Prensa Obrera N° 385

En un reciente informe sobre la marcha de la economía alemana, un centro de investigaciones financiado por las grandes patronales formula una reflexión que pinta cabalmente la agudeza que van cobrando los conflictos sociales. Después de reseñar que “la industria está claramente en recesión” y que “la situación es extremadamente precaria”, el Ifo, de Munich, advierte que “el pesimismo existente en los círculos bancarios y de negocios es exagerado” (Financial Times, 12/3). Ese “pesimismo exagerado” —que va más allá de lo que indicarían las cifras de la caída de la producción— es el “reflejo síquico” que van forjando las luchas obreras en la mente de los explotadores. Los metalúrgicos de Duisburg, con huelgas y manifestaciones callejeras, lograron que la Krupp anulara el anunciado cierre de sus plantas en esa ciudad. Esta es la segunda victoria de los metalúrgicos de Duisburg, ya que hace pocos años, también lograron impedir con los mismos métodos, el cierre de la planta. Horas después de este recule, la Krupp anunció otro cierre, el de sus fábricas en Rheinhausen, en el centro del corazón industrial de Alemania, la cuenca del Rhur. Al tiempo que informaba de la realización de multitudinarias manifestaciones obreras contra el cierre en toda la región del Rhin del Norte-Westfalia, la prensa recordó que “Reinhausen ya fue una vez sitio de una feroz batalla cuando los trabajadores tomaron las calles en 1988 y ganaron la supervivencia temporaria de la planta” (Financial Times, 10/3). Estos fracasos ante la necesidad de despedir a más de 40.000 metalúrgicos, explican el “exagerado pesimismo” de la burguesía alemana. Además, la IG Metall —el sindicato metalúrgico— anunció que a partir del 1º de abril lanzará una huelga en toda la región oriental para defender el convenio que establece que a partir de esa fecha los salarios del este deben alcanzar el 82% de los del oeste. La patronal se niega a cumplirlo argumentando la “baja productividad” de los trabajadores del este ... sin considerar que éstos tienen jornadas más largas y beneficios sociales sustancialmente más bajos que los vigentes en el oeste. La burguesía alemana es incapaz de alcanzar, como se puede ver, la “unidad nacional” ,salvo que pudiera reducir las condiciones de explotación del oeste a las vigentes en el sector oriental. “Si la IG Metall va a la huelga , la historia puede convertirse en una tragedia” —declara el Financial Times (11/3), midiendo las palabras. El diario británico se adelanta en responsabilizar a los obreros por esa “tragedia”, pretendiendo ocultar algo señalado por él mismo, cuando afirma que en el comité para reconstruir la economía del este se designaron ”asesores”occidentales, muchos de los cuales tienen directo interés en poner a los competidores del este fuera del mercado”. Después de dos años, el diario de los banqueros londinenses viene a dar la razón a una de las denuncias centrales de PO, acerca del carácter de la “reunificación” y anexión capitalista de Alemania. Ciertamente, la clase obrera europea está entrando en una nueva etapa de luchas, que se refleja también en la victoria que han obtenido los trabajadores de la Ford británica. Pocos días después de una “huelga de advertencia” de 24 horas, lanzada ante los rumores de despidos masivos, la patronal anunció que “desistía”, por ahora, de sus planes. En un comunicado oficial, la Ford “explicó” que no despediría trabajadores porque se había producido “una mejora en el mercado”, un cuento para tapar su recule. La clara determinación de los trabajadores a resistir se reflejó en que más del 80% de los trabajadores de la Ford, tanto de producción como administrativos, habían votado apoyar la huelga en caso de despidos.

