Prensa Obrera N° 399

La esencia del Pacto Fiscal que acaba de firmar la mayoría de las provincias con el gobierno nacional es sencilla: “producir un cambio en los impuestos provinciales, castigando más al consumidor y, presumiblemente, menos a los productores industriales o agropecuarios” (Clarín, 6/8/93). O sea, castigar a los trabajadores con más impuestos al consumo y beneficiar a los capitalistas con menos impuestos a las ganancias y al capital. El Pacto es entonces un trueque. Las provincias derogan y/o reducen los impuestos inmobiliarios, a los sellos y a los ingresos brutos, y las tasas y los impuestos a los combustibles, gas y electricidad (“excepto las que gravan el consumo doméstico”); el gobierno nacional, por su lado, deroga el impuesto a los activos. A cambio de esto, las provincias aumentarán el impuesto a las ventas mayoristas y minoristas, o lo implantarán allí donde no existe; el gobierno nacional, por su lado, está facultado a aumentar el impuesto al valor agregado. No es, claro, un trueque de impuestos neutro para los trabajadores. No tiene por objetivo reducir los precios sino aumentar los márgenes de beneficios. Como dice “Clarín”: “los industriales pueden decidir absorber el impuesto para sí, aumentando su margen. Si esto pasa, los precios no bajarán en la medida del recorte de impuestos” (ídem). Se estima, por todo esto, que estas medidas significan una transferencia de ingresos de los trabajadores a los capitalistas de 4.000 millones de dólares por año. Solamente por esto el salario real de los trabajadores sufrirá otra poda del 8%. Con este Pacto, la estructura impositiva del país reposa casi exclusivamente en los impuestos al consumo, sin gravamen al capital y las ganancias. El Presupuesto del Estado se basa así exclusivamente en una poda salarial mensual del 30%, ¿o no dice acaso la propaganda oficial que en el precio de compra están contenidos los impuestos...? Los gobernadores de las provincias patagónicas no firmaron el Pacto pero no para defender el salario. Néstor Kirschner, de Santa Cruz, reclamó al gobierno nacional un fondo compensador, porque si no, “por la escasa población del sur del país tendríamos que aplicar un impuesto del 14% sobre las ventas...” (La Capital, Rosario, 18/8/93). Las palabras de Kirschner revelan las consecuencias confiscatorias adicionales que tiene este Pacto para la mitad del territorio nacional. Las novedades impositivas no terminan aquí. En la Rural, Menem anunció un generalizado plan de exenciones impositivas a la oligarquía, del orden de los 1.000 millones de dólares por año. La consigna del Partido Obrero y del FIT es derogación integral de los impuestos al consumo: por un impuesto a los ingresos progresivo, para que paguen más los que más tienen.

El folleto del PO sobre las diferentes propuestas programáticas para un Frente de Izquierda, más las observaciones críticas del PO, constituyen un importante elemento de debate político táctico y sobre todo estratégico para el conjunto de la izquierda. Por lo que a pesar de la demora (en el sentido de que el Frente ya se ha concretado), creo necesario enviar esta carta con un par de observaciones sobre dos aspectos que considero confusos en la posición del partido. En primer lugar el tema Cuba. El partido tiene una posición al respecto que considero correctísima, pero que no es la que se refleja en el folleto. Allí claramente se explica (pág. 7) que las organizaciones disidentes al castrismo que existen en Cuba “abogan por la apertura”, es decir por la restauración capitalista. Y a renglón seguido se expresa que aunque combatamos sus políticas, defendemos sus derechos a expresarse. Para mí, esto no sólo es novedoso sino equivocado. Tal como está expresado, no tiene diferencias con los planteos morenistas (“socialismo con democracia”). La cuestión no es defender la democracia en general y en abstracto, de cualquier forma literaria que se exprese: “las más amplias libertades... Libertad de Organización social y política” (Mst) o “la más amplia democracia obrera” (Mas). La cuestión es defender los métodos de deliberación democrática de los trabajadores y su organización independiente del Estado burocrático y del castrismo, para que puedan defenderse de la burocracia —justamente—, de la creciente penetración capitalista y del Estado que es su correa de transmisión; en el entendimiento de que la defensa de este planteo permitirá estructurar una vanguardia revolucionaria en Cuba. En este sentido, no alcanza con plantear “plenas libertades democráticas y de organización para las masas explotadas cubanas” (propuesta del PO). Porque el solo hecho de poder organizarse y en forma democrática (aunque sea plenamente) no le da a esa organización un carácter revolucionario, por increíble que pueda parecer en Cuba. Las “masas explotadas cubanas” son un abanico muy amplio y dentro de las mismas están los que “abogan por la apertura” (restauración capitalista), aun cuando sus dirigentes pertenezcan o hayan pertenecido al aparato de la burocracia. Ahora bien, el planteo del PO que yo conocía desde que milito en el partido (1987), es el de libertad de organización política para aquellas tendencias que defiendan la revolución; lo cual excluye a las “aperturistas”, y no como se plantea en la crítica (págs. 7-8). La confusión se redondea con el hecho de que a pesar de que criticamos que ni el Mas ni el Mst denuncian el reclamo de una apertura democrática que hace el centroizquierda continental, nuestra propuesta tampoco lo hace. Creo que el planteo debe ser el siguiente: Abajo el bloqueo imperialista a Cuba. Libertad de organización sindical independiente. Control obrero de la producción. Derecho a la organización política para todas las tendencias que defienden las bases de la Revolución y sus conquistas. Por un gobierno de los trabajadores. (Una crítica a la posición del centroizquierda debe figurar en las consideraciones previas como retrato de su posición proimperialista). La segunda cuestión es sobre el punto 6 de la propuesta del PO. Allí se dice que “en la burguesía industrial de Argentina y de varios países de América Latina se pretende imponer un cambio de frente en la orientación del Estado, en primer lugar mediante la devaluación” (subrayado mío). No comprendo bien qué se quiere decir con esto. Está fuera de cuestión que el carácter de un Estado proviene de su naturaleza de clase. ¿Qué es lo que puede cambiar una devaluación? Aparentemente la cuestión sería la siguiente. Para salir de la recesión, la burguesía industrial plantea la devaluación para paralizar la avalancha de importaciones y exportar. Esto la llevaría a tener roces con el imperialismo. ¿Y el cambio de orientación estaría dado en que el Estado la defienda de éste?, ¿pero alguna vez no fue así?

El vapuleado, quebrado y reventado sistema previsional público es la principal fuente que está utilizando el gobierno para el pago de la deuda externa. De acuerdo con las previsiones legales y presupuestarias, las Cajas de jubilaciones deberían haber acumulado un superávit de 5.000 millones de dólares, monto que, sin embargo, ha sido tomado por el Tesoro para pagar los intereses de la deuda externa y del festival de bonos, así como otros compromisos con el FMI. Según diversos informes periodísticos, el Tesoro Nacional tomó para sí los siguientes fondos que hubieran debido destinarse al sistema previsional: 1) Unos 1.800 millones, de los 2.200 millones que corresponden al 15 % de los fondos de coparticipación establecidos por el acuerdo fiscal con las provincias el año pasado para el régimen previsional. Las Cajas sólo recibieron 400 millones. 2) Del 30 % de los ingresos por privatizaciones que por ley debían destinarse al sistema previsional, el Tesoro se guardó 700 millones. 3) Al unificar las Cajas militares con el régimen previsional, se desviaron los fondos jubilatorios para pagar los 900 millones de déficit de las Cajas militares, que abonan los retiros militares, policiales y del personal de seguridad, y en especial la financiación de los planes de viviendas y otros para aquéllos. 4) El Tesoro no giró a las Cajas 120 millones de una partida votada en el Presupuesto 1992 para el sistema previsional público. 5) Debido a la mayor recaudación, las Cajas tuvieron en 1992 y en lo que va de 1993 un superávit operativo de 1.000 millones. En una operación equivalente a la malversación de los fondos públicos, Cavallo se quedó con todos estos 5.000 millones del sistema previsional, los que fueron utilizados para otros fines, fundamentalmente el pago de los intereses de la deuda. Ahora el gobierno pretende utilizar este enorme fondo para financiar el déficit de las Cajas del Estado que provocará la “jubilación privada”, al quedarse ésta con los aportes personales que hoy realizan los trabajadores, así como para poder reducir los actuales aportes previsionales de la patronal. Cavallo les prometió a los capitalistas bajar a la mitad el actual aporte previsional patronal del 16 % y eliminarlo por completo a mediano plazo. A los trabajadores, en cambio, se les elevará el descuento jubilatorio del 10 al 11% y se elevará en 5 años la edad para jubilarse ... Como consecuencia de la “jubilación privada”, las Cajas oficiales dejarán de percibir ese 11% , el cual pasará a engrosar las arcas de las administradoras privadas. Cavallo ha rematado el patrimonio público y ha sustraído una parte de los impuestos provinciales para financiar el negocio jubilatorio de los banqueros y capitalistas. En lugar de aumentar el haber de los jubilados, las Cajas vuelven a ser vaciadas ... esta vez no por parte de la “jubilación estatal”, como en los últimos cincuenta años, sino por la privada, algo que debería ocupar el próximo medio siglo. La clase capitalista está urgida para que se apruebe la reforma previsional precisamente por el fenomenal negocio que significa. “Sólo aprobada la reforma pueden contenerse las demandas por mayores haberes mínimos, ya que queda de manifiesto la necesidad de hacer caja para cubrir el bache fiscal durante la transición” (a la jubilación privada), exigió Juan Luis Bour, un escriba de la gran patronal (El Economista, 20/8). En síntesis, los explotadores plantean este régimen de déficit permanente para las Cajas oficiales, para poder justificar de este modo que los haberes jubilatorios continúen en el nivel de miseria. La burocracia sindical, incluida la del CTA, hace la vista gorda, porque está metida a fondo en todo este negocio, a través de administradoras privadas propias (AFJP) o asociadas a los bancos. La Ctera de Mary Sánchez está en activas negociaciones para formar una Administradora privada con la administradora Magister de Chile. Zanola ha dicho que “es muy posible” que forme una Administradora (El Cronista, 23/8) y un rotundo “sí” a formar una AFJP manifestó Valle, burócrata del Seguro. La contracara de este negociado son los 5 años más que habrá que esperar para acceder a la jubilación, el mayor descuento jubilatorio, las jubilaciones futuras de miseria y la“ cadena perpetua” a la que se ha condenado a la mayoría de los jubilados que cobra 150 pesos.

Posadas, 24 de julio de 1993 En Página 12 de hoy se publica la intervención de Jorge Altamira en la cumbre izquierdista en Cuba. Lamentablemente lo que Altamira le dijo a Castro, sobre democracia, y la cortante respuesta de FIDEL, que sonó como un duro latigazo para el argentino: “¡No estamos mejorando el socialismo, estamos intentando sobrevivir!” Le pregunto al Partido Obrero, ¿qué fue a hacer Altamira a Cuba? ¿Acaso era delegado de Menem? Después de esto, contesto a Tano: por lo sucedido en Cuba, entre Altamira y Castro, retiro mi propuesta de “apoyar al Partido Comunista”, porque mi intención no era alevosa, sino de integración de la izquierda ya que el caudal electoral del P.C. se integra con elementos que no se deben desaprovechar. Y ahora la cosa es con Luis Oviedo En página entera de Prensa Obrera del 6 de julio, Oviedo hace largos y catastróficos comentarios sobre China; todas sus referencias las extrae de periódicos imperialistas: Financial Times, Newsweek, Wall Street Journal y otros; y me pregunto, ¿qué quiere Oviedo con toda esa publicación? Porque meterse con China ... Francamente Oviedo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio! ¡Qué digo la viga, se tropezó con un aserradero! Le será más provechoso leer “Una invasión sin precedentes”, de Jack London (1976). Algunos parlamentarios radicales estuvieron más diplomáticos que algunos otros políticos. Cuando se es agradecido, también se es respetuoso. San Isidro.

