Prensa Obrera N° 387

El martes 6 de abril el rector Oscar Shuberoff “prometió revisar excesos en los aranceles” cobrados en la Universidad de Buenos Aires (Clarín, 7/4). El rector de la UCR mostó así la impronta menemista que marca la política universitaria del radicalismo, al admitir que ha eliminado la gratuidad de la educación superior. Ahora, para recursar una materia habrá que pagar 8 pesos, 30 la tercera vez y 50 de ahí en más. Valores similares rigen para gestionar libretas universitarias, certificados de alumno regular, diplomas, etc. Política reaccionaria Los aranceles son, sin embargo, sólo una de las disposiciones adoptadas recientemente por el Consejo Superior y los decanos de la UBA. La más notoria ha sido la aplicación del decreto 1215 que Menem sancionara el año pasado en favor de su amigo, el decano de Medicina Luis Ferreira, que faculta al Hospital de Clínicas arancelizar sus servicios y otorgar “premios selectivos y no permanentes” a su personal. Ahora, la UBA ha decidido aplicarlo a todas sus unidades académicas otorgando “estímulos” e “incentivos” a docentes y no docentes. Se trata de una miseria, en promedio 34 pesos por mes, a pagar sólo este año y como adicional no bonificable ni remunerativo. Gustavo López, secretario general de la UBA, reconoció incluso que estos ahorros corresponden a puestos docentes no cubiertos, es decir, una “economia” lograda sobre la base del propio “autoajuste” impuesto por los decanos radicales: despidos en Psicología en 1992 y 1993, recorte de cargos a los docentes del CBC el año pasado, racionalización en otras facultades. Junto con los “estímulos e incentivos” , el Concejo Superior de la UBA aprobó además la resolución 2318, que limita las dedicaciones que puede tener un docente y por vía indirecta estableció así un “techo salarial” de 300 pesos promedio para la mayoría de los docentes. Que estamos ante un “paquete” global lo revela la aprobación simultanea de medidas limitacionistas: serán excluídos de la Universidad quienes no aprueben un mínimo de materias (“condiciones de regularidad”) y se impondrán filtros más severos para las cursadas (eliminación de materias de promoción sin exámen para cursos masivos —que ya está en marcha en Ciencias Sociales). La menemización del radicalismo universitario adoptó una forma precisa cuando Shuberoff inauguró, junto al ministro de educación, —Jorge Rodriguez— y los capitostes de las grandes cámaras patronales, el seminario “Universidad y Empresa en un Nuevo Escenario Competitivo”, (sic). Este entrelazamiento entre el gran capital y la enseñanza superior tiene manifestaciones mucho más prácticas: Mario Albornoz, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires es, presidente de UBATEC SA (sic), una empresa codirigida por la Unión Industrial Argentina, que recaudó más de 2 millones de dólares en el último bienio “funcionando como consultoría y prestadora de servicios”. Jornada de Lucha La CONADU y la FUA, orientadas por el radicalismo y la centroizquierda, consideran, sin embargo, a los rectores como sus “aliados naturales”. Para el próximo 22 de abril la CONADU hizo la convocatoria formal a una “jornada de lucha” que ella misma vació de contenido al levantar la huelga docente. La FUBA acordó sumarse a la misma de palabra pero no ha adoptado ningún curso de acción para enfrentar las medidas reaccionarias del Consejo Superior, que verbalmente ha condenado. Inclusive el Centro de Estudiantes de Derecho ha denunciado al Consejo Superior de la UBA por “aplicar criterios económicos similares a los de las universidades privadas que cobran aranceles”. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? En la Facultad de Ciencias Sociales, la UJS y la lista Unitaria, que integraron en las últimas elecciones el Mst e independientes, reclamaron al Centro la convocatoria de una Asamblea y la organización de una acto masivo el 22. ADUBA (CONADU Buenoss Aires) convocó ya a una concentración y acto callejero para ese mismo día. Acá tenemos entonces un principio de movilización. Organicemos la presencia masiva el 22, reclamemos un plan de lucha para que se deroguen las medidas limitacionisas y reaccionarias, en defensa de la educación pública y por la satisfacción de los reclamos docentes y no-docentes. Por la unidad obrero estudiantil: que FUA Y CONADU se pronuncien por la organización de un paro activo nacional de 36 horas y un 1º de Mayo obrero contra el gobierno fondomonetarista y sus cómplices.

El viernes 2, la última fecha de pago en la Municipalidad (MCBA), los trabajadores se encontraron con la “novedad” que debían ir a cobrar al ex Hospital Rawson, en lugar de hacerlo en los talleres y reparticiones a la que pertenece cada obrero, lo que produjo una virtual rebelión de los trabajadores muncipales de la ex Dirección General de Obras y Mantenimiento (DGOM) de la Capital. Una asamblea espontánea decidió cortar el tránsito en las avenidas Amancio Alcorta y Brandsen, el cual se fue transormando en una virtual ocupación de toda la zona... hasta que apareció el dinero del pago. La acción de la Municipalidad es una maniobra del intendente Bouer para preparar el terreno de despidos masivos. El déficit es de 1.000 millones de pesos, producto de los sobreprecios y coimas que les pagan a los “contratistas” (recolección de residuos, comedores escolares, etc.). En lugar de atacar donde corresponde, el gobierno menemista prepara nuevos golpes contra los trabajadores municipales y los servicios sociales de la ciudad (salud, educación, etc.). El diario Ambito Financiero (5/4) reconoce que “el intendente Saúl Bouer está esperando ansiosamente el decreto anunciado y demorado de Carlos Menem que le permita imponer el retiro voluntario en la Municipalidad”. Se espera retirar “voluntariamente” a no menos de 20.000 trabajadores. Uno de los sectores es el de los trabajadores de los talleres municipales. Una parte de estos servicios fueron privatizados y otros en acuerdo con la burocracia sindical (UOEM) de Genta transformados en “Unidades de Gestión y Resultados” (UGR) donde se pretendía una privatización “cooperativa” bajo “control” de los burócratas sindicales. Pero las UGR fracasaron y el personal se ha visto obligado a ser reintegrado a la “orgánica municipal”. Se trata entonces de organizar la resistencia a un gobierno en crisis. La burocracia de la UOEM convocó al “estado de alerta y movilización” para respaldar sus negociaciones por distintas reivindicaciones parciales (pago de plus salarial, etc.). Pero es necesario abrir un debate en el conjunto del gremio convocando a Asambleas por repartición y a una gigantesca Asamblea General para votar un plan de defensa de los trabajadores.

Nominada para seis Oscars por la Academia de Hollywood y convertida en una de las películas más taquilleras de esta temporada tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, “El juego de las lágrimas”, del irlandés Neil Jordan, presenta a un comando del IRA que secuestra a un soldado inglés para canjearlo por uno de sus militantes y que será ajusticiado en caso de que el trueque fracase. El encargado de custodiar al prisionero y, luego, de matarlo, es un “voluntario” que tiene en ésta su primera acción importante en la organización. El secuestrado muere, no por sus manos, los ingleses descubren el refugio y el secuestrador escapa a Londres donde rastrea a la pareja del soldado muerto, que crecientemente lo atrae, hasta que se llega a un cuadro amoroso y pasional. Al decir de un crítico, de no haber sido por un juego impactante con el travestismo, esta película no habría pasado de ser un simple melodrama al estilo de los años ‘50. En realidad importa porque se ha convertido en la película más vista de las últimas semanas, ha fascinado a la mayoría de los críticos, aún a los progresistas y de izquierda, e impactó a una franja de la clase media del mismo signo político. Esto pese a que la mitad de la película es un panfleto contra el IRA, que esconde la opresión inglesa sobre el pueblo irlandés (lleva más de 400 años) y que convierte a los militantes de esa organización en salvajes que asesinan a personajes desvalidos y que, por lo tanto, se merecen la lluvia de bombas que les destina el ejército inglés en la única, fugaz y casi anónima aparición en toda la película. El irlandés Jordan (no está claro si pertenece a la comunidad católica o protestante) arma todo el andamiaje con puntillosidad. El representante del ejército inglés secuestrado es un negro, procedente de las Islas Vírgenes, que se ha conchabado en las fuerzas armadas por el sueldo y que derrama amor y buenas intenciones. Unas pocas palabras le alcanzan para colocar de su lado al secuestrador en una “natural” alianza entre marginales (uno del ejército y el otro del IRA), arrastrados por una confrontación que no terminan de aceptar o comprender. Ambos, por supuesto, son personajes queribles: uno negro con cara de entre bueno y tontón (tan poco arbitraria es la elección que el actor es estadounidense y la película hecha en Inglaterra) y el otro pelilargo, desaliñado y sin ningún rasgo de malicia. Por el contrario, los “jefes” (del IRA, naturalmente, los ingleses no aparecen) tienen aspecto germánico (para tomar un arquetipo norteamericano de los “malos”) y entre sus “blancos” no hay personajes odiables: el soldado negro, un alto funcionario representado por un viejito de aspecto intrascendente y, finalmente, el propio “voluntario” que es perseguido por sus responsables antes que por las fuerzas de seguridad inglesas. Este es el cuadro que rodea a la “impactante” historia de amor, obviado por los críticos argentinos. Seguramente Hollywood lo ha tenido muy en cuenta —mucho más que la exhibición de los genitales por parte del travesti— a la hora de la múltiple nominación. Como cuota parte del aparato de propaganda norteamericano, el festival de los Oscars no da puntada sin hilo. En cambio, muchos de nuestros progresistas han perdido el carretel.

El martes 6/4 se realizó un plenario de delegados de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires), tras 5 meses sin convocatoria del mismo. En dicho lapso, cerraron tres empresas del gremio: 13/20, Editorial Summa y Revista Esquiú, que representaban en conjunto una fuente de trabajo de 80 compañeros, es decir, nada menos que el 1,5% del gremio. Sin embargo, este hecho, amén del avance sin pausa de las patronales en el tema de la flexibilización laboral y el congelamiento a rajatablas de los sueldos, no eran motivo “suficiente” para que la Comisión General Administrativa se dignara a organizar a los trabajadores de prensa. Tuvo que suceder una atrocidad como la ocurrida en La Prensa, donde la patronal impidió el ingreso a su lugar de trabajo de un delegado sin siquiera haberle iniciado juicio de desafuero, y su posterior detención tras un paro del personal en solidaridad con aquél, para que recién entonces —y de muy mala gana— se decidieran a convocar a un plenario de delegados, en donde incluso tuvo que mediar el pedido explícito de una asamblea de trabajadores de La Prensa. En estas circunstancias, no extrañó que el plenario de delegados se convirtiera en una interminable sucesión de intervenciones enjuiciando la orientación general del sindicato, convertido en un club social y deportivo, con cursos para sus afiliados incluso más caros que en cualquier institución del ramo. Lógicamente, un “sindicato” que olvida su función primordial, cual es vincular los reclamos de las distintas empresas para esforzarse en lograr una lucha común, es un sindicato vaciado que no puede dar respuesta a esta política económica en ningún terreno. Los delegados no hicieron más que expresar las necesidades acuciantes de la base del gremio, pero falta todavía redondear en un programa y una propuesta de organización la verdadera alternativa a esta conducción centroizquierdista, que está derrotada antes de comenzar a luchar. En ese esfuerzo está empeñada la lista Naranja de prensa. No obstante, fue importante el hecho que el plenario resolviera un acto en la puerta de La Prensa (Azopardo 715), para el próximo jueves 15/4 a las 14.30 hs., por la reincorporación del compañero delegado, y un posterior plenario de delegados, eventos que pueden abrir una vía de intervención del activismo, que busca organizarse para frenar la ofensiva del menemismo y las patronales.

Este 1º de Mayo, día internacional de los trabajadores, vuelve a encontrar a nuestro país y el mundo sacudido por grandes luchas obreras y populares contra el imperialismo, sus gobiernos agentes y la burocracia contrarrevolucionaria. Con Menem crece en la Argentina la miseria, la entrega y la corrupción. El odio que están acumulando los trabajadores y el pueblo se manifiesta en múltiples luchas. Los heroicos jubilados vienen dando una dura pelea por los 450 pesos y contra la privatización de las jubilaciones. Los trabajadores del transporte paralizan los subtes y los aviones, se movilizan los estatales y docentes de Cordoba, los trabajadores de Hipasam marchan más de 1.000 kms., sigue ocupada la Municipalidad en Formosa y se movilizan 4.500 docentes en Río Negro, mientras los de Santiago del Estero no iniciaron las clases. Ellos defienden y pelean por el salario y su fuente de trabajo. En las barriadas obreras como Budge, Catán, o Chivilcoy se lucha contra la impunidad criminal. Vecinos de barrios de clase media, en Caballito o La Paternal, enfrentan las consecuencias de las privatizaciones y en la Panamericana lo hacen contra el peaje. ¡Jubilados, trabajadores, jóvenes y vecinos no podemos seguir peleando aislados! El 1º de Mayo tenemos una gran oportunidad para unir todas estas luchas. Es necesario que peguemos todos juntos para tirar abajo el Plan económico de Menem y el FMI, que es la causa principal del hambre y la corrupción. Por eso tenemos que unir todas las luchas arrancando con un paro activo de 36 horas, contra el gobierno de Menem y el FMI , y su plan económico y toda su política entreguista. CGT y CTA: basta de verso Las direcciones de la CGT y el CTA deben responder, ante la exigencia de las bases que quieren la unidad para pelear contra el Plan de Hambre, entrega y corrupción. ¡Basta de vueltas y de gambetas! Tienen que convocar YA a un Acto masivo y unitario contra el gobierno y sus planes en este 1º de Mayo. ¡Basta de silencio y dilaciones! Que las direciones de la CGT y el CTA se pronuncien ya mismo a favor de esta convocatoria unitaria. El MST y el PO convocamos a los trabajadores y sectores populares a que transformemos el 1º de Mayo en una jornada de lucha realizando un gran acto en Plaza de Mayo. En él debemos darnos cita quienes estemos por unir las luchas en curso, contra el gobierno de Menem y el FMI y sus políticas, exigiendo un paro activo de 36 horas. Llamamos al Plenario de Jubilados a pronunciarse y convocar al Acto en Plaza de Mayo, como ya lo han hecho los Jubilados de Plaza Congreso. Llamamos a los partidos de izquierda a luchar por un acto obrero y popular en Plaza de Mayo y especialmente al MAS a que levante su acto y se sume a esta convocatoria. Nos dirigimos a los delegados y activistas del Astillero Río Santiago y luchadores estatales; a los docentes de CTERA y a los Docentes Nacionales Autoconvocados; a los activistas y delegados metalúrgicos, a la lista Gris de la UOM (Matanza), a los de la Interhospitalaria, a la Comisión Interna del Banco Nación, a los docentes universitarios en lucha y los estudiantes que enfrentan el arancel, etc.; a que se pronuncien y juntos les exijamos a la CGT y el CTA que convoquen al Acto del 1º de Mayo y a un Paro Activo de 36 horas. A quienes ya están luchando como los trabajadores nucleados en el Plenario Ferroviario, los del subte, los de Austral, los camioneros, etc., que plantean un paro de los Trabajadores del Transporte. A los vecinos de Budge, de Catán y Chivilcoy que reclaman la jusiticia que Menem les niega. A los vecinos que reclaman contra las privatizaciones que los estafaron con la luz y el agua. LLENEMOS LA PLAZA DE MAYO DE TRABAJADORES, JUBILADOS Y JOVENES PARA REPUDIAR A MENEM, FORTALECER LAS LUCHAS QUE SE ESTAN DANDO Y AVANZAR HACIA LA HUELGA GENERAL QUE DE UN DURO GOLPE AL GOBIERNO Y SUS PLANES DE HAMBRE, ENTREGA Y CORRUPCION.

