Prensa Obrera N° 392

Aldo Rico ha decidido representar abiertamente los intereses de los grandes pulpos exportadores. Hace rato que Ambito Financiero no solamente le abrió sus páginas para defender las conveniencias de los grandes privatizadores como Techint, Pérez Companc y Cía, sino que su director, Julio Ramos, le exhortó expresamente a ello. De acuerdo a lo que escribió recientemente en este diario, puede decirse que el carapintada se ha transformado en “lobbista” de los “gringos” (del italiano Rocca, de Techint; de la yanqui Cargill; y hasta de la ¡¡inglesa!! Duperial) En efecto, Rico acaba de plantear que “la economía sólo puede crecer con tipo de cambio fijo si el dólar está sobrevaluado, es decir alto, como ocurrió durante la convertibilidad de Pellegrini, y no subvaluado, como sucede ahora” (18/5). La devaluación, según Rico, lograría bajar los precios y los salarios, algo que Cavallo no estaría consiguiendo con su política de apertura (a las importaciones) y la “flexibilidad laboral”. Rico suscribe así la cantinela oficialista de que el salario aumenta, cuando en realidad está cayendo mientras los precios crecen, incluso medidos en dólares. La devaluación que propugna Rico desvalorizaría los precios en dólares, pero los aumentaría en pesos, y deprimiría aún más el salario real. Las exportaciones aumentarían porque caería el consumo popular y porque los pulpos obtendrían en el exterior una ganancia superior a la que obtendrían en el país. La diferencia sería acaparada, en especial, por los pulpos exportadores que venden en dólares. El “nacional” Rico recita así el libreto de la “patria exportadora”, que reclama la devaluación del peso para bajar los salarios. Para Rico, la cotización del peso con relación al dólar no debe estar determinada por el volumen de las reservas que posea el Banco Central, sino por la “productividad” de la economía. Si ésta es baja con relación a los principales países, el peso debería también cotizarse por debajo de la paridad que establece la oferta y demanda de moneda. Lo que quiere decir es que si la productividad en la Argentina es reducida, los salarios deben cotizarse baratos. El carapintada no dice, claro, que en este caso los beneficios serán más altos, incluso, que los que se obtienen en los países de mayor productividad. La devaluación no mejora la productividad sino que deprime el salario, con la devaluación aumenta el poder adquisitivo del precio del producto de exportación, que se cotiza en dólares. Rico quiere un dólar fijo alto a gusto de los exportadores, sin que esa cotización guarde relación con las reservas ni la circulación de moneda. Pero un dólar alto fijo alentaría el ingreso de divisas especulativas impulsando la inflación en dólares. Rápidamente habría, entonces, que volver a devaluar... Para Rico la nación es la “patria exportadora”. Por eso el carapintada nacionalista defiende a Pellegrini, que estableció la convertibilidad con un dólar fijo alto para asegurarle beneficios extraordinarios a la oligarquía y divisas para los usureros internacionales.

A los paros de la Conadu, se suma la masiva huelga no docente que ya dura casi un mes. Esto revela el grado de descomposición a que ha llegado la Universidad, con sus trabajadores obligados a ir al paro cotidianamente. El estudiantado percibe este derrumbe, y por eso crece el sentimiento solidario y la necesidad de defender la Universidad, defendiendo a sus trabajadores. Esta tendencia tiene expresiones contundentes. Los secundarios del Liceo Víctor Mercante —que depende de la UNLP— (ver reportaje), resolvieron impedir el ingreso de las cuadrillas contratadas por la dirección del colegio para romper el paro, sentándose masivamente en la puerta. Como decían los compañeros: “apoyamos esta lucha, estamos contra los que quieren boicotearla”. Entre los estudiantes universitarios madura también un activismo muy combativo, que marchó contra la represión al Astillero y se pronunció ahora en apoyo a la huelga no docente y sus reclamos. Esta es la bandera de este activismo nucleado en la Coordinadora Estudiantil. La unidad de los tres sectores es capital para enfrentar al rectorado radical. La orden del rector Lima es abrir las facultades y “garantizar la libertad de estudio y trabajo”. A este gorila no le mueve un pelo el derecho de los no docentes a ganarse la vida. Por eso no sólo organiza el boicot contratando personal, sino que ha iniciado una causa judicial al gremio no docente y recurre a la policía del menemista Duhalde para amedrentar a los trabajadores. No es el primer “negocio sucio” que hacen juntos menemistas y radicales en la Universidad. En el movimiento estudiantil, la quinta columna del rectorado son la Franja y el MNR (PS), que dirigen la FULP y se han negado a apoyar el paro. La política de estas corrientes es “cubrirle las espaldas” a “su” rector, y fundamentalmente defender sus propios intereses como autoridades de la Universidad (a través del Consejo Superior y los consejos académicos). La UJS (PO) ha lanzado una campaña de apoyo al conflicto. Ha sacado dos volantes (“Con los docentes y los no docentes en defensa de la Universidad”, “Por un frente del activismo para organizar el paro universitario”) y lleva adelante una campaña de pintadas y cartelones en las facultades. El esfuerzo de la UJS y el PO está orientado a poner en pie un frente de lucha que quiebre la parálisis irremediable de la dirección fulpista, en defensa de la universidad y sus trabajadores. Hemos llamado a esta tarea a las corrientes que se pronunciaron por el paro, la JI y la ex JI, que dirigen algunos centros y tienen peso decisivo en otros, a las corrientes de izquierda que luchan y al activismo estudiantil. El planteo está abonado por toda la experiencia que viene haciendo este activismo, que ha construido coordinadoras y movilizado a los estudiantes en base a su esfuerzo y contra la desorganización sistemática de la dirección de la FULP (FM-MNR). La tarea es hoy quebrar el carnereaje del rector y sus agentes, impulsando el paro universitario en apoyo a la huelga no docente, convocando asambleas por facultades, eligiendo delegados, impulsando el pronunciamiento de los Centros, fortaleciendo la Coordinadora de Unidad obrero-estudiantil, luchando por una asamblea general universitaria de bases para votar un plan de lucha unificado.

Al final, el Frente del Sur no será ni uno ni dos y hasta podrían llegar a ser cuatro. Para quien está convencido de que la política es inconcebible sin escisiones o fracturas, esta división no debería impresionarlo, pero en este caso no deja de ser una manifestación de descomposición política aguda y hasta de manifiesto parasitismo. Quienes se presentaron “en sociedad” con el propósito de cambiar “el modo de hacer y vivir (sic) la política”, resultaron ser previsiblemente unos arribistas. Luego de prometer y jurar que las candidaturas se establecerían por medio de “internas abiertas” (“a la americana”, ahora que Nueva York desplazó a Moscú de la idolatría de la izquierda académica e incluso de la nacional y popular), los sureños o sudacas se rompieron debido a una incurable incapacidad para compartir el queso antes de haberlo comprado. Solanas acaba de prometer, ahora, esas “internas”... para diciembre, e incluso a convocar a un congreso. Para octubre digitó sólidamente a su pupilo Alvarez para la primera candidatura de la Capital, la que cuenta con el generoso apoyo de Página 12 y Mariano Grondona. La moraleja es que el político le ganó en viveza al artista, ya que Solanas quedó confinado a una candidatura más difícil de concretar, en la provincia de Buenos Aires. El Frente del Sur de Solanas se ha adaptado a la moda prevaleciente de convertir a los faranduleros en políticos y a éstos en los primeros. El “Chacho” Alvarez, por ejemplo, ha hecho algunas acrobacias en los colectivos (debidamente publicitadas en radio y televisión) y se ha esmerado en las actuaciones televisivas. Una de las escisiones del Frente del Sur, la del “Juanpa” Cafiero, es significativa del esfuerzo del partido socialista democrático, que lo apadrina, para hacerse un lugar en el Gran Buenos Aires. Poniendo los objetivos políticos por delante de los puestos, el PSD le cedió la candidatura al hijo de Cafierito, en lo que contó con el apoyo de Alfredo Bravo. Pero este Frente, llamado Amplio, es revelador de la fractura que se ha operado en la Unidad Socialista, es decir con relación al PSP de Estévez Boero. Por alguna razón, los Frentes del Sur, a medida que se achican, se tornan grandilocuentes: el de Solanas pasó a llamarse Grande, y el del “Juanpa”, Amplio. La tercera fracción en disputa es, ella misma, un retahílo de fracciones. En los mentideros de la calle Corrientes circula la especie de que el Ptp y aún el Prt llegarían a un acuerdo con Aldo Rico (el lobbista de Techint, ver nota), o llamarían a votarlo. El grupo de Fontenla y el del historiador Chávez parecen haber quedado al garete. Estos frentistas pequeño-burgueses han explotado la consigna de la “unidad” y de la “alternativa” hasta donde pudieron, para luego llevar los beneficios hacia sus propios bolsillos. Inventaron al cineasta Solanas como una prenda capaz de establecer la concordia, en sustitución de la discusión y delimitación políticas. Esto los tipifica como arribistas y mercaderes de la política. Debutan con un grado elevado de parasitismo. Es seguramente por esto, que el proyecto de “otro país es posible” fue apoyado por el partido comunista, siempre actuando en la trastienda, y el grupo anticomunista de la Democracia Avanzada, que dirige el anti-marxista Borón. La tentativa de este frente de rejuntados hambrientos ha fracasado como proyecto popular.

El presente es un pronunciamiento de compañeros estudiantes de la Universidad de Luján, todos ellos delegados de la carrera de Ciencias de la Educación, el cual fue elaborado luego de un debate con miembros de la Unión de Juventudes por el Socialismo en la última reunión de dicho centro. Esta definición de los compañeros de Ciencias de la Educación, de unir las fuerzas del activismo y de la izquierda para acabar con la política menemista de destrucción de la educación y de la Universidad, es un paso importantísimo hacia la conformación de un bloque unitario de lucha, junto a los docentes, no docentes y el resto del estudiantado de las demás carreras, en defensa de la educación pública y de la Universidad. 17 de mayo de 1993 Los abajo firmantes estudiantes de la Universidad Nacional de Luján nos pronunciamos contra la destrucción de la Educación Pública; Por un aumento inmediato del presupuesto educativo y de los salarios docentes; Por la derogación de la ley educativa; Por la libertad de la juventud; Por la unidad obrero estudiantil para unir fuerzas y derrotar a este gobierno que está hundiendo la educación y destruyendo la Universidad; Por la unidad de la izquierda y los luchadores.

El parlamento acaba de derogar la figura de desacato, el cual permitía perseguir penalmente a quien “por cualquier medio, ofendiere el honor o decoro de un funcionario público”, y aplicar penas de hasta dos años de prisión. Los partidos patronales y la burocracia de la UTPBA se apresuraron, obvio, a elogiar el carácter democrático de su propia decisión. La derogación de esta figura represiva, sin embargo, le fue impuesta a sus patrocinadores por la propia realidad. La ventilación de una corruptela generalizada, que produce noticias cada 24 horas, ha superado la capacidad de enjuiciamiento de parte del fuero penal, según lo autorizaba la ley del desacato. La costumbre de procesar por desacato, impulsada principalmente por Menem, se verificó en la práctica como totalmente inútil. La permanencia de esta ley, en un cuadro de completa degeneración política, hubiera obligado a la justicia a encarcelar a los representantes periodísticos “opositores” de la burguesía. Problema agravado La figura del desacato agotó por completo sus posibilidades represivas; por eso fue derogada por su propio autor histórico (el Congreso). Pero la derogación no significa que el pueblo haya ganado siquiera un centímetro en su derecho a la libertad de expresión. Hasta ahora el funcionario público no tenía otra alternativa que aplicar el proceso de desacato. Ahora, al haberse “democratizado” la situación, el funcionario público podrá iniciar, “en igualdad de derechos”, la acción de injurias, “como cualquier otro ciudadano” (La Nación, 14/5). Mataron al “desacato” para dejar en pie a la “injuria”. Pero sucede que el funcionario no es un ciudadano como los demás. Goza del auxilio del poder económico y político del Estado. Los propios jueces que deberán juzgar su conducta también son funcionarios. Si un jubilado “injuria” a un funcionario, éste podrá apelar al mejor staff de abogados, a sus influencias ante el aparato judicial y a las mil relaciones de clase que esto implica. Estamos ante una maniobra muy sutil de la burguesía. A partir de ahora somos “iguales” ante la ley .... para que se reprima “democráticamente” a la oposición combativa. Al derogar la ley que postulaba esta desigualdad, se pretende esconder su subsistencia o mantenimiento. La situación se ha agravado también por la propia figura del delito que se aplicará de aquí en más. El supuesto desacato admitía libremente la llamada “prueba de la verdad”, la cual permite ofrecer como prueba de que no hay desacato (o intención de injuria) las razones que el acusado haya tenido para atacar al funcionario. La figura represiva del delito de injuria, en cambio, sólo admite la presentación de pruebas en casos puntuales (artículo 111 del Código Penal), que el juez determinará. Es decir que si el juez considera que la injuria existió, aplica directamente la pena, ¡sin apertura a prueba! Por otra parte, la condena puede llegar a ser mayor en la injuria que en el desacato. Este tenía un máximo de dos años, y la injuria puede llegar a penas de hasta tres y cinco años. Esto significa que será de cumplimiento efectivo, sin posibilidad de excarcelación. ¡Libertad plena! Lo único verdaderamente democrático es la derogación total y plena de cualquier penalización a la libertad de expresión. Debe existir el total derecho a opinar del modo que a cada cual le parezca. El “honor” y el “decoro”, mentados en las leyes, no son sino inventos burgueses utilizados generalmente para aplastar cualquier opinión contraria a los intereses de la clase explotadora. Para esta gente debe defenderse el “honor herido” de un presidente o de un diputado ante el insulto de una anciana jubilada; de ninguna manera debe defenderse a la anciana desesperada, que está muriéndose por falta de medios de subsistencia. Esta es la igualdad de los “demócratas”. Ahora más que nunca es necesario denunciar esta maniobra parlamentaria, destinada a reforzar la lucha del régimen democratizante contra la ciudadanía, ante su temor a la ola de movilizaciones en marcha contra la descomposición y corruptela que aflora por todos sus poros.

