Prensa Obrera N° 393

La Lista Naranja (PO e independientes) acaba de ser elegida en las elecciones internas del INTI. La votación —277 a 149 votos— constituye una aplastante derrota a la dirección de Andrés Rodriguez que apeló a una lista con elementos “independientes” de la burocracia al no poder presentar a sus “representantes directos” por su propio desprestigio. El triunfo de la Naranja corona un esfuerzo de cuatro años como corriente antiburocrática en el INTI. El ascenso en el prestigio de la Naranja está reflejado claramente en el resultado de las tres elecciones últimas. En 1989, ganó la lista Azul con 414 votos, segundo, la Celeste con 397 y tercera la Naranja con 290. En 1991 la Naranja perdió por sólo 28 votos al no permitir la burocracia que votaran los no afiliados. Finálmente, la semana pasada la Naranja triunfó en toda la línea. El ascenso del menemismo liquidó una enorme serie de conquistas de los trabajadores del INTI. Una de las más importantes fue la derogación de la “cláusula gatillo” que permitía una importante conquista salarial del conjunto de sus trabajadores. La fiebre privatista del gobierno liquidó también el comedor del INTI, y se desarrolló un paulatino proceso de descalificación de un sector donde existen una gran cantidad de profesionales. La última ofensiva del gobierno fueron los retiros “voluntarios” que dejaron en el correr de estos cuatro años a más del 40% del personal fuera del instituto. Producto de toda esta ofensiva la burocracia de Andrés Rodriguez fue adquiriendo un gran desprestigio pues actuaron, de hecho, como correa de transmisión de las medidas de las autoridades. Primero tuvieron un proceso de división que culminó con la desafiliación de un sector que pasó a revestir en ATE. Esta fracción rápidamente quedó aislada por sostener, esta vez desde otro gremio, la misma política de adaptación que tenían en UPCN. Segundo fueron de hecho, considerados los responsables de la desaparición del escalafón único, la caida salarial, el achicamiento del INTI, y la imposición de la “flexibilidad laboral” en los sectores. La Naranja se constituyó con el correr del tiempo en la única corriente de opinión del instituto. Su método de fijar posición sobre cada problema en un boletín, mantuvo absoluta continuidad durante los cuatro años en las alzas y en los reflujos. Su defensa inclaudicable de los intreses de los trabajadores, su denuncia permanente de la política del gobierno y de la burocracia, aun en momentos donde el ascenso del menemismo y la moda de las “privatizaciones” habían ganado a un sector de profesionales, permitió que finalmente se viera como la única opción seria para defender los derechos de los trabajadores del INTI. La Naranja durante todos estos años, luchó incansablemente por imponerle los métodos de la democracia sindical a las trenzas y las maniobras de la burocracia de Andrés Rodriguez, que hacía de su relación con las autoridades la fuente de su poder. En las tres elecciones discutió sector por sector la elección de sus representantes y en plenarios abiertos fueron elegidos los hoy integrantes de la Comisión Interna. Además impuso de hecho un funcionamiento del cuerpo de delegados que no es oficialmente reconocido por el proscriptivo estatuto de UPCN. Ese cuerpo de delegados tuvo a la Naranja como uno de los principales protagonistas y le permitió imponer algunos métodos de lucha, ganar asambleas y realizar movilizaciones ante la manifiesta parálisis de la burocracia. Un gran desafío Para la Naranja está planteado un enorme desafío, pues es necesario recomponer el desastre de la antigua Comisión Interna, a sabiendas de que burocracia y autoridades nacionales boicotearán desde el primer día su gestión. Su primera tarea estará basada en elegir un cuerpo de delegados de sector e imponer su reconocimiento a las autoridades, establecer un plan de trabajo cuyos principales puntos sean la recomposición salarial, la recategorización de los trabajadores del INTI, la lucha contra la “flexibilización laboral” y que se terminen los aprietes de los jefes, para que exista un absoluto respeto de hasta el último de los trabajadores del INTI. La Naranja tiene además la enorme responsabilidad de ser un punto de referencia para otras comisiones internas de la zona y fundamentalmente para los otros sectores del gremio que han sufrido retrocesos aún mayores en materia salarial y de condiciones de trabajo. Los mismos métodos que la llevaron a ser elegida plebiscitariamente en el INTI, tendrán que ser puestos a la práctica ahora como comisión interna. Así podrá comenzar a estructurarse, firme y pacientemente, una verdadera dirección antiburocrática que expulse de UPCN a la burocracia sindical.

1- La inmediata anulación de la arancelización para los recursantes del C.B.C., la inscripción a exámenes y trámites y todo otro tipo de arancel directo o encubierto tanto en los cursos de grado como de posgrado. 2- La derogación de los requisitos impuestos por el Consejo Superior y los Cuerpos Directivos de varias facultades que condicionan la mantención de la situación de alumnos regulares al establecer un mínimo de materias por año y un límite a la duración de la carrera, afectando severamente a los alumnos que trabajan durante sus estudios. 3- La derogación de la resolución 2.318/92 y la 3447/93 que racionalizan la planta docente por la vía formal de una limitación de las dedicaciones. Exigimos que a la vez, se reincorporen a los docentes despedidos por razones presupuestarias. 4- La anulación de cualquier tipo de salario diferencial por Universidad y el inmediato aumento salarial a docentes y no docentes sobre la base de un mínimo de 500 pesos. 5- Inmediato aumento del presupuesto educativo sobre la base de la utilización de fondos provenientes de la aplicación de impuestos directos y progresivos a los grandes capitales y riquezas, de la eliminación de los subsidios a la educación privada y el cese del pago de la deuda externa. 6- Rechazo de la nueva Ley de Educación y el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y del Protocolo de Concertación de 1990, que condicionan severamente la autonomía Universitaria y la Educación Pública. 7- Rechazo a la jubilación privada en cualquiera de sus alternativas (tanto la votada por diputados, como las variantes presentadas por la oposición). Por el mínimo jubilatorio de 450 pesos, vigencia del 82% móvil, no al aumento de la edad jubilatoria vigente. 8- Rechazo al proyecto de Ley de Flexibilización Laboral del Gobierno. 9- Reclamo de la amnistía para los presos políticos.

Carlos West Ocampo, autodesignado paritario único de la Federación de Sanidad, está negociando con las cámaras patronales el convenio de la rama de hospitales de comuidad. La propuesta de los empresarios sería otorgar un aumento total del 12% dividido en cuatro cuotas de un 3% mensual ... para todo el año, a cambio de la eliminación de conquistas del Convenio. Entre ellas anular los francos compensatorios cuando se trabaja doble jornada, pagar horas extras nocturnas al 50 % en vez del 100% actual y aumentar la jornada de ciertas tareas como la de telefonistas de 6 a 7 horas. Un anticipo de la “reforma laboral” menemista que siempre tuvo en West Ocampo un partidario incondicional. Delegados de varias internas de estos hospitales, reclamaron a la Directiva de ATSA Buenos Aires que se convoque un plenario de delegados para que se informe el estado de las tratativas y se resuelvan medidas contra estos “recortes” al convenio. La respuesta obtenida fué que las tratativas están empantanadas y que se llevaría la discusión a cada establecimiento para “destrabarla”. Con lo cual se aplicaría no sólo la reforma laboral sino también el decreto 470 que introduce la negociación de convenios por empresa. Esto es directamente el abandono de cualquier perspectiva de lucha de conjunto del gremio porque la discusión de convenios quedaría atomizada. Y la propia existencia del sindicato perdería todo sentido. Como la Directiva de ATSA es un apéndice político de West Ocampo es fácil ver que se trata de un único paquete. Las internas del Francés y del Italiano que son de oposición (lista Bordó) pueden jugar un gran papel iniciando una campaña sobre todos los hospitales de comunidad contra la entrega del convenio, contra la discusión por empresa y por el plenario de delegados de ATSA en favor de un convenio único con anteproyecto y paritarios votados en asamblea del gremio.

La UJS (adherida al PO) y la Jus (juventud del Mst) de la Facultad de Derecho de Córdoba, han resuelto desplegar una actividad unitaria para impulsar una movilización el próximo 18 de junio en la jornada convocada por la FUA y la Conadu. Como primer paso ambas organizaciones sacaron una Carta Abierta a las juventudes del Mas y de la corriente Patria Libre (Venceremos) a sumarse a esta tarea. Las otras actividades son sacar una declaración, poner mesas de agitación y propaganda comunes en la facultad e impulsar un acto. Ambas organizaciones han resuelto, también, formar una lista unitaria para las próximas elecciones estudiantiles del 16 de junio. Transcribimos la Carta Abierta conjunta: “Carta Abierta a los compañeros de Venceremos y la Juventud Socialista del Mas” Córdoba, 5 de junio de 1993. “Para el miércoles 18 de junio la Conadu y la FUA convocan a una movilización y la iniciación de un plan de lucha para defender la universidad de la política privatizadora del gobierno. “La FUC no ha tomado posición frente a esta jornada de lucha, o mejor dicho ha optado por el silencio y el inmovilismo. ¿Acaso en Córdoba no ocurre lo mismo que en el resto del país? ¿Acaso Delich no es el impulsor directo de la política de Menem? Fue en Córdoba el primer lugar donde se aplicaron los aranceles, es en Córdoba donde se quiere implementar el régimen de “alumno activo-alumno pasivo”, que significa echar a un gran número de compañeros que no cumplen con los “requisitos” de Delich; se venden las zonas verdes de la Ciudad Universitaria, donde Delich quiere impulsar la educación para vender servicios, o sea poner la educación al servicio de los mercados y no de las necesidades sociales. Y es también Delich quien quiere reformar el Estatuto para prolongar los mandatos de decanos y del rector, para perpetuarse con esta política en el gobierno de la Universidad. Y hasta el gobernador Angeloz sacó un proyecto para implementar el “título habilitante”, para que no todos los que se reciban puedan ejercer. Preparemos juntos la movilización del 18 de junio “No es cierto que no se puede hacer nada, todo lo contrario. El mes pasado salieron a la calle más de 1.000 estudiantes en La Plata, reclamando presupuesto y en defensa de la educación pública. También hubo marchas en Capital y Entre Ríos. Es entonces el 18 de junio una gran oportunidad para que los estudiantes cordobeses nos pongamos en acción. “Ante esta situación las organizaciones que venimos luchando consecuentemente tenemos la responsabilidad de actuar unitariamente para impulsar y organizar la movilización, y también exigirle a la FUC, los centros de estudiantes, a la Franja Morada y a las otras agrupaciones que dicen defender la educación pública que convoquen a esta jornada de lucha por nuestra educación. En las elecciones también necesitamos una lista unitaria “El 16 de junio hay elecciones en toda la UNC. Los que impulsamos las movilizaciones también tenemos que unirnos para enfrentar el ajuste y la privatización que pretenden Delich y Menem, con la complicidad de la Franja Morada. “Los llamamos a unirnos con este programa: * Defensa irrestricta de la Universidad estatal, pública y gratuita. * Contra la privatización de Delich y Menem. * Abajo el proyecto alumno activo-alumno pasivo. * No al arancel y todo tipo de financiamiento que provenga de los bolsillos estudiantiles. * Apoyo a la lucha de los profesores. * Preparemos una gran movilización de toda la comunidad educativa para el 18 de junio. * Por centros de estudiantes democráticos para organizar la lucha en defensa de la educación pública. * No a la reforma menemista de Delich. Por el gobierno docente-estudiantil —con mayoría estudiantil— y revocabilidad de todos los cargos.