El día 2/8, el diario “Ambito Financiero” reprodujo un artículo publicado en el “Miami Herald” de Estados Unidos y también en la revista “Newsweek” de esa semana. La información asevera que, luego de una larga investigación, se comprobó que uno de los compañeros muertos durante los hechos de La Tablada, Roberto Vital Gaguine, fue responsable de un atentado a Eden Pastora. El día 5/8, algunos programas periodísticos de radio y TV trataron el tema y el lunes 9 de agosto en “El Cronista Comercial” y con la firma del periodista Mario Baizán se amplían las imputaciones calumniosas contra el Movimiento Todos por la Patria, tratando de involucrarlo en el atentado contra Eden Pastora y otras actividades ilegales. Queremos desmentir todas estas imputaciones mal intencionadas, impulsadas por sectores de EE.UU. que pretenden blanquear así las actividades de la CIA, de nefastas consecuencias para todos los latinoamericanos; es, claramente, una nueva maniobra, como las tantas que se hicieron desde el 23 de enero de 1989 para generar más confusión. De niguna manera la persona que figura en la supuesta denuncia ha estado relacionada con el MTP. Nuestro compañero Roberto Vital Gaguine se incorporó al MTP en diciembre de 1986, después de regresar de un exilio forzado de varios años en Inglaterra, por haber participado en el PRT durante la década de los ‘70. Luego de su incorporación, realizó actividades políticas de difusión y propaganda de la propuesta del Movimiento. Como lo dije en mi declaración, durante los hechos de La Tablada lo vi cuando se derrumbaba incendiado el techo de la Compañía B. Yo me dirigí a una ventana para saltar y él —junto a Juan Manuel Murúa— recorría unos metros hasta la sala de armas para guarecerse allí. Pero pocos minutos después, ésta comenzó a explotar. Afirmamos que esto es parte de la campaña en nuestra contra. Así como el llamado periodista Juan José Salinas lanza acusaciones sobre el compañero Enrique Gorriarán —que perseguido y proscripto no puede defenderse públicamente— en este caso se utiliza un compañero muerto para cubrirlo de infamia. Todas estas cosas no son casuales. Estas supuestas investigaciones buscan, con la anuencia del gobierno argentino, dificultar el ingreso del recurso presentado por los presos y nuestros abogados defensores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que funciona en Washington. Allí se demuestran las aberraciones jurídicas a que fuimos sometidos y las violaciones a los derechos humanos cometidas contra nosotros, que incluyen hasta la desaparición forzada de personas, como en los tiempos más duros de la última dictadura militar. Al vincularnos con el atentado contra Eden Pastora se nos pretende involucrar en un hecho en el que, además, murieron periodistas; para que la supuesta noticia tenga repercusión en la prensa, justo en el momento en que la campaña por la Amnistía de los Presos Políticos —impulsada por una serie de personalidades del país y del exterior— va cobrando cada día más importancia por las adhesiones que recibe. Además, esta campaña intenta crear interrogantes sobre nuestro compromiso de participación como organización política legal. Nunca fuimos ilegalizados y nuestra actividad ha sido y es clara. No tenemos nada que esconder a nuestro pueblo y reafirmamos día a día nuestro compromiso con la lucha política que permita hacer de esta democracia una herramienta para alcanzar la justicia social y la independencia nacional; en definitiva, una sociedad solidaria. Quiero agregar que, luego de escuchar el 6/8 la entrevista realizada por el periodista Santo Biasatti al periodista norteamericano Douglas Vaughan, queda más clara la maniobra. El periodista norteamericano, cuando le preguntaron el origen de los datos utilizados para la identificación de Roberto Vital Gaguine, contestó que fue un exiliado argentino en Francia, del cual no podía dar el nombre; dejó así un margen de duda. Podemos afirmar que ese supuesto exiliado argentino es Jorge Ricardo Masetti (hijo) que se fue de Cuba para trabajar con la CIA en la campaña anticubana. Esto no lo quiso decir Douglas Vaughan porque quedarían en claro sus intenciones.

El nuevo embajador yanqui, James Cheek, todavía con un pie en la escalinata del avión que lo desembarcó en Buenos Aires, largó la frase que ha convertido en el látigo con que el imperialismo yanqui defiende sus negocios y negociados en Argentina: falta seguridad jurídica. Para que no quedaran dudas, Cheek recordó “que sus empresas (las norteamericanas) fueron postergadas de las privatizaciones por la europeas y el interés de su país en las patentes medicinales” (La Nación, 13/8/93). En forma simultánea, Aeroposta, una empresa norteamericana, suspendió los vuelos con Argentina y dejó varados en Miami a unos 800 pasajeros. Razones: “falta de seguridad jurídica”. La empresa yanqui acusó al gobierno argentino de pretender limitar por decreto el uso de los vuelos “charters”, una rectificación que beneficia a la “europea” Aerolíneas Argentinas, en manos de Iberia. La norteamericana Aeroposta vendía el pasaje a Miami a 600 dólares mientras Aerolíneas lo hacía a 900 dólares. La “privatización” de los aeropuertos se anuncia como el próximo conflicto. El decreto del caso, confeccionado por Cavallo, fue pensado por Camilión, ministro de Defensa, porque “se metía en su quinta” (La Nación, 18/8/93). El choque pasó al arbitraje del Banco Mundial, que deberá elevar una propuesta de “privatización”. La seguridad jurídica que reclama el imperialismo significa también la completa subordinación de las leyes argentinas a los Tribunales internacionales. La Corte Suprema (menemista) ya ha sentado jurisprudencia en la materia al rechazar, recientemente, un recurso contra una decisión del tribunal arbitral internacional de Salto Grande. “En otras palabras, los jueces argentinos no pueden revisar las decisiones de los tribunales arbitrales internacionales” (La Nación, 13/8/93). La falta de seguridad jurídica también la reclaman los radicales y el centroizquierda, pero es la muletilla del imperialismo para asegurarse la completa colonización del país.

Corrientes 1785 2º “C” Capital Buenos Aires, 9 de agosto de 1993 Por la presente invitamos a Uds. a la Peña por la Amnistía que esta Comisión llevará a cabo el próximo viernes 20 del corriente a las 20,30 horas, en Sarandí 781 de esta Capital. Entendiendo que el compromiso con los 25 presos políticos argentinos es patrimonio del campo popular, estamos seguros que contaremos con la presencia militante de ustedes. Fraternalmente

La renuncia de Gustavo Beliz, el inquisidor de las persecuciones ideológicas, puso al desnudo la existencia de un plan oficial para corromper a diputados de la Nación, con el objetivo de viabilizar el pasaje de la reforma constitucional en el Congreso. Esto permite entender mejor la disputa sobre si los dos tercios necesarios para declarar la necesidad de la reforma, deben computarse sobre el total de las Cámaras o sólo de los presentes. Con algunas decenas de miles de dólares, en la Casa Rosada se trama provocar la “ausencia” de diputados opositores al proyecto, al estilo de lo efectuado en Corrientes, o recientemente en el Concejo Deliberante de Buenos Aires para aprobar “excepciones” en favor de algunos proyectos inmobiliarios. Beliz echó el fardo de la responsabilidad en Eduardo Bauzá y en Carlos Corach, pero esto es lo mismo que decir que el autor del plan es Carlos Menem. Después de todo, el “jefe” lo echó a Beliz y no a los acusados de las maniobras delictivas. La prensa en general y los radicales en particular guardan un manto de “pudor” sobre el meollo del asunto y fingen que la responsabilidad es de los “operadores marginales” —lo que demuestra que la prensa y los radicales son unos sinvergüenzas. Para esta gente no importa que Menem sea el “jefe” de la patota, porque les interesa preservar al “jefe” del “plan Cavallo”, de las “privatizaciones” y del pago de la deuda externa, y al responsable de los dos millones y medio de desocupados. Sin el “plan Cavallo”, dice por una vez acertadamente Van der Kooy de Clarín, el menemismo tiene los “pies de barro”. La renuncia de Beliz sacó también a flote la reciente crisis por el fraude en las internas justicialistas de Córdoba, y la posibilidad, entonces, de fraudes en las próximas elecciones nacionales, como ya ocurriera en Avellaneda y Santiago del Estero en las pasadas. En una palabra, para imponer la reelección, la Casa Rosada está dispuesta a recorrer todo el camino necesario de la corruptela y la adulteración hasta el final. La renuncia de Beliz también sirvió para sacar a la superficie la “fina” trama que estaba tejiendo el radicalismo con el gobierno para sacar una reforma constitucional “por consenso” —y salvar así, de paso, al “plan Cavallo”. Pocas horas antes de la renuncia, De la Rúa cometió la “imprudencia” de anunciar su apoyo a la “reforma política” preparada por Beliz para la Capital —parte de un paquete mayor. La renuncia también sirvió para completar el “identikit” de los que organizaron los atentados y amenazas de las últimas semanas, pues el ex ministro responsabilizó de esto, directamente, a Bauzá —es decir a Menem. ¡Por boca de un ministro (bendecido por la Iglesia, por si fuera poco) la opinión pública se entera oficialmente que el presidente del país dirige una banda conspirativa contra la tranquilidad ciudadana y las libertades públicas! Ahora los radicales felicitan a Beliz, pero evitan con todo cuidado sacar las conclusiones más elementales del caso y plantear el juicio político a Menem. La UCR será cómplice de la patota entreguista hasta el final. La crisis no es, por cierto, “puramente” política. Se corta con un cuchillo el clima de tensión social brutal que vive el país y la convicción de que el gobierno está sentado sobre un “plan económico” que no funciona más. Ha reaparecido la crisis fiscal, un “rojo” de más de mil millones de dólares, que Cavallo quiere financiar entregando los aportes jubilatorios a los saqueadores. Hay que sacar todas las conclusiones de la crisis. El responsable es Menem: fuera Menem. El “plan Cavallo” es la expresión misma de la miseria social: fuera Cavallo y su plan. El pueblo trabajador ha llegado hasta el final, y hasta más allá, en su experiencia definitiva con el peronismo: abajo los partidos patronales y su Estado, por un gobierno de trabajadores.

El fracaso de la jubilación privada chilena cuenta ahora con nuevas evidencias a partir de los datos que expertos chilenos divulgaron estos días en Buenos Aires, en oportunidad de un Seminario de la Unión Industrial sobre el régimen de jubilación privada. “Sobre un cálculo de seis millones de personas en actividad, hay dos millones de trabajadores autónomos que no están integrados al sistema, mientras que entre los cuatro millones restantes se registraron niveles de mora en la efectivización de los aportes que llegaron a picos del 50%” (El Cronista, 20/8). La “mora” es naturalmente de los patrones que se quedan con los aportes de los trabajadores, lo que en definitiva provocará que el trabajador pierda la jubilación, ya que la Caja privada no se hace responsable por la evasión patronal. Agreguemos que la jubilación mínima en Chile es de 75 pesos mensuales y que “si a los 75 años la persona sigue viva, pasa a depender de una pensión asistencial que entrega el Estado y que generalmente no llega a los 50 dólares mensuales” (Ambito, 11/8). No hace falta agregar más nada. ra de Zamora. El 4 de agosto, el periódico del MST publicó dicho programa con un error de imprenta que omitía la introducción. Sin mayor demora, la dirección del Mas tomó la publicación errónea para acusar a toda página al Frente MST-PO de tener “un programa vergonzoso”. Pero el que no tiene vergüenza es el autor de esa calumnia (Ramón Luna). Como el programa mutilado no tenía ninguna claúsula que pudiera ser objeto de crítica por el Mas, el sin vergüenza Luna afirma que el programa del FIT sería revelador por “lo que no dice” , es decir que él sabe que hay algo que falta, lo que sólo podía ocurrir porque Luna sabe que formaba parte del programa que habían aprobado los tres partidos. De modo que el sin vergüenza arma su “crítica” sobre la base de negarle a los lectores la información completa, incluido el acuerdo del Mas con ese programa. En un acto de auténtica delincuencia política, el sin vergüenza utiliza su propio hurto de información para concluir que la ausencia de los planteos que él sabe estaban (y siguen estando) en la intraducción “plantea de manera elocuente las razones por las que no fue posible una alianza electoral del Mas con esas organizaciones”. Pero esto es falso, porque el Mas aprobó con el MST y el PO el programa con la introducción incluida, y luego rompió a pesar de su acuerdo con las ideas programáticas.

Mendoza, 1º de agosto de 1993 Esta es la realidad en lo que a salud se refiere en la provincia de Mendoza: a pesar de la pandemia del SIDA, el hospital más grande y de más alta complejidad de todo Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis) y hasta de La Rioja (porque desde la provincia de la beduina excelencia del Sr. Presidente, llegan pacientes), no cuenta con reactivos para detectar el SIDA, ni material descartable (no material de alta complejidad, sino jeringas y agujas); los medicamentos comprados por licitación no cumplen con los requisitos mínimos. Hay que dar tres comprimidos de un antibiótico porque no tienen ni un tercio del principio activo que deberían tener (¿quién se cortó la axila metiendo la mano en la lata de las licitaciones?). El tétanos en Mendoza no existe y si existe no importa, porque vacuna no hay. Sr: ¿Usted se fracturó y es sábado? O paga la radiografía que oscila de 7 a 23 pesos, dependiendo del tamaño, o se las aguanta hasta el lunes, para que el servicio social se la autorice sin cargo. (El servicio social atiende de Lunes a Viernes de 8 a 14 hs). Tampoco hay reactivos para detectar chagas, hepatitis, etc. Y menos vacuna contra hepatitis “B”. (Ni para el personal del hospital, que es el más expuesto). En la guardia no hay elementos mínimos e indispensables, para una atención de urgencia. Los hilos de sutura están vencidos desde 3, 4, 5 y 6 años atrás, y son elementos que no se pueden volver a esterilizar. Los guantes son conocidos por una foto que nos mostraron alguna vez. Si tiene que hacerse un análisis de urgencia, debe abonar entre 2 y 8 pesos; ¡o muérase en otro lado! Y si la guardia funciona es porque algunos todavía creemos que la salud es para todos. ¿Se va a atender por consultorio externo? ¿Lleva de 2 a 5 pesos? (porque el precio depende de la especialidad). Si no los tiene, no pierda tiempo porque no lo van a atender. Esta es la salud de la patria capitalista de Menem, Cavallo, Bordón, Gabrielli, y del resto de la banda que se llena los bolsillos bajo las órdenes del país del norte.