Hace un par de números atrás, hicimos saber a los lectores que el primer ministro de Alemania, Helmuth Kohl, había informado en el congreso de su partido, la Democracia Cristiana, que la deuda externa de la ex Alemania Oriental, al momento de la anexión, ascendía a 280.000 millones de dólares. Semejante dependencia financiera, por parte de un Estado con 17 millones de habitantes, mostraba que el ex régimen staliniano era una colonia del imperialismo mundial y de la burguesía germanooccidental mucho antes de la “unificación”. Nuestra conclusión acerca de este hecho ratificaba nuestra vieja tesis (1990) de que la quiebra del muro de Berlín había hecho naufrgar la colonización “pacífica” del sector oriental, inaugurando una crisis política de alcances extraordinarios. El dato sobre el endeudamiento “comunista” con el capitalismo mundial acaba de ser confirmado por las cifras del presupuesto de la Alemania “unida”. La deuda correspondiente a los rubros Fondo de Unidad y Treuhand (este último tiene a su cargo a las empresas del sector oriental) alcanza a los 400 mil millones de marcos, o sea 280.000 millones de dólares. En ambos rubros se “encuentra agrupada toda la panoplia de la vieja deuda de Alemania del Este”, confirma el Financial Times (21/3). La novedad del nuevo presupuesto germano es que esa suma “será transferida a la Tesorería Central”, abandonando cualquier ilusión de que pudiera ser cancelada mediante la “privatización” de las empresas orientales. El pago de la deuda “comunista” a favor de sus acreedores capitalistas, queda formalmente a cargo, ahora, del contribuyente alemán, es decir de los trabajadores. El servicio de intereses de esa deuda es estimado “en 46 mil millones de marcos”, o sea 28 mil millones de dólares. El pueblo alemán está llamado a sufragar no solo por la “incompetencia” stalinista sino, por sobre todo, por los “excesos” de sus propios capitalistas. Porque lo verdaderamente peculiar del caso alemán, es que los explotados de este país deben cargar con los costos de una deuda “externa” a favor de su propia burguesía; no, como es corriente, a favor de la burguesía de otro país. ¿No es suficiente lo dicho para medir la explosividad de la cuestión alemana?

La huelga de los 7.000 trabajadores de las minas de carbón de la Peabody —la mayor empresa carbonífera de los Estados Unidos— ha entrado en su cuarta semana, se mantiene firme y ha ganado en extensión con la entrada en huelga de 1.700 mineros pertenecientes a otras cinco empresas carboníferas en Pennsylvania, Illinois y Virginia, abarcando ya a siete Estados. La huelga comenzó el 1º de febrero contra la política de las patronales de poner a las nuevas minas de su propiedad bajo la administración de compañías “fantasmas” no asociadas incluso a la cámara patronal, con la finalidad de desconocer en ellas a la organización sindical y poder violar las condiciones salariales, de trabajo y de seguridad establecidas en el convenio firmado con el sindicato. La lucha es durísima, la patronal de la Peabody contrató rompehuelgas con las compañías “especializadas” en esa “tarea” (en este caso la Vance International). Los piquetes de huelga que intentan frenar el ingreso de los carneros contratados a las minas, deben hacer frente, por lo tanto, a una organización capitalista profesional del carnereaje, a la que se ha sumado la policía y la Guardia Nacional. Según la prensa, la huelga está recibiendo crecientes demostraciones de solidaridad de los sindicatos —particularmente de los camioneros— y de la población de las zonas mineras.

Quienes tengan una imágen idílica de la democracia británica, y no una caracterización clasista de ella, seguramente se sorprenderán al saber que “Una alianza de 21 grandes compañías británicas, que incluye a Imperial Chemical Industries, Marks and Spencer y Rolls-Royce ha emergido como una fuerza que trata de asegurar que las políticas del Reino Unido impulsen el crecimiento ... (mediante) reuniones trimestrales en el 10 Downing Street, con Mr Gus O‘Donnell, el secretario de prensa de John Major, donde plantean las acciones que gustarían que el gobierno emprendiera (Finacial Times, 19/1). Otros miembros de esta “alianza” incluyen a Shell, British Gas, British Petroleum, British Aerospace, Unilever, ICL, Lucas y otros del mismo calibre. La noticia de la existencia de esta “alianza”, mantenida en secreto durante varios años, resulta muy esclarecedora, ya que permite determinar quiénes son las fuerzas que se han movido para imponer la reciente devaluación de la libra y el desencadenamiento de la crisis monetaria europea. El Financial Times informa que el objetivo de este grupo es “promover a la industria” y “reducir las tasas de interés”, dos cosas que ha obtenido a través de la devaluación. Mientras los economistas corrientes entretenían a la opinión pública con el juego de un enfrentamiento entre monedas y entre “prestigios nacionales”, los explotadores de cada país promovían la dislocación de los mercados europeos para salvar sus negocios particulares y nacionales en crisis. “Prensa Obrera”, en cambio, anticipó en oportunidad de la caída de la Thatcher, que el tema que dividía a la burguesía británica era, precisamente, la devaluación de la libra (Prensa Obrera Nº 318, 4/10/90). El Financial Times reproduce las opiniones del coordinador de esta “alianza”, Anthony Cowgill (que por esto cobra 35.000 libras al año) las que no podrían ser más interesantes, o mejor explosivas. Cowgill, opina que “Gran Bretaña no debería firmar el tratado de Maastricht y que le produjo satisfacción que hubiera abandonado el mecanismo cambiario europeo”. Pero yendo más lejos todavía, afirmó que “Gran Bretaña se ha envuelto demasiado con el resto de Europa y que los políticos deberían gastar más tiempo asegurándose que las empresas del Reino Unido puedan competir en una escala global”. Estas palabras significan un responso para la “unidad (capitalista) europea” y el anuncio de mayores devaluaciones de las monedas y de subsidios para los grandes capitales.