Carlos Menem sigue en la Casa Rosada y no en Devoto por la absoluta y total complicidad del Poder Judicial. No es esto, sin embargo, lo fundamental. Lo importante es que la descomposición de los Altos Tribunales amenaza con colocar a Menem en el lugar que le corresponde. Cuando María Servini de Cubría cometió la torpeza de denunciar al ex-ministro Arslanian por ofrecerle hace dos años una suculenta comisión si abandonaba su puesto, en la Casa Rosada se agarraron de la cabeza. La Servini de Cubría se hacía acreedora a un nuevo pedido de juicio político por encubrir y silenciar una extorsión con el consiguiente peligro de ser apartada de su cargo. Y en ese juzgado duermen varios expedientes que llevan directamente al Presidente a Villa Devoto. Está la causa de los guardapolvos que involucra al Secretario de la Presidencia, Eduardo Bauzá. Está el “Yomagate”, de la ex-secretaria de Audiencias de la Presidencia. También la causa de la privatización del Banco de Italia que, si bien involucra a los radicales, comprende también las presuntas operaciones de lavado de narcodólares de la Banca Nazionale del Lavoro, vinculada al BCCI de Gaith Faraon —un hombre y un negocio del riñón menemista. Por eso la reacción inicial de la Casa Rosada fue “bloquear cualquier intento —ya sea de la oposición o de sectores díscolos del peronismo— de someter a la polémica jueza a juicio político” (El Cronista, 1/6). Sin embargo, en un giro de 180 grados, y ante las evidencias de que seguir defendiendo a la Servini conducía al menemismo al abismo, Menem dio la orden de admitir que la jueza fuera juzgada pero sólo por el incidente con Arslanian. El “Yomagate” no podía ser reabierto bajo ninguna circunstancia, fue la orden. El bloque de diputados del PJ votó entonces el juicio político pero sin que abarcara el expediente del narcotráfico. (Para el justicialismo de la Cámara Baja, el Yomagate terminó) (La Nación, 4/6). Menem respiró aliviado, pero volvió a perder el sueño cuando tuvo conocimiento de que el juez Martín Irurzun podía pedir el procesamiento del embajador en Brasil, Alieto Guadagni, por haber recibido una buena cometa de la “tangente” italiana en la adjudicación de las obras del Río Matanzas. Aunque Alieto Guadagni fue ministro de Cafiero, un opositor al menemismo, Menem sabe que Guadagni es hoy un hombre del canciller Di Tella y además, en la “patriada” del Río Matanzas estuvo acompañado de Eduardo Bauzá. El temor a que el secretario de la Presidencia sea procesado llevó al menemismo a impulsar en el bloque de diputados del PJ el juicio político al juez Martín Irurzun, con los ojos clavados en que si Irurzun es apartado de la “tangente” la causa podría caer en el juzgado de ...Servini de Cubría o de Nerio Bonifatti. Los expedientes judiciales penden de un hilo sobre la cabeza de Menem y las dificultades cada vez mayores para evitar que caigan sobre su cabeza son un síntoma de la crisis de gobierno. Esta descomposición se ha acelerado por la campaña de Menem en favor de su reelección, la cual es resistida por un importante sector del gran capital, incluidos los privatizadores. Una amplia franja considera que se abrió el período posmenemista, lo que significa que Menem debe pasar al museo de la historia. Este sector que incluye a los pulpos exportadores ha comenzado a tejer sus alianzas políticas con Bordón, Cafiero, Duhalde, De la Rúa y Angeloz, con vistas a formar un gobierno de “unidad nacional” que los subsidie. Para salirle al cruce a Duhalde, Menem llamó a votar por Rousselot en la interna del PJ, lo cual terminó por hundir las chances de Rousselot de alcanzar la minoría. “Ahora, claro, no sé si podrá salir la cláusula de la reelección”, le dijo Duhalde a la revista Noticias (6/6).No por casualidad la UCR sacó esta semana una declaración abogando por “un tipo de cambio real que facilite las exportaciones”, o sea, la devaluación. A partir de este cambio de caballo, la reelección pasó a perder “consenso” entre los explotadores, con lo cual el veto de los pulpos exacerbó aún más las ansias reeleccionistas de Menem. Lo fundamental es que a medida que esta puja y crisis se agrava, los expedientes judiciales vuelven a relucir recordándole a Menem que ciertos límites no se pueden cruzar, so pena de terminar como Collor de Mello o Carlos Andrés Pérez. La reelección ha dividido al gabinete. Béliz habría tejido una alianza con Cavallo con el lema de “desensillar hasta que aclare”, mientras Bauzá y Corach quieren la reelección a muerte. Esto explica que el Ministerio del Interior no hable de la reelección y Menem tenga que salir a la palestra. La cuestión de la reelección podría llevar a una crisis de gabinete. Washington decide No por casualidad, en vísperas del viaje de Menem a EEUU, los diarios publicaron noticias de la Casa Blanca que revelarían el desagrado norteamericano porque el Cóndor no habría sido definitivamente desactivado. Según La Nación, Menem debería darle explicaciones a Clinton sobre la demora en sancionar la ley de patentes que exigen los laboratorios norteamericanos, el “asunto Cóndor”, las “imperfecciones” y demora en la reforma previsional, entre otros tópicos. En lugar de que le tiendan la alfombra roja de la reelección, Menem tendría que dar explicaciones para que Clinton no lo mande “al descenso”. Claro está que el remate de YPF entretiene a los especuladores, pulpos y bancos por las comisiones de más de 100 millones y por quedarse con los suculentos activos de la petrolera estatal, por un cuarto o quinto de su valor. A través de este nuevo impulso especulativo, Menem pretende ganar el “corazón” de la gran banca, pero ésta le responderá con el “bolsillo”. Desde ya, el gran capital nativo y extranjero descuenta la devaluación del peso y algunos ya hablan del “fin de la convertibilidad”, como el asesor financiero Marcelo Lascano ( Clarín, 6/6), o el alerta de Alvaro Alsogaray de que la inflación de mayo es incompatible con la continuidad del plan Cavallo. Menem va a Washington a recibir el veto imperialista. El gran capital quiere prevenir un Collorgate o un “caracazo”, y preservar la continuidad de esta política entreguista a través de los Bordón, De la Rúa, Duhalde. ...Pero el imperialismo yanqui está en crisis y los roces y lucha de camarillas en la burguesía son tan intensos que el gobierno puede deslizarse por la “tangente”.

Las movilizaciones contra la privatización de Hidronor, la gran marcha en repudio a la visita de Menem, el acto antigubernamental a las puertas de la Legislatura donde el gobernador dirigía el mensaje, durante el 1º de Mayo, el fracaso de la concentración de apoyo al gobierno que organizó el MPN, la crisis entre distintos sectores del propio gobierno y del MPN, en una lucha intestina entre clanes, los reiterados cambios de gabinete y fracturas internas, crearon no sólo un cuadro de crisis política sino abonaron una buena oportunidad para que los estatales infringieran una derrota al gobierno. En este contexto, y con 20 días de anticipación la comisión directiva de ATE lanzó un paro de 24 horas para el 20 de mayo. Un paro que la directiva del gremio circunscribió a una medida de presión para obligar al gobierno a sentarse a discutir el nuevo convenio colectivo de trabajo como vía para lograr una recomposición salarial. Horas antes de su realización, acuciado por una crisis gubernamental, el gobierno contestó como una mayor agresión, para dar una imagen de fortaleza que no posee. Esto revulsionó todo el cuadro en medio del cual se daría el paro, ya que los sectores de Salud, ante la suspensión de las residencias reaccionaron con movilizaciones, comités de lucha y paros. Esto colocaba al paro como la oportunidad de transformarlo en una jornada de lucha del resto de los estatales, tal como lo exigía un volante de la Naranja y Blanca, además de colocar en el centro de los reclamos un pedido de 250 pesos de recomposición salarial. La comisión directiva de ATE jugó a fondo su política de frenar el paro. El plenario previsto para el lunes 17, fue levantado sin motivos valederos y pasado para el miércoles 19, que también se suspendió con el increíble argumento que al no sesionar el plenario de delegados, la Subsecretaría de Trabajo no podría notificar al gremio de la ilegalidad del paro. Desde ya la suspensión del plenario no evitó la notificación, pero sí evitó que la lucha de los hospitales y centros de salud y sus comités de lucha hicieran sentir en el plenario, y al resto del gremio la presión por transformar el paro “matero” en un paro activo. Esto se reflejó en un paro muy dispar, con alto acatamiento en los sectores ya movilizados y muy poco en el resto. No sirvió para golpear al gobierno. Por eso el gobierno lanzó un proyecto de ley para reducir la planta estatal, y la directiva no tuvo más remedio que largar un paro con movilización hacia la Legislatura a partir de las 10 horas el día 4. La dirección CTAísta sigue enganchada en la idea que el gobierno “no consensúa la reforma del Estado”, y reclama el regreso a la mesa de negociaciones. Para la semana entrante está planteada una movilización de la Coordinadora de Gremios Estatales. Una vez más, la suerte de los estatales se dirime en la calle y en la lucha. Para triunfar falta una dirección realmente antigubernamental, basada en los comités de lucha, los plenarios conjuntos de todos los trabajadores estatales y un programa que ponga como primer punto el reclamo de recomposición salarial de 250 pesos.

El pasado 10 de mayo, los estudiantes de la ENET Nº1 (Lomas), salieron a “cortar” la calle frente al colegio. El motivo que impulsó a los jóvenes fue la muerte de una estudiante, ante los indicios de que contrajo meningitis debido a la basura que allí existe. El patio del colegio se encuentra en condiciones desastrosas; hay escombros y basura. A los baños prácticamente no se puede ir. Los estudiantes decidieron no ingresar al colegio hasta que saquen toda la basura; también tienen planteada la formación del centro de estudiantes. Instituto Lomas El 19 de mayo, estudiantes y profesores del Instituto Lomas hicieron una sentada frente al colegio como medida de protesta por el despido de un profesor. La caldera estalló cuando, días antes, el director del turno mañana encontró tomando mate a un profesor con sus alumnos. El consejo administrativo procedió a separarlo del cuerpo docente, lo cual a la vez produjo la renuncia del rector. A partir de la separación del profesor los docentes se declararon en estado de asamblea. Los estudiantes decidieron proseguir con las sentadas y se organizó una marcha al centro de Lomas, a la que concurrieron aproximadamente unas 150 personas entre estudiantes, padres y docentes. Al grito de “se va a acabar la dictadura escolar”, los estudiantes rechazaban la designación del nuevo rector, y pidieron la expulsión del director y de miembros del consejo administrativo.

A medida que pasan los días aparecen nuevas evidencias de la relación entre el asesinato del ex senador radical Regino Maders y los negociados realizados a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) por parte del gobierno de Angeloz. Maders, pocos días antes de ser asesinado, había decidido, según sus familiares, hacer públicas sus investigaciones relacionadas con la construcción, reparación y concesión de la Central Bazán, que produciría un perjuicio a las arcas provinciales del orden de los 770 millones de dólares (Hoja X hoja, Nº 22). El negociado beneficiaba a la empresa Bayco, formada por CAT-Fiat Materfer y Soinco-Ormas, que cuentan con funcionarios o ex funcionarios del gobierno radical en sus filas. A su vez, los equipos de turbogás (Fiat) usados para la construcción de la Central Bazán fueron pagados con un sobreprecio de 40 millones de dólares, pero nunca funcionaron por fallas en su construcción. Cuando se licitó su reparación (una vez vencida la garantía), quedó en manos de los constructores (CAT -Fiat) a pesar de que el precio superaba en un 60% (6 millones de dólares) a la otra oferta. Finalmente el grupo Bayco fue beneficiado por la concesión de la usina, que le ofrecía un negocio fabuloso. Las dos últimas licitaciones fueron anuladas ante la crisis desatada. Los negociados alcanzan también al Banco de la Provincia. EPEC solicitó avales del banco para pagarle a CAT la reparación de la Central Bazán. Esta operación fue desaconsejada por técnicos del banco porque CAT entraría en concurso judicial. El crédito finalmente otorgado fue gestionado por el contador Castaño, quien era presidente del Banco de la Provincia en el momento en que se aprobó la operación anterior a favor de CAT. No sólo Castaño está relacionado con Bayco sino también Alvaro Hernández, que pasó al directorio del Banco Provincia, y aparecieron como directores de EPEC Raúl Olloco, entonces director del banco, y Manuel Juárez Torres, otro ex abogado de Soinco, hasta entonces procurador del Tesoro. CAT-Materfer-GMD es el principal deudor del Banco Provincia (por 30 millones de dólares) y se encuentra en concurso de acreedores. El “cruce” de funcionarios entre las empresas implicadas, el Banco de la Provincia y EPEC, aseguraban “la concesión de las Usinas al principal deudor del Banco, el grupo CAT-Materfer-GMD, asociados además a Fiat, firmas fabricantes de las máquinas defectuosas vendidas a EPEC” (Francisco Llorens a Hoja X hoja Nº 23). El caso Maders: la punta del iceberg El gobierno de Angeloz y el conjunto del radicalismo (incluido el alfonsinismo al cual pertenecía el ex senador) adjudicaron en un primer momento el crimen a “motivos de polleras” o “un simple intento de robo”. ¿Por qué? El de Maders no es el primer crimen relacionado con EPEC, una empresa que desde su creación estuvo manejada por funcionarios íntimamente ligados al radicalismo, hombres del “aparato” partidario. En diciembre de 1979, Francisco Bazán, ex presidente de EPEC y “que se oponía al sobreequipamiento con turbogás, tuvo un extraño accidente que le costó la vida” (Hoja X hoja, Nº 21). En marzo de 1986 fue asesinado otro ex presidente de EPEC, Francisco Pérez Zorrilla. Durante esa presidencia Angeloz era su secretario privado. La hija de Pérez Zorrilla hizo conocer que por las manos de su padre pasaron millones de dólares y el manejo de cuentas bancarias en el exterior, como resultado de las gestiones de su padre para conseguir obras eléctricas para determinadas empresas (entre otras la construcción de la central de Embalse, la Central Pilar —la más importante de EPEC). Días después de asesinado Maders, le sucedió lo mismo a José González, empleado de EPEC estrechamente ligado a Maders en la investigación de subfacturación y robo de energía por parte de grandes consumidores. Ninguno de los crímenes fue resuelto. La presencia de funcionarios radicales en las empresas beneficiadas con licitaciones y concesiones y en los puestos claves del aparato del Estado (o empresas estatales) muestran la fuerte ligazón entre el radicalismo y la “caja” de EPEC (y también del Banco de la Provincia y el Social). No es casual que el radical más implicado hasta ahora en el caso Maders sea, justamente, el “responsable financiero” del angelocismo: el diputado Medina Allende, que está siendo juzgado por “obstaculizar la investigación del asesinato de Maders”, un eufemismo para decir que el diputado angelocista había armado una red de contraespionaje con altos miembros de la policía provincial para “chicanear” y “dirigir” la investigación judicial. Pero la verdadera envergadura de la estrecha relación entre las finanzas de EPEC y las de la UCR fue dada por el propio Maders, quien según sus familiares, iba a hacer público el resultado de sus investigaciones sobre las irregularidades con CAT después de las elecciones para gobernador del 8 de setiembre de1991, para “no poner en peligro el triunfo radical en las urnas” (y la propia reelección de Angeloz). Maders, asesinado el 6 de setiembre, era consciente de que en sus manos tenía una bomba que podía hacer estallar a la centenaria Unión Cívica Radical. Crisis política El menemismo está usando el asesinato de Maders para obligar a Angeloz a una negociación y entregar parte del botín del Estado provincial. La UCR contraatacó amenazando con sacar a luz nuevos “trapos sucios” del menemismo. Pero además el temor a que un avance en las investigaciones haga estallar al gobierno radical (en un momento en que el justicialismo está partido en mil pedazos) ha llevado al “antimenemista” De la Sota a llamar a la “prudencia» y a “despolitizar el caso» , o sea, al encubrimiento. Pero la evidente vinculación del angelocismo con el crimen y con otros negociados están obligando a Angeloz a echar lastre. Es por esto que anuló el proceso de concesiones y la licitación para reparar las usinas de EPEC y está dispuesto a negociar las privatizaciones de la empresa de energía y el Banco de la Provincia. El “caso Maders” plantea así una cadena de encubrimientos (dentro del radicalismo y del menemismo) que procuran ocultar no sólo a los autores materiales e intelectuales del crimen de Maders, sino también la lucha descarnada que existe por el control del aparato del Estado, de las empresas y de las fabulosas cometas y negociados.