Hace un par de semanas, el Mas opuso al decreto 470, que establece los convenios por empresa negociados por la burocracia, la necesidad de que la negociación de los nuevos convenios fabriles estuviera a cargo de representantes elegidos en asambleas de fábrica. En este menester, el Mas llegó a imaginar que hasta podrían surgir “nuevas camadas de luchadores y delegados” apoyados “en la democracia obrera”. Nuestro partido denunció, en cambio, la liquidación de los convenios colectivos por rama de industria, que planteaba el decreto 470; caracterizó a la “negociación por fábrica (como) un retroceso histórico para el movimiento obrero argentino” y llamó a luchar por su derogación y a reclamar igualmente la vigencia de los convenios colectivos y la elección de los paritarios por asamblea (ver Prensa Obrera del 13/4/93). El Mas rectificó posteriormente su posición para plantear que “la discusión de los convenios colectivos a nivel de cada fábrica le allana a las patronales el camino para liquidar las pocas conquistas y beneficios existentes, principalmente en las pequeñas empresas” (Solidaridad Socialista, 14/4), pero no llegó a plantear una campaña por la vigencia de los convenios colectivos y los paritarios elegidos en asamblea. De todos modos, el Mas dejó su lugar al Pts, siempre pronto a defender causas reaccionarias y perdedoras. ¿Convenios colectivos? Bien, gracias Para el Pts, en un principio, “un plan de lucha de todo el movimiento obrero contra el plan económico ... es la única salida incluso para enfrentar el 470”. Es decir, que el Pts sustituía la reivindicación concreta de la defensa y vigencia de los convenios colectivos de trabajo y los paritarios elegidos, por una generalidad, “la lucha contra el plan económico”, que como cualquiera sabe se adapta al pelo a la demagogia de cualquier opositor “patronal” y de cualquier burócrata sindical. El convenio colectivo es una institución impuesta por la clase obrera, que se opone al libre ejercicio del derecho de propiedad, es decir, del derecho a explotar sin límites a los trabajadores. El Pts vuelve a pasar por alto una conquista histórica del movimiento obrero (ya lo hizo con las jubilaciones), una característica que lo coloca al margen del movimiento proletario. Como ocurriera igualmente con las jubilaciones, reemplaza la defensa de una conquista por una construcción ideológica típicamente casera, esto es también una característica del pequeño burgués ensoberbecido. ¿“Plan económico”? Pero las construcciones ideológicas caseras, al igual que la auto-medicación, no son recomendables ni saludables. El “plan económico” al que alude el Pts, no existe, porque la economía burguesa se caracteriza no por la planificación sino por la anarquía de la producción. Esto explica, por ejemplo, que Cavallo, campeón otrora de la “patria exportadora”, aparezca ahora como un defensor práctico de los intereses importadores y que, “enemigo” en el pasado de la “patria financiera”, ahora sea su agente. Pero esto no es todavía lo más importante. Lo importante es que la miseria de los trabajadores obedece a la explotación del capitalismo y no a un “plan” derivado de esta dominación. La lucha debe ser contra el capitalismo, y de ningún modo contra las manifestaciones ideológicas de sus personeros, que apuntan a encubrirla. Si la política revolucionaria tiene por objetivo “hacer concientes los procesos inconcientes”, en este caso hay que desgarrar el velo del “plan económico”, el cual tiene por función ocultar la dominación y la superexplotación del capital. Desde el punto de vista de la lucha práctica, el combate al capitalismo tiene que asumir la forma concreta de reivindicaciones, y de ningún modo sustituibles por generalidades extraídas de la economía política burguesa. (Esta “idealización” de los “planes económicos” es común a los stalinistas, al Mas y al Mst). ¿“Afinando la puntería”? Pero la historia no termina aquí. En el número del 28 de abril, bajo el título “Afinando la puntería”, el Pts se pregunta nada menos: “qué hacer ante la negociación por fábrica”, dando su aprobación al 470. Para la mejor utilización del decreto, aconseja a las internas evitar “las trampas” tales como, por ejemplo, “que la patronal intentará con la negociación por fábrica meter la productividad por la ventana”. Es decir que el re-re-revolucionario Pts, partidario de acabar con el “plan económico”, acepta el decreto 470, de negociación por fábrica, que deroga la enorme conquista obrera de los convenios colectivos. No vacila en admitir que sigue, en este terreno, la opinión puramente empírica de una suerte de “aristocracia obrera” (los obreros de la reactivada industria automotriz), que le habrían asegurado al Pts (es lo que dice éste en su periódico) que la negociación por empresa..¡¡ facilita la obtención de ventajas relativas!! El Pts aconseja “que toda interna que vaya a negociar con la patronal debe levantar en forma incondicional el pase a planta permanente de todos los contratados ...”. Esto sí se podría imponer, para el Pts, aisladamente por fábrica, pero nunca la derogación del 470 y la vigencia de los convenios colectivos, porque esto sólo es posible lograrlo luchando “todos” contra “el plan económico”. Al propiciar la política de las negociaciones por empresa de los problemas colectivos del movimiento obrero, y al recusar la posibilidad de la lucha colectiva contra el 470, el Pts capitula ante los capituladores y su “plan” de liquidar las conquistas obreras. El Pts aconseja “recuperar las internas de manos de los burócratas transformándolas en verdaderos comités de fábrica, que unan a todos los trabajadores, permanentes y contratados ... Sólo así estaremos en mejores condiciones para luchar por el salario y la defensa de nuestras conquistas. Es desde esta posición que apoyamos todos los justos reclamos de los compañeros de las distintas fábricas”. Muy lindo en la fraseología, porque en el contenido el párrafo acepta los convenios por fábrica del 470. Así es como el Pts “afina la puntería”.

En la primera jornada de paro del plan de lucha FUA-CONADU, la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA organizó una clase pública. Durante dos horas, estudiantes y docentes cortaron la calle Marcelo T. de Alvear, frente a la Facultad, e instalaron una cátedra callejera, desde la cual Pablo Rieznik, Carlos Mangone y Horacio González (profesores), desarrollaron sucesivamente sus clases ante una entusiasta concurrencia de varios centenares de docentes y estudiantes. Al reclamo de aumento salarial para los docentes y de aumento del presupuesto universitario, Sociales agrega el de la indispensable asignación de un edificio que permita el normal funcionamiento de la Facultad.

Las movilizaciones populares contra los cortes de luz en La Matanza, en Morón y en San Fernando han puesto en evidencia el carácter parasitario y fraudulento de las “privatizaciones” y sus catastróficas consecuencias sobre la población. Fracaso económico y técnico Edenor y Edesur recibieron Segba a un precio de regalo, con “facturas a cobrar” por decenas de millones de dólares y con un “pasivo” de 20% de usuarios “enganchados”. Pese a las generosas condiciones de la “privatización” y a la superexplotación de los trabajadores (2.000 despidos, desconocimiento de los convenios colectivos, congelamiento salarial), la “iniciativa privada”, sin embargo, no camina: las pérdidas de Edesur superan, según “La Nación”, los cinco millones de dólares anuales. El mismo diario informa que los directivos de Edenor y Edesur pusieron en conocimiento del gobierno, con varias semanas de anticipación, que comenzarían los cortes masivos, en una clara presión para obtener un aumento de las tarifas. El gobierno, naturalmente, cedió al chantaje, otorgando un aumento promedio del 12% (algo así como la inflación de dos años, según las previsiones oficiales), el cual llega hasta el 25% para los hogares de bajo consumo. Sin embargo, a pesar de recibir el aumento reclamado, las empresas iniciaron los cortes. Las empresas justifican los cortes con el argumento de “quien no paga, no tiene luz”. En realidad, Edenor y Edesur están obligadas a producir los cortes porque no pueden satisfacer la demanda de luz, en razón de que no han invertido un peso en mejorar y ampliar las redes de distribución. Esto explica las denuncias de los “colgados” de varios barrios que, con documentos en la mano, han demostrado que ya han solicitado varias veces la colocación de medidores, sin que las empresas se hayan dignado a atenderlos. Esta falencia general de las empresas privatizadas para satisfacer la demanda existente ha llevado al privatista “La Nación” a afirmar que “es indudable que en términos macroeconómicos existen dudas sobre si el proceso privatizador supone que el modelo de acumulación es a partir de las tarifas y no del ahorro de la compañía, algo así como pague ahora y después vendrá la inversión”. Quiénes son los “colgados” Según los dichos de los directivos de Edenor y Edesur, los “enganchados” les producen pérdidas anuales por 140 millones de dólares. Estudios realizados hace unos años por técnicos de Segba indicaban que la energía consumida y no pagada superaba la producción anual de El Chocón. Un “robo” de energía de semejante volumen, en consecuencia, no podría originarse en los asentamientos y en las villas, donde los miles de “enganchados” apenas alimentaban unas pocas bombitas y artefactos del hogar. Es toda una fracción de la clase capitalista —ya sea en sus countrys, ya sea en sus empresas— la que se lleva el grueso de la energía “robada”... sin que a ellos, que se sepa, se les haya cortado el suministro. La demagogia de Pierri La enorme explosividad del problema obligó a los personeros del gobierno provincial a denunciar a las empresas. Pierri ganó espacios en los noticieros de TV llevando a los jueces a las oficinas de Edesur y Edenor a detener a sus gerentes... y poniendo en crisis las relaciones de la “gente de trabajo” de Duhalde con el menemismo. Pero los hombres de Duhalde, y en particular Pierri, presidente de la cámara de Diputados, tienen estampadas las huellas digitales en este desfalco, ya que son coautores de la política privatizadora, que han aprobado una y otra vez en el Congreso. Pierri logró que un juez metiera preso a los directivos de Edesur bajo la acusación de “estafa” en perjuicio de los usuarios que pagan. ¿Y los que no pagan? Pierri se hace acreedor, también, a la acusación que una vecina de La Matanza dirigió a las empresas: “Edenor quiere que todos los problemas los solucionemos nosotros, que nos peleemos entre los que pagamos y los que no pagan, que les hagamos de policías, y eso no estamos dispuestos a hacerlo” (Página 12, 20/5). Ni un corte más Hoy, con un 18% de la población activa desocupada o subocupada, con salarios equivalentes a un tercio de la canasta familiar, con jubilaciones de hambre, cortar la luz constituye un verdadero crimen social y revela hasta qué punto el régimen social de los explotadores puede mantenerse sólo sometiendo a los explotados a sacrificios y privaciones inauditas. No podemos permitir la interrupción de ningún servicio, a ningún barrio, ninguna discriminación. La movilización, que ya ha comenzado, debe extenderse y profundizarse mediante las asambleas de los barrios afectados, la formación de comisiones independientes y representativas y la coordinación, con un programa que unifique la lucha: • Ningún corte. Provisión gratuita de luz, agua potable y gas para los jubilados, desocupados y familias con un ingreso inferior a 500 pesos; • Por un salario mínimo de 1.000 pesos. Recién entonces podemos empezar a hablar de “medidores”; • Derogación de los aumentos de tarifas a los pequeños consumidores; • No al negociado. Confiscación de Edenor y Edesur y su puesta en marcha bajo control conjunto de trabajadores y vecinos; • Juicio y castigo a los promotores de los desfalcos privatizadores.

El Pts nos “critica” (y también lo hace parcialmente con otras corrientes de izquierda) que en nuestros planteamientos esté ausente la oposición o crítica “al régimen bipartidista y de la Constitución del 53”(13/5). Pero esta crítica desnuda, precisamente, el “reformismo” y el “constitucionalismo” del Pts. Porque como muy bien lo reconoce el Pts, “el régimen es la forma política concreta que adopta la dictadura del capital” (república, monarquía, etc). Entonces, la oposición al “régimen político” es sólo la oposición a una de las formas de organización del Estado burgués. El Pts coloca el centro de la actividad política en el cuadro del Estado burgués, no en la lucha por su destrucción. En este aspecto general o metodológico coincide con el gobierno menemista y diferentes sectores burgueses en el planteo de modificar la constitución. Para el Pts la reforma de la constitución es nada menos que el “programa para que el proletariado se convierta en caudillo” de las masas empobrecidas. El Pts llama a formar un Partido de Trabajadores para luchar “por la consigna de Asamblea Constituyente, (porque así) centralizará las demandas democráticas de toda la sociedad contra la archirreacionaria constitución del 53, contra sus partidos y la mentira de la democracia para ricos”. Está claro de esto que el partido de los trabajadores del Pts es un partido de ciudadanos. Como curiosidad, añadamos, que Lula plantea que el objetivo de los trabajadores, en Brasil es conquistar la plenitud de la ciudadanía. La consigna de la Asamblea Constituyente ha sido para los socialistas revolucionarios, y debe seguir siendo, una reivindicación de carácter episódico en la lucha por la dictadura del proletariado (¡planteo capital que los morenistas en general nunca han planteado!). Los socialistas, recordémoslo, somos opositores al régimen político y social y al Estado que lo defiende. El Pts “lucha” contra el “plan económico” (ver nota aparte), y por la reforma de la constitución del ‘53, es decir que es democratizante hasta los tuétanos. La consigna del Partido Obrero: “Fuera los gobiernos patronales del hambre y la miseria; por un Frente de Trabajadores”, es una fórmula popular de lucha por la destrucción del Estado capitalista y por la dictadura del proletariado.

Los no docentes de la UNLP están en el momento más duro de su plan de lucha y han llegado al paro total. Frente al sabotaje de las autoridades universitarias, el Centro de Estudiantes del Liceo Víctor Mercante, colegio dependiente de la UNLP, reaccionó inmediatamente contra el ingreso de cuadrillas de limpieza contratadas, produciendo una importante movilización de estudiantes, docentes y preceptores y suspendiendo las clases. Prensa Obrera entrevistó a Flor y Pablo, miembros de la Comisión Directiva del Liceo. P: ¿Qué sucedió en la escuela con el paro no-docente? R: Con el comienzo del Plan de Lucha de los no-docentes se empezó a sentir el paro por la suciedad, el cierre de biblioteca y la paralización de la administración. El lunes 17 no se pudo dar clases. El Centro charló con los preceptores, que informaron que la Dirección se comprometió a no limpiar. El miércoles la escuela aparece limpia. P: ¿Qué actitud tomaron? R: Por un lado nos conectamos con el Nacional (también dependiente de la UNLP). Por iniciativa de algunos profesores, había chicos que se pusieron a limpiar. Esto nos pareció lamentable. Convocamos a una Asamblea del turno mañana. En ella los preceptores expresaron su repudio a la medida tomada por la Universidad de enviar cuadrillas de limpieza contratadas para romper el paro. Inmediatamente vinieron el secretario general de la Universidad, Claudio Contreras, el secretario académico y el contador, y se defienden diciendo que su función es mantener la escuela abierta, que los no-docentes tenían que dirigir su reclamo al P.E. —Menem— y no a la UNLP, y el contador intenta marearnos con números y porcentajes. Chocaron con la asamblea: ¿por qué si se puede pagar a una cuadrilla no aumentan a los no docentes?;¿por qué dicen apoyar el paro y lo sabotean?; ¿así defienden la educación pública, enfrentando a sus trabajadores?;¿por qué “defienden” la escuela cuando hay paros y no todos los días, cuando la escuela se viene abajo si no fuera por la cooperadora?; con sus actitudes cotidianas contribuyen a que se cierre; ¿si hacen paro los docentes van a contratar suplentes también?; fueron las preguntitas que les tiró la asamblea y no pudieron responder. P: ¿Qué resolvieron? R: En la asamblea éramos unos 150 con los preceptores. Resolvimos hacer una sentada en la puerta de la escuela para repudiar a los funcionarios de la Universidad y comprometer a la Dirección que ninguna cuadrilla de limpieza vuelva a entrar. La sentada concentró a 300 personas entre estudiantes, docentes y preceptores —los docentes no firmaron— durante 21/2 horas. Una comisión se entrevistó con la Dirección y se hizo un compromiso de no ensuciar y no limpiar, que no entren cuadrillas. Si no se puede dar clase, no se da clase.

Las asambleas de los barrios “La Juanita”, “17 de Octubre” y “24 de Febrero” del día 25 de mayo, rechazaron el supuesto acuerdo que todos los medios oficiales anunciaron entre los vecinos y la empresa Edenor. Este fue suscripto por un puntero del Frejupo, a espaldas de los vecinos, y en él la empresa se comprometía a colocar tres nuevos trasformadores y las líneas medias de tensión, mientras que los vecinos “enganchados” deberían pagar una cuota “mensual” de 10 pesos, o de 24 pesos si utilizara artefactos de alto consumo eléctrico (por ejemplo, estufas de cuarzo). Las asambleas resolvieron continuar las medidas de lucha hasta conseguir: 1) Reestablecimiento total del suministro eléctrico para todos. 2) Regularización de los “enganchados”, a través de la instalación de medidores. 3) Electrificación total de los barrios, con alumbrado público. 4) Rechazo de la cuota de 24 pesos mensuales. 5) Compromiso de Edenor para cumplimentar en el plazo de dos años, este mismo plan para todo el partido de La Matanza. En la asamblea de “La Juanita” se denunció que Edenor está implementando los cortes como medida de presión sobre el gobierno, para que éste financie un plan de electrificación para toda La Matanza; es decir, que el Estado se haga cargo de la ampliación de la red de la empresa, ahora privada. Edenor, a través de sus representantes, se manifestó ante los vecinos en contra de hacer cualquier inversión; sólo se responsabiliza por el mantenimiento de las instalaciones ya existentes. Las asambleas propusieron la coordinación de los barrios en lucha y la profundización de las movilizaciones contra la empresa y el gobierno.

