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Prensa Obrera N° 386

1 de abril de 1993 · 40 notas

Notas de este número

1 de abril de 1993
Por qué los yanquis quieren reventar a la Banca del Lavoro

El escándalo de la “tangente” pisó firme el suelo argentino. No podría haber sido de otro modo, pues la corrupción es una parte integral de todo el proceso de “privatización”, es decir de los negociados capitalistas puestos en marcha por Alfonsín y por Menem. Lo que está en juego con este destape de la corrupción italiana no tiene nada que ver con una campaña moralizadora. Hay una larga historia de enfrentamientos entre los distintos pulpos por desplazarse recíprocamente de los negocios que han acaparado. Banco de Italia No es casual que el escándalo argentino-italiano haya debutado con el tema de la “privatización” del Banco de Italia y de su adjudicación a la Banca Nazionale del Lavoro (BNL). El negociado se hizo en 1987 bajo el gobierno de Alfonsín, en un trámite totalmente irregular, porque el Italia fue adjudicado al BNL en el lapso de 48 horas y adquirido “en 60 millones de dólares, previa absorción por el Banco Central de su quebranto evaluado en más de 400 millones de dólares”. Esto lo informaba Clarín ya en 1987 (21/2). De los 60 millones, 20 millones fueron aportados “a través de la capitalización de la deuda” (Página 12, 15/12/87), o sea, con un 25% de descuento, para absorber nada menos que 88 sucursales. Para esa fecha, el gobierno de Alfonsín estaba tramitando un tratado con Italia por unos 5.000 millones de dólares, para bancar “los 100 años de democracia” prometidos por la UCR. Pero los italianos plantearon que el acuerdo se firmaría una vez que quedara “cerrada la operatoria de absorción del ex-Banco Italia por la Banca Nazionale del Lavoro” decía la prensa en 1987 (Clarín, 21/12). La cuestión era simple: los créditos debían ser controlados y supervisados por los capitales italianos, incluídas sus suculentas comisiones y coimas. Italia tenía puestos sus ojos en ENTel (digitación telefónica), una planta separadora de gases en Neuquén, la prolongación del subte A y otros negocios. El Vaticano respaldó el acuerdo, lo que explica que Gustavo Béliz, Santiago de Estrada y Fernando de la Rúa pasaran a integrar la Fundación para el Desarrollo de la Cooperación Italo-Argentina (El Cronista, 28/6/90). Choques La digitalización telefónica abrió en su momento un profundo choque entre las empresas italianas y sus competidoras. Al acercarse la privatización de ENTel, “los representantes de las empresas GTE Telefónica y Bell Atlantic le manifestaron (a Dromi) su total oposición a la inclusión de la conmutación dentro de las inversiones...” (Clarín, 24/5/90). El choque fue tal que el ministro italiano De Michelis tuvo que venir a Buenos Aires a exigir que se cumpliera lo pactado, y de paso a “divertirse” con Nosiglia y Manzano. Otro tanto pasó con el polo neuquino. El ENI de Italia había firmado un pre-contrato con Techint para hacer la obra por 300 millones de dólares. Cuando ya estaba todo dispuesto para ello, Dow Chemical y Pérez Companc presentaron una oferta por 120 millones, frustrando el negocio de Techint. Luego, la norteamericana Enron logró que Menem, a través del entonces Secretario Legal de la Presidencia, Granillo Ocampo, firmara un decreto adjudicándole la construcción de dicha planta. Las fuertes denuncias de los grupos rivales terminaron por desplazar a Granillo Ocampo, y el negocio quedó parado. El embajador Todman le “recordó” a Menem la demora en la adjudicación del proyecto a Enron en su famosa denuncia del Swiftgate. La lucha continúa El embajador Todman en la carta del caso Swift planteó que existían discriminaciones contra el capital norteamericano en las “privatizaciones”, actuando por cuenta de la Bell, que había quedado al margen del negocio telefónico. A partir del “Swiftgate”, los capitales yanquis pasaron a cuestionar el peso de los europeos en las adjudicaciones argentinas. No cabe duda entonces que el imperialismo yanqui pretende extender a Argentina las ramificaciones de la corrupción italiana, con vistas a deshacer la madeja de negociados y negocios en que el capital norteamericano ha quedado relegado. Un punto clave para los yanquis es golpear a la Banca Nazionale del Lavoro. El BNL canaliza los negocios italianos en Argentina, tiene armada una Administradora de jubilación privada que competirá con el Citibank y ha avanzado a través de la fusión con el Grupo Juncal para capturar el mercado del seguro. Estamos solo ante el comienzo de lo que promete ser una lucha despiadada por el control de la Argentina.

1 de abril de 1993
Felipe Gonzalez es un ladrón
Corresponsal

El mismo día en que Felipe González se aprestaba a anunciar una demagógica y electoralista “campaña contra la corrupción”, la justicia española acusó al PSOE de ocultar ingresos por más de ocho millones de dólares provenientes de grandes bancos y grupos capitalistas. La corruptela “socialista” esta calcada de la que usó el “cajero” de Collor, el llamado “PC” Farías, con la diferencia de que los González llevan en España una década en el poder. Carlos Navarro, tesorero del PSOE, era “dueño” de varias empresas de “investigaciones económicas” que vendían “informes” sobre “la marcha de la economía española” a grandes capitalistas, como el Banco Bilbao-Vizcaya o el Banco Central de Madrid. Los “informes” disfrazaban las coimas que “habilitaban” a las compañías a obtener contratos estatales o para que el Estado hiciera “vista gorda” sobre los impuestos que adeudaban. El escándalo de las “consultoras socialistas” es la culminación de una larga serie de escándalos financieros y de “venta de influencias” que han tenido como beneficiarios a los dirigentes del PSOE y del gobierno “socialista”. En esta degeneración consiste la mentada “modernización” del socialismo reformista, una norma que supera las “ideologías”.

1 de abril de 1993
Yanquis “puritanos” sustituyen a italianos “corruptos”

El escándalo de la “corrupción” italiana ya ha rendido un servicio a los capitales yanquis, permitiéndoles copar el negocio del gasoducto argentino-chileno, cuya construcción por el lado chileno, estaba en manos de las empresas italianas Snam e Italgas, pertenecientes al ENI, cuna de la mafia mediterránea. El gerente de Chilgener, la empresa asociada a las italianas, “confirmó la salida de las mencionadas Snam e Italgas y la española Gas Natural y Enagas del proyecto”, debido a que “los escándalos de corrupción en Italia se extendieron a las empresas Snam e Italgas, que participaban como socias de los chilenos” (Ambito, 30/3/93). Lo jugoso es lo que sigue, porque “el Chase Manhattan Bank entregó un preinforme sobre las alternativas de financiamiento” (ídem), al anularse los préstamos italianos. El representante de Chilgener aseguró que los reemplazantes de los italianos serán firmas europeas, japonesas y norteamericanas. La rapidez con que fueron desplazadas Snam e Italgas y con que el Chase consiguió los reemplazantes revelan que el imperialismo yanqui hace tiempo que está detrás de la veta abierta por la “tangente”.

1 de abril de 1993
Del Frente del Sur al Frente Chico
Corresponsal

El sábado pasado el Frente del Sur de la Capital se partió en dos. Ello habría ocurrido, según la información de los diarios, cuando una mayoría integrada por el Ptp, el Pin, el Prt y una corriente del PI se negó a firmar una moción de repudio a Rico presentada por el Partido Humanista. Además de este último, quedaron del otro lado de la barricada el Partido Comunista y los grupos que éste subvenciona. La información periodística, sin ser completamente falsa, es interesada. Lo que estaba en juego era otra cosa. Ocurre que a pesar de toda la jactancia del Frente del Sur acerca del método de las elecciones internas abiertas para designar a sus candidatos, está virtualmente consumado un acuerdo de cúpula, que se pretendió mantener en secreto, entre Solanas, Brunatti y Chacho Alvarez para designar a dedo a este último como primer candidato a diputado por la Capital Federal. La parte que podría tocarle al Partido Comunista en el entuerto sería la designación del ubicuo Vicente como primer candidato a concejal. Vicente es un hombre que cuando habla escupe humildad y ausencia de ambiciones por los cuatro costados, pero siempre se las arregla para conseguir un cargo sin tener ninguna clase de sustento popular propio. Chacho Alvarez tampoco representa a nadie: es por eso que no está dispuesto a someter su candidatura al voto. Llegó a diputado como menemista y votó luego leyes menemistas reaccionarias fundamentales. Es un hombre de paja de la burocracia de Mary Sánchez, la que se valió de Alvarez para “consensuar” la ley de educación con el clero y la reforma jubilatoria con los radicales, la cual propugna eliminar el 82% y aumentar la edad para jubilarse. Alvarez quiere conservar el puesto, para eso reclama el apoyo del Frente del Sur en una eventual competencia con Graciela Fernández Meijide, candidata al mismo lugar por la Alternativa Popular, de Auyero, en lo que se dio en llamar un Frente Grande. Chacho Alvarez es además un reincidente, puesto que ya fue acusado por la mencionada Fernández Meijide de haber pretendido un acuerdo por arriba con la Alternativa Popular (sin internas abiertas) para conseguir esa ambiciosa candidatura a diputado en el primer lugar. Es altamente probable que al final no haya tampoco internas abiertas para un Frente Grande, ya que todos estos manejos prueban que esas internas se encuentran en avanzado estado de manipulación. El concejal Laporta le ha ofrecido, consecuentemente, a la Fernández Meijide, que encabece la lista de la Unidad Socialista. Los acuerdos secretos que promueve y sanciona Solanas constituyen una prueba adicional de su condición de Fujimori, una función que en este caso requiere del apoyo financiero del Partido Comunista. Claro que se trata de un árbitro desplumado, que acata más de lo que impone. El Frente del Sur ha dejado de existir: lo ocurrido en Capital deberá reproducirse con matices muy poco diferentes en la provincia de Buenos Aires. No es seguro que su sacrificio vaya a ser “compensado” por un frente con Auyero. En definitiva, el Frente del Sur se ha cocinado en su propia salsa, al demostrar, precisamente, su incapacidad para actuar en base a los procedimientos democráticos que prometió establecer. Los manejos por arriba son una manifestación de la corrupta politiquería burguesa, a la que no puede quedar ajeno un frente pequeño burgués que pretende, como estrategia, un escaño en el parlamento impotente y ficticio del Estado capitalista. Como se ve, el tema Rico es una cortina de humo seguramente armada por los stalinistas, viejos duchos en estas faenas. Se trata, además, de una cortina de humo tridimensional, esto porque oculta, además, que el Frente del Sur alberga tendencias riquistas y pro-riquistas desde su fundación, y porque oculta también que la demagogia “nacionalista” del Frente del Sur (no llega a ser un programa) no se diferencia en los principios del programa del riquismo, incluso en su relación con el clero, en especial ahora que Rico fue “reciclado” hacia la democracia y que los stalinistas y ex stalinistas que están en el Frente del Sur o que proponen el Frente Grande, defienden el “socialismo de mercado”, es decir, el capitalismo y la destrucción de las conquistas anticapitalistas realizadas a partir de la revolución rusa de 1917. La descomposición del Frente del Sur debe servir como lección, pues vuelve a enseñar acerca de los límites insalvables de la politiquería y el electoralismo (más precisamente el arribismo) que se disfrazan de frentismo. La formación de un Frente de Izquierda debe tener por base un programa de movilización de las masas contra el imperialismo y el gran capital, y la intervención consiente de los militantes revolucionarios.

1 de abril de 1993
Contra la proscripción política
Varias firmas

La campaña proscriptiva fue confirmada por el boicot ejercido por la mayoría de los medios de prensa a pesar del profundo trabajo de difusión que se realizó. Los que concurrieron se ubicaron en el punto de vista “oficial”, al señalar que la “representatividad” de los partidos debía darse por un determinado porcentaje de votos. Esto permitió un amplio debate, en el cual algunos cronistas, como el de La Nación, reconocieron finalmente todo el alcance de nuestra denuncia. Esto pone de manifiesto que la proscripción interesa a todas las fracciones de la prensa, burguesas e imperialistas, que se preocuparon por mantener la desinformación sobre el tema. “El gobierno ha puesto en marcha la proscripción política de numerosos partidos, en especial los enfrentados al régimen menemista. Por un lado se ha cancelado la personería de gran cantidad de partidos con argumentos violatorios del derecho constitucional de elegir y ser electo y el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe esas conductas proscriptivas. “A su vez, por decreto presidencial 2089/92, se ha modificado el Fondo Partidario Permanente en beneficio exclusivo de los partidos llamados “mayoritarios”. El PJ recibe anualmente seis millones de dólares, y la UCR cuatro millones. A esas cifras se le suman los numerosos subsidios que se les otorgan a los senadores, diputados y concejales, nacionales y provinciales, de esos partidos. El Ministerio del Interior, a su vez, se ha arrogado para su propio manejo (lo que la ley le prohíbe), un “fondo especial” del 20% del total asignado, lo que actualmente representa otros cuatro millones de dólares anuales. “Asistimos a una política consciente que pretende realizar una “limpieza étnica” de la mayoría de los partidos. “Para denunciar esta política y lanzar una campaña activa en contra de toda proscripción política, se ha realizado una conferencia de prensa hoy martes a las 17,30 hs. en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. “Contra toda proscripción política: “1) Derogación del inciso c) del art. 50 de la ley de Partidos Políticos y restitución inmediata de las personerías. “2) Derogación del decreto 2089/92. “3) Otorgamiento, sin dilaciones, de la personería a aquellos partidos que lo hubieren solicitado.” Partido Intransigente - MOJUSO - Partido Humanista - Partido del Trabajo y el Pueblo - Partido de la Izquierda Nacional - Partido Obrero - Movimiento al Socialismo - Partido Comunista - Encuentro Popular - MODEPA - Partido Socialista Auténtico - Partido Verde - Partido de los Trabajadores por el Socialismo - Movimiento Socialista de los Trabajadores. Contó con la presencia de los diputados nacionales Zamora y Fontenla.

