado, el cese del otorgamiento de títulos de magisterio ha provocado la ruptura de la unidad académica, pues impide habilitar a los egresados para la enseñanza y para continuar sus estudios. Productividad Para la creación de la UNA se toman como base a ocho establecimientos terciarios y superiores, liquidando a los colegios que quedaron fuera. La UNA aparece así desarticulada de la enseñanza media. Por medio de una Universidad de las Artes única se pretende facilitar la “privatización”. En el artículo 2 del proyecto de la UNA se declara, precisamente, que se deberán “promover instancias de participación de los distintos sectores de la comunidad”, a fin de que “el sistema de conducción y administración de la educación superior universitaria artística” responda a “un enfoque multisectorial”. En concreto, esta instancia de participación lleva el nombre de Consejo Social (artículos 11 y 12), cuyas atribuciones van más allá que las del propio rector. Las áreas de intervención activa del CS son las “técnicas financieras”, sea a través del “asesoramiento” o la “gestión”. Asimismo, este Consejo Social se “constituye en vínculo permanente de consulta y participación entre la UNA y la comunidad no académica”. En otras palabras, por medio de este CS las fundaciones empresariales podrán participar tanto en la elaboración de los planes de estudio como en el manejo financiero. El artículo relacionado al financiamiento de la UNA deja claro (inc. 5 del artículo 2) que el aporte económico del Estado queda supeditado al logro de “las políticas nacionales” que tienden “al incremento de la productividad”. El ministro Rodríguez, que habla de jerarquizar la enseñanza artística y de lograr la universalidad del arte, limita las perspectivas de la UNA a su rentabilidad mercantil. Pero como la naturaleza aborrece el vacío, el agujero de fondos que deje el Estado será cubierto (artículo 3) con los fondos “provenientes de la firma de convenios” con “fundaciones y entidades públicas y privadas sin fines de lucro”. También deja abierta la puerta a las posibilidades que le otorgue una futura ley de financiamiento universitario. Este proyecto de ley no contempla la libertad mínima para la creación, pues su objetivo es “la producción, promoción e identificación con los valores de la cultura nacional”. Es decir que el arte deberá acomodarse al libreto oficial. La UNA no soluciona los problemas de los establecimientos artísticos. Es necesario derrotar este proyecto y reclamar la inmediata asignación de partidas presupuestarias para los colegios; el aumento salarial a docentes y su titularización en los cargos; y la entrega de títulos y el mantenimiento de la unidad académica.

Cinco días después del 3 de octubre, el “Cronista Comercial” hizo pública una información, de suma gravedad, que conocía con bastante antelación y que concientemente, según explica el mismo diario, había ocultado a sus lectores. Según “El Cronista” (8/9), Graciela Fernández Meijide, Mirta Chiernajovsky (esposa del “Chacho” Alvarez) —candidatas a diputadas por el Frente Grande— y Raúl Fernández, Abel Fatala, Leticia Maronese, Hernán Pérez Moritán, Mario della Rocca, Eduardo Sábato, Luis Angel Díaz, Pedro Gallardo y Héctor Núñez —candidatos a concejales por la misma organización—, todos ellos revistaban como “empleados administrativos” del bloque del concejal Ibarra. Sus sueldos oscilaban entre los 1.200 y los 1.900 pesos y siguieron cobrándolos religiosamente aún cuando, por desempeñar una actividad como candidatos, no “cumplían tareas” en el Concejo Deliberante. En resumen, se trata de perfectos “ñoquis”, que cobraban por un trabajo que no hacían. La noticia dice mucho sobre el Frente Grande. Es “notable” que hayan sido designados como “empleados administrativos” nada menos que sus principales dirigentes y candidatos, su “dirección política” ... es decir que no estaban destinados a cumplir “tareas administrativas” por las cuales cobraban. Esto revela que también para los capitostes del Frente Grande la política es el arte de apropiación personal del presupuesto del Estado. La Meijide, diputada electa, y Fernández y Fatala, concejales electos, “ascenderán” del sueldo de administrativos a la dieta. Los restantes seguirán como “empleados” ... hasta tentar “suerte” en la próxima elección. El asunto retrata a una camarilla de carreristas políticos. El Frente Grande se delata así como una cooperativa de burócratas, funcionarios rentados del Estado, que han convertido el presupuesto —es decir, los impuestos pagados por los consumidores— en la fuente de su diario sustento. Como en toda burocracia, en el Frente Grande existe una “jerarquía” y una “selección” de arriba hacia abajo y no de “abajo” hacia“arriba”, como cuadra a una organización democrática: los diputados y concejales elegirán ahora nuevos empleados “administrativos” que se colocarán como candidatos para las próximas elecciones. Si el Frente Grande se desarrolla, es decir, si logra hacer elegir numerosos diputados y concejales, éstos, con sus “asesores” y “empleados”, desarrollarán sus propios “intereses sociales”, que no son otra cosa que la defensa de sus prebendas y dietas... y del Estado que las paga. La Meijide pretendió “delimitarse” del escándalo: declaró que había renunciado a su cargo de “empleada administrativa” apenas fue nominada como candidata por “cuestiones éticas”. La “aclaración” viene así a confirmar que ninguno de los otros tuvo ningún prurito de ser “ñoquis” concientes. Pero la “aclaración” tampoco absuelve a la Meijide —que “casualmente” está registrada con su nombre de soltera, absolutamente desconocido. Es que la señora Meijide no tuvo empacho en seguir conviviendo en un mismo frente con candidatos que, según su propia vara personal, no eran “éticos”. ¡Y todo esto en un frente que se proclamaba como el abanderado de la “ética” y la defensa de los “principios morales”! La “aclaración” retrata al Frente Grande como una banda de estafadores políticos. Pero la “noticia” dice todavía un poco más sobre el Frente Grande ... y el menemismo. El super-oficialista y super-privatista “Cronista Comercial” no divulgó la noticia en medio de la campaña para no perjudicar las chances del “Chacho” y, de paso, las de Erman González. El manejo de la información por el diario menemista viene a confirmar la caracterización del PO de que el centroizquierdismo fue “inflado” desde la propia Rosada.