Cuando el actual gobernador ganó las elecciones en 1991, desde el Frente Social (agrupamiento político donde se enroló ATE), se definió el acceso de Sobisch como un triunfo popular y el arribo a la casa de gobierno de un “hombre de trayectoria, no un improvisado o corredor de autos”. Así concebía el futuro núcleo del CTA la llegada de Sobisch a la gobernación, en oposición a los candidatos del PJ y la UCR. Coherente con esta posición, la directiva de ATE llevó más de una vez a los delegados a audiencias con el gobierno para aplaudir al gobernador. Se suscribieron actas tras actas con medidas contra los estatales que impulsaba el recién electo gobernador (horario cortado, municipalización, etc.), creando a tal efecto un organismo de “consenso”, la CORE (Comisión de Reestructuración del Estado). El gobierno y la directiva de ATE llegaron a elaborar un proyecto de ley en común, sobre paritarias y conciliaciones. Hoy el gobierno abandonó la vía del “consenso” para imponer los despidos, municipalizaciones, privatizaciones, retiros “voluntarios”, etc., de modo que los choques con los trabajadores estatales se han agudizado. Sin embargo la estrategia de la directiva de ATE sigue siendo quejarse por “la falta de voluntad política del gobierno para consensuar la reforma del Estado”. transformarlo en una jornada de lucha del resto de los estatales, tal como lo exigía un volante de la Naranja y Blanca, además de colocar en el centro de los reclamos un pedido de 250 pesos de recomposición salarial. La comisión directiva de ATE jugó a fondo su política de frenar el paro. El plenario previsto para el lunes 17, fue levantado sin motivos valederos y pasado para el miércoles 19, que también se suspendió con el increíble argumento que al no sesionar el plenario de delegados, la Subsecretaría de Trabajo no podría notificar al gremio de la ilegalidad del paro. Desde ya la suspensión del plenario no evitó la notificación, pero sí evitó que la lucha de los hospitales y centros de salud y sus comités de lucha hicieran sentir en el plenario, y al resto del gremio la presión por transformar el paro “matero” en un paro activo. Esto se reflejó en un paro muy dispar, con alto acatamiento en los sectores ya movilizados y muy poco en el resto. No sirvió para golpear al gobierno. Por eso el gobierno lanzó un proyecto de ley para reducir la planta estatal, y la directiva no tuvo más remedio que largar un paro con movilización hacia la Legislatura a partir de las 10 horas el día 4. La dirección CTAísta sigue enganchada en la idea que el gobierno “no consensúa la reforma del Estado”, y reclama el regreso a la mesa de negociaciones. Para la semana entrante está planteada una movilización de la Coordinadora de Gremios Estatales. Una vez más, la suerte de los estatales se dirime en la calle y en la lucha. Para triunfar falta una dirección realmente antigubernamental, basada en los comités de lucha, los plenarios conjuntos de todos los trabajadores estatales y un programa que ponga como primer punto el reclamo de recomposición salarial de 250 pesos.

La rectoría del Colegio Nacional de Mercedes sacó de la manga un nuevo reglamento que establece que a partir del año 1993 los alumnos deberán concurrir al establecimiento con camisa blanca o celeste, corbata roja, zapatos, abrigo al tono y para Educación Física, remera blanca con la inscripción CNFA (Colegio Nacional Florentino Ameghino), para “recuperar la identidad del Colegio”, según lo destaca la revista La Ventana Nº 9, 11/92, vocero de la rectora Barreneche. El cumplimiento de las nuevas disposiciones empezó a encontrar la resistencia de los alumnos del Nacional y del proceso de movilización de la juventud en Mercedes, que traspone los límites de la escuela. Cada jueves se realiza en Mercedes, la Marcha del Silencio por el esclarecimiento de la violación y el asesinato del hijo de una familia explotada y de denuncia del papel encubridor de la policía y la justicia. Estas marchas cuentan con una creciente adhesión de los jóvenes. La declaración de guerra de la Barreneche (amenaza de expulsión “a todo alumno que concurra a esas marchas y nombre a la escuela nacional”) recibió no sólo una gran resistencia de parte del alumnado. Un sector amplio resolvió organizarse bajo el nombre de “Juventud Unida”.

En las últimas semanas se ha producido una seguidilla de escándalos que tuvieron como principal protagonista al presidente norteamericano. Primero fue la denuncia de su extravagante viaje de costa a costa para hacerse cortar el pelo por un exclusivo “coiffeur” de Beverly Hills. Luego vino la denuncia del despido de varios empleados jerárquicos de la oficina de viajes de la Casa Blanca para reemplazarlos por “allegados” de su natal Arkansas, curiosamente con “intereses” en una compañía de transporte aéreo. Finalmente, fue masivamente abucheado en un acto público por los veteranos de guerra de Vietnam. Al mismo tiempo, las encuestas registran una “caída libre” de su popularidad, la más pronunciada que se recuerde para un presidente en sus primeros meses de función; la prensa se pregunta si “los tropiezos de Clinton no tendrán fin” (New York Times, 24/5) y los corresponsales extranjeros llegan a recoger “el consenso unánime (acerca de que) Clinton está al borde del precipicio” (Le Monde, reproducido por La Nación, 30/5). Los escándalos y la pérdida de popularidad son, apenas, los signos exteriores de una profunda crisis política, que ciertamente tiene causas mucho más poderosas que el costoso corte de pelo presidencial. Rebelión fiscal y crisis política El corazón de la crisis política norteamericana es la verdadera “rebelión” de la burguesía yanqui contra el aumento de los impuestos a la renta y a los beneficios empresarios que pretende imponer Clinton. “Clinton tiene problemas —resume un columnista del Washington Post, 27/5— porque reclama un sustancial aumento de los impuestos”. El presupuesto que Clinton envió al Congreso incrementa los impuestos a la renta de las familias de altos ingresos y a los beneficios corporativos, aunque mucho menos que lo anunciado en la campaña electoral; crea un impuesto a la energía, que será enteramente cargado a los precios de las mercancías consumidas por los trabajadores; reduce las partidas destinadas al llamado “gasto social” así como también, pero en una medida insignificante, el presupuesto militar. Pero el presupuesto de Clinton está empantanado en el Congreso. Los senadores republicanos ya le bocharon un plan de corto plazo de gastos estatales por 16.000 millones de dólares para reactivar la economía. Los demócratas, de su propio partido, le bocharon su programa de “incentivos fiscales” para las empresas. Y aunque se vio obligado a aceptar imposiciones de última hora de los congresistas demócratas, que pusieron un techo a los gastos para la asistencia social, el presupuesto fue aprobado en la Cámara de Representantes (diputados) por un margen de un solo voto. ¡Nada menos que 38 diputados oficialistas votaron en contra! A la Casa Blanca le espera ahora una “batalla sangrienta” con el Senado: varios senadores del propio partido Demócrata rechazaron el impuesto a la energía, reclamaron reducir y posponer los aumentos en el impuesto a la renta y reducir, todavía más, los “gastos sociales”. Esto ha llevado a la prensa a pronosticar que el Senado le impondrá “modificaciones sustanciales” al presupuesto clintoniano. La “rebelión” de los congresistas, en particular los demócratas, es una confesión de que la burguesía norteamericana no está dispuesta a poner un centavo para reducir el déficit fiscal —que ella ha creado y con el cual se beneficia— y que su política es la guerra contra las masas. El famoso “plan Clinton” está a punto de ser despedazado en el Senado. Por eso, un columnista del Washington Post (27/5) afirma que “lo que estará realmente en cuestión en las próximas semanas es si Clinton podrá gobernar”, es decir si será capaz de mantener la iniciativa o si será el rehén de un Congreso balcanizado por los grupos de presión y los intereses particulares de los distintos pulpos capitalistas. La “rebelión fiscal” de la burguesía es siempre un síntoma político de extrema gravedad, porque revela que la clase dominante se niega a sostener su propio Estado. Esto ha llevado a los clintonianos a discutir la creación de un impuesto al valor agregado y hasta la completa sustitución del actual sistema impositivo, basado en el impuesto a la renta y a los beneficios, por un impuesto al consumo. Evidentemente, el impuesto al consumo significaría un fenomenal ataque a las masas, que deberían financiar, directamente, el aparato estatal más hipertrofiado y endeudado de la historia humana. Pero significará además una “redistribución del ingreso” al interior de la propia burguesía yanqui. La perspectiva de semejante expropiación económica de las masas —y de todo un sector de la burguesía—, que por su magnitud podría ser la base para un “despegue” del quebrado capital norteamericano, es el anuncio de seguras crisis políticas y choques sociales de una enorme magnitud en los Estados Unidos.

Sobre el remate de YPF se ha dicho de todo. Que la empresa valdría 12.000 millones y hasta 20.000 millones y se la vende por unos 6.000 millones. Para esto se subvaluaron sus reservas de petróleo y gas y hasta se adulteró el balance con el exclusivo fin de tirar abajo su precio. Inclusive se lanzó la oferta sin tener listo el balance de 1992, lo que llevó a postergar la venta, por no cumplir con las normas financieras internacionales. La enumeración podría seguir, mostrando que la venta es un simple remate. Sin embargo, no se ha dicho lo fundamental. YPF se remata porque el plan de convertibilidad está en la lona, y esto en lugar de darle un respiro al Plan Cavallo, podría acelerar su derrumbe. Descontando la devaluación La primera manifestación provino de Japón. Yu Watanabe, gerente para América Latina del Banco de Tokio, señaló “algunos problemas”. “Las privatizaciones fueron a la hora de conse-guir capitales un éxito. Pero —agregó— ahora que se terminan nos preocupa cómo se captarán recursos para equilibrar la balanza”. Y agregó a renglón seguido, “también nos preocupa el tipo de cambio: debiera devaluarse la moneda” (Revista Panorama, Abril 1993). En igual sentido, la Securities and Exchange Commision —la Comisión de Valores de EEUU— en un prospecto difundido en Washington, dice que “la futura relación entre la inflación de la Argentina y la de Estados Unidos y el valor del peso en relación con el valor del dólar podría afectar la situación financiera y los resultados de las operaciones” de....YPF(La Nación, 3/6/93). Recomienda entonces a quienes compren acciones de YPF hacerlo a un precio bajo, de manera de descontar ya la devaluación del peso. Que el fantasma de la devaluación devalúa aún más el rematado precio de las acciones, Cavallo lo vivió en carne propia. En Nueva York, Cavallo tuvo que rendir examen no sobre el “éxito” de la convertibilidad, sino del fracaso de las medidas para “evitar una devaluación ...explicación que el ministro de Economía efectuó ayer en Nueva York ante un importante auditorio de financistas e inversores locales...” (El Cronista, 13/5/93). En forma clara le dijeron a Cavallo que los inversores extranjeros irían a descontar del precio de las acciones de YPF la inevitable devaluación del peso. “Kristan Lindow del International Finance en Washington destacó en una conversación con El Cronista que “no está claro que la Argentina pueda obtener el mejor precio por las acciones de YPF, porque en el plano nacional los valores de la Bolsa han estado cayendo y en los mercados internacionales todavía existen algunas dudas sobre la estabilidad del plan de convertibilidad” (ídem). Cavallo, conocedor del paño imperialista y del fracaso de la convertibilidad, cotizó a un muy bajo precio la acción de YPF (entre 17 y 20 pesos ), no sólo porque pretende rematarla, sino porque sabe que en vísperas de una crisis devaluatoria nadie va a comprar, ni siquiera a un precio medio, acciones de una empresa del país en devaluación. Trampa a los jubilados Cavallo ideó un mecanismo peculiar de venta, con un premio del 15 % sobre el valor de la acción para quienes retengan por un período las acciones y también para los jubilados que transformen el BOCON en acciones de YPF. En este último punto la trampa sería total. El “premio” es un señuelo para que retengan las acciones y corran con el riesgo de la devaluación. En el caso de los jubilados, la gran mayoría tiene sus BOCON en dólares y Cavallo pretende que se desprendan por acciones de YPF que cotizan en pesos, de manera que la devaluación pulverice por completo la deuda con los jubilados. En este punto la maniobra de Cavallo sería doble. Primero obtendría una rebaja en el valor del BOCON del 20 %, porque los compraría al 65 % de su valor más un premio del 15 %, lo cual equivale a su compra al 80 %. Luego, con la devaluación, la acción de YPF tendría una poda del 50 %, 70 % y hasta 90 %. Critica insustancial Los críticos burgueses y pequeño burgueses del radicalismo y del centroizquierda denuncian la venta de YPF por rematarla a menos de su valor. Se infiere que ellos la rematarían a su “justo precio”, pero lógicamente no dicen ni una palabra de cómo harían para venderla al precio de 10.000 millones o 20.000 millones que ellos mismos estiman. Los más osados dicen que habría que vender las acciones en tandas. A algunos pulpos petroleros nativos (como Pérez Companc, Pluspetrol, etc.) no les desagrada esta idea, de manera que las acciones queden en manos ...nacionales. También proponen no privatizar YPF sino liquidarla vendiendo las áreas, yacimientos, oleoductos, en forma fraccionada. La “ventaja” es que ellos serían los compradores, cerrándole el paso a competidores especialmente foráneos. De este modo se ha dado una alianza de radicales, centroizquierdistas y algunos “capitanes de la industria” en favor del “desguace nacional” de YPF.