1 de abril de 1993
Federico Storani encubre al menemismo
Corresponsal

El radical Federico Storani tuvo un rapto de “honestidad”. Confesó que la UCR conoce muchos “chanchullos” del gobierno pero que no los da a conocer por razones que el lector puede juzgar. Por ejemplo, reconoció que “el radicalismo no ventiló en su momento las denuncias de empresarios españoles sobre supuestos pedidos de coima del ex-funcionario de la Cancillería (Karim Yoma) ‘para no poner una bomba en el medio de una relación bilateral que nosotros queríamos cuidar mucho ni producir una situación que pusiera bajo sospecha el tratado con España’” (El Cronista, 24/3). Pero en la propia España los “tratados” funcionan con coima (ver artículo sobre Felipe González). Storani, sin embargo, está preocupado por sobre todo por “la imagen pública” de Cavallo, “cuyo deterioro sería letal para la marcha general del país”. No se podría definir en menos palabras el apoyo de la UCR a la entrega y hambreamiento que ejecuta el representante de la Fundación Mediterránea. Cavallo es “un hombre honesto”, descubre Storani, en el mismo momento en que su correligionario Baglini denunciaba al ministro de Economía por una estafa fiscal de 200 millones de dólares. El desvengorzado planteo de Storani sirve para medir hasta qué punto la UCR es cómplice del gobierno de Menem.

1 de abril de 1993
¿El MST en el Frente del Sur?
Corresponsal

Un volante repartido por el Frente por la Democracia Avanzada en días recientes, que lleva por título “internas abiertas para un frente grande”, consigue llamar la atención al informar que “propusimos al conjunto de las fuerzas progresistas... el método de las internas abiertas”, incluyendo entre las tales al Mst, además de, como es obvio, “el Frente del Sur, el Fredejuso (y) la Unidad Socialista”. Pero para que el FDA, extremadamente quisquilloso con cualquier cosa que huela a izquierda, no digamos a cuartainternacionalismo, haga una propuesta al Mst, es necesario que primero haya ocurrido lo inverso, es decir que el Mst haya tendido los puentes para ingresar al Frente del Sur o a sus “internas abiertas”. Confirma lo dicho que el Mst no haya rechazado la oferta de los contrarrevolucionarios liderados por el vicerrector en la UBA, Atilio Borón. Las gestiones del Mst hacia el Frente del Sur permiten destacar el aspecto fundamental de la disolución de Izquierda Unida, un fenómeno menos caótico de lo que pudo parecer, ya que detrás del caos real actuaba la poderosa tendencia (que está en el Frente del Sur) a formar un frente de características más derechistas con gente que ha emigrado del menemismo sin dejar de ser menemista o al menos colaboracionista con la llamada burguesía nacional. Pino Solanas, Chacho Alvarez, el PTP marcharon junto al gobierno de Menem durante bastante tiempo; algunos votaron sus leyes de emergencia y de copamiento de la Corte; otros lo aplaudieron con Bunge y Born en el ministerio; y todos ellos han colaborado activamente en derrotar las huelgas y movilizaciones educativas, incluso en apoyo del clero, y la movilización contra la “jubilación privada”. Sabemos que la ambición suprema de los dirigentes del Mst es poder reelegir a Zamora como diputado, pero ingresar al Frente del Sur a cambio de esta posibilidad significa transformarse en rehén de una política capitalista y, de última, en agente de la burguesía. El Mst, como antes el Mas y Moreno, sigue creyendo (o finge creer) que el electoralismo y la falta de principios es gratuita —por ejemplo, que se pueden hacer frentes antirrevolucionarios sin transformarse en antirrevolucionarios, o frentes pro-capitalistas y francamente capitalistas sin convertirse en agentes del capitalismo. Es evidente que Nahuel Moreno no preparó a sus discípulos para darse una política principista de crecimiento, o dicho de otro modo, para ganarse a la vanguardia obrera para la revolución, en lugar de ser ganados, ellos mismos, por la pequeña burguesía y los elementos políticos indiferenciados, para el campo centrista o directamente anti-rrevolucionario La única política de Frente que puede ser independiente de la burguesía y del conjunto de sus representantes políticos es el Frente de Izquierda.

1 de abril de 1993
Que la CGT y el CTA concreten el paro activo de 36 horas y organicen el 1º de mayo
Partido Obrero

Hay dos grandes cosas que están creciendo en Argentina: por un lado, la miseria del pueblo y el avasallamiento de sus derechos y conquistas; por el otro, la oposición popular que quiere acabar con este régimen de ladrones, corrompidos, entreguistas y explotadores. Los diques de contención contra esta oposición popular van cayendo de a uno, pero caen. Los menemistas incondicionales de la burocracia sindical tuvieron que ceder la dirección de la CGT, por su definitiva incapacidad para defender la existencia misma de los sindicatos y de la legislación laboral. Los burócratas del CTA se han visto obligados, por su lado, a archivar el recurso engañoso y distraccionista del plebiscito, ante los reclamos de su propia base para enfrentar la posibilidad de la sanción de la “jubilación privada” con la huelga y las manifestaciones. Estas modificaciones en las dos principales organizaciones sindicales del país no son para nada profundas, son más bien un maquillaje. Pero aún así traducen la presión popular para poner fin a su parálisis frente a los ataques desvergonzados del menemismo. Las 62 organizaciones, a las que responde Naldo Brunelli, flamante secretario general de la CGT, se han pronunciado por un paro de 36 horas. Las bases del CTA reclaman lo mismo. Que concreten, entonces. Plan de lucha, paro activo de 36 horas. En este marco, tienen la responsabilidad también de organizar el próximo 1º de Mayo, como manifestación de reagrupamiento masivo de la clase obrera contra el gobierno capitalista. Los trabajadores, los delegados y las comisiones internas tienen ahora la oportunidad, con este planteamiento, de terminar con el aislacionismo al que las ha condenado la burocracia sindical y su política. Pronunciémonos todos y cada uno por un paro de 36 horas y la organización de un 1º de Mayo obrero. Los militantes del Partido Obrero son convocados, junto a los simpatizantes y amigos, a emprender una vigorosa campaña de agitación por el paro y por la organización del 1º de Mayo, y a esforzarse más que nadie por impulsar la campaña de pronunciamientos. Las consignas del paro de 36 horas y de organicemos un 1º de Mayo obrero contra el gobierno capitalista, nos deben servir a todos para hacer un nuevo recuento de fuerzas de la vanguardia de la clase obrera y para unirla en un programa consecuente. Llamamos a los partidos de izquierda a un frente común por estos objetivos.

1 de abril de 1993
Otra estafa de Cavallo y Tacchi
Corresponsal

¿Por qué se decidió que la DGI tenga a su cargo el control y la recaudación de los aportes previsionales? Según el gobierno para mejor recaudar, porque la DGI podría “cruzar” las informaciones de las empresas referidas a sus obligaciones con el Estado. Pero al igual que ya lo hiciera Martínez de Hoz, es simplemente un intento de acabar sin más trámite con el sistema previsional. Es sabido que ya hace tiempo el gobierno pretende que las empresas puedan deducir los aportes patronales previsionales de los pagos del IVA que se cobran a los consumidores. Para esto hace falta, sí, un “cruzamiento” de datos que permitan restar los unos de los otros. En consecuencia, el “aporte” patronal para pagar a los jubilados será pagado de aquí en más por los consumidores. Más todavía, significa por sí misma una devaluación del peso en beneficio de los exportadores, esto porque a los exportadores se les devuelve el IVA, que grava su producción. La medida no apunta a aumentar la recaudación previsional sino a eximir a las grandes empresas del pago de los aportes patronales.

1 de abril de 1993
Cuando la iglesia advierte...
Corresponsal

En los últimos días han habido algunos pronunciamientos de altos jerarcas de la Iglesia, que merecen una cierta atención. El obispo de Santa Fé, Edgardo Storni, criticó las “intenciones y proyectos electoralistas” del llamado “plan social” oficialista, que se cumplirá en el marco de “una pobreza generalizada” y de “una corrupción profunda y generalizada”. Storni atacó a Cavallo (“se podrá argumentar que tras tanto ajuste, y nada más, las cuentas cierran en el Palacio de Hacienda, pero a costa del cierre de fuentes de trabajo... de mayor hambre y desesperanza de millones de argentinos, especialmente en las provincias o zonas del país siempre postergadas”); atacó a la clique privatizadora (“la concentración del poder económico... además de dominar e instrumentar el poder político, deja en manos de muy pocos las riquezas del país”); y atacó al propio Menem (“afirmar que no hay pobreza constituye una torpe obsecación y suena como una tilinguería que se cree ya en el primer mundo”). Pocos días después, desde la ciudad de La Rioja, el obispo de Morón, Justo Laguna, fue directo contra Cavallo: “nadie dará la vida por la estabilidad... me preocupa que la franja de la pobreza se agrande entre los sectores más marginados”. Por esas mismas horas, desde Formosa, el obispo local, Dante Sandrelli, volvió a la carga afirmando que “la pobreza en Formosa es progresiva y alarmante”. El formoseño invitó a sus fieles a “tirar por el suelo a todos aquellos ídolos que creamos” (todas las citas son de Crónica, 24 y 26 de marzo). Todas estas declaraciones contrastan violentamente con el apoyo del Episcopado a Menem y a la “privatización”. Más que reflejar una crisis, que seguramente está en marcha dentro de la Curia, es una expresión en la conciencia de que el plan económico está agotado; de que las iniciativas políticas no llevan a ningún lado y amenazan con acabar en inmovilismo; y de que la pobreza creciente y las luchas en aumento de los trabajadores pueden generar una situación de “ingobernabilidad”. La Iglesia es siempre un muy buen termómetro de la desesperación de las masas. Los agentes de la burguesía, que conocen más de cerca los reclamos de los explotados, advierten: “la caldera está por estallar”.

1 de abril de 1993
La huelga "fue importante", pero marche preso
Corresponsal

El plenario de la CONADU del 27 de marzo resolvió la suspensión del movimiento huelguístico iniciado doce días antes. Bajo el eufemismo de “cambiar la modalidad del plan de lucha”, se abandonó el paro cumplido con niveles de acatamiento altísimos en todo el país, a cambio de nada: el gobierno ni siquiera puso una oferta a consideración del gremio. De 22 delegaciones presentes, 8 propiciaban la continuación del paro, 10 el “cambio de modalidad”, y tres se abstenían. Los miembros de la Mesa Nacional de la CONADU que venían con mandato de continuar el paro —Litoral, Catamarca, San Luis— no hicieron ninguna defensa de ese mandato. Por el contrario, Koffmann, el Secretario General, se limitó a caracterizar al paro como “una demostración de fuerza importante” sin explicar por qué sería conveniente levantarlo. Ante la evidencia de que no se alcanzaba la mayoría necesaria para continuar el paro, los delegados pertenecientes a las otras listas —Verde y Frente Gremial Docente— tampoco pusieron a votación la moción de continuar la huelga. En palabras del delegado de Salta: “que no se vote la moción de continuar para que no aparezca (?) que perdió”. Aunque la moción de continuar no fue sometida a votación, la prensa correctamente interpretó el resultado del plenario como una “tregua”. Aunque se resolvió coordinar con la FUA una jornada de movilización para el 15 de abril, no se definieron sus características. El Congreso del gremio fue convocado para el 29 y 30 de abril; y para mayo una Asamblea Nacional en Defensa de la Universidad. Tribuna Docente impulsará una campaña por la huelga general del gremio, junto a estudiantes y no docentes.

1 de abril de 1993
Los guardapolvos de Duhalde
Corresponsal

Entre tantas denuncias de coimas, estafas y corrupción, la “avivada” de Eduardo Duhalde de pagar un sobreprecio de 3.000.000 de dólares por las vacaciones de niños de la Provincia de Buenos Aires suena a un juego de chicos. La preocupación de Duhalde es que se abrió solamente una de las carpetas de sus numerosos negociados, justo en el momento en que el gobernador planteaba la ley de lemas, como alternativa a la reelección de Menem. En los negocios de la mafia, las carpetas salen a relucir de acuerdo a las lealtades, una máxima que Duhalde debe haber tomado muy en cuenta.

1 de abril de 1993
Los tilingos no quieren voltear a Menem
Corresponsal

El radical de Santiago del Estero, José Luis Zavalía, logró arrancar del tilingaje porteño una indignación que el cólera; la obstrucción del clero en la lucha contra el Sida; los narcogates y los curros; la entrega, el hambre y la miseria; la “dispensa” del FMI para sacar la “jubilación privada” después del 31 de marzo pero antes del diez de abril; que nada de todo esto fue capaz de suscitar. Todo porque el santiagueño dijo: “Nosotros tenemos por delante una lucha nacional, hay que voltearlo a Menem también, muchachos”. Luego, al referirse a la condecoración de quien llamó “nuestro principal murciélago... el presidente del Citibank”, concluyó: “... decimos que si nos tenemos que levantar en armas, nos vamos a levantar en armas para defender la soberanía nacional”. Cualquiera con un mínimo de experiencia y firmeza de principios, reconocería en los dichos de Zavalía la típica demagogia del nacionalismo burgués, que si en alguna rara excepción se ha “levantado en armas” contra el imperialismo o “volteado” a gobiernos proimperialistas, lo ha hecho preferentemente buscando la regimentación de las masas y para capitular a renglón seguido ante el propio imperialismo. Pero no es la demagogia sino el concepto lo que irrita a los tilingos. Y el concepto, sin embargo, es impecable. El pueblo brasileño, por ejemplo, acaba de “voltear” a Collor ganando las calles de la inmensa mayoría de las ciudades —y es precisamente esto lo que los tilingos no quieren que ocurra. En dos oportunidades, putchistas venezolanos estuvieron a punto de “voltear” al entreguista y súper-ladrón Pérez, con el concurso de lo que se perfilaba como una inmensa movilización popular. Esto es lo que los tilingos no quieren que ocurra. No quieren que, como en Gran Bretaña, el pueblo se movilice para “voltear” a la Tahtcher, o como en Los Angeles, para “voltear” a los esbirros de Bush y de Clinton. Los tilingos sólo defienden la democracia cuando ésta les sirve para salvar a los gobiernos entreguistas, nunca como instrumento para acabar con estos entreguistas que roban, saquean, hacen fraude, explotan y entregan al país —apelando a los decretos de “necesidad y urgencia”. ¿Alguien vio a algunos de estos tilingos usando los medios de comunicación que poseen o los espacios radiales que disfrutan para iniciar una campaña por la destitución, vía juicio político, de Menem, reiteradamente incurso en el incumplimiento de deberes de funcionario público?