Ya han pasado dos semanas desde que los paramilitares haitianos impidieron el desembarco en la isla de los “marines” norteamericanos integrantes de la “fuerza de paz” de la ONU, que debía garantizar el retorno a su cargo del derrocado presidente Aristide. Clinton ordenó entonces el “retiro” de los “marines”, lo que equivalía a mandar a pique el “acuerdo de democratización” firmado en julio por Aristide y los golpistas, bajo la inspiración de la diplomacia norteamericana. En esos quince días, la ONU ha restablecido las sanciones comerciales contra la isla, rige un bloqueo naval, el combustible ha desaparecido y la escasez y la amenaza de una hiperinflación castigan a las ya sufridas masas haitianas. Pero los golpistas no han retrocedido y se mantienen en el poder. Los parapoliciales dominan las calles y los asesinatos continúan. Los golpistas haitianos y sus bandas paramilitares controlan la situación, incluso a pesar de haber perdido el apoyo de una parte de la “elite” haitiana que teme que “la reimposición de las sanciones comerciales puede demoler a muchas empresas viables en pocas semanas” (Washington Post, 16/10). Esto sólo puede explicarse por el sostenimiento que reciben de sectores enteros del aparato estatal norteamericano. Aunque Clinton fue el “garante” del “acuerdo de la Isla del Gobernador”, firmado en julio pasado entre Aristide y los golpistas, bajo el patrocinio de la ONU y la tutela del Departamento de Estado, nada de esto se ha cumplido. El acuerdo establecía el retorno de Aristide a la presidencia, la renuncia de Cedrás, y Francois, jefes del ejército y la policía, la separación del ejército y la policía y la amnistía de los militares responsables del asesinato de 5.000 haitianos. Pero “los golpistas tienen el respaldo del Pentágono, la CIA, la DEA y un importante sector de lobbistas estadounidenses encabezados por Elliot Abrams” (Página 12, 27/10). Ben Dupuy, ex embajador itinerante de Haití, ha denunciado que “el Departamento de Defensa (el Pentágono) no quiere la reinstalación de Aristide en el gobierno” y que está “trabajando junto con legisladores republicanos para impedir el regreso del presidente depuesto” (Página 12, 22/10) . Los partidarios de Aristide han denunciado que “el embajador norteamericano en Haití, William Swing, y el mediador de la ONU, Dante Caputo, presionan en conversaciones secretas al primer ministro Malval para que amplíe su gobierno con ministros cercanos a los militares” (Clarín, 21/10). Pese a que los funcionarios de la embajada norteamericana y Caputo lo negaron, “otros diplomáticos de terceros países involucrados en la propuesta confirmaron que ‘se están llevando a cabo ciertas tratativas’” (Página 12, 23/10). Otra de las “salidas” que se barajan es, simplemente, dejar “pasar el tiempo” hasta que “venza el plazo” del acuerdo de la “Isla del Gobernador” y se diluya el bloqueo. Entre todas las “opciones”, está claro que el acuerdo Cedrás-Aristide-Clinton está muerto. El Pentágono ha sido explícito en que no desembarcará tropas en la isla; el “Washington Post” (19/10) lo apoya plenamente: “la próxima fase del rescate de Haití será llevada adelante por negociadores y diplomáticos de Estados Unidos y la ONU, no por sus fuerzas militares”, editorializó el pasado 19 de octubre. Las “negociaciones”, con los golpistas claro, sólo pueden significar una cosa: que “los norteamericanos no sólo han abandonado a su suerte a Aristide sino también a Caputo ... (algo sobre lo que) reina un consenso total en la prensa internacional congregada en Puerto Príncipe” (Página 12, 27/10). La perspectiva del “abandono” de Aristide y de una nueva negociación con los golpistas, es la perspectiva de un presidente norteamericano rehén de la “comunidad de defensa e inteligencia”. Es precisamente la necesidad de Clinton de salir de esta crisis —y por lo tanto, de “disciplinar” al Pentágono, la CIA y demás “agencias de inteligencia” — la que puede impulsar la intervención militar directa del imperialismo en Haití. Cualquiera sea el caso, por la vía diplomática o la militar, el imperialismo interviene en Haití con un pretexto “democrático” , pero no en “defensa de la democracia”, sino de la “seguridad” y “estabilidad” de la sensible región caribeña, es decir, para fortalecer la reacción política, la opresión nacional ... y también, importante, el cerco a Cuba. Fuera los yankis y la ONU de Haití, fuera la dictadura sanguinaria de Cedrás, por el respeto de la soberanía del pueblo haitiano: regreso incondicional de Aristide a la presidencia.