Las huelgas y movilizaciones que se vienen desarrollando en los principales países europeos demuestran que el movimiento obrero ha entrado en una nueva etapa. En Gran Bretaña acaba de realizarse un paro conjunto de 24 horas de los mineros, los ferroviarios y los conductores de ómnibus en lo que constituyó la primera tentativa de un movimiento general. Los mineros reclamaban contra el anunciado cierre de 19 minas; los ferroviarios y los choferes contra los despidos, en un caso, y la reducción salarial, en el otro, que producirá la privatización de estos servicios. Los choferes de ómnibus venían de realizar varios paros de 24 horas. En Alemania, se produjeron dos enormes movilizaciones con pocas horas de diferencia. Primero, “un ejército de 100.000 metalúrgicos ... en la mayor manifestación desde comienzos de la década del ‘80” (Washington Post, 27/3) marchó desde el valle del Ruhr (el corazón industrial del oeste alemán) hasta Bonn para reclamar contra los 40.000 despidos anunciados en la industria siderúrgica. Pocos días después, 100.000 metalúrgicos del este salieron a la huelga —que todos los medios calificaron como masiva— contra la ruptura unilateral por parte de las patronales de un contrato firmado en 1991 con el sindicato IG Metall que estableció que a partir del 1º de abril de este año los metalúrgicos del este cobrarían salarios equivalentes al 82% de los de sus compañeros del oeste. ¿Cuáles son las características de esta nueva etapa del movimiento obrero europeo? El diario de los banqueros londinenses, el “Financial Times”, sigue atentamente la evolución del movimiento obrero europeo (ver PO Nº 386). A pesar de reconocer que la jornada de huelga de los mineros, los choferes y los ferroviarios fue “el mayor esfuerzo de acción coordinada en el sector público” e, incluso, “la más amplia interrupción industrial en los últimos años”, en su opinión, “no es el signo de una creciente militancia sindical en toda la economía” (2/4). Para el “Financial Times”, las luchas que se desarrollan en Gran Bretaña serían “defensivas”, de retaguardia, aisladas y restringidas a sectores “condenados” por la crisis económica o por la privatización. Para probarlo, señala que “el número de huelgas en enero fue incluso más bajo que el del año pasado, un récord en ese momento, y el límite (de aumento salarial) de 1,5% fijado por el gobierno para el sector público viene siendo aceptado con apenas un murmullo de protesta” (ídem). En cuanto a Alemania, el “Financial Times” condena las movilizaciones del oeste por la recesión y a las huelgas del este por el colapso industrial. Así, registra que “los trabajadores están dispuestos a aceptar menores aumentos salariales a cambio de inversiones y seguridad en el empleo” (Financial Times, 2/4) y opone la “sensatez” de los sindicatos de químicos y de la construcción del este, que aceptaron un 9% de aumento, a la conducta de la IG Metall, que reclama el cumplimiento del acuerdo ya firmado, lo que implicaría aumentos del 26% para los metalúrgicos del este. La condena del “Financial Times” a las perspectivas de lucha del movimiento obrero europeo es, cuando menos, apresurada. Porque si, cómo sostiene, “las huelgas debilitan a los sindicatos frente a la opinión pública”, como se explica que después de que la policía reprimió violentamente al piquete de huelga, el conflicto de la Timex “se convirtió rápidamente en una causa célebre en Escocia... más de 7.000 personas marcharon por las calles de Dundee en apoyo a la huelga... (mientras) más y más simpatizantes se turnaron en la Timex para demostrar su solidaridad con los huelguistas” (Financial Times, 23/3). Tampoco se explicaría por qué, si los obreros están dispuestos a aceptar menores aumentos salariales, los metalúrgicos de este van a la huelga, y masivamente , por el 26%. Mucho menos se explica —si el movimiento huelguístico no tiene futuro, como sostiene el “Financial Times”— que algunas patronales metalúrgicas del este alemán como Opel, Volkswagen y Daimler-Benz hayan ofrecido a sus trabajadores, después de tres días de huelga, aumentos temporarios de salario... del 26% con el objeto de evitar mayores paralizaciones, en una movida que “alienta a los huelguistas” (Financial Times, 3/4). El futuro del presente movimiento huelguístico —que tiene distintas características y atraviesa distintas etapas en cada país— está determinado por un conjunto de factores: por la recesión europea que se profundiza hasta extremos que tiene alarmada a la burguesía; por la crisis de los regímenes políticos; por la agudización de la guerra comercial; por el hundimiento de la “unidad europea”; y, finalmente, por la interacción del movimiento obrero y sus luchas en Europa y en los Estados Unidos. El “Financial Times” vende la piel del oso antes de haberlo cazado. El objetivo de la burguesía En el curso de las presentes luchas, de enorme dureza, se ha ido delineando con claridad que la burguesía pretende liquidar los convenios colectivos. Esto es particularmente claro en Alemania, donde las cámaras patronales se niegan a cumplir un convenio ya firmado. “Los empleadores —declara un dirigente del IG Metall berlinés— están determinados a romper la tradición de los convenios salariales colectivos” (Financial Times, 2/4). Muchos capitalistas individuales han ido más lejos aún, abandonando las asociaciones patronales para negociar sus propios convenios: es el caso de la IBM alemana, de la Opel (subsidiaria de la General Motors) y de numerosas empresas recientemente privatizadas en el este, como la metalúrgica Diamant de Chemitz. Otras amenazan hacerlo, como la federación de medianas empresas metalúrgicas del oeste. En otros casos, como el del pulpo Bosch y las metalúrgicas del Estado de Hesse, los aumentos sólo fueron pagados sobre los salarios básicos, pero no sobre los adicionales, lo que constituye, según denuncia el sindicato, “una ruptura del contrato”. Esto indica una crisis de envergadura en las “buenas relaciones” de la burguesía alemana con los sindicatos. La pretensión de la burguesía de liquidar los convenios colectivos es mundial. Las huelgas inglesas de la Timex, de los ferroviarios y de los choferes tienen como causa el intento patronal de desconocer los convenios existentes. La huelga que acaban de ganar los mineros norteamericanos de la Peabody (ver PO Nº 386) reventó la maniobra patronal de poner las minas bajo la administración de compañías fantasmas, no asociadas a la cámara patronal, para no cumplir el contrato colectivo. En Australia, se acaba de producir una huelga general y una manifestación de 75.000 trabajadores en el Estado de Victoria contra una ley que congela los convenios colectivos y autoriza las negociaciones de contratos individuales o por planta (The Militant, 19/3). Finalmente, en Argentina, tenemos el decreto menemista 470 que liquida la negociación colectiva. La liquidación de los convenios colectivos es la base para la liquidación en masa y sin restricciones de todas las conquistas. El desarrollo de la clase obrera superó hace casi dos siglos el contrato individual, al que ahora pretende volver la burguesía. Para imponerlo nuevamente, las burguesías deberán ir muy a fondo en la atomización del proletariado, para lo cual no basta la mera presión de la recesión ni tampoco una derrota ocasional de los trabajadores de una empresa: necesitará, además, liquidar las libertades democráticas y de organización del movimiento obrero, es decir, producir una completa reversión de las relaciones políticas.

En el número 442 (31/3) del semanario del Mas se adopta una posición absolutamente equivocada frente al decreto 470. “¡Las asambleas deben debatir qué aumento y qué condiciones de trabajo se van a pedir! ¡Ningún aval al sindicato para que negocie por nosotros! La base de cada lugar de trabajo debe elegir directamente quién negocia con la patronal!” (SS 442). Pero nuestra discrepancia con el Mas es aun discutiendo democráticamente en una o varias fábricas así no impediríamos la brutal atomización de los trabajadores, que significa la liquidación del convenio colectivo de trabajo. No se trata de colocarnos ¡YA! en la fábrica y plantear que la base de cada lugar de trabajo negocie con la patronal, sino de organizar asambleas para que los cuerpos de delegados y las comisiones internas reclamen al sindicato la defensa del convenio colectivo y la elección de paritarios, y lancen una gran campaña por el desconocimiento liso y llano del decreto 470. La imposición de una negociación por fábrica es un retroceso histórico para el movimiento obrero argentino, aun cuando en algunos lados se pueda discutur en asamblea los salarios y las condicones de trabajo. “Nada se firma sin la aprobación de las asambleas”, dice el Mas, si esto ocurriese, señalan a renglón seguido “se forjarán nuevas camadas de luchadores y delegados que mediante la organización basada en la democracia obrera..” El Mas no solo ya está colocado en la implementación del decreto sino que, además, este sería hasta progresivo pues permitiría el desarrollo de una política de democracia obrera. El Mas debe revisar esta posición atrasada y derrotista. Todavia el decreto es un papel. ¿Le reclamamos a la CGT y al CTA que luchen contra este decreto o que lo ejecuten “democráticamente”? Lo único realmente democrático es la defensa del convenio colectivo y la elección de paritarios por asamblea. El reclamo a la CGT y al CTA de un paro activo de 36 horas debe contemplar estos puntos vitales para los intereses de la clase obrera.

El MST y el PO lanzan una campaña conjunta par la realización de un acto obrero y popular en Plaza de Mayo y por un paro activo de 36 horas y un Plan de Lucha de la CGT y el CTA. El MST y el PO han decidido lanzar una campaña conjunta reclamando a las direcciones de la CGT y el CTA la realización de un paro activo de 36 horas y la convocatoria a un acto obrero en Plaza de Mayo para el 1º de Mayo. Luis Zamora del MST y Jorge Altamira del PO en nombre de sus partidos han suscripto un acuerdo para organizar un 1º de Mayo de los trabajadores contra el gobierno de Menem y el FMI, su plan económico y toda su política entreguista y la huelga general. Ambos partidos llaman a adherir a esta convocatoria política a las demás organizaciones políticas que se reclaman del movimiento obrero y organizaciones sindicales, a las organizaciones de jubilados, estudiantiles y vecinales que coincidan con la necesidad de enfrentar al gobierno antiobrero y proimperialista. Especialmente convocan al MAS, a que levante su acto y se sume a esta convocatoria. 13-4-93

La burocracia china acaba de darle status constitucional a su política de restauración capitalista al aprobar una enmienda constitucional que define a China como “una economía socialista de mercado” en reemplazo de la vieja fórmula de “una economía planificada basada en la propiedad pública socialista” (International Herald Tribune, 30/3). La reforma fue votada por la Legislatura, es decir sin la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La enmienda consagra la política de penetración imperialista en la República Popular, que ha alcanzado un nivel realmente espectacular. Hoy en China, la producción capitalista en las “zonas especiales” costeras supera en producción a la de las empresas estatizadas. La penetración de capitales externos y la explotación de una mano de obra extremadamente barata y “disciplinada”, han permitido a China protagonizar un crecimiento del 10% anual... mientras el mundo está sumergido en la recesión. Sin embargo, la reforma evita postular el derecho de propiedad, virtualmente reconocido en la práctica, para seguir dejando en manos de la burocracia el control del proceso económico y político. La legislatura china tampoco votó ninguna modificación constitucional al régimen político policial existente. Al contrario, el último congreso del PC chino, celebrado el año pasado, llamó a “reforzar la vigilancia” especialmente en las fábricas, minas, empresas, escuelas y universidades. La reforma constitucional, sin embargo, no puede zanjar la agudización de las contradicciones económicas y sociales que son la directa consecuencia de la política restauracionista, entre las cuales una masa de 100 millones de campesinos que deambulan sin trabajo por los campos no es ciertamente la menor. Tampoco lo es la acelerada obsolencia de las empresas estatizadas en relación a los competidores capitalistas. El conjunto de las contradicciones de toda índole que provoca la política restauracionista, “cocinadas” en la olla a presión de una dictadura totalitaria, terminará por derrumbar al “milagro” chino.