1 de abril de 1993
Una asamblea histórica

Después de casi tres meses se ha cerrado el conflicto que los trabajadores mantenían con la patronal de la línea 79. La empresa había despedido a 150 compañeros para quebrar una serie de conquistas obtenidas por la comisión interna, y el propio descabezamiento de ésta. La respuesta (como lo reflejamos en ediciones anteriores de Pensa Obrera) fue un paro muy vigoroso con cuantiosas pérdidas económicas para esta poderosa patronal, que ante la magnitud de la respuesta obrera retrocedió en su intención inicial, reincorporando a 127 choferes (23 en la calle), en el marco de una “conciliación obligatoria” dictada por el Ministerio de Trabajo. La defensa de estos 23 despedidos se realizó a través de la organización de una “olla popular” que duró casi 60 días, a la cual aportaron su solidaridad muchos activistas de la zona Sur del Gran Buenos Aires. La “olla” ocasionó forcejeos permenentes en la puerta de la empresa entre la patronal y los sectores conocidos como “la rosca” (burócratas patronales), por un lado, y los despedidos y la comisión interna, por el otro. Después de “aprietes” y negociaciones se logró la reincorporación de otros cuatro compañeros. Ante la permanencia de la olla, la “rosca” hace una presentación a la UTA contra la comisión interna para obtener el desafuero gremial, alegando falta de “conducta gremial” (realizar una asamblea afuera de las instalaciones de la empresa con “gente de afuera”, los compañeros despedidos). La asamblea para votar el desafuero de los delegados, muy numerosa, fue una derrota absoluta de la dirección de la UTA y de la “rosca”, al extremo de que luego de un durísimo enfrentamiento (hasta físico) con los matones, ningún compañero levantó la mano contra el cuerpo de delegados, ratificando plenamente su mandato. Conclusión De parte de los trabajadores de la línea existió una clara conciencia de la defensa de las conquistas obtenidas por el cuerpo de delegados, al que votaron defender. Quedaron 19 compañeros afuera de los 150 despedidos, lo que es una victoria muy relativa de la patronal, más aún cuando el cierre del conflicto quebró el intento de la UTA y de la patronal de formar una interna títere. La interna no hizó una valoración exacta de estas reservas que la hubieran podido llevar a una acción más firme por la reincorporación del conjunto de los despedidos y sólo se movió febrilmente cuando se puso en juego su propia supervivencia como dirección gremial. Esto marca un límite que debe ser superado con un trabajo a fondo con la base de la línea, cooptando a los numerosos activistas que se destacaron en el conflicto, reforzando así la vida gremial del cuerpo de delegados y fortaleciéndolo. La patronal va a seguir apuntando a golpear las conquistas y al cuerpo de delegados, pero ahora en condiciones inferiores después de esta histórica asamblea. Es más necesario que nunca aprovechar este golpe para replantear la cuestión salarial, organizando hasta el último sector de la línea. Para obtener un aumento de salarios estamos ahora un peldaño más arriba.

1 de abril de 1993
El juez que sobreseyó a Rousselot era coimero

El Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires resolvió destituir al juez correccional nº 2 de Morón, Alberto Guiscardo, por mal desempeño de sus funciones. Guiscardo fue acusado de haber recibido “gruesas sumas de dinero para sobreseer por falsificación de documentos al ex locutor e intendente menemista de Morón, Juan Carlos Rousselot, causa que resolvió en sólo dos días” (Crónica, 25/3). Según la investigación, “dos semanas después de haber fallado a favor de Rousselot, el magistrado adquirió, en noviembre de 1990, un automóvil Renault 21 usado, en 21.800 dólares” (ídem). En su “descargo”, Guiscardo reconoció haber recibido “presiones” de todo tipo que lo “obligaron” a cometer el delito. Entre estas presiones denunció que “el senador bonaerense Horacio Román le prometió un ascenso si condenaba a Rousselot, ya que el entonces gobernador Antonio Cafiero tenía mucho interés en el caso” (ídem). El juez, como vemos, se vendió al mejor postor. Pero si el juez es destituido —y debería ir preso— le corresponde la misma pena a Rousselot, a Cafiero y a todos sus emisarios, a todos los que coimearon al juez o intentaron hacerlo. Pero el tema es ya ... ¡cosa juzgada! Pero si Rousselot le pagó al juez, ¿quién le pagó a Rousselot? La patria contratista, que se embolsó los millones de los contratos coimeados y que movió su influencia para imponer su rehabilitación, su “desagravio” y su reelección.

1 de abril de 1993
Se desenmascaran los impostores
Corresponsal

Luego de una publicitada campaña de rechazo a la “privatización” de Hidronor, el gobernador de Río Negro, Massaccesi, acaba de acordar con el gobierno nacional los términos de la entrega de las represas hidroeléctricas. Al acuerdo se sumó el gobernador de Neuquén, Sobisch. A cambio de la formación de un ente regulador y controlador del caudal de las aguas, del impuesto ambiental y de la seguridad de las represas, Sobisch y Massaccesi avalaron la venta en 700 millones de dólares de un complejo valuado en 5.600 millones. Aceptaron también que el Estado absorba la multimillonaria deuda de Hodronor y que los futuros privatizadores lucren durante los próximos 90 años con un mercado cautivo. En realidad nada asegura que se cumplan las cláusulas de resguardo ya que todas las privatizaciones han sido formalmente acompañadas de “entes reguladores” que en la totalidad de los casos ni siquiera se formaron transcurridos uno o dos años de la venta de las empresas públicas. En Neuquén ya ha saltado un caso escandaloso de “descontrol” en la gran reserva petrolera de Puesto Hernández, traspasada a Pérez Companc. Según informa el “Río Negro” (26/3), el pulpo está perpetrando una catástrofe ecológica al arrojar enormes masas de residuos petroleros al río Colorado. Ahora que los gobernadores abandonaron su fingida oposición a la “privatización” habrá una fuerte presión para desinflar el movimiento de oposición que surgió en la región en defensa de Hidronor. Pero desenmascarados los entreguistas, es la oportunidad de desenvolver el movimiento con un verdadero programa de defensa de Hidronor: anulación de la privatización, apertura de los libros, control obrero de las represas.

1 de abril de 1993
Paro en "La Prensa"
Corresponsal

El miércoles 24, en forma arbitraria la patronal del diario “La Prensa” despidió a un delegado del gremio de los periodistas. En forma inmediata una asamblea resolvió un paro ante los intentos de la patronal y de la policía de desalojar al delegado. En la defensa gremial no sólo intervinieron los trabajadores de prensa, sino también los gráficos. Por primera vez en 10 años “La Prensa” asistía a un paro, razón por la cual la empresa pudo sacar el diario con mucha demora, y sólo con el trabajo de los jefes logró editar 16 páginas en lugar de las 36 habituales. Sobre el cierre de la jornada cayeron al diario dirigentes del sindicato gráfico para separar “profesionalmente” a los gráficos de los trabajadores de prensa y para que los maquinistas levantaran el paro. Aprovechando esta división, la policía volvió a irrumpir en la sede del diario esta vez con una “orden de detención”. Luego de 12 horas el compañero fue liberado por “falta de méritos”. La patronal se quiso sacar de encima a este combativo delegado, integrante de la Lista Naranja, para avanzar en sus planes de “racionalización”. Lo “suspendió” mientras tramita su “desafuero”, alegando errores en el trabajo. Los pinochetistas de “La Prensa” (capital “chileno”) quieren “digitar” a los delegados. Este no es el primer antecedente en el gremio de prensa. En el diario “Clarín”, otro delegado opositor también fue “suspendido” (no se le permite el ingreso a la empresa) hasta que la empresa “tramite” su desafuero. Se trata de ataques a la organización gremial. Esto plantea la necesidad de que se convoque en forma urgente al plenario de delegados de la UTPBA (Sindicato de prensa) para votar un plan de lucha en defensa de los delegados gremiales, por su plena reincorporación, que comience con paros solidarios y actos frente a la puerta de “La Prensa”. Este es el reclamo que ha lanzado la Lista Naranja de UTPBA.

1 de abril de 1993
Estafa en gas
Corresponsal

El Secretario de Energía adjudicó Gas del Estado a los consorcios privados el 28 de diciembre en lugar de hacerlo el 1º de enero, como estaba estipulado. La artimaña de Carlos Bastos habilitará “a los adjudicatarios a realizar el primer ajuste tarifario a mediados de este año en lugar de hacerlo a mitad del ’94, lo que les significará una considerable ganancia” (Página 12, 26/3). ¿Por qué? Porque el contrato señala que habrá un ajuste de tarifas en julio del año siguiente a la adjudicación. Al anticipar en dos días la adjudicación, las empresas anticipan 12 meses el aumento de tarifas. Y después de esto, Bastos dice que hay un complot presentándolo como un forro de los pulpos.

1 de abril de 1993
Confirmado: Posse salvó el peaje en la Paramericana
Corresponsal

“Fuentes cercanas al Palacio de Hacienda insistieron —informa ‘Ambito Financiero’ (23/3)— que el tema estaría terminado: la ampliación de la Panamericana se haría de la Ruta 202 hacia el Norte...”. Como pronosticó “Prensa Obrera” (Nº 383), tras la alharaca “en defensa de la ecología” y de “los árboles”, Posse salvó el negociado del peaje: el gobierno nacional asumió los planteos del bando de los capitalistas “inteligentes” que reclamaron el peaje a partir de la 202. Todo esto explica el “renovado interés” que los grandes contratistas vienen manifestando en torno a este peaje que superará por lejos a los mayores “curros” en la materia: según informó el jefe de asesores de la Secretaría de Obras Públicas, “ya hay catorce empresas precalificadas” (ídem ant.). El desenlace que parece alcanzar este “conflicto” entre dos camarillas de grandes “comisionistas” es una manifestación más del acuerdo estratégico que guía la acción de los dos grandes partidos patronales del país. El PO advirtió que “el planteo de Posse y compañía deberá servir para darle a Cavallo una oportunidad de rescatar este proyecto, precisamente a partir de la 202” (Nº 383). La lucha contra el peaje requiere de una dirección independiente de la UCR y de los intereses capitalistas que residen en las zonas “bacanas” de Vicente López y San Isidro. También aquí se quiere hacer una “limpieza étnica” que privilegiaría a los anteriores frente a las inmensas barriadas populares aledañas a la Panamericana después de la 202. El peaje “inteligente” es igual al “prepotente”.

1 de abril de 1993
Cuando la libertad de "La Prensa" ataca el derecho a huelga
Corresponsal

Con la celeridad que la Justicia sólo encuentra cuando hay una decisión política de conculcar derechos a los trabajadores, la jueza Rende de Cagide dictó en tan sólo cuestión de horas la detención del delegado de “La Prensa” bajo la absurda acusación de haber “obstaculizado la libertad de prensa”. Esto porque los trabajadores pararon en defensa de sus derechos y ello impidió que el diario salga con sus habituales 36 páginas. La jueza sentó un peligrosísimo antecedente contra el derecho de los trabajadores de prensa y gráficos a resistir cualquier prepotencia patronal mediante los métodos que les son propios (huelga, paro, quite de colaboración, etc.). La “libertad de prensa” es entendida por la jueza a medida de los intereses patronales, como el derecho de la empresa a hacer lo que quiera con sus trabajadores y de éstos a resignarse. Es necesario repudiar esta aberración jurídico-política. La UTPBA se limitó hasta el momento a sacar un “comunicado” de denuncia, pero se trata justamente de organizar la movilización del gremio, para, aplicando medidas de acción directa, lograr la reincorporación de los delegados “suspendidos” en “La Prensa” y en “Clarín”.

1 de abril de 1993
Una respuesta simple
Corresponsal

La prensa cavallista salió a defender a su mandamás con una pobreza de argumentos que delata a los estafadores. Según El Cronista, Cavallo habría actuado magistralmente al incluir a los Firestone y Nobleza en la “moratoria”, porque con ello evitó un juicio al Estado, el cual sería responsable de la emisión de los créditos fiscales falsos por la Aduana. El argumento de Roberto Cachanovsky, que ni Cavallo ni Tacchi se animan ni osan utilizar, es que “seguramente el Estado hubiera perdido el juicio... Cavallo hace una jugada magistral ya que el costo financiero de tener que depositar el dinero hasta que termine el juicio es mayor que el de entrar en una moratoria y reconocer la deuda, pagándola en cuotas y con quita” (26/3). “Todo parece indicar que Cavallo le hizo cobrar al Estado lo que no tenía que cobrar y —además— se evitó perder un juicio. ¿De qué lo acusan, entonces?” (El Cronista, ídem). El improvisado defensor se olvida de que “la Justicia ya había fallado en contra de las empresas y había ordenado al gobierno ejecutar la cobranza. Particularmente hubo un fallo de la Corte en contra de Firestone” (Ambito, 25/3). “No se entiende —pregunta Ambito— por qué el Ministerio de Economía dio tantas vueltas...”. La respuesta es simple.