Por las internas del PJ, los tiroteos y las cruzadas denuncias de principios de junio, pudimos tomar conocimiento de que por lo menos cinco líneas internas del PJ tienen un enfrentamiento salvaje para heredar, si fuera posible en vida, a Manuel Quindimil, y por sobre todo el tesoro comunal y todos los negocios que se desprenden de su control. Salud A fines de setiembre, el intendente Manuel Quindimil, fue sometido a una ablación de parte del estómago a causa de un carcinoma (La Defensa, 6/10). Quindimil no solicitó ante el Concejo Deliberante la licencia correspondiente. ¿Por qué? Eliseo Vázquez es concejal por el PJ desde el ‘91, fue delegado gremial de la fábrica metalúrgica Galileo de Valentín Alsina, entregador de importantes luchas ocurridas allí y además colaborador de la última dictadura. Junto al ex montonero Darío Díaz Pérez y Reinaldo Pierri (hermano del coimero) es el principal referente de Duhalde y su liga federll en la zona. Eliseo Vázquez es el presidente del Concejo Deliberante y reemplazante natural del Intendente. Que la primera concejalía estuviera en manos de Vázquez fue considerado por Quindimil como un error cometido en el ‘91 a instancias de Duhalde y Cafiero (Clarín, 23/5, pág. 8). Dinero En el marco de las elecciones del 3 de octubre, el quindimilismo sacó un pronunciamiento (que no fue firmado por las unidades básicas), exhortando a resistir la posible asunción de Vázquez. Durante la acefalía (15 días), el PI, la UCR y el MODIN se hacieron los tontos y la liga federal miraba para otro lado. La ausencia del Nº 1 produjo un desbarajuste en distintos departamentos municipales, lo que fue aprovechado por los punteros para despedir a los seguidores del sector rival, dando lugar a una crisis institucional, sólo superada por la desesperada intervención del secretario general del gremio municipal, Miguel Pedhelez llamando a la cordura. El 13 de octubre reasumió sus funciones Quindimil, señalando que “No hubo ni vencedores ni vencidos”. Amor Un aspecto central de la descomposición partidaria del PJ son las cada vez más penosas maniobras a que se ve expuesto el justicialismo para movilizar a su masa de maniobras. Con motivo de la campaña electoral vinieron a Lanús, Menem, Duhalde, Pierri y Brunelli, a quienes acompañó Quindimil. La cita era en el barrio Santa Rita (camino General Belgrano y Donato Alvarez). Allí, decía la tele, le entregaban casas a familias carecientes. La verdad era otra; quienes recibían sus viviendas las estaban pagando desde hacía 60 meses. No obstante, el encuentro debía servir para mostrar el poder movilizador del aparato político y la necesidad de convertir esta entrega “trucha” en un acto donde se pusiera de manifiesto toda la potencialidad del partido justicialista del conurbano. Para no dejar nada en el aire se reunió el gabinete comunal planificando área por área, sector por sector el padrón de cada funcionario y la cantidad de personas que llevaría. De allí que Mirta Caimi, directora de Ceremonial, sugiriera que cada concejal o funcionario concurriera a la cabeza del contingente comprometido y en una cita previa fuera fotografiado para chequear y testear la cantidad y calidad de la gente. La directora de Cultura, Marcela Ibarra, obligó a los empleados a comprometerse por escrito y amenazó oralmente a quienes no concurrieran al acto con el despido. El director de Educación Municipal, Hector Montero, obligó al director de la ENET Nº2 al envío de un contingente de alumnos a la ceremonia (fueron los chicos de 1er año). La directora para la Tercera Edad, Amparo Morel, hizo un compromiso con los Centros de Jubilados sobre “la continuidad de los subsidios a cambio de que llenaran los micros que ella enviaría a cada Centro”. La jueza Silvia Dascal apropiándose, de la famosa frase ¿Justicia Independiente? ¡Las Pelotas! se alquiló un micro, lo estacionó ante el edificio del Tribunal de Faltas y quiso cargar a los trabajadores como ganado sin lograrlo. Ya en el acto, que reunía a unos pocos cientos de personas, un funcionario municipal, el director de Abastecimientos, repartía remeras. Como se ve, la principal fuerza política del país tiene que recurrir al secuestro y a la extorsión para movilizar a los trabajadores. Si ante el virtual estado de fractura del PJ en el distrito, ya no aparecen ni firmando las unidades básicas en favor del principal referente y en su lugar lo hacen patotas pagas (la barra del Pato, Los Chaza, etc.), cuya única contribución a la actividad política partidaria es rubricar las pintadas para después reclamar el pago, entonces a no dudar, estamos tocando el umbral de una crisis política, económica y social de características imponentes donde el FIT tiene la posibilidad de organizar y orientar la resistencia y las futuras luchas.

Menem ha ordenado que una nave de guerra argentina se sume a las naves norteamericanas y canadienses que están bloqueando a Haití. El riojano ha encontrado en la “democracia haitiana” la excusa para expresar nuevamente su subordinación al imperialismo norteamericano, como antes lo había hecho en el Golfo o todavía continúa haciéndolo en Yugoslavia. La misión de la nave menemista –como el propio bloqueo— sirven a un objetivo reaccionario hasta la médula: “acelerar” las negociaciones con los golpistas (dando nacimiento a un régimen reaccionario y antidemocrático) o, si esto fracasa, preparar la invasión a la isla, una nueva masacre colonial. Hay que impedir que las naves y las tropas argentinas se sumen al operativo de opresión colonial contra el pueblo haitiano. Por el regreso inmediato de las naves. Fuera las manos de Menem de Haití.