El representante de los bancos acreedores y hombre del Citibank, William Rhodes acaba de ser condecorado por el gobierno argentino con la “orden de Mayo al mérito en grado de gran oficial de la Orden del Libertador”. Días atrás recibió idéntico homenaje el ex-secretario del Tesoro norteamericano David Mulford, hoy comisionista del Bank of Boston, encargado de rematar las acciones de YPF. Por la galería de los condecorados pasó también Pinochet, cuyos “méritos” son conocidos. La “obra” de William Rhodes fue meter a Argentina en el Plan Brady, un suculento negocio para la banca acreedora. Hasta Ambito Financiero (17/2) reconoce que “finalmente la Argentina hizo un mal negocio económico en los detalles de su ingreso al Plan Brady ... (porque) ahora prácticamente no hay beneficio para la Argentina. En promedio, durante 30 años la Argentina pagará un interés del 5,8% anual de tasa en los Bonos Par cuando hoy la tasa Libo es del 3,5%”. Pero William Rhodes no vino a recibir una medalla sino a dar las directivas. “Los bancos están muy preocupados por las demoras existentes en la aprobación del proyecto de ley de reforma previsional” (Clarín, 23/3). Las palabras de Rhodes conmovieron al “criollo pampeano”, Jorge Matzkin, titular de la bancada del PJ, quien de inmediato se lanzó a armar “una operación de relojería”, según Clarín, para que el Congreso aprobara la “jubilación privada”, con la recomendación de Rhodes: la eliminación de la garantía en dólares sobre los aportes previsionales en el Banco Nación. El “soberano” Parlamento se inclina majestuosamente ante el Citibank. En circunstancias como éstas es cuando la consigna Patria o Colonia tiene un significado concreto. Por eso los radicales de Alfonsín y los centroizquierdistas de De Gennaro han llamado a sosiego a la movilización popular, contribuyendo con su parte a la colonización del país y a la confiscación de los trabajadores. No es casual que ya tengan proyectados sus propios Fondos de Pensión. La lucha no ha terminado, mal que le pese a los patrones. Llamamos a reforzar las movilizaciones de jubilados contra la “jubilación privada” y a colocar la reivindicación de una jubilación mínima de 500 pesos en la cabeza de todas las luchas populares. Llamamos también, en todos los combates, a plantear la reivindicación de una jubilación enteramente a cargo de los patrones, estatal, bajo el control democrático de los trabajadores.

El escándalo de las “tangentes” (coimas) en Italia vuelve a ser la ocasión para que los charlatanes de todo calibre la emprendan con la perorata de la moralidad, pretendiendo ocultar los conflictos de clase y la lucha de intereses que explican la crisis en la península. Las “tangentes” han sacado a la luz la espesa red de “intereses” que unen a “la clase política”, y a las empresas estatales con un amplio sector de la burguesía italiana, contratistas y monopolizadores de los subsidios estatales. Bajo esta “protección”, ha tenido lugar un vasto proceso de acumulación privada de capital. Baste señalar que el monto de las coimas —apenas un porcentaje de los beneficios embolsados por los capitalistas— se calcula en más de 200.000 millones de dólares, nada menos que el 20% del producto bruto italiano. La suma equivale, también, al 20% de la deuda pública italiana. Sólo en el norte, han debido cerrar más de 80.000 empresas, como consecuencia de la paralización por orden judicial de las obras “bajo investigación” (ídem). Entre los encarcelados no sólo hay políticos y funcionarios de empresas estatales sino también directores de grandes grupos capitalistas: Francesco Mattioli, principal director financiero de la Fiat; Giampiero Pesenti, director de la principal empresa cementera del país; y Raúl Gardini, ex presidente de la Montedison, empresa química del poderoso “grupo Ferruzzi” que a fines de la década del ´80 se asoció con el ENI, la petrolera estatal. “Los contratistas son los principales comprometidos en los escándalos de corrupción”, debe concluir el Financial Times, no solamente los políticos”, que “sólo” cobraban la “comisión” o el “vuelto” de gigantescos contratos sobreapreciados. Ahora bien ¿Qué intereses capitalistas tienen interés en romper esta trenza capitalista? El Financial Times (11/3), que sobre esto sabe mucho, no se anda con vueltas sobre las razones. El escándalo estalla, dice, y por sobre todo se propaga, cuando los directores “políticos” —y el conjunto de los intereses capitalistas que se mueven detrás de ellos— “lanzaron una lucha de retaguardia, retuvieron