1 de abril de 1993
Una reforma política para evasores y narcotraficantes

“Eticazo” es el adjetivo que utilizó Gustavo Beliz para definir la reforma política lanzada por el gobierno. Dime de qué te jactas ... En efecto. El corazón de la reforma política es lo que el Ministerio del Interior denomina “blanqueo de los aportes a los partidos y candidatos”. En lenguaje sencillo significa que las grandes empresas podrán aportar a las arcas de los partidos sin necesidad de recurrir, como hasta ahora, al anonimato. Lo cual no quiere decir que no lo vayan a hacer subrepticiamente, porque sólo el Fisco y la Justicia tendrían acceso a la información. No por casualidad, en una columna de “Página 12”, Gustavo Béliz escribió que “la cuestión del financiamiento político es estratégica en la democracia contemporánea”(24/3). Béliz sabe muy bien que la madeja de vinculaciones clandestinas de los partidos políticos con los grupos económicos y narcotraficantes es un asunto explosivo, que puede hacer saltar al menemismo y, de paso, a todo el régimen democratizante. Los millones de coimas, aportes, donaciones, con que esos grupos sostienen a las autoridades constitucionales, se mueven en la más absoluta clandestinidad, ayudando a despedazar a los partidos patronales en fracciones, clanes y hasta bandas. Las reglas del mercado no pueden ser aplicadas mecánicamente a la política, esto porque una cosa es la anarquía de la producción y algo considerablemente más desestabilizador y revolucionario es la anarquía política, es decir la dislocación del Estado. Con la vista puesta en Italia y el bolsillo en la realidad argentina, la ética menemista ha llevado a Béliz a camuflar, no una reforma política capaz de independizar a la política y a los políticos patronales de los intereses inmediatos y conflictivos de los patrones, sino una “contrarreforma” que entrega el gallinero al cuidado de los zorros. A nadie se le puede escapar que en un país que registra un récord de ingreso de narcodólares, el “blanqueo” de los aportes facilitará el lavaje del dinero de la droga, algo que Cavallo conoce bien, ya que los narcodólares financian la “convertibilidad”. El proyecto apunta a facilitarle a las empresas aportantes el no pago y hasta la evasión de impuestos. Los aportes de las empresas a los partidos podrán ser deducidos como gastos a los fines impositivos. Contribuir a un partido político no se limitará a ser un “gesto patriótico” sino un beneficio impositivo, es decir, una estafa a la masa de los contribuyentes. Impulsará la evasión porque los partidos extenderán recibos superiores a la donación recibida, con el fin de atraer aportantes que quieran deducir mayores gastos aún de sus impuestos. Lo que el ministerio denomina “transparencia” del aporte será un gran curro nacional. Otra clave de la reforma es que el dinero podrá ser entregado, indistintamente, al partido o a los candidatos. Esto responde a la lógica del menemismo, que sobrevive recurriendo a cantores, corredores, tenistas e incluso capitalistas, ¡que tienen sus propios medios para financiar campañas! La “reforma” permitirá que se imputen como gastos fiscales los gastos de propaganda que los patrones hagan para sí mismos en calidad de candidatos. La “reforma” convierte a la política en un negocio, lo cual debe a la larga fracturar aún más a los partidos patronales y al propio Estado. En naciones más poderosas, como Japón o Italia, este proceso de descomposición ya ha llegado muy lejos, obligando a desandar parte del camino mediante la purga de sus políticos más conspicuos y el intento de restaurar las normas de control sobre los partidos. En naciones burguesas políticamente más débiles, en cambio, no habrá tiempo para medidas “correctivas”. El Estado burgués no es un aparato que dependa económicamente de los tributos particulares de los principales grupos de la burguesía, lo que de ocurrir le haría perder su carácter de clase, es decir de defensor no ya de la burguesía en su conjunto sino, lo que es aún más importante, de las relaciones capitalistas en general, es decir de la dominación y la explotación de los obreros. La dependencia económica del Estado respecto de la burguesía tiene un carácter general, que se manifiesta por sobre todo en la deuda pública. El sistema del servicio público, inevitable cuando la administración de la sociedad constituye una rama especial dentro de la división social del trabajo, cumple también la función de establecer reglas comunes para todas las fracciones de la burguesía. La “reforma” menemista, al plantear el “blanqueo” de los aportes hasta hoy ilegales de las grandes empresas a los partidos patronales, es una confesión de que el Estado no es capaz de asegurar la independencia que le es propia. La “reforma” hace virtud de la necesidad y procede a dar mayor impulso a la corruptela y a la descomposición de la política burguesa. Esta “reforma”, sin embargo, sólo queda completa con otras disposiciones: primero, la posibilidad de tachar candidatos y luego el voto por circunscripción y las llamadas “internas abiertas”. El sentido de estos cambios es poner a los candidatos, individualmente considerados, por encima de los partidos, lo cual convierte a los políticos en voceros de sus tesoreros de campaña, tanto electoral como pre-electoral, autorizados por el proyecto de “blanqueo” de los aportes. Las características de la “reforma” alcanzan para explicar las grandes divergencias que ella suscitará en el propio campo patronal. Nosotros nos oponemos a esta reforma por su carácter antidemocrático y cleptocrático (gobierno de ladrones y de corruptos). Como partido revolucionario rechazamos la injerencia del Estado en los partidos, pero de ningún modo que exista un control sobre los gastos de las campañas electorales y de que se prohíban aportes distintos a los de los afiliados o los provenientes de las campañas públicas. Reclamamos igualmente el acceso igualitario a los medios de comunicación y que el presupuesto del Estado sufrague los gastos de funcionamiento corriente de los partidos (transporte y comunicación).

1 de abril de 1993
Otra vez en pie de lucha
Corresponsal

Los salarios que cobramos los trabajadores del Nación, de por sí los más bajos del gremio bancario, están congelados desde hace un año. La traición de la Bancaria a la larga lucha del año pasado provocó un reflujo que empieza a ser superado. Las asambleas de oficina que se realizaron en las últimas semanas empiezan a marcar un cambio en la disposición de los compañeros. Como resultado de las mismas la Comisión gremial convocó para el viernes 26 una “marcha de silencio” en el hall de Casa Central, con una participación significativa que se transformó en un paro de 20 minutos. Es el momento de extender el reclamo a todas las sucursales, reorganizar el cuerpo de delegados e iniciar un plan de lucha en todo el banco, por el aumento del refrigerio, por las condiciones de trabajo, por la equiparación salarial con el resto de los bancarios.

1 de abril de 1993
Cavallo debe ir a la cárcel por la "Moratoria Firestone"

El ministro de Economía y gran parte de los funcionarios del Palacio de Hacienda se encuentran formalmente comprometidos en una de las mayores estafas de la historia contra el Estado y en favor de un reducido grupo de empresas vinculadas a la Fundación Mediterránea. La cifra en danza oscila en los 140 millones de dólares. Las pruebas presentadas a la Justicia evidencian que el ministro de Economía actuó bajo presión directa de los embajadores de EE.UU. y de Gran Bretaña siguiendo instrucciones de sus gobiernos. La estafa que tiene a Cavallo en el centro de la escena involucra a fuertes intereses vinculados al imperialismo mundial: Firestone, Nobleza Piccardo, Shell, Perkins. La acusación fue lanzada la semana pasada por un grupo de diputados radicales. Pero los lectores de Prensa Obrera tuvieron la primicia en noviembre pasado (ver facsímil) cuando denunciamos que en relación al caso Koner Salgado, “Cavallo regala 200 millones a tres socios de la Fundación Mediterránea”. No por nada el ministro de Economía recibe un sueldo de la Fundación Mediterránea, donde está en uso de “licencia” como director de la Fundación, es decir, como ñoqui. Con el correr de los días, la prensa fue disipando la noticia, y Federico Storani reclamó la defensa de Cavallo en arás de la estabilidad. Pero las pruebas presentadas son suficientes para mandar al ministro a la cárcel. Tan es así que en su defensa a través de un extenso comunicado de prensa, Cavallo no desmintió ninguna de las acusaciones, sino que intentó desmerecer a los denunciantes como cualquier ladrón pillado “in fraganti”. La estafa Los hechos son simples. 1) La Justicia conminó a un conjunto de empresas, entre ellas Firestone, Nobleza Piccardo, Shell, Perkins, etc., a abonar unos 200 millones de dólares en concepto de impuestos vencidos, por considerar que dichas empresas habían deducido de dichos impuestos, créditos fiscales falsos que habían comprado al grupo Koner-Salgado, a sabiendas que eran falsos. Por haber fraguado esos créditos, Koner Salgado fue condenado a la cárcel y fueron liquidados sus bienes. La estafa de Koner-Salgado consistía precisamente en fraguar con la Aduana saldos impositivos a su favor y luego venderlos con descuento a empresas con deudas con el fisco. Los compradores, en este caso las empresas mencionadas, obtenían una suculenta ganancia porque adquirían al 20 o 30% créditos que usaban luego como equivalente al 100% para el pago de sus impuestos. Toda esta operación fraudulenta se basaba en la connivencia del vendedor con los compradores de los créditos fiscales, los que tenían un bajo valor de mercado, precisamente por ser fraudulentos. 2) Al descubrirse la estafa de Koner-Salgado, sus créditos fiscales quedaron lógicamente anulados, por lo que las empresas que los habían utilizado para fraguar al Fisco, fueron conminadas a pagar la diferencia: unos 200 millones de dólares. El Estado capitalista actuó como un representante de toda la clase capitalista, que no puede permitir beneficios particulares de una clique en perjuicio del conjunto. Cuando las empresas apelaron la resolución fiscal ante la Justicia, ésta les falló en contra, intimándolas al pago de las sumas adeudadas. 3) El lugar de ejecutar la orden judicial, Domingo Cavallo mantuvo reuniones secretas con los titulares de las empresas deudoras, directamente en la sede de sus casas matrices, en EE.UU. e Inglaterra. Esto saltó a la luz a raíz de una carta a Cavallo del Presidente de la Britisch American Tobacco (Nobleza) donde le planteaba que agilizara el trámite “consecuente con nuestra entrevista del 28 de noviembre”, de manera que “nuestros respectivos abogados puedan trabajar juntos, a su debido tiempo, para preparar un compromiso formal de arbitraje” (Página 12, 3/11/92). Del tenor de la carta se puede apreciar que Cavallo había decidido eludir la sentencia judicial y someter la cuestión a un “arbitraje internacional”, es decir en tribunales vinculados a los intereses de esas empresas. Al trascender públicamente la carta, Cavallo tuvo que dar marcha atrás con el “arbitraje”. Pero el ñoqui de la Fundación Mediterránea, que todos reconocen como un técnico experto, no se dio por vencido. Es así que dispuso una moratoria o facilidad impositiva muy especial. Quienes se acogieran a ella —decía la resolución— se beneficiaban con la no indexación de la deuda impositiva de los tres meses anteriores, cuando la inflación había rondado el 50%, pudiendo incluir a los impuestos internos. Con esto violaba la disposición que prohibe la moratoria de impuestos ya abonados por los consumidores o indebidamente retenidos por las empresas. También podían, finalmente, beneficiarse de ella todos los deudores, incluso los que habían sido condenados o con deudas reconocidas, algo que está expresamente prohibido porque las facilidades de pago son para los que se presentan en forma “espontánea”. Aún así, el saldo se podía pagar en 60 meses, a un interés bajísimo. Como dice Ambito (23/3/93), “esa novedad permitió, entre otras cosas, que se beneficiara a la British American Tobacco (Nobleza Picardo) que había pagado impuestos a los cigarrillos por más de 100 millones de dólares con créditos fiscales falsos adquiridos al grupo Koner-Salgado”. Tan evidente era la finalidad que Cavallo perseguía con la moratoria dispuesta cuando hacía 6 meses que había vencido una, que en los ambientes impositivos, se la llamaba la “moratoria Firestone” (Ambito) porque había sido decretada a gusto de los estafadores de los créditos Koner-Salgado. Presión Estos 200 millones de dólares en juego provocaron una crisis en las relaciones con EE.UU. y Gran Bretaña. El embajador Todman, recuerda Página 12, (24/3) “incluyó este punto en la famosa carta que se conoció durante el Swiftgate” y fue tratado en todas las reuniones relativas a la negociación de la deuda externa. El Plan Brady fue acordado una vez que Cavallo encontró una “salida honorable” a las deudas impositivas de estos grupos. Cavallo ha dejado en este proceso todas las huellas digitales. Por eso perdió los estribos cuando se conoció la información de la Justicia acerca del proceso abierto contra las medidas del gobierno en favor de estos pulpos. Cavallo sabe que la “moratoria Firestone“ debería conducirlo a la cárcel y serviría para desenrollar una de las madejas delictivas de la negociación de la deuda externa. Por esta razón, los radicales han puesto un freno a sus propias acusaciones.

1 de abril de 1993
El fondo de pensión del PTS le asegura una rentabilidad máxima