Hay que rendirse a la evidencia: Menem tiene una “gran muñeca”. Si no alcanzaran para probarlo las divisiones que su convocatoria al plebiscito ha causado en el radicalismo, véanse los estragos que ha provocado también en la llamada izquierda trotskista, que se ha desnudado, frente a estos acontecimientos, como una izquierda constitucionalista. Quienes, naturalmente, se han sacado la máscara revolucionaria en forma más consecuente (u obsecuente) son los grupos que en la última campaña electoral hicieron abundante gala de lo que Trotsky denominó el “cretinismo anti-parlamentario”— en referencia a los que convertían al parlamento en un fetiche al revés; donde los reformistas veían la vía perfecta para la realización del socialismo, los anti-parlamentarios veían una cáscara sin contenido histórico, al cual se podía ignorar, o del cual se podía prescindir, aunque las masas no lo hubieran superado a través de una acción histórica propia. En el número anterior de Prensa Obrera mostramos cómo la consigna de Asamblea Constituyente soberana había convertido al Pts en un faldero de la reelección; ahora es el turno del Mas, el cual se delata desde el título del artículo que dedica al plebiscito (SS, 20/10), donde se lee: “Asamblea Constituyente para reorganizar al país de abajo a arriba” —sin reparar que cuando un país se “reorganiza” a partir de una institución política cualquiera, lo hace al revés, de “arriba a abajo”. Pero como ningún país se puede “reorganizar” por vía institucional, sino que lo hace como consecuencia de la lucha entre las clases y de la victoria de una clase sobre la otra (en Argentina, como consecuencia de cincuenta años de guerras civiles —1810/1860), el planteo del Mas se reduce a lo que el propio Mas reconoce numerosas veces en el artículo: a reformar la Constitución, es decir, a reemplazar un papel por otro, y a fingir que este reemplazo sería sinónimo de revolución social. Tenemos, pues, a un partido acabadamente constitucionalista, es decir, que ha convertido a la reforma constitucional y a la Constitución en una panacea, es decir, en un fetiche. Historia y política La primera manifestación de este fetichismo constitucionalista consiste en el hecho mismo de plantear una Asamblea Constituyente y la reforma de la Constitución con independencia de las circunstancias históricas y políticas. En lo que hace a las circunstancias históricas, hay que recordar que la función revolucionaria de las Asambleas Constituyentes fue reemplazar a las monarquías absolutas y poner en pie al Estado burgués democrático, aunque también hay que tener presente que en América Latina estas Asambleas tuvieron funciones profundamente reaccionarias, como ocurriera en Paraguay luego de la masacre de la guerra de la Triple Alianza (1870), o como fue el caso de nuestra “Asamblea del año XIII”, que sancionó la secesión del artiguismo democrático y de la Banda Oriental. En Argentina existe un Estado nacional “democrático”, es decir constitucional, de modo que una reforma constitucional o una Asamblea constituyente tendría por función reforzar el carácter constitucional del Estado actual, es decir, darle rango constitucional a los atropellos cotidianos que realiza el Estado, incluso violando la Constitución vigente. El Mas, el Pts y el morenismo en general se refieren con cierta frecuencia a la Constitución burguesa actual como “reaccionaria” (durante muchísimo tiempo plantearon lo contrario: el restablecimiento de la Constitución de 1853, a la cual calificaban de “democrática”, cuando ésta fue sustituida por los Estatutos de las Juntas Militares), pero en lugar de concluir de esto que hay que derrocar a la burguesía para poner en pie un régimen y una Constitución verdaderamente democráticos, concluyen que alcanza con una reforma democrática en la Constitución para superar el dominio de clase de la burguesía. El Mas comete, en cierto modo, un error que ya Marx les había achacado a los obreros franceses durante la revolución de 1848; a saber, pretender infundir un contenido socialista al Estado democrático (burgués), en lugar de plantear el derrocamiento del orden burgués como un prerrequisito para la introducción del socialismo. Marx advirtió en aquel entonces que el proletariado francés pagaría con “una serie de derrotas” sus ilusiones constitucionales y democráticas. La Asamblea Constituyente francesa de 1848 se convirtió, en el espacio de solamente cuatro meses (de febrero a julio), de abanderada de la democracia en el verdugo de la clase obrera, precisamente cuando la lucha de clases en ese corto período mostró el antagonismo irreconciliable que oponía a obreros y capitalistas. Con esto quedó demostrado que la bandera constitucional estaba históricamente superada; que ya no podía cubrir con su manto a los obreros y a la burguesía. (A partir de este momento histórico, la Asamblea Constituyente pasa a ser una consigna aleatoria, circunstancial y, por sobre todo, episódica, en la lucha por la revolución proletaria). Pero un error más grande del Mas es plantear la reforma de la Constitución y la Asamblea Constituyente cuando el menemismo (y en todo caso menemistas y radicales) tendría la mayoría o incluso el control de esa reforma y de esa Asamblea. Es una fracción importante de la burguesía y del capital internacional la que plantea la reforma, no los trabajadores. ¡Y con justa causa! La iniciativa la tiene la burguesía, no el proletariado —y, en el caso de que fuera al revés, difícilmente los obreros argentinos gastarían sus energías en buscar una reforma constitucional. Por este motivo, cualquier planteo de reforma o de convocatoria a una Asamblea es, en este momento, pro-menemista. Esto, incluso si esa Asamblea fuese soberana, porque ello no querría decir otra cosa que la mayoría menemista (o, en todo caso, menemista-radical) sería soberana. Peor que los radicales Es verdad. “El Mas rechaza la reelección y ... el plebiscito tramposo”, dice SS. “Y tampoco tiene nada en común, agrega, con la posición de los radicales, que quisieron hacer la reforma y la reelección cuando gobernaban y que ahora se oponen. La UCR, el Frente y otras fuerzas se oponen a la reforma, defendiendo así la vigencia de la Constitución actual”, concluye el Mas. Aunque pueda sorprender, es así nomás: el Mas les reprocha a la UCR y al Frente Grande, no la tendencia de éstos a llegar a un compromiso con el gobierno, ni tampoco la política de desmovilización y confusión de éstos frente a la reforma y el plebiscito (lo que favorece una victoria gubernamental); no les reprocha esto, no les reprocha la capitulación ante el menemismo, sino que les reprocha oponerse a la reforma —un reproche falso, porque esa oposición de la UCR y del FG no es consecuente y ni siquiera es tal. El Mas le habla a los radicales como lo hace el menemismo: “ustedes son tramposos, querían la reforma cuando eran gobierno y ahora no; Angeloz se hizo reelegir en Córdoba, pero nos priva de ese derecho a