Las denuncias del ex ministro Beliz acerca de la existencia de un plan de corrupción de diputados nacionales para conseguir la declaración de la necesidad de la Reforma de la Constitución, implican en forma directa al presidente de la República, lo cual habilita de sobra para que se inicie el procedimiento dirigido a su enjuiciamiento político. El régimen de gobierno por decreto, así como la vigencia de un sistema de confiscación económica de los sectores populares y de entrega del país, a partir de disposiciones arbitrarias del Poder Ejecutivo, configuran un cuadro de dictadura civil que, con la renuncia de Beliz, ha entrado en una fase de franca descomposición. El Congreso nacional y todos los partidos que lo integran están dando de nuevo la espalda a esta realidad, en otra manifestación de complicidad con la corrupción irreversible del actual régimen político.

Duhalde está empeñado en crear la ilusión política de que su gobierno es programáticamente distinto al de Menem. Vaya por caso su interés en presentar en las internas del PJ a RouSsellot como un “adversario” identificado con el menemismo; su enfrentamiento con los pulpos del servicio eléctrico, la conformación de la lista de diputados del PJ con Alende y Brunelli, es decir con los defensores del “mercado interno”, o su demagogia en el tema de los trabajadores sin vivienda. Se trata naturalmente, de una estafa. Duhalde es el régimen del “decretazo” y de la violación de la Constitución provincial. Ha derogado de hecho el sistema de licitaciones públicas por los contratos directos de obras públicas (la madre de todas las estafas), apenas controlados por una comisión de carácter consultivo, facultada sólo a un “control posterior ... una vez concluido el contrato y finalizadas las actuaciones” (Clarín, 2/12/92). El llamado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que maneja un presupuesto anual de 450 millones de dólares (10% del impuesto a las ganancias), es así un coto cerrado de los negociados de la camarilla, como se reveló en el escándalo del viaje de fin de curso ‘92 de escuelas carenciadas del conurbano bonaerense, en cuyo listado de participantes se hicieron figurar “escuelas que se hallan en fase de construcción ... o no existen”, o padrones deliberadamente inflados. El propio Carpinetti, en ese entonces presidente del Fondo, reconoció a La Nación que la cantidad de alumnos fue “dibujada” y que no podía “poner las manos en el fuego si alguien se llevó una cometa del dos o tres por ciento” (6/4). El sobreprecio pagado por los “Días Felices” (así se llamó el programa) se estima en 3.000.000 de dólares. El caso más flagrante de violaciones legales, políticas y constitucionales, por parte de Duhalde, fue la transferencia al Estado de la deuda fraudulenta de la Central Piedrabuena —1.350 millones de dólares—, que se impuso ignorando la votación adversa en la Legislatura, donde no se obtuvo el 66% de los votos requeridos. Pero también debe apuntarse la compra de equipos de comunicación para la policía por 103 millones de dólares en favor de Alcatel/Sofremi (la misma que trató de armar el “negocio” de los DNI con Mera Figueroa) cuando por la denuncia de uno de los pulpos desplazados (Motorola) no se necesitaría una inversión superior a los 400.000 dólares (La Nación, 14/7). El estatismo de Duhalde Los propagandistas de Duhalde pretenden que es diferente a los “privatizadores” menemistas e invocan que “el gasto público será este año el doble del de 1990, mientras ... no se han privatizado empresas estatales (ni Eseba, ni Obras Sanitarias, ni puertos, ni casinos ... )”(Ambito, 17/6). Pero Duhalde, como vicepresidente y cabeza del Senado, fue un impulsor decidido de las “privatizaciones” consumadas en el país. ¿Cambió? No, simplemente cambió el maquillaje. Mientras beneficia con el “gasto público”, a los grandes pulpos contratistas, prepara de común acuerdo con ellos la “privatización”. La estatización de los 1.350 millones de dólares de deuda por la construcción de la Central Piedrabuena equivalen al 25% del presupuesto anual, y se llegó a esa cifra por “una modalidad de contratación original (por la que) esta obra nunca tuvo precio fijo”, aunque Guadagni (ministro de Cafiero), había reconocido que “un grupo ganó la licitación en 295 millones” (La Nación, 12/7/90). La estatizada “deuda” por Piedrabuena más que duplica la estimación del costo de una usina termoeléctrica de punta (600 millones de dólares). El gobierno está absorbiendo a través de Eseba las sociedades y cooperativas eléctricas de cada zona (muchas de las cuales están en situación de quiebra por sus deudas impositivas y previsionales) lo que revela, según la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) “la intención de Eseba de monopolizar el servicio para luego privatizarlo” (Página 12, 6/7), pero que ya ha comenzado con el despido de trabajadores. El gobierno Duhalde también hizo aprobar por ley la consolidación de deudas con los proveedores del Estado, mediante la emisión de bonos por 600 millones de dólares, en pesos o dólares “con más intereses compensatorios y exento de tributos” y cotizable en todas las bolsas. Un gobierno oligárquico Duhalde es el gobierno de los terratenientes, con quienes selló una alianza de entrada incorporándolos a las listas del PJ en 1990. Como fruto de este acuerdo, el impuesto inmobiliario quedó congelado desde esa fecha y a principios de este año se pactó “una disminución entre el 2 y el 14%, correspondiendo el máximo a las propiedades de mayor valuación fiscal, por reducción de la progresividad” (La Nación, 21/1/93). El propio ministro de Economía reconoció que el 35% de los propietarios empadronados no abona el inmobiliario y un 30% del total no está registrado, lo que da una evasión consentida del orden del 50%. Además, los terratenientes “licúan” el inmobiliario acogiéndose al régimen de rebaja por menor aptitud de suelo, contra la sola presentación de un “estudio”. Duhalde lanzó una línea de créditos del Banco Provincia a tasas preferenciales para refinanciar las deudas bancarias de los productores por las inundaciones. Pero esto beneficia a los terratenientes, que gozan de crédito bancario, no a los pequeños, fuertemente endeudados con cooperativas, acopiadores y vendedores de insumos. En la carrera por las prebendas del gobierno se anotaron grandes propietarios que no vieron caer una gota en sus campos y que sin embargo reclamaron ser parte de las “zonas de emergencia”. (Los satélites climatológicos en uso no distinguen inundaciones en predios menores). Las víctimas y beneficiarios del operativo “inundaciones” están a la vista. La oligarquía se ha lanzado a la compra de campos inundados a la cuarta parte de su valor. Pero la teta de las inundaciones ha dado aún para más, porque Duhalde acaba de anunciar un congelamiento salarial hasta fin de año con el pretexto de “las fuertes erogaciones” producidas por las inundaciones en la provincia. Duhalde, un Estado policial El gobierno Duhalde está cimentando un monstruoso Estado policial, que se expresa en el reforzamiento del aparato represivo, en la impunidad de la “maffia” policial y en la preparación de un andamiaje “legal” que apunta a prolongar los tiempos de detención de las personas (reforma al Código de Procedimientos Penal). Los pobladores de Budge o los trabajadores del Astillero de Ensenada; los alumnos que sufrieron “persecución ideológica”; los asesinatos impunes de jóvenes en el conurbano, Chivilcoy y Gonnet, son un testimonio del Estado policial y ha dado lugar a “marchas del silencio” u otras manifestaciones de repudio. Duhalde, ya como vicepresidente, había “indultado” a los asesinos del dirigente peronista Miguel Gil, ocurrido en 1975 a manos de la Triple A. Duhalde indultó a Sffaeir y esposa y antes Menem a Domingo López, todos ellos de Chacabuco, y este último uno de los “constructores” de la Liga Federal. El ex comisario Patti revista como asesor de seguridad del gobierno provincial. Según los propios datos oficiales, la seguridad se llevó el 12% del gasto público provincial contra, por ejemplo, el 17.5% de Salud Pública y Acción Social en el ‘92. En el ‘93 el 12% será largamente superado. Lo significativo, sim embargo, es que la policía no aparece cuando se trata de cubrir la seguridad de los trabajadores sino para reprimirlos, a la vez que los capitalistas tienen perfectamente armada su propia red de seguridad, con una policía paralela que cuida sus fábricas, sus “countries” o sus barrios (y que actúa con absoluta impunidad). Los misterios del Banco Provincia Una de las claves del dominio político de Duhalde es el control del Banco Provincia. Al comienzo, colocó en el directorio, (junto a sus hombres) a Merbilhaa (Carbap) “quien a su vez representa a la UCR de la provincia” (Clarín, 12/6) y a Juan Ramón Nazar (CGE). Este directorio acaba de renunciar y Duhalde anunció la incorporación de representantes de la SRA, CRA, y FAA, junto a “otros” del empresariado. Como se ve, la caja está en manos de los saqueadores capitalistas. En diciembre del ‘87, el Banco Provincia tenía una deuda externa de 1.450 millones de dólares. ¿Qué hizo Duhalde? La refinanció por bonos de EE.UU., a 12 años con una tasa flotante (Página 12, 24/11/91); sobre el resto se está aún negociando (en secreto) una refinanciación con 26 bancos acreedores. Según el presidente del Banco Provincia, existe una deuda del Estado provincial (cuyo carácter no precisa) que “hemos logrado renegociar (la deuda) bajándola en más de 1.000 millones de dólares” (¿sobre cuánto?), es decir, que los bancos le habrían perdonado un 70%, lo que es una clara mentira, más una deuda con el Banco Central (¿del Banco?) que “estamos pagando” (ídem) y cuyo monto tampoco se conoce. A esto debe sumarse la deuda de Eseba, “en un monto de 1.300 millones de dólares”, y la morosidad en la devolución de los créditos otorgados por el Banco (Sebastiani, candidato a diputado por la lista de Duhalde, tiene una deuda de 70.000 dólares). En una palabra, que se abran los libros del Banco, ya que, negociados aparte, todo indica que está en quiebra. El Banco Provincia y la política impositiva forman el corazón de la alianza de Duhalde con los terratenientes, los industriales y los banqueros internacionales. Entre 1991 y 1992, de todos los impuestos específicos de la provincia, creció en un 70% (768 a 1.255 millones de dólares) sólo ingresos brutos (Clarín, 15/6/92), lo que se logró aumentando los mínimos, “que en el caso del comercio pasan de 30 a 42 pesos por mes y en industria de 17 a 25” (ídem), pero congelando la tasa a los pulpos grandes. Un capítulo de crisis es la relación de la provincia con las comunas, a las que no se les envían más adelantos a cuenta de la coparticipación, que alcanza un 15% del presupuesto provincial y que las comunas resuelven por la vía del impuestazo (tasa vial). Sacáte el antifaz En una palabra: “Duhalde es Menem”. Es el régimen del “decretazo”, del congelamiento salarial, del pago de la deuda fraudulenta por la central Piedrabuena, del endeudamiento en cifras desconocidas del Provincia, de la corrupción. A la luz de lo visto resulta claro que hay que: 1. Anular la estatización de la deuda (fraudulenta); enjuiciar al Ejecutivo por truchar el presupuesto provincial, investigar la deuda y a sus responsables; abrir las cuentas de los funcionarios corruptos y sus socios capitalistas. Rechazar la privatización de Eseba, de la cual forma parte el “arreglo” Piedrabuena. 2. Impulsar la organización popular contra el Estado policial; depurar a la policía; municipalizar su función; sustituir a la policía por una milicia civil bajo control popular. 3. Abrir las cuentas del Banco Provincia; conocer su endeudamiento y su origen; investigación de la deuda de Eseba; confiscación de todos los grandes empresarios y terratenientes morosos con el Banco, condonación de deudas al chacarero pequeño. 4. Fuera la confiscación impositiva: impuestos progresivos y confiscatorios a la tierra, a las grandes fortunas y a los beneficios capitalistas. 5. Tierra y vivienda para los sin techo, confiscación de suelos baldíos y grandes extensiones urbanas para dar paso a entrega de terrenos escriturados, créditos accesibles para la vivienda y obras públicas en los barrios. 6. En el conurbano se concentra la mitad de los 2.500.000 desocupados de todo el país y es el lugar donde se ha producido el mayor aumento del desempleo. Plan de obras públicas y de viviendas bajo control de los trabajadores, financiado con un impuesto de emergencia al gran capital.