El miércoles próximo pasado tuvo lugar una reunión oficial entre las delegaciones del Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Movimiento al Socialismo y el Partido Obrero, con el objetivo de discutir la formación de un frente político. Aunque no fue aceptada la propuesta del PO de emitir un comunicado conjunto, se convino en que cada organización daría a conocer el tenor de lo tratado en la reunión. Lo esencial fue el acuerdo de iniciar la discusión del programa del frente, para lo cual los partidos presentarán sus propuestas el próximo martes. La reunión puso en evidencia una aguda diferencia en las concepciones respectivas sobre las características que debería tener el frente, pero al mismo tiempo una comprensión acerca de la necesidad de llegar a compromisos legítimos para cada parte. Con relación a la formación de un frente electoral, se coincidió en que su programa y sus candidaturas serían decididas por medio de asambleas, cuya amplitud de convocatoria y demás características quedaron a definir.

Luego de 50 días, la huelga de docentes santiagueños fue levantada en base a un acuerdo que realizó la cúpula de la AESyA y el gobierno de Mujica, por el cual se lleva el básico del maestro de grado a 250 pesos a partir de mayo, se reconoce toda la deuda salarial y su pago inmediato, y se elimina el descuento de los días de huelga. Este acuerdo está lejos de los 360 pesos de básico, que era el reclamo salarial que unificó a los diversos gremios de la docencia, y que había sido reconocido por una ley sancionada el 6 de abril por la Legislatura. En el acuerdo salarial, al básico anterior de 165 pesos se le incorpora el adicional de 60 pesos, haciéndolo bonificable (o sea que esto ya se venía cobrando), y se agregan 25 pesos de aumento neto. Sólo en este ínfimo aumento real se diferencia el acuerdo concretado por la burocracia de la AESyA del que había realizado Mary Sánchez una semana antes, y que había sido repudiado por la docencia, no acatando el levantamiento del paro proclamado por Ctera. La burocracia de la AESyA, encabezada por Roberto Díaz, explotó las limitaciones del activismo (que no logró forjar una dirección alternativa elegida y bajo control directo de las bases en lucha), y por otro lado, el desgaste natural de una lucha que en 50 días fue torpedeada por todo el mundo, en especial por la burocracia de Ctera, por la CGT y el CTA provinciales, y por los representantes políticos patronales, como Zavalía, que apuntaron a la burocracia, reforzando su capacidad de maniobras. El acuerdo por el cual se llegó al levantamiento de la huelga formó parte de un acuerdo político más general. El gobierno de Mujica acordó un pacto político de gobernabilidad con el senador Juárez (que es quien domina el aparato del PJ), promovido por el gobierno nacional, y luego de ello se procedió a un recambio general del gabinete. Sobre esa base, el gobierno nacional envió una ayuda extraordinaria de 2.500.000 pesos para atender las deudas salariales con la docencia. Un aspecto clave del acuerdo político fue “la decisión de la Cámara del Crimen de absolver de culpa y cargo a los principales dirigentes de la Agremiación de Educadores Santiagueños y Afines (AESyA) por existir una situación de duda a su favor” (El Liberal, 14/5). La dirigencia de la AESyA estaba bajo proceso desde hacía más de seis años por diversas irregularidades cometidas en los comicios gremiales realizados en 1986. Este acuerdo salarial fue aceptado forzadamente por la docencia, que levantó el paro, pero persiste un creciente descontento, como quedó testimoniado en el reclamo de retomar las medidas de fuerza planteado por numerosos docentes, ante el agotamiento de los fondos con los cuales se pagaban las deudas salariales. Es que 2.500.000 pesos sólo cubren una mínima parte de una deuda que suma más de 8.000.000 pesos, por lo cual el gobierno se ha visto obligado a reclamar el envío de nuevos fondos ante la posibilidad de que se reabra la huelga. De la misma manera generó un gran descontento el establecimiento de una cuota extraordinaria en favor del sindicato descontada de los aumentos acordados. Por otro lado, los sindicatos agrupados en la Intergremial (Sadop, Cidacems, Amet, Sindicato del Maestro, etc.) repudiaron el acuerdo de la AESyA y están negociando con el gobierno una serie de aumentos progresivos que lleve a fines de julio el básico a 360 pesos, y han amenazado con retomar las medidas de fuerza si no se otorgan esas mejoras. La dirigencia de estos gremios está reflejando en sus opiniones el descontento de las bases por el acuerdo salarial pactado, pero fue la propia dirigencia de la Intergremial la que contribuyó a ello, pues fue el sector que aceptó la conciliación obligatoria, adelantándose en los hechos al levantamiento del paro que posteriormente efectuó la dirigencia de la AESyA. La tensión no se ha disipado, y dependerá de que el gobierno logre conseguir los fondos para pagar las deudas salariales y los sueldos en tiempo y forma. La situación requiere que la docencia haga un balance a fondo de esta extraordinaria lucha (la más importante de la historia de la docencia santiagueña) y prepare las nuevas luchas que enfrenten la política hambreadora y liquidadora de la educación pública de los gobiernos nacional y provincial, para lo cual la cuestión clave es contar con una dirección independiente a la cabeza del sindicato.

La burocracia de la IG Metall dio por terminada la huelga metalúrgica en el este alemán después de alcanzar un acuerdo en el Estado de Sajonia con las cámaras patronales de la metalurgia y la electrónica, el cual fue presentado como “modelo” para los restantes Estados del este y para la rama siderúrgica. El acuerdo pospuso por dos años y medio la igualación de los salarios entre el este y el oeste establecida en el acuerdo de 1991 (de abril de 1994 a diciembre de 1996), y por ocho meses el aumento que debía haberse efectivizado a principios de abril. La IG Metall aceptó, además, una reducción del aumento de este año (del 26 al 20%). Los obreros del este —que trabajan jornadas más largas, con vacaciones más cortas que en el oeste y que con salarios mensuales de 1.000 dólares, poco más de la mitad de los del oeste, deben pagar precios “occidentales” —han sido confirmados como reserva de mano de obra barata de la burguesía alemana. A pesar de estas concesiones sindicales, el acuerdo fue originariamente presentado por la prensa como una “clara victoria sindical” con el argumento de que la burocracia habría logrado evitar el precedente de la ruptura unilateral de los acuerdos por parte de la patronal, y porque habría logrado que la patronal firmara un convenio colectivo, derrotando su pretensión de imponer convenios por empresa. Todo esto, sin embargo, es una pura ficción porque el acuerdo establece una “cláusula de opción de salida” que autoriza a las “empresas en dificultades” a posponer todavía más los aumentos y aun reducir su monto ... es decir, a quebrar “legalmente” el convenio colectivo. Lo que la burocracia presenta como la “salvación del convenio” servirá, en realidad, como excusa para establecer la diferenciación salarial por empresas. La burocracia nacional de la IG Metall tuvo grandes dificultades para imponer el acuerdo a las direcciones sindicales locales del este, “algo muy poco frecuente en el oeste alemán” (Clarín, 20/5). El convenio fue inicialmente rechazado por las direcciones locales de los metalúrgicos y de los trabajadores de la electrónica de Mecklemburgo, Pomerania Occidental y Berlín-Brandemburgo (tres de los cinco Estados en huelga) y por la dirección local de la rama siderúrgica. Los negociadores de los 20.000 siderúrgicos en Berlín-Bramderburgo calificaron el acuerdo de Sajonia como “un compromiso piojoso” (International Herald Tribune, 17/5). Lógicamente, “los sindicalistas (del este) estaban especialmente preocupados con el impacto potencial de la cláusula en el acuerdo de Sajonia que permite a los empleadores pagar salarios inferiores a los del promedio de la industria si la sobrevivencia de la compañía está en peligro”, pero “fundamentalmente... sospechaban sobre la forma en que la conducción de la IG Metall —manejada por el oeste— presionó primero por su ofensiva y convocó luego a una tregua cuando parecía tener a los empleadores en plena retirada”, (ídem). En esos tres Estados, la huelga duró cuatro días más, oportunidad en que “después de un debate interno por momentos muy agitado, la dirección sindical germana oriental acordó, a regañadientes, someter el acuerdo al voto de sus miembros para que sea ratificado” (Clarín, 20/5). Para lograr la aprobación del “convenio piojoso”, la burocracia de la IG Metall contó a su favor con la antidemocrática legislación alemana, que requiere que un acuerdo sea aprobado por apenas el 25% de los afiliados al sindicato (mientras exige el voto del 75% para ir a la huelga). La función de un acuerdo ficticio A pocas horas del comienzo de la huelga, “Prensa Obrera” caracterizaba así la política de la burocracia de la IG Metall: “ ... la burocracia sindical no plantea un movimiento de conjunto; su esfuerzo huelguístico apunta, precisamente, a impedirlo. Tiene la expectativa de lograr que las patronales acepten un cronograma más dilatado para arribar a la igualación salarial, a pesar de que sabe que todos los pronósticos económicos conspiran contra la posibilidad de que los patrones puedan cumplir con ese eventual compromiso. Hasta cierto punto, a la burocracia ni siquiera le importa un acuerdo con características ficticias, porque lo que necesita es tiempo para adaptarse a las condiciones de crisis, recesión y depresión económicas” (Jorge Altamira, Prensa Obrera Nº 390, 5/5). Efectivamente, la burocracia ha firmado este acuerdo ficticio y hasta lo ha reclamado. Con ello pretende ganar tiempo para lograr un acuerdo de conjunto con la burguesía y, además, evitar la cadena de huelgas que estallaría si las patronales lanzaran unilateralmente los planes de despidos y de reducción de salarios que le impone la aguda recesión alemana. El acuerdo abre la discusión de lo que el “Financial Times” (18/5) llama “una nueva agenda en Alemania”: la reducción de los salarios reales en el oeste durante los próximos dos años, “ahora que la cláusula de ‘opción de salida’ establecida en el este puede empujar a los sindicatos y empleadores hacia una mayor flexibilidad salarial también en el oeste”; una mayor reducción en los gastos sociales y, finalmente, la imposición de jornadas más largas y vacaciones más cortas —lo que producirá una mayor desocupación y, en consecuencia, una mayor presión sobre los salarios. En resumen, la “nueva agenda” plantea generalizar al oeste las condiciones de superexplotación del este. Semejante “paquete” requerirá, naturalmente, un nuevo “pacto de solidaridad”, es decir un acuerdo general entre la burguesía, la burocracia sindical, el gobierno y la oposición socialdemócrata, aún más antiobrero que el firmado en marzo de este año. La recesión alemana, “más profunda y duradera que lo que todos esperábamos”, según Theo Weigel, ministro de finanzas; la destrucción productiva del Ruhr, el corazón industrial del oeste; y la enorme crisis fiscal, obligan a la burguesía alemana y a su Estado a montar un ataque a fondo contra las conquistas obreras en toda Alemania. En el curso de la huelga, varios medios de prensa reprodujeron la opinión de muchos obreros del este de que “la productividad de nuestra empresa es superior a la media de Occidente... disponemos de los mejores diseños y de la tecnología más avanzada... el problema es que quieren que desaparezcamos... las grandes empresas de Occidente quieren hacer desaparecer toda competencia” (Página 12, 14/5). Semejante perspectiva plantea inevitablemente grandes choques de clase en Alemania. En estas condiciones, el desenlace de la huelga de la IG Metall ha puesto de manifiesto la inviabilidad de la política de la burocracia: pretender salvar las conquistas del pasado sin marchar a un enfrentamiento fundamental con la burguesía.

La propuesta que el Partido Obrero formuló el 1º de Mayo, de formar un Comando Político de Izquierda, no tiene un carácter ultimatista ni expresa tampoco una teoría particular acerca de los frentes entre organizaciones que luchan, de una manera u otra, contra el orden político y social existente. En relación a lo primero, nuestro partido impulsa todo paso práctico favorable a la unidad de acción de los partidos de izquierda contra el imperialismo y el capitalismo, e incluso para depurar a las organizaciones obreras de sus direcciones burocráticas. Si una movilización, en un caso, o una elección, en otro, sirven para dar inicio o para desarrollar esa unidad de acción, el Partido Obrero aprovechará esas circunstancias debidamente. Debe estar claro que el esfuerzo por la unidad en la lucha significa al mismo tiempo una delimitación de posiciones y organizaciones políticas, esto porque una unidad política indiscriminada o promiscua se agota en sus propias contradicciones y no sirve para impulsar la política que más consecuentemente impulse, organice y desarrolle la lucha de las grandes masas. El planteo del Comando Político tampoco responde a una doctrina especial de lo que debe ser un frente de lucha contra los explotadores y su Estado, sino que constituye la forma que adopta un frente combativo o revolucionario que merezca realmente ese nombre. Por medio de un Comando Político los partidos frentistas explotan todas las posibilidades de su unidad de acción, no solamente de aquella esencialmente práctica que une esfuerzos organizativos, sino también política, en lo que se refiere a una agitación sistemática contra el régimen existente y todos y cada uno de sus atropellos. Los diferentes puntos de vista que se pondrán de manifiesto en el desarrollo de esta tarea servirán para delimitar las políticas de cada una de las organizaciones o partidos y contribuirán para ampliar el marco y el horizonte de las discusiones políticas. Un Comando Político no es, por definición, un partido, aunque puede contribuir decisivamente a la unión en un único partido si la experiencia ha servido para superar genuinamente las divergencias políticas. La formación de un Comando Político ofrece la posibilidad de sustituir la unidad de acción ocasional, impuesta por las circunstancias o meramente accidental, por la unidad de acción concebida como política sistemática —lo cual implica su contrario, la discusión de las diferencias políticas. ¿Frente electoral? ¿Constituye una alternativa a la organización de un Comando Político de Izquierda la formación de un frente electoral para las elecciones de octubre? Es evidente que un frente electoral corresponde a una unidad de acción ocasional, que está relacionada con la posibilidad de sumar votos para obtener una representación parlamentaria. La virtual ausencia de representantes obreros independientes o socialistas en el Congreso, puede suscitar el interés de formar una coalición que obtenga esa representación, y que luego debería materializarse en un bloque legislativo. Pero un frente electoral, y parlamentario como consecuencia, no constituye ni remotamente una “alternativa de poder”, como lo pretenden algunos partidos de izquierda favorables a este frente. En el único sentido que puede admitirse esa tesis es en un sentido burgués y capitalista de “alternancia” en la gestión del Estado, con respecto a otros partidos o frentes patronales, a través de los procesos constitucionales vigentes, pero nunca en el sentido de la toma del poder por el proletariado y la destrucción del Estado burgués (dictadura del proletariado). Resulta sorprendente que algunos partidos pretendan que el frente electoral tenga un programa claramente revolucionario, como si semejante programa pudiera realizarse alguna vez por el andarivel exclusivo de las elecciones periódicas y la acción parlamentaria. El Frente del Pueblo o la Izquierda Unida fueron, precisamente, frentes electorales tanto en el sentido metodológico como estratégico: sólo funcionaban para las ocasiones electorales y declaraban como objetivo “la democracia con justicia social”, es decir hacer más llevadero al capitalismo. La ventaja del Comando Político de Izquierda es que puede viabilizar al frente electoral como un aspecto estratégicamente secundario de una política de unificación práctica sistemática de la vanguardia obrera, de la juventud y de los demócratas que luchan cotidianamente contra las patronales y sus representantes e instituciones políticas. ¿Frente trotskista? Aunque puede parecer extraño o incluso una curiosidad, circulan también planteos a favor de un frente trotskista. Algunas veces la propuesta es formar un frente electoral trotskista y en otras ocasiones que el frente trotskista debe ser anti-electoralista. Pero de todos los defectos que tiene esta forma de plantear el frente, el principal es que se trata de un planteo ideológico. Ahora bien, un frente ideológico es simplemente absurdo, esto porque la función objetiva de un frente es orientar una lucha de clases, no ofrecer una concepción del mundo a las masas. Esto último, por otra parte, es algo que sólo se puede desarrollar entre una minoría relativamente ilustrada, preocupada o preparada de los trabajadores, y no entre las grandes masas, las que primero deberán liberarse del capitalismo en forma práctica para luego arribar a una concepción socialista del mundo. El Frente ideológico es una verdadera aberración, en especial cuando se tiene en cuenta que detrás de las “ideologías” se esconden muchas veces los charlatanes o elementos francamente reaccionarios. El frente ideológico excluye, naturalmente, a otras ideologías diferentes, olvidando que pueden esconderse o albergarse en otras ideologías sectores revolucionarios e incluso voceros auténticos de masas explotadas en lucha, lo cual no debe ser un obstáculo para que formemos con ellos un frente común, sino un acicate. Un frente ideológico entre partidos con programas diferentes y divergentes sería un acto descarado de confusionismo. La especie del “frente trotskista” suena mucho a una reacción empírica contra la experiencia electoralista y democratizante del Frepu e IU; después de haber coqueteado con el oportunismo más descarado y de haber manoseado con esa política oportunista a varios miles de trabajadores, se pretende una purga de sectarismo y auto-encierre. Pero el oportunismo y el sectarismo no son más que dos formas de liquidacionismo de la política revolucionaria obrera. Defendamos el planteo del PO La propuesta de Comando Político aparece claramente como la forma misma del frente político propio de los explotados o luchadores o revolucionarios. Como aspecto secundario respecto a sus objetivos de alcance estratégico (lo cual no quiere decir que no sea importante) debe organizar la intervención electoral para octubre. La puesta en práctica del Comando de Izquierda, hoy, significa: 1. Establecimiento de un programa de acción, basado en la situación histórica del momento; determinación de las principales consignas políticas. 2. Determinación de una campaña política en torno a las cuestiones centrales de la lucha de clases: “reformas” previsional, laboral y educativa; decreto 470 y convenios colectivos; entrega al imperialismo (YPF, privatizaciones, deuda externa). 3. Organización de la unidad de acción en todos los niveles. 4. Determinación de las consignas y de la metodología de la campaña electoral y de la selección de los candidatos (criterio político y forma de elección). 5. Llamamiento político dirigido a todas las organizaciones obreras y de izquierda que se enfrenten contra el actual régimen político y social, a integrarse a un Comando o Frente de Izquierda. La puesta en práctica de este enfoque consecuentemente principista para la formación de un Frente que represente a la vanguardia de los explotados, significará por sí sola una revolución política en la cabeza y en la práctica de miles de luchadores y obreros de Argentina, y contribuirá a la causa del socialismo mucho más que miles de panfletos y de discursos. Es en este sentido que Carlos Marx señaló que un paso adelante del movimiento obrero real vale más que una docena de programas.