En diciembre del ’92, visitó Budge el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Duhalde), junto con el intendente de Lomas de Zamora (Bruno Tavano) y el diputado Mércuri. Tras un “aparatoso” acto, en el que se regalaba 10 pesos y una caja de vino a quienes estaban dispuestos a “militar” para el PJ por un día, el Sr. gobernador anunció algo que los habitantes de Budge esperábamos hace años: la entrega de los 1.500 primeros títulos de las tierras. Prometió volver para febrero —marzo del ’93 y se encargaría de todo esto el intendente de Lomas de Zamora, Bruno Tavano, quién será “el encargado de hacer realidad nuestro sueño”... ¡el ser propietarios de las tierras! que nos pertenecen por derecho... porque después de muchos años de sacrificio... nosotros hicimos a Budge habitable, porque nuestra... es la tierra asfáltica, nuestra es la tierra con que rellenamos los terrenos que se inundan... de nosotros y de nuestras familias... son los años que pusimos para levantar nuestras viviendas... ¡Nadie nos regaló nada!... por eso creo que lo mínimo que merecemos es... la ¡adjudicación de las tierras! Después de una “minuciosa selección” en los últimos días de marzo, se hace un “censo” a los habitantes que vivimos en los lotes que pertenecían a la empresa Fiorito. Se nos dice que “seríamos” los “primeros privilegiados” en poseer los “títulos prometidos”, que se haría una reunión en la casa de tierras donde se anunciaría la forma de adjudicación... Conclusión, no se hizo tal reunión y la casa de tierras desapareció de la dirección que se nos dio. En ese mismo lugar, se tramitaban los documentos de extranjeros. Comenzaron a llegar las boletas municipales con amenazas de “acciones judiciales” a los vecinos que “no” se pusieron al día, con sus impuestos. Todo esto es manejado por el COC (Centro Organizador Comunitario). Algunos vecinos de Budge tienen las boletas de impuestos con su nombre. Lo consiguieron con un supuesto trámite “trucho”, hecho en la Municipalidad de Lomas de Zamora. En mi caso personal, para poder facilitar los trámites por una posesión veinteañal (hace 22 años que habitamos el lote) me presenté en la Municipalidad de Lomas y me pongo al día con los impuestos... ¡Pago los últimos diez años el día 27 de abril del ’93, después de ingresar una nota dirigida al intendente solicitando un plan de facilidades de pago acorde al “miserable ingreso de dinero” que entra en mi casa y pidiendo que las boletas de impuestos, vengan a nombre de mi esposo!... lo cual me fue negado diciendo que “no” tengo la escritura; por lo tanto, no pondrán las boletas a nuestro nombre... pero debo pagar lo adeudado. El día 30 de abril recibí en mi casa otra boleta de la Municipalidad intimándome a levantar la deuda tres días después de haber pagado ¡todo al contado! Yo pregunto: ¿en la Municipalidad de Lomas se juega a dos puntas? ¿Cómo puede ser que no sepan que la deuda fue saldada? ¿A dónde fue a parar “mi dinero”? En Lomas, a cara limpia, los funcionarios están demostrando tener las manos y el culo sucios. ¿Cómo puede ser que en las computadoras salgan todos los “morosos” y no salgan cuando pagan? Estos son los funcionarios que combaten la corrupción, con un municipio lleno de delincuentes, dignos representantes del régimen capitalista y chupasangre del pueblo trabajador. Quiero que quede bien en claro que todo esto ocurre en la Municipalidad de Lomas de Zamora... “bunker” del “honorable” intendente Bruno Tavano y secuaces. 6/5/93 (Budge, Lomas de Zamora)

El parlamento alemán —con el voto del gobernante partido cristiano-demócrata y de los socialdemócratas— revocó la garantía constitucional de asilo. La revocatoria autoriza a los guardias fronterizos a expulsar, por la fuerza y sin más trámite, a los extranjeros que lleguen a sus fronteras. El reforzamiento de las fronteras y los cuerpos de guardia es el primer paso del Estado alemán para fortalecer el conjunto de sus aparatos represivos contra las masas, que comienzan a movilizarse contra el desempleo, la miseria y la limitación de las libertades democráticas. La “democracia” alemana se está “blindando” aceleradamente: el parlamento que votó la oprobiosa revocatoria del derecho de asilo fue “protegido” por “la mayor demostración de fuerza policial vista en la historia de la ciudad de Bonn” (Washington Post, 27/5) para cercar la manifestación de 10.000 jóvenes que protestaban contra la medida. El gobierno de Kohl argumentó que la derogación del derecho de asilo pretende “frenar a los neonazis”. En realidad, los cristiano-demócratas y el aparato estatal manipulan a las bandas nazis, las dejan hacer, para forzar a la opinión pública democrática a aceptar la liquidación del derecho de asilo, de las libertades democráticas y el reforzamiento de los aparatos represivos. Lo prueba la pasividad, y hasta en algunos casos la connivencia, con que la policía, la justicia y el propio gobierno reaccionaron ante los ataques de los neonazis —denunciada por la prensa de todo el mundo. Pero también los socialdemócratas justificaron su voto por la derogación del derecho de asilo con el argumento de “atacar a los nazis”. ¡Curioso “ataque” éste, que equivale a ceder en toda la línea frente a las bandas nazis! El “mensaje” de la ley —“fuera los extranjeros”— fue claramente comprendido por las bandas neonazis. Pocas horas después de la sanción de la reforma constitucional —después de dos meses de inactividad— los nazis lanzaron en varias ciudades una serie de violentos ataques contra los residentes de origen turco. En el más grave de ellos, dos mujeres y tres niñas fueron asesinadas y otros 20 ciudadanos de origen turco fueron heridos en la ciudad de Solingen, cerca de Colonia. El ataque neonazi, y la completa pasividad e impotencia oficial, desataron un levantamiento de los turcos en Alemania. Miles manifestaron en la ciudad de Solingen, y en otras ciudades, chocaron con la policía al grito de “¡queremos la sangre de los nazis!”. La policía, que no investiga realmente el genocidio de Solingen, sin embargo no ha tenido empacho en detener a decenas de manifestantes turcos. Las “cadenas de velas”, las marchas y los conciertos de rock —de los que se enorgullecían los “demócratas”— han sido completamente incapaces de frenar a los nazis. La acción directa está planteada a la orden del día. El levantamiento de los turcos es, por eso, un hecho de enorme importancia porque abre la posibilidad de un frente único de autodefensa entre las organizaciones de los residentes turcos y las organizaciones de izquierda que se pronunciaron contra la derogación del derecho de asilo para barrer a la escoria nazi de las calles.

El gobierno acaba de firmar un nuevo “acuerdo automotriz” por el que las patronales se comprometen a no aumentar el precio de los autos hasta marzo del año que viene. Se prorroga así el congelamiento pactado en 1991, en el inicio del “plan”. Los diarios dijeron que se trataba de todo un éxito de la “estabilidad” cavalliana. En verdad, este acuerdo automotriz tiene el mismo propósito que el anterior: garantizar a las patronales que no baje el precio de los autos en momentos en que hay una caída de los precios internacionales de autopartes y automóviles. Mientras el Ford Escort está en 12.000 dólares en Brasil o 9.250 en Italia, el precio “congelado” de Cavallo para Argentina se mantiene en 18.500 dólares. “Desde que entró en vigencia este régimen automotriz, en enero de 1992, los precios de los autos no bajaron” (Cronista, 2/6). La “competitiva” patronal mecánica obtiene así un beneficio de características impresionantes, protegido de la importación por un régimen especial de “cupos” y altos aranceles para el consumidor directo. De esta manera, las patronales se quedan con la reducción del 17% de los impuestos que gravan a los automóviles, consagrada en el pacto anterior. Además, mantienen el grueso del negocio de importación en manos de las terminales: “en 1992 se importaron 102.000 automotores, de los cuales las fábricas importaron directamente el 70% de ese volumen gracias al arancel del 0% para (aquellos provenientes del) Brasil y del 2% para los de extrazona” (Cronista, 2/6). ¿Pero acaso los capitalistas cumplen con el congelamiento de precios pactado? Para obtener un auto en forma inmediata hay que pagar un sobreprecio. Además, las terminales trabajan con el dinero del comprador, que tiene que pagar por adelantado el 50% del valor del auto y esperar 6 ó 7 meses hasta que le entreguen su unidad. “Paz social” con José Rodríguez y Lorenzo Miguel “El gremialista (Raúl Amín, del Smata) se deshizo en elogios”. “Antes que Ud. viniera para nosotros todo era un rosario de desgracias. Hoy tenemos trabajo y garantías de mayor tecnología e inversiones”, dijo mirando fijo al Presidente. Junto a él estaba Raúl Torres, de la UOM, firmante del acuerdo por la rama automotriz (Clarín, 1/6). La realidad es que para los trabajadores este acuerdo es una desgracia: un aumento del 3% hasta octubre y otro 2% hasta marzo, a cambio de un aumento del 20% de la producción. La burocracia ha pactado, por lo tanto, una nueva vuelta de tuerca en materia de “flexibilidad laboral” en las plantas automotrices. Luego de un año de congelamiento salarial se acordó un aumento que se lo come la inflación de dos o tres meses. Mientras tanto, las patronales se quedaron con impuestos a razón de 2.000 dólares la unidad, venden con sobreprecios y pagan salarios un 15 o 20% inferiores a los de dos años atrás —sin contar lo apropiado en concepto de “productividad obrera” no pagada.

Buenos Aires, 14 de mayo de 1993. A tres años de la detención de Horacio Ramos, preso político en la cárcel de Villa Devoto, esta Comisión denuncia que el compañero Ramos se encuentra en calidad de procesado, al cabo de tres años; lo cual viola el Pacto de San José de Costa Rica al que suscribe Argentina. Sus defensores han pedido la excarcelación y ha sido denegada, esto somete al compañero a una nueva y mayar injusticia. El ministro Maiorano —al asumir en sus funciones— se comprometió a resolver con inmediatas libertades todos los casos de procesados que llevaran más de dos años de prisión. ¿Dónde quedaron esas promesas? Exigimos la inmediata libertad de Horacio Ramos, militante del campo popular y la de todos los presos políticos.

El “acuartelamiento” del Ejército chileno —dispuesto por su comandante Pinochet el pasado 28 de mayo—, ha culminado con un compromiso que satisface las principales exigencias del Alto Mando pinochetista. Militares y funcionarios del gobierno democristiano-socialista acordaron estudiar “la ampliación de la ley de amnistía vigente para los delitos cometidos entre 1974 y 1978” (El Mercurio, 4/6). Al mismo tiempo, el gobierno “dejará pendientes las solicitudes de indulto a los autores del atentado a Pinochet en 1986 y se postergará para 1994 la reforma a la ley orgánica de las FF.AA. que le permitirá al presidente de la república la remoción de oficiales” (Clarín, 4/6). Aunque el gobierno no confirmó el alcance de estos compromisos, el presidente de la Cámara de Diputados, Veira Gallo, se pronunció por una “amnistía restringida” para que los actuales “900 procesos por violaciones a los derechos humanos se reduzcan a 20” (El Mercurio,5/6). El cuartelazo y el “pacto” posterior han preparado el terreno de un conjunto de indultos recíprocos, donde la libertad de los presos políticos de la dictadura quedará condicionada a un amplio blanqueo de los crímenes y negociados del pinochetismo. Una vez asegurado este rumbo, el geronte Pinochet producirá su previsible pase a retiro. Un paso que, por otra parte, ya plantean los principales voceros de los explotadores. Para “El Mercurio”, que “el ex-presidente (sea) el actual Comandante en Jefe (...) es un factor que complica las relaciones (cívico-militares)”. Se prepara entonces el retiro de Pinochet como moneda de cambio de una “ley de punto final” trasandina. Pero a pesar de los “esfuerzos” del gobierno “centroizquierdista”, la crisis militar no se ha cerrado y, en cierto modo, recién ha comenzado. Hay en Chile una pugna sorda por la sucesión del Alto Mando militar. Un vocero conspicuo del pinchetismo, el senador designado Sinclair, atribuyó la aparición de las pruebas sobre el negociado que involucra a un hijo de Pinochet (y que terminaron desencadenando el “cuartelazo”) a “que el Ejército había sido infiltrado” (La Tercera, 2/6). Esto es, que la “movida de piso” a la clique pinochetista provenía de las propias filas del Ejército. El gobierno de Aylwin pretende acaparar para sí el manejo del presupuesto militar del Estado, para lo que cuenta con el apoyo del imperialismo (el “demócrata” Aylwin acaba de cerrar un acuerdo con el restauracionista Yeltsin, para rearmar a Chile con pertrechos rusos... y apoyo financiero imperialista). Pero para ello, precisa desplazar a los elementos más recalcitrantes del pinochetismo y conformar una cúpula militar adicta. Las investigaciones sobre los negociados pinochetistas han “salpicado”, también, a sectores de la gran burguesía vinculados a las exportaciones de armas. La disputa por el rumbo del ejército traduce, en definitiva, una lucha más general entre los explotadores trasandinos, en medio de un empantanamiento económico creciente (un sector de la gran burguesía está reclamando abiertamente una devaluación). Asistimos a la prematura descomposición de la “última institucionalización” latinoamericana.