El día 2 de julio se movilizaron a Varela contra el espionaje ideológico 150 alumnos del Comercial Nº1, a pesar de los intentos de las autoridades del colegio de no permitir la concurrencia, intimidando, cerrando las puertas del establecimiento y poniendo falta a los chicos que asistieron. Esto fue logrado por la actuación de destacados activistas que defendían la libertad de decisión para repudiar el espionaje y la represión a la juventud. Mientras Menem y Beliz promueven la persecución y el espionaje, Bossi, director del Comercial (fue uno de los primeros en privatizar la educación en Varela) la aplica. Negando la reincorporación de un destacado activista, pretendiendo dejarlo libre en forma antirreglamentaria. Sancionando en forma arbitraria. Amenazando con la expulsión a chicos de primer año si no pintaban el aula. La respuesta no se hizo esperar, se debatía sobre esto fuera y dentro del colegio, se hicieron firmar petitorios en los tres turnos, y se venía preparando una sentada por la reincorporación del compañero. Ante la firme actitud del estudiantado, Bossi tuvo que retroceder y se logró que el compañero siguiera en el colegio. Fue un triunfo. De aquí en más las tareas planteadas son la elección de delegados en todos los turnos, asambleas para organizar el centro de estudiantes independiente de las autoridades. Por la educación libre, gratuita y laica. Contra toda regimentación y medida arbitraria. Más que nunca a organizarse, manos a la obra. Mónica

El déficit de la ciudad de Buenos Aires ascendía a fines del año pasado a la cifra de 1.000 millones de dólares, como consecuencia de los diferentes desfalcos que se perpetraron y se continuarán perpetrando con los contratos con los servicios privatizados o concesionados de la comuna. Nadie sabe los términos en que el intendente Bouer está renegociando los contratos, ni los “arreglos” extrajudiciales que se habrían alcanzado con los Macri, Roggio y Cía. Un sospechoso incendio en el despacho del Intendente y en la Secretaría de Asuntos Legales habría borrado gran parte de los documentos que inculpan a Grosso en estos negociados. Para hacer frente a este déficit, el gobierno menemista viene intentando a toda costa aumentar los impuestos, fuera del enorme recorte de gastos sociales, en particular para salud y educación, y el despido de miles de trabajadores. El nuevo “Pacto Fiscal” autoriza a elevar la valuación fiscal de las propiedades del 65 al 80%, sin necesidad de que sea refrendado por el Concejo Deliberante. Esto, sumado a otras maniobras, amenaza con elevar los impuestos y tasas en el orden del 100 al 500%. Frente a esta amenaza, la UCR ha declarado que hará “un exhaustivo seguimiento del sistema tributario municipal” (La Nación, 19/8). Para la UCR, la forma de afrontar el déficit provocado por los ruinosos contratos de concesión, es “encarando la única solución cierta, la emisión de bonos de consolidación de deuda a largo plazo”, por parte del gobierno nacional. Esto significa que avala la deuda usurera de los Macri y propone endeudar al conjunto del pueblo para pagarla. Tampoco Rico o el Frente Grande plantean el desconocimiento de los contratos fraudulentos, haciéndose cómplices del saqueo a los vecinos.

¿Aldo Rico ya fue comprado por el menemismo o simplemente se ha puesto en la fila para recibir el sobre correspondiente? Lo cierto es que el Modin es uno de los partidos que ya se ha pronunciado por la Reforma de la Constitución y por la posibilidad de la reelección presidencial para Menem. “No podemos oponernos a la Reforma, tampoco nos oponemos a la reelección del Presidente”, le declararon a “La Nación” (24/8/93) Emilio Morello y Luis Saavedra, secretarios general y de prensa del partido riquista. El diputado nacional, Orlando Gallo, un ex juez, afirmó “que el Modin no tendría inconvenientes en dar su apoyo (al) proyecto reformista”. Suspicaz, “La Nación” señala que una duplicación de la bancada de diputados del Modin luego del 3 de octubre, “resultaría más que atractivo a los ojos del menemismo a la hora de sumar los votos necesarios para declarar la necesidad de la reforma constitucional”. El apoyo a la posibilidad de la reelección inmediata de Menem, delata sin contrastes al Modin, como un grupo de aventureros políticos, dispuestos a pasarse al imperialismo a la menor ocasión. La simple obtención de la posibilidad de reelección inmediata del presidente significaría una enorme victoria política para la mafia de los entregadores del patrimonio nacional y una visa segura para otro período de gobierno, esto a partir del poder de corrupción con que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional. Aldo Rico, nada afecto a las elaboraciones intelectuales, ahora ha elegido meterse en disquisiciones jurídicas para justificar el apoyo a una reforma constitucional que tiene por objetivo entronizar en el poder a los saqueadores del patrimonio nacional y a los banqueros (protestantes y anglo-sajones) internacionales. La oportunidad para estas manifestaciones del Modin no podía ser mejor elegida, pues es sabido que una campaña electoral exige mucho dinero. Ni podía ser mejor la ocasión para plantear el apoyo a la reelección ahora que es oficial, Beliz mediante, que existe un plan para coimear a los partidos opositores con la finalidad de que se ausenten a la hora de votar la declaración de la necesidad de la Reforma, para permitir así que el oficialismo pueda obtener los dos tercios de los votos de los diputados presentes. Si se tienen en cuenta las divergencias que parecieran existir entre Duhalde y Menem con relación a la reelección de este último, Rico estaría pretendiendo que el riojano lo apoye “generosamente” (es decir con “género”) en la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires, lo que serviría para suplantar al ausente Rousselot como alternativa de Menem. El pasaje de Rico al menemismo descubre la fabulosa estafa que representan nacionalistas de este linaje. El sector de la ciudadanía que, según las encuestas, estaría dispuesto a votar al Modin para salir de la miseria social creada por Menem, debe ser inmediatamente advertido a este respecto, denunciando con pelos y señales que Rico es un menemista trasvestido y también un agente de los entregadores del país.

La semana pasada, el Concejo Deliberante aprobó una “excepción” a las normas del Código de Planeamiento para la parcela 18 que administra la Corporación de Puerto Madero. Detrás de esta “excepción” se esconde un fabuloso negociado. En el mes de mayo, Benito Roggio y otros grupos inmobiliarios compraron dicha parcela por un valor de 5 millones de pesos, pagando 1 millón al contado y el resto en 60 cuotas sin interés. El predio fue tasado de acuerdo a los valores del año 1989 (anterior al boom inmobiliario). Tampoco se tuvo en cuenta los trabajos de urbanización posteriores (cloacas, agua, gas, etc.) realizados por cuenta del Municipio, con financiamiento del Banco Ciudad, mientras “no hay plata” para la urbanización de las villas capitalinas. Pero lo más importante es que cuando Roggio y Cía. compraron el lote, las normas de construcción permitían sólo construir hasta 4 pisos. Una vez consumado el negocio, el intendente Bouer envió un proyecto de ordenanza autorizando una “excepción” hasta 40 pisos, valorizando el predio en 7-8 veces. Roggio y sus amigos ya han anunciado la construcción de un edificio de 120 metros de altura con más de 55.000 m2 de oficinas y toda suerte de chiches. En contra de la opinión de las organizaciones ecologistas, se proyectan construir otras 16 torres que formarían una barrera de cemento entre la población y el río. La “oposición” radical Cuando el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza, la “plana mayor de la Corporación Puerto Madero festejó la sanción con champagne en un paquete restaurante”. El radicalismo “acompañó el proyecto en general” y sólo “votó en contra de la normatividad para las dos parcelas laterales” (Página 12, 7/8). El diario “La Nación” destaca también que el Concejo Deliberante “en 3 oportunidades se reunió con los directivos de la Corporación Puerto Madero sin que los radicales plantearan objeciones contundentes”. Lo más importante es lo que un diario ha llamado el “faltazo radical”. En la sesión del Concejo donde se aprobaron las “excepciones” para construir 18 torres estuvieron ausentes 10 concejales radicales, algo completamente esencial para la aprobación del proyecto. En tanto que se ha denunciado que el patrimonio de la concejal menemista Pérez Suárez, responsable de la llamada “comisión de planeamiento” del Concejo Deliberante y piloto de esta ordenanza “excepcional”, habría crecido vertiginosamente; lo que resta saber es cuánto cobraron los radicales ausentes. (El “faltazo” se ha transformado en un problema político de primer orden, ahora que el menemismo quiere reformar la Constitución a partir, no de los 2/3 de los legisladores, sino sólo de los “presentes”. No en vano Gustavo Beliz aludió a quienes quieren “comprar votos”). El diputado Benedetti de la UCR es uno de los que más publicitó el negociado de Roggio en Puerto Madero. Pero el diario “La Nación” recuerda que en la sesión del 30 de noviembre de 1989, la Comisión de la Vivienda integrada entonces por el actual diputado Benedetti y otros representantes radicales, sacó un despacho que destaca la “conveniencia de flexibilizar las rígidas normas contenidas en el Código de Planeamiento Urbano” y que argumenta en favor de una “excepción” para construir un edificio de 40 pisos en Ortiz de Ocampo al 2600, porque la obra atendería “en forma acertada a los reales valores económicos de la plaza inmobiliaria”. Ahora los vecinos se han movilizado al Concejo Deliberante para que se paralice esa obra que rompe toda norma de urbanismo. Detrás de las “excepciones” inmobiliarias están los suculentos negociados y coimas que “venden” tanto radicales como menemistas.

El pasado sábado 21 se realizó el lanzamiento de la campaña electoral del Frente de la Izquierda y los Trabajadores en Mar del Plata. En el acto intervinieron compañeros del MST y por el PO, el compañero Mamerto Verón, destacado activista del sindicato del pescado. Posteriormente hizo uso de la palabra Jorge Altamira. El acto finalizó con el fervoroso compromiso de toda la concurrencia de salir a luchar a brazo partido por la campaña electoral del FIT.

Buenos Aires, agosto 6 de 1993 Al compañero Secretario General del Partido Obrero De nuestra mayor consideración: La Comisión Administrativa de este Centro Socialista, se suma con toda firmeza a la indignación general que en todos los sectores democráticos del país, ha producido el vandálico atentado soportado en vuestra sede partidaria. No cabe duda que las eternas fuerzas de la regresión y del oscurantismo más abyecto, están siempre listas para socavar y amedrentar a la voluntad libertaria que está y estará presente en todo ciudadano actor (que no sujeto) de ser dueño de su destino. Fraternalmente por la Comisión