influencias y pusieron trabas a la privatización” (ídem). Debido a esto, Amato se vió obligado a crear un “ministerio de privatizaciones” ... porque los encargados de llevarlas adelante “ponían palos en la rueda”. “Aquí es —resalta el Financial Times— donde la acción de los magistrados resulta tan significativa”. Precisamente, los jueces han puesto tras las rejas a los gerentes “políticos”, opuestos a las privatizaciones ... pero no a los representantes del Tesoro en las empresas públicas. Para darle más precisión aún a la codicia “privatizadora”, el diario no vacila en precisar que el ENI (la empresa estatal del petróleo) es el “bocado de cardenal” del plan de privatizaciones ya que constituye “un líder del mercado, que opera en las fronteras de la tecnología”. Los holdings estatales —el ENI, el IRI (que agrupa distintas empresas industriales, desde productoras de cementos a químicas), el ENA (aseguradora) y el ENEL (empresa de energía eléctrica)— ya fueron convertidas en sociedades anónimas, en tanto que sus antiguos directores, nombrados bajo influencias políticas,pasaron a ser figuras decorativas y el poder se concentró en las manos de los hombres designados por el Tesoro. El corresponsal del diario londinense en Milán, Haig Simonian, destaca que “ciertos ejecutivos sostienen que los arrestos pueden acelerar antes que obstruir la privatización ... La salida de los altos ejecutivos del ENI y de sus poderosas subsidiarias puede reducir las disidencias internas y torcer la balanza en favor de ... una privatización rápida” (Financial Times, 12/3). Se entiende por qué el diario de los financistas de la City alaba a los jueces y califica las detenciones como una “real revolución”. El ENI fue uno de los principales “blancos” de los “moralizadores” desde el comienzo del escándalo: hace ya más de un mes, el “papa” socialista, Betino Craxi, fue acusado de haber recibido una millonaria coima del Banco Ambrosiano para “gestionar” un crédito del ENI que salvara de la quiebra al banco de la maffia y el Vaticano. A esta altura, resulta pertinente suponer que los principales interesados en las denuncias son los bancos acreedores y, en particular, el imperialismo norteamericano, un verdadero “experto” en el montaje de “campañas de moralidad” cuando se trata de desplazar a sus competidores. De esto último pueden dar fe los Yoma y Erman González. Que los yankis siguen con “especial interés” el escándalo italiano lo prueba que la Reserva Federal norteamericana acaba de reabrir las investigaciones sobre los préstamos clandestinos otorgados por la sucursal en Atlanta de la Banca Nazionale del Lavoro al régimen de Saddam Hussein. La Reserva Federal decidió reabrir la causa a partir de informes confidenciales de la CIA que señalaban la “responsabilidad de Roma” en los préstamos a Irak (Financial Times, 9/3). Otra evidencia es la presencia de agentes del FBI en Buenos Aires para chequear los nombres de los políticos y empresarios argentinos envueltos en “negocios turbios” con Italia (La Nación, 18/3). La presión de la banca acreedora puede explicar también el fenomenal derrumbe de la lira desde que comenzó el escándalo , la que ha perdido la tercera parte de su valor respecto al marco y al dólar (Ambito Financiero, 15/3). Alguien sobre el que no pueden pesar sospechas de enemistad con los bancos, él mismo un banquero, el ex primer ministro de Francia, Raymond Barré, denunció en la supercumbre capitalista, en Davos, que las corridas contra el franco responden a una “conspiración anglo-sajona” (Le Monde, 3/2); lo mismo debería ser válido para la lira. La finalidad es quebrar el frente económico europeo frente a la presión norteamericana. Las dimensiones de esta colosal guerra intercapitalista pueden medirse en la deuda impaga de 7.000 millones de dólares que tiene el Estado italiano con los contratistas, que se ven por eso obligadas a financiarse a tasas de interés “punitivas” del 20% anual (ídem). Un derrumbe de los principales rivales, en Italia, de los pulpos “anglo-sajones”, ayudaría bastante a resolver los problemas crecientes de estos últimos y explicaría el súbito abandono del “espíritu” de Maastricht por parte de Gran Bretaña. La privatización en gran escala de las empresas estatales italianas abriría un amplísimo campo de negocios. William Pfaff, del “International Herald Tribune”, pronostica que “un período caótico espera a Italia, pero es razonable suponer que de él surgirán resultados constructivos”. Conclusión natural, de parte de un ...norteamericano.