Hace unas horas falleció Emilio Horacio José Di Blasio, también conocido por los militantes del Partido como “el viejo”. Se ligó al Partido en 1965 en la ciudad de Bahía Blanca, cuando era el Secretario Adjunto del Sindicato No Docente de la Universidad del Sur. Allí prácticamente fue uno de los fundadores de Política Obrera en la ciudad. Bajo la última dictadura militar, su militancia fue íntegra. Fue responsable de la edición del periódico, y fue así que la prensa, las revistas, los folletos, bajo la dictadura militar nunca dejaron de salir. Emilio fue el artífice de ello. Eran épocas difíciles porque todos los días se jugaba su libertad y su vida. La labor de Emilio garantizó que no cesara la palabra del Partido. A los 55 años, víctima de una enfermedad que lo postró, no cejó en su espíritu militante. Se lamentaba en el Hospital de no haber podido estar presente el 1º de Mayo en la Plaza de Mayo. A sus hijos, familiares, compañeros y amigos. Este es nuestro recuerdo y homenaje “al viejo”.

El viernes 21 de mayo fue detenido Juan Carlos Galeano “Chili”, de 24 años, un joven de Benavidez, acusado por la violación de un menor de 13 años. “Chili” quedó incomunicado. Continuó detenido a pesar que el padre de la víctima retiró la denuncia (por falsa). El domingo la policía recibió la comida que le llevaron los amigos pero no les permitieron verlo. El mismo domingo a las 14 horas la policía informó al padre que el joven se había suicidado ahorcándose. El cuerpo, sin embargo, tiene muestras de torturas. ¡Otra vez la rueda de la impunidad y la provocación! Pero la respuesta de la población no se hizo esperar. Los vecinos y sobre todo los jóvenes, amigos o conocidos de Chili se movilizaron hasta la comisaría para pedir explicaciones. Estas movilizaciones consecutivas, domingo, lunes y martes, permitieron rescatar el cuerpo de la morgue de Tigre, adonde rápidamente había sido trasladado para “enterrarlo directamente”. Durante el proceso de movilización (entre cien y trescientas personas) se formó una Comisión de vecinos por el esclarecimiento del crimen. Es fundamental destacar que fue la movilización espontánea la que evitó que esta muerte quedara en absoluto silencio como otras muertes ocurridas en Tigre y en el resto del país. Movilización que portaba improvisadas pancartas con la leyenda “asesinos” y no podía evitar gritar palabrotas demostrando el repudio y la bronca hacia el accionar (cotidiano) represivo y provocador de la policía de Duhalde. El planteo de “Juicio y castigo a los asesinos de Chili” es el eje que debe orientar el desarrollo de las movilizaciones y el debate en la Comisión de vecinos. Para que como decían los pibes: Esto no quede así. “Hoy le pasó a Chili y mañana podemos ser nosotros”. 30/5/93

Los trabajadores de la construcción del Uruguay, agremiados en el Sunca, han lanzado una huelga por tiempo indeterminado con ocupación de obras. El reclamo central de la huelga es un inmediato aumento salarial del 50% y un mínimo de $ 2.800. El pliego también incluye el reclamo de la garantía del pago de 22 jornales mensuales, el acortamiento de la jornada laboral sin afectación del salario y el pleno cumplimiento de la ley de seguridad laboral. La huelga, que comenzó el 31 de mayo, fue precedida por numerosas manifestaciones y huelgas parciales. En la última de estas movilizaciones, realizada frente al parlamento, los obreros de la construcción, y también los empleados públicos, chocaron violentamente con la policía, que cargó contra la movilización conjunta. Huelga general y estrategia burocrática El llamado a la huelga fue votado por unanimidad en una asamblea general. Durante años, sin embargo, la dirección stalinista del Sunca se opuso tenazmente a la huelga general y hasta a la simple coordinación de los conflictos existentes en las obras. La consigna de la huelga por tiempo indeterminado es una bandera histórica de la oposición clasista y antiburocrática del Sunca, la agrupación Lucha Obrera, integrada por militantes independientes y del Partido de los Trabajadores. El voto de la burocracia por la huelga por tiempo indeterminado traduce un fracaso de su política de desmovilización y “diálogo”. La huelga de la construcción choca con la “pauta” del 28% de aumento salarial hasta abril de 1994 establecida por el gobierno en el último acuerdo con el FMI. La “pauta” es una descarada reducción salarial: la propia “pauta inflacionaria” oficial es del 50% ... y la inflación real supera el 70%. El gobierno interviene directamente en las negociaciones salariales —que son tripartitas— para “proteger” a las patronales. Este solo hecho —la existencia de una lápida oficial que impide la libre negociación salarial obrero-patronal— es la negación más rotunda de que en Uruguay exista libertad sindical o, simplemente, democracia. Pero es también una condena a la estrategia de la burocracia frenteamplista del Pit-Cnt, cuya principal reivindicación es, en cada conflicto, “la convocatoria del consejo salarial” donde, ya se sabe de antemano, los trabajadores pierden dos a uno. Huelga general y Mercosur En Uruguay se está produciendo un “boom” de la construcción de shopping centers, hoteles de lujo y residencias, mientras se desploma la obra pública y la construcción de viviendas populares. Sin embargo, las cámaras patronales, en particular la que agrupa a las empresas asociadas con capitales brasileños, rechazan rotundamente el reclamo salarial ... a pesar de haber amasado enormes superbeneficios en el último año. Más aún, fueron las propias cámaras patronales las que provocaron el conflicto al negarse a discutir la renovación del contrato vencido a fines de marzo. La principal “preocupación” de las patronales es que este nuevo convenio debería incluir a los trabajadores extranjeros (brasileños, paraguayos) que han entrado en masa al Uruguay en los últimos años. Los trabajadores extranjeros están ocupados, principalmente, en las empresas uruguayo-brasileñas que se han formado a la sombra del Mercosur y que han monopolizado la construcción de shoppings y hoteles. El dueño de una de estas empresas, Sergio Pintos Mariño, fue terminante al declarar que “o bajan los salarios de los trabajadores uruguayos ... o tendremos que traer trabajadores brasileños” (Brecha, 4/6). Un trabajador brasileño gana 130 dólares por el mismo trabajo por el cual uno uruguayo cobra 250 dólares más los aportes sociales (a cargo de las patronales). La huelga de la construcción marca a fuego el carácter antiobrero del Mercosur, que en su momento recibió el cálido apoyo del Frente Amplio y de la burocracia sindical. A diferencia de las ramas industriales —donde los pulpos transfieren la producción de un país a otro— en la industria de la construcción, las patronales “importan” directamente trabajadores. ¡Pero la única manera en que las patronales puedan pagar “salarios brasileños” a los brasileños que trabajen en el Uruguay es liquidando el convenio colectivo! El principio elemental de todo convenio colectivo —establecer un salario igual por un igual trabajo para todos los trabajadores de una rama industrial— es incompatible con la “integración capitalista” de los pulpos de la construcción. El objetivo de las patronales es imponer una derrota decisiva a los trabajadores de la construcción para liquidar el convenio colectivo. Por eso empujaron a los trabajadores a la huelga. Huelga y crisis burguesa “Las patronales de la construcción —sostiene “Brecha” (4/6)- llevaron a los trabajadores al enfrentamiento para exigir cambios en la política del gobierno...”. Los pulpos de la construcción, lo mismo que la burguesía industrial y amplios sectores de la burguesía rural reclaman una devaluación para reducir los “costos laborales” y “ganar competitividad”. A costa de los trabajadores, claro, cuyos salarios serían desintegrados por la devaluación. El Frente Amplio y la burocracia del Pit-Cnt se han sumado a este reclamo patronal. El diputado frenteamplista Alberto Couriel ha sido el principal expositor de la necesidad de una devaluación en la reciente interpelación parlamentaria al ministro de Economía, De Posadas. La dirección del Pit-Cnt ha puesto el conjunto de las luchas obreras en curso (ver aparte) detrás del reclamo de “un cambio en la política económica en defensa de los sectores productivos”, léase oligarquía. La dirección del Sunca —como hace tres meses la del gremio docente— se ha visto obligada a marchar a la huelga general, no por su voluntad, sino por el fracaso de su política (“consejos del salario”, apoyo al Mercosur), por la crisis política y por la radicalización de los trabajadores. Pero la burocracia, que ha llegado a la huelga a desgano, se irá de ella en la primera oportunidad. La burocracia stalinista del Sunca, como ayer la burocracia docente, traicionará. Y ya ha comenzado a hacerlo al apoyar el reclamo patronal de la devaluación. Un Comité de Huelga, elegido en asamblea y responsable ante ella, es imprescindible para llevar la huelga a la victoria, para imponer el reclamo salarial y quebrar el intento patronal de liquidar los convenios.

El viernes 28 se realizó en Córdoba una movilización de alrededor de 400 personas en ocasión del 24º aniversario del Cordobazo. Bajo la consigna “Para derrotar la reforma laboral, previsional, el hambre y la entrega de Menem y Angeloz. Reclamemos y organicemos el PARO GENERAL YA”, la marcha fue convocada por el Mst, el PL, la corriente Patria Libre y el PO. El Partido Obrero planteó la necesidad de que la marcha concluyera con un acto donde los oradores de los distintos partidos plantearan la política para impulsar las luchas de los trabajadores en la provincia, más aún luego del importante paro de los estatales del conflicto de DIPAS. Tanto el Mst como Patria Libre se opusieron a realizar el acto. Para el primero “la unidad lograda hasta acá alcanza”. Patria Libre fue más claro: se opuso a un acto de la izquierda porque esto “entorpece” acuerdos “más amplios” (“amplitud” que no se manifestó a la hora de salir a la calle). El planteo del Partido Obrero en favor del Comando de Izquierda, a través de una adhesión leída, fue muy aplaudido.

Compañeros de Prensa Obrera El periódico 389 publicó una carta mía en la que yo expresaba que Duhalde tiraba lastre cuando entregaba útiles escolares. No he cambiado de opinión al respecto. Sin embargo presencié por canal 11 una entrevista a un miembro del directorio de Editorial Estrada, una de las firmas líderes en manuales escolares y otros productos de librería. Cuando le preguntaron como andaban las ventas, el hombre respondió entusiasmado que la empresa estaba en record de ventas. Desde luego que no explicó las razones. Días más tarde, el 31 de mayo el gobierno entregaba diccionarios gratuitos a los escolares. Tuve la curiosidad de leer donde estaban hechos y leí Editorial Estrada. Esto, sin lugar a dudas ya nos da una pista ¿Cuántas editoriales han provisto a la Dirección General de Escuelas de libros? Por lo tanto; ¿cuales han sido sus márgenes de ganancias? La naturaleza de clase del gobierno Duhalde y las declaraciones de ese atildado señor capitalista, entusiasmado por los beneficios obtenidos nos llevan a concluir que Kapelusz, Estrada, Aique, Santillana y otras lograron interesantes diferencias con un mercado cautivo de cientos de miles de alumnos que por su indigencia no hubieran podido adquirirlos. Entonces, alguien podría responder que ha sido un acto de solidaridad social. De ninguna manera: en esto los funcionarios del gobierno, viejos zorros en transas han recibido seguramente comisiones jugosas que gustosas los pulpos editoriales les habrían pagado. Pero, además, aunque el libro constituya un instrumento didáctico de indudable utilidad no se puede dejar de mencionar que los chicos mal alimentados poco uso pueden hacer de ellos, y agregar que los ahorrros logrados por el congelamiento salarial de 200.000 docentes bonaerenses le ha permitido este acto de demagogia y corruptela al gobierno. Nadie sabe cual es el gasto efectivo realizado en material didáctico. Para eso sería necesario abrir los libros de los pulpos editoriales e imponer el control obrero. Lo mismo cabe para las cuentas de la provincia. Hay que acabar con los curros aboliendo el secreto comercial, como parte de la lucha contra el capitalismo que los promueve.

Los trabajadores estatales uruguayos están protagonizando importantes movilizaciones en todo el país. Los obreros y empleados de la administración central (Cofe) vienen realizando paros parciales y en los próximos días deberán votar si marchan a la huelga general. Los trabajadores de Ancap (administración de combustibles y alcoholes) se encuentran realizando paros escalonados en todo el interior del país y los telefónicos (Sutel) paros por sectores que desembocarán en una huelga de toda la empresa. Los trabajadores de la electricidad (Ute), por su parte, acaban de rechazar el proyecto de convenio por productividad presentado por la patronal —y endosado por la directiva del sindicato. En todos los casos, la principal reivindicación es el aumento salarial. Finalmente, los trabajadores de la aerolínea Pluna anunciaron el lanzamiento de un plan de lucha contra la privatización de la empresa. En el cuadro de esta importante movilización huelguística —que plantea una tendencia a la huelga general de los trabajadores estatales— se destaca, por su enorme significado político, el “paro de advertencia” de Adeom — el sindicato de los obreros y empleados municipales— al intendente frenteamplista de Montevideo, Tabaré Vázquez. El más significativo de los reclamos es el pago de una suma fija de emergencia y el establecimiento de un acuerdo salarial de largo plazo. El cumplimiento del “paro de advertencia” —el primero que “sufre” Vázquez— fue supermasivo: apenas 134 trabajadores, entre los 10.000 de la intendencia, se presentaron a cumplir sus tareas. La huelga paralizó la administración municipal. La masiva asamblea que resolvió el paro votó, en caso de no obtener una satisfacción a las reivindicaciones planteadas, marchar a nuevos paros y a la huelga general. El “maravilloso intendente de Montevideo” —como definiera a Vázquez el conservador “The Economist”— ya ha declarado que los reclamos de los trabajadores no son “justos” pero, aunque lo fueran, “primero y ante todo, están los intereses de todos los montevideanos” (La República, 5/6). Ciertamente, el intendente no es original. Como todo burócrata estatal, cuando debe enfrentar una reivindicación obrera Vázquez pretende que gobierna “por encima de las clases” y “para todas las clases”. Naturalmente, semejante gobierno no existe ni puede existir y es apenas unas excusa del burócrata frenteamplista para encubrir en nombre de quién gobierna: los pulpos que se han beneficiado con “concesiones de servicios” y las “privatizaciones parciales”. Tabaré Vázquez es el principal “presidenciable” del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones. Por eso, tanto la huelga de Adeom como las respuestas del intendente a los reclamos obreros son un factor de clarificación política para los trabajadores de Uruguay

En el Nº 392 de Prensa Obrera se cometió un error en el artículo “El Pts contra los convenios colectivos”. En la parte final del primer párrafo de la cuarta columna debía decir: “Al propiciar la política de las negociaciones por empresas de los problemas colectivos del movimiento obrero, y al recusar la posibilidad de la lucha colectiva contra el 470. el Pts capitula ante los capitalistas y su “plan” de liquidar las conquistas obreras”.