Asistieron unos 2.500 obreros. La dirección estaba a favor de la propuesta patronal, pero lo ocultó sumándose a la posición del PCU que la declaró “insuficiente” y una “base de negociación”. Sólo tres oradores (Jorge Mesa, secretario general del Sunca, Ronald Grasside, directivo, y Jara, dirigente de San José, ex- milico y edil suplente pachequista) hablaron a favor de la fórmula y por el levantamiento de la huelga. La prensa hizo una gran campaña presentando a la asamblea como una “aparateada” de los “radicales”, desconociendo que hablaron 52 oradores, algo incompatible en una asamblea “aparateada” . La asamblea ratificó la huelga por aplastante mayoría y lo mismo hizo con la propuesta de Gustavo Páez, miembro del Ejecutivo del Sunca y militante del PT, rechazando la propuesta patronal, porque “la fórmula no contempla las necesidades mínimas de los trabajadores e incorpora la reglamentación sindical, por eso se la rechaza y se espera una propuesta seria de negociación”, a pesar de que los burócratas ex PC y los del PCU mocionaron para que la propuesta patronal fuera declarada “insuficiente”. Luego se pasó a debatir la composición de la delegación a las negociaciones, registrándose un amplio repudio a la burocracia sindical. En un primer momento se votó excluir a Jorge Mesa de la delegación; luego se llegó a otra moción que excluía a todos los negociadores, y finalmente se pasaron a discutir distintas alternativas (que TODAS tenían como denominador común la incorporación del compañero Gustavo Páez). La mesa de la Asamblea (en manos de la burocracia) logró maniobrar para mantener a la vieja delegación, pero incorporando a Páez. En medio de una gran confusión promovida desde la propia mesa, la asamblea se disolvió sin tomar otras resoluciones vitales (extensión de la huelga a los “anexos”, corte de suministros a los carneros, paro de 48 horas del Pit-Cnt, acampada de obreros y sus familias en el centro de Montevideo). El desconocimiento de la Asamblea Inmediatamente después de la asamblea, se desató una campaña desde la prensa, pretendiendo que había sido “patoteada”; que había un sector “radicalizado” que no había dejado hablar a los “sensatos”; que había armas de fuego, y que era una “locura” el rechazo de la fórmula, que los propios dirigentes del Pit-Cnt (y en particular su “asesor” Juan Manuel Rodríguez) calificaban de “recuperación salarial” El lunes 16 se reunió el Comité de Huelga, presidido por el PC (no por “Convocatoria” , ex PC), el cual pretendió que en la asamblea se había considerado “insatisfactoria” o “insuficiente” a la propuesta patronal y que ella era la base para seguir negociando; por otro lado pretendió que en la asamblea se había aprobado un “plan de acción” que rechazaba la extensión de la huelga a los anexos, la “acampada” en el centro, etc; finalmente, los burócratas excluyeron a Gustavo Páez de las reuniones que pretendían reabrir con las cámaras patronales y el Ministerio de Trabajo para continuar negociando la fórmula rechazada. Mientras tanto, “Convocatoria” directamente afirmaba que la asamblea había sido una “locura” y suplicaba que las patronales “mantuvieran la fórmula” para poder preparar una nueva asamblea que levantara la huelga. Esa fue la conducta de la dirección (en sus distintas corrientes) luego de la asamblea. Obviamente, la patronal no realizó ningún movimiento para negociar nada, sino que en ese marco dijo que las obras se abrirían para los que se quisieran reintegrar al trabajo y que mantendrían la fórmula para los que se reintegraran (y para el Sunca hasta el martes 24). De todos modos, la patronal no se jugó a fondo para hacer un llamado el trabajo, temiendo un fracaso rotundo (en Búsqueda, del 19/8, se informa de una asamblea de los Promotores Privados en la cual algunos patrones querían convertir el llamado al trabajo en un “plebiscito”, mientras otros tenían temor de perder ese “plebiscito”, y otros incluso rechazaban abrir las obras, temiendo que éstas fueran ocupadas o que vinieran piquetes desde los fogones, los cuales, según ellos, debían ser disueltos por la policía). En algunas obras se reintegró una minoría de trabajadores, pero en las grandes obras la patronal no se atrevió a ir a fondo (en la terminal de Tres Cruces hubo un llamado a reintegrarse al trabajo, que luego fue “desmentido” por la patronal ante la convocatoria por los ocupantes de la obra a que todos los fogones se concentraran a las 5 de la mañana). Utilizando la camioneta y los fondos del sindicato, la dirección comenzó a trabajar por una nueva asamblea, recolectando firmas (que no llegaron a 300 en un gremio de más de 30.000 trabajadores) y realizando “asambleas” truchas para reclamar la reversión de la decisión del sábado 14 (en Maldonado reunieron a 150 trabajadores, que no votaron nada porque era una “asamblea informativa”). En la prensa, dirigentes como Lirio Rodríguez (presidente del Sunca) o José Luis Santos (secretario departamental de Maldonado) se lanzaron a atacar a la asamblea y en particular al PT, preparando el levantamiento. A esa altura, el PC ya se había pasado con armas y bagajes al levantamiento, y la dirección del Sunca pretendía responsabilizar al PT y a Gustavo Páez por el rechazo a negociar la “fórmula” patronal. Gutiérrez (MLN) se abstenía y el PT, junto a la mayoría de los fogones, eran los sostenedores de la huelga. En esas condiciones la burocracia convocó a la asamblea del domingo 22 en el Cilindro Municipal (un local gigantesco en el que entran más de 10.000 personas), pasando por encima del Comité de Huelga. El viernes 20/8 se reunió el Comité de Huelga por última vez: participaron unos 25 fogones, el PC se retiró y “Convocatoria” no participó. Allí, la posición mayoritaria era continuar la huelga (sólo el fogón “central” —el de la burocracia, que se reúne en el local sindical— y otro más, estaban por levantar): nuevamente el MLN se “abstuvo”. La Asamblea del 22/8 en el Cilindro Municipal Los asambleístas se sentaron en las gradas del estadio; la mesa de la asamblea estaba en la cancha, separada de la asamblea pero un cerco. Los asambleístas (unos 2.000) ocuparon tres sectores (los “fogones” a la izquierda, los que querían levantar a la derecha, en el centro la cosa estaba “repartida”). La asamblea se inició con tres informes: uno de la dirección (por levantar), otro también por levantar y el tercero de Gustavo Páez (por mantener la huelga). Los informes de la burocracia se dedicaron a embellecer la fórmula (que una semana atrás ellos habían declarado “insuficiente”). El informe de Gustavo Páez se centró en la denuncia del sabotaje de la burocracia a las resoluciones de la asamblea del 14/8, y al conjunto de la política de la burocracia contra la huelga desde el inicio. También denunció la fórmula como una rebaja salarial (en el curso del convenio se perderán casi tres sueldos de noviembre/92, a través de ajustes cuatrimestrales que serán del 90% de la inflación oficial) y una descarada intromisión de la patronal en la organización sindical (reglamentación sindical). Páez propuso mantener la huelga; extenderla a los anexos; realizar una acampada en el centro; exigir a los gremios vinculados que cesen de suministrar materiales a los rompehuelgas; exigir al Pit-Cnt un paro inmediato de 48 horas; sacar a la burocracia sindical eligiendo un Comité Ejecutivo provisorio, que junto a los delegados de los fogones dirija la huelga. Ya desde el comienzo de la asamblea se vio que alrededor de un tercio abucheaba a la dirección y aplaudía a Gustavo Páez, mientras que la mayoría (más pasiva) aplaudía a la burocracia cada vez que ésta mencionaba el levantamiento, y un sector abucheaba a Páez. La concurrencia a la Asamblea había sido cuidadosamente preparada por la burocracia del Sunca y del Pit-Cnt que había puesto ómnibus para traer gente desde el interior. Por otra parte, la burocracia del Sunca había recurrido a los sectores más débiles o que directamente estaban carnereando para que fueran a la Asamblea: Lirio Rodríguez fue a CITESA (empresa en la cual los obreros iban a levantar la huelga) a plantearles que aguantaran y fueran a la Asamblea para levantar; en una obra de Malvín, el Canario Píriz fue a decirle a los carneros que si no iban el domingo a levantar la huelga les iba a mandar un piquete el lunes para impedirles trabajar. Estas maniobras, y sobre todo el clima que los propios dirigentes habían generado desde la prensa, las giras recolectando firmas, etc., produjeron la mayoría que levantó la huelga el domingo. De otro lado, el PCU y el MLN estaban ahora por el levantamiento (aunque trabajadores de base de ambos grupos votaban continuar). En la asamblea hablaron menos oradores que en la anterior (unos 30), lo cual no le impidió a la prensa (en particular a la de izquierda) afirmar que “ésta sí” había sido una asamblea “respetuosa”. A las 12.30 se cortó la lista de oradores y se pasó a votar. Las intervenciones por el levantamiento se dividían entre quienes simplemente decían que no se podía más, y quienes defendían la fórmula y en particular a la dirección burocrática. Los que hablaron por mantener la huelga —menos oradores— denunciaban la “entrega” de la dirección y repudiaban la fórmula. El levantamiento fue votado alrededor de dos tercios a un tercio. Previamente, un asambleísta había planteado que se votara por separado el levantamiento y la fórmula, porque pensaba que había trabajadores que no veían la posibilidad de seguir pero que no querían aceptar la reglamentación sindical: esto fue argumentado en contra por la dirección, y resultó minoría. Luego se votaron otras mociones menos importantes y finalmente la dirección quiso votar la exclusión de Gustavo Páez (incorporado en la Asamblea anterior) de la delegación a las negociaciones. Esto en un primer momento se votó afirmativamente, pero un integrante de la dirección (ex-MPP) pidió para argumentar en contra, y utilizó su tiempo para denunciar la “estafa” que había sido esa asamblea, acusó a la dirección de haber “estafado” al gremio, y en seguida saltó la cerca y se pasó a la “barra” de los fogones que gritaban contra la dirección. En ese marco, y en medio de un griterío que crecía, la burocracia retiró la moción “en aras de la unidad”, lo cual no generó ningún aplauso ni detuvo los gritos de “vendidos”, “burócratas”, “nos entregaron” que a esa altura eran imparables. Una moción del MLN convocando al Congreso del Sindicato y luego elecciones, fue desestimada por la mesa, ya que la Asamblea no lo incluía en el orden del día. Un importante grupo de trabajadores se mantenía junto a la cerca que rodea la cancha, gritando contra la dirección (también se arrojaban moneditas y algún otro objeto). Muchos trabajadores lloraban de rabia y algunos que querían golpear a los dirigentes eran retenidos por sus compañeros de fogón. Balance Mientras los que habían sido “arriados” para levantar la huelga se fueron silenciosamente, el grupo que quería mantener la huelga se mantuvo reunido afuera del Cilindro, donde gritaron insultos a los camarógrafos de la TV (que en los días previos había realizado una campaña alevosa contra la huelga y la Asamblea del 14/8). Allí se cantó “se va acabar la burocracia sindical”, pero sobre todo se escuchaban gritos de “nos vendieron”, “traidores”. Al salir la burocracia, fue rodeada por un enorme grupo de huelguistas que los insultaba, escupía, arrojaba moneditas y algún golpe. Lirio Rodríguez y otros fueron seguidos por ese inamistoso “séquito”, hasta que finalmente un burócrata sacó un revólver calibre 22 e hizo 2 tiros al aire. La muchedumbre se abrió un poco, pero no cesó de gritar. Finalmente, los burócratas se subieron a los ómnibus y la camioneta del sindicato y la gente se dispersó en distintos grupos que iba hacia sus fogones (algunos fogones se levantaron recién el lunes 23). A pesar de que la Asamblea rechazó el planteo de retirarlo de la mesa negociadora, Gustavo Páez no firmará el convenio de rebaja salarial ni reglamentación sindical. “Que lo firmen los burócratas que lo cocinaron junto a la patronal y el gobierno”, dijo el dirigente del Sunca cuando lo consultamos en el “Fogón de la Cruz de Carrasco”. “Cuando yo fui designado por la Asamblea del 14, fue sobre la base de repudiar la fórmula y negociar sobre una base seria, que contemplara un aumento del salario y excluyera la cuestión de la reglamentación sindical. Ese mandato yo lo voy a respetar. Yo no voy a avalar la fórmula de la entrega”. Evidentemente la huelga del Sunca ha significado toda una revolución política en el movimiento obrero uruguayo. Se registró el surgimiento de toda una nueva generación de activistas, la mayoría sin mayor experiencia anterior, que ha sostenido la huelga desde los fogones. Esta camada de luchadores ha registrado claramente la existencia de una burocracia sindical y al calor de la lucha política contra la entrega de la huelga ha madurado enormemente. Los activistas de los “fogones”, a pesar de la “calentura” que sentían por la entrega de la huelga, sacaban como balance la necesidad de organizarse para continuar la lucha contra la burocracia. Las conclusiones obviamente van mucho más allá del Sunca. El gremio de la cons-trucción fue tradicionalmente la “fuerza de choque” del stalinismo contra el activismo combativo de los sindicatos, en los años 68-73. Hoy la burocracia en ese gremio está completamente acabada. Los dos disparos que la burocracia sindical debió tirar para “alejar” a los sostenedores de la huelga, re-tratan la descomposición del aparato. Una huelga de 83 días, la huelga más larga de la historia del movimiento obrero uruguayo, que por primera vez se acató en todos los de-partamentos del país, es un signo inequívoco de que comenzó el derrumbe de la burocracia sindical y del surgimiento de una nue-va vanguardia revolucionaria en el movimiento obrero, para la cual el PT es una referencia.

La dirección del Mas ha tomado el hábito, en los últimos tiempos, de falsificar citas y tergiversar textos con el único fin de preservarse como una secta ... en liquidación. Ya puntualizamos esto con relación al reciente Foro de San Pablo, cuando la dirección del Mas puso en boca del PO la afirmación de que dicho Foro era “un acontecimiento de alcance internacional potencialmente revolucionario”, cuando dicha cita corresponde a la caracterización que el PO realizó, no del Foro, sino de la desintegración de la burocracia rusa. Ahora el turno de la falsificación le tocó al programa del Frente de Izquierda del PO-MST y a la posición del Mas con relación al FIT. El programa del FIT es bien conocido por la dirección del Mas, porque fue suscripto por ella misma con todas sus huellas digitales, al cabo de varias semanas de discusiones con el PO y el MST . Prensa Obrera lo publicó íntegramente a mediados de julio (ver PO 396, 15/7/93). A pesar de haber acordado con ese programa, sintetizado en una introducción y 23 puntos, la dirección del Mas rechazó la posibilidad de integrarse al Frente, objetando ex-clu-si-va-men-te la candidatura de Zamora. El 4 de agosto, el periódico del MST publicó dicho programa con un error de imprenta que omitía la introducción. Sin mayor demora, la dirección del Mas tomó la publicación errónea para acusar a toda página al Frente MST-PO de tener “un programa vergonzoso”. Pero el que no tiene vergüenza es el autor de esa calumnia (Ramón Luna). Como el programa mutilado no tenía ninguna claúsula que pudiera ser objeto de crítica por el Mas, el sin vergüenza Luna afirma que el programa del FIT sería revelador por “lo que no dice” , es decir que él sabe que hay algo que falta, lo que sólo podía ocurrir porque Luna sabe que formaba parte del programa que habían aprobado los tres partidos. De modo que el sin vergüenza arma su “crítica” sobre la base de negarle a los lectores la información completa, incluido el acuerdo del Mas con ese programa. En un acto de auténtica delincuencia política, el sin vergüenza utiliza su propio hurto de información para concluir que la ausencia de los planteos que él sabe estaban (y siguen estando) en la intraducción “plantea de manera elocuente las razones por las que no fue posible una alianza electoral del Mas con esas organizaciones”. Pero esto es falso, porque el Mas aprobó con el MST y el PO el programa con la introducción incluida, y luego rompió a pesar de su acuerdo con las ideas programáticas.