En el anteúltimo número de Prensa Obrera cometimos un error político serio, aunque sutil, cuando dijimos que el Pts había llegado “a la cuestión de la lucha contra la ‘reforma previsional’ muy tardíamente”. Ocurre que, en realidad, el Pts no ha llegado de ninguna manera a ningún lado, porque se las ha arreglado hasta el día de hoy para no participar de ninguna clase de lucha contra la “jubilación privada”, bajo ningúna forma práctica, por mínima que ella sea. Este es un crimen político decisivo para quien pretende ser un revolucionario. Porque hay muchas clases de revolucionarios; los hay burgueses y pequeño burgueses, los hay marxistas o no marxistas, los hay concientes o empíricos. Pero lo que todos tienen en común, más allá de sus aciertos o limitaciones, es que participan de todo movimiento práctico de lucha contra la opresión existente, y siempre que pueden procuran impulsarlo. Hay una distancia enorme entre Marx y Martí, entre Lenin y Robespierre, y también entre Trotsky y el Che. Lo que es incuestionable es que fueron revolucionarios, en épocas diferentes y con contenidos de clase distintos, porque, en primer lugar, participaron e impulsaron todo movimiento práctico de oposición y de lucha contra el orden imperante. Esta caracterización vale todavía más cuando se trata de juzgar a un simple trabajador de base. Con el Pts es diferente: basta con que el CTA, los radicales, Vicente, Expósito o Altamira estén presentes, impulsen o apoyen una movilización o lucha contra los atropellos del menemismo, que encarna hoy (no entre 1983 y 1988) los intereses prácticos y concretos del imperialismo, para que eso sea un pretexto para justificar su pasividad, acusando a todos de integrar una Plaza del No. Se trata, obviamente, del punto de vista de un impotente, incapaz de superar a sus adversarios en el curso de la propia lucha, impulsando una lucha superior o ganando la dirección de la movilización. Los jubilados se jactan de haber llegado a la 52º manifestación de los días miércoles; el Pts de haber saboteado a todas esas y a muchas más. Claro está que nadie notó el boicot de estos “socialistas”. Semejante política delata a una secta, no a un partido; a una banda preocupada por contraponer en forma permanente sus intereses de fracción al movimiento de las masas tomado en su conjunto. Pero en el caso de la “jubilación privada” hay algo más. Ocurre, simplemente, que el Pts está en contra del mantenimiento de la jubilación estatal, que es exactamente lo que los bancos y sus socios quieren liquidar. Para el Pts, y no sólo, claro está, para el Pts, el Estado esquilmó las Cajas y saqueó el “salario diferido” de los trabajadores para beneficiar al capitalismo. Algo parecido se puede decir con lo hecho por la burocracia soviética con la economía estatizada y la planificación económica, pero a ningún socialista se le podría ocurrir que no debe defender el principio de la propiedad estatal y de la planificación económica contra la restauración capitalista y contra la burocracia. Al Pts sí, ya que no participa de ninguna clase de lucha por defender la jubilación estatal contra la privatización de las jubilaciones. El principio del mantenimiento de la jubilación estatal abarca a un frente relativamente amplio, no sólo de tendencias, sino de clases, y naturalmente de intereses y programas, pero los burgueses y proimperialistas que manifiestan ocasionalmente contra el proyecto menemista sólo llegaron a una manifestación, y esto con gran atraso, por la presión popular y por el ostensible fracaso de sus maniobras parlamentarias. Si los jubilados y la izquierda fueron los que tomaron la iniciativa de ganar la calle y de impulsar antes que nadie la agitación contra este atropello, sería un crimen que abandonen la calle y la agitación para cederla al ocasional francotirador de la burguesía. Lenin no boicoteaba las manifestaciones “por la paz” que convocaban los menche-viques, en abril de 1917, se las copaba con mayor presencia, mayor organización, y con consignas más claras y realmente consecuentes. Lo que ocurre es que el Pts ha establecido un signo igual entre la jubilación estatal y la privada, por eso la mira desde la tribuna. Llama a la lucha por lo que él entiende que serían nuevas conquistas, pero no es capaz de defender las conquistadas. La posición neutral en una lucha entre un atropello y una conquista, sin embargo, no importa cuánto haya degenerado esa conquista bajo la presión de la burguesía y la traición de los burócratas sindicales, es ella misma una traición. La pregunta muy sencillita que debería efectuarse, no el pichón de burócrata, sino el militante del Pts, es bien concretamente lo siguiente: ¿defienden, sí o no, a la jubilación estatal, con el programa que ustedes quieran, contra la privatización de las jubilaciones? La dirección del Pts ya respondió que no, lo que la convierte en el ala “trotskista” del, digamos, Banco de Boston. Tiene en común con éste la defensa de la propiedad privada de las Cajas de Pensión o de Jubilaciones, con la reserva de que para el Pts sus accionistas deben ser los aportistas de los fondos. “Transición”... al capitalismo popular De acuerdo con un dicho popular, lo grave no es cometer un error, sino no corregirlo a tiempo. El Pts no pretende corregirse, ni a tiempo ni a destiempo. Ya estaba al borde del abismo, ahora decidió dar un paso al frente. No sólo insiste en la defensa de su posición, sino que ahora asegura que tiene la fórmula para que los Fondos de Pensión de propiedad obrera puedan lucrar incluso en un período de crisis. El Pts ha llegado a extremos abominables, pretendiendo convertir al programa de transición en un manual de colocaciones financieras y de indexación de depósitos. La “transición” entre la actual situación de las masas y la conquista del poder no pasa, como cualquiera lo puede comprender, por la transformación de los obreros en propietarios de Fondos de Pensión o fábricas. Si una trayectoria de este tipo fuera siquiera posible, el resultado no sería la dictadura del proletariado sino el capitalismo popular. Convertidos en propietarios de las empresas en las que trabajan o de los Fondos, y por qué no de los bancos en los que tienen sus aportes, procurarían que el Estado defendiese de aquí en más esta nueva forma de autoexplotación y de ningún modo implantar la dictadura obrera. Cuando el programa de transición plantea el control obrero o la administración obrera de las fábricas que despidan, cierren o quiebren, no tiene en vista convertir a sus obreros en propietarios, sino dar una consigna de lucha a los trabajadores, para valerse de la defensa de sus conquista para enfrentar al Estado capitalista e instaurar la dictadura del proletariado. En un extremo de deshonestidad, el Pts sustituye indistintamente las expresiones administración obrera y propiedad de las Cajas, cuando la primera excluye a la propiedad privada y apunta a convertir a los trabajadores en administradores de un Estado obrero y no en una categoría menor de propietarios capitalistas. La administración obrera no solamente excluye a la propiedad privada sino que su vigencia demuestra el agotamiento del régimen social de la propiedad privada, incapaz ya de impedir las crisis, las catástrofes, el hambre y las guerras. ¿No existe una cierta lógica, sin embargo, en que si el trabajador es dueño o propietario de sus aportes previsionales, lo sea también de las Cajas que reúnen, administran o invierten esos fondos? Si, existe una lógica, pero capitalista, que va a contramano de la reivindicación previsional de la clase obrera. Al trabajador no le interesan los aportes jubilatorios como una inversión de la cual espera una rentabilidad determinada, sino como un Fondo que le permita cobrar cuando se retire un salario de jubilado. Dadas la condiciones propias de la producción capitalista, no existe ninguna garantía económica que pueda asegurar a un trabajador el cobro de su jubilación: cualquier Fondo, banco, cooperativa, compañía de seguros, asociación mutual, o sociedad financiera de barrio, e incluso una entidad del propio Estado —puede ganar, perder, acrecentar su capital o irse irremediablemente a la quiebra, sin ninguna clase de ganancias. Es por esto que el movimiento obrero nunca se planteó asegurarse un salario al momento del retiro por medio de aportes depositados en los bancos. La garantía sólo puede ser extraeconómica, es decir política, una característica que la reivindicación previsional comparte con todas las otras revindicaciones obreras, ya que todas ellas van a contramano de la tendencia economica del capitalismo, y le son impuestas al capital por medio de una acción extra-económica de los trabajadores, en conquistas legislativas, en derechos de organización, en garantías jurídicas, etc. A esto el Pts naturalmente responde que las garantías del Estado burgués son “papel mojado” o una estafa, pero como secta que es se olvida que no es lo mismo luchar para que el Estado cumpla con la satisfacción de una reivindicación ya conquistada; que no es lo mismo desenmascararlo por la violación de las leyes que lo obligan jurídicamente; que no es lo mismo llevar hasta el máximo desarrollo las posibilidades del derecho laboral (burgués) para mostrar sus limitaciones, inconsistencias y fraudes; que no es lo mismo hacer todo esto, y encontrar ya un plano de lucha más elevado, que comenzar de cero con las reivindicaciones más elementales, nunca antes experimentadas por las masas o, peor, fabricar ilusiones en un capitalismo popular financiero. Ni la democracia formal abolió la opresión, ni el derecho al divorcio emancipó a la mujer, ni la autodeterminación nacional liberó a los pueblos oprimidos, para el Pts serían sólo estafas, pero la democracia formal, el divorcio y la autodeterminación sirvieron para colocar la lucha por la emancipación social en un plano histórico concreto más alto y preciso para las grandes masas. El programa de transición no niega el programa mínimo, no lo desprecia ni le da la espalda —lo supera sobre la base de la experiencia de la lucha por ese programa mínimo. Si no fuera así sería un documento artificial, no una producción histórica concreta del movimiento obrero mundial. Es precisamente el Partido Obrero el que primero planteó, y el que probablemente continúe siendo el único en plantear, el control obrero de las Cajas y, en determinada etapa, la administración obrera. “El presupuesto de seguridad social deberá estar bajo control obrero y administrado por delegados de los trabajadores y los jubilados”, dice el folleto “La Bolsa o la Vida”, Julio Magri, página 48, renglones 1 y 2. “Los fondos previsionales, administrados por delegados obreros y de jubilados podrían ser un factor esencial en el desenvolvimiento del país... bajo control de las organizaciones obreras y dentro de un plan económico único...”, dice desde el renglón 17 al 21. Como el folleto plantea el aporte jubilatorio exclusivamente a cargo de la patronal, el programa allí contenido supera el programa mínimo del movimiento obrero argentino en materia previsional, con el contenido de un programa de transición. El programa del PO habla de “desenvolvimiento del país”, y no como el Pts de un simple programa de trabajos públicos, porque tiene en cuenta las peculiaridades nacionales de su atraso debido a la opresión imperialista. El Partido Obrero planteó en forma concreta el control obrero y la abolición del secreto comercial, para acabar con las evasiones y fraudes patronales (página 47, a partir del renglón 7). El Partido Obrero reclama, más que nunca, la estatización de las jubilaciones con un programa transicional que supera el programa mínimo antiguo, y que por eso enfrenta la tendencia y la política del Estado a estafar a los obreros y los jubilados, y que desarrolla la lucha contra el Estado capitalista. Una lucha que, por ser transicional, recorrerá todas las etapas que exija la conciencia de la clase obrera, y que por este motivo, no llegará a la destrucción del Estado burgués sin haber luchado antes por influirlo y conquistarlo. Ningún proletariado del mundo intentó el derrocamiento de la burguesía sin haber pasado antes por la experiencia de querer influir sobre el Estado burgués. Si sale la privatización de las jubilaciones contra la que el Pts no luchó con una persistencia digno de desprecio, el Pts va a ser el único partido marxista que no va a reivindicar la nacionalización o estatización (sin pago) de las Cajas privadas usureras, porque eso sería defender la jubilación estatal. El rigor capitalista del Pts es tan acentuado, que defiende la propiedad privada de los aportistas de las Cajas, pero no, por caso, la propiedad de Somisa para los obreros de Somisa, o de Gas del Estado para los suyos. ¿Sabe, compañero lector, por qué razón? Porque el obrero de Somisa no tiene títulos de propiedad para reivindicar, en tanto que el aportista tiene su aporte. Entonces el Pts lo defiende como aportista a un Fondo y no como un obrero explotado por el capitalismo, que sólo puede salir de la explotación mediante la conquista del poder político. Perdónalos, Trotsky Pero si aún pudiera caber alguna duda sobre la posición privatista, propietaria o capitalista del Pts, es suficiente señalar que se empeña en demostrar que un Fondo de propiedad de los aportistas tendría viabilidad económica bajo el capitalismo, incluso en un período de crisis. Pero si esto fuera cierto, también valdría para cualquier otro fondo o incluso para los bancos, y si los bancos y los fondos, etc., fueran viables económicamente en cualquier circunstancia, entonces el capitalismo podría ser eternamente viable. Basta cotejar nuestro esfuerzo por probar la inviabilidad, incluso de un Fondo obrero, bajo el capitalismo, con el Pts por probar lo contrario, para deducir quien es el que se arrulla en las ilusiones en el capitalismo y quien sirve teóricamente a sus intereses. Para el Pts, la viabilidad de un Fondo de Pensión de propiedad obrera en un período de crisis capitalista está señalada por el programa de transición de la IVª Internacional, convertido así en un manual de Bolsa. La recomendación del programa sería, según el Pts, “en caso de crisis, recesión o inflación... ‘Escala móvil de salarios’, que para nosotros incluye a la parte diferida del mismo (los aportes previsionales)”. La estupidez del planteo es absolutamente monumental, pero ridiculizarla podría desdibujar el grado de entrega teórica a la burguesía, que este planteo encierra. A no apresurarse, sin embargo, porque los supuestos previos de este planteo son más reveladores que el planteo mismo. El Pts ni se plantea las vicisitudes de un Fondo de Pensión, como de cualquier otra inversión capitalista por otra parte, no en un período de crisis, sino de “prosperidad”. Para el precapitalista Pts, los capitalistas sólo quiebran durante las crisis o, al revés, nunca ganan plata durante ellas. El Pts ingora entonces la anarquía de la producción, la concurrencia entre los capitales, la lucha por el acaparamiento de la porción más alta posible de la ganancia media del capital general, etc. Pero sobre todas las cosas, el planteo del Pts delata que su Fondo actúa en el mercado capitalista, durante la prosperidad, como un capitalista más, que lejos de querer derrocar al Estado burgués procurará, por el contrario, que funcione a las mil maravillas, porque cualquier desestabilización perjudicaría los negocios del Fondo. El Fondo del Pts es un pequeño monstruito contrarrevolucionario. Pero incluso en un período próspero el Fondo puede quebrar si no acertó con sus inversiones. Para achicar las chances de que esto pueda ocurrir, lo más sabio para este Fondo como para cualquier otro, sería asociarse a uno de los pulpos principales. ¿Cómo lo salvaría, el programa de transición y la escala de salarios, si estamos en un período de prosperidad y no de crisis? Aún cuando hubiera un único Fondo de Pensión sufriría igual la competencia de otros grupos financieros que buscarían arruinarlo depreciando o desvalorizando sus inversiones. Tal Fondo no podría reclamar ninguna garantía al Estado, salvo la que reclaman otros capitalistas en crisis, lo que termina perjudicando a los consumidores. Los aportistas perderían su fondo acumulado al ser víctimas de una estafa aún peor, mucho peor, que la que hoy hace el Estado, ya que una desvalorización que resulta de una mala decisión económica, no tiene responsables ni deja huellas. La preocupación del Pts por resolver los problemas del Fondo privado obrero en un período de crisis, delata hasta qué extremo lo define y lo defiende como un sujeto capitalista. Cómo no podría ser de otro modo. Pero hay cosas más graves aún. En la crisis, el Pts no sólo reclama escala de salarios sino aumento de impuestos. Si se aplicara esto último en caso de quiebra del Fondo en un período de prosperidad, es obvio que terminarían pagando los consumidores, la clase media y los obreros, sin que en esto tenga la culpa el capitalismo, lo que volcaría a ambos contra los fondos obreros privados. Lo mismo ocurriría si el Estado forzara a otros capitalistas a salvar al Fondo, porque una cosa es atacar al capital por una crisis propia del capital, otra cosa es hacerlo para salvar un Fondo privado, aunque sea obrero; la sociedad en su conjunto no admitiría retroceder en su nivel de vida por la impericia capitalista de los obreros. ¿Y la propuesta de la escala de salarios para un período de crisis? El precapitalista Pts cree que con esto arregla el problema porque los mayores aportes jubilatorios, indexados a la inflación, seguirían arrimando fondos a las cajas. Es cierto, pero no salvaría a los fondos ya acumulados, ni a los que se siguen acumulando con la escala móvil. Si en las hiper alfonsino-menemianas se hubieran aumentado los salarios y los aportes al 200% mensual de la inflación, ello no hubiera eliminado el descomunal vaciamiento de los fondos ya existentes en las Cajas por obra de la inflación. Pero si la indexación fuera la solución, los bancos podrían reclamar que el Estado garantizace lo mismo con los nuevos depósitos y los industriales con los nuevos créditos que solicitan a los bancos; en una palabra, que el Estado emita dinero a la par de la inflación. El Pts se limita, con su propuesta, a repetir, no el programa de transición, sino las imbecilidades del presidente del Reichbank alemán, de 1921-24, que pretendió asegurar el equilibrio económico con la instalación de impresoras de billetes en todos los puntos del país. Claro que ese presidente trabajaba para los exportadores alemanes. Definitivamente, el Pts se ha metido en un atolladero sin salida. Su plan de salvataje de un Fondo privado mediante la indexación de los aportes, generalizada al conjunto de la economía en un período de crisis, significa una pretensión de suprimir las crisis capitalistas en general mediante un aumento inflacionario del consumo. Boris Manes El “programa” del Pts lo está tratando de ejecutar un amigo insospechado del Pts, don Boris Yeltsin, asesorado claro por el FMI. Ha transformado a todos los rusos en accionistas de las empresas del país, mediante la entrega casi gratuita de certificados que habilitan a la compra de acciones de las empresas estatales. La política jubilatoria del Pts recibirá ahora el aporte de una experiencia en gran escala. El viejo estado burocrático estafó a los obreros, Lenin y Trotsky introdujeron el papel mojado de la nacionalización de la propiedad, los rusos la están pasando peor que los jubilados del Congreso. Si la Constitución soviética decía que la propiedad es de todo el pueblo, ¡que se la den al pueblo, entonces! Acciones para todo el mundo, fuera las sucias manos del Estado burocrático contrarrevolucionario que estafó a los rusos para llevarse la plata al exterior. Des-estaticemos; propiedad pluralista de todo el pueblo; que los trabajadores decidan democráticamente si quieren asociarse con la Dow Chemical norteamericana, con la Imperial Chemical inglesa o con la Hoescht alemana. Abajo los falsos trotskistas del PO de Rusia, avergoncémonos de los planteos de los Altamirovichs de Moscú. En fin...