nosotros; bla, bla, bla”. En lugar de denunciar la inconsecuencia de la “oposición” radical, critica el hecho mismo de esa oposición. Es imposible encontrar, entonces, una posición más pro-menemista que la del Mas. (La crítica del Mas al radicalismo en este punto, es harto instructiva. El Mas les reprocha a los radicales, y en particular al alfonsinismo, la “incoherencia” constitucional de éstos, que hasta 1989 eran partidarios de la reforma de la Constitución y luego dejaron de serlo. Pero la “incoherencia” constitucional del alfonsinismo es políticamente coherente, en tanto que la “coherencia” constitucional del Mas es políticamente incoherente. Los alfonsinistas defendieron la reforma cuando convenía a sus intereses de clase, y la rechazan ahora cuando los perjudica —la burguesía industrial y agropecuaria “ahogada” por el tipo de cambio fijo—. El Mas en cambio sigue defendiendo su consigna sin que le importe que esto perjudique los intereses de la clase obrera). El fetichismo constitucional del Mas llega a tal extremo que ha dividido al país en dos campos, a partir precisamente de ese eje. Con este razonamiento, cualquier opositor a la reforma de la Constitución, que en la actual situación sólo beneficia a Menem, se convierte en partidario de la Constitución “reaccionaria” de 1853. Pero semejante manipulación sólo convierte en reaccionario al Mas, por reclamar una reforma y una Constituyente que sólo pueden servir al menemismo. El fetichista constitucional se ha convertido en víctima de su fetiche. Al Mas simplemente no se le ha o-cu-rri-do que una oposición al plebiscito y a la reforma reaccionarios, sobre la base de un programa de reivindicaciones y de un plan de lucha, pueda ser una oposición consecuentemente revolucionaria. No. ¿Por qué? Porque (de acuerdo al razonamiento constitucionalista del Mas) incluso una oposición basada en una política de lucha de clases dejaría vigente, al menos por un cierto tiempo ... a la Constitución de 1853. Este es el resultado completamente natural del fetichismo constitucional: una completa enajenación política. (El “argumento” de que la oposición a la reforma constitucional convierte al partidario de esa oposición en un defensor de la constitución vigente, fue abundantemente utilizado por Cafiero y por Alfonsín para desacreditar la campaña por el No a la reforma bonaerense de 1990. ¿El Mas está renegando de su campaña por el No en aquella oportunidad?). Un “cambio” que no cambia Claro que la reforma de la Constitución y la vigencia de la Constitución “reaccionaria” son la misma cosa. La reforma, al alterar una parte, deja en pie la estructura constitucional vigente. Después de haber dividido al país entre reformistas y no reformistas, resulta que todos son lo mismo. ¿Cómo resuelve este problema el fetichista constitucional? “El Mas, leemos, sostiene la necesidad de un cambio total, que incluye a la propia Constitución reaccionaria”. Interesante salida, por cierto. El Mas no propone hacer tabla rasa con la Constitución actual, es decir desconocerla, o sea confeccionar otra Constitución a partir de cero. No es tan consecuente el Mas; prefiere cambiarla a desconocerla.¿Chicana de nuestra parte? ¡Para nada! Desconocer una Constitución es un acto revolucionario, que deja todo el poder de una nación en manos de quién lo hace. Cambiar la Constitución, incluso toda, es un acto meramente constitucional, que deja en pie a la Constitución vigente y a los poderes que emanan de ella, hasta que no quede “completamente” cambiada la Constitución. Desconocer una constitución obliga a la Asamblea que así lo hace, a gobernar, a tomar no sólo medidas constitucionales sino de todo tipo, prácticas, cotidianas, esto porque todas las leyes, decretos, resoluciones y fallos vigentes han perdido legitimidad constitucional. “Cambiarla toda” no obliga ni plantea nada. Solamente una vez que semejante “Constituyente” hubiera realizado su trabajo de “cambio total”, se podría empezar a poner en práctica sus disposiciones, y esto una vez que hubieran sido elegidos los nuevos órganos de gobierno establecidos en la Constitución “cambiada”. Una Asamblea para “cambiar todo” se encuentra sometida al poder de turno. ¡Esto es lo que el Mas entiende por Asamblea “libre” y “soberana”! ¡Pero semejante “cambio” constitucional dejaría, además, vigente en la práctica la estructura de clases prevaleciente en el país, esto porque nadie entregaría sus privilegios ante la sola presentación de un papel —habría que ir a arrancárselos! ¡También seguirían en pie las instituciones y, en especial, los aparatos armados y de represión! Se habría creado una contradicción flagrante entre la papeleta constitucional y la realidad. Pasado un cierto tiempo, la realidad absorbería a la papeleta constitucional, sea adaptándola mediante leyes reglamentarias, sea reformándola, con lo que volveríamos a tener la Constitución (burguesa)“vigente”. Para que tal cosa no ocurra, es decir, para que la nueva papeleta constitucional confeccionada por el Mas se imponga a la realidad, el Mas tiene un santo remedio: “esas medidas (¿sólo medidas? ¡Se trata del cambio total de la Constitución, de la estructura del Estado!) sólo se podrán lograr y mantener mediante una gran movilización de la clase obrera y el pueblo, que quiebre la oposición de los grandes capitales y el imperialismo”. Como se ve, para el Mas el pueblo sale a la lucha para defender una reforma constitucional, y no al revés, que el establecimiento de una nueva Constitución (socialista) sólo puede ser el resultado de la lucha victoriosa de los explotados y de la conquista del poder político. Tenemos aquí al cretinismo constitucional convertido en caricatura. La lucha entre las clases y la lucha política que se deriva de ella, deben adquirir necesariamente, para el Mas, una catadura constitucional. Las consignas constitucionales se convierten en permanentes. La política se reduce a reclamar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Difícilmente se podría imaginar una deformación política mayor, en especial viniendo de trotskistas. En síntesis A través de su posición sobre la reforma de la Constitución, el Mas ha desnudado que su democratismo no es episódico sino teórico, es decir, que corresponde a una concepción y a un programa. Este democratismo lo lleva a defender un planteo constitucional en el peor momento: cuando la burguesía, que ya gobierna en forma constitucional, tiene los medios políticos y, por sobre todo, una correlación de fuerzas favorable, para imponer una reforma a su antojo. La posición del Mas es, entonces, una capitulación ante la presión excepcional que está ejerciendo la fracción del gran capital interesada en la reelección de Menem. El Mas no ha entendido ni el lugar histórico de las consignas constitucionales; ni la cuestión de su oportunidad política; y ni siquiera en qué consiste la consigna de Asamblea Constituyente desde un punto de vista, no constitucional, sino revolucionario.