Posadas, febrero de 1993 No supuse que publicarían mi anterior. No soy periodista pero necesito exponer mi pensamiento respecto a la unión de las izquierdas. No hablé de un frente de izquierda; el llamamiento que Uds. hicieron por medio de la prensa, a mi juicio es totalmente improcedente; no tendría éxito. Hay que entablar conversaciones directas, personalmente, con el Mas y el PC pero no para rancho aparte sino para integrarse en un Frente Amplio con otros movimientos que hagan oposición al justicialismo, mejor dicho al menemismo. El sectarismo sólo conduce al aislamiento de las masas, sobre todo en la actualidad en que hay que sumar en vez de restar. Creo que hay que integrarse en ese Frente del Sur, invitando a las Madres de Plaza de Mayo (ofrecer una banca a Hebe de Bonafini) para sumarse al Frente además de los jubilados por un mínimo de 600 pesos. También a los maestros, obreros de todo nivel, etc. Formar un Frente Amplio Nacional tendría repercusiones también en el interior; hay mucho descontento y si no saben aprovechar esta circunstancia, no son políticos. El PC si fue o no invitado a participar en el Frente del Sur, no lo sé, pero ha sido sabiamente aprovechado; y si se unen las tres izquierdas podría salir de allí un gran movimiento de masas, sin que ello signifique renunciar a sus identidades políticas; hay que renunciar por el momento a tener el monopolio del socialismo; la izquierda tiene la obligación moral de conducir a las masas, que están dispersas, mostrarles el camino de la unidad para revertir este proceso corrupto y criminal que estamos padeciendo. ¡Todos juntos seríamos más!

El pasado sábado 3 de abril se realizó el programado acto del Partido Obrero contra las proscripciones políticas, en especial de los partidos de izquierda. A pesar de las pésimas condiciones del clima, asistieron unas 400 personas. El acto logró su objetivo principal de destacar la existencia de un plan de proscripciones políticas contra la izquierda, que va mucho más allá del aspecto electoral. Se recordó en este sentido la resolución de la Subsecretaría de Seguridad Interior para que los gobernadores tomen las medidas necesarias para infiltrar al Mas, al PO y “afines” (Ver PO Nº 325, 22/3/91 ). La reforma política que planea el gobierno, en función de superar la descomposición del PJ y asegurar el continuismo menemista, da rienda suelta a la alianza económico-política de los grupos privatizadores con determinadas camarillas partidarias, al mismo tiempo que cercena el acceso a los medios de comunicación a los partidos de posiciones anti-capitalistas o anti-privatizadoras. Los pronunciamientos que llegaron al acto sirvieron para poner de relieve que se ha abierto paso la conciencia de que hay una campaña proscriptiva contra la que hay que luchar. Aunque el PO no logró que este acto tuviera un carácter multi-partidario, la lectura de los pronunciamientos por parte de los delegados que los trajeron sirvió para que se insinuara una tendencia al frente único. En el marco de la campaña por las reivindicaciones diarias de los trabajadores y de denuncias de los atropellos y corruptelas del Estado y del gobierno, es necesario introducir la reivindicación del cese de las proscripciones políticas. Reproducimos en seguida una parte de los pronunciamientos leídos en el acto, los restantes serán publicados en la próxima edición. Del MAS El Movimiento al Socialismo (MAS) se hace presente en este acto para manifestar su solidaridad con el Partido Obrero, como parte de la lucha contra el ataque que el gobierno menemista y el régimen patronal vienen haciendo contra los partidos políticos y organizaciones de izquierda, manifestando en la ofensiva que busca quitarles la duramente conseguida personería jurídica a los partidos políticos, así como en la serie de allanamientos, encarcelamientos y juicios realizados contra diversas organizaciones. La organización humanitaria Médicos del Mundo fue objeto de un allanamiento que trataba de vincularla con la ETA; sigue el juicio contra Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo; la policía allanó la sede del Partido de la Liberación y durante varios meses mantuvo detenidos a varios de sus militantes, y el viernes 26 de marzo la policía cordobesa detuvo a cincuenta y un militantes de Patria Libre por resistencia a la autoridad y desacato. Estos hechos, sumados a la eliminación de la personería jurídica a distintos partidos políticos, particularmente a los partidos de izquierda como el Partido Obrero, el Partido Comunista, y nuestro propio partido, el MAS, y a la negativa a otorgar esa misma personería al PTS y al MST, configuran un ataque sistemático a todos aquellos que, desde distintas posiciones políticas, nos oponemos a este gobierno y a este régimen que hunden al movimiento obrero y popular en la miseria y que entregan el país al imperialismo norteamericano. Debemos llamar al movimiento obrero a tomar como propias las banderas de la defensa de las organizaciones políticas y populares atacadas y de la libertades democráticas amenazadas. ¡Plenos derechos para todos los partidos con actuación efectiva en la vida política! ¡Derogación del decreto 2089. Subsidio estatal a los partidos para comunicaciones y transporte. Derecho al uso gratuito de los medios de comunicación en forma permanente! ¡Abajo el gobierno de Menem y su plan de colonización! Comité Ejecutivo Movimiento al Socialismo (3-4-93) Del PC de F. Varela El Partido Comunista de Florencio Varela se solidariza con el Partido Obrero debido al ataque que le hace el gobierno neoliberal que se expresa en la proscripción de los partidos políticos que luchan contra la política del Norte, de los vende-patria y el FMI y a favor de una sociedad donde el hombre sea hermano del hombre, una sociedad sin explotados ni explotadores. Y asumimos el compromiso de luchar por la constitución de la herramienta de izquierda con la que transitaremos por el camino de la liberación y la construcción del socialismo. Invitamos a los compañeros a encontrarnos juntos el 1º de Mayo, fecha de compromiso y lucha de los trabajadores en aras de cumplir con nuestro compromiso histórico. Venceremos. PC Florencio Varela Del MST Queremos hacer llegar nuestra adhesión a este acto, contra las proscripciones y por la restitución de la legalidad del Partido Obrero, junto con nuestra solidaridad que no es la de un partido hacia otro, es la solidaridad que hemos aprendido juntos en el seno de la clase obrera ante cada ataque concreto del capital contra los luchadores. La furia reeleccionista de Menem, su corrupto plan de hambre y entrega, no puede dejar de ver en quienes lo enfrentamos a sus enemigos mortales y, tiene la ilusión de que con leyes proscriptivas va a lograr hacernos aflojar en la pelea. Se equivoca, las proscripciones y persecuciones no son nuevas para los revolucionarios y luchadores. Nacimos con ellas, nos desarrollamos contra ellas y seguiremos adelante pese a ellas. Que sepa el imperialismo y sus lacayos nacionales, que la legalidad que hoy tiene la clase obrera, ha sido conquistada en años de luchas, sangre y esfuerzo, que no estamos dispuestos a perder ni por ley ni por decreto, ni por caprichos imperiales. La pelea por la legalidad del PO, del MST y la de los demás partidos, es la pelea por la libertad de expresión del movimiento obrero, de sus vanguardias y partidos. Abajo los decretos proscriptivos de Menem, caerán con su plan económico, con sus funcionarios corruptos, sepultados por las luchas obreras, su fin será nuestro comienzo. Su derrota el triunfo de nuestra clase. Fraternalmente. Luis Zamora Movimiento Socialista de los Trabajadores De la Escuela Media Libertad (Merlo) Dirigida a los compañeros del Partido Obrero, al acto del 3/4/93. Contra la proscripción del Partido Obrero y de la izquierda. Alumnos y profesores de la escuela media de Libertad, Merlo, turno noche. (Siguen firmas)

Dos conferencias realizadas recientemente en Cuba, la primera de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la segunda de estudiantes y profesores de la universidad de Matanzas, han servido para poner de manifiesto el enorme factor de dislocación social que significa la política castrista de “apertura al capital extranjero”. Mercado negro La falta de alimentos y de artículos de primera necesidad “es la mayor preocupación en la vida diaria del pueblo cubano” y, particularmente, “la inestabilidad de las provisiones es lo más duro para enfrentar”, informa uno de los choferes que sirvió a las delegaciones extranjeras presentes en la conferencia femenina. En La Habana no se consigue carne roja; la leche y sus derivados sólo están disponibles para los niños menores de ocho años y la ración de huevos es de cuatro cada nueve días. Lo mismo sucede con el jabón, el aceite y otros artículos de primera necesidad. Una dieta cualitativamente pobre explica que hayan comenzado a aparecer, según varias participantes en la conferencia femenina, “problemas de salud ocasionados por la falta de vitaminas”. Si “nadie se muere de hambre”, esto sólo vale para el corto plazo. Pero “todo puede conseguirse en el mercado negro, nos dijeron varias delegadas”. “La falta de alimentos —explica “The Militant”— ha generado un creciente mercado negro de productos robados ... de embarques destinados a raciones individuales, escuelas, hospitales y fábricas y vendidos por un precio varias veces superior al oficial. Un simple huevo se vende en el mercado negro a 3 pesos, un pollo a 120 y una barra de jabón a 30 (mientras) la mayoría de los obreros fabriles lleva a sus casas menos de 200 pesos por mes”. Estos datos delatan la característica social del racionamiento y de la política en curso. El mercado negro ha pasado a ocupar, en los últimos años, el lugar de regulador principal de la distribución del ingreso en Cuba, un extremo que seria imposible alcanzar sin la “apertura” al capital extranjero, las “tiendas especiales” y el dominio de una burocracia estatal. Las “tiendas especiales” están surtidas de todo tipo de provisiones, incluso importadas. A ellas tienen acceso quienes disponen de dólares, los turistas, los ejecutivos de las empresas capitalistas radicados en Cuba y los burócratas, que tienen cupos de dólares para sus viajes al exterior. El mercado negro es, naturalmente, el resultado de la escasez, agravada por el derrumbe del comercio cubano con el Este y por la hipoteca que representa para su economía la deuda de 6.000 millones de dólares que contrajo en la década del ´80 con la banca internacional. Pero la solución al problema de la escasez no es el mismo para las diferentes capas de la población: las cifras muestran que la burocracia y los privilegiados por la “apertura al exterior” han encontrado la vía para satisfacer sus necesidades en el sentido más amplio; no ocurre lo mismo con las masas. Queda refutada así la tesis castrista según la cual la democracia en Cuba se percibe a la hora de comer; no, en Cuba, unos pocos comen muchísimo mejor que la inmensa mayoría. Esta creciente desigualdad explica la falta de democracia política. “El economista (cubano) Julio Carranza señaló (ver “Punto Final”, Chile, marzo de 1993) que en 1990 circularon 2.000 millones de pesos por el mercado negro. Esta cifra se elevó espectacularmente en dos años, situándose en unos 14.000 millones. Esto duplica la circulación minorista oficial que es de sólo 7.000 millones”. Esto significa que el mercado de consumo para los privilegiados supera en valor al mercado “oficial” que abastece al conjunto de los cubanos. Tenemos en estos datos una implacable radiografía social de la evolución que ha tenido el régimen cubano en los últimos años. El mercado negro regula la distribución de los bienes de consumo entre la burocracia y el pueblo. La cuantificación del mercado negro formulada por el economista cubano permite afirmar que entre el 30 y el 50% de los bienes no llegan a las masas, una proporción que puede trepar al 100% en determinados casos (“En La Habana no se consigue carne roja”). A pesar del bloqueo y de la crisis, la burocracia ha logrado resolver —mercado negro mediante— su “problema social” en medio de penurias crecientes de las masas. Pero no se trata sólo del volumen de los bienes envueltos sino también de los valores que éste mueve. Los precios del mercado negro reflejan la impresionante desvalorización que sufre el peso cubano, lo cual beneficia a los tenedores de dólares, es decir, a la burocracia que cuenta con cupos de divisas para sus viajes, así como a todas las formas de intermediación que existen con el capital extranjero. Este “poder adquisitivo” de la minoría privilegiada explica que el mercado negro se haya septuplicado en dos años en coincidencia con el fracaso del “‘plan alimentario’, cuyos resultados no corresponden ni a las necesidades ni a las expectativas” (declaraciones de Carlos Lage, miembro del buró político del PC reproducidas por Le Monde Diplomatique, febrero de 1993) y del consiguiente agravamiento de las penurias de las masas. La penetración del capital extranjero, y su entrelazamiento con la burocracia, no puede sino agudizar y alimentar los mecanismos del mercado negro. Surgido en base a la diferenciación social existente, el mercado negro es un factor de enorme agudización de esa diferenciación social (acumulación privada) y de desmoralización de las masas. Una y otra consecuencia fueron reiteradamente señaladas por las delegadas de la conferencia femenina. El crecimiento en flecha del mercado negro es más notorio aún si se considera que la dirección cubana liquidó hace ya varios años los “mercados campesinos” con el argumento de que agudizaban la diferenciación social, la escasez de alimentos y la elevación de sus precios. Pocos años después, el problema se reproduce, y en una escala superior. Lo común de ambos períodos, sin embargo, es que la burocracia siempre logró, en uno y otro caso, resolver su “cuestión social”, ya sea aprovechando esos “mercados libres” como ayer, ya sea con el capital extranjero como hoy. Esto retrata a una capa social perfectamente conciente de sus intereses, que se han mantenido inalterables a través de todas las idas y vueltas de la política económica cubana. Cuba tiene un enorme potencial para la producción de alimentos. El punto de partida es reducir a su mínima expresión, si no es posible liquidarlo completamente, el parasitismo y el despilfarro de la burocracia estatal. Esto, naturalmente, es inseparable de la instauración del control obrero de la producción y de la distribución en todos los niveles de la economía nacional. La cuestión de los derechos democráticos de deliberación y de organización de las masas es, en consecuencia, el problema capital para que éstas puedan defenderse de los atropellos de la burocracia. La situación de la mujer Hubo dos temas que generaron controversias en la conferencia femenina: la nueva ley de maternidad y el crecimiento de la prostitución en los alrededores de los hoteles para turistas extranjeros. ¿Cómo es posible que en medio de la crisis que vive el país, la Asamblea Nacional haya votado una ley de maternidad que establece que, en los tres meses posteriores al parto, la mujer trabajadora recibirá el 100% de su salario, licencia que podrá extender por otros nueve meses, tres con salario reducido y seis sin paga. Aunque la dirección de la FMC caracterizó la nueva ley como “un progreso de la mujer” varias delegadas expresaron que “los cambios en la ley de maternidad y la promoción del amamantamiento fue una respuesta para eludir la falta de recursos para expandir las guarderías infantiles y una decisión para desalentar el rápido regreso de las mujeres a los empleos porque la mayoría de los centros de trabajo están demasiado llenos ... este problema ha sido exacerbado por la falta de insumos y el cierre de varias empresas”. Respecto del incremento de la prostitución, la dirección de la FMC lo caracterizó como “un problema primariamente moral: ansia de lujo de los grandes hoteles, la novedad de asociarse con turistas extranjeros y el deseo de consumir bienes disponibles en los países imperialistas”. La prostitución, sin embargo, no es más que la extensión del mercado negro al terreno del sexo ... con la “particularidad” de que la burocracia y los privilegiados no actúan, en este caso, del lado de la “oferta”. No debe extrañar que el mercado negro y la prostitución se hayan desarrollado paralelamente. Quienes tienen el dinero suficiente (los turistas, los capitalistas extranjeros y los burócratas) pueden proveer a sus “necesidades” mientras que una franja de familias del pueblo se ven obligadas a enviar a las mujeres a prostituirse como consecuencia de la “escasez de bienes materiales que (sólo) pueden encontrarse en las tiendas para turistas y en el mercado negro”, como explicó una de las delegadas. Turismo Un tema enormemente debatido en las dos conferencias fue la reciente resolución oficial de permitir a los trabajadores de Varadero —un gran centro turístico que emplea más de 17.000 trabajadores— mantener el 70% de los dólares que obtienen en propinas y gastarlos en las “tiendas especiales”. Se espera que esta “experiencia” se extienda, posteriormente, a los trabajadores del turismo de todo el país. Las voces que se alzaron en ambas conferencias contra esta medida fueron muchas. “Esto sólo profundizará las desigualdades entre diferentes grupos de la sociedad”, declaró una asistente a la conferencia femenina; “es terrible. Debilita las soluciones colectivas a nuestros problemas (porque) empuja a la gente a intentar conseguir dólares para ellos y sus familias”, afirmó un asistente a la conferencia de Matanzas, militante del PC. La resolución equivale a un aumento salarial de enormes proporciones para los trabajadores del turismo ... y a un “interesante” impuesto del 30% para la burocracia del Estado, cuyos gastos nadie controla. Muchos trabajadores especializados de la industria y hasta docentes y estudiantes universitarios avanzados están abandonando sus empleos para trabajar en hoteles y restaurantes, lo que genera escasez de mano de obra calificada en la industria y una reducción de la productividad general del trabajo. El pueblo cubano necesita defenderse de todas estas lacras, de la diferenciación social, del mercado negro, de la prostitución. La cuestión fundamental de que los trabajadores cubanos tengan la libertad para organizarse contra los atropellos de la burocracia y de los capitalistas y para decidir el camino para sacar al país del empantanamiento tiene un contenido social de primera magnitud, lo que demuestra que de la conquista de la democracia para las masas depende el destino de la Revolución.