Durante 28 días los padres de la Escuela Provincia de Córdoba protagonizaron una protesta contra el gobierno de Angeloz. Comenzó con una toma de la escuela el 6 de mayo y continuó con una huelga de hambre, movilizaciones, acto y clases públicas. El motivo es el intento de canje de un terreno para la construcción del edificio escolar (actualmente alquilan). Hace 28 años la Nación donó un terreno de 3.600 m2, y tras la promesa electoralista de construir este año la escuela se sorprende a los padres con un cambio de terreno, por uno de 800 m2, en las orillas de un barranco, donde hoy funciona un depósito municipal. Las causas del cambio, según denuncian los padres, es la discriminación que quiere hacer un sector pequeñoburgués (entre ellos Asis, candidato en las internas radicales) de los hijos de obreros que concurren a esta escuela, intentando sacar a los “negritos” del barrio, y llevarlos 300 metros más allá (fuera de su sector). Entonces dicen que allí construirá una plaza. “¿Cuál es el problema que tienen los padres?”, pregunta Angeloz a la prensa, “el barrio gana así una escuela y una plaza”. El intento demagógico fue rechazado por padres, maestros y vecinos, quienes realizaron una movilización el 24 de mayo y un acto en el terreno cedido. Visiblemente molesto con la prensa por dar importancia al hecho, Angeloz les pregunto: “¿Cuál es la importancia que tiene este hecho, para que le den tanta trascendencia? Hay cosas mucho más urgentes de que ocuparse”. Esto demuestra que para estos gobiernos la educación de los hijos de los obreros no tiene ninguna importancia. Pero lo que más moleta al “candidato” es aparecer cediendo “ante cualquier reclamo que se le ocurra a la gente”, sobre todo en uno de los momentos de mayor desgaste y debilidad, frente a la crisis interna y a la movilización del 19 de mayo, que como ya sabemos, resultó un verdadero acto de expresión de bronca de los trabajadores del sector público cordobés. Después de 28 días de lucha, los padres de la Escuela Provincia de Córdoba, decidieron suspender, no levantar, la huelga de hambre, ante la promesa de una audiencia con Angeloz (rechazaron la del ministro), si no hay respuesta positiva la huelga continúa. Esto se le suma a los constantes reclamos de otras escuelas, que como la República de Costa Rica cortaron la ruta por tener paredes rajadas, o tomas de escuelas en el Interior (Unquillo) por paredes electrificadas, o por falta de semáforos y señalización que produjo la muerte en lo que va del año de 6 alumnos. Agreguemos los reclamos docentes con paros de 48 horas al comenzar las clases, y dos paros totales más junto con los otros gremios en reclamo del salario, por falta de docentes en las escuelas, etc., etc. NOTA Debido a la extensión de esta carta, en el próximo número publicaremos su parte final.

La suspensión del fútbol profesional en la Argentina se ha transformado en un significativo hecho político. Detrás de la pasión futbolística existe un sub-mundo de explotación y de intereses que minuciosamente hay que desmontar para aclarar al conjunto de los trabajadores (los principales actores-consumidores del negocio del fútbol), a lo que lleva la voracidad capitalista, que prostituye todo lo que encuentra a su paso. AFA-FIFA: “amigos son los amigos” La actual crisis que se desarrolla entre el club Talleres de Córdoba y la Afa sólo se puede entender si antes se sabe que la Fifa ha impuesto en todo el mundo una reglamentación absolutamente corporativa que la ha transformado en una especie de Vaticano (país aparte) dentro de cada país. La Fifa dicta sus propias leyes, que de hecho son inapelables. La Afa, una de sus filiales, impone estos criterios a sus clubes afiliados. Si alguno de estos clubes no acata las disposiciones de la Fifa y acude a la justicia para dirimir cualquier pleito, automáticamente es desafiliado del fútbol profesional, lo que significa su certificado de defunción. La desafiliación a los clubes constituye un fundamental chantaje de los dueños encubiertos (pues no compran ni venden) de la comercialización del fútbol mundial. En esta época de comer-cialización absoluta de todo lo relacionado con el fútbol, donde la voracidad capitalista se adueñó de los clubes, de los jugadores, de los derechos de TV, de las entradas, las camisetas y hasta las golosinas con los colores de los clubes, absolutamente nadie quiere quedar afuera del negocio del fútbol, y ésta constituye una de las claves del inmenso poder de la Fifa. La Afa, regida por los mismos parámetros de la organización madre, no es hoy un afiliado común en el concierto del fútbol mundial. Su ascenso a los cargos fundamentales de la Fifa es paulatino desde la época de la dictadura militar, cuando la Fifa, en salvataje del régimen, aceptó la realización del mundial para blanquear los miles de asesinatos de militantes populares. La Fifa permitió que la Argentina estuviera en la definición del mundial (recordar el 6 a 0 a Perú). Grondona, actual presidente de la Afa y miembro del ejecutivo de la Fifa, ya no se rige por las erráticas presiones de hace algunos años, donde de acuerdo a los gobernantes se suprimían o se decretaban ascensos y descensos todas las temporadas. Ahora la política de la Afa es la de Fifa, cuyos intereses económicos superan por lejos el monto de la deuda externa Argentina; entonces, la política de la Afa está dictada por esta fabulosa montaña de miles de millones de dólares y no por la coyuntura política de algún presidente que no va a sobrevivir al imperio de la Fifa. “Soy Taieres” Ante la situación planteada es correcto el planteo de Talleres de Córdoba. En este litigio nada tiene que ver la defensa de los pueblos del Interior contra la Capital, sino los derechos de los ciudadanos y las libertades democráticas. Es absolutamente falso e insidioso que la Afa y la Fifa defiendan en los distintos países sólo la política de sostener a los cuadros de las metrópolis. La tendencia es exactamente la contraria, la de desarrollar el fútbol en todos los mercados posibles. Por indicaciones de la propia Fifa, Talleres entró como invitado a la Afa para explotar el gran mercado futbolístico que es Córdoba, e hizo construir en el Interior los estadios de Córdoba, Mendoza, Rosario y Mar del Plata. Esta búsqueda de nuevas formas de explotación del negocio del fútbol vale para Argentina, Europa, Asia y hasta para EE.UU., ahora sede impensada del mundial en un país donde el fútbol no ha podido ser impuesto. Esta tendencia a la explotación del fútbol va a plantear la desaparición de muchos clubes de la Capital. Sin que nadie se ofenda, sólo siguiendo una estadística de venta de entradas se sabe que a pocos les interesa ver un partido entre Argentinos Juniors y Deportivo Español, y todo el mundo sabe que Mandiyú de Corrientes garantiza de 7 a 10 mil espectadores, lo mismo ocurre en Tucumán o en Córdoba. La Fifa propugna la formación de sociedades anónimas como Mandiyú, tomando el modelo europeo, así que dentro de algunos años tendremos en San Juan o La Rioja un equipo de fútbol importado de la Capital, siempre que sea negocio. Nada tienen de santos los dirigentes de Talleres. Todos saben a qué atenerse, pero por limitado que sea su reclamo, es algo que pone al rojo vivo el despotismo de la Fifa, desnudando el carácter opresor de este organismo mundial. ¿Viveza criolla? Para alguien como Menem, cuya intención es gobernar por decreto, hasta cierto punto es normal que reclame que no haya descensos por este año, justamente cuando está en plena campaña electoral. El cálculo de “viveza criolla” del riojano es colocarse en defensor de los pueblos del Interior, cuando revienta a los trabajadores provinciales en la salud, en el trabajo, en la vivienda, en la educación, a límites nunca vistos ni en las peores dictaduras. Su objetivo claro y preciso es anotarse un “poroto” electoral cualquiera sea el resultado futuro. Sin embargo, en la propuesta de Menem está reflejada toda la postración a los grandes intereses del fútbol, pues Menem sugiere que no haya descensos, y además que Talleres retire de la justicia la demanda. Es decir, coloca los intereses de la Fifa por encima de los derechos constitucionales de los ciudadanos, actuando sumisamente ante los intereses que denunciamos. Además, su actuación es de chantaje, como la que tuvo con los jubilados cuando les ofrecía un reconocimiento miserable de la deuda a cambio de que retiraran de la justicia las demandas. Es un verdadero ejemplo de cómo se dirige a un país como si fuera una republiqueta. El pueblo cordobés tendrá que asistir a corto o mediano plazo al “arrugue” de Talleres. Por eso no hay “cordobazo” del fútbol, pero la “viveza” de Menem se le volverá en contra si cree que los trabajadores lo van a acompañar en toda su demagogia. La lamentable imagen de Menem y Angeloz ante las barras bravas sólo indica el agotamiento brutal de estos dirigentes políticos y su clase. La clase obrera en su momento les pasará la factura; el reclamo de Talleres sólo será un pequeño grano de arena en contra de todas las manifestaciones de los poderosos, y en eso consiste su progresividad y sus límites.