Belo Horizonte, 10 de marzo de 1993 Compañero director: Dada la atención que su periódico presta al desenvolvimiento de la situación política, del movimiento obrero y de la izquierda en Brasil, considero que sería de interés poner en conocimiento de sus lectores el manifiesto firmado por el Movimiento Parlamentarista Democrático, el cual, contra lo que cabría esperar por su nombre, está firmado por tres partidos “comunistas” y los “trotskistas” de Convergencia Socialista, en este caso aliados en un frente popular con dos partidos definidamente defensores del orden capitalista, como el Psb y el PV. Aunque el manifiesto es publicado por las organizaciones del Estado de Minas Gerais, se trata de una posición de alcance nacional; de cualquier manera, Minas Gerais es el principal centro de actividad de Convergencia Socialista y de su principal dirigente nacional, “Zé” María. El documento no tiene empacho en asegurar que depende del plebiscito previsto para el 21 de abril la posibilidad de la democracia en Brasil, a la cual identifica con el parlamentarismo. Pero el colmo no es solo ver a “comunistas” defendiendo la forma históricamente desarrollada de la “dictadura del capital”, es decir al parlamentarismo; ni tampoco que se “sume (n) a las diferentes iniciativas” (parlamentaristas), que están propiciadas por Delfim Netto y la mayoría aplastante de la patronal de la Fiesp; sino que, además, reivindican el mantenimiento del propio presidencialismo y las “prerrogativas del jefe de Estado”, en un extremo que revela una completa falta de principios y un aventurerismo extremo, en especial por parte de Convergencia Socialista, que equivale a un pasaje al orden burgués.

Los patrones “aplauden la medida”; los burócratas se alegran, porque “fue consensuado con la CGT”. Con este “respaldo” salió el decreto (¡otro más!) que liquida la ley de convenios colectivos de trabajo para reemplazarlos por negociaciones por empresa y hasta por ¡¡sección!! De acuerdo al decreto, la negociación es despedazada en varios “módulos”. Uno “general”, fijará las condiciones de trabajo y los salarios válidos para toda la rama. Otro, que será “particular” (por sector, empresa, planta y hasta sección) fijará el salario y las condiciones de trabajo “por encima del módulo general”. Como bien dijo un “experto” de la Unión Industrial.“Del convenio por industria (por ejemplo, metalúrgico) se desciende luego a la discusión por rama (como puede ser la automotriz). En otro peldaño está la negociación por empresa, en otro escalón están las tratativas por planta y hasta incluso por sector de una planta” (El Cronista, 22/3). El que prevalece es, en realidad este último; los primeros harán las veces de piso de superexplotación, con el pretexto de que lo que vale es lo que se pueda arrancar en el “módulo final”. La negociación de cada uno de estos “módulos” estará en manos de la burocracia sindical, lo que excluye a las comisiones internas. El decreto resulta, así, una “obra maestra”: atomiza a los obreros por un lado, y potencia a la burocracia, por el otro. Aunque el convenio corresponde a la figura jurídica del contrato voluntario entre partes, el decreto faculta al Ministerio de Trabajo para imponer las negociaciones correspondientes y niega el derecho de las partes a negarse “a la apertura de un nivel menor de negociación”. Se trata de una violación de los derechos constitucionales. Si hubiese un desacuerdo en acceder a negociar “un módulo particular”, “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —reza el decreto— procederá de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente”. Esto significa que los trabajadores están forzados a negociar, algo que es impropio de una negociación. Productividad Lo que se pretende con estos “módulos” es acentuar la explotación obrera “por encima del módulo general” y establecer una diferenciación salarial en función del grado de explotación. El decreto reafirma de este modo, la línea de los “aumento por productividad”, que no llevaron a ningún aumento de salarios y sí de los ritmos de trabajo. Desde la “convertibilidad”, el salario real cayó un 15% y la “productividad” obrera (explotación) aumentó un 20%, lo que significa que la participación de los trabajadores en la riqueza nacional descendió un 30%. Las comisiones internas y los delegados están obligados, a partir de ahora, a poner en marcha un movimiento general para discutir y resistir este engendro antiobrero y anticonstitucional, si no quieren ser barridos por las patronales (o integrados y corrompidos por éstas). El tenor de las reivindicaciones es muy claro y conocido: 1. Convenio COLECTIVO por industria. 2. Paritarios elegidos por y responsables ante la Asamblea General.