Otra vez el barrio Pepsi de Florencio Varela es noticia, este barrio donde los vecinos sostienen su propio sistema de cloacas y agua potable porque el municipio no se los provee. Más allá de los ribetes novelescos que algunos medios de comunicación le imprimen, el caso de Romina y su novio es sólo la parte emergente de una situación que viven miles de jóvenes, víctimas del sistema, que arroja a las familias a la marginalidad producto de la falta de perspectiva, la desocupación y la restricción del derecho a la educación. El Estado, en esta etapa de descomposición del sistema capitalista se revela como lo que es en esencia, “el ejercicio despótico del poder de una clase social (los capitalistas) sobre otra (los trabajadores)”. Y la democracia no es el gobierno del pueblo a través de sus representanrtes, sino se muestra sin maquillaje como el gobierno de funcionarios puestos a dedos por el imperialismo y el gran capital que explotan y oprimen a la población en beneficio de esa minoría de capitalistas. Este Estado, cuyos funcionarios tienen causas pendientes por corrupción y estafa, cuyos jueces son, en muchos casos, los mismos de la dictadura, cuya máxima instancia de justicia está “sospechada de parcialidad”. Este Estado; responsable de la miseria en que vive la población. Responsable del regreso del cólera por la falata de agua potable y obras públicas se arroga el derecho de decidir sobre la vida de Romina, y en el colmo de la hipocrecía decide internarla en un instituto de menores (Diario Popular, 29/3) para que reflexione, cuando el propio Ministro de Justicia reconoce, y es de dominio público que los institutos de menores, como las cárceles son centros de promiscuidad, donde se violan las condiciones mínimas del respeto a la intimidad. El gobierno menemista y el conjunto del Estado se revelan como los principales violadores de los derechos humanos y de las libertades individuales al proscribir el derecho elemental de cada ser humano de decidir su propia vida; de elegir su propia pareja. Fuera las manos del Estado de la vida de la juventud: Los encubridores de los asesinos de María Soledad, los indultadores de los genocidas del proceso, los proscriptores de los partidos opositores al sistema; los que condenan a los jubilados al hambre y la desesperación, los destructores de la salud y la educación pública, los rematadores del patrimonio nacional no tienen ninguna autoridad para regimentar la vida de los jóvenes. Basta de represión y regimentación. Hay que ganar las calles en defensa de las fuentes de trabajo, de la educación laica y gratuita, de la salud pública, de la vivienda, del salario y las jubilaciones. Pero fundamentalmente, hay que ganar las calles para expulsar a los capitalistas y a su Estado e implantar el gobierno de las grandes mayorías: los trabajadores y la juventud.

Los trabajadores del subterráneo están llevando adelante paros parciales para obtener el pago de las bonificaciones sobre francos y de horas extras pendientes desde el año 1991, ya reconocidos por el Ministerio de Trabajo en enero pasado, y también un aumento que ponga fin al largo “congelamiento” impuesto por el “plan” Cavallo. La empresa, que depende de la Municipalidad, se niega a aceptar los reclamos, y el Ministerio que reconoció la justeza de los planteos obreros amenaza con ilegalizar las huelgas por tratarse de un “servicio público”. Tiene razón pero marche preso. Frente a la intimación ministerial un Plenario de Delegados resolvió el martes 6 retomar el plan de lucha con paros de 2 horas por turno y declarar la huelga general por tiempo indeterminado en caso de despidos, luego de una amplia consulta en asambleas por línea. La dirección de la UTA, sin embargo, suspendió la medida y convocó a un nuevo plenario para el miércoles siguiente, el que decretó una “treguas de semana santa”. Finalmente el lunes 12, el plenario pasó a cuarto intermedio hasta el martes, cuando deberá evaluar posibles “negociaciones” de la dirección sindical con la empresa. Las dilaciones de la burocracia no llevan a nada, por la sencilla razón de que el gobierno tiene posición tomada contra cualquier aumento salarial, y esto aún más en la Municipalidad de la Capital donde ha fijado como prioridad pagarle a los contratistas ususureros la deuda dejada por Grosso. A la luz de esto es muy significativo que los compañeros de la línea D, cuando le pedimos su opinión respecto a que la dirección de la UTA y de la confederación de los trabajadores del transporte llamen a un paro nacional en solidaridad con la lucha del subte y otros gremios en conflicto (Aerolíneas, ferroviarios, camioneros). “Que los de la UGTT, nos manifestaron, se dejen de asados en sus reuniones y llamen a extender el conflicto a todo el transporte”.

¿Estamos a las puertas de un giro en la “política cubana” de Menem? Varios hechos indican que sí. En un giro espectacular, Cuba retiró su oposición al ingreso de Argentina al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual, según el corresponsal de “La República” (2/4) en Buenos Aires “marca un giro de 180º en la posición que sobre el tema había decidido meses atrás la diplomacia cubana. Incluso el ex canciller (cubano) Ricardo Alarcón, ahora relevado de sus funciones estatales, había sido claro al respecto luego de un enfrentamiento verbal en Madrid con el canciller Di Tella”. Por su parte, “el gobierno argentino envió 15 toneladas de alimentos y medicinas a Cuba para paliar las graves consecuencias de un huracán que el mes pasado azotó la isla” (El Mercurio, 4/4). A principios de marzo, “estuvo casi una hora con Menem en la Casa Rosada el entonces vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, José Ramón Fernández. Fuentes confiables relataron a “La República” que esa entrevista fue sumamente cordial; el ‘gallego’ (Fernández) le relató a Menem —quien escuchó atentamente— el reciente proceso electoral. Y Menem le envió un mensaje de felicitación a Fidel” (La República, 2/4). Pero los hechos son aún más amplios. “Días más tarde (de la entrevista Fernández-Menem) una delegación cubana apoyó a la Argentina en una reunión sobre tráfico de armamentos que se realizó con sordina en el Palacio San Martín”. Además, “Cuba acaba de adquirir en la Argentina productos por 90 millones de dólares, pagados cash” y en medios empresarios y gubernamentales “se comienza a hablar del restablecimiento de líneas de crédito ... a pesar de que La Habana le debe a la Argentina más de 1.200 millones de dólares. Es significativo que grupos empresarios argentinos hayan estudiado la posibilidad de inversiones en Cuba. Ya lo está haciendo el poderoso holding local Bridas” (ídem). Bridas es un “experto” en esto de hacer negocios con los “comunistas duros”: fue el primer grupo argentino, y uno de los primeros de Latinoamérica, en abrir oficinas comerciales y una “empresa mixta” en Pekín. La mención a la deuda cubana no es ociosa, toda vez que toda discusión de los “planes de inversión” y “la reapertura de los créditos” debe comenzar, necesariamente, por la renegociación de esa deuda. El corresponsal de “La República” en Buenos Aires aporta otro dato significativo: “los observadores suponen que La Habana y Buenos Aires han restablecido el diálogo a partir de una gestión del ex diputado radical César Jaroslavsky, quien es visitado semanalmente por Castro en su casa de descanso en La Habana, donde la medicina cubana lo recupera de una gravísima dolencia” (ídem). Que el “puente” entre el régimen castrista y Menem haya resultado un radical alfonsinista, precisamente en momentos en que arrecian las acusaciones cruzadas de corrupción y estafas varias entre el menemismo y la UCR, resalta el carácter estratégico del “giro” argentino. Si para el menemismo, el acercamiento con Cuba tiene un interés “exportador”, para Cuba, el acercamiento político a Menem es una expresión del abandono creciente de su independencia frente al imperialismo. Argentina en el Consejo de Seguridad significa el reforzamiento del orden internacional que desató la masacre del Golfo, despedazó a Yugoslavia, invadió a Somalía y encubrió las masacres contrarrevolucionarias en Nicaragua y El Salvador.

Carta abierta a las comisiones internas y a los trabajadores gráficos Con el número 470, el gobierno Menem sacó un decreto que da carta libre a las patronales para los convenios por fábrica e incluso por secciones. Algunos compañeros pueden albergar ilusiones, a partir de la miserias que es hoy la escala de convenio. Pero es al revés, el decreto pretende llevar la injusticia y la dispersión actual mucho más lejos todavía. Veamos. ¿Cuál es la finalidad de un convenio por taller y hasta por sección? El único propósito es precisamente seccionarnos en tajadas hasta reducirnos al contrato individual, aislados, a merced del empresario. La inspiración de fondo de esta tendencia empresaria —de la que el gobierno es instrumento ciego— es terminar con la organización obrera. Justamente por eso el decreto coloca la firma de la convención de empresa en manos de los sindicatos o sea de las burocracias centrales, “con personería jurídica”. Temen a la asamblea de taller, temen a las comisiones internas representativas, apelan, en cambio, a los fieles burócratas que dejaron pasar sin chistar los ataques de 3 años de flexibilización laboral. El decreto insiste en la absoluta restricción de la actualización de salarios por costo de vida, manteniendo el criterio de la productividad como argumento para congelarnos o intercambir migajas por cláusulas de su-perexplotación en los ritmos de trabajo. Pero no se queda allí, autoriza la rebaja salarial y otras modificaciones en casos de “crisis” empresaria, según “el ritmo de la actividad económica del establecimiento”. Autoriza de este modo algo que estaba prohibido: quitar en una empresa lo que es conquista del convenio general y aún de la ley, señalar que el convenio de empresa “es oponible a cualquier otra disposición vigente de carácter general”. Ni por asomo se les ocurrió pensar quién determina la “marcha del establecimiento”. ¿Por qué no establecen la apertura de los libros de la empresa a los trabajadores para controlar esa marcha? Si el llamado “convenio marco” se puede violar “legalmente” por empresa y lo mismo la ley de contrato de trabajo, significa que no hay tal convenio y ni siquiera derecho laboral. Y como obreros que somos sabemos qué diferente es defender la conquista de una ley que no se cumple o caracer directamente de esa ley. Por ejemplo, pueden tratar de arrancar las 8 horas en un diario contra las 6 del convenio, o violar un nivel de categorías, o establecer licencias inferiores, o jornadas semanales distintas, etc. El decreto arremete contra el concepto del derecho adquirido cuando éste preserva al trabajador. La conducción del Sindicato Gráfico se regocija de haber sido “pionera” de esta política del “convenio marco” y del convenio por empresa con ingerencia de ellos. Nuestro sindicato se ajusta al mílimetro a la política de conjunto de la dirigencia sindical: “prenderse” a las administradoras de fondos de pensión, tratar de “flotar” en el negociado de las obras sociales sin luchar contra la privatización de la salud, agarrarse a la firma burocrática de los convenios por fábrica. Para todo hubo luz verde de los dirigentes que el Ministro Rodríguez declara “no corruptos”. El SGA prendió el mismo semáforo como lo corrobora su ausencia en las movilizaciones de masas del 17 de febrero y el 10 de marzo contra el robo jubilatorio. Y si no hubo pronunciamiento hacia afuera, menos lo hubo hacia adentro. Ninguna convocatoria al cuerpo de delegados o a la Asamblea General del gremio. Compañeros de Comisiones Internas, delegados y trabajadores gráficos: la defensa del convenio y su negociación a cargo de delegados electos es imprescindible. La lucha por el salario y por poner freno a la superexplotación en los ritmos de trabajo no podrá ser plena ni consecuente, ni realmente viable sin el reclamo simultáneo del convenio colectivo. Las modalidades de rama, sea diarios, revistas, obra, etc., deben estar en el convenio colectivo, para que se sustenten en la fuerza colectiva de la unidad de los gráficos. Lo dicho vale para la CGT. Si quiere “cambiar de perfil” hay un programa para ello: desconocimiento y derogación del 470, vigencia del convenio colectivo y paritarios electos. Salario mínimo de 1.000 pesos —hoy equivalente a 2/3 de la canasta familiar—, jubilación mínima de 500 pesos. El confederal cegetista dejó pendiente un paro de 36 horas, que le pongan fecha, que se vote su programa y su organización en asambleas y plenarios de cada gremio. Proponemos a toda las comisiones internas y delegados debatir, coordinar, agruparnos, para impulsar el plenario y la asamblea del gremio gráfico alrededor de este programa. 7/4/93