El jueves 3 de junio se volvió a realizar la reunión entre las tres organizaciones. Allí la delegación del Partido Obrero hizo entrega de un proyecto de Declaración de Principios y Programa. La delegación del Movimiento Socialista de los Trabajadores también entregó una propuesta de “Programa Electoral”. En cambio la delegación del Movimiento al Socialismo se disculpó, comprometiéndose en entregar su proyecto a la brevedad. El lunes 7 la dirección del Mas envió su propuesta de “Programa Electoral” a las direcciones del PO y del Mst. Sobre esta base se realizó una nueva reunión entre los tres partidos el martes 8. En ella se inició el debate de las propuestas presentadas evidenciándose diferentes concepciones. La reunión pasó a cuarto intermedio para continuar la discusión sobre la declaración de principios, el programa y sobre el conjunto de los problemas inherentes a la constitución del Frente Político de la Izquierda. A continuación publicamos el proyecto que el Partido Obrero ha presentado a las direcciones del Mas y del Mst. Declaración de Principios del Frente o Comando Político de la Izquierda Las organizaciones abajo firmantes acuerdan la constitución de un frente sobre la base de la independencia política de la clase obrera y de la lucha por un gobierno de trabajadores. Convocamos a los luchadores, corrientes y organizaciones de las masas que luchan contra el régimen actual, a reforzar las filas de este frente político. 1.- La constitución de este frente se produce en un momento histórico preciso de la lucha de clases mundial, caracterizado por la crisis conjunta de los dos pilares principales del orden capitalista internacional: el imperialismo y la burocracia stalinista. La economía mundial ha ingresado desde hace tiempo en un período de sobreproducción de mercaderías y capitales, y de correlativo crecimiento explosivo de la miseria social. Ramas industriales, corporaciones capitalistas y naciones enteras se encuentran efectiva o potencialmente en bancarrota. Las conquistas históricas del proletariado mundial y de las naciones oprimidas han entrado en una violenta contradicción con la desvalorización de capitales y de fuerza de trabajo que es el producto necesario de la crisis mundial. La defensa de la jornada de 8 horas, del seguro de retiro, de los convenios colectivos, del derecho al trabajo, del derecho a la salud y a la educación se ve colocada objetivamente en el terreno de la revolución social. 2.- El agotamiento de los regímenes burocráticos de la ex-URSS y de Europa del Este es un proceso político inseparable de la propia crisis capitalista. Como agente del imperialismo en el seno de los Estados obreros, la burocracia stalinista desarrolló un entrelazamiento creciente con el imperialismo y se integró al sistema financiero imperialista en la pretensión de encontrar una salida a la impasse de sus regímenes. La revolución política que se puso en marcha a partir de 1953, se reactualizó a partir de los acontecimientos polacos de 1980 como una doble respuesta a la opresión de la burocracia y a la penetración del imperialismo. El derrumbe de estos regímenes políticos, del muro de Berlín y de la desintegración de la “federación” soviética son episodios políticos revolucionarios de alcance europeo e internacional. Han planteado la alternativa entre revolución y contrarrevolución en el corazón de los Estados desarrollados y de los que pasaron por la expropiación del capital. 3.- El pasaje de la burocracia stalinista a la política de restauración capitalista abierta fue acompañada desde el inicio por las direcciones pequeño burguesas tributarias del stalinismo, como el sandinismo y el castrismo. 4.- La crisis mundial se expresa, finalmente, en el agotamiento de los regímenes democratizantes de América latina. La bancarrota económica y política de Brasil y Perú, de Guatemala y Venezuela, los síntomas de crisis en los mercados “emergentes” de Chile y México, revelan las “limitaciones insalvables de cuaquier proceso democrático dirigido por los explotadores nacionales o la pequeño burguesía” (programa MAS-PO) y las consecuencias irreversibles de la presente crisis mundial. 5.- Detrás de la llamada “estabilidad” se acumula una deuda pública y nacional gigantesca. Las privatizaciones, concebidas para rescatar al Estado burgués en bancarrota, han agravado la hipoteca impuesta por el capital financiero internacional. El llamado “plan económico” de Cavallo es la ficción que oculta el plan de guerra del capital contra las masas, para acabar con la jornada de 8 horas; eliminar los convenios colectivos; liquidar las cajas previsionales; crear un ejército industrial de reserva permanente; retrotraer la legislación laboral al período de la acumulación primitiva del capital; destruir el derecho a la educación y a la salud. 6.- Tanto en el plano internacional como en el nacional, se desarrolla un creciente enfrentamiento entre los propios capitalistas, que ya está tomando la forma de crisis políticas y de guerras por procuración (Yugoslavia, Cambodia). En la burguesía industrial de Argentina y de varios países de América Latina se pretende imponer un cambio de frente en la orientación del Estado, en primer lugar mediante la devaluación. Detrás de esta posición de la burguesía se encolumnan Rico, la burocracia de la CGT, el centroizquierda y el stalinismo, definitivamente ubicados en el campo del capital, incluso en sus manifestaciones reaccionarias (“jubilación privada”, ley de edu-cación,“reforma laboral”). El “centroizquierda” se ha fracturado tempranamente en medio de una puja sin prin-cipios en pos de candidaturas a cargos parlamentarios. 7.- Frente a la dependencia de la “oposición” política y sindical respecto del gran capital, se levanta, sin embargo, una creciente movilización de los explotados: huelgas docentes, de trabajadores estatales del interior, reclamos salariales en los gremios privados y movilizaciones populares contra los “privatizadores” (Edenor). El Frente trabajará para imprimirle un carácter unitario y conciente a estas luchas obreras y populares. Para ello, se plantea una intervención integral en todos los planos de la lucha de clases, y destaca en particular la consigna de un paro de 36 horas y la huelga general, a la CGT y al CTA, y el desarrollo de comités interfabriles y comités de huelga para llevar a la huelga general a la victoria. La necesidad de una lucha de conjunto pone más de manifiesto que nunca la dependencia de los sindicatos respecto del Estado, que solamente puede ser superada por una dirección revolucionaria de los sindicatos. Entendemos a la campaña electoral como un episodio de la lucha conciente de clases, cuya “finalidad será (...) sobre todo, (la de) capacitar a los trabajadores en la comprensión que deben organizarse en forma independiente de la burguesía y luchar por la conquista del poder político (...), ampliar el terreno de lucha y de educación, que permita formar una gran vanguardia obrera revolucionaria” (acta MAS-PO, 1985). El frente promoverá, principalmente, todas las acciones de lucha de la clase obrera fundadas en sus métodos históricos. Al denunciar al régimen político y social existente, el Frente levanta como consigna un gobierno de trabajadores que confisque a la gran burguesía y al imperialismo, establezca el control obrero y la gestión obrera centralizada, desarme a la burguesía y arme al proletariado, como un paso en el levantamiento obrero internacional contra el imperialismo. En esa perspectiva, levantamos la siguiente plataforma de acción: 1. Aumento inmediato de salarios, jubilaciones y pensiones. Salario mínimo, vital y móvil que cubra el costo de la canasta familiar (1.200 pesos). 2. Abajo la reforma laboral y el decreto 470. Defensa de los convenios colectivos —por paritarios elegidos por asamblea— Por la escala móvil de las horas de trabajo. Por la reducción de la jornada de trabajo. 3. Abajo la jubilación privada. Por 500 pesos de básico y el 82% móvil. No al aumento de la edad jubilatoria. Por una jubilación estatal financiada exclusivamente por los patrones bajo control y administración obrera. 4. Desconocimiento y no pago de la deuda externa. Ruptura con el FMI, y todos los pactos militares y políticos que nos atan con el imperialismo. 5. Nacionalización sin indemnización de la banca, el sistema cambiario, el comercio exterior, los seguros y todos los monopolios, con control de los trabajadores. Renacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas, bajo control y administración de los trabajadores. 6. Abajo la Ley de Educación. Por una educación que asegure la enseñanza estatal, única, irrestrica, gratuita y laica en todos los niveles. Por el cogobierno docente-estudiantil. 7. Por los derechos de la mujer trabajadora. Igual salario por igual trabajo y acceso a la capacitación profesional. Por los derechos de la juventud. Igual salario que los mayores. Derecho al voto voluntario a los 16 años. Servicio militar de 3 meses. No a la represión a los jóvenes. Abajo los edictos policiales. Por la libertad de organización de los centros de estudiantes. 8. Por una nueva dirección del movimiento obrero, antiburocrática y clasista. Por la expulsión de la burocracia sindical. Por la independencia y democracia sindical. Que sean los trabajadores quienes decidan en sus organizaciones sin injerencias de las patronales ni del Estado. 9. Abajo la reforma constitucional del imperialismo y los privatizadores. Derecho de revocatoria para todos los funcionarios públicos. Salario de los mismos equivalente al de un trabajador. Investigación de los atropellos de las policías bravas y las camarillas gubernamentales contra los trabajadores y la juventud. Libertad a todos los presos políticos. Derogación del indulto menemista a los genocidas. Juicio y castigo de los crímenes dictatoriales. 10. Fuera Menem y Cavallo. Por un gobierno de los trabajadores. 11. Por los Estados Unidos Socialistas de América Latina. Por la unidad internacional de la clase obrera. Por la revolución política; por la independencia nacional y el socialismo en los países miembros de la ex-URSS. Por la unidad libre y socialista de los pueblos de los Balcanes. Por la unidad socialista de Alemania; por los Estados Unidos Socialistas de Europa. Por el levantamiento del bloqueo imperialista a Cuba; plenas libertades democráticas y de organización para las masas explotadas cubanas.

La huelga de Indupa fue derrotada. El 29 de mayo los obreros volvieron al trabajo sin lograr quebrar la “última oferta” patronal: 35 despidos, discusión de un plan de “flexibilización laboral” y un reajuste salarial de 150 pesos. El conflicto comenzó a partir de un paro de 24 horas por un aumento de 250 pesos, resuelto después de meses de “bicicleta”, conciliación obligatoria incluida. La empresa respondió despidiendo a 75 trabajadores y pretendiendo imponer un régimen de esclavitud laboral. La huelga general que comenzó entonces en Indupa se extendió a Induclor y Petropol (que forman parte del complejo de Indupa). El 19 de mayo una manifestación sumamente concurrida recorrió las calles de Bahía Blanca en apoyo a los huelguistas y los aportes al fondo de huelga se multiplicaron en toda la ciudad. Delegaciones de trabajadores del resto de las plantas del Polo (Petroquímica, Monómeros, Vinílicos y Polisur) comenzaron a hacerse presentes diariamente para colaborar con el Fondo de Huelga y alentar a los compañeros en lucha. La huelga de Indupa planteaba naturalmente la de todo el Polo porque las cesantías, el congelamiento salarial y la “flexibilización” son comunes a todas las empresas. CGT y CTA: traición a dos puntas El ministerio de Trabajo, lógicamente, declaró ilegal la huelga en los primeros días. Pero la huelga ganó en firmeza y simpatía de la población. El PJ está físicamente en manos de los patrones del polo: su segundo candidato a concejal para Bahía es asesor legal de Indupa. Por eso el PJ “alertó” a los trabajadores que Indupa podría despedir a todos los huelguistas. Pero la huelga no se levantó. La UCR desalentó las movilizaciones apelando a la “sensibilidad” patronal para que “reemplazara” los despidos por “retiros voluntarios”. Pero la huelga tampoco se levantó. El principal papel en la derrota de la huelga lo jugó Naldo Brunelli. El enterrador de la lucha de Somisa fue a Bahía Blanca a decirle a los obreros que “las huelgas por tiempo indefinido nunca han conducido al triunfo”. Su discurso estuvo dirigido a “hacerles entender” a los trabajadores en huelga que “los empresarios argentinos pierden con la apertura” y que la única salida sería ... negociar “la mejor manera del ajuste” ... evitando el riego de una planta “cerrada por lucha”. Ciertamente, los despedidos de Somisa podrían explicarle a sus compañeros de Indupa cual es el “ajuste inteligente y negociado” de Brunelli. La bronca de los huelguistas con Brunelli fue abrumadora. Pero ya Brunelli había cumplido su misión. El mismo día se reunió la CGT local, a puertas cerradas, y rechazó toda medida de solidaridad con la lucha de Indupa. Pocas horas después del discurso, la patronal despidió a todo el personal, puso un aviso pidiendo personal y reclamó a la justicia el desalojo de la planta. Hermoso, burócrata mayor de la Federación Química, completó la tarición a la huelga. Ante el reclamo de los trabajadores de Indupa de un paro de todo el Polo, Hermoso declaró que “si el 26 no hay respuesta, vamos a asamblea y sale todo el Polo”. El 26 llegó, la respuesta no. Pero no hubo asamblea porque Hermoso se había “fugado” de Bahía Blanca. La dirección del Sindicato Petroquímico del Polo, aliada al CTA, fue cómplice de esta estrategia de aislamiento y carnereaje de la huelga. Durante la huelga, no llamó al paro de todo el Polo en defensa de Indupa y se limitó a reivindicar “el permanente apoyo de la Federación” ... es decir, de los que se “escaparon” de Bahía.

P: ¿Qué opinás sobre el planteo del P.O. convocando a formar un comando político de la izquierda? R: Me parece muy bien, pero hay cosas que no me gustaría que se vuelvan a repetir, como lo de Izquierda Unida, que sirvió únicamente para desilusionar a la gente, que ahora se encuentra sin saber qué hacer, a dónde ir. Lo que debería hacer un comando es organizar a la gente en las fábricas, para ganar los cuerpos de delegados y a través de eso recuperar los sindicatos, que están manipulados por la burocracia sindical. El comando debería organizar asambleas de activistas para impulsar una acción conjunta en los gremios, formando y apoyando listas antiburocráticas y ayudando a organizar la lucha de todos los días. En mi gremio, superexplotado, insalubre y con quincenas que no llegan al palo y medio, habría que impulsar el reclamo de paritarias ya, la incorporación de los premios de producción y el presentismo al básico, y el respeto al convenio. P: ¿Qué opinás del Frente del Sur y el Frente Grande? R: Con un frente así no vamos a ningún lado. Con Mary Sánchez, que este año traicionó las huelgas docentes de Río Negro y Santiago del Estero, con “figuritas” como Pino Solanas, que en su momento apoyó la política de Menem, con el Chacho Alvarez, Juanpi Cafiero y Brunatti, que son diputados gracias a Menem, con Piccinini, que aceptó la flexibilidad laboral en Acindar, con esta gente, ¿qué querés que hagamos?

A escasas 48 horas de la apertura de los sobres, Cavallo resolvió dejar sin efecto la privatización de la Caja y postergarla hasta fin de año. Los motivos de la postergación no son claros. Algunas versiones periodísticas señalan que los balances contables dejarían al descubierto gruesas “desprolijidades” del actual interventor, el riojano, bodeguero y menemista Waidatt. Otras versiones hablan de maniobras para favorecer a determinados grupos. Pero lo que si es concreto es que el gobierno alardeaba el año pasado de que por la venta obtendría más de 250 millones de dólares. Ahora “es muy probable que la CNAS diera una sorpresa con un valor bastante inferior a los 100 millones de dólares, muy por debajo de las expectativas iniciales” (El Economista, 4/6/93). A horas de abrirse los sobres privatizadores, el gobierno no pudo establecer el “precio mínimo” de la privatización. Y esto se debe a que no hubiera superado los 40-50 millones de dólares, muy lejos de los más de 250 millones. El gobierno postergó la privatizaciòn para encubrir su propio fracaso, y porque de venderla por sería una “tangente” que potenciaría la ya corrupta crisis política. Una agencia de los privatizadores La Asociación Bancaria y la Comisión Interna de la Caja, apenas se postergó la privatización, sacaron una solicitada (involucrando en su firma al personal de la CNAS que no tuvo arte ni parte) exigiendo que la caja se privatizara en forma inmediata. Zanola y la Interna se colocaron como comisionistas de los grandes capitales que quieren quedarse con la Caja por “chirolas”. La desesperación de Zanola y la Interna se explica porque están jugados a la privatización. La Interna, por ejemplo, saboteó las marchas contra la jubilación privada, a pesar de que se realizaron en frente de sus narices (Plaza Congreso), porque especulaba con que la reforma previsional podía aumentar el interés privado en la compra de la Caja, que se vende con una Administradora de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). Inclusive hicieron coro con los banqueros contra la garantía a los trabajadores de una AFJP del Banco Nación (artículo 39 de la ley) porque le restaba mercado a la Caja. Para Zanola y la Interna con la privatización de la Caja “nos salvamos todos”. En verdad, los que se salvan son ellos, desesperados por meter mano en el 10% de las acciones, el anzuelo para que los trabajadores se crean “accionistas”. Para los trabajadores, la privatización sería más racionalización, más despidos, flexibilidad laboral y pérdidas de conquistas.

Mayo 17 de 1993. Los abajo firmantes, alumnos del Colegio Nacional de Bella Vista (Adolfo Sordeaux), turno noche, nos pronunciamos contra: La destrucción de la escuela pública; la arbitrariedad y persecución en los colegios; los salarios miserables; el robo de las jubilaciones; la represión contra la juventud; la regimentación de los centros de estudiantes. Por todo esto creemos necesario que el movimiento obrero estudiantil debe unificar su lucha con todos los trabajadores. Para sumar sus fuerzas y derrocar al gobierno de Menem-Cavallo. Por la conformación de un Comando Político de los Partidos de Izquierda.