El 2 de septiembre entrará en la historia de Senegal (una ex colonia francesa del oeste de Africa): por primera vez, una huelga general paralizó al país en forma total y absoluta. La huelga fue convocada por la “intersindical” que reúne a las distintas centrales y coincidió con la “operación ciudades muertas”, convocada por un comité coordinador de partidos de la oposición, sindicatos y asociaciones religiosas. La protesta rechazó el enésimo “plan de ajuste” del gobierno “socialista” de Abouf Diouf. Esta vez, la “ley financiera” pactada con el FMI establece una reducción de los salarios nominales de hasta el 15%, el aumento de los combustibles y la reducción del precio de compra por parte del Estado del algodón a los campesinos. Este es, apenas, un “primer paso”: el acuerdo con el FMI establece, además, una revisión radical de las leyes laborales —(“flexibilización”), la privatización de las empresas públicas de agua, electricidad, teléfonos, la privatización de la tierra y una “reforma universitaria” limitacionista. Incluso las patronales “nacionales” se han pasado al campo de la oposición al gobierno: después de haber mandado a la quiebra a cientos de pequeñas empresas, el gobierno “socialista” del FMI les impone ahora un “ahorro forzoso” del 30% de sus beneficios. Después de trece años de “ajustes estructurales” de los “socialistas” y el FMI, el salario medio ha caído un 40%, el empleo precario es la norma y la pauperización general. En las asambleas de balance de la huelga, “una amplia franja de trabajadores ha mostrado su disposición a seguir la lucha hasta el final” (Rouge, 9/9).

El pasado miércoles 27, el Mas, el Mst, la Lsr y el Pts realizaron una marcha al Obelisco para protestar contra la intervención norteamericana y de la Onu en Haití y Somalía. Dentro del FIT, el Partido Obrero le había planteado al Mst la necesidad de convocar a un acto público que, además de Haití y Somalía, repudiara el golpe pro-capitalista de Yeltsin y se pronunciara contra la intervención del imperialismo mundial en la ex Yugoslavia. Asimismo, objetamos que una marcha tuviera por destino el Obelisco y no los centros que representan la presencia, la injerencia o el poder, en Argentina, del imperialismo norteamericano. Esto, a diferencia del acto de repudio que realizara el FIT en los lugares que se condecoró al imperialista Brady, convertía a la marcha en una movilización puramente propagandística. El Mst no aceptó la posición del PO, ni tampoco realizar tanto la marcha como el acto. En nuestra opinión, no estaban reunidas las condiciones para una movilización callejera real y efectiva; esas condiciones debían ser preparadas, y además, había que preparar un plan de acciones y no una marcha aislada. Por esta razón, proponíamos convocar a un acto público a todas las organizaciones de izquierda que coincidieran con su objetivo. La práctica Como el Mst no coincidió con nuestra posición, y como tampoco fuimos invitados a una discusión por parte de las restantes organizaciones, no participamos de la marcha realizada el miércoles 27. El tema, sin embargo, no acaba aquí; deja alguna tela para cortar. De acuerdo a las informaciones que nos llegaron, solamente el Mas habría puesto empeño en la marcha —incluso realizó previamente algunas pintadas grandes. La conclusión es que varios de los que se empeñaron en defender la marcha poco se esforzaron por su éxito. Nos llevamos la impresión de que la oposición a hacer un acto público tiene un carácter fundamentalmente despolitizador; que se quiere evitar la difusión de las posiciones, propuestas y análisis del conjunto de las organizaciones de izquierda entre el conjunto de las bases de la izquierda y de la opinión pública. La política Pero llama más la atención todavía el programa que las cuatro organizaciones elaboraron para la marcha. En él se llega a plantear, además del fuera yanquis de Haití y Somalía, y del no al bloqueo a Haití y el retiro de tropas argentinas, un “fuera Caputo” (de Haití) y un “fuera Scotland Yard” (de Argentina). Pero está ausente del programa la consigna “abajo la dictadura militar duvalierista o tonton macoute”. (Esto significa que la marcha tuvo por objetivo atacar al imperialismo democrático (Clinton) y a sus agentes democráticos (Caputo), pero no al imperialismo totalitario (CIA, Pentágono, partido Republicano), ni a sus agentes totalitarios (Cedrás), lo cual a su vez significa que, si la marcha tenía al principio el reparo de las condiciones para su éxito, al final resultó un despropósito. A reforzar esta caracterización viene el último periódico del Mas (20/10), el que ni por equivocación menciona alguna consigna contra la dictadura haitiana. Es más: el Mas afirma ahí que la dictadura “está dispuesta a defender sus intereses incluso al costo de un enfrentamiento con el imperialismo”. Tendríamos así una especie haitiana del enfrentamiento de la Thatcher con Galtieri, en la que este último actuó como jefe derechista o fascista de una nación oprimida que lucha contra el imperialismo. La omisión de la consigna contra la dictadura haitiana pretendería que no se ponga en un mismo plano al imperialista Clinton con el “nacionalista” Cedrás. ¡Las cosas que puede revelar una pequeña marcha y, por sobre todo, las divergencias en torno a ella! Porque una de las cosas que el PO le planteó al Mst era que la movilización requería, no tanto una preparación práctica, sino política, es decir, su clarificación. La guerra de Malvinas opuso a la nación argentina (oprimida) contra el imperialismo, con independencia del carácter del gobierno de turno; entre otras cosas, porque la reivindicación de la guerra (recuperar el archipiélago) era nacional. En Haití es al revés: la reivindicación nacional es reponer al presidente Aristide y la ha tomado (¡a su manera!) el imperialismo —por eso puede presentarse con ropaje democrático o caputiano. En Haití, el problema para los revolucionarios es disputarle al imperialismo la dirección de la causa nacional, que en manos del imperialismo se convertirá, y se ha convertido ya, en anti-nacional. Por eso es tan importante que, junto al fuera el imperialismo democrático, se plantee la lucha por el derrocamiento de la dictadura, la que de modo alguno puede pasar a un segundo plano. Los revolucionarios haitianos tendrían, para decirlo de alguna manera, que tratar de derrocar a Cedrás y compañía antes de que lleguen los “marines” trayendo, quizás, a Aristide; así se plantean las cosas. Esto para que no les ocurra lo que a los cubanos en 1898, cuando los yanquis llegaron antes de que los cubanos expulsaran por completo al gobierno colonial español. Después del endiosamiento que hiciera el Pts de Saddam Hussein (al que atribuyó la posibilidad de realizar la “revolución proletaria”), esta singular posición sobre Haití demuestra los extremos a que pueden llegar los grupos oriundos del morenismo, y por sobre todo, el descomunal desconcierto y confusión que reina entre sus direcciones.