La decisión del gobierno provincial de garantizar por 150 días el funcionamiento del tren de pasajeros “El Tucumano”, ha sido una medida que la propia Gaceta, abiertamente oficialista, tuvo que señalar que había sido orquestado con el gobierno nacional para producir un golpe de efecto dirigido a aumentar el prestigio de Palito a nivel nacional. Que Palito haya actuado sensibilizado por las necesidades de la gente humilde, como fue presentado en los medios, es una completa impostura. Palito apoyo el cierre de los servicios de pasajeros del Belgrano que pasaban por Tucumán, y otros dos servicios de pasajeros del Mitre; apoyó la privatización de los ramales y ahora no ha abierto la boca ante los despidos masivos de trabajadores en el Belgrano, Mitre y el Policlínico Ferroviario. Palito sostuvo que la provincia se veía obligada ha hacer un esfuerzo financiero, hecho que fue desmentido por la dirigencia de la UF (que apoya al gobierno) y por la propia Gaceta (29/3) que señalan que el servicio sería superavitario. Que el gobierno insista con que el tren da déficit tiene que ver con el hecho de que se lo piensa privatizar una vez concluido el proceso de racionalización, y así entregrarlo por chauchas a algún monopolio. Llamó la atención el apoyo de todas las cámaras patronales a la decisión de Palito, cuyos dirigentes precisamente no usan el ferrocarril para movilizarse. Este apoyo estaría dirigido a respaldar la política ferroviaria que el gobierno provincial está impulsando basado en la construcción de un corredor ferrovial que una Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, y que explicaría, también, la decisión de mantener, por el momento, en funcionamiento los talleres de Tafí Viejo. Este corredor le interesa a las oligarquías lugareñas como una vía alternativa al puerto de Buenos Aires para dar salida a las producciones locales, pero su construcción requeriría gigantescas inversiones, que por el grado de dislocamiento de los planes de integración, nadie estaría dispuesto a financiar. En este cuadro es necesario desenmascarar la política de Palito impulsando un movimiento de usuarios y trabajadores ferroviarios en defensa del tren y de las conquistas obreras, en especial la fuente de trabajo.

En el último número de su periódico, el Pts anunció formalmente que tiraba la toalla en la polémica entablada sobre la “jubilación privada”. Este final, previsible, fue oportunamente previsto por nosotros. En lugar de terminar en el primer round, el “combate” terminó en el segundo. La razón del desenlace rápido es que resulta insostenible, al menos en el campo del marxismo, la defensa de una jubilación “privada” de los trabajadores bajo la cobertura de la “autogestión”. Es la burocracia sindical, y no solamente en Argentina, la que está interesada en organizar Fondos de Pensión “obreros”, aunque, a diferencia del Pts, la burocracia publicita de antemano que para ello es necesario asociarse con los bancos. Pero al igual que esta burocracia, el Pts ha boicoteado todas y cada una de las luchas contra la destrucción final de la previsión, sin importarle incluso que esa destrucción conlleva la supresión del aporte patronal, aspecto central del régimen jubilatorio entendido como una conquista de los trabajadores. Si el Pts insiste con su posición de una jubilación “ni estatal ni privada”, es decir, privada, ello significará que ha ido muy lejos en la defensa de posiciones anti-obreras y capitalistas. Esperemos que opte por un vergonzoso silencio o un cambio “gradual” de posiciones; la única consigna que supera al viejo régimen jubilatorio en descomposición es la que se formula en el folleto editado, oportunamente, por el PO, y a través de este periódico: aporte únicamente patronal y control y administración obreras de las Cajas del Estado.

La decisión del gobierno provincial de garantizar por 150 días el funcionamiento del tren de pasajeros “El Tucumano”, ha sido una medida que la propia Gaceta, abiertamente oficialista, tuvo que señalar que había sido orquestado con el gobierno nacional para producir un golpe de efecto dirigido a aumentar el prestigio de Palito a nivel nacional. Que Palito haya actuado sensibilizado por las necesidades de la gente humilde, como fue presentado en los medios, es una completa impostura. Palito apoyo el cierre de los servicios de pasajeros del Belgrano que pasaban por Tucumán, y otros dos servicios de pasajeros del Mitre; apoyó la privatización de los ramales y ahora no ha abierto la boca ante los despidos masivos de trabajadores en el Belgrano, Mitre y el Policlínico Ferroviario. Palito sostuvo que la provincia se veía obligada ha hacer un esfuerzo financiero, hecho que fue desmentido por la dirigencia de la UF (que apoya al gobierno) y por la propia Gaceta (29/3) que señalan que el servicio sería superavitario. Que el gobierno insista con que el tren da déficit tiene que ver con el hecho de que se lo piensa privatizar una vez concluido el proceso de racionalización, y así entregrarlo por chauchas a algún monopolio. Llamó la atención el apoyo de todas las cámaras patronales a la decisión de Palito, cuyos dirigentes precisamente no usan el ferrocarril para movilizarse. Este apoyo estaría dirigido a respaldar la política ferroviaria que el gobierno provincial está impulsando basado en la construcción de un corredor ferrovial que una Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, y que explicaría, también, la decisión de mantener, por el momento, en funcionamiento los talleres de Tafí Viejo. Este corredor le interesa a las oligarquías lugareñas como una vía alternativa al puerto de Buenos Aires para dar salida a las producciones locales, pero su construcción requeriría gigantescas inversiones, que por el grado de dislocamiento de los planes de integración, nadie estaría dispuesto a financiar. En este cuadro es necesario desenmascarar la política de Palito impulsando un movimiento de usuarios y trabajadores ferroviarios en defensa del tren y de las conquistas obreras, en especial la fuente de trabajo.

El remate de “lo que queda” de YPF ha desatado una enorme puja. Esto no debería sorprender, porque aún después de haber cedido la mayoría de las áreas centrales y secundarias a los petroleros privados, YPF todavía cuenta con más de la mitad de las reservas de petróleo del país, el 80% de las reservas de gas, el 80% de la refinación y el 60% de la comercialización de combustibles y es, además, el primer exportador del país. Pero cuando se conoció que el presidente de YPF, por instrucción de Menem, estaba negociando con el First Boston y Merril Lynch la venta anticipada de las acciones de la petrolera estatal, por una suma estimada en 2.500 millones de dólares, la puja se transformó en verdadera guerra. Los representantes del First Boston son el condecorado ex-secretario del Tesoro norteamericano de Bush, David Mulford, y el inefable Krieger Vasena, ministro de Economía de la dictadura de Onganía... Para el Boston y Merryl Lynch se trata de un excelente negocio. Pueden comprar el 50% del paquete accionario de YPF en 2.500 millones de dólares, cuando está valuado entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, para luego revenderlo. Por esta compra anticipada, “levantarán” una suculenta “comisión del 1%, con un premio adicional del 5 al 10% en caso de que vendan las acciones por encima de los 2.500 millones de billetes verdes” (Clarín, 14/3). El Boston puede llegar a alzarse, por lo tanto, con comisiones que oscilarían entre los 300 y 500 millones de dólares. La entrega de las acciones de YPF al Boston-Lynch en exclusividad, desató una “guerra bancaria”. Según “Ambito Financiero” (2/4), la propuesta de Menem-Estenssoro “ingresó en una zona gris a partir del clima negativo que la designación del First Boston para liderar la operación generó entre los restantes bancos de inversión de Nueva York”. Pero aún más importante que el negocio de colocación del paquete accionario, es que la entrega habrá de significar el compamiento integral de YPF por uno o dos pulpos privados. El Boston-Lynch “podría optar después por el camino más cómodo, que sería —en un verdadero cambio de estrategia privatizadora— negociar la colocación del paquete entre tres o cuatro accionistas”, lo que “transformará a YPF en una empresa tan dominante en el mercado, como hasta ahora, pero en manos privadas” (El Cronista, 23/3). Esta perspectiva “provoca escalofríos en las privadas nacionales” (ídem), es decir en Pérez Companc, Bridas, Astra, etc. “Los influyentes integrantes de la Cámara de Empresas Petroleras Argentinas —CEPA— pidieron una entrevista urgente con Domingo Cavallo para cuestionar la iniciativa”, admitió “Clarín” (17/3). El temor de la CEPA es que se los desaloje del negocio privatizador, primero, y luego, del propio negocio petrolero. Para los de Pérez Companc y cía. lo conveniente sería ir vendiendo los activos de YPF en partes, impidiendo que pase al control de una multinacional. “Achicar y dividir es la solución”, según Luis Rey, de Pluspetrol (El Cronista, 5/4). Para estos pulpos “nacionales”, YPF debe concentrarse en la exploración (descubrir nuevas reservas), que es lo más costoso e incierto para luego transferir los descubrimientos al sector privado. Lo real es que las reservas petroleras alcanzan sólo para ocho años de producción (las más bajas del siglo) y los Pérez Companc y cía. no invierten en exploración sino en el más jugoso negocio de seguir sacando el petróleo descubierto por YPF en las áreas centrales que les cedió. La propuesta de los “nacionales” es que YPF se desprenda ahora de los yacimientos de gas, una medida que comenzó a instrumentar la secretaría de Energía “obedeciendo a fortísimas presiones recibidas desde el sector privado” (El Cronista, 5/4). El secretario de Energía le presentó a Cavallo un decreto para transferir “cinco yacimientos gasíferos de la cuenca neuquina, que cuentan en total con reservas equivalentes a las de Loma de la Lata”, algo “que no cuenta con el visto bueno del presidente de YPF, José Estenssoro” (ídem). Además de quedarse con reservas comprobadas de gas, “los nacionales” saben que “el precio del gas natural va a aumentar tras la desregulación del valor en boca de pozo, prevista para junio de 1994” (Daniel Montamat, ex-presidente de YPF, en Ambito Financiero, 30/3). No estaría descartado que el gobierno les entregue esos yacimientos a “los nacionales” y proceda al mismo tiempo a vender anticipadamente las acciones de YPF a los pulpos extranjeros. Tanto la solución “nacional” como la extranjera significan la completa liquidación, desguace y entrega de YPF. A quién rescatan Este remate de YPF se hace con el argumento de rescatar los bonos de los jubilados; en su momento se dijo lo mismo de la privatización de ENTel. Pero los Bocones no están ya con los jubilados sino con los especuladores y bancos que compraron esos Bocones a la mitad, o menos aún de su valor. Incluso si algún jubilado guardó los Bocones, a lo sumo recibirá un 75% del valor original que le entregaron. Si el jubilado pierde así un 25%, el banquero ganará ese porcentaje ya que los Bocones en su poder los compró a 50. Es un negocio para los banqueros, no para los jubilados. Pero el gobierno apela también a esta venta adelantada y apresurada de YPF, por la simple razón de que ni las cuentas fiscales ni las cambiarias le alcanzan para pagar los intereses de la deuda pública y las amortizaciones de capital, o para poner lo que haga falta para financiar un déficit de 8.000 millones de dólares con el exterior. Aunque Cavallo dice que el dólar y el peso son equivalentes, necesita dólares para financiar los descomunales desequilibrios monetarios generados por su “plan”. La conclusión es que además de una mala venta y de la pérdida de un capital rentable, la entrega de YPF será una descapitalización de recursos sin precedentes. Dicho en lenguaje “liberal” se cambia capital por consumo, es decir se descapitaliza a la economía nacional.