Los cortes de luz que casi provocan un levantamiento popular en La Matanza, Tigre, San Miguel y otras zonas del Gran Buenos Aires pintan acabadamente el cuadro de completo hundimiento de las privatizaciones. Los cortes de luz no obedecieron a un problema “comercial” sino eminentemente productivo: la incapacidad de las empresas eléctricas de hacer frente a la demanda de las grandes barriadas del Gran Buenos Aires. Lo de los “enganchados” fue apenas una excusa. Si ese hubiera sido realmente el problema, la solución habría sido “simple”: mandar cuadrillas a colocar medidores en los vecindarios donde no hay. Pero no, la “solución” implementada por las empresas eléctricas fue colocar aparatos que cortan automáticamente el suministro cuando la demanda supera la capacidad de producción de los transformadores. Que los usuarios estén “enganchados” o no, no altera el hecho fundamental: que las empresas no pueden proveer la cantidad de energía que reclaman La Matanza, Tigre o General Sarmiento. Precisamente por este motivo, es profundamente acertada la posición de los vecinos de no aceptar ninguna división o discriminación entre los “enganchados” y los otros. Hasta un contumaz ideólogo de las privatizaciones ha debido reconocer la razón de las denuncias de los vecinos: que las empresas de electricidad se vienen negando a colocar los medidores, a pesar de las insistentes gestiones de los vecinos. Esto es así, escribe Ricardo Sarmiento (El Economista, 28/5), porque “es imposible para las empresas responder hoy en forma real a la necesidad de colocar alrededor de medio millón de medidores que corresponde aproximadamente a los ‘colgados’ del sistema por un cuadro de ingresos insuficientes”. El mismo panorama sucede con el gas, sólo que aquí el caso se presenta de una manera diferente porque nadie puede “colgarse” a la red de distribución. Pero el problema es el mismo ya que las empresas privatizadas no están en condiciones de satisfacer la demanda de gas de los usuarios que ya están conectados. “El caudal de fluido que transporta el gasoducto Neuquén-Buenos Aires —señala Sarmiento— no es suficiente para el consumo porque no se incrementa la inyección desde los yacimientos” (ídem). Pero si no pueden abastecer a los usuarios ya instalados, ni qué hablar de ampliar las redes de distribución de gas natural a los “barrios carenciados”. Este problema, sin embargo, no les preocupa a los privados por la sencilla razón de que aquí el “costo” lo pagan los propios usuarios, obligados a pagar más caro el gas (garrafas). El cuadro de carencia de gas y de electricidad cuestiona el conjunto de las privatizaciones menemistas, no sólo las de las empresas distribuidoras sino también el conjunto de las privatizaciones de las “áreas marginales” y “áreas centrales” de YPF. Queda al desnudo que las “privatizaciones” fueron operaciones puramente financieras, donde el único objetivo de los privados era “hacerse” de las “cajas” de las grandes empresas públicas y saquearlas. Lógicamente, sin invertir un centavo ... lo que explica su completa falencia técnica y productiva. “Ente de regulación” Como no podía ser de otra manera, el papel más ridículo en todo de toda la crisis de los cortes de luz la jugó el menemismo. Después de dos semanas, durante las cuales se ignoró completamente su existencia, el “Ente Nacional de Regulación Eléctrica” —que debía velar por la calidad del servicio de las privadas— emitió un dictamen. Por el delito de cortar la luz a usuarios que pagaron sus facturas al día, el Ente “sancionó” a Edenor ... con “una severa advertencia”. El mencionado Sarmiento supone que el Ente estaría “pagando un derecho de piso por su falta de experiencia”, una completa tontería. No será el gobierno que modificó, a pedido de los privados, los pliegos de licitación de las privatizaciones cuantas veces fue necesario o el que puso la plata que Iberia quiso también cuantas veces fue necesario quien vaya a poner un freno a los pulpos. La movilización y la coordinación de los afectados fue lo único que obligó a las empresas y al gobierno a suspender los cortes. Esta es la gran enseñanza de la pueblada de La Matanza.

Buenos Aires, 22 de mayo de 1993 • Ante la política antiobrera, antinacional y entreguista del gobierno menemista. • Ante el ataque, por parte de este gobierno, a las conquistas históricas del movimiento obrero (liquidación de la jubilación, flexibilidad y reforma laborales, reducción salarial). • Ante el ataque a la Enseñanza Pública y ante la política de destrucción de la educación en todos sus niveles. Ante el avasallamiento permanente contra la universidad estatal (privatización de la enseñanza, reducción presupuestaria, salarios docentes miserables, etc.). • Ante la complacencia radical-centroizquierdista frente a la política del gobierno menemista. • Ante la necesidad de unificar las luchas del movimiento obrero de conjunto y ellas con las de la juventud trabajadora y estudiosa (Unir las luchas de los trabajadores contra el gobierno: docentes de Santiago del Estero; trabajadores de la UTA, docentes universitarios, etc.). Los abajo firmantes, estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad de Luján, nos pronunciamos por: • La formación de un Comando Político de los Trabajadores y de la Izquierda, un canal de unificación para las luchas del movimiento obrero y de la juventud contra la política del gobierno, por: — No a la jubilación privada. Por una jubilación mínima de 600 pesos. — Aumento de salarios ya. Por un sueldo mínimo de 1.000 pesos. — No a la flexibilidad laboral. No a la reforma laboral. — En defensa de la educación pública. — En defensa de la Universidad. Triplicación del presupuesto educativo. Por la satisfacción de los reclamos docentes. — Por el conjunto de las reivindicaciones populares planteadas. — Por el reclamo a la CGT y al CTA de la realización de un paro activo nacional de 36 horas, contra la política del gobierno. — Por la conformación, en este sentido, de un bloque que unifique al estudiantado, los docentes y los no docentes combativos de la Universidad de Luján.

Según las empresas privadas de electricidad, los “enganchados” reducen su facturación nada menos que en un 18%, unos 140 millones de dólares al año. Estas cifras salieron a la luz cuando Edenor trató de justificar los cortes de energía a las barriadas obreras y populares del Gran Buenos Aires. Pero sucede que del total de energía consumida por los “enganchados”, “apenas el 35% son carenciados. El resto son grandes consumidores como industrias, comercios o usuarios con alto poder adquisitivo” (El Economista. 28/5). “Entre los 4300 grandes consumidores de Edenor —continúa el informe— el 17% de ellos registró anomalías desde que se iniciaron las inspecciones regulares en setiembre pasado”. “En más de 30 countries inspeccionados, se corroboraron más de 300 casos de robos de energía ...” (ídem). Hace pocos meses, un publicitado operativo en los edificios de oficinas de Catalinas norte —donde se encuentran las oficinas de empresas del porte de Renault o Benito Roggio— fueron descubiertos varios pulpos “colgados”. El consumo de los “barrios carenciados” es, apenas, el 6% de la facturación de las empresas ... menos de los que éstas dicen “perder”, normalmente, por “fallas técnicas”. Está claro que los ladrones y estafadores de la energía eléctrica no son los trabajadores sino los patrones y los capitalistas. A ellos, claro, ni Edenor ni Edesur les cortan la luz.

“Hacemos un llamado, haciéndonos eco del llamado efectuado por el PO en la Plaza de Mayo, a formar un Comando Político en Santiago, dirigido a unificar una lucha común contra la proscripción política a los partidos de izquierda”. Este gobierno hambreador y corrupto como todos los que gobernaron nuestro país hoy, por medio de decretos quiere acallar a la única oposición que tiene, lo cual son los partidos de izquierda. En nuestra misión inclaudicable esclarecemos las continuas quitas de las conquistas del movimiento obrero: la reforma laboral, jubilatoria, ley general de educación y la miseria salarial del gobierno nacional.

La necesidad de abastecimiento de corriente eléctrica por los “cortes privatizadores” ha cobrado ya su primera víctima fatal. Un vecino, despedido de Segba, que era el encargado de conectar desde el transformador al cableado tendido por los propios vecinos, cayó fulminado el miércoles pasado. Al contrario de la crónica falsa del “Diario Popular”, el vecino accidentado colgaba gratuitamente al barrio ante la negativa de Edenor de realizar la conexión al barrio desde un transformador de 350.000 voltios. La realidad es que los barrios vienen siendo objeto de una verdadera campaña de intimidación por parte del C de O. con la colaboración de policías y elementos de aparatos de seguridad que actúan como cordones de protección de los autodenominados “representantes” de los barrios quienes pactaron con Edenor la puesta en funcionamiento del servico, sin medidores y a un costo de 24 pesos por mes. La realidad indica que el suministro no ha sido normalizado y los barrios continúan sin luz. La novedad está dada por la ampliación de los cortes a Villa Dorrego, Villa Borgward, barrio San José Obrero, etc, donde se están produciendo cortes o subas y bajas abruptas de tensión que están quemando los artefactos eléctricos que son de vital necesidad en zonas de mucho frío y carecientes de redes de gas. Los cortes vienen acompañados de la presión de elementos de la empresa y los aparatos políticos para forzar un enfrentamiento entre barrios, fundamentalmente entre los vecinos poseedores de medidor y quienes no lo tienen. La realidad es que la empresa no tiene el menor interés en invertir capital para poder abstecer la zona y pretenden culpar a los “colgados” de las carencias o falta de energía eléctrica. Es importante destacar que de los propios barrios está surgiendo un principio de organización para superar la división provocada, elevando el reclamo elemental de “Ningún corte, exención de pago para las familias que tiene bajos ingresos, resarcimiento de las pérdidas sufridas por las oscilaciones de luz”. El objetivo es poner en pie de lucha a los vecinos de todos los barrios.

Los abajo firmantes, trabajadores del Ferrocarril San Martín (Retiro), vemos la necesidad de formar un Comando de Izquierda para, agrupados, poder enfrentar a este gobierno de hambre y miseria. Por eso nos pronunciamos y adherimos por estos puntos al acto del Cordobazo del PO. • Contra la privatización de las jubilaciones. • Contra la flexibilización laboral. • Contra la burocracia traidora. • Contra el gobierno de Menem y Cavallo. • Por un gobierno de trabajadores. Firman: Darío Nasta, Alejandro Castillo, Mario Sambeli, Omar Camardelli, Miguel Galasi, Jorge Muñoz, Wálter Fernández, Carlos Fogna y otros 10 compañeros.

La Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones postergó por 60 días la adjudicación del peaje de los accesos a la capital. Esta actitud obedece a que el denominado club del peaje (las empresas) habría “ejercido fuerte presión para lograr la modificación de algunas de las condiciones incluidas en los pliegos” (Ambito Financiero, 12/5). Fundamentalmente el “club” no quiere construir en la Panamericana tres carriles (alternativos gratuitos) y que solo dejen los pagos. El “Club del Peaje” quiere “una Panamericana sólo paga” (ídem). También “la ampliación de la General Paz, que también debería ser hecha por los futuros concesionarios en forma gratuita, sería objetada por los intervinientes en el concurso” (ídem).

El 2 y 3 de junio se cumplió el paro de Conadu en las Universidades Nacionales. El acatamiento de la medida fue muy importante y fue acompañado en varios casos por actos, movilizaciones y clases públicas. En la Capital, a la cabeza del paro estuvo la Facultad de Ciencias Sociales, que logró una adhesión total y realizó una importante clase pública el jueves y una mesa redonda en la calle el día anterior. Pero también en Psicología se organizó una concentración callejera en la cual se resolvió marchar a la organización estudiantil-docente de una Asamblea, para votar una plataforma de lucha y organizar la participación masiva en la marcha en defensa de la Universidad pública, planteada para el 18 por la FUA y Conadu. El gobierno ha decidido enfrentar las reivindicaciones docentes por el salario y el presupuesto con una política dirigida a dividir al gremio y asociar a la burocracia universitaria, donde domina el radicalismo. Para el primer objetivo se plantea dislocar el escalafón universitario y otorgar “incentivos” especiales a una capa de la docencia, que representa el 10% del total (los que tienen dedicación exclusiva). Para lo segundo se crearían “fondos especiales” para proyectos de investigación también “especiales” que contarían con la aprobación de“entes públicos”, es decir, de funcionarios menemistas asociados a los grupos privatizadores que quieren utilizar en su propio beneficio las instalaciones y el plantel docente de la universidad pública. Tales recursos se manejarían en el área de las secretarías de Ciencia y Técnica de los Consejos Superiores, o sea, con los burócratas de alto nivel que designa la UCR. El titular de Asuntos Universitarios del Ministerio —Del Bello— ya mantuvo una reunión con los mencionados secretarios de Ciencia y Técnica, que consideraron “ingeniosa” la propuesta oficial (Página 12, 1/6). La dirección de Conadu carece sin embargo de toda política para enfrentar este dispositivo menemo-radical. Considera indispensable no adoptar medidas que irriten a los rectores del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) para mantener el “frente universitario unido”. Los que sí se irritan con esto son los propios docentes que cuestionan el carácter inocuo y aislado de los paros rituales que está decretando Conadu sin perspectiva, sin asociarlos a la conquista de una reivindicación específica y sin adoptar un plan de lucha progresivo hacia la huelga general. En los congresos de Conadu la burocracia dirigente ya ha declarado que el reclamo de un salario mínimo de 500 pesos es, por ahora, “inalcanzable”, y que las medidas que se resuelven tienen sobre todo un carácter de protesta “general”, más bien simbólica. Por supuesto, se pretende justificar esto en el nivel de desmovilización de las bases, para encubrir el carácter desmovilizador y desmoralizante de la propia política de la dirección de Conadu. En el último Congreso hubo un bloque del 20% de los delegados que se manifestaron contra esta orientación y reclamaron superar la actual línea derrotista con una campaña en favor del no inicio del segundo cuatrimestre, de la huelga general, de la unidad con el movimiento estudiantil y los trabajadores en lucha, por un plan de acción directa contra la política oficial y la complicidad de la mayoría del CIN. Este es el mandato que hay que reforzar para desarrollar un bloque combativo y antiburocrático en el seno de la Conadu. Por el presupuesto y el salario, por el rechazo a la política de “privatización” mediante “incentivos” y “premios” diferenciados, en defensa de la universidad pública. El próximo Congreso de Conadu se realizará el 19 de junio, un día después de la marcha convocada para el 18. Está planteado, entonces, la organización de los docentes para esta marcha en torno a un plan de lucha y a un mandato para el Congreso que supere las limitaciones de la actual movilización.