1 de abril de 1993
Brunelli, secretario general
Corresponsal

¿Qué se puede esperar del nuevo secretario general de la CGT? Brunelli fue un artífice de la “privatización” (confiscación) de Somisa, beneficiándose, además, con el control de las acciones que corresponden al llamado programa de privatización participada. La UOM, a la cual pertenece, no quiso en ningún momento quedarse con la secretaría general, alegando que era necesaria la continuidad de Lescano para el mantenimiento de la unidad con los burócratas incondicionales a Menem. La titularidad de la CGT le cayó a la burocracia de Lorenzo Miguel como peludo de regalo, debido a que Lescano reconoció que carecía de política para imponer los reclamos de la burocracia en cuestiones como la desregulación de las obras sociales y los convenios de trabajo. Metida en la creación de un Fondo de Pensión, en sociedad con algunos bancos, y dispuesta a aprovechar la integración de las obras sociales al sistema privado de medicina prepaga, las burocracias de Luz y Fuerza y de Comercio (Cavalieri) no podían decidirse a hacer un paro de 36 horas para reclamar por los otros puntos en litigio. Para que Brunelli-Miguel puedan hacer efectiva la promesa de que impulsarían un Comité Central Confederal para declarar un paro de 36 horas, antes deberán clarificar su estrategia política. En sus términos actuales, la promesa no pasa de ser un saludo a la bandera, como lo han sido todos los planes de lucha de la UOM, en los tres últimos años, que no lograron el más mínimo aumento salarial. Hay indicios, sin embargo, de que Lorenzo Miguel está buscando concretar un cambio de frente, negociando para que el CTA se reincorpore a la CGT y al CCC, y de que también está gestionando un acuerdo político con Bordón en base a la defensa de la “industrialización”, es decir, de los pulpos exportadores (devaluación del peso). Los límites de estas iniciativas son evidentes. El CTA no puede simplemente disolverse en función de una política imprecisa y oscilante del miguelismo; Bordón puede estar anudando alianzas con Techint, el Citibank y Zorraquín, pero no para hacer un paro de 36 horas. Todo indica que la burocracia miguelista ha salido de un pantano para meterse en otro. Desde el punto de vista de la clase obrera, las cosas son, sin embargo, claras. La dirección de la CGT ha pasado a manos de los opositores al gobierno, no por iniciativa de éstos sino por la quiebra de los oficialistas. La política de la burocracia no va más, ni tampoco la unidad para defender sus intereses de casta. El gobierno no tiene condiciones para seguir sosteniendo las prebendas de la burocracia como en el pasado, porque su propio plan económico está en cuestión, lo mismo que la continuidad del menemismo. Las candidaturas de Bordón, Duhalde, Palito no han surgido porque sí. Del mismo modo, el gobierno no ha podido evitar las luchas de los trabajadores, que vienen creciendo desde mayo del año pasado, ni la acentuación de la oposición popular a su política. Estas condiciones son propicias para reclamar la Unidad de Acción de las organizaciones obreras; concretamente, que la CGT y el CTA organicen un paro activo de 36 horas en función de las reivindicaciones, no de las patronales en crisis, sino de las masas. Salario mínimo de mil pesos. Defensa de las obras sociales. No a la “jubilación privada”. Vigencia de los convenios colectivos de trabajo. Convocatoria de paritarias. Atención a los reclamos de la salud y de la educación, cesando el pago de la deuda externa y de la usura en general.

1 de abril de 1993
Victoria de los mineros de la Peabody
Corresponsal

Después de un mes de huelga (Ver Prensa Obrera Nº 384 y 385) —con piquetes en las puertas, manifestaciones y un sólido respaldo popular en las zonas mineras— los trabajadores de la Peabody obtuvieron una significativa victoria. Apenas un día después de que el sindicato minero extendió la huelga a los 1.700 mineros de otras cinco empresas en todo el país, la patronal de la Peabody —la mayor compañía carbonífera de los Estados Unidos— y la cámara acordaron poner en conocimiento de los negociadores sindicales la totalidad de sus empresas mineras y abrir las discusiones sobre la contratación de trabajadores sindicalizados en las minas no sindicalizadas. Precisamente, la huelga había comenzado el 1º de febrero contra la práctica patronal de poner las nuevas minas bajo la administración de compañías “fantasmas”, no afiliadas a la cámara patronal, con la finalidad de desconocer el contrato firmado entre ésta y el sindicato minero. Los 7.000 mineros de la Peaboby han ganado una durísima batalla. “La Cámara patronal pestañeó primero”; “Parece que ganamos el primer round”, comentaban los trabajadores (The Militant, 19/3). La patronal se había jugado a muerte para derrotarlos: contrató empresas especializadas en el trabajo de romper huelgas; recurrió a la TV, a la prensa y hasta a la Guardia Nacional. Los mineros se enfrentaron a auténticos “pesos pesados” de la burguesía norteamericana: en la cámara patronal del carbón figuran pulpos de las dimensiones de la Du Pont, el mayor pulpo mundial de la industria química, y la General Dynamics, el mayor proveedor de armas del Pentágono. La lucha está en sus inicios; ahora deberá comenzar la renegociación del contrato colectivo, al cual las patronales pretenden imponer un recorte sustancial en las conquistas de salud de los mineros. Con la apertura de las negociaciones, “hay (todavía) un largo camino por delante para decir que lo peor ha pasado”, declaró un analista de la Shearson Lehman Brothers al “The Wall Street Journal”.

1 de abril de 1993
"Los muertos que vos matáis gozan.."

Marzo de 1993 Estamos vivos: Los maestros, los empleados públicos, los jubilados, los profesionales, las amas de casa, los periodistas estamos vivos. Quizás heridos, pero no muertos. Sin saber, a lo mejor, por ahora cuál es el camino hacia el triunfo. Pero a no equivocarnos (¡no se equivoquen!) sabemos que el objetivo es el socialismo. Nuestras necesidades son cada vez mayores, muchas más que algunos ex-izquierdistas escépticos convertidos al existencialismo más barato. Justicia, igualdad, revolución siempre tuvieron sus enterradores, desde los enemigos de siempre a los izquierdistas y ex izquierdistas que perdieron la brújula en el medio del mar y que ahogándose ¡por suerte! quieren ahogar a otros para salvarse o justificarse. Son los idiotas útiles del sistema que habla del “Fin de las Ideologías”. Nada inventaron, son el pasado mismo de la historia, portavoces de la reacción. Por cada escéptico hay muchos recuerdos de desaparecidos, de marginados pidiendo justicia, de mujeres superexplotadas, de niños hambrientos a quienes la tecnología del escepticismo no los hace resignarse, ni sentirse impotentes. Sí, porque existe una tecnología del escepticismo, una herramienta vital del capitalismo. Cuando esta tecnología fracasa aparece el “Fin de las Ideologías” desde la clase dominante que mirando la lucha de los trabajadores observa la posibilidad del Fin de su Propia Ideología: la burguesa. Somos, los trabajadores la fuerza social —la única— apta para crear una nueva sociedad. La poesía, la música, la belleza, la pasión, están vigentes e inacabados; así también la revolución. Cerca o lejos con el sacrificio diario por sobrevivir seguiremos con el paso firme y los arrepentidos a la rastra hacia el objetivo: EL SOCIALISMO.

1 de abril de 1993
“Sin Naldo Brunelli no hubiera podido privatizar Somisa con tranquilidad” (María Julia Alsogaray)
Corresponsal

Periodista: ¿Qué opina de Naldo Brunelli, con quien compartió el proceso de privatización de Somisa y quien ya es secretario general de una CGT confrontativa? María Julia Alsogaray: “Es un hombre muy inteligente, con el cual se pueden hacer acuerdos porque siempre cumple. No dice ni que sí ni que no. Toma las decisiones sopesadas. Les cuento una anécdota bastante graciosa. Ya estábamos transfiriendo la empresa y me llama y me dice: ‘Necesito que me otorguen, para la sociedad propietaria de las acciones, el chalet principal de planta para poner ahí la sede de la empresa gestora’. “Yo le dije: ‘Brunelli, ¿para qué quiere el chalet para una sociedad gestora, si con una oficina en San Nicolás basta y sobra?’. Contestó que no, que tenía un valor simbólico porque cuando era muy joven y muy combativo reclamaba que ahí se pusiera una guardería. ‘Cómo habrán cambiado los tiempos —apuntó Brunelli— que ahora quiero que se ponga una empresa’. “Le señalé entonces que cómo habrán cambiado los tiempos que yo creía que sería mejor poner una guardería. Tengo un profundo respeto por Brunelli. La privatización de Somisa no se hubiera podido hacer con tranquilidad y seguridad para los empleados sin su participación.” (De un reportaje a María Julia Alsogaray publicado por El Diario de Río Negro, 31/3/93). Lorenzo Miguel, el padrino de Brunelli, en la celebración de su cumpleaños, dijo que estaba por la Argentina de Evita y no de María Julia (Clarín, 31/3).

1 de abril de 1993
¿Hay un ascenso obrero en Europa?
Corresponsal

En las últimas semanas, desde Prensa Obrera hemos venido informando acerca de las luchas que están protagonizando diferentes sectores de trabajadores en Europa. La huelga en la empresa Timex contra la pretensión patronal de despedir a una parte de los trabajadores para reemplazarlos por otros de menores salarios, provocó un interesante editorial del “Financial Times ” (24/3), preocupado por los choques que se produjeron entre los piquetes de huelga y la policía. Aunque “la violencia en los piquetes de la Timex y la erupción de huelgas y de amenazas de huelgas en los ferrocarriles, en la industria minera y en la Ford huele a una anticuada demostración de militancia sindicalista británica”, para el “Financial Times” “las apariencias engañan... en esto no hay una señal de un ascenso general de las acciones huelguísticas... todas esas acciones son defensivas relativas a la seguridad del empleo más que por salarios, y todas, excepto la de Timex, son limitadas en duración, diseñadas primariamente para obtener un punto de atención para campañas en los medios de prensa”. Si bien la separación que hace el “Financial Times” entre las huelgas “defensivas” y las otras sea artificial, o por lo menos cuestionable, lo que realmente produce interés es la conclusión de que no hay “un ascenso ”, que no habría, ni como tendencia, un movimiento general. Sin embargo, plantearse el problema ya significa negar esa conclusión, condenarla por unilateral. Más aún, cuando, para el diario, la huelga en cuestión ilustraría los defectos de la “legislación laboral” británica, una consideración muy tonta frente a la enormidad de la crisis económica y política en ese país. En las próximas semanas y meses, las masas darán su veredicto sobre el alcance que tienen las luchas que se están desarrollando en Alemania, Italia y Gran Bretaña.

1 de abril de 1993
La UCR apoya un decretazo
Corresponsal

Juan Manuel Moure no sólo es diputado radical. Por sobre todo “lidera” la oposición parlamentaria al proyecto oficial de “jubilación privada”. Integra además la Comisión de Consulta, junto al CTA, el Frente del Sur, y el Mst, etc. Representa, por lo tanto, lo más “avanzado” que tiene el radicalismo en contra del proyecto menemista. Juan Manuel Moure fue consultado por el diario El Cronista sobre la versión de que Menem sancionaría un decreto que elevaría la edad mínima para jubilarse a los 65 años y modificaría el cálculo del haber jubilatorio. “Sería una buena medida” —dijo Moure— porque le daría un “cierto alivio al actual sistema previsional y podríamos iniciar un profundo debate sobre el futuro régimen”. Moure apoya de este modo, la política de gobernar por decreto, y más precisamente cuando Menem se apresta a sancionar por decreto la reforma previsional, y cuando usa este ultimátum para chantajear al Congreso. Que el decreto “sería una buena medida”, aun bajo ciertas condiciones, no es otra cosa que un aval al decreto de jubilación privada. La posición de Moure es otra manifestación más de la capitulación de la UCR ante Menem y de los lazos que unen a la UCR con los banqueros interesados en la “reforma”. Para Moure elevar la edad jubilatoria y rebajar los haberes jubilatorios son también “cuestiones de Estado”, de “necesidad y urgencia”, pasibles de decreto.

1 de abril de 1993
El interés de “euromoney” por Cuba
Corresponsal

“Euromoney” es una revista londinense cuyo público está definido por su propio título: los grandes banqueros y capitalistas internacionales.“Euromoney” organizó a mediados del año pasado un “seminario sobre oportunidades de inversión en Cuba” para que los funcionarios del gobierno cubano se explayaran ante los principales pulpos sobre las “facilidades” que la reforma constitucional (entonces en estado de proyecto) otorgaba a los inversores externos. En el seminario participó más de un centenar de “hombre de negocios” , pero el 75% de los asistentes representaba a compañías norteamericanas —desde grandes pulpos como Phillips Morris, Kodak o Procter & Gamble hasta pequeñas y medianas empresas. Ahora, ya promulgada la reforma constitucional, “Euromoney” se apresta a organizar un segundo seminario que —según informa Granma Internacional (28/2/93)— “será mayor que el del año pasado” y en el que “se han inscripto ya varias importantes transnacionales”. Lo más interesante del nuevo seminario es que “se está haciendo en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo” (ídem), una agencia del capital financiero norteamericano. Es que ya sancionada la reforma constitucional, el Estado cubano tiene los instrumentos para “promover en las palabras de “Le Monde Diplomatique” (febrero de 1993) una nueva política económica, asegurando la protección jurídica de los inversores extranjeros, garantizar los beneficios del capital venga de donde venga y establecer reglas claras sobre el derecho de propiedad”. De acuerdo a esta caracterización, la reforma constitucional cubana ha logrado resolver lo que hasta ahora no pudieron ni Gorbachov ni Yeltsin, reputados, sin embargo como infinitamente más procapitalistas que Castro. Pero “Euromoney” no sólo organiza seminarios. Uno de sus participantes, Mario Baeza —un abogado de Wall Street, especializado en la privatización de empresas públicas en América Latina— fue el primer designado por Clinton para ocupar el puesto más importante de la cancillería norteamericana respecto de América Latina. Aunque Clinton debió retirar la nominación de Baeza por la presión de la Fundación Cubano-Americana del gusano Mas Canosa, “influyentes intereses empresarios y fuerzas dentro del gobierno de Clinton, incluyendo al secretario de Comercio Ron Brown, estaban empujando por la nominación de Baeza”, informaba The Militant (26/2). Como todos estos “influyentes intereses”, Baeza un cubano-norteamericano negro, es un férreo opositor a la “Ley Torricelli”, promulgada el año pasado, que sanciona a los países que comercien con Cuba y prohíbe a las subsidiarias norteamericanas fuera de Estados Unidos comerciar con la isla. Para un sector del imperialismo, el mercado cubano sería, además del mayor de todo el Caribe, una vía “natural” para la expansión del capital norteamericano. Para otros sectores podría ser una vía de entrada al mercado norteamericano ... cuando se normalicen las relaciones políticas: así lo entienden las empresas japonesas (The Militant, 26/2) y hasta rusas (Le Monde Diplomatique, febrero de 1993) que se están radicando en Cuba en asociación con capitales europeos. La importancia que “Euromoney” dedica a la isla revela el extremo vigor de la tendencia a la restauraración capitalista en Cuba y el apoyo que recibe del Estado.