Los obreros del ingenio Tabacal han salido a la lucha para reclamar el pago de los salarios de los últimos tres meses. Con el apoyo del vecindario cortaron la ruta que une Yrigoyen con Orán y realizaron una marcha de más de 10 km. También se ha formado un comité de mujeres que se encargan de juntar los fondos para una olla popular, en especial mediante el cobro de un “peaje”. La patronal ha declarado que sólo si el Estado Nacional le otorga un crédito por 20 millones de dólares podrá pagar las deudas y realizar la próxima zafra. El gobierno de Ulloa, el PJ, la UCR, el obispado de la zona y la dirigencia de los sindicatos del ingenio del surco, se han alineado con este reclamo. Entre los trabajadores existe gran confusión, pues avalaron la posición de la burocracia de gestionar un crédito para la patronal, pero a su vez también existe gran desconfianza, expresada en el hecho de que se votó que si llega algún crédito, su utilización debe ser controlado por los propios trabajadores, para evitar lo que ocurrió hace dos años, cuando el ingenio recibió un importante crédito del Banco Provincia de Salta (crédito que nunca fue devuelto) del cual los trabajadores no vieron un peso. En esta situación el único camino para lograr el cobro de las deudas y asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo, es extendiendo y profundizando la movilización. Una demostración que la lucha comienza a dar resultado se vio en el hecho de que, ante la disposición de mantener el corte de la ruta e incluso enfrentar a la gendarmería que había sido enviada a reprimir, el Ministerio de Trabajo se vio obligado a enviar un subsidio de 300 pesos por trabajador. Como parte de esta lucha y junto con el reclamo de pago de las deudas salariales y la defensa de la fuente de trabajo, es necesario plantear la apertura de los libros para ser investigado por un comité obrero elegido en asamblea, y así sacar a la luz los negociados y superbeneficios de la empresa, realizado a costa del hambre y la superexplotación obrera.

Por decreto (¡¡¡otro más!!!), el gobierno puso en marcha la llamada “desregulación de las obras sociales”. La medida constituye un serio golpe contra los trabajadores, porque es un paso más en la imposición forzosa de la “privatización” y encarecimiento de la salud. No por casualidad el nuevo ministro de Acción Social encargado de llevar adelante esta desregulación es un hombre que proviene del riñón de la medicina pre-paga (es uno de los dueños de “Galeno”). Corazón El corazón del decreto está en la modificación de la actual cobertura médica de las obras sociales. En lugar de la prestación médica uniforme para todos los afiliados establece “tres tipos de atención médica. El básico (aportes mínimos), integral (aportes superiores al mínimo) y para los jubilados” (Río Negro, 2/4). “Ambito Financiero” (2/4) lo confirma: “los afiliados tendrán derecho a distintos regímenes de atención médica...” Esta atención “diferenciada” se complementa con la autorización que el decreto da a las obras sociales a “pactar con sus afiliados prestaciones adicionales sobre las obligatorias” (Río Negro, ídem). La actual cobertura médica se reducirá a una prestación asistencial y el acceso del trabajador a una atención médica superior deberá complementarse con aportes adicionales “voluntarios”. Que esto es así surge claramente del decreto, el cual dispone que las obras sociales deberán garantizar “niveles mínimos de cobertura” y que el Ministerio “determinará el valor individual de los planes de atención médica”. Esta cobertura básica será realmente asistencial: según “Página 12” (17/3), cubrirá “los servicios mínimos como los clínicos, operatorios comunes, materno-infantil y salud preventiva”. Quién desee una medicina superior deberá pagar contribuciones “voluntarias”. Lo que tenemos entonces es un paso hacia la instauración de planes de salud individuales, al estilo de la medicina pre-paga o de los seguros de salud. No por casualidad el decreto denomina a las obras sociales como “agentes del seguro”. Esos planes deberán ser “comprados” por el trabajador en base a su actual aporte sobre el salario más las contribuciones “voluntarias”. La llamada desregulación es entonces un claro encarecimiento de la salud. Encarecimiento La tesis oficial es que al desaparecer la actual cobertura uniforme el sistema de salud se hará más “competitivo”, esto porque los prestadores médicos competirán por ofrecer mejores planes de salud. De ahí que, al mismo tiempo, se establezca la posibilidad para el trabajador de cambiar de obra social (hasta un 20% del padrón de cada entidad, por ahora). En realidad es todo lo contrario. Un reciente estudio de la OCDE (organismo que agrupa a las naciones desarrolladas) señala precisamente que se perjudica la salud de la población y se la encarece cuando se establecen coberturas médicas diferenciadas. “La cobertura universal fue la llave para contener los costos, informó la OCDE. Al establecer presupuestos globales, los gobiernos pueden dar el ejemplo en el control de los gastos, restringiendo los intereses de los productores, hospitales y la industria farmacéutica. Donde los costos de la salud son liderados por la demanda e ilimitados —como en los sistemas de seguros privados— no existe esa fuerza para economizar y ser eficiente” (Financial Times, 6/3). Pero a su vez, como la cobertura diferenciada brinda una salud en función de la capacidad de pago del trabajador, se deteriora —dice la OCDE— el padrón de salud. “Sin la cobertura universal, las aseguradoras seleccionan a los grupos más sanos, dejando afuera a las personas menos sanas —en general de menores ingresos— con poca o nula protección” (ídem). Monopolización Las obras sociales están en bancarrota, no sólo por la gestión de la burocracia. En realidad ésta es una fachada de los grandes pulpos de la salud. Como señala un documento de la UIA, “las obras sociales poseen escasa capacidad instalada propia y contratan a través de diversas modalidades a prestadores privados (clínicas, sanatorios, farmacias, médicos, etc.) para la atención de sus beneficiarios” (Documento de Trabajo Nº 2, pág. 44, agosto ’92). Por esta intermediación, la burocracia se “levanta” una suculenta comisión. La debacle del sistema de salud coincide con el avance de la “privatización”. El documento de la UIA señala que a partir de 1970 “se consolida el sector privado como prestador de servicios médicos y se refuerzan los programas de descentralización y transferencia de hospitales públicos a provincias y municipios” (ídem, pág. 24). En ese período, según la misma publicación, el gasto total en salud pasó del 7,8% del Ingreso Nacional en 1970 al 9,8% en 1986 y se estima ahora que ronda el 12%. El 80% de este gasto va a parar al sector privado, 50% en forma directa y el otro 50% a través de las obras sociales. Aunque el hospital público absorbe el 20% del gasto de salud, el flamante privatista designado ministro, Mazza, reconoció que “los hospitales públicos, (tienen) el 65% de las camas disponibles en el país (y) cubren el 50% de las internaciones” (Cronista, 3/3/93). El propósito de la desregulación es concentrar el negocio de la salud eliminando a los grupos prestadores privados menos fuertes y monopolizar el negocio en pocas manos, al estilo chileno. Esto el decreto espera conseguirlo a través de dos vías. Una, al prohibir que las obras sociales puedan contratar con colegios médicos, de manera que los grandes sanatorios tengan el monopolio de la contratación de los médicos. Dos, concentrando el número de obras sociales, que según el ministro de Trabajo deberían reducirse de las actuales 300 a no más de 50. El decreto desregulador agrava las condiciones de salud de los trabajadores. El Partido Obrero plantea: 1) Cobertura universal para toda la población. 2) Sostenimiento exclusivo de la salud con el aporte empresario. 3) Expropiación de los grandes sanatorios y laboratorios. 4) Control obrero y plan de salud único dirigido por los trabajadores.

Atilio se acercó al partido hace unos 5 años cuando después de trabajar 25 años en el ingenio San Martín del Tabacal, Patrón Costa decidió dejarlo en la calle. Atilio fue nuestro candidato a Intendente en las últimas elecciones en la localidad de Hipólito Yrigoyen. Los años de superexplotación y miseria en el ingenio terminaron minando su salud. En Yrigoyen no hay hospital sino un centro de salud desmantelado. Atilio murió camino a Orán buscando un hospital... Atilio, hasta la victoria siempre.

En Chile, Pinochet instauró una medicina privada obligatoria que se financia con el aporte exclusivo del 7% del sueldo del trabajador. Esto le da derecho a un plan de salud mínimo, que en verdad está por debajo del mínimo como el propio sueldo que lo financió. Cualquier atención adicional debe ser cubierta por el trabajador con aportes “voluntarios” cuyo monto varía en función de su edad y de la cantidad de hijos. Nada menos que Fernando Espina, un dirigente de la ultraderechista Renovación Nacional, ha hecho una descripción fulminante de la “bondad” del sistema privado chileno, conocido como ISAPRES. En una entrevista en la revista “Hoy” (1/3/93) dice que “Hoy hay grandes Isapres, que no son más que cuatro o cinco que manejan todo el mercado de este sistema...”. Los planes de salud, para un salario medio, no cubren absolutamente nada. “Si tengo hoy un niño con Síndrome de Down y la Isapre me dice que no me lo recibe, lo encuentro atroz. Este tipo de cosas podían ser explicables cuando se crearon las Isapres, porque no podían cubrirlas. Pero cuando hoy a una mamá le dicen que porque su hijo nació enfermo, la Isapre no lo quiere cubrir, ¿dónde está el mínimo de solidaridad frente a un tema como es la salud? Yo entiendo que son instancias de fines de lucro pero que no tengan tanto lucro.”. Pero aquí no terminan las atrocidades, siempre según este chileno privatista. “Lo mismo excluir a una persona por la edad. Que le digan que cumplió 70 años y por lo tanto su plan se encareció en un 40% y si quiere seguir el próximo año paga un 40% más. ¿Es lógico tener un sistema así? ¿Es razonable? “Las Isapres hoy juegan con la deshonestidad”, dice el chileno. Permanentemente modifican los planes de salud “a libre albedrío”, eliminando prestaciones o encareciendo la cuota. “Por qué no mandan una nota grande que diga... Las Isapres juegan con toda esa cosa oculta, rara...” “¿Que las Isapres inviertan en salud?” Espina interroga: “¿Qué Isapre invierten en protección, en educación, en salud, en vacunas?”. Contesta: “La licencia obtétrica, el pre y post natal, la paga el Estado, no lo paga la Isapre... Cuando hay que hacer grandes prevenciones en Chile porque viene una vacuna, se marginan y dejan solo al Estado.”. Pero al menos es mejor que el sistema público, le pregunta horrorizado el periodista. “Claro, contesta Espina, porque el Fonasa (sistema público) es pésimo, es horrible. Fonasa debe independizarse. Si retuviese el 7%, se transforma lejos en la gran Isapre de Chile y podría ofrecer muchos mejores beneficios que todas las Isapres juntas”. Entonces, a la mierda con la Isapres.

El viernes 26 de marzo sesionó el Congreso Provincial de ATE, convocado para discutir Memoria y Balance, con la presencia de más de 500 congresales. Por estatuto, el Congreso debe reunir a representantes electos en asambleas seccionales en toda la provincia, a razón de uno cada 50 afiliados. Pero las asambleas, allí donde se hicieron, fueron minoritarias. Todo el proceso “preparatorio” del Congreso fue vaciado a conciencia por las dos fracciones burocráticas que se disputan ATE Provincia y que comparten el Consejo Provincial. (De un lado, el bloque menemiano-duhaldista, constituído por el “vallejismo” y los “blancos” del secretario general de ATE Provincia, del otro el degennarismo alineado con la conducción nacional). El Congreso fue concebido como un ajuste de cuentas entre estos dos aparatos, que un mes antes del encuentro provincial habían amenazado con sacarse chispas, con la “derecha” insinuando una escisión y el degennarismo denunciando el fraude en las cuentas del sindicato (los gastos en concepto de sueldos, honorarios y movilidad llegan a los 500.000 dólares, un tercio del presupuesto total de ATE Provincia). EL “debate” entre ambos sectores se hizo a espaldas de los afiliados, a través de acusaciones de pasillo y sin ningún intento por llevarlo a las asambleas, al punto que la Memoria y Balance se entregó recién en el inicio del Congreso. Esta conducta tuvo el propósito inequívoco de ocultar las mutuas responsabilidades políticas, sindicales y financieras de todas las fracciones que cogobiernan ATE Provincia, pero a su vez preparar un acuerdo entre todas ellas. Llegado el Congreso, el degennarismo se sometió por completo al bloque patrocinado por Duhalde, votando la Memoria de la supuesta derecha y el Balance que antes denunció como fraudulento. Amnesia y manipulación La Memoria y Balance fue una colosal estafa, al punto que la conducción de ATE Provincia “justificó” la falta de un plan de lucha de toda la provincia por la “falta de una adecuada planificación organizativa” (sic). Como denunciaron los congresales de la agrupación Tribuna Estatal (PO), que votaron en contra de la Memoria y Balance, “fué la política común de oposición a un plan de lucha unificado de todo el gremio, seguida por el Consejo Nacional y Provincial, lo que llevó al aislamiento de los conflictos y reclamos y a su sacrificio en nombre de “jornadas”, “radios abiertas” o “kermesses” (?) que no tienen porvenir, desgastan al activismo y se adaptan a los ataques del gobierno”. Los congresales de Tribuna señalaron la responsabilidad común de las fracciones “derechistas” y degennaristas en la política de dividir y cortar al gremio en rebanadas (ramas), y bloquear una lucha de conjunto por el salario, las jubilaciones, contra la disponibilidad, el presentismo y las privatizaciones. En la Memoria “real” está —sostuvieron— el abandono de la lucha del Astillero a su suerte, la oposición al paro nacional, el “plebiscito” carnero que solo sirvió para minar el acatamiento masivo al paro general del 9 y el encubrimiento de la dirección menemista de ATE Ensenada (Aliada al Secretario General de ATE Provincia) que ha pactado con los “incentivos”, la flexibilización laboral e impulsa la tregua social con la empresa. Irresponsabilidad de la “izquierda“ La otra “nota” del Congreso fue la conducta de la reptante “izquierda” degennarista, compuesta por sectores del PI y del Frente del Sur que tienen posiciones en La Plata y seccionales del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia. Primero se “entusiasmaron” con la denuncia del balance fraudulento e incluso llegaron a creer que De Gennaro consumaría el raje a la “derecha”. Luego, fieles a la “realpolitik” centroizquierdista se sumaron a la cantinela de la “unidad”, votaron la Memoria —revelando no tenerla— y se abstuvieron en la discusión sobre las “cuentas”. Finalmente, votaron mayoritariamente contra la propuesta de paro activo de 36 horas dirigido a la CGT y al CTA. Este último punto provocó una pequeña crisis. Frente a la moción por el paro activo nacional levantada por TE, la Mesa intentó “saltearse el punto”, pero fue derrotada. Ante el rechazo del degennarismo a la medida, la “izquierda” propuso reclamar un paro activo para agosto (¡), moción que luego retiraron ante la “falta de consenso”. Finalmente, “derechistas” y degennaristas votaron en contra, gran parte de la “izquierda” se abstuvo y una minoria votó por el paro activo nacional. El Congreso culminó sin adoptar ningún planteamiento de acción frente al derrumbe del salario y las fuentes de trabajo. Una rutina de cortes de ruta para abril, la propuesta de un acto para el 1º de Mayo convocado por el CTA (en lugar a determinar) y un nuevo congreso para fin de año: esto fue todo. No hay que olvidar que los sindicatos enrolados en el CTA están entrampados en la “tregua social” con el gobierno Duhalde. Suteba viene de garantizar un inicio de clases “en orden” y participa de la mesa de consenso con el gobierno que ha parido el presentismo y el congelamiento del salario. ATE transita el mismo camino. El Congreso marcó el paso en lo conocido y mostró la adaptación sin futuro de la “izquierda” PI-Frente del Sur.