Cuando en la Asamblea del 14 de agosto, la burocracia advirtió rápidamente que la inmensa mayoría de los asistentes no se tragaba ni la “fórmula” elaborada entre ella y la patronal, ni el levantamiento de la huelga, resolvió ocultar su posición y “votar” la continuidad de la huelga para salir, inmediatamente después de la Asamblea, a una campaña tan histérica como mentirosa contra la huelga, contra la Asamblea, contra los ”fogones” y, particularmente, contra el Partido de los Trabajadores. Durante toda esa semana, el papel fundamental y decisivo contra la huelga no lo jugaron ni el gobierno ni los patrones, sino la burocracia sindical. Pocas horas después de la Asamblea, las burocracias departamentales del Sunca en el interior se largaban a levantar la huelga por la propia. “Las departamentales de San José, Minas, Maldonado, Paysandú y Mercedes han decidido levantar la huelga” (La República, 19/8). El caso más espectacular se produjo en Fray Bentos, donde “el comité departamental del Sunca ordenó volver al trabajo ... una asamblea revirtió la resolución y votó mantener la huelga (porque) las obras de magnitud no están trabajando” (La Mañana, 17/8). La declaración del Comité de Huelga de Colonia (donde las cinco grandes obras del Banco Hipotecario continuaban paralizadas) —”las huelgas se pueden ganar o perder, nunca entregarlas” (La República, 19/8)— es una violenta denuncia de la política carnera de la burocracia contra los trabajadores del interior. La burocracia se colocó a la cabeza de la campaña de la prensa, superando en su agresividad a los patrones y al gobierno. Los dirigentes del Sunca y del Pit-Cnt ganaban páginas y páginas de todos los diarios difamando a la huelga e insultando al PT. José Curbelo, de la dirección del Pit-Cnt, coincidía plenamente con los patrones y el gobierno en caracterizar a la huelga como “política” (La Mañana, 17/8) y a los huelguistas poco menos que como “idiotas útiles” de los “radicales”. José Luis Santos, de la departamental del Sunca de Maldonado, después de declarar que el 90% de los obreros de la construcción de su departamento estaban trabajando ... y que él “los comprendía”, atacó violentamente a los huelguistas como “patoteros” ... ¡justamente él, un hombre con más de tres décadas de stalinismo sobre sus espaldas! (La República, 19/8). Pero la burocracia, sobre todo, se dedicó a “alimentar” (¡y cómo!) la “usina de rumores” contra la huelga que difundió la prensa patronal. “Voceros del sindicalismo afirmaron que no habrá votos para un nuevo paro general” (Ambito Financiero, 18/8) ... “fuentes sindicales confirmaron que un número importante de trabajadores se han reintegrado a sus puestos” (La República, 18/8)... “un alto dirigente de Aebu (bancarios) afirmó que los tiempos se agotaron” (El Observador, 18/8) ... “fuentes del Pit-Cnt sostienen que no habrá solidaridad de los ‘anexos’ porque la fórmula rechazada superaba en mucho la lograda en otros gremios de la rama” (El País, 17/8) ...etc., etc. “Comentarios” como éstos aparecían por decenas en todos los diarios, siempre “brindados” por dirigentes que reclamaban mantener el anonimato. Así funcionó la “aplanadora sindical” contra la huelga del Sunca, mientras “dirigentes y legisladores de los sectores mayoritarios y moderados del FA plantearon que ‘no se van a admitir desbordes en el conflicto del Sunca’, y les recordaron que ‘el FA, (que) ha tomado distancia de las últimas decisiones del sindicato, es partidario de que se levante la huelga’” (El Observador, 20/8). El “punto final” de la campaña burocrática contra la huelga lo puso el presidente del Sunca, Lirio Rodríguez. Veinticuatro horas antes de la Asamblea amenazó que “se tendría que levantar la huelga, si no ello sucederá por la vía de los hechos el lunes” (La República, 21/8) . Después de ponerle un revólver en la cabeza a cada uno de los huelguistas, fue todavía más claro al amenazar que “(después de la huelga) se va a tener que sacar con un peine muy fino esta coordinadora de los fogones”: la burocracia se apresta a montar, junto con las patronales, una campaña de persecusión del activismo antiburocrático. El stalinismo está muerto; los stalinistas, no.

El incremento abismal de la desocupación le ha cortado la inspiración intelectual a todos los “especialistas” de turno. La razón para ello es muy clara: el desempleo masivo toca la contradicción insuperable del capitalismo —su necesidad de incrementar constantemente la explotación de los trabajadores, lo cual requiere un ejército creciente de desocupados que presione sobre los obreros en actividad; y su tendencia a la sobreproducción de mercancías (y en definitiva de capitales), que no encuentran posibilidad de ser adquiridas por los consumidores finales. La desocupación en masa configura un estadio típicamente final del capitalismo, cuando éste debe finalmente reconocer que no está en condiciones de alimentar a sus esclavos y de reproducir, mediante la esclavización del trabajo, su propio sistema de explotación y de esclavitud. Los “especialistas” de turno sólo pueden analizar el desempleo como un fenómeno cíclico, es decir, episódico o pasajero, pero son impotentes cuando se encuentran ante la desocupación masiva, creciente, “estructural”, que tiene un alcance no sólo nacional, sino internacional. En todos los regímenes de explotación, la incapacidad de los explotadores para alimentar a sus explotados, y por lo tanto para garantizarle el derecho al trabajo, ha abierto un período de revolución social. Después de todo, la “lealtad” del esclavo hacia el esclavista tiene el límite natural de su propia sobrevivencia. Nadie ha reparado en esta constante histórica, y todavía menos la “izquierda”. Para los partidos tipo “Foro de San Pablo”, la desocupación en masa personificaría, no la tendencia a la disolución del capitalismo, sino a la desaparición de la clase obrera. A partir de aquí se imaginan un régimen capitalista compuesto de “excluidos”, como si la convivencia entre el primero y los segundos pudiera adoptar otra forma que la constante rebelión social. El desempleo generalizado pudo representar una amenaza secundaria para los países capitalistas mientras se mantuvo confinado a algunos países atrasados, y aun en ellos con carácter pasajero. Ahora que es internacional y permanente, la situación ha cambiado por completo. Entre octubre del año pasado y mayo del ’93, el desempleo masivo creció un 50% —de un millón doscientos mil a dos millones y medio de personas. ¡Lo que la estadística llama “sub-ocupados” representa a personas que sólo trabajaron una hora por semana! Considerando a las familias involucradas, más de siete millones de personas están afectadas por la desocupación en masa. Los banqueros pueden estar contentos porque sus beneficios no hacen más que crecer, pero la burguesía como conjunto no piensa lo mismo, porque sabe que está amenazado su régimen social. “Esta tendencia positiva, dice un ‘especialista’ de la Harvard International Review (la crema del ‘establishment’ imperialista), con referencia al ‘plan Cavallo’, no va a durar si no es acompañada por una sensible reducción en la pobreza y un clima social pacífico. Argentina se encuentra en una coyuntura crítica” (Verano de 1993). Esto fue dicho antes de conocerse la magnitud de la desocupación. Los dos millones y medio de desocupados constituyen, por otro lado, sólo el comienzo de la historia. El incremento del 50% en la desocupación se ha producido en un período considerado de reactivación, pero ahora se espera la recesión para el último trimestre del año. Sea ésta u otra la manifestación que tendrá la crisis, la tasa de desempleo llegará pronto a superar al 30% de la población activa. Aceros Paraná y Propulsora están preparando despidos masivos para antes de fin de año, aun cuando su producción ha aumentado como consecuencia de un cierto “recalentamiento” internacional y de las medidas de protección que el pulpo arrancó al gobierno. El desempleo masivo plantea más que nunca la vigencia de una estrategia anticapitalista y revolucionaria. Los trabajadores desocupados y sus familias tienen que ser organizados para reclamar por el “derecho al trabajo”, por medio de movilizaciones políticas masivas. La sobrevivencia de grandes sectores del pueblo es una responsabilidad social, y si el Estado capitalista presente no es capaz de asegurar esa sobrevivencia debe ser sustituido por un Estado de trabajadores. La desocupación masiva pone al desnudo la gigantesca sangría representada por el pago de la deuda externa y el remate de las empresas del Estado. El 15% de la producción nacional es sacrificado al pago de los intereses a los usureros nacionales e internacionales. Este saqueo económico es disimulado por el ingreso de capitales a corto plazo y el contrato de nueva deuda externa, que compromete la producción nacional en una proporción aún mayor. Junto con la estructura capitalista, la desocupación generalizada desnuda la carga insoportable que representa la condición colonial del país y el “plan Cavallo”. La tasa de desocupación sufrirá, económica y estadísticamente, flujos y reflujos, aunque con tendencia para arriba. Determinadas ramas pueden atraer nuevamente a los obreros a la producción, y lo mismo pueden producir ciertas coyunturas. Este fenómeno cíclico habrá de agravar el impacto social y político de la desocupación, al provocar cíclicamente nuevos despidos masivos. Los trabajadores deben comprender el carácter general del fenómeno de la desocupación y prepararse para enfrentarlo mediante una lucha revolucionaria organizada. Para el pueblo hambriento la producción no sobra sino que falta; por eso sólo la clase obrera podrá establecer, desde el poder del Estado, un plan político, económico y social que elimine los flagelos de la desocupación y la pobreza crónicas.

El gremio de la construcción salió a la huelga con un pliego de reivindicaciones muy preciso, votado en asamblea general: un 50% de aumento a partir de abril, un salario mínimo de $ 3.000 —el costo de la canasta familiar— ajustado mensualmente por inflación, una garantía de 22 jornales mensuales, la reducción de la jornada de trabajo, etc. Cuando comenzó la huelga, el 31 de mayo, hacía ya seis meses que había expirado el viejo convenio. Durante todo ese tiempo, las cámaras patronales se negaron sistemáticamente a entablar ninguna negociación sobre la renovación del convenio y mantuvieron los salarios congelados —con una inflación superior al 30% entre noviembre del ´92 y mayo del ´93. El gobierno, entre tanto, mantenía a rajatablas su tope de ajuste salarial del 28% anual para todo 1993. Los obreros fueron forzados así a ir a una huelga que, hoy, los izquierdistas y los diarios uruguayos adjudican a una irresponsabilidad de los trabajadores. La “fórmula de acuerdo”, redactada por el principal asesor económico del Pit-Cnt, el economista Juan Manuel Rodríguez, toma como “base” para todos los cálculos de ajustes ulteriores y premios, no el salario de noviembre, sino el “salario real promedio del período noviembre-marzo” ... es decir, un salario real un 20% inferior al del cese del viejo convenio. Es decir que el convenio que es presentado como mejorando el salario, ya desde el comienzo lo reduce escandalosamente. Sobre la base de esta exacción inicial, las cámaras patronales, el gobierno y las burocracias del Pit-Cnt y del Sunca se pusieron de acuerdo en una “fórmula de aumentos” que supondría una “mejora del salario real”, algo simplemente indemostrable, pues establece aumentos cuatrimestrales equivalentes al 91% de la inflación del cuatrimestre anterior (90% más 0,7417%). Pero los obreros no se dejaron engañar, y en la asamblea del 14 de agosto rechazaron la “fórmula” porque implicaba una rebaja salarial. En este acuerdo, los trabajadores no verán tampoco un centavo de las fenomenales ganancias producidas por el “boom” inmobiliario en Uruguay. Esto significa que el salario real y la posición social de los obreros uruguayos con relación a la patronal, disminuye, lo que también significa que se reduce su participación en el ingreso nacional. A ninguno de los sesudos economistas del FA se les ha ocurrido denunciar este hecho, simplemente porque son funcionarios de la burguesía. El acuerdo legitima una mayor explotación de los trabajadores y una mayor apropiación del trabajo ajeno por parte de los patrones. La “fórmula” no mantiene la capacidad adquisitiva de los salarios en su ya miserable nivel actual, apenas un tercio del costo de la canasta familiar. Es que el ajuste del 91% de la inflación es, además, cuatrimestral, mientras que la inflación es diaria. El cacareado “mantenimiento” del salario real es puramente “estadístico” y se produce en el mes en que los salarios se ajustan (uno de cada cuatro). Pero desde entonces, y hasta el próximo ajuste, los salarios quedan congelados, mientras la inflación continúa deteriorando los salarios reales de los meses subsiguientes. Con una inflación mensual que ronda el 4%, la rebaja salarial puede llegar al 15%. Como fue denunciado en las asambleas, en el curso de la vigencia del convenio se perderán casi tres salarios enteros de noviembre de 1992. Pero esto no es todo. El acuerdo establece que los delegados deben contar con una determinada antigüedad en la empresa y que debe reducirse el número de delegados por obra. Bastaría simplemente que las patronales despidan “preventivamente” a los activistas antes que éstos alcancen el plazo legal para ser electos delegados para reventar la organización sindical en las obras. Finalmente, el acuerdo da satisfacción a uno de los reclamos fundamentales de las patronales al establecer una “tabla de rendimientos” (productividad) en cada una de las especialidades. La burocracia argumenta que se ha visto obligada a “tragarse” la regimentación sindical y la productividad porque las patronales condicionan a la aceptación de estas claúsulas una “mejora del salario real” del 2% ... en noviembre de 1994. Pero la destrucción de la organización sindical en las obras, que le permitirá a las patronales aplicar “en exceso” las “tablas de rendimiento”, más que le “compensarán” el desembolso de ese miserable 2%. Sin embargo, el “argumento” de la burocracia es falso. En la asamblea del 22 de agosto, un grupo de trabajadores planteó que aunque no veían la posibilidad de mantener la huelga, reclamaban que se rechazara la “fórmula” porque no querían aceptar ni la reglamentación sindical ni las “tablas de rendimiento”. Este planteo fue rechazado por la burocracia, que defendió en bloque —con reducción salarial, productividad, reglamentación sindical y “tutti quanti”— el acuerdo con las patronales y el gobierno. Finalmente, a la hora de considerar la “fórmula de acuerdo”, hay un último y fundamental “parámetro”. La huelga de la construcción, por la naturaleza de sus reclamos, destinados a quebrar las políticas de reducción del salario y de superexplotación; por su empuje; por la combatividad de su activismo; por su claridad política; por el carácter del método de lucha; galvanizó no sólo a los obreros del andamio sino a toda la población trabajadora y explotada del Uruguay. Las encuestas, las colectas, la masividad de la marcha a Montevideo y los paros generales así lo demuestran. Precisamente por esto, y porque enfrentaba a un gobierno débil, odiado, sumido en una profunda crisis militar y con un “programa económico” empantanado, la huelga de la construcción tenía la posibilidad concreta de reventar no ya la “pauta” gubernamental del 28% (completamente muerta) sino toda la política burguesa de descargar sobre las espaldas de los trabajadores los costos de la crisis capitalista. La huelga de la construcción era una huelga histórica porque podía hacer saltar por los aires toda esa mierda y abrir una nueva etapa para todos los explotados del país. Precisamente por esto —y sobre todo por esto— la burocracia frenteamplista del Pit-Cnt y del Sunca se empeñó a fondo en quebrarla, en colaboración con el gobierno y las patronales. La huelga de la construcción, de todos modos, ya ha inaugurado un nuevo período histórico para el movimiento obrero uruguayo.