“Finalmente, llegó el ansiado momento y en la histórica sesión del miércoles 14 de abril, la primera ley de educación se hizo realidad. Las futuras generaciones recordarán esa fecha como un hito luminoso en los anales de la historia parlamentaria argentina”. Semejante expresión de júbilo proviene del Consudec (Consejo Superior de Educación Católica), que es una suerte de estado mayor de la Iglesia católica en materia educativa. El órgano de prensa del Consudec se complace en señalar que la ley sancionada ha terminado por incorporar los preceptos y recomendaciones del Congreso Pedagógico, cuyo trámite y definiciones, como se recordará, fueron copados por el clero. “La piedra angular de la ley —expresa el comentario del Consudec— es el artículo 6º con innegables reminiscencias del Congreso Pedagógico”, en el que se define como objetivo educacional “la formación integral del hombre y mujer, en las dimensiones cultural, social, estética y religiosa”. “Este artículo —destaca el comentario— no sólo significa una recompensa a aquel esfuerzo extraordinario de los católicos, es también una lápida definitiva para el laicismo en la Argentina. Este es un nuevo punto de partida. Aquí comienza otra historia”. Como se puede apreciar, no fue una exageración cuando afirmamos que estábamos frente a una ley del clero y que éste había conseguido imponer el ciento por ciento de sus objetivos. El órgano del Consudec aprecia como otro gran logro la redacción del artículo 4º, que incorpora en carácter de “agentes de la acción educativa”, a la Iglesia católica y a otras confesiones religiosas. El vocero católico también destaca “el reconocimiento de la ley a la familia como agente natural y primario”. El énfasis puesto en la familia apunta a sustraer la función educativa del ámbito del Estado, facilitando la injerencia en el hogar de la corporación religiosa. “La familia tiene la responsabilidad, como agente natural y primario de educación de sus propios hijos: es la educación privada propiamente dicha. El Estado sólo puede intervenir en caso de grave falencia o abuso de los padres. La familia no deja de ser la primera educadora cuando los hijos trasponen el umbral de la escuela”. En nombre del papel primordial de los padres, se pretende dar piedra libre a la educación religiosa en las aulas, al incluir entre los derechos de los padres el que “sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Ni siquiera se plantea el reparo que incluía la muy poco laica ley 1.420, de que la instrucción religiosa fuera impartida “fuera de los horarios de clase”. El comentario del Consudec hace mención a la distinción que establece la ley entre la “responsabilidad” de la educación y sus agentes. La responsabilidad entraña una función genérica, mientras que la prestación efectiva del servicio queda reservada para los llamados “agentes educativos”. “El Estado asume esa función en los casos de servicios de gestión oficial”. En otros términos, el Estado tiene vedada la injerencia en la educación privada. “La ley da las definiciones necesarias para dejar bajo un paraguas protector legal en todo el país la libertad de enseñanza”. Naturalmente, dentro de este paraguas no podían faltar los generosos subsidios estatales. “El artículo 37 da las bases o fija los criterios para el aporte estatal para atender los salarios docentes de los establecimientos educativos de gestión privada”. El Consudec destaca como novedad “la no exclusión del beneficio del aporte estatal para el nivel universitario de gestión privada”. La ley del clero La ley fue sancionada con la complicidad de la UCR, la centroizquierda y la burocracia de Ctera, que llamaron a poner fin a la movilización educativa para favorecer un “consenso”. Ahora, en vísperas de elecciones, ninguna de estas fuerzas plantea derogar esta ley. Se ha puesto en marcha una contrarrevolución educativa dirigida por el oscurantismo confesional. La denuncia y oposición a esta ley, la defensa del laicismo y la gratuidad de la educación, es una bandera que debe ser enarbolada y reformulada en común por estudiantes, docentes y trabajadores, como un aspecto de la lucha contra el actual orden político y social, sus gobiernos y partidos.

Cuando este número de “Prensa Obrera” esté en la calle, los trabajadores de la construcción del Uruguay —agremiados en el Sunca— estarán cumpliendo una huelga de 36 horas y celebrando una Asamblea General que deberá declarar la huelga general indefinida. Los compañeros reclaman un aumento salarial inmediato del 50% y un salario al nivel de la canasta familiar (2.800 pesos). La semana pasada un millar de obreros de la construcción —junto con los trabajadores metalúrgicos— protagonizó una repulsa contra el presidente Lacalle durante los festejos de la fecha nacional del 18 de mayo. Los del Sunca no son los únicos trabajadores en conflicto. Los metalúrgicos vienen sosteniendo una serie de luchas por fábrica y movilizaciones por aumentos salariales. En el gremio de la salud, luego de una gran huelga en el sector público, se están desarrollando conflictos en el sector privado, el más importante de los cuales es la ocupación del sanatorio Etchepare, que ya lleva casi un mes. Los trabajadores de la educación —docentes y no docentes de todos los niveles— cumplieron una prolongada y masiva huelga de dos semanas desde el inicio de las clases; en el interior del país, a pesar de que la sindicalización es menor y el peso de los aparatos políticos patronales entre los empleados públicos y docentes es mayor, el paro superó el 90%. Los trabajadores de la electricidad (AUTE), por su parte, estuvieron a un tris de la huelga general por aumentos salariales y contra los intentos patronales de imponer aumentos por productividad. La seguidilla de huelgas que recorre el Uruguay ha puesto varias cosas en claro. En primer lugar, el gobierno de Lacalle ha sido incapaz de derrotar ninguna de las huelgas que se desarrollaron en el ámbito estatal. Ese papel lo cumplen —sibilinamente— los diputados de la “oposición”, en primer lugar los del Frente Amplio. Esto quedó claro en el conflicto docente: cuando las asambleas docentes y no docentes de Montevideo y de gran parte del interior rechazaron la “propuesta” presentada por el gobierno, el oficialismo se quedó sin política para enfrentar la movilización. Fue entonces que entró en escena la Comisión de Educación de diputados, dirigida por el frenteamplista y stalinista “renovado” Rafael Sanseviero, que luchó a brazo partido, junto con la burocracia, para imponer a los docentes un “arreglo” que era apenas un “refrito” de la fórmula rechazada. También quedó en claro el odio popular al gobierno de Lacalle: durante la huelga docente, los padres y alumnos se movilizaron conjuntamente con los maestros y profesores, que además contaron con el respaldo de la inmensa mayoría de la población, lo que convirtió a la huelga docente en una huelga política. Las tendencias antiburocráticas están jugando un creciente papel en el desarrollo de los conflictos e, incluso, en su preparación. Esto es muy notable en la lucha del Sunca, donde la agrupación “Lucha Obrera”,impuso su programa en varios plenarios de delegados y en una asamblea general. También la “Agrupación 1º de Mayo” de AUTE (electricidad) ha jugado un papel importante contra la “productividad” que pretenden imponer la burocracia stalinista y el gobierno. Incluso allí donde la oposición no se encuentra organizada, como en el gremio docente, la desconfianza de los trabajadores en la burocracia es evidente: la propuesta de “arreglo” levantado por la burocracia y la “oposición” para terminar con la huelga, logró imponerse en la asamblea definitoria apenas por un puñado de votos (900 a 700). La burocracia del PIT-CNT y la dirección frenteamplista plantean un “frente nacional” con la patronal y las cámaras empresarias que reclaman abiertamente la devaluación del peso. Por eso el PIT-CNT y el FA reclaman “un cambio de la política económica que ataca a los sectores productivos”, es decir, a la burguesía. Semejante política, aunque se tiña de discursos “opositores” y hasta “radicales” , es violentamente antiobrera: la devaluación que reclama la burguesía uruguaya —con el apoyo del FA— terminará de reventar los ya reventados salarios obreros.

P: ¿Hay producción en Propulsora? ¿Cuánto se hace y con cuántos, por referencia a años atrás? R: Tenemos una situación de gran producción. Durante el ‘93 se batieron todos los récords. Es evidente su buena situación, si se considera, además, que (Techint) participó en la compra de empresas de servicios (gas, electricidad, teléfonos, ferrocarriles) y de acero (Somisa). En todo este proceso los trabajadores hemos sufrido una “racionalización” brutal: en el ‘72 éramos 1.200, encuadrados en la UOM, hoy somos poco más de 500, que mantenemos o superamos la producción anual de cualquier período. P: ¿Qué pasa con la “carpeta”? (del proyecto de “flexibilización”) R: La primera “carpeta” permitió que, justamente, esta fábrica pudiera lograr los ritmos de producción a los que aludí recién. En el año ‘91, después de casi dos años de resistencia, en los que nos mantuvieron el salario congelado, lograron que se aceptaran estas condiciones de superexplotación a cambio de porcentajes miserables de aumento. Hoy todos han recapacitado que esas condiciones de “más trabajo por más plata” no llevan a ningún lado, ya que por ley de convertibilidad (salarios congelados) y el aumento del costo de vida, todo lo que podemos recibir en pocos meses se pierde y el trabajo adicional permanece. Es por este motivo que un sector completo (línea de Corte) rechazó un segundo intento de “flexibilización” a cambio de un 18% de aumento. El Cuerpo de Delegados luego respaldó esta posición. Se ha llegado, dentro de este marco, a que sea casi una norma que en ciertos sectores de fábrica se trabaje 12 horas semana por medio, produciéndose, irónicamente, las 10 horas de trabajo diarias prometidas por este gobierno. P: ¿Qué pretenden con las “privatizaciones” dentro de la empresa? R: La fábrica hace un planteo de “optimización de la producción” basado en modelos occidentales, por los que se desentiende de todos los sectores de servicio y sólo mantiene como propios los estrictamente productivos. De ese modo organiza un “festival de privatizaciones”, formando cooperativas con menos personal que los que anteriormente figuraban en el sector, pero con la facultad de contratar mano de obra en los momentos picos de trabajo. Esto provoca la ruptura de la organización gremial y de los convenios, porque los convierte en sectores o zonas “de nadie” (o “zonas francas” dentro de la empresa), donde todos estos compañeros que son subcontratados, al no tener estabilidad, trabajan en condiciones miserables y con sueldos que muchas veces no llegan a los básicos de convenio. P: ¿“Qué pasa con el salario?¿Qué posición tiene el Cuerpo de Delegados frente a la actual situación? R: Reclamamos un aumento salarial de 200 pesos para todas las categorías desde abril, sólo conseguimos 55 pesos y estuvimos a un paso del paro de 24 horas. Por toda esta situación estamos tratando de lograr un pronunciamiento del Cuerpo de Delegados por el cual se trabaje a fondo sobre todos estos temas que, oh casualidad, se encuentran involucrados dentro de la “reforma laboral”. Este pronunciamiento debe rechazar las privatizaciones, la segunda “carpeta” de “flexibilización laboral”, reclamar un aumento de 200 pesos y la jornada de 8 horas. Es necesario que éste salga lo más claro posible y sin medias tintas.

Ctera acaba de realizar su congreso —21 de mayo— en condiciones de derrumbe de la organización sindical nacional. Amsafe ha resuelto retirarse de Ctera, como lo hizo Atep el año pasado (Tucumán). Atech (Chaco) y Aesya (Santiago del Estero) han sido “suspendidos” por la burocracia Celeste hace mucho tiempo. Adosac (Santa Cruz) resovió quedarse fuera de la federación, luego de un largo debate en el que se expresó una honda desconfianza hacia la dirección marysanchista. A los diarios llegan las manifestaciones de este proceso de desintegración por arriba. Pero se extiende mucho más abajo, en la desafiliación a los sindicatos docentes, las expulsiones (Suteba Matanza, Suteba Sarmiento, UTE —Córdoba—, Suteba —seccionales “azules y blancas” que podrían acercarse a la FEB). La camarilla que se postuló a la dirección de Ctera en nombre de “un sindicato único, un nomenclador único, un convenio único”, ha llevado al sindicalismo docente a su mayor dislocamiento en décadas. La traición a la huelga del ‘88 reveló tempranamente la fidelidad de la dirección marysanchista al Estado capitalista y a sus mandantes. La UCR está alentando los procesos de fractura sin otro propósito que el de constituir una burocracia rival a la Celeste. Pero es igualmente un hecho que la separación de Ctera expresa también la repulsa a una organización vaciada y totalitaria. En esta situación, la consigna debe ser “que renuncie la dirección marysanchista que está liquidando a Ctera” y que llame a “un congreso nacional de delegados elegidos en Asamblea para elegir una nueva dirección”. Esta consigna permitirá enfrentar el trabajo liquidacionista complementario que realiza, por ejemplo, la burocracia de Amsafe, cómplice igualmente del desmantelamiento de la educación pública en la provincia y carcelera de su propio sindicato.