1 de abril de 1993
Acto en Mar del Plata

Más de 100 personas se congregaron el miércoles 24 en Peatonal y San Luis, en pleno centro de Mar del Plata, en el acto convocado por el PO, contra la destrucción del sistema jubilatorio. El intento del gobierno de aprobar el proyecto de jubilación privada ese mismo día, convirtió al desfalco jubilatorio en tema del día en la ciudad y tuvo mucho que ver con el eco que logró la iniciativa del partido. Christian Rath desmenuzó las características del régimen que se pretende imponer y denunció la parálisis de la Comisión de Consulta Popular, justo cuando el proyecto de ley pasa por su peor crisis en el Congreso. El PO le había propuesto al Mst y al Mas organizar este acto en común, sin otra respuesta que dar largas al asunto. La iniciativa, sin embargo, permitió el acercamiento de compañeros de izquierda. Se hizo presente la Coordinadora de Jubilados. Como colofón, hubo una muy buena repercusión en los medios de comunicación y la regional duplicó la colocación de la prensa.

1 de abril de 1993
Qué pasaría si se levanta el embargo

Cuba sufre desde hace treinta años el bloqueo económico y la agresión de todo orden del imperialismo norteamericano y mundial —incluídos los “amigos” de Cuba. Este ataque sin precedentes por su duración es la causa fundamental de las distorsiones del desarrollo económico de Cuba y de sus carencias sociales, independientemente de que tanto en uno u otro terreno haya sido un ejemplo a envidiar si se la compara con el resto de los países de América Latina. ¿Pero qué significaría concretamente hoy una anulación de ese embargo o bloqueo? ¿Qué alcances tendría? ¿Serviría, por ejemplo, para asegurar un desarrollo libre, armónico y progresista de la sociedad cubana? El levantamiento del bloqueo pondría en evidencia con toda nitidez que Cuba tiene una deuda externa de 6.000 millones de dólares con la banca internacional, que no está pagando ni tiene condiciones de pagar; que su comercio exterior es estructuralmente deficitario; y que sus reservas metálicas o de divisas son mínimas. Es posible apostar con completa seguridad que las negociaciones internacionales para terminar con el bloqueo, que de una u otra manera nunca cesaron, pasan hoy en día por estos temas, en primer lugar la “renegociación” de la deuda externa, es decir un “plan Brady”, y consecuentemente por un plan de reestructuración económico, es decir de penetración del capital extranjero. El gobierno cubano ha efectuado una reforma constitucional entre cuatro paredes, precisamente para otorgar las garantías reclamadas por sus “interlocutores” y ratificar la política de acuerdo en gran escala con el capital internacional que viene llevando adelante hace varios años. Para que el cese del bloqueo sea un arma de lucha y no una cortina de humo que sirva para ocultar la implantación de un semicolonialismo económico, debe ser sacado de los marcos de la diplomacia oficial del castrismo, que se limita, repetimos, a encuadrarlo en las negociaciones financieras con el capital internacional. La cuestión esencial consiste en recuperar para el pueblo cubano la libertad para disentir con la política oficial, es decir para hacer oir su voz en las negociaciones que se llevan a cabo y para decidir en consecuencia. Los trabajadores cubanos necesitan libertad para organizarse contra los atropellos de la burocracia y contra los de los capitalistas que invaden la isla, y para decir y decidir por qué canales debe organizarse la economía empantanada en virtud del fracaso de las políticas pasadas del mismo elenco gobernante actual. Hay muchos “izquierdistas” en América Latina que usan la consigna contra el bloqueo para absolver su conciencia moral, con las mismas características con que protestaron contra los “contras” en Nicaragua —es decir defendiendo con uñas y dientes la política de capitulación del sandinismo ante la burguesía y el imperialismo. Hay que luchar por la independencia de Cuba con los ojos todos abiertos: denunciando las limitaciones de la política oficial, su carácter burocrático y la inevitabilidad de que, a corto o mediano plazo, se transforme en el principal enterrador de la Revolución Cubana.

1 de abril de 1993
Defendamos el convenio colectivo y la elección de los paritarios

El decreto 470 tiene la finalidad de destruir los convenios colectivos de trabajo, al establecer un convenio “marco” que marcaría el “piso” para los salarios y las condiciones generales de trabajo de la industria y otro “particular” para las empresas —y hasta las secciones. En concreto, el piso salarial de un sindicato sería el establecido por el de la empresa que paga menos, lo cual implica que los trabajadores dejan de tener salarios “básicos” para pasar a cobrar “salarios mínimos vitales”, es decir, de subsistencia. Lo que se pretende con estos últimos es acentuar la explotación del trabajo obrero por encima del convenio general y establecer criterios de diferenciación salarial unidos al incremento de los ritmos de trabajo. No casualmente el Ministro y las patronales mantienen los criterios de “productividad” para intercambiar migajas salariales por cláusulas de superexplotación. Semejante cambio significa también la descalificación profesional del trabajador en general, ya que su salario deja de ser establecido según su capacidad laboral, para pasar a serlo en términos de sobrevivencia física. Pero en la versión finalmente conocida del decreto aparece una vuelta más del torniquete, esto porque establece que el acuerdo por empresa es “oponible a cualquier otra disposición vigente de carácter general”. Esto quiere decir que los llamados “convenios marco” pasan a ser una referencia simbólica que pueden ser avasallados. El decreto 470 faculta al Ministerio a tomar la iniciativa para “la apertura de un nivel menor de negociación”, lo que significa que no sólo tendremos aportes previsionales forzosos sino también convenios de trabajo impuestos en el marco en que lo desea la patronal. Se pretende a toda costa imponer el contrato individual que conduce a trabajo a destajo. El decreto autoriza también a que el salario y las condiciones de trabajo puedan “ser modificados, aumentado, suprimido o establecido por única vez, según el ritmo de la actividad económica del establecimiento... ”. Ya destruído el “convenio marco”, que servía de piso para el hambre, el decreto también permite destruir el convenio por empresa. Es natural entonces que el decreto signifique para muchos la virtual destrucción del derecho laboral. En realidad habría que ir más lejos, ya que el decreto autoriza a desconocer los contratos entre las partes, si ello lo hace la patronal, es decir que destruye el derecho en general y, peor, establece un régimen de despotismo y arbitrariedad. El obrero, por ejemplo, no está autorizado nunca, ni por “única vez” en caso de hiperinflación, a imponer la modificación de las cláusulas que se hubieran pactado. Lo que le importa al autor del decreto es la “actividad económica” del establecimiento, pero para nada la salud mental y física del trabajador o su progreso espiritual. ¡Y todavía! ¿Por qué el decreto no establece que se abran los libros de las empresas para que todos, y no la pandilla de patrones explotadores y coimeros, podamos establecer cual es “marcha de la actividad económica del establecimiento”? ¿Qué dicen los dirigentes? El objetivo es atomizar a los trabajadores frente a los patrones. Uno de los gerentes del Banco Shaw explicó que el propósito de este decreto es poder llevar la “negociación” al nivel más bajo posible de la empresa, es decir al nivel individual. El decreto enfrenta al conjunto de la clase obrera con una situación muy especial, porque desde hace muchos años las direcciones sindicales están entregando el principio del convenio colectivo en la práctica. El decreto 470 fue “consensuado” con la burocracia de la CGT —todas las fracciones sin excepción. Lorenzo Miguel tiene dividido el convenio de la UOM en varias ramas, admitiendo firmar, por ejemplo, en la automotriz, sin haberlo logrado en las restantes, algo que se arrastra ya durante 3 años. Todos los sectores burocráticos se adaptaron al “plan Cavallo” y a sus aumentos por “productividad”, dando vía libre a los acuerdos de fábrica y al congelamiento de los convenios. El decreto “institucionaliza” la traición de la burocracia. La defensa del convenio colectivo y su negociación a cargo de delegados elegidos en asambleas, es imprescindible. La lucha por el aumento de los salarios y por poner un freno a la intensificación del ritmo de trabajo, nunca podrá ser completa ni consecuente, ni realmente viable sin el reclamo simultáneo del convenio colectivo y los paritarios electos. Ninguna picardía puede sustituir a la acción colectiva de los obreros, ni tampoco puede lograrlo una situación particular ventajosa que también será transitoria y precaria. ¿Qué iniciativas se pueden adoptar en esta dirección? Hay una que se cae de madura: que las comisiones internas y los cuerpos de delegados reclamen colectivamente al sindicato la defensa del convenio colectivo y de los paritarios electos, desconociendo el decreto 470. ¿Por qué las comisiones internas y los cuerpos de delegados? Porque sobre ellas recae la presión fundamental del decreto; porque deben dar una salida al reclamo de las bases, porque el decreto pretende sustituirlas por la burocracia del sindicato en las negociaciones con las patronales. Las diferencias en las modalidades de trabajo entre las distintas ramas de una industria y aún entre las empresas, deben discutirse dentro del convenio colectivo, no debe ser el pretexto para destruir la fuerza de la clase obrera, que sólo existe cuando es precisamente colectiva. Ahora que los burócratas de la CGT plantean un “cambio de perfil”, como lo llaman, con la designación de Brunelli como su secretario general, resulta necesario plantear el desconocimiento del decreto 470, la vigencia del convenio colectivo y los paritarios electos. Sin esta política, el “cambio de perfil” servirá para distraer a los trabajadores de sus objetivos y mantener los de Cavallo y la burocracia. Reclamemos a la dirección cegetista que el “cambio de perfil” consista en tirar abajo el decreto y en arrancar un salario mínimo de mil pesos —igual a los 2/3 del costo de una canasta familiar.

1 de abril de 1993
¿A quién sirvieron las "elecciones directas"?