Con la denuncia de Beliz de que existe un plan de compra de diputados para posibilitar la reelección de Menem, el tema de la reforma constitucional ha entrado decididamente en el “mercado”. Que los legisladores sean considerados una mercancía no debería ofender a nadie, pues esto se encuentra en la lógica del régimen capitalista que defienden. Que los centro-izquierdistas pretendan tener capitalismo sin mercancías sólo traduce las contradiciones insalvables del “club de amigos” de Solanas, en especial ahora que cuenta con el apoyo del partido comunista. Una de las negociaciones mercantiles que fueron entabladas con relación a la Reforma, tuvo como protagonistas al mendocino Bordón, a Cafiero y al puntano Rodríguez Sáa, cuyo gobierno se encuentra enfrentando procesos judiciales por ilícitos económicos. Este trío pretendió negociar con la patota menemista la inclusión de la reforma del capítulo de derechos y garantías en el proyecto del menemismo, interesado sólo en la reelección. Los negociadores alcanzaron su cometido en parte cuando el menemismo aceptó incluir, no la reforma pedida (con el pretexto de que temía que fuera afectado el derecho de propiedad reconocido en ese capítulo de la Constitución), pero sí el agregado de un nuevo capítulo, que contemplara nuevos derechos y garantías. Bordón y Cafiero cerraron el trato (no sabemos, claro, por cuánto), pero no así Rodríguez Sáa, en cuyo caso, suponemos, se deba a que no logró “superar” la cuestión de los ilícitos de su gobierno. Gracias a la “marginación” del senador puntano del mencionado trueque político-mercantil, nos hemos podido enterar de varias de las “iniciativas” que contempla la propuesta conjunta (bordono-menemo-cafierista) de “ampliación” de los “derechos y garantías” de la ciudadanía en el proyecto de reforma constitucional —aunque en esta oportunidad sólo nos detendremos en una. Concretamente, Rodríguez Sáa acaba de escribir en Ambito Financiero (20/8) “que ha sido incluida una cláusula para el progreso (sic) que protege la libertad de empresa y la defensa de la productividad”, lo cual el senador interpreta que tendrá “supremacía sobre las leyes de orden interno —entre ellas las laborales”. Que las disposiciones constitucionales tienen supremacía sobre las leyes es de perogrullo. Lo que importa aquí es que, efectivamente, una cláusula de “defensa de la productividad” autorizaría a derribar toda la legislación de protección laboral o social, no sólo futura sino también pasada, personificando la más absoluta denegación de derechos para los trabajadores de que se tenga memoria. Los “nuevos” derechos que reclama el sector “social” del peronismo han resultado ser aquéllos de los patrones, los cuales más allá de su dominación económica conseguirán por la vía de la reforma superar la existencia de los sindicatos y de las leyes, y transformar al parlamento en un ámbito exclusivamente dedicado a legislar las pretensiones económicas de las cámaras empresariales o de los “lobbys” que forman los grandes pulpos. La “defensa (constitucional) de la productividad” podría prohibir a un trabajador ir al baño, y eliminar por supuesto el sistema estatal de la salud y de la edu-cación, toda vez que para el capital sólo es productivo aquello que rinde un bene-ficio en dinero. La conclusión de Rodríguez Sáa es que “esta reforma de la Constitución es un mamarracho”, algo que revela las pocas luces del senador. Todos los documentos presentados últimamente por Fiel, la UIA, la Sociedad Ru-ral y naturalmente la Asociación de Bancos, coinciden en reclamar la piedra libre en materia de “productividad”, y aún son más insistentes, si cabe, con la “privatización” de la educación y de la salud. Estos objetivos de la burguesía, tanto internacional como nacional, no pueden ser combatidos con una política que se restrinja a oponerse a la reforma de la Constitución en las condiciones actuales. Estos objetivos traducen una tendencia de fondo de los explotadores, la cual tiene una expresión cotidiana sistemática, que sólo puede ser enfrentada con una estrategia, es decir de conjunto, de contenido anti-capitalista. Hay que cambiar al sujeto de la producción, suplantando al capitalista por el conjunto de los productores reales, los obreros. A partir de aquí la “productividad” cobraría otra dimensión: en primer lugar porque importará que sea social y no individual, que permita el desarrollo armónico de las fuerzas de producción y no que apunte al beneficio del burgués individual o de los capitalistas asociados en pulpos o empresas individuales; en segundo lugar, porque incorporará como factor central el desarrollo de las personas individuales, en su integridad y libertad, en lugar de la presente esclavización humana a la fuerza despótica del engranaje capitalista. La superación del presente estado de miseria social creciente exige, una vez más, la organización de clase independiente de los explotados.

1. ¿Cómo ve la situación del país y las próximas elecciones? En su aspecto más general, la situación política se caracteriza por la volatilidad, es decir por la tendencia a pasar de una aparente pasividad de las masas al estallido de luchas grandes y profundas, de una aparente confianza del gobierno en sí mismo a abiertas manifestaciones de crisis y descontrol. Quiero hacer notar que, debido al enorme endeudamiento interno y externo, el gobierno ha perdido el control del “plan económico” , el cuál está virtualmente en manos de los especuladores internacionales. Las elecciones se presentan como una disputa entre el PJ y la UCR en torno a cómo salir del “plan Cavallo”, sin comprometer las entregas realizadas al gran capital y las conquistas arrebatadas a los trabajadores, algo que les resultará muy dificil. Los “carapintadas” y los “amigos de Solanas” pretenden disputar a la franja más desesperada de los trabajadores para mantenerla dentro del sistema actual y para servir a los apetitos, respectivamente, de los aparatos represivos y de los arribistas “bienpensantes”. 2. ¿Qué significado tiene para Ud. el FIT? El FIT, lamentablemente, llega con ocho años de demora, esto con relación a la alianza con el Partido Obrero que el Mas rompió, en 1985, y con un retraso de dos años con relación a la UTI, que fue sacrificada a una política de arreglos burocráticos con el PC y el centroizquierda. Ahora, el FIT debe demostrar una gran capacidad para movilizarnos juntos. A partir de la experiencia, el FIT debería superar su condición electoral. Debemos esforzarnos por demostrar a los trabajadores que el FIT viene a poner fin a la atomización política de la vanguardia en lucha y, por otro lado, a superar definitivamente la existencia de una izquierda puramente democratizante. Hay que proclamar bien alto la descomposición del capitalismo a escala mundial y la vigencia histórica de la revolución socialista. 3. ¿Qué mensaje haría a los trabajadores? Que la situación de las masas va a empeorar y que los trabajadores serán las víctimas principales del inminente derrumbe del “plan Cavallo”. Que hay que votar contra todos los defensores del régimen capitalista. El problema del país y de la sociedad no es el “costo laboral” sino el “costo capitalista”, es decir, la explotación (superbeneficios), la corruptela, la deuda pública, la especulación, el monopolio industrial y comercial y agrario, y la burocracia del Estado, civil y militar. Que sí es posible un salario y jubilación mínimos de 1.200 pesos, igual al costo de la canasta familiar. El único obstáculo son los gobiernos capitalistas y el Estado capitalista.

La dirección de la Ute resolvió un conjunto de paros —19 y 25 de agosto, 3 de setiembre— al que ha adherido el plenario de maestros y profesores de las trece escuelas normales. El reclamo, que está encabezado por los 450 de básico, plantea la titularización de los profesores contratados, la defensa de los normales y el rechazo a la modificación del Estatuto del Docente Municipal, que son justamente reivindicaciones que han llevado a la movilización de la docencia capitalina en el último período. Antes de estos paros, pararon y salieron a la calle los profesores de 19 colegios secundarios (plan piloto de salida laboral) sin ninguna efectivización desde hace casi dos años. La Intendencia ha violado la estabilidad laboral en muchos otros casos y busca la oportunidad de enterrarla definitivamente. Esto es lo que ha llevado, entre otras razones, a “poner en estudio” en forma sigilosa el Estatuto del Docente. Antes de la convocatoria de Ute, las escuelas normales pararon y se movilizaron contra el descuartizamiento que llevan adelante Ministerio e Intendencia, reconstruyendo la organización —Internormales— que protagonizó la gran movilización contra la Ley de Educación. El plan de paros anunciado por Ute nace de este proceso de movilizaciones, del malestar creciente en las escuelas frente al congelamiento salarial y aun su reducción (“bicicleteo” del pago del Fondo Educativo), y el reclamo de los transferidos por su equiparación. Otro motivo de los paros es la intervención a Osplad. Sobre Osplad se ha abierto una negociación entre el gobierno y la burocracia que puede tener sus consecuencias en la propia continuidad de las medidas dispuestas en Capital, y que explica el escaso interés del “aparato” en garantizar el paro del 19. Este sumó a los normales y a una parte de los secundarios, pero estuvo por detrás del paro de 24 horas anterior (Ctera) en las escuelas primarias. El llamado “plan de lucha” no es tal, porque es una sucesión de paros aislados y convocados más burocráticamente que nunca. En forma oficiosa la propia burocracia señala que luego de estos paros, “vienen las elecciones de Ute y se acabó el año”. En las escuelas se debate de qué manera poner en pie un genuino plan de lucha y no repetir la película del año pasado. La Asamblea General, la elección masiva de delegados, la reconstrucción de las asambleas de distrito —movimiento todavía débil pero en desarrollo— plantean la constitución de un frente unido del activismo para enfrentar el curso de derrota de la burocracia y recuperar a Ute.

1. ¿Cómo ve la situación del país y las elecciones? Vamos a las elecciones en el marco del crecimiento de las luchas obreras y populares y de la bronca contra Menem y su plan de hambre y entrega. Así lo demuestran el tractorazo, los paros de choferes, el hospitalazo y el paro docente entre tantas otras. Muestra claramente que la Argentina es parte de la situación latinoamericana, anticipando también para nuestro país la perspectiva de profundización de las acciones de las masas contra los gobiernos y los planes pro-FMI. Las masas derribaron a Collor y a Carlos A. Pérez y en Uruguay ya son varias las huelgas generales contra Lacalle y su plan. En nuestro país hay un fenómeno distintivo que es el odio creciente y la ruptura de miles y miles de trabajadores peronistas con su viejo partido. Por eso creemos que en estas elecciones tenemos una gran oportunidad para llamar a esos trabajadores a que apoyen y den su voto a una alternativa obrera y socialista. 2. ¿Qué significado tiene para Ud. el FIT? Ha sido un gran paso adelante. Desde 1983, cuando formábamos parte del Mas nos dimos el objetivo de lograr un frente de izquierda, incluido el PO. Estuvo la oportunidad de 1985 y del ’90, con el Frepu e Izquierda Unida. Pero lamentablemente el PO no aceptó. Lo importante es que ahora sí pudimos hacerlo. El FIT, a diferencia del Frente Grande, es un frente con un acuerdo programático obrero y socialista. Aspirábamos a que fuera aún más amplio, pero el Mas desertó. El FIT es una gran posibilidad para unir a la vanguardia luchadora obrera, juvenil, y popular para enfrentar al gobierno, al imperialismo, a la burocracia sindical y a todas las variantes políticas del sistema. Es una herramienta para ponerla al servicio de las luchas obreras y populares. 3. ¿Qué mensaje haría a los trabajadores? Que abandonen definitivamente al Justicialismo y que apoyen al FIT, una alternativa obrera y socialista. Que no voten por candidatos del ajuste y de los ricos como los radicales o Rico, o por nuevos versos como el Frente Grande. Que voten por el FIT que propone luchar contra Menem y su plan, por el no pago de la deuda externa, la anulación de las privatizaciones, por el embargo y cárcel a los empresarios corruptos, por unir las luchas en una huelga general y por una salida de fondo en un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Llamo a los trabajadores a que se sumen para hacer grande al FIT.

El 28, 29 y 30 de agosto habrá elecciones en el sindicato de señaleros ferroviarios (Asfa). En la línea San Martín se presenta la Lista Naranja (PO e independientes). Es la única oposición frente a los actuales directivos, que se presentan divididos en dos listas: la Celeste y la Celeste y Blanca. En todo su mandato no han hecho más que acatar las recomendaciones del Ministerio de Trabajo y obedecer las órdenes de la empresa y de José (“amigo de Menem”) Pedraza. Avalaron así la eliminación de los trenes de larga distancia, la entrega del convenio, el desmantelamiento de los planteles y la remoción del escaso personal existente. Los hechos demuestran que las “privatizaciones” no han resuelto problema alguno; la “estabilidad” pende de un hilo de coser, las “privatizaciones” fueron un fraude y están condicionadas al negociado (como se revela en las sucesivas prórrogas de la adjudicación de trenes a Pescarmona), la inflación supera el 50% en dólares. La Naranja tiene una autoridad ya ganada y propone un reagrupamiento de lucha y clasista de los señaleros, que prepare y organice por anticipado las confrontaciones que se avecinan. De Retiro a Pilar (zona local), Mendoza y Palmira (zona Cuyo), etc. La Naranja está afirmándose en la línea, y ha encontrado un eco importante en la zona centro (Mercedes, Buenos Aires a Villa Mercedes, San Luis). Presentar la lista fue un éxito, la campaña, de por sí, un gran paso adelante.