Los trabajadores del Hospital Posadas vienen desarrollando innumerables acciones en defensa del hospital público, el salario y las condiciones de trabajo. Sólo en los dos últimos meses se han realizado dos paros de 24 horas y uno de 48 horas, que paralizaron totalmente las actividades, realizándose en cada uno de ellos asambleas conjuntas entre profesionales y no profesionales. Esta lucha tiene una causa; la situación del Hospital es deplorable: de las 600 camas disponibles se encuentran habilitadas menos de la mitad; los salarios de hambre provocan un éxodo permanente de personal; no existen los insumos mínimos y elementales: gasas, sábanas, etc. ¿Nacional o provincial? Siguiendo los dictados del ajuste impuesto por los banqueros, al igual que con las escuelas, el gobierno nacional pretende desembarazarse del sostenimiento de la salud, tirándole el fardo a la provincia. Como en el área educativa, Duhalde viene bicicleteando el traspaso exigiendo una suculenta suma de dinero (que en caso de otorgarse, dificilmente tendría como destinatario a la salud y a la educación). La resolución del traspaso del Posadas tiene más de un año de idas y vueltas sin haberse concrertado. Debe quedar claro que la provincialización no es una estación terminal en el proceso de destrucción de la salud pública; a ésta le seguiría la municipalización y privatización de las áreas más rentables para los pulpos de la salud, convirtiendo lo que quede en “salas de primeros auxilios” carentes de la infraestructura mínima, como por ejemplo el Hospital de Moreno. A mediados del ‘92 el gobierno lanzó una ofensiva nombrando un interventor, cuya supuesta tarea era esclarecer los casos de corrupción de la gestión Fraschina, (por todos conocidos y nunca juzgados), cuando en realidad su función era consumar la transferencia. Para esto intentó privatizar los servicios de alimentación, guardería y por último el sonado caso de establecer un contrato con la Fundación Willian Harvey para que ésta se ocupara de los sectores más rentablesdel servicio de cardiología. Todos estos intentos de hacer más “apetecible” el traspaso chocaron con la obstinada resistencia de los trabajadores, que hicieron retroceder cada uno de los proyectos. Bomba neutrónica para el Posadas Emulando a la tristemente célebre invención yanqui que destruye los seres humanos dejando en pie los edificios, la solución final para el Posadas ideada por el gobierno es consumar el traspaso edilicio, no así su personal. Esto fue resistido por el conjunto de los trabajadores, que reclamaron, a través de sus direciones sindicales, ante el Ministerio de Salud, el reconocimiento del volcado, que consiste en el nombramiento de 110 nuevos cargos de médicos de guardia y el reconocimiento de la carrera profesional. Contra la voluntad del gobierno de consumar el traspaso con reducción de personal se han visto forzados a firmar la recepción del texto del reclamo del volcado del hospital, no así aún su aprobación. Esto, junto a un premio de 200 pesos otorgado a los profesionales (ya lo había recibido el resto) se logró con el último paro de 48 horas. El método de la acción directa de los trabajadores del Hospital, asambleas conjuntas, paros y movilizaciones, se ha revelado como la forma idónea para hacer retroceder al gobierno en sus objetivos. La situación del Posadas es común al conjunto de los hospitales, sean nacionales, provinciales o municipales. En este sentido se necesita de una acción común y coordinada de todos los trabajadores de la salud, por los reclamos planteados: —600 pesos de básico para todos los trabajadores del hospital. —Incorporación al básico de los 200 pesos. —Aprobación inmediata del volcado del hospital. —Habilitación de las 600 camas disponibles. —No a las privatizaciones. Por la defensa de la guardería.

La privatización de Entel ha resultado en un servicio deficiente con las tarifas más altas del mundo; para los trabajadores telefónicos en la pérdida de conquistas fundamentales de convenio y un empeoramiento de las condiciones de trabajo; y para los “privatizadores” en descomunales beneficios. La idea de que los “privatizadores” se ganarían a los trabajadores con el verso de la modernización y de la participación en los beneficios se fue al bombo. En la masa del gremio telefónico se mantiene un sentimiento antipatronal y antiprivatizador muy fuerte, el cual ha tenido permanentes manifestaciones. Las asambleas de edificio, promovidas por el cuerpo de delegados para el 18 de marzo, día del telefónico (anulado como feriado por las privadas), tuvieron en algunos casos un alto voltaje. En ciertos edificios se debatieron las reivindicaciones y la situación de los trabajadores por más de una hora. Por otra parte ha habido una verdadera “guerrilla” de reclamos y resistencias parciales contra el vaciamiento del convenio desde la privatización. Recientemente, un quite de colaboración de tres semanas del sector Tráfico (operadoras) impuso a la patronal un reencasillamiento equivalente a un aumento de 100 a 150 pesos para toda una franja de trabajadores. Un plenario de 15 secciones de Conservación Cables, por su lado, resolvió negarse a localizar averías si la reparación de las mismas no se adjudica a las propias cuadrillas. La entrega de los trabajos a las contratistas, subsidiarias disfrazadas de Telefónica y Telecom, es utilizada para sobrefacturar, abultar pasivos y evadir impuestos. Los delegados y los activistas, tomaron la iniciativa en todas estas luchas, ya que la Comisión administrativa del Sindicato Buenos Aires ha sido impotente para formular una política. Desde que ganaron la dirección contra Guillán, los sectores ubaldinistas traicionaron la gran huelga contra María Julia y el gobierno, y a partir de allí se adaptaron a la política menemista que, desde la Federación, practica Rogelio Rodríguez, agente de las empresas y enterrador del convenio. A la hora de la renovación de la Administrativa, que se producirá en las próximas elecciones del Sindicato, la defensa del convenio, el horario de 7 horas, las condiciones de trabajo, la reivindicación salarial, serán una parte fundamental del programa de reagrupamiento de delegados y activistas para dar la batalla por una dirección de lucha.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha ordenado la realización de un nuevo juicio en la causa por el asesinato, hace cinco años, de Willy, Negro y Oscar, debido a la apelación presentada por los familiares contra el exiguo monto de las penas aplicadas a los policías acusados. La Corte, aunque omitió pronunciarse sobre el reclamo, alegó, en cambio, la existencia de “irregularidades” de forma en el proceso. Entre los familiares, amigos y vecinos de Budge se ha abierto un interrogante: ¿servirá esta decision para hacer verdadera justicia en el caso? Los principales acusados, Balmaceda y Miño, fueron impuestos de una pena menor —cinco años— por “homicidio en riña” que autoriza la excarcelación luego de tres años y medio. Rito Romero fue el único inculpado de homicidio simple, recibiendo una pena de once años. Teniendo en cuenta que en la causa se probó que las armas que supuestamente tenían los chicos no funcionaban ni hubo riña ni fue homicidio simple, se trata de acuerdo al Código de triple homicidio calificado con alevosía, lo que implica una condena de entre 20 años y cadena perpetua. La Corte, en cambio, ha “pateado la pelota afuera” al omitir pronunciarse sobre los graves cargos formulados contra la sentencia anterior. Al ordenar un nuevo juicio, habrá que realizar nuevamente toda la prueba. En la causa ya se había logrado probar que las armas que supuestamente tenían los chicos no funcionaban; además, los testigos declararon que las armas fueron puestas por la policía. Se probó también (fojas 347/82) que una de las víctimas, Argañaraz, fue llevada con vida del lugar; pero en la autopsia se comprobó que murió por disparos de bala que hicieron impacto en el cráneo, lo que revela que fue muerto en el trayecto al hospital, ya que no se sobrevive a impactos en esa zona del cuerpo. Se probó también (fojas 104 y 108) que Oscar Aredes fue muerto de un disparo en la espalda (pericia doctores Ferrati y Muñoz), lo que también destruye la teoría del “enfrentamiento o riña”. A ello se suman los testimonios claves de quienes declararon que los pibes fueron ametrallados indefensos. En este cuadro, realizar nuevamente el juicio significa, lisa y llanamente, borrar todas estas pruebas, que deberan ser producidas de nuevo. Luego de cinco años, la mayoría de esas pruebas se han borrado. Las autopsias no revelarán los mismos datos, debido al natural deterioro de los cuerpos. Los testigos deberán ser ubicados nuevamente. Los testimonios claves fueron apoyados por el calor de una movilización popular que los animó a decir lo que habían visto. Las armas, luego de tanto tiempo, ¿estarán en las mismas condiciones que revelaron aquellas pericias? El fallo de la Corte se produce en un cuadro de militarización policial del conurbano. El gobernador Duhalde ha cursado orden de comprar diez mil pistolas, cuarenta helicópteros, cientos de autos y camionetas y ¡1.500 carros de asalto antidisturbios! (Noticias, 4/4). Se trata de fortalecer a la “policía brava”, pero no en el rubro “persecución de delicuentes”; esos carros y helicópteros son, como su función lo indica, para reprimir las manifestaciones populares. Precisamente, el propio Budge fue protagonista, días pasados, de una feroz represión policial por reclamar por sus derechos. Esto se revela como una advertencia ante el nuevo juicio. Budge ha pasado nuevamente a convertirse en un bastión de la lucha popular contra el gatillo fácil y la represión a la juventud. El barrio deberá organizarse, con el apoyo popular, para enfrentar las provocaciones y movilizarse para exigir el juicio y castigo del asesinato.

A la Asamblea General de afiliados de FOETRA Buenos Aires que debía elegir Junta Electoral: expedirse sobre las elecciones; Obra Social; discriminación de trabajadores, etc. Concurrieron 400 compañeros, quienes recibieron de parte de la mesa el clásico “no hay quórum” y “los delegados tienen que trabajar más para la próxima”. El compañero que intervinó por la Lista Naranja planteó lo siguiente: “Venimos de un conflicto en Tráfico (Telefónica) y se ganó la equiparación salarial. Lo mismo en Conservación y hoy está en conflicto Tráfico de Pampa (Telecom). Si los compañeros luchan en sus oficinas, ¿por qué no concurren a las asambleas? Si la gente no concurre es porque no confía que de la asamblea vayan a surgir respuestas a sus reclamos. Y esa es la responsabilidad de la conducción de FOETRA Buenos Aires”. La burocracia dirigente es repudiada por sus fechorías, manejo de las acciones, curro de la capacitación (8 palos verdes), parálisis ante los reclamos, entrega de luchas. Su único argumento es “la gente no da” y con eso justifica el vaciamiento político de la asamblea tornándola inoperante a los ojos de los compañeros. Hay que terminar con esta política derrotista. Elegir una nueva dirección que ornanice las luchas (existe la versión de una reducción del 20% del personal antes de setiembre) y que sea la referencia de los telefónicos. Una dirección compuesta por los mejores compañeros; probados en las luchas. Que barran con la burocracia y abran una nueva etapa en la rica historia de lucha del gremio telefónico.

El martes 30 el intendente Távano “bajo” a la sociedad de fomento de Budge para explicar como será el puente peatonal de la calle Baradero y C. Negro que lo “pagará” la municipalidad, ya que “Obras Públicas de la Provincia no lo tiene proyectado”. Luego de sostener que el problema de señalización, iluminación y colocación de semáforos no es tarea del municipio, porque le corresponde a Vialidad y que las demoras en las obras son porque ésta se “quedó sin fondos”, aclaró que “fondos del conurbano bonaerense vendrán con ese fin”. Explicó también que los trámites burocráticos correspondientes al puente peatonal tardarán aproximadamente 20 días. Alrededor de 90 vecinos se dieron cita en el local, los cuales, luego de la intervención de la “asociación de madres apolíticas de Budge” que preguntó sobre el puente, comenzaron a desgranar una a una sus necesidades y preocupaciones. Así pasaron pedidos para solucionar el problema de desagües, asfalto, zanjas, salitas de primeros auxilios. No faltó el tema de la titularidad de las tierras, ni la permanente falta de agua en la zona, como que también intercediera ante el juez que tiene la causa de los detenidos en ocasión de la represión policial. Esta sola enumeración muestra claramente cual es la situación del barrio, empujado a vivir en condiciones inhumanas producto de una política rabiosamente expropiadora del esfuerzo de los trabajadores. Esto también explica la reacción de los vecinos al decir: ¡BASTA! y salir al corte de la ruta. El Intendente respondió como siempre: “nos estamos ocupando de eso, estamos trabajando” y sólo el plazo aproximado sobre el tema del puente quedó en concreto. Si consideramos que no es la primera vez que se da un plazo y luego este se estira como un chicle, tenemos que esforzarnos en impulsar la organización de los vecinos para que se consitituyan en controladores de las obras prometidas y verifiquen sus plazos. Otra tarea impostergable es el pedido para que cese el proceso a los compañeros que fueron detenidos. Se va a dar la paradoja que los asesinos de los chicos de Budge van a andar sueltos (reapertura de la causa), y los que lucharon para que los responsables de las obras públicas construyan un puente, van a ir a la cárcel. Esta es la tarea inmediata.