Como adelantáramos en el número anterior de “Prensa Obrera”, en los Estados Unidos acaba de lanzarse la huelga minera por la renovación del convenio colectivo nacional. La burocracia ha comenzado por parar tres minas, aunque la huelga se irá extendiendo conforme a la falta de respuesta de la patronal. El núcleo del conflicto es la negativa de las patronales a contratar obreros sindicalizados en las minas regenteadas por sus subsidiarias “fantasmas”: cada una de las nuevas minas que se han ido abriendo, incluso los pozos adyacentes a las minas en funcionamiento, fueron puestos bajo la administración de compañías no adheridas a la cámara patronal —pero subsidiarias de éstas— y, en consecuencia, no obligadas a cumplir el contrato colectivo. Las patronales hicieron un uso muy extendido de esta maniobra en los últimos años, con el objeto de pagar salarios inferiores a los del convenio y violar las condiciones de trabajo y de seguridad establecidos en él. Como las minas “oficiales” se van agotando, mediante este sencillo expediente las patronales podrían erradicar, en un mediano plazo, a los “odiados” convenios colectivos. Cuando en febrero expiró el contrato por entonces en vigencia, la cámara patronal ni siquiera aceptó discutir la cuestión; una larga y victoriosa huelga de varias semanas en la Peabody —la mayor mina norteamericana— impuso a la patronal la apertura de sus registros para conocer la totalidad de las “minas truchas” y la discusión de la cuestión en el convenio a firmarse. La patronal, sin embargo, mantiene una posición irreductible, por lo que la prensa norteamericana espera una huelga dura y prolongada, para la cual tanto las patronales como los trabajadores han venido preparándose en los últimos meses. La huelga del carbón puede ser enormemente significativa si llega a transformarse efectivamente en una huelga general nacional, la primera en muchos años en los Estados Unidos. El presidente del sindicato minero, Richard Trumka, ha declarado algo que la propia patronal admite: “el sindicato ha bajado dramáticamente los costos y aumentado la productividad en los últimos doce años” (The Wall Street Journal, 11/5). Pero la crisis mundial obliga a los capitalistas a ir todavía más a fondo en la superexplotación obrera, para defender sus beneficios. La huelga es, en consecuencia, una expresión del fracaso de la política de la burocracia sindical minera en la última década y del conjunto de la burocracia sindical norteamericana. El rechazo a realizar nuevas concesiones a las patronales y el reclamo de “recuperar lo perdido” es común a todo el movimiento sindical estadounidense, y por lo tanto el anuncio de nuevas y seguras luchas.

Con una manifestación de más de 3.000 trabajadores y un paro masivo en docentes, empleados públicos, DIPAS (agua) y EPEC (energía), se desarrolló, el miércoles 19, la jornada de lucha convocada por la mayoría de los gremios estatales provinciales de Córdoba. El acto puso de manifiesto la enorme disposición de los trabajadores a salir a luchar por el salario, la defensa de los puestos de trabajo y las conquistas obreras (amenazados por el proceso de privatizaciones de Angeloz). La jornada conjunta de los gremios estatales fue el resultado de un reclamo generalizado de unir las luchas y reclamos en curso. La burocracia, sin embargo, trató de quitarle cualquier perspectiva de lucha desde el vamos, al plantearla como una “jornada por la justicia social” y destacando su preocupación por no caer en el “consignismo y presentar una propuesta de reestructuración del Estado provincial”. Los trabajadores tuvieron otra visión de las cosas. Por eso durante el acto fueron permanentes los cantos reclamando “paro general”, “plan de lucha”, “huelga general”. La burocracia decidió que no hubiera oradores, limitándose a leer un documento donde se deja clara la voluntad de colaborar con el gobierno en la tarea de “reestructurar el Estado”; los dirigentes querían evitar con la lectura la experiencia de las chiflatinas de actos anteriores. Pero fue inútil: los trabajadores recurrieron al “donde está que no se ve la CGT” y “se va a acabar la burocracia sindical” para expresar su visión de la situación. En el acto quedaron claras, entonces, dos políticas; la de la burocracia, que ha fracasado en toda la línea, empeorando la situación de las masas, y la de los trabajadores, que colocando las reivindicaciones salariales y laborales como bandera, plantea ir a fondo en la lucha. La cuestión, justamente, es organizar la continuidad de ésta, establecer un programa común de reclamos y sumar a los trabajadores industriales que también están en conflicto. La lucha de los trabajadores de DIPAS y los conflictos existentes en otras dependencias públicas, hospitales y escuelas revelan que se va delineando un enfrentamiento a fondo con el gobierno. La convocatoria a un plenario de activistas y delegados de base con mandato de asamblea va ganando adhesión en el activismo. El reclamo de un paro general en la provincia es una consigna unificadora.

Laferrere, Buenos Aires, 15/5/93 Compañeros de Prensa Obrera: Estuve en el acto del 1º de Mayo en Congreso y vi con gran desagrado la poca concurrencia de las fuerzas políticas convocantes (salvo el PC). Muchos compañeros fuimos a llenar un acto en el que el principal actor (Pino Solanas) estaba ausente disfrutando de su luna de miel en los EE.UU. y fotografiándose en la revista “Caras”, mientras nosotros los trabajadores no tenemos ni para viajar ni para comer. Varios compañeros como yo, quedaron desmoralizados, ante esta marcha y su poca concurrencia. Además de no cumplir con el objetivo de llegar hasta la Plaza de Mayo. Debemos reflexionar que con esta política de seguidismo al centroizquierda, los trabajadores no tenemos perspectiva, bajo ningún punto de vista. Este Frente Grande se encamina hacia un frente burgués que nada tiene que ver con nuestra clase. Llamo a todos los militantes del PC a romper con esta política de mierda y a formar un comando de unidad de la izquierda para enfrentar la política antiobrera y patronal del menemismo y a la oposición “trucha” de radicales, centroizquierdistas y burócratas sindicales.

Durante los últimos meses, mientras se sucedían las huelgas en Gran Bretaña (mineros, ferroviarios, choferes de colectivos, maestros, trabajadores de la Ford y de Timex, etc.), el “Financial Times” tranquilizaba a la opinión pública repitiendo que no estábamos en presencia de un nuevo ascenso del movimiento sindical, y que las huelgas se circunscribían, apenas, a sectores “condenados” por la recesión o por las “privatizaciones”. El diario de los financistas, incluso, llegaba a mofarse de quienes veían en las huelgas un despertar del movimiento sindical, cuando afirmaba que “el límite (de aumento salarial) de 1,5% fijado por el gobierno para los empleados públicos viene siendo aceptado con apenas un murmullo de protesta”. Pero la gota horadó la piedra y la tranquilidad se ha convertido en preocupación: un informe especial del “Financial Times” (17/5), después de enumerar los gremios que están en conflicto (como los maestros y los bomberos), y los que se preparan (como ciertas categorías de empleados públicos, el personal de la sanidad estatal y los empleados municipales), debe reconocer que “hay un cambio del estado de ánimo en los empleados del sector público”. Lejos de aquel movimiento obrero “condenado”, ahora encuentra que la unánime votación del congreso de delegados de los bomberos de poner a votación la huelga contra el techo salarial y contra los despidos “refleja un estado de ánimo desilusionado y determinado”. Más aún, el diario de los financistas hace propia la “sorpresa de algunos dirigentes de los gremios del sector público por la profunda hostilidad que ahora muestran algunos de sus miembros”. La causa de esta “inesperada” mudanza del temperamento colectivo de la clase obrera británica serían “los recientes reveses políticos —particularmente el desastre conservador en la elección de Newbury y en las elecciones de los consejos municipales en Inglaterra y Gales dos semanas atrás— (que) han debilitado al gobierno”. En las mencionadas elecciones, el partido conservador sufrió su derrota más humillante en los últimos veinte años (ver Prensa Obrera nº 391, 18/5). Lo que para los lectores del “Financial Times” puede resultar novedoso, no lo es para los de “Prensa Obrera”. Hace ya 45 días, criticando al diario de los financistas por “vender la piel del oso antes de haberlo cazado”, “Prensa Obrera” (nº 387, 13/4) afirmaba que “el futuro del presente movimiento huelguístico está determinado por un conjunto de factores: por la recesión europea que se profundiza hasta extremos que tienen alarmada a la burguesía; por la crisis de los regímenes políticos; por la agudización de la guerra comercial; por el hundimiento de la “unidad europea”; y, finalmente, por la interacción del movimiento obrero y sus luchas en Europa y en los Estados Unidos”. El ascenso del proletariado británico es un aspecto inseparable del agotamiento del thatcherismo, por eso el “Financial Times” encuentra que entre todas las expresiones de “hostilidad” que se manifiestan entre los afiliados a los sindicatos, las más profundas están dirigidas contra “las políticas de privatización (ferroviarios, choferes) y de competencia de mercado (como las de los docentes y los empleados estatales)”. Pero los trabajadores “determinados” no son sólo estatales: la huelga de la Timex, contra el despido de todos los trabajadores que se negaron a aceptar un cambio unilateral en las condiciones de trabajo, ha entrado en su tercer mes. Para “celebrarlo”, el día 90º de huelga se realizó un piquete con la presencia de más de 3.000 activistas sindicales de toda Gran Bretaña. La huelga ha pasado a ser una cuestión política nacional: Arthur Scargill, burócrata del sindicato minero, acaba de reclamar una huelga nacional de 24 horas, nada menos que una medida ilegal ya que en Gran Bretaña están prohibidas las huelgas de solidaridad. Por sus piquetes de masas y las continuas manifestaciones, en las que participan centenares de delegados y activistas de todos los sindicatos, esta huelga se está convirtiendo en un “modelo” para el nuevo ascenso sindical, y varios burócratas ya han expresado su temor de que los reclamos que se vienen tengan las características “combativas y violentas” de la Timex. El “cambio de ánimo” del movimiento obrero británico será un enorme punto de apoyo para las luchas obreras en todo el continente europeo y los Estados Unidos.

Desde hace un mes los trabajadores de DIPAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de Córdoba) están en lucha. Se comenzó con asambleas, trabajo a reglamento, paros parciales, paros de un día, cortes de avenida y manifestaciones callejeras. DIPAS es el resultado de la fusión de dos dependencias provinciales (EPOS y DPH) con el objetivo de municipalizar y luego privatizar el servicio de agua potable y cloacas. La misma ley que estableció la fusión, derogó el convenio y el estatuto, y además se prevé el despido de alrededor de 1.500 empleados vía “retiros”, traslados, etc. Los trabajadores se oponen a los traslados, reclaman la convocatoria a la paritaria y la equiparación salarial (los trabajadores de la ex DPH ganan la mitad de los de la ex EPOS). Al calor de estas consignas el conflicto ha adquirido mayor organización; se conformó un comité de lucha, se organizan piquetes para garantizar las medidas de fuerza (que se cumplen masivamente) y se votó la ocupación inmediata del edificio central ante el primer traslado o despido. La lucha de los trabajadores puso en aprietos al gobierno, que tenía pensado dar a publicidad la lista de traslados hace 10 días. La intransigencia obrera ha paralizado a Angeloz.

En nuestra reunión del 14/5 nos pronunciamos en contra de este brutal ataque a trabajadores y estudiantes llamado reforma laboral, principalmente porque: * Extiende la jornada laboral a 10 horas, eliminando las horas extras. * Suprime los convenios diarios, semanales y mensuales por uno anual. * Impone la movilidad horaria de acuerdo a las necesidades patronales, teniendo como única restricción que haya entre turno y turno 12 horas. * Elimina el descanso dominical. * Elimina la indemnización, poniendo los períodos de “prueba” y los contratos de 3 meses a 3 años. * Puede dar las vacaciones fraccionadas. Además decimos reclamar a la CGT y al CTA que organicen paros activos nacionales y que adherimos a cualquier marcha contra esta reforma.

En medio de las abundantes noticias que diariamente llegan de España sobre los escándalos de corrupción gubernamental, los anuncios de una inminente derrota oficialista en las próximas elecciones y la devaluación de la peseta, ha pasado desapercibido el “parazo” que cumplieron los obreros portuarios contra el intento del gobierno “socialista” de privatizar los puertos. La huelga fue cumplida por el 98% de los trabajadores, paralizando durante una jornada los 27 grandes puertos de España y decenas de otros más pequeños. La privatización de los puertos es una tendencia mundial que está dictada, en parte, por la agudización de la “guerra comercial” y en mucha mayor medida, para acabar con conquistas obreras y reforzar la explotación de los estibadores. Pero la privatización de los puertos tiene también que ver con los únicos negocios capitalistas florecientes y en expansión — el tráfico de armas y de drogas, el contrabando y el lavado de dinero. El papel creciente y cada vez más decisivo de las actividades criminales en la economía mundial empuja a esta privatización. En todos lados, la privatización de los puertos implicó la liquidación en masa de conquistas obreras, de puestos de trabajo y la reducción salarial. Por eso se desarrollaron en todos lados, grandes luchas, a veces verdaderas guerras civiles, en los puertos, como las de los portuarios brasileños, especialmente los de Santos, o la de los trabajadores del puerto de Marsella, en Francia. La excepción confirma la regla: la capitulación sin lucha de la burocracia portuaria argentina frente a la “desregulación portuaria” menemista le costó la cabeza a Loza. La huelga de los portuarios españoles es, en consecuencia, el inicio de una larga y dura batalla que deberá empalmar con el conjunto de luchas que viene librando la clase obrera española contra el gobierno de Felipe González, un socialista “thatcheriano” y monárquico.

En el último período el gremio se ha caracterizado por la inacción de la directiva gremial (cuando no traición) y el surgimiento de algunos polos de reagrupamiento de una vanguardia luchadora, alrededor de comisiones internas, delegados o agrupaciones políticas, muchas de ellas representadas por militantes o ex militantes de fuerzas de izquierda. Estos reagrupamientos están sirviendo como canal de las luchas que comienzan en torno a las reivindicaciones de los trabajadores y la ofensiva de las patronales del transporte. La lucha por la mejora de las condiciones de trabajo y el aumento salarial toma mayor cuerpo a la luz de la inminente elección de delegados de línea. Ya en ocasión del paro general del 9/11, las líneas 180 y 86 protagonizaron dos importantes conflictos. La 180 estuvo parada durante 10 días y el fallo dividido entre Provincia y Nación (las autoridades de Trabajo de la Provincia fallaron en favor de los trabajadores, mientras que el Ministerio a nivel nacional se pronunció a favor de la patronal; el juicio sigue pendiente), mantiene el conflicto sin solución mientras pesa el pedido de desafuero y despido sobre la comisión interna, que fuera conducción de esa lucha. La salida de coches que no cumplen con las condiciones indispensables de trabajo: unidades sin freno, cubiertas lisas, choferes con parte de enfermo, son moneda corriente. Los porcentajes de compañeros con tratamiento sicológico crece en forma alarmante y se los fuerza a trabajar medicados con calmantes. Ultimamente, algunas patronales toman choferes para “el banco”, que trabajando a “hora simple” cubren las vueltas que para muchos compañeros significan la única posibilidad de incrementar su salario. La iniciativa del PO de un “comando” de izquierda para dirigir las luchas ha colocado en estado de debate a no pocos puntos del sector. La unidad de acción de las fuerzas que se encuentran al frente de las principales luchas es el camino a seguir para superar a las direcciones entreguistas y traidoras. Llamamos a todos los compañeros a sumarse a la lista de pronunciamientos por la conformación de este comando que reclame: Inmediato aumento salarial ($1.000 de básico). Estricto cumplimiento de las normas de trabajo y seguridad. Cumplimiento de la jornada de 7:40. No al chofer “comodín”. Reclamar la mejora de la atención de salud y respeto del parte de enfermo. Disminución del ritmo de trabajo. Asignación de más unidades para ampliar los tiempos de recorrido y respetar las esperas en cabecera. Reclamamos de la directiva de UTA la realización de un paro nacional del transporte por estas reivindicaciones y las de todos los sectores del transporte. Por un paro activo nacional de 36 horas. Por una nueva dirección del movimiento obrero.