Comunicado de Prensa La LSR manifiesta su apoyo en las próximas elecciones al frente conformado por el Mst y el PO (FIT-Frente de Izquierda y de Trabajadores), porque considera que su programa es principista y sus candidatos son honestos luchadores obreros y revolucionarios. Al mismo tiempo, considera que el FIT es el único intento —aunque todavía parcial— de tratar de agrupar a los luchadores obreros y populares para luchar constantemente contra el gobierno y por una perspectiva socialista. La LSR realizará en forma independiente la campaña por el FIT, ya que no se dieron las condiciones que posibilitaran su integración plena al mismo. En función de difundir y hacer crecer entre los trabajadores la adhesión al programa del FIT, sintetizado en las consignas de “Fuera el gobierno de Menem-Abajo el ‘plan Cavallo’-Luchar por un gobierno de los trabajadores que construya al socialismo”, la LSR manifiesta su voluntad de participar de todas las actividades en común que el Frente se plantee. En concordancia con los objetivos planteados, seguiremos bregando por la imprescindible necesidad de ampliación del FIT sobre la base del protagonismo del conjunto de la militancia de izquierda hoy no encuadrada en las distintas organizaciones, llamando a la constitución de comités de base, o comités de apoyo al programa del FIT y a sus candidatos. 17 de agosto de 1993

Para las elecciones en el sindicato de señaleros, la izquierda se presentó en tres líneas: en el San Martín, a través de la Naranja (PO e independientes); en el Roca, a través de la Gris (Mas, independientes, PC) y en el Sarmiento, por medio de la Naranja (Mas e independientes). La Junta Electoral, luego de resolver por unanimidad la oficialización de 11 listas y entre ellas las tres mencionadas, volvió sobre sus pasos, dio curso a una impugnación y anuló la Lista Naranja del Sarmiento. Llamamos a pronunciarse y a actuar contra la proscripción de la lista.

El actual momento de la lucha de clases, impone objetivamente una única alternativa política, necesaria e inevitable, desde la perspectiva de una estrategia revolucionaria: la concentración de fuerzas para enfrentar al plan de guerra del capital, expresado en el “plan económico” de Menem y Cavallo, en la persecución ideológica, en la reforma laboral y previsional, en la destrucción de la educación y la salud públicas, etc. Pero esta concentración de las fuerzas, que ya se da en muchos enfrentamientos puntuales como unidad de acción con importantes resultados, requiere de una instancia de organización más desarrollada que la transforme en una política sistemática que se expanda por todos los frentes de lucha. Al respecto, creo que la propuesta del Partido Obrero acerca de la formación de un Frente de Izquierda que trascienda la coyuntura electoral, sobre la base de la independencia política de la clase obrera y un gobierno de los trabajadores, es políticamente acertada e ineludible. Para desarrollar esta propuesta, se han empezado a desarrollar Asambleas Abiertas por el Frente de Izquierda como ámbito democrático de participación, hecho que demuestra la seriedad y viabilidad de la propuesta, al ser un espacio real, concreto, de discusión y acción. La constitución de un Frente con perspectiva estratégica (que devenga en un Comando Político) no puede ser soslayado por ninguna organización o militante de izquierda, o por aquéllos que de distintas maneras expresan posiciones anticapitalistas, y es un deber de todos participar de las Asambleas Abiertas, asumir y difundir este debate. En el caso particular de la experiencia que venimos desarrollando (plasmada en el acuerdo MST/PO y otras organizaciones, y en los embrionarios Comités de Base), decimos más que nunca que esos primeros pasos son “relativamente precarios”, ya que quien pretenda tener una mirada estratégica, no puede dejar de reconocer varios aspectos particulares de la actual experiencia frentista, que ponen en crisis las miradas rápidas y simplistas sobre lo que ya se ha construido, y relativizan esa precariedad inicial en una perspectiva de evolución interesante: el Frente se sustenta en un acuerdo programático que ubica las reivindicaciones en la lucha por la independencia política del movimiento obrero y el gobierno de los trabajadores. Además el planteo de muchos de los que participan de la experiencia, que refiere a la prolongación de la unidad más allá de las elecciones, es una realidad indiscutible, con la particularidad que no sólo la planteamos los “independientes” como en otras experiencias frentistas, sino que incluso está asumida por parte de las organizaciones que lo forman, situación que aleja la práctica de sumar siglas para resolver problemas electorales, a menudo sin principios. Pensemos un momento. Ante la necesidad de luchar para que el agotado “plan Cavallo” no tenga algo más de oxígeno político que prolongue su agonía con un resultado electoral (lo que significa más que luchar contra el oficialismo, ya que la defensa del “plan” es asumida por sectores de la oposición); ante la dispersión política de muchos militantes, luchadores, activistas o simplemente “indignados” por la política del gobierno y de la oposición; ante la política oficial de proscripción electoral de la izquierda por cantidad de votos, etc., seguramente no sería poco un agrupamiento meramente electoral a partir, por supuesto, de un programa consecuente con el socialismo. Soslayar el momento electoral significaría no tener una mirada estratégica, ya que sería construir una fuerza de masas en el “aire” sin considerar los enfrentamientos políticos concretos, sin dar respuesta política a los mismos, y desaprovechar una gran oportunidad para generar debates, hacer agitación, propaganda, etc., acerca de la necesidad de un Comando Político, de la unidad, etc. Por supuesto que muchos contemplan, seguramente, participar sólo desde la perspectiva de las elecciones. Aquí se abre el desafío de la lucha por la conducción del agrupamiento del activismo y del espacio político que se construye, y de llevar la discusión a las bases de las organizaciones participantes. Incluso, si es fuerte la presencia de los que tratan de mirar estratégicamente más allá de la elección, la participación de los electoralistas adquiere otro carácter, ya que hace más al desarrollo de aquella política que quiere ir más lejos que a sus deseos.

Lamentamos no poder ofrecer a nuestros lectores un balance de las elecciones nacionales del gremio bancario ni de la marcha de la campaña electoral de la “tricolor Azul-Roja-Naranja” de Foetra a causa de que los comités responsables de esas actividades no han presentado colaboraciones en el curso del último mes.

A los compañeros de Prensa Obrera, de Solidaridad Socialista, de Semanario Socialista Al CC. del Partido Obrero, del MAS, del MST A la Clase Obrera Trabajadora A la Base incorporada al PO A todas las Juventudes Socialistas A todas las bases de los Partidos de Izquierda Compañeras y compañeros: el enemigo de aquí como en todos los países está organizado y estructurado hasta el mango. ¿Por qué nosotros no aprendemos que es necesario estar organizados y estructurados, para enfrentar al enemigo representante del sistema capitalista-imperialista, sionista y derrotarlo para sacarlo, aniquilarlo y echarlo a dichas carroñas degenerativas de aquí y en todos los países? Todos le damos tregua y tiempo, y nos pasamos hablando diatribamente, cayendo en el chismerío político, en la polémica interminable y estéril, en que necesitamos una dirección Revolucionaria, y no sabemos dónde estamos parados, también de que necesitamos un Partido Revolucionario y monserga tras monserga. Por eso estamos empantanados y no sabemos darle salida. Ahora, cómo nos organizamos. Hay una herramienta Revolucionaria, que es para continuar la lucha después de las elecciones burguesas. Compañeras y compañeros, esa herramienta es la de concretar el Comando Político de todas las Bases de Izquierda para conformar el Frente de las Izquierdas y para seguir luchando hacia la Revolución Socialista Mundial Permanente, aquí y en los cinco continentes. El Programa de lucha debe ser el Manual guía hacia nuestras metas. El Comando Político (Revolucionario) es para no dejar en manos de la burguesía a la Clase Obrera Trabajadora y al Pueblo, es para Unificar y Coordinar todas las luchas y llevar la Solidaridad y apoyo a los Obreros y al Pueblo, que están en contra de este régimen de gobierno represor que ya es una Dictadura Civil, porque la democracia burguesa así lo quiso y es el enemigo de todos, aquí y en todos los demás países. Debemos continuar la lucha con esta herramienta para realizar y apoyar al Frente de Izquierda, para combatir y echar al representante servil del sistema capital-imperialista-sionista. Así como no votar al que decía que: se educa, se come y nos dejó miseria, al seudo-héroe nacionalista, a los traidores de la cueva de ratas del congreso, los diputados y los gordos senadores degenerados y corruptos. A los nuevos y viejos políticos títeres de la burguesía nativa y mundial, a los del Sur o del Frente Grande de la socialdemocracia, que se preparan para jodernos mejor a todos como el mono idiota útil de la esperanza. Por eso necesitamos esa herramienta que es el Comando Político y el Frente de Izquierda, para seguir la lucha hasta la Revolución Socialista Mundial Permanente como la de 1917.

La dirección de la Conadu resolvió adoptar como propio el planteo del Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales (CIN), favorable a la creación de un “impuesto al patrimonio” para financiar las casas de estudio. Más concretamente todavía, se declaró el apoyo a una propuesta del ex-diputado Caputo, la cual exime del impuesto sólo los patrimonios inferiores a los 100.000 pesos. Naturalmente la FUA, dirigida por la UCR, ha tomado la cuestión como punto de campaña electoral. Se trata, en realidad, de una variante de un proyecto oficialista de arancelizar la enseñanza superior por medio del cobro de una tasa impositiva a las familias de los estudiantes y/o graduados. Una variante, también, de lo que acaba de plantear el propio ministro de Educación, Rodríguez, para que la Universidad sea costeada por los que “pueden”. La conducción del gremialismo docente universitario se ha pasado de este modo a las filas de los partidarios del arancelamiento encubierto. El aporte “caputiano” consiste en que el tributo respectivo sea solventado con los aportes de toda la clase media y no apenas de la que concurre a la enseñanza superior. Por este procedimiento, la Conadu pasó a admitir los argumentos menemistas-radicales: los fondos que el Estado dice no tener deberían, en cambio, provenir de la “sociedad como un todo”, según reza textualmente la declaración de la Conadu. Esta perogrullada sirve para que los recursos del presupuesto público no vayan ni a la Universidad ni a la educación, sino a los usureros nacionales e internacionales que acaparan los títulos públicos. Por eso el dinero que se niega a la Universidad aparece multiplicado varias veces en el presupuesto a la hora de pagar las deudas fraudulentas a la gran banca. Sólo con el robo del peaje, las empresas respectivas ganaron 180 millones de dólares en un año, lo que equivale por sí sólo a dos meses de financiamiento integral de las 29 universidades nacionales. ¿Es necesario un nuevo impuesto? ¿Es necesario que “toda la sociedad” se haga cargo de semejante latrocinio? ¿Es progresivo que la clase media financie los negociados de los Citibank, Techint y Cía.? ¿O no sería mejor que se devuelva a la sociedad lo que acapara un puñado de grandes ladrones capitalistas? El proyecto de ley universitaria que ahora reivindica la Conadu, se identifica con el proyecto del gobierno de modificar el “régimen económico” de la enseñanza superior de modo de obtener “recursos complementarios” mediante “convenios con organismos nacionales o internacionales, oficiales o privados (sic)” (artículos 21 y 22). Se quiere transformar la Universidad en un apéndice de los grandes pulpos. Con su nuevo “look” caputiano, la dirección de la Conadu, afín al CTA y apoyada por el Frente Grande, ha adoptado un punto de vista enteramente menemista. Que los docentes y estudiantes saquen sus conclusiones. El Frente de Izquierda y los Trabajadores plantea: fuera los aranceles abiertos y encubiertos, cuatriplicación inmediata del presupuesto, no a los proyectos de privatización universitaria, nacionalización de todos los establecimientos y educación única, estatal y gratuita.

“Apoyar la lucha de familiares y vecinos contra la impunidad es ya una tarea frentista” El 7 de agosto se efectuó la quinta marcha por el caso Damián Carrizo, el chico de 10 años violado y asesinado en abril. Bajo la consigna “Para que la próxima víctima no sea su hijo participemos de las marchas por el esclarecimiento de los asesinatos de Norma Ojeda, Damián Carrizo, Sonia Corvalán, Luis Barcela”, unas 60 personas, familiares y vecinos de las víctimas, marcharon desde el Bajo Boulogne hasta el destacamento policial ferroviario y la comisaría de Boulogne. A dos meses de la primera marcha se observa que los funcionarios (diputados provinciales y concejales del barrio del PJ y delegados municipales de la UCR) han superado la contradicción de estar en las dos veredas al mismo tiempo: directamente ya no concurren, las cámaras de TV y otros medios comerciales tampoco, parece que superada “la noticia”, sólo la organización queda. La tenacidad en la pretensión de justicia (algunos familiares de los casos reclamados llevan años en los Tribunales de San Isidro sin novedad) materializada en la continuidad y ampliación de casos agregados, son un desafío para las corrientes que se reclaman democráticas y combativas de la zona, en primer lugar para el reciente Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La ampliación del reclamo por el esclarecimiento a otros casos (Leonardo Gorosito, Gabriel Pérez, Marcelo Cerdá), su extensión en los barrios y establecimientos educativos, el fin de la impunidad de los responsables, el cese de las amenazas a militantes de la unidad básica “Con el corazón de Evita y Perón”, que aunque marginados del aparato oficial, se mantienen en esta lucha, son ya una tarea concreta del programa frentista de San Isidro.