Harri Batasuna —organización nacionalista vasca— convocó a una huelga general en Guipúzcoa en protesta por el asesinato de dos de sus militantes a manos de la policía. Aunque la prensa oficial intentó silenciar la protesta, su alcance fue muy importante en toda la provincia vasca y logró desmontar la campaña montada por el Estado y sus partidos para salvar la responsabilidad de los policías acusados por el asesinato. Los días previos a la huelga se caracterizaron por una gran movilización popular: encabezadas por los jóvenes, se realizaron manifestaciones y acciones callejeras en todo el país vasco. El día de la huelga, la paralización fue total en la enseñanza, el comercio, la hotelería, los bancos, la administración pública y el transporte. Entre el proletariado industrial, Harri Batasuna estimó el paro en un 70%. El paro salió contra la oposición de las centrales sindicales del stalinismo (Comisiones Obreras) y la socialdemocracia (UGT). La huelga —tanto en el sector industrial como en el de servicios— enfrentó a un aparato policial sin precedentes, que pudo ser derrotado gracias a la enérgica actitud de los piquetes, conformados, cada uno, por cientos de militantes y huelguistas. La huelga ha constituido —sin dudas— una victoria de la lucha por las libertades democráticas, contra la violencia, las torturas y los asesinatos policiales y por la autodeterminación del pueblo vasco. Todos los partidos del régimen monárquico-socialista, incluido el stalinista, se opusieron a la huelga. El periódico “La Aurora” (7/10) —de donde extractamos la presente información— caracteriza que la huelga de Guipúzcoa es “un síntoma del giro que ha comenzado a operar toda la situación política” en el país vasco.

El despido de 14 capataces y jefes en la Editorial Atlántida y la imposición de la flexibilidad laboral a los jerárquicos (que quedaron), puso al rojo vivo el debate entre los gráficos. La “derecha” del taller (el elemento patronal y burocrático) se entró a plantear: “si nos dan la indemnización nos tenemos que ir”, “qué vamos a hacer”. Esta también es la política de la burocracia sindical bajo la cínica consigna de “preservar el laburo de los que quedan”. El activismo, reunido con la interna dos semanas antes, había discutido una estrategia general: defensa de las conquistas, no a los premios, no al destajo, no a la “reforma laboral”, ningún despido y un programa frente a la ofensiva de sanciones disciplinarias. Con los despidos, la estabilidad laboral pasó al primer plano, pues fue siempre la cuestión que la comisión interna defendió como la llave maestra de la organización. Así lo planteó de nuevo en las Asambleas Generales del 7 de octubre, las más masivas en mucho tiempo, superiores aun a las de la lucha salarial de principios de año. La interna explicó, o mejor, “recordó” , que el despido no es sólo el puesto de trabajo sino la derrota del movimiento obrero. Las Asambleas Generales —mediodía y noche, en Garín y en Azopardo—, votaron por unanimidad la huelga general ante cualquier despido, la defensa integral de todas las conquistas internas y de convenio, y el mencionado programa frente a las sanciones. Los aplausos y la incorporación a la asamblea de una nueva sección, embolsado, le dieron el marco de entusiasmo al movimiento. Una semana después, la interna recibía directamente del directorio las garantías requeridas de estabilidad, después de transmitir su decisión de lucha. El movimiento de Atlántida no llueve del cielo, resulta de un año entero de luchas generales —salario, sexta jornada, expulsión del médico, rechazo a la flexibilidad y vacaciones— y parciales —categorías, dotaciones, capacitación y desplazamiento ante nueva tecnología, salubridad, etc. El proceso marca un camino, un programa y un método, de cara a la inminente reconversión tecnológica y al traslado de planta de Clarín y otras fábricas del gremio. La Agrupación Naranja tiene la tarea de difundir estas experiencias, reagrupar a los activistas y dotarlos de un programa clasista en cada rama y taller del gremio.

Los trabajadores de Air France —la línea aérea estatal francesa— están desarrollando una gran huelga contra la amenaza de despido contra 4.000 trabajadores (casi el 10% del personal) y contra la reducción de los salarios y de los pagos extras por trabajo nocturno y francos compensatorios. El gobierno pretende “reestructurar” la empresa para su posterior privatización. En París, los piquetes de huelga paralizaron los aeropuertos de Orly (cabotaje) y Charles De Gaulle (vuelos internacionales). Primero ocuparon las pistas de aterrizaje. Cuando fueron desalojados por la policía, después de verdaderas batallas campales, los piquetes se reagruparon en las autopistas de acceso a los aeropuertos, bloqueándolas por completo. Esto se repitió durante cinco días, obligando a Air France a cancelar la mayoría de sus vuelos. La huelga se va extendiendo a Marsella y a Niza, que también vieron suspendidos la mayoría de los vuelos. Hay síntomas de que la huelga se está extendiendo: el sindicato de los trabajadores de “Aeropuertos de París” —la empresa del personal de tierra de los aeropuertos de Orly y De Gaulle— declaró un paro de 24 horas, lo mismo que los trabajadores de “Air-Inter”, una subsidiaria de Air France para las rutas de cabotaje. La huelga aeronáutica retrata el “clima social” que reina en Francia, donde se viene desarrollando una seguidilla de paros de trabajadores estatales contra las privatizaciones y el congelamiento salarial dictado por el gobierno derechista de Edouard Balladour. Precisamente, Balladour ganó las elecciones y subió al gobierno en marzo pasado con el caballito de batalla de la “desocupación socialista”: desde su ascenso, sin embargo, el desempleo ha crecido del 10% al 11,7% — más de tres millones de parados— y sigue empeorando. La huelga es, también, una expresión de un fenómeno de características más amplias: el impresionante derrumbe de las industrias aeronáutica y aeroespacial, que se cuenta entre las más golpeadas por la crisis capitalista. En las mismas horas que los trabajadores de Air France luchaban contra la policía en las pistas de aterrizaje de Orly y De Gaulle, 5.000 huelguistas de la “industria aeronáutica de Israel” bloqueaban las pistas del principal aeropuerto de Tel Aviv, en reclamo de estabilidad laboral. Pocas horas después, centenares de trabajadores de la Deutsche Aerospace manifestaban frente a las oficinas del directorio de la empresa en Munich en protesta por el anuncio de 10.000 despidos. Con este anuncio, la empresa alemana aumentaría a 16.000 los despidos en los próximos dos años y llevaría a seis el número de plantas cerradas.