Buenos Aires, mayo 14 de 1993 Compañeros: Como trabajadores de un hospital público, somos testigos del derrumbe del Sistema Público de Salud, y de la degradación brutal de las condiciones de vida de la población que aquí se atiende. Esto se expresa en: 1. Pretensión de cerrar hospitales. Vaciamiento nefasto y premeditado. Achicamiento del presupuesto. Congelamiento de las partidas del personal auxiliar, técnico y profesional. Suspensión de becas de capacitación. Reducción de la capacidad de camas. Suspensión de los programas de Medicina Preventiva. Falta total de insumos. 2. El arancelamiento ha llevado a que mucha gente por falta de medios desatienda su salud, y al llegar al hospital se encuentran pacientes en etapa terminal. ¡¡Que vengan los encuestadores del gobierno a verificar su popularidad!! Se chocarán contra una bronca inmensa de pacientes y trabajadores. Esta bronca se manifiesta de un modo sordo por la complicidad de los partidos del régimen y de la burocracia enquistada en los sindicatos. Nadie tiene ilusiones en que las elecciones modificarán esta situación. Los trabajadores tenemos que forjar una salida que debe empezar por nuestro reagrupamiento político. En este sentido es que reclamamos la concreción de una unidad para luchar de los partidos que se oponen al régimen. Un frente que sirva para poner en pie agrupaciones clasistas en los sindicatos que nos permitan pelear por la dirección de los mismos; que sirva para organizarnos para la lucha y que como consecuencia se proyecte para enfrentar a los partidos burgueses en todos los terrenos, incluido el electoral. Rechazamos la constitución de “frentes” que con siglas “populares” sólo aspiren a promocionar carreras políticas o puestos parlamentarios a expensas de las aspiraciones del pueblo. Dirigimos este llamamiento en especial al Mst, al PO, al Mas, a la Lsr y le solicitamos nos publiquen el mismo en sus respectivos periódicos.

El sindicato polaco Solidaridad ha amenazado al gobierno con declarar una huelga general en reclamo de aumentos salariales para los docentes, los trabajadores de la salud pública y los empleados estatales. La amenaza de Solidaridad se produce cuando el “clima social” esta crispado por huelgas y amenazas de huelgas parciales —en la región de Walbrzych, al sudeste; en la región de Silesia, los ferroviarios— y por los ataques patronales contra la organización sindical y los delegados de Solidaridad en las empresas públicas, las escuelas y los hospitales. El antecedente inmediato de la huelga general con que amenaza Solidaridad es la huelga de tres semanas que sostuvieron, a fines del año pasado, los mineros silesianos. Las negociaciones de última hora entre Solidaridad y la primera ministra Hanna Suchocka han fracasado porque el gobierno anunció que sería incapaz de otorgar los aumentos por las “restricciones presupuestarias” impuestas por el FMI. En medio de la amenaza de huelga general y de crisis política, el “Financial Times” (14/5) señala su preocupación por “la desilusión de los trabajadores con las reformas, que aumentaron la inflación y el desempleo y trajeron pocos beneficios concretos”.

La “reforma laboral” afecta de manera especial a nuestro gremio, ya que establece explícitamente la liquidación de nuestros estatutos y convenio, que contienen conquistas muy importantes como la jornada de 6 y 7 1/2 horas y la indemnización especial, lo que garantiza una mayor estabilidad en los puestos de trabajo. Esto ha provocado una gran conmoción en el gremio y la dirección centroizquierdista de la UTPBA se lanzó al ruedo con una gigantesca solicitada en Página 12 y un petitorio al gobierno, a firmar por los trabajadores, donde se pide “que no derogue nuestros estatutos y convenios”. Esto aparece como una maniobra claramente diversionista, porque ha sido acompañada por la decisión de la conducción de no realizar más plenarios de delegados, “porque sólo sirven para que la oposición (Naranja-Gris) critique a la directiva”. Ante este cuadro se constituyó un frente de las listas Naranja y Gris, que agrupa a compañeros del Mas, de la Lsr y del PO. Se suscribió una declaración y se decidió impulsar un reclamo a la conducción de la UTPBA, para ser firmado por los delegados y el conjunto de los trabajadores del gremio, para que convoque al plenario de delegados, organice asambleas por empresa y una asamblea general para “resolver cómo vamos a defendernos del ataque del gobierno y las patronales a nuestras condiciones laborales”. La declaración, asimismo, se pronuncia por un “inmediato aumento general de salarios”, contra la “privatización de las jubilaciones” y porque “la UTPBA y la FATPREN reclamen a la CGT y el CTA que concreten un paro general de 36 horas”.

Mayo 20 de1993 Ante la propuesta lanzada por el Partido Obrero a otros partidos de izquierda en el acto del 1º de Mayo de constituir un Comando Político de la Izquierda para luchar por una nueva dirección sindical e impulsar la lucha política de clase del proletariado contra el Estado capitalista, se ha desarrollado un amplio debate con los compañeros del Mas en Filo, sobre todo considerando que pocos días después de su acto en Plaza Once, el Mas lanzó un llamado al Mst y al PO a “dar juntos una alternativa revolucionaria obrera y socialista en las próximas elecciones” (sic). De lo anterior se desprende que el “frente” propuesto por el Mas limitaría su accionar a la participación electoral y que de ninguna manera este “frente” debería constituirse en un marco de desarrollo de la vanguardia obrera y un polo político para llevar adelante la lucha contra el régimen menemista. Los compañeros del Mas han “justificado” el carácter meramente electoral del “frente” esgrimiendo que en la actualidad “los trabajadores no luchan lo suficiente como para formar un frente revolucionario” (sic). (Es decir que la culpa del oportunismo del Mas la tiene... la clase obrera). Vayamos por partes. En primer lugar, es falso que actualmente no se registren luchas, y no necesitamos enunciar ninguna lista para probarlo. Pero si bien es cierto que las luchas de los trabajadores no alcanzan la magnitud que potencialmente están en condiciones de ostentar, esto se debe a la política traidora y pro-patronal de las burocracias de la CGT y el CTA, que han enterrado todas las luchas que se dieron en los últimos tiempos. Este solo hecho justifica y exige la constitución de un Comando Político que libre una batalla a muerte contra la burocracia en los sindicatos y dote a la clase obrera de una dirección clasista. Ante esta necesidad objetiva, el Mas propone que nos sentemos a discutir candidaturas, es decir, una reedición de viejos “frentes” electoreros, democratizantes y pro-capitalistas, como fueron el Frepu e Izquierda Unida, sólo que esta vez, limitado a partidos “trotskistas”. Los mismos que el 1º de Mayo acusaron al PO de connivencia con la burocracia sindical, son quienes hoy se niegan a actuar contra ella. ¿Quiénes son los “pro-burocráticos”? ¿Los que propugnan impulsar la lucha o los que sólo conciben una política de inmovilismo? A esta altura resulta evidente que la debacle del Mas no le ha enseñado nada a su dirección: no han comprendido que el electoralismo es anti-revolucionario, ya que propicia limitarse a actuar dentro de los márgenes del Estado burgués. Un frente electoral de partidos “trotskistas” no sólo es políticamente impotente (e incoherente en el plano de la lógica), sino también un fraude, y de esto no son culpables los trabajadores que según el Mas “no luchan”, sino las direcciones que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Los compañeros del Mas deben meditar acerca de la política auto-liquidacionista que lleva adelante su dirección y pronunciarse por la formación de un Comando Político de la Izquierda. Fuera los gobiernos del hambre y la miseria; por un frente de trabajadores, para un gobierno de trabajadores.

El derrumbe fiscal —el déficit fiscal supera el 35% del presupuesto nacional y va en acelerado aumento—, la caída del precio internacional del petróleo, la fuga de capitales y la consecuente necesidad de lanzar un nuevo y violento “ajuste” contra las masas venezolanas, soliviantadas y movilizadas, con el partido gobernante dividido, el parlamento en la oposición y las FF.AA. fracturadas, llevaron a la salida de Carlos Andrés Pérez, sometido a juicio político por el Senado bajo la acusación de corrupción. Aunque pocas horas antes de su destitución se especulaba con un “auto-golpe”, Pérez aceptó sin chistar la resolución del Senado. No lo hizo, ciertamente, por ser un “demócrata” sino porque su sucesor, Octavio Lepage, asegura el continuismo, no sólo de su política proimperialista sino también de las corruptelas de sus ministros y funcionarios: Lepage es, desde hace 35 años, parlamentario de la Acción Democrática, el partido de Pérez y ha sido la mano derecha del ex presidente “adeco” Lusinchi, cuando “la corrupción tradicional en Venezuela adquirió un estilo saudita” (El Cronista, 24/5). Para algunos de los miembros más prominentes de la Bolsa, “Pérez debía continuar hasta el final de su mandato” (Ambito Financiero, 19/5), pero lo que se ha buscado con su salida es el continuismo de su camarilla y de su política. La Bolsa, por eso, no ha mostrado “nerviosismo” ante su caída. Pero la crisis está lejos de haberse cerrado. A diferencia de Brasil, donde la asunción de Itamar vino a cerrar una prolongada crisis presidencial, la crisis de la sucesión presidencial recién comienza realmente con la asunción de Lepage. El hombre es un absoluto “cero a la izquierda”, apoyado apenas por una fracción del partido gobernante, que ha pretendido justificar su derecho con el argumento de que “no tomaré ninguna decisión trascendental mientras dure mi mandato” (Página 12, 25/5). La oposición —mayoritaria en ambas cámaras parlamentarias— reclama la renuncia inmediata de Lepage para nombrar un presidente provisorio que complete el mandato de Pérez (febrero de 1994). La caída de Pérez no detuvo las manifestaciones populares y las huelgas: mientras los gremios docentes mantienen el paro por tiempo indeterminado que vienen cumpliendo desde hace un mes —e incluso lo radicalizan, ocupando el ministerio de Educación-, se prevén para los próximos días paros en siete distintas ramas de la producción. Al mismo tiempo, continúan las manifestaciones políticas, con una decisiva participación del estudiantado, que diariamente chocan con la policía y las fuerzas de seguridad. La violenta disputa entre el Congreso y Lepage sobre la duración de su interinato está determinada, entre otras cosas, por las elecciones presidenciales que se realizarán a principios de diciembre. El bloque que sostiene a Pérez y a Lepage ya ha elegido su candidato: en un reciente informe especial elaborado por el banco J. P. Morgan puede leerse que “el gobernador Alvarez (de la Copei) es el claro favorito del sector privado, de los analistas políticos y de la comunidad internacional... porque sostiene las reformas económicas y los objetivos fiscales de Carlos Andrés Pérez...” (El Economista, 21/5). La Copei se ha fracturado; su principal dirigente, el ex presidente Rafael Caldera, se ha ido a formar una alianza con el Mas (ex gerrilleros “reconvertidos” a la democracia). El candidato de la J. P. Morgan marcha tercero lejos en las encuestas presidenciales, detrás de la alianza entre Caldera y el Mas y de “Causa R.”, un partido de dirigentes sindicales que postula a la presidencia a un metalúrgico, Andrés Velázquez, gobernador del estado de Bolívar. En menos de seis meses, Venezuela podría tener como presidente un “Lula”. “La lógica de los hechos —declara un editorialista de “El Cronista” (29/5)— lleva a Venezuela a la izquierda en el futuro inmediato”. Pero precisamente por esta razón, en Venezuela está planteado un golpe militar. No se trataría esta vez de una sublevación de los mandos medios nacionalistas (“bolivarianos”) sino de un golpe institucional, dirigido por los generales de Pérez, aunque, para evitar la fractura del ejército en la calle, deberá cubrirse con los ropajes nacionalistas de los “bolivarianos”. La caída de Pérez no ha dado solución a la crisis política venezolana, pero sí ha profundizado el cuadro de radicalización de las masas. Un fenómeno continental La caída de Pérez es un signo inequívoco del agotamiento de los regímenes patronales del continente. Nuestro inefable riojano ha opinado, sin embargo, que el caso de Venezuela, como antes el de Brasil, sería una demostración “del funcionamiento de los mecanismos constitucionales”, para eso ha obviado los casos de Perú o Guatemala. Hay, sin embargo, un rasgo común entre Pérez y Fujimori, entre Guatemala y Brasil. En todos los casos, el derrumbe de las finanzas públicas, impuesto por el pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas nativos, y la destrucción productiva impuesta por la crisis mundial inviabilizaron los regímenes constitucionales: entonces, o el parlamento se deshizo de los presidentes, o estos se deshicieron de sus parlamentos, siempre con el “forceps” de las medidas de excepción (y el visto bueno, cuando no la participación activa, de las FF.AA.).

Los compañeros del diario La Prensa denunciaron una serie de maniobras realizadas por la Secretaría de Organización de la UTPBA destinadas a impedir que fuera reelecto como delegado el compañero que, desde su puesto de representante gremial, encabezó la resistencia a los atropellos de la patronal. La Prensa está vinculada a la “patria financiera”, a Martínez de Hoz y a los milicos, y acaba de incorporar como columnista al tristemente célebre comisario Pati. Estas maniobras se combinan a la perfección con el ataque patronal a este delegado, que fue “suspendido” , al que hizo detener cuando los compañeros realizaron una paro en su defensa, y que ahora está luchando, junto a los compañeros del diario, por su reincorporación. Los trabajadores de La Prensa cuentan con pruebas escritas de esta connivencia de la burocracia de Piccone con la patronal, y reclaman la separación de sus cargos de los directivos que incurrieron en tan brutal inconducta gremial.

Posadas, 14 de mayo No llores, Mercedes; cantá, cantá para nosotros; te necesitamos; tu hermosa voz, tus canciones, despiertan nuestro heroísmo dormido; la izquierda está latente en nuestros corazones pero los errores que cometen algunos dirigentes es porque la lucha los desgasta; están tomando un resuello para arremeter con más bríos, y tú tienes el don de brillar como un faro en la tormenta. Te necesitamos Mercedes; no sabes a quién votar; ¿por qué a Bordón? Bordón es nadie; un arrimado al menemismo y será traidor como ellos. Hay mucha miseria en la Argentina de Menem; seleccioná tus canciones y canta para nosotros, los trabajadores y los obreros. Gracias Mercedes; cantá aquí en la Argentina. Te quiere