En medio de la “ola moralizadora” que, se dice, vive Italia, la Fiat italiana se apresta a inaugurar una nueva planta en la región rural de Basilicata (al sur de Italia) que será la más grande y la más moderna del grupo, a pesar de tener a uno de sus principales directivos tras las rejas. Dirigentes de la Fiat declararon que el objetivo primordial de la nueva planta es “reducir costos” para enfrentar el crecimiento de las fábricas japonesas en el propio mercado italiano. La planta, construida según el “concepto japonés” de “fábrica integrada”, utilizará 300 robots. Fiat, también ha logrado que sus principales proveedores se trasladen al campo, formando un “anillo” alrededor de la nueva planta, lo que le permitirá reducir costos de transporte y de almacenamiento. Claro que la gigantesca inversión de 3.000 millones de dólares necesaria para ponerla en funcionamiento, ha sido cubierta en un 30% por el gobierno (The Wall Street Journal, 12/3) — el mismo que ha congelado las jubilaciones y los salarios de los estatales para “combatir el déficit fiscal”. El aporte del Estado, en este caso de mil millones de dólares, es una cometa como todas las otras que fueron denunciadas, solo que en este caso sirve para proteger al capitalismo italiano de la competencia extranjera. En casos como éste no hay escándalos, ni “tangente”, ni moralidad, porque facilita, y no obstruye, las posibilidades de acumulación del capital.

En abril el pueblo brasileño va a escoger la forma de gobierno del país. No se trata de buscar inútilmente un remedio para todos los males. La crisis que vivimos sólo será superada con mucha lucha y con la construcción de una nueva sociedad justa e igualitaria. Sin embargo, dependiendo del resultado del plebiscito y de la revisión constitucional, tendremos democracia y participación popular. El presidencialismo ya demostró ser una forma de gobierno arcaica y quebrada. Concentra el poder en manos de un hombre solo. Con eso, la población, que de hecho debería ser la dueña del poder, pierde el control del gobierno. Eso permite al presidente favorecer a una minoría, que siempre, se mantiene en el poder, marginalizando al pueblo y transformándolo en masa de maniobra. Queremos cambiar esta situación. Ya no aceptamos que el gobierno tenga un dueño, incluso aunque haya sido elegido. Rechazamos la impunidad presidencial por cinco años. Queremos ampliar la democracia con la participación popular. Queremos tener derecho a cambiar el gobierno y el parlamento cada vez que se coloquen contra el pueblo. Queremos influir en los rumbos del país. Por eso, estamos por el parlamentarismo. Pero no daremos un cheque en blanco para que los políticos conservadores, que mandan en el actual Congreso, hagan un parlamentarismo que les interese. Para nosotros, junto con la implantación del parlamentarismo tendrá que haber profundas reformas democráticas que permitan a los trabajadores y a la población organizarse y participar políticamente en la sociedad. Esta es la razón de ser del Movimiento Parlamentarista Democrático, que se suma a diferentes iniciativas, pero que se diferencia de ellas en las propuestas que siguen: * Defendemos el mantenimiento de la República ampliando las libertades democráticas y colectivas; * La implantación del unicameralismo con el fin del Senado; * Elección directa para presidente, que debe mantener las prerrogativas de jefe de Estado; * El primer ministro debe asumir el gobierno ejecutivo; * La nominación y destitución del primer ministro por el presidente y/o por decisión del parlamento debe ser mediante la aprobación de una moción de censura; * Mantenimiento del principio de proporcionalidad en el sistema electivo corrigiendo las distorsiones existentes; * Institución del voto en lista partidaria y de la soberanía de los partidos sobre el mandato parlamentario; * Contra los sistemas electorales restrictivos como los de tipo distrital o mixto; * Completa libertad de organización para los partidos; * Referéndum popular para la forma de gobierno y la legislación electoral-partidaria, después de aprobada por el Congreso