Las “negociaciones” con el gobierno provincial, en función de las cuales la dirección del CTA levantó inconsultamente el paro provincial del 8 de octubre, no duraron ni 48 horas. Como estaba archianunciado, sin la presión del paro provincial, sin un plan de lucha y sin nuevas movilizaciones votadas, el poder ejecutivo se limitaría a repetir su excusa: “No hay plata. No podemos dar un aumento salarial que incremente el déficit”. La Comisión Directiva de ATE había convocado para la misma fecha de las “negociaciones”, a un Congreso de Trabajadores de Salud, al cual asistieron delegados de toda la provincia, 150 compañeros. En el segundo día de sesiones, cuando se conoció la respuesta del gobierno, se votó el paro por tiempo indeterminado a partir del lunes 25 y la huelga de hambre con carpas frente al hospital Neuquén. Durante el Congreso, la agrupación Naranja y Blanca distribuyó un volante insistiendo en la imperiosa necesidad de sumar al resto de los estatales a esta lucha, sobre la base de los reclamos salariales comunes, ya votados hace más de tres meses. En el segundo día del Congreso, se levantaron algunas voces con este reclamo, que fue recibido con una cerrada negativa por parte de la conducción de ATE. Hace más de dos meses que dicen lo mismo: “el resto de los estatales no está en condiciones de salir a una lucha”. Lo concreto es que la orientación del degennarismo es mantener aislada a la lucha de la salud. La Naranja y Blanca, en su volante, llamaba a la Junta Interna y a los activistas de salud, a crear “dos, tres ... muchos hospitales”, incitando a este sector a jugar el papel que la directiva se niega a realizar. Para las posibilidades de victoria de esta lucha, es vital lograr extenderla a otros organismos estatales, es decir, formar piquetes para llamar a los estatales a votar la huelga indefinida. Esta extensión se debe dar a partir del eje salarial, reclamo convocante de una lucha unitaria. La Comisión Directiva de ATE, ayer se “encerró” en la toma de la Subsecretaría y ahora se “encierra” en la huelga de hambre. Se impone una convocatoria de los sectores de salud en lucha a un plenario abierto de delegados y activistas allí mismo, en las carpas. Retomar el planteo del paro provincial y un plan de lucha del conjunto de la Coordinadora de Gremios Estatales. Ese es el camino.

Al anunciar la reducción de la semana de trabajo a cuatro días en sus plantas en Alemania, la Volkswagen informó simultáneamente que despediría a nueve mil obreros en su subsidiaria española, Seat, y que una de las tres plantas de ésta sería clausurada definitivamente. Este despido masivo en Seat entrañaría otros 50.000 en las industrias proveedoras conexas. Este ataque plantea la posibilidad de que los obreros españoles encaren una gigantesca lucha. La “historia” de la Seat-VW en España es una historia de subsidios y estafas. Originalmente, la planta era propiedad de la Fiat italiana, que se la “vendió”, cargada de deudas, al Estado español a principios de la década del 80. El gobierno “socialista” la rescató —con miles de millones de pesetas de subsidios— y luego se la “vendió” a los alemanes a precio de regalo: el Estado se hizo cargo de la totalidad de las deudas de la Seat y le otorgó a los alemanes créditos excepcionales y exenciones fiscales. La “venta” de la Seat descubre el “secreto” del “boom” español de la década del 80: durante diez años, los negocios capitalistas giraron en torno a la venta de la mayor parte del aparato productivo a los gigantes del capital imperialista y a los consecuentes negociados especulativos generados por estas “ventas” a precios de remate. La “contraparte” de esta “jauja” fue un crecimiento desenfrenado de la deuda pública, que ahora el gobierno “socialista” pretende enjugar reduciendo los salarios y las jubilaciones y liquidando la seguridad social. Después de unos años, la VW ha vuelto a cargar la Seat de deudas, en su mayor parte con la VW alemana por importación de autopartes, es decir, que la ha “endeudado” consigo misma. Las sucesivas devaluaciones de la peseta y la recesión, en España y en Europa, las han tornado impagables. Ahora, el gobierno “socialista” dice que “no hay plata” para salvar la planta. Para el gobierno español, el despido de miles de trabajadores mecánicos debe servir como una palanca para presionar al movimiento obrero a admitir mayores despidos,en todas las ramas de la economía y en todas las regiones de España, y para bajar los salarios. Mientras la patronal alemana sigue adelante con sus planes de despidos y mientras los trabajadores de la Seat han anunciado su decisión de resistir, las burocracias sindicales, tanto la “socialista” como la “comunista” ,hacen la vista gorda: toda su actividad se reduce a “hacer que discute” un “pacto social para salvar el empleo” ... con las patronales y el gobierno que impulsan los despidos.