La visita de una delegación oficial del PIT-CNT, la central sindical uruguaya, al embajador de los Estados Unidos en Montevideo el pasado miércoles 12, constituye otra manifestación más de la abierta capitulación de la izquierda democratizante latinoamericana al imperialismo yanqui. Los castristas de la vecina orilla no han tenido empacho en iniciar un “diálogo positivo” con el representante del gobierno que ejerce un implacable bloqueo político y económico contra Cuba y contra la Revolución Cubana. La entrevista sirve entonces para poner de relieve el trabajo de demolición política de la Revolución al que se dedican los propios “amigos de Cuba” y aliados del castrismo. Esta capitulación ante el enemigo histórico de la revolución cubana es una ilustración de que la defensa de la revolución pasa por la crítica implacable de la política del castrismo y de sus “amigos”. Es cierto que el hecho de esta entrevista no debería sorprender ya que el PIT-CNT está debatiendo su ingreso a la Ciosl, la central de la burocracia sindical mundial proimperialista; una importante cantidad de dirigentes de la central uruguaya fue partidaria de participar de un “seminario” sindical del Banco Mundial. La “izquierda” latinoamericana ha perdido todo prurito: los burócratas uruguayos aceptan la invitación del embajador norteamericano; los dirigentes del PT de Brasil invitan al cónsul estadounidense en San Pablo a participar en su Congreso; los sandinistas se afilian a la Internacional Socialista de Felipe González, Mitterrand y Craxi; y todos, en conjunto, esperan una “señal” de cuál será la política norteamericana hacia Cuba. La “izquierda” latinoamericana de cuño stalinista y castrista ha desplazado su “referente” de Moscú a Washington. El contenido de la entrevista mantenida entre el embajador y los burócratas lo confirma. El vocero de los burócratas que concurrieron a la embajada, Luis Romero —dirigente del gremio del neumático, participante en varios eventos organizados por el CTA argentino— calificó a la reunión como “positiva”, en particular “en lo relativo a los procesos de integración regional (Mercosur—Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina—, Nafta —Estados Unidos, Canadá y México— y 4+1 —los países del Mercosur y Estados Unidos) que viven nuestros países y sus consecuencias sobre los trabajadores” (El Día, Montevideo, 13/5). La burocracia frenteamplista, como el FA, apoya la “integración económica” con el imperialismo, lo que significa también la política de reducción de salarios y liquidación en masa de conquistas obreras. Cuba La cuestión del embargo norteamericano a Cuba provocó “un completo desacuerdo” entre los burócratas y el embajador. Naturalmente. Pero si la deuda externa, el apoyo del imperialismo al gobierno de Lacalle, las privatizaciones, el envío de tropas uruguayas a la misión de la ONU en Camboya, en resumen, la opresión imperialista sobre el Uruguay no fueron motivo de un “completo desacuerdo” entre el huésped y sus visitantes, ¿por qué lo sería el “embargo” a Cuba? Una divergencia tan circunscripta no puede revestir un carácter de principios. Precisamente, las declaraciones del burócrata Romero muestran que ella forma parte del debate táctico que existe dentro del imperialismo norteamericano, sus aliados europeos y las burguesías latinoamericanas, sobre la política a seguir frente a Cuba y a la política castrista de “fronteras abiertas” al capital externo. Romero dejó en claro que “nuestra postura no está basada en el apoyo a una determinada ideología”(ídem), es decir, que no está basada en un apoyo incondicional a la Revolución. Para Romero, es decir para la burocracia del PIT-CNT y el FA, “el único resultado que ha obtenido (el embargo) es que la gente (Cuba) se cierre más en su posición” (ídem). Las “divergencias” entre el embajador y los burócratas se reducen, en sustancia, a determinar cuáles son los “caminos” más efectivos para que Cuba se “abra” más. La misma inquietud tienen los yanquis, pues “el congresista norteamericano Charles Rangel propuso un proyecto para levantar el embargo económico y estimular las inversiones estadounidenses a Cuba, tras señalar que el actual bloqueo es un obstáculo para el cambio en la isla” (La República, 21/5). En síntesis, los castristas uruguayos han levantado el “bloqueo” político al imperialismo yanqui, sin importarles que éste siga aplicando el bloqueo económico contra la pequeña isla caribeña, apuntando a la liquidación de la Revolución (restaurar el capitalismo)

Luego de una campaña por todos los sectores para que los mismos eligieran candidatos para la lista (lo cual fue visualizado por los trabajadores con gran simpatía), se conformó la misma con la participación de nuevos compañeros. En esta oportunidad se dio lugar al reclamo histórico de la Naranja en defensa del derecho a voto de todos los trabajadores. La burocracia (que también formó su lista) intentó impugnar al candidato a secretario adjunto de la “N. e I.”. Pero fracasó en el intento y a última hora del viernes 21/5 la lista quedó oficializada. En esta hora, en que continúan los ataques contra el salario y la fuente de trabajo, la “N. e I.” se plantea asumir la responsabilidad fundamental de orientar y organizar a los trabajadores del INTI por sus reivindicaciones históricas.

Posadas, 14 de mayo de 1993 Amigos del Partido Obrero: Hace pocos días leí en Página 12 que tres partidos trotskistas pasaron al frente. Felicitaciones. (¿TUVE ALGO QUE VER?) ¡PERFECTO! Lo que debe venir después es que estos tres partidos harán una visita personal amistosa al Partido Comunista. Irán a ofrecerle “apoyo político” para engrosar un auténtico frente de izquierda; si no me equivoco todos son marxistas; nada debe ser obstáculo para un entendimiento de que las bases esperamos comprensión de parte de los dirigentes que deben asumir con responsabilidad su papel de dirigentes políticos con mayúsculas y dejar de lado chicanerías caprichosas de ver quién es más que el otro. La izquierda está empantanada por culpa de Uds. Asuman su responsabilidad, porque el sector del trabajo está desorientado; algunos dicen “votaremos en blanco” y otros “votaremos a los militares para que ordenen el país”... Alguna vez supe estar allá en el PC. ¡Una juventud limpia, organizada y disciplinada... valen! Saquen al PC del Frente del Sur; no conocía quienes lo integraban; quizás el PC no quería quedar fuera, no lo sé; bajen del carro empantanado, compañeros y empujen para adelante; los buenos estrategas planifican mejor desde la retaguardia y si nó fíjense como Fidel Castro rompió medio bloqueo; la Argentina envía barcos con alimentos a Cuba tan solo con un voto “solidario”. ¡MENEM YA NO QUIERE MATARLO! Y en Nicaragua volverán los sandinistas porque la Chamorro está fracasando. Y en Rusia GUERRA CIVIL ... Se vienen otros vientos. Saludos al FRENTE DE IZQUIERDA.

La burguesía uruguaya discute vivamente una maxi-devaluación de su moneda, que podría estar en una franja del 7% al 15%. Las razones son simples. El año pasado el déficit de la balanza comercial fue de 350 millones de dólares, y este año apunta a duplicarse. Solamente en los primeros tres meses de este año, el “rojo” fue de 180 millones de dólares. El problema es que “la inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 1993, del 16 %, duplica la tasa de devaluación, que fue del 8 %” (Búsqueda,6/5). En abril, el costo de vida superó el 4 % y la devaluación del tipo de cambio sólo fue del 2 %. Como los rendimientos financieros son superiores a la “tablita” de devaluaciones, Uruguay también tiene un “boom” de ingreso de capitales, que financian una importación de mercaderías, que crece a ritmo geométrico. Gracias a ese ingreso de capitales, Uruguay registró el año pasado un crecimiento del 7,4 %. Aun así, este guarismo oculta que “las características del año pasado fueron aumento del consumo, alta dependencia de la demanda argentina, estancamiento de la industria manufacturera , desequilibrio comercial creciente y leve aumento de exportaciones” (Búsqueda, 22/4). El “boom” de 1992, además, no benefició a la industria. “La expansión de los servicios explica las dos terceras partes del crecimiento total del producto” (ídem). Dentro de los llamados servicios figuran los financieros y seguros, los gastos de consultorías, los vinculados a los bienes inmuebles, y por supuesto, el turismo argentino (hoteles, restaurantes,etc.). El pronunciamiento del ex-director del Banco Central, el colorado Ricardo Lombardo, en favor de “un tipo de cambio real para que las exportaciones sean competitivas”, precipitó la arremetida devaluacionista. Lombardo lo hizo con plena conciencia de que la devaluación incentivaría la crisis (“Aun con el riesgo de una cierta desestabilización de los precios, hay que ir a una política de cambio real que mantenga la corriente exportadora”). El problema es que las burguesías de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, etc., también quieren exportar y cada una ha comenzado a poner trabas a las importaciones para reducir el déficit comercial. Ahora el gobierno uruguayo resolvió reducir algunos impuestos a la oligarquía oriental, que no alcanzan a satisfacer, sin embargo, sus reclamos, pero que son suficientes para causarle problemas al Presupuesto del Estado. Mientras tanto, los exportadores dicen atravesar una “situación traumática”. La burocracia sindical se ha plegado a los reclamos patronales, y aun se ha puesto a la vanguardia, a sabiendas de que una devaluación deberá empeorar el costo de vida de las masas. En una reciente reunión con el ministro de Economía, los dirigentes del PIT-CNT reclamaron “una política diferente que ofrezca mejores posibilidades de supervivencia a las empresas”. Criticaron “la falta de estímulo a las empresas que no tienen respaldo para la importación de bienes de capital” y pidieron facilidades para la empresa FUNSA, de neumáticos, que condicionó el convenio salarial a la obtención de apoyo estatal. Mientras en Uruguay se incuba una formidable crisis, la burocracia izquierdista de Uruguay está a la rastra de las patronales, como su similar ménemo-miguelista de la otra orilla.

El paro docente del miércoles 19 fue casi masivo en la docencia primaria y sumamente importante en la secundaria. En Lugano, La Boca, Mataderos, Almagro, Liniers, Constitución, el ausentismo fue prácticamente total. Pararon las escuelas de Bellas Artes, Cerámica y el Avellaneda en un 85%. En los colegios técnicos (actuales Emet) el paro fue dividido, por la dispersión del activismo (“autoconvocado” el año pasado) y el carnereaje de la burocracia de Amet. El Sedeba (orientado por el radicalismo) tuvo una política de paro “activo” que sólo sirvió para confundir “activamente” a los docentes: llamó a parar dentro de los colegios sin ningún grado de organización. La Intendencia se apresuró a pagar cuotas adeudadas del Fondo Educativo el martes 18, a poner fecha al pago de otra suma fija y a prometer la regularización del seguro escolar. Esto no atenuó la huelga, la extendió (“pagan porque hacemos paro”). El paro ha fortalecido a la docencia porteña. Existe a estas horas un frente “carnero” —Uda, Amet, la agremiación docente de la Uoem— que es unánimemente repudiado. No ha variado la política de la dirección marysanchista (UTE) que encabeza los reclamos con el pedido de una “mesa de negociación”, en la que pretende un sillón preferencial. El problema es que la política de “consensuar” una destrucción “ordenada” de la escuela pública está en crisis. El mismo día del paro se conoció la decisión de la Intendencia de extender a los docentes el “retiro voluntario”. Al día siguiente la falta de fondos para pagar los sacrosantos subsidios a la enseñanza privada. De todos modos, la dirección de la UTE no pretende más que una ficción de negociación para levantar el próximo paro (viernes 28, con movilización) o volver luego a la tregua. A instancias de Tribuna Docente (PO) se acordó constituir un bloque junto a Alternativa Docente (Mas) y Lista Bordó (Mst), para luchar en el seno del plenario de delegados de la UTE por una plataforma reivindicativa, encabezada por el reclamo de 450 pesos y la estabilidad laboral, un plan de acción contra “la reforma laboral”, y porque la CGT y el CTA hagan efectivo el paro de 36 horas. “Organizar el paro del 28 e impulsar éste y la movilización a través de asambleas de escuela y de distrito. Por la continuidad del plan de lucha a través de paros progresivos y escalonados. Convocatoria a un plenario general de delegados y representantes mandatados, allí donde no hubiere delegados, exigido a todos los gremios, y resolver la continuidad de la lucha. Promover la convocatoria de este plenario para el 1º de junio. Impulsar desde escuelas y colegios el reclamo de asamblea general abierta a afiliados y no afiliados”. Este bloque se propone discutir la formación de una lista antiburocrática para las elecciones de la UTE a realizarse este año.

Con la complicidad de la Justicia con el poder político, tenemos 25 presos políticos en la Argentina. La impunidad de los militares que secuestraron a 30.000 compañeros es la misma que favorece a tantos delincuentes, de la mano de una Justicia que sólo tiene los ojos vendados para los trabajadores, los jubilados, los desocupados, los estudiantes. El pueblo en su conjunto. Frente a tanta injusticia, hemos tomado la decisión política de pedir la amnistía para estos presos. Que se sancione ya, una ley de amnistía que deje en libertad a los luchadores populares. Sus nombres: Cárcel de Caseros (Presos Políticos de La Tablada) Juan Carlos Abella - Juan Manuel Burgos - Daniel Gabioud Almirón - Fray Antonio Puigjané - Roberto Felicetti - Claudio Veiga - Claudio Rodríguez - Miguel Aguirre- José Moreyra - Joaquín Ramos - Gustavo Messutti - Luis Norberto Díaz - Miguel Faldutti - Carlos Ernesto Motto - Sergio Paz - Luis Ramos CARCEL DE EZEIZA (Presas Políticas de La Tablada) Claudia Acosta - Cintia Castro - Isabel Fernández - Dora Molina CARCEL DE GUALEGUAYCHU (Presos Políticos Descamisados) Eduardo Soares - Juan Carlos Santamaría CARCEL DE PARANA (Preso Político Descamisado) Jorge Michelena CARCEL DE DEVOTO Guillermo Maqueda - Horacio Ramos COMISION PRO AMNISTIA Hebe de Bonafini (Presidenta de Plaza de Mayo) Osvaldo Bayer (Escritor- Historiador) Inda Ledesma (Actriz) Graciela Rosemblun (Co Presidenta Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Ariel Delgado (Periodista) Luis Farinello (Sacerdote) León Rozitchner (Filósofo-Escritor) Norman Briski (Actor) HAGA SUYA ESTA DECLARACION, FIRMELA Y HAGALA FIRMAR

“La posibilidad de una crisis financiera o política ensombrece la última etapa de los 6 años del Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari”. El diagnóstico corresponde al Financial Times (14/5/93) que, como consuelo o advertencia, agrega que los últimos tres presidentes concluyeron sus mandatos de manera “desastrosa”. El diario financiero inglés señala que la sucesión presidencial podría precipitar la crisis, ya que “la vulnerabilidad del gobierno está potenciada por el delicado estado de la economía”, con tasas de interés elevadas, un voluminoso déficit de la balanza comercial (se estima que este año será de 25.000 millones de dólares) y una economía virtualmente estancada. Para contrarrestar el “boom” monumental de las importaciones, el gobierno acaba de elevar las tarifas de entrada de ciertos productos, lo cual dará impulso a la inflación, sin que consiga corregir el monstruoso déficit comercial. Según el gobierno, “unas 1.000 empresas manufactureras cerraron sus puertas en los últimos 4 años, con la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo” ( Business Week, 17/5). El aumento de los aranceles a las importaciones “quitará algunas de las presiones para que se devalúe la moneda” (ídem), aunque en realidad pondrá en marcha la presión más poderosa: la inflación. En verdad, esto demuestra que el gobierno ya ha llegado tarde para una devaluación “ordenada”. Este trasfondo político y social explica la desesperación en que ha ingresado el partido oficialista, el PRI. El fraude se ha convertido en moneda corriente, como lo revelaron las recientes elecciones en San Luis Potosí, o la postergación de las elecciones en Yucatán, ante la segura derrota oficialista. Inclusive se rumorea que Salinas tendría en sus planes postergar las elecciones del año próximo, a través de una reforma constitucional, en el caso de que el Congreso norteamericano no ratifique el Nafta (el mercado común con México y Canadá). “Se notan ciertos indicios de rebelión y de desmoralización en el seno de la formación oficialista...”, reconoce el corresponsal del diario francés Le Monde (29/4).

En la última asamblea del gremio docente santafecino (Amsafe), su dirección impuso la desafiliación del sindicato a la Ctera. El radical Ediberto Sánchez —secretario general de Amsafe— fundamentó esta decisión en la necesidad de hacer frente a la reforma a los estatutos de la confederación docente propuesta por el marysanchismo, que habilita a Ctera a intervenir entidades de base y elimina su autarquía financiera. Sánchez, sin embargo, había promovido “su” propia reforma estatutaria en Amsafe hace un año atrás, también restringe las facultades de los Departamentos santafecinos respecto a la comisión directiva central. En los Departamentos menores del interior y en la capital —controlados mayoritariamente por la directiva provincial— la desafiliación a Ctera se impuso ampliamente. En Rosario, por el contrario, esta moción obtuvo sólo 80 votos sobre 900. Los marysanchistas locales propusieron “permanecer en Ctera más allá de la posición que nos merezcan sus dirigentes y promover un debate sobre la reforma estatutaria” (una moción defensiva) y obtuvieron 600 votos, mientras que la moción de “Tribuna” —rechazar la reforma reaccionaria, dar la batalla en el congreso de Ctera y no desafiliar a Amsafe— logró 200 votos. Al finalizar la asamblea provincial, Ediberto Sánchez insinuó la convocatoria a un “frente nacional docente” de entidades expulsadas y sancionadas de Ctera. ¿Qué se propone Ediberto Sánchez con esta decisión? Si la “caridad bien entendida empieza por casa”, la respuesta a esta pregunta podemos encontrarla en el otro punto que debatió la asamblea santafecina: la situación de las reivindicaciones docentes en la provincia. Ediberto mocionó en contra de cualquier plan de lucha. Esto, cuando el “presentismo” se hace una carga cada vez más pesada para la docencia, y los empleados públicos provinciales —ver recuadro— están saliendo masivamente a la lucha. La decisión de no parar se impuso por la gravitación de los Departamentos del interior y la capital, pero en Rosario y San Lorenzo vencieron las mociones de iniciar un plan de lucha, propuestas por “Tribuna”. La escisión que impulsa Ediberto Sánchez es una división de aparatos, que servirá para apartar a Amsafe de cualquier medida de lucha nacional que la docencia le imponga a la burocracia marysanchista.