"Un milagro político”. Con estas palabras definió el propio Fidel Castro el resultado de las elecciones parlamentarias cubanas de fines de febrero. Cuando, según las cifras oficiales, el 99,6% de la población concurrió a “confirmar” con su voto a los 589 candidatos designados para ocupar las 589 bancas de la Asamblea del Poder Popular. Los votos en blanco y nulos —cifras oficiales— superaron el 7%. Según “The Economist”, un 4% habría votado sólo por uno de los candidatos y no por la “lista completa” como pedía el gobierno. “En La Habana ... un 14,3% anuló el voto. En algunos lugares de votación en la capital, periodistas extranjeros que fueron autorizados a inspeccionar el recuento, reportaron que estos votos ‘opositores’ rondaron el 20%” (The Economist, 6/3). Las elecciones sólo han servido como un grosero sondeo de la opinión pública cubana, sin la menor posibilidad de que ésta pudiera expresar sus propios puntos de vista sobre la situación del país y sobre la política del gobierno. Para el gobierno cubano las elecciones“perfeccionaron la democracia”. ¿Pero de qué elecciones democráticas se habla cuando los candidatos fueron designados con anterioridad por “comisiones” de organizaciones estatizadas a cuya cabeza se encontraba un representante de la super-regimentada Central de Trabajadores de Cuba? Las masas carecen, en Cuba, de la libertad para organizarse independientemente del Estado y para deliberar políticamente. Las recientes elecciones reforzaron esta situación opresiva. En la propia campaña electoral, los candidatos no reclamaban el voto en nombre de plataformas políticas; se limitaron a hacerlo invocando “virtudes” y “antecedentes” individuales. Legalmente los votantes tenían la “opción” de apoyar a todos, a alguno o a ninguno de los candidatos. ¡Pero en el curso de la campaña electoral, el mismo régimen le reclamó a los electores que renunciaran a este mínimo derecho político y que votaran a todos por igual! ¿Qué mandato dieron las elecciones? Los dirigentes cubanos han señalado que el resultado de las elecciones constituye un “respaldo” a su política ... pero cuál es esta política, si estos mismos dirigentes afirman que su política está fracasando, no importa el “respaldo” con que cuenten. En noviembre de 1992, Carlos Lage, miembro del buró político, “estimaba que ‘1993 corre el riesgo de ser tan difícil si no más que 1992’ y afirmaba que ‘nadie está en condiciones de decir cuánto tiempo puede durar el período especial’... En lo que concierne a las dos prioridades fundamentales del momento, la alimentación y la energía, Carlos Lage es lacónico: ‘los resultados del plan alimentario no corresponden ni a las expectativas ni a las necesidades’. Las importaciones de leche en polvo permiten apenas cubrir las necesidades de niños de cero a siete años a condición de que la distribución se haga regularmente, lo que no siempre es el caso. De cinco huevos por semana se ha pasado a cuatro. ‘La cuenta regresiva ha comenzado’, se lamentan los cubanos ... (Por otra parte), diplomáticos occidentales estiman que el 80% de la capacidad instalada está actualmente paralizada por falta de combustible” (Le Monde Diplomatique, febrero de 1993). Las elecciones parlamentarias son parte de una política de conjunto votada en el IVº Congreso del PC cubano del año pasado. El punto de partida de esta política ha sido la reforma constitucional, “decidida por el IVº Congreso y aprobada por la Asamblea nacional popular en julio de 1992, tendiente a promover una nueva política económica, asegurar la protección jurídica de los inversores extranjeros, garantizar los beneficios ofrecidos al capital venga de donde venga y establecer reglas claras sobre el derecho de propiedad (el estado cubano, anteriormente propietario de ‘todos los medios de producción’ ahora no tiene a su disposición más que los medios de producción calificados como ‘fundamentales’; es reconocida la constitución de empresas mixtas y de asociaciones económicas y ha sido ablandado el monopolio del Estado del comercio exterior”) (ídem). Mientras tanto al pueblo se le dice que la política oficial es “la defensa de la patria, de la revolución y del socialismo”. Estas garantías constitucionales eran necesarias para “consolidar” un conjunto de leyes al amparo de las cuales se produjo una verdadera avalancha de inversiones externas en Cuba: en los últimos años se radicaron más de 60 multinacionales en la isla, principalmente europeas y japonesas. Sus actividades van desde el turismo a la biotecnología y la prospección petrolera. El carácter restauracionista de esta política se hace evidente cuando los altos funcionarios cubanos, Fidel Castro en primer lugar, elogian los “éxitos” del “modelo chino”, que consiste en la penetración más fabulosa del capital imperialista en un Estado obrero de que se tenga noticias. (Digamos de paso que el trámite de la aprobación de esta decisiva enmienda constitucional —sin debate político ni pronunciamiento del pueblo; votada por un Congreso que deliberó a puertas cerradas— viene a confirmar la absoluta ausencia de libertades democráticas). El mismo Congreso del PC que votó las “garantías al capital externo”, propuso la sustitución del sistema electoral indirecto. La adopción del voto directo “no fue un reclamo de la población” (Fidel Castro, en Propuesta, 4/3) sino una concesión al “imperialismo democrático”, que viene reclamando desde hace años “elecciones libres” y es un primer paso en este camino. La cuestión electoral se convirtió casi inmediatamnente en motivo de una enorme crisis política cundo en octubre del año pasado fue “renunciado” Carlos Aldana, el dirigente de mayor responsabilidad después de los hermanos Castro, poco después de afirmar que cualquier cubano podría presentarse como candidato. A la luz de la estrategia de conjunto de la dirección cubana, aparece claro que el papel político que jugará el nuevo parlamento es promover y garantizar las concesiones políticas y económicas al capital externo. La votación plebiscitaria del 24 de febrero habilita a Castro a emprender una negociación política con el imperialismo en la medida en que, frente a la burguesía mundial, ha demostrado ser el único “interlocutor válido” en la isla. Inmediatamente después de las elecciones, Fidel Castro llegó a decir que “si los Estados Unidos levantan el embargo... está dispuesto a ‘negociar’ su alejamiento del poder” (entrevista a la cadena norteamericana ABC, reproducida por La Prensa, 7/3). Que esto no fue una mera declaración lo revela un cable de Ansa desde La Habana en el que se informaba, antes de que Castro fuera reelegido presidente, que “la comisión nacional para las candidaturas está efectuando una serie de consultas entre las organizaciones de masas y los 589 diputados ... para elegir al sucesor de Castro ... La declaración fue leída por los observadores como una posibilidad de que el cargo de jefe de gobierno sea confiado al actual secretario del Consejo de Ministros” (La Nación, 10/3). En ocasión del Encuentro de Managua del Foro de San Pablo, una ponencia votada por la delegación del PC cubano reclamaba “la reinserción de Cuba en la OEA”. La política del imperialismo Poco antes de las elecciones cubanas, Clinton nominó como candidato a ocupar la secretaria adjunta de Asuntos Latinoamericanos a un negro de origen cubano, Mario Baeza, un abogado de Wall Street especializado en la privatización de empresas públicas latinoamericanas y participante del simposio de “Euromoney” sobre “oportunidades de inversión en Cuba” (ver aparte). Su nominación fue respaldada por amplios círculos capitalistas e incluso por sectores de la “emigración” de Miami. Aunque Clinton debió desistir de la nominación por la presión de la gusana Fundación Cubano-Americana dirigida por Mas Canosa, el “gesto político” hacia el gobierno cubano es evidente. El castrista The Militant (26/2) informa que varios miembros del “Inter-American Dialogue”, un centro de estudios de Washington que “argumenta fuertemente a favor de una reducción parcial del embargo”, son ahora miembros del gabinete de Clinton, entre ellos Warren Christopher, canciller, y Bruce Babbit, secretario de Interior. Son evidentes las tendencias de la burguesía norteamericana a integrar, política y económicamente, a Cuba. La “Ley Torricelli”, que sanciona a los países que comercien con Cuba y prohíbe el comercio con la isla de las subsidiarias norteamericanas en el exterior, fue violentamente atacada por un conjunto de grandes pulpos capitalistas porque, argumentan, “le niega a los Estados Unidos un mercado comercial de 11 millones de consumidores que otras naciones están explotando” (The Militant, 26/2). El mismo diario constata “la existencia de una creciente disputa en la clase dominante norteamericana acerca del embargo”, en el cual “prominentes conservadores” se han pronunciado por una reducción, parcial o total. Que en la segunda conferencia de “Euromoney” —convocada después de la reforma constitucional y de las elecciones que, según los dirigentes cubanos, “fueron un voto por la revolución y el socialismo”— participe un mayor número de pulpos multinacionales que hace un año atrás, es un enorme voto de confianza del capital mundial a la evolución restauracionista de la dirección cubana. Contradicciones La creciente radicación de capitales externos y la política de concesiones de la dirección cubana va produciendo una creciente diferenciación social. La burocracia, entrelazándose con el capital externo en las “empresas mixtas” y valiéndose del mercado negro va acaparando una parte creciente del ingreso nacional: según la propia Granma Internacional (marzo de 1993), “la magnitud del mercado negro es difícil de cuantificar. Sin embargo, el economista Julio Carranza señaló que en 1990 circularon 2.000 millones de pesos por el mercado negro. Esta cifra se elevó espectacularmente en dos años, situándose en unos 14.000. Esto duplica la circulación oficial minorista que es de sólo unos 7.000 millones”. La conocida Janette Habel, autora de varios trabajos sobre Cuba, se pregunta “¿Cuánto tiempo soportarán los cubanos las contradicciones suscitadas por el desenvolvimiento de islotes capitalistas reservados a los extranjeros mientras que los ‘mercados libres campesinos’ están prohibidos. La coexistencia de dos lógicas económicas —agrega— es más explosiva (porque) las autoridades imponen una estructura de comando monolítico” (Le Monde Diplomatique, febrero de 1993). Las elecciones no han dado —ni hubieran podido hacerlo— una salida a estas tensiones.

1 de abril de 1993
Contra el decreto 470, plena vigencia del convenio único
Corresponsal

“Exigimos que el Congreso (de la Asociación Bancaria) resuelva reclamar un aumento inmediato de salarios para todos los bancarios, planteando la plena vigencia del Convenio único y no como quieren los banqueros discutir el salario ‘escritorio por escritorio’. Para ello exigimos un plan de lucha de todo el gremio y el rechazo del decreto 470 de convenio por empresa. Exigimos también apertura inmediata de paritarias para todo el gremio”. Este pronunciamiento está firmado por nueve congresales de Buenos Aires, y de las comisiones internas del Banco Nación, Boston, Patricios, Tornquist, Chaco, Shaw, Mayo, Deutsche Bank y por delegados y activistas del Banco Río, Provincia de Buenos Aires, Caja de Ahorro, Santa Fe, Córdoba, Hipotecario, Ciudad e ISSB.

1 de abril de 1993
María Soledad

“Te hice caso una vez. Ya no”. Esta determinación de Mava, que protagoniza a la amiga de María Soledad en la vida real, permite descubrir al espectador que tiempo atrás la joven había sido obligada a callar la muerte de una compañera ante el embate de una patota de “niños bien” de Catamarca. Olivera instala así el nudo dramático de su obra: a través de la confrontación entre padres amoldados al feudo saadista, e hijos que responden a otra realidad histórica, hace estallar el conflicto entre el pueblo y el régimen opresor y criminal. El film describe con rapidez, a partir de aquí, cómo la monja Pelloni se convierte en árbitro: ante las amenazas de muerte a los jóvenes llama a los padres a constituirse en “Comisión” para dirigir el movimiento. Las iniciativas de los “hijos” son así “encuadradas” por los mayores. Olivera decribe con precisión las trabas a la investigación y el ocultamiento de pruebas, pero por sobre todo cómo va creciendo la posición específicamente política de la monja y de los padres (“acompañados” ya por conspicuos dirigentes devenidos en “ex”-saadistas), a favor de una intervención a la provincia y de “elecciones limpias”. Este proceso, en el cual los jóvenes no intervienen ni deliberan, termina con el triunfo del Frente Cívico, liderado por el ex funcionario de la dictadura, el radical Castillo y varios “ex”-saadistas. La convocatoria a elecciones aparece como el gran “reencuentro” de padres e hijos, bajo la mirada atenta de la hermana Pelloni. Todos festejan contentos, la “caída” de los Saadi. “Reencuentro” a medias, porque luego del triunfo electoral, la hermana Pelloni plantea abiertamente que hay que suspender las marchas y el padre de Mava, le dice sin vueltas a su hija que se acabó. “¿Qué es lo que querés saber?”, grita, desesperado. “Vos sabés lo que queremos, lo mismo por lo que salimos a luchar”, contesta Mava. La película deja ver que el Frente Cívico bloquea la investigación y deja en libertad a Luque, principal acusado del crimen. Mientras el padre vuelve a enfrentarse nuevamente con su hija, como en el terrible episodio inicial, Olivera describe en una escena muy lograda, cómo la monja Pelloni huye —literalmente— de Catamarca, mientras Mava, símbolo de todos los jóvenes, corre atrás del ómnibus reclamando con la mirada contra ese abandono. La conclusión de la película es que los jvoenes prosiguen la lucha contra un crimen que se perpetúa bajo la forma de otro gobierno “democrático”, para usar las palabras del padre de Mava. Mava retruca que a ella no le importa esa democracia, sino que el crimen sigue impune. La película termina —final abierto— con el telón de fondo de un coro de manifestantes que clama por justicia. El gran mérito de Olivera es que retrata una ruptura política valiéndose del recurso generacional. Esos jóvenes que salieron a la lucha, han sufrido, como las decenas de miles que se movilizaron, una derrota a manos del Frente Cívico, es decir de la burguesía democratizante. Ahora, como señala Mava, hay que ir a un nuevo enfrentamiento. Pero para ello hace falta algo de lo que carecieron desde el principio: un programa político propio de su lucha. Esta tarea, aún incumplida sigue planteada. Este debate no ha logrado entrar aún en las filas de esta juventud heroica de Catamarca. Sería la única forma de evitar una segunda muerte de María Soledad.

1 de abril de 1993
Los trabajadores municipales de Avellaneda se movilizan

El viernes 19, más de 1.500 trabajadores muncipales de Avellaneda se movilizaron desde el sindicato hasta la sede del municipio, en horario de trabajo, para reclamar aumento de salario, entrega de útiles y elementos de trabajo y protestar por las continuas “apretadas” de la patronal, los traslados injustificados, en resumen, la continua violación del Estatuto de Trabajador municipal (convenio). La movilización fue decidida por el plenario de delegados del gremio. Una vez convocada la movilización, el intendente Alvarez y el gabinete muncipal salieron con una “carta abierta a los trabajadores muncipales” donde trataban de convencernos que esto era “una movilización política producto de la interna del PJ y que los trabajadores estamos muy bien, que no hubo despidos y que nos aumentaron el sueldo”. Esto despertó la indignación de los municipales, pues nadie mejor que ellos sabe que la primer medida que tomó el intendente Alvarez en 1992, fue despedir a los contratados, de los cuales fueron reincorporados el 80%, pero 100 quedaron afuera, entre ellos las instrumentadoras del hospital de Wilde; que el sueldo para la categoría inicial es de 170 pesos de básico, más 140 pesos como suma fija (es decir en negro) para todas las categorías por igual, lo cual hace que la media de sueldo de un trabajador municipal sea de 350 pesos de bolsillo. Estos hechos obligan a los compañeros a hacer largas horas extras (cuando los directores de área lo disponen) o a tener dos trabajos. La movilización de los compañeros municipales expresa la recomposición de la base del gremio y su voluntad de lucha para terminar con los sueldos miserables y en negro y porque se respete el convenio. Es necesario preparar un plan de lucha consecuente, con asambleas en las distintas dependencias que preparen una asamblea general del gremio, donde se apruebe un plan de lucha por la defensa del convenio, por que se termine el pago en negro y por un básico, que entendemos no puede ser menor de 450 pesos de básico para la categoría inicial.

1 de abril de 1993
Budge: Dijo ¡¡basta!!

A la continuación de la Avenida General Paz luego de cruzar el Riachuelo se la conoce como Camino Negro. A siete cuadras del Riachuelo se encuentra el Puente Ferroviario sobre la vía del FCGB. A todo lo largo de su construcción (unas 5 cuadras) y separando las 2 manos de tránsito vehicular existe un muro de cemento de 1 m. de alto. En el lugar no hay luz, ni semáforos, ni puente peatonal. Si se pretende ir enfrente hay que dar un rodeo de por lo menos 3 cuadras y cruzar a la carrera el camino negro para evitar ser atropellado. Los más osados cruzan por donde está el muro trepándolo con el consiguiente riesgo de accidentarse. ¡¡Y precisamente esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años!! Las víctimas fatales son innumerables, como así también los pedidos que los vecinos que han realizado ante las autoridades correspondientes. El 18 de marzo se terminó la paciencia de los vecinos (Budge y Fiorito), y desde el jueves (el día anterior había muerto un chico de 10 años atropellado en una colectora del camino negro), comenzaron los cortes de ruta, con quema de neumáticos y bloqueando los accesos laterales al puente. Esta enérgica acción de los compañeros no sólo hizo temblar los cimientos del puente sino también el Municipio. El pedido es simple: “Semáforos y puentes peatonales”; “Que venga el intendente”. La firmeza del reclamo y la voluntad de ganar la calle tuvieron que soportar la represión. El martes 23 los manifestantes se enfrentraron con la policía de la provincia en una batalla donde hubo piedras, palos, gases y detenidos (luego liberados). El 24 se volvió a cortar la ruta. El 25 y 26 comienzan a actuar más a fondo los “mediadores” con el municipio (“punteros y Suteba”) y le plantean a los vecinos que el 30/3 el intendente va a venir a Budge para explicar el proyecto de puente que se iría a construir. Ante esto se planificó para el 29 una asamblea al costado del puente para elaborar un petitorio con los reclamos del barrio, para ser presentado a Távano (intendente) el 30 de marzo. Evidentemente está en marcha un operativo destinado a desmontar la movilización. Pero también es muy claro que esa misma acción ha dado sus resultados: los que se hacían los distraídos tienen ahora que “bajar” a Budge a dar explicaciones. Este es el fruto de la lucha de estos días. Es el momento de plantear las necesidades postergadas del barrio y principalmente batallar para agrupar a los vecinos en una organización independiente de los punteros y del municipio. Tenemos que transformar la reunión del 30 en una gran asamblea, donde se le coloque plazo fijo a la concreción de la obra.