Pese a que la burocracia está en retroceso y pierde las asambleas en el Astillero, el Congreso Provincial de ATE registró una descomunal anomalía: la representación no respondió al activismo que lucha o a una delegación elegida por la asamblea general. Su lugar fue ocupado por un contubernio entre los menemistas (que encabezaron la lista), los “blancos” y el PTP. La mitad de la interna —que el año pasado se constituyó en oposición a la Azul y Blanca menemista— se encolumnó detrás de esta variante, “puenteando” al Cuerpo de Delegados para consumar una maniobra podrida y divisionista. La elección de esta lista en una ultraminoritaria asamblea seccional es un indicio del carácter conspirativo que rodeó la preparación del Congreso. Lo mas importante, sin embargo, es que esta maniobra contó con la renuncia de las agrupaciones que se reclaman antiburocráticas y combativas a presentar una lista alternativa —especialmente la Celeste, pro Frente del Sur, y el Mst. Capitulación aún mas grave porque la agrupación Tribuna Estatal (PO) llamó publicamente a conformar una lista opositora al contubernio menemista y se empeñó en su construcción, juntó candidatos (35 sobre los 89 requeridos) y presentó batalla en la asamblea seccional. Es decir, no hay excusas. Conformar una lista alternativa frente al Congreso habría colocado a estas corrientes frente a la disyuntiva de una delimitación política frente al degennarismo y la constitución de un bloque combativo en el Congreso. Este es el desafío que el Frente del Sur y el Mst no quisieron asumir.

El 27 de marzo, a las 19,30 horas fue encontrado Gastón, de 12 años, estrangulado y atado a una siLla. Desde entonces se han realizado dos movilizaciones de casi un millar de personas. Para los pobladores de Chivilcoy, el asesinato impune de Gastón no es sino uno más de una larga lista. El más reciente, el “caso Rojas”, un chico de 7 años violado y ahogado en una pileta. Antes, “un peón de campo que apareció acribillado a balazos a la vera de un camino vecinal” (Crónica, 5/4) y otros crímenes nunca esclarecidos. Las acusaciones de la población, como antes en Tres Arroyos, se dirigen hacia la policia provincial. Del asesinato del pibe Rojas fue culpado un jóven de 17 años liberado luego de acusar a la policia de haberlo torturado para que confesara. “Acá todo se arregla con coima. Si tenés guita, te salvás, si no te morís. Te lo digo porque a mi me mataron un hermano”, denunció uno de los vecinos movilizados (Página 12, 3/4). Chivilcoy es un espejo de la provincia de Buenos Aires. Tres años atrás, en Tres Arroyos, frente al asesinato impune de la niña Nair Mustafá y la corrupción de la jerarquía policial, el pueblo también tomo el camino de la acción directa para defender sus derechos. Al resolver movilizarse mediante las “marchas del silencio” que nacieron frente al crimen de María Soledad, los pobladores de Chivilcoy —como luego los de Lugano o Budge— comienzan a recorrer un camino de lucha contra la corrupción y la connivencia con los grandes delincuentes que es propia del Estado capitalista y sus “cuerpos armados”. “La mejor policía del mundo” Los culpables de esta situación pretenden distraer a la opinión pública de las verdaderas causas de la inseguridad colectiva. Para el gobernador Duhalde la solución es tener “la mejor policia del mundo”, por lo cual ha reforzado al aparato represivo. Una ley lo autoriza a “un endeudamiento de 110 millones de dólares para la compra de equipos de comunicación de la Policia, con la empresa Alcatel/Sofremi” (la misma que trató de armar el “negocio” de los nuevos DNI con el ex ministro del Interior, Mera Figueroa), a lo que se suma “la compra de 1.000 automóviles Monza y 400 pickups... 1.300 camiones antimotines ... 40 helicópteros (y) un pedido de compra de 14.000 pistolas Astra” todo con el mismo destino, la policia provincial (Noticias, 4/4). “No se permitirá más, en el Gran Buenos Aires, la ley de la selva por la que se ocupan terrenos ... la policia provincial fue instruída para que de aquí en más no se permitan nuevos asentamiento poblacionales”, declaró Duhalde dos meses atrás (La Nueva Provincia, 28/1). Está en estudio una “ley de familia” que incorpore “una legislación acorde con los tiempos que vivimos... ante la violencia juvenil” y la “reforma al Código de Procedimientos Penal” (Mercuri, a la Nueva Provincia, 13/2). También se preveé “reemplazar el actual sistema de comisarías por uno de patrullaje permanente” (Duhalde, ídem). Así se desprotege al trabajador y a su familia frente a un aparato armado que apela al “gatillo fácil” en las barriadas obreras y encubre a los grandes delincuentes. La indignación popular no se equivoca al señalar a la “maffia” policial que lucra con el juego, la prostitución, el tráfico de drogas, la “piratería del asfalto” y otros “yeites”. El Estado burgués, incluída su “democracia”, es la base social de la delincuencia y la inseguridad. La movilización por la condena a los asesinos y represores de las barriadas obreras, por la investigación popular e independiente de la “maffia” policial y todas sus ramificaciones es el único camino a recorrer para terminar con la inseguridad colectiva.

La ofensiva la tenía la patronal: diez días del libro para el registro de los retiros voluntarios, se anotaron compañeros jubilables y jóvenes que “al no pasar nada es preferible irse” (decían en relación a la pasividad de la interna), ya había más de 20 anotados y resultaba imposible hacer comprender a la interna la necesidad de una asamblea. En fábrica corrían los cálculos y planes de una supuesta indemnización, si aceptar cuotas o ir a juicio; si convenía anotarse o el telegrama. La empresa había decidido la reducción del personal en un 30% y logró dividir y desmoralizar a la mayoría de los compañeros; hacer agachar la cabeza a los que durante años supieron defender celosamente sus conquistas y mantener constante la lucha salarial logrando niveles superiores al promedio general en el gremio. La empresa está preparada, la gente no da, y no hay nada que hacer, etc. sostenía la mayoría en la interna, que por supuesto se proyectaba entre los compañeros llevándolos a un callejón sin salida. La empresa preparó este terreno, y el día 26/3 avisó a los delegados que a ellos también les ofrecería el “retiro voluntario”, uno por uno (son cinco); ese mismo día le ofreció al primero “lo que corresponde”, u$s 30.000, para que se vaya. Aun poniéndose en conocimiento, el chantaje pretendido por la empresa, y la intención de corromper a la interna, la asamblea no salía. La patronal entonces, continuaba con su propósito y todo hacía pensar en vacilaciones y entrega de la interna. Pero el 30 de marzo, se instaló el debate, a medida que ingresaban los compañeros a los vestuarios se imponía la voluntad de no dejar avanzar más a la empresa; su plan iba en detrimento de todos: los “voluntarios” serían arrojados a un mundo de desocupados desesperados por la competencia cuentapropista y en fábrica impondrían los ritmos exigidos ya ensayados por la empresa durante las vacaciones. Si no enfrentábamos a la patronal que serían más de 20 años de conquistas y luchas con una interna quebrada (en el mejor de los casos) o corrompida. Las patronales como Carrier, pretenden hacer caer sobre los trabajadores todo el peso de la crisis recesiva que resultó del plan del gobierno que apoyó en todo momento. Pretende “bajar costos” para cumplir con las exigencias de la Carrier yanqui, que desea comprar la empresa luego de hecho “el ajuste”: la flexibilidad laboral. Aludiendo falta de competitividad y eficiencia y una supuesta rentabilidad negativa que llevaría a no poder asumir los salarios y hasta cerrar la planta (como lo repitió ya en varios conflictos) presenta como solución los despidos, y en cuotas. ¿Pero acaso los obreros somos responsables si hubiera pérdidas, acaso en los últimos 10 años no tuvo ganancias? ¿acaso los trabajadores tenemos control en las cuentas de la empresa?. Bien, que abran entonces los libros y las cuentas de los últimos diez años. Desde que era un galpón hasta el día de hoy, con una planta en San Juan y otra en Buenos Aires, beneficiados con la promoción industrial. ¿No tuvimos que luchar siempre por el salario? ¿Y acaso alguna vez nos basamos en sus ganancias? Si pretenden que entendamos la reestructuración, que lo demuestren, que abran los libros y muestren los tratados con la Carrier yanqui. La asamblea sesionó el 30 de marzo, arrancada por los compañeros, ya dió su primer respuesta al ataque patronal: Repudio al intento de chantajear a los delegados; rechazo a los retiros voluntarios y despidos; declararse en estado de asamblea ante cualquier contraofensiva patronal. La asamblea fue un paso adelante en la lucha contra la flexibilidad, demostró las enormes reservas de lucha de los obreros, pero será necesario desenmascarar las intenciones de la empresa e imponer la estabilidad laboral. Es necesario que los compañeros de Carrier tomen la tarea de reagruparse para preservar sus conquistas y dar batalla al ajuste patronal.

La tremenda indignación expresada en la multitud que fue a acompañar los restos de la docente de 25 años que fuera asaltada y golpeada contra el andén de la estación Paso del Rey, ha sido sobre todo una expresión de repudio popular frente a la desidia y el cinismo que emana de la acción gubernamental. La reacción frente a esta nueva muerte en los andenes ferroviarios revela el cuadro de descomposición social agudo que recorre el conurbano bonaerense, del que el “chorreo” es apenas una consecuencia y los “punguistas”, otras víctimas también, de la desesperación social, acicateados por la falta de trabajo, las maffias que rodean los “palacios municipales” y la propia “policía brava”. Paso del Rey es una estación “fantasma”, construída originalmente como un “apeadero”, ha sido mantenida desde entonces con sus estructuras de madera desvencijada a pesar del impresionante “dormitorio obrero” que se desenvolvió en torno suyo. Con la “privatización” de los FF.CC. se denunció el proyecto de levantamiento de la estación, lo que motivó grandes reclamos en la zona. La estación se mantuvo pero su deterioro, igual que la de los vagones que recorren las líneas férreas, han transformado al FF.CC. suburbano en un transporte “público” propio de animales para hacienda... y para el matadero. Por eso no es casual esta nueva muerte. Vagones cuyas puertas, vidrios, asientos, luces, en un 80% están rotos; en los que ascender es una “proeza” de atletas... para el salto y la conquista de... un asiento en un viaje de por lo menos una hora. Después de la última gran huelga y los masivos despidos de trabajadores “fraternales” la frecuencia de los trenes tuvo una disminución brutal, y se cortó el servicio durante la noche (condición que pusieron los “privatizadores”). Todo lo anterior entonces se potenció a extremos insoportables. Los “punguistas” aparecen como los responsables inmediatos, pero son apenas la cara oculta del cuerpo de un “delito social”, cuya identidad hay que buscar en la clase capitalista y en el régimen social que dirige. Alejandra murió casi 48 horas después del accidente. Lo que sucedió durante ese período retrata ahora el carácter criminal, no la conducta individual de un funcionario o un empleado, sino los procedimientos “normales” de la clase que gobierna la sociedad frente a problemas como el de la asistencia pública. Todos los relatos coinciden que en el Hospital Municipal de Moreno Alejandra no recibió buena atención médica. Primero denunciaron los familiares, “perdían el tiempo preguntándose que obra social tenía Alejandra” (Clarín, 19/3). Por otro lado la guardia no contaba con neurólogo porque se acababa de dejar cesante al equipo quirúrgico de ese día “por razones presupuestarias”, a lo que se suma la falta de un tomógrafo en el único hospital zonal, que para estos menesteres subcontrata servicios privados. Como se puede apreciar “la pérdida de tiempo” no está dictada por una “negligencia individual” sino por un riguroso “orden social”. Cuando la noticia gana la tapa de los diarios capitalinos, el intendente Asseff, un ex-procesista hoy íntimo de Duhalde y Menem, declara que la Comuna “no tiene ningua responsabilidad”, pero decide intervenir el hospital y declara sin desparpajo: “un tomógrafo cuesta 500.000 dólares y no se justifica gastarlos cuando tenemos uno a 5 kilómetros en Merlo”. “Lo ocurrido —dice “La Oponión” de Moreno— marca prácticamente el final para nuestro hospital; es como la gota que rebalsa y, aunque todo estuvo comentado anticipadamente, las consecuencias saltan a la vista debido a la inacción oficial” (19/3). “Para ud.” , de la misma localidad, dice que “queda absolutamente claro que la intervención es una maniobra distractiva” (26/3). El Partido Obrero de Moreno ha lanzado una agitación para imponer el juicio y castigo a los verdaderos culpables. Los gremios que tienen directa incidencia en el caso, el Suteba y ATE zonales, que se reclaman combativos, tienen el deber de pronunciarse.

Una asamblea masiva del Banco Provincia se pronunció contra el traslado de uno de los principales activistas de la casa central a una sucursal menor de la entidad. Los trabajadores emitieron un documento en el que caracterizan a este traslado y a los que vienen como un intento de desarticular la resistencia de los bancarios del Provincia a la liquidación de conquistas, al derrumbe del salario y a los despidos, “voluntarios” o de los otros. El compañero desplazado ha sido delegado y cabeza de listas antiburocráticas en el Banco y en la seccional. De la asamblea participaron trabajadores de cuatro sucursales de Bahía, y en ella se denunció la política de traslados compulsivos con su verdadero nombre, despidos encubiertos, y se enjuició duramente a la comisión interna, que conocía desde antes la resolución del Banco y no la dió a conocer. El “bandinismo”, actual dirección gremial del Banco Provincia, es agente del gobierno de Duhalde y oposición burocrática de Zanola en la Bancaria, y está interesado en proceder a una “limpieza étnica” previa a los comicios de este año en la Bancaria y en la Gremial del Provincia.