El propósito de la llamada “reforma laboral” es someter a la clase trabajadora y su familia a condición servil. La autorización para que la patronal pueda pagar hasta un 20% del salario en especies; la eliminación de la jornada de trabajo fija de ocho horas por una flexible de diez horas, sin el pago de las horas extras; el fraccionamiento de las vacaciones y su otorgamiento en cualquier época del año; todos estos son simples ejemplos de que la pretensión de los explotadores es imponer la servidumbre en las “relaciones labórale”, e incluso abolir el derecho laboral, el cual, como todo derecho, regula (pero no abóle) las condiciones de la explotación capitalista. El proyecto elimina de un plumazo el convenio de trabajo, puesto que éste solamente podrá regir “si establece condiciones menos favorables para el trabajador que lo que enuncia la propia ley” (Ambito, 26/5/93). El trabajo noctur­no “tiene un recargo mínimo del 10 %n. El contrato de trabajo rige después de los 90 días, porque antes el trabajador está “a prueba" sin derecho a indemnización por despido ni al preaviso, ni a ninguna otra clase de derechos. Se supri­men “los dos sueldos como piso y se elimina el plazo de 3 meses para devengar" (la indemni­zación). Las patronales podrán contratar trabaja­dores por períodos de hasta 3 años, sin el pago de las cargas sociales y sin necesidad de indemniza­ciones a su vencimiento. La esencia de esta “reforma laboral” es su­plantar la ley por la arbitrariedad y “reconvertir” los planteles obreros, lo que se logra reempla­zando a los actuales trabajadores por dotaciones categoría inferior, “a prueba", por períodos ^terminados, con horarios flexibles, sin pago de horas extras y con una parte del salario en espe­cies. Para la burguesía, y también para la burocracia sindical, Argentina tendría un costo laboral elevado que le restaría competí ti vi dad internacio­nal a la industria. Para demostrarlo, compara los salarios argentinos con los de ciertos países asiáti­cos. Pero los salarios de los países que dominan el mercado mundial son entre 7 y 8 veces superiores a los salarios argentinos, con el agravante (para el trabajador argentino) de que los precios de los bienes alimenticios, alquileres, etc., es superior aquí que en Nueva York, París, o Londres. El costo laboral argentino ha caído un 60 % desde 1975 y por lo menos un 20 % desde el inicio del Plan Cavallo, sin que esto parezca haber mejo­rado la “competitividad” de la burguesía argen­tina. A juzgar por los llantos empresarios, tampo­co habría provocado una mejora el fenomenal au­mento de la producción. Con mayor producción y con caída salarial, la inflación en dólares en los últimos dos años fue del 45 %, provocado funda­mentalmente por los grandes beneficios especula­tivos propiciados por el cambio fijo. De este modo, la participación del salario en el valor de la producción cayó del 12 %, según el Censo de 1985, a un 7 % en la actualidad, con incrementos de pro­ductividad en algunas ramas del 300 y hasta 500% (por ejemplo en siderurgia). El problema de la competitividad, entonces, se encuentra en el costo empresario, es decir en los superbeneficios, la especulación, el despilfarro y la anarquía capitalistas. Solamente por el Plan Brady se transfieren recursos al exterior del orden de los 4.000 millones de dólares anuales, además del festival de bonos y títulos que rinden pingües beneficios a los especuladores. La flamante “re­forma previsional” significará una fenomenal carga al trabajo porque los bancos se llevarán el 25 ó 30% del aporte obrero en concepto de comisiones, además de manejar el llamado ahorro previsional en función de especulaciones, con el riesgo cargado a la cuenta de los trabajadores. Esas sumas po­drían destinarse a un plan de inversiones, pero para ello habría que suprimir el secreto bancario y comercial, implantar el control obrero y dirigir la economía a través de un plan centralizado, bajo la dirección de la clase obrera. Lo que corresponde es aumentar el costo labo­ral, es decir el salario, y los aportes “sociales" de las patronales, reducir la jornada de trabajo, am­pliar el período de vacaciones, los beneficios jubí­latenos, la cobertura médica, porque en eso con­siste el progreso humano, y porque sólo esto puede motivar la creatividad laboral y técnica, que es la base del mayor rendimiento del trabajo social. Para llevar hacia adelante la rueda de la historia, hay que mandar al inodoro a los parásitos chupa- sangres (perdón por la tautología). La UCR, por su lado, pretende elaborar, en cambio, un proyecto de reforma laboral... alterna­tivo, para “consensuar” con el resto de la oposi­ción, léase bordonistas y centroizquierda, y luego con el… menemismo. Es decir repetir la miserable política de ganar “con el corazón” la colabora­ción de los explotadores y de la patria exportadora, de acuerdo a la célebre frase de Juan Carlos Pugliese. La burocracia cegetista, también preocupada por la “competitividad” (superbeneficios) de los explotadores, está elaborando un proyecto propio, para utilizarlo como borrador de enmiendas al proyecto del oficialismo menemista. La CGT se ha convertido en una “asociación” de negocios compartidos con los grandes grupos económicos. La consigna es: ABAJO LA REFORMA LABORAL. AUMENTO DE SALARIOS DEL 50%. SUEL­DO EQUIVALENTE A LA CANASTA FAMI­LIAR (1.000 PESOS). REDUCCION DE LA JORNADA DE TRABAJO.

“No tengo quién me haga campaña”. Esta frase de Erman González en las vísperas de las elecciones internas en la Capital Federal (La Nación, 21/5) es un testimonio de la excepcional crisis que está atravesando el menemismo. En las últimas horas, Cavallo denegó los 150 millones de dólares que requería Erman para “levantar” su candidatura, y Ruckauf, segundo en la lista, amagó con su renuncia, ante las evidencias de que Erman González preparaba un fraude a nivel de concejales, donde Ruckauf corría con lista propia. El candidato “de lujo”, como lo definió Menem, sólo ha servido para levantar las posibilidades de la lista rival. Pero lo que mejor expresa la crisis del menemismo fue la detención del gerente de Edenor a instancias de Alberto Pierri, titular de la Cámara de Diputados, y agente de Eduardo Duhalde. Si Menem pretende presentar la reelección como un reaseguro a los “privatizadores”, el choque con Edenor es un rudo revés para la llamada “seguridad jurídica” que reclaman los grandes pulpos, aunque esta detención no cambiará en nada el destino de los usuarios de la luz. Pierri-Duhalde han logrado contener una verdadera sublevación popular contra los cortes de luz en barriadas enteras. ¿Pero por cuánto tiempo? Los “privatizadores” están decididos a cobrarle la luz a los millones de “enganchados”, que están obligados a recurrir a este método en razón de los míseros salarios que ganan. Cuando a la cuestión de la luz se agreguen las millonarias boletas de gas durante los meses del invierno, la sublevación popular puede reaparecer con mayor fuerza todavía. Cambio de frente En la Cámara de Senadores se ha formado un frente antimenemista liderado por Cafiero, Bordón y Rodríguez Saa, que ha mandado por ahora a la congeladora las pretensiones reeleccionistas de Menem. Desde este sector habría salido la denuncia respecto a las deudas de Rubén Cardozo, al frente de la embajada en Paraguay, que continuó en los días siguientes con las denuncias de los “curros” de otros embajadores “políticos”. En verdad, el deschave de estos “curros” es un tiro por elevación a la pretensión de Menem de designar embajador “político” y “personal” en EE.UU. a Granillo Ocampo, sobre quien pesa un proceso por el desvío de un crédito de 118 millones de dólares, entre otras trapisondas. Bordón acaba de declarar que “voy a dialogar con los senadores de la oposición para ver si podemos llegar a un acuerdo en el tema de la reforma de la Constitución”, mientras en el Senado no se descarta la posibilidad de incluir “la figura del primer ministro y la adopción de un sistema de gobierno semiparlamentario” (La Nación, 21/5). Con este planteo, Bordón saca de la gaveta el proyecto reformista ... de Alfonsín, que cuenta con el apoyo de la burocracia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no con el de los banqueros acreedores internacionales. Antonio Cafiero agregó también su cuota a la crisis en el oficialismo, al proponer una “coalición de partidos” para 1995, un puente tendido al radicalismo. Según el cafierismo, los partidos deberían erigir una “valla de contención” a la “concentración del poder económico”. La preocupación real de Cafiero apunta, en verdad, a establecer una “valla de contención”, no al “poder económico” sino a la descomunal crisis que se abrirá con el derrumbe del “plan” económico y del propio Menem. A la burguesía no se le escapa que las “irregularidades” cometidas en las “privatizaciones” alcanzan y sobran para mandar en cana al gobierno y a los “grupos económicos”. Por mucho menos, Collor de Mello y Carlos Andrés Pérez fueron destituidos. Al gran capital le preocupa asegurar la continuidad de sus negociados frente a la debacle que se anuncia o prevé del “plan de convertibilidad” y del gobierno menemista. Con su planteo de coalición, Cafiero, Bordón han comenzado a elaborar las bases de otro “gran acuerdo nacional”. Precisamente, comenzó a barajarse en las filas del oficialismo la posibilidad de una alianza de Duhalde con Bordón. Esta alternativa, así como el puente de Cafiero hacia la UCR, revelan el eclipse de Menem. La crisis política en desarrollo acentúa la inviabilidad del plan económico, que se expresa con claridad en el rebrote de la carestía, en el maquillaje oficial de las cifras del presupuesto y en las propias advertencias que se vienen recibiendo del Fondo Monetario Internacional. El FMI reclamó al gobierno la adopción de medidas... ¡¡para contener la entrada de capitales!! Esto significa que la banca internacional está reclamando una intervención política para prevenir una crisis de alcance internacional. La anarquía que se ha apoderado del mercado financiero internacional impide una “regulación ordenada” del movimiento de capitales especulativo, lo que amenaza las posiciones del conjunto de la banca internacional con grandes préstamos al “tercer mundo”. Amenaza El menemismo y el “plan” económico de Cavallo se están convirtiendo, de incentivadores de los grandes negocios, en un peligro mortal. Esto ya se pudo apreciar en la dificultad que tuvo y tiene el menemismo para imponer las “reformas previsional y laboral”, requisitos para nuevos negociados, siempre después de que se produzca la devaluación. La “reforma previsional” no salió enteramente a gusto de los bancos y ahora está empantanada en el Senado. La “reforma laboral” promete seguir por el mismo camino. Mientras tanto, la carestía hace aun más insostenible la “convertibilidad”. Toda esta volatibilidad política y económica está comenzando a fertilizar un ascenso de las luchas del movimiento obrero. El masivo paro en Córdoba, el triunfo docente en Santiago, los portuarios con la destitución de Loza, el paro de estatales en Neuquén, las manifestaciones populares contra Edenor, están marcando un renacimiento de las luchas del movimiento obrero (Un reciente congreso de Ctera acaba de votar, contra la posición de Mary Sánchez, un paro nacional de 24 horas “al estilo Brunelli”, sin fijar fecha). Con los ojos puestos en esta cuestión cardinal, Brunelli se reunió con Cavallo para ratificar que el prometido paro general está bajo archivo, reclamando a cambio algunas prebendas para la burocracia. Como resultado se formó una “comisión”, que se encargará de implementar la llamada “desregulación de las obras sociales”, una fuente de prebendas y curros de primer orden para burócratas y capitalistas. Política De lo que se trata, en el momento actual, es de darle una orientación a estas señales de ascenso sindical u obrero, para que se profundice, se generalice, golpee duramente a la política capitalista, inflija serias derrotas al gobierno y desarrolle una vanguardia y dirección obreras. La burocracia sindical, el bordon-cafierismo, el riquismo, el CTA y el Frente del Sur impulsan, con modalidades diversas un frente nacional “en defensa de la industria”, es decir por la devaluación. La devaluación, por su lado, significará una mayor caída de los salarios. Es necesario, entonces, que se clarifique, en primer lugar, el carácter de este “frente nacional”, al cual oportunamente puede subirse el propio Cavallo, toda vez que su base social, la Fundación Mediterránea, está siendo golpeada por la sobrevaluación del peso. El segundo aspecto de las tareas políticas en esta etapa, es destacar ante los trabajadores la pérdida de iniciativa política de la burguesía y la tendencia a que esa iniciativa sea asumida por los trabajadores. La crisis por arriba y la insoportable insatisfacción por abajo, llevan a que se reúnan progresivamente las condiciones de una lucha de conjunto. La resistencia, sorda o abierta, a las medidas de “flexibilización” (superexplotación), está alimentando una bronca feroz, que probablemente estalle como consecuencia de las necesidades salariales. Por eso pensamos que la reivindicación de un aumento del 50% y de un mínimo salarial de 1.000 pesos, deben estar en el centro de la lucha obrera. Junto a esto se ubica el reclamo de la vigencia de los convenios y de los paritarios elegidos, así como de la jubilación mínima de 500 pesos. Sobre la base de este puñado de reivindicaciones el P.O. sigue planteando la consigna de un paro activo de 36 horas al CTA y a la CGT, y la huelga general. En la lucha por el paro y la huelga llamamos a formar comités de activistas y a unir regionalmente a los cuerpos de delegados e internas y agrupaciones combativas. De la velocidad y profundidad que vaya teniendo la tendencia de lucha de las masas y de desarrollo de una oposición política popular; de los extremos que vaya asumiendo la crisis económica y política del gobierno; de la amplitud que cobre el giro que se verifica en la situación mundial y en América Latina; de todo esto dependerá la precisión de las consignas políticas que nos deberán orientar en una lucha por el poder. Pero lo que ya se puede plantear como gran unificador de la lucha contra el gobierno y sus mandantes y como salida para la impasse histórica del capitalismo y del país es: “Fuera los gobiernos de la miseria, el hambre y la entrega; Por un frente de trabajadores, para un gobierno de trabajadores”.

El martes 18 de mayo, quinientos no docentes marcharon al rectorado. La masividad de la movilización expresa la decisión de los trabajadores de imponer sus reclamos. El plan de lucha de los no docentes —paros progresivos— lleva casi un mes y se ha ido profundizando. Una asamblea de quinientos compañeros votó rechazar una tregua pedida por la Universidad, expresando la desconfianza generalizada en las autoridades, que los han bicicleteado una y otra vez. Luego de la marcha, una nueva asamblea votó por unanimidad continuar el paro hasta el lunes 24 y movilizarse otra vez al rectorado. Los no docentes —que ganan un promedio de 200 pesos— reclaman un plus de 150 pesos por mes y un 8% que les debe la Universidad desde el año pasado. Estos reclamos no son nuevos. Ya a mediados del ‘92 y luego de una serie de paros y movilizaciones, arrancaron el pago de algunas cuotas. Cuando las autoridades se “sacaron de encima” el conflicto, volvieron a subir al “bicicleteo menemista” del “no hay plata”. El paro divide las aguas en la UNLP. Una coordinadora estudiantil, con representantes de centros, cuerpos de delegados y agrupaciones, votó a instancias de la UJS-PO, el apoyo al paro y sus reclamos y la concurrencia a la movilización del lunes. También se pronunció a favor de la huelga la Adulp (ver ), la entidad de base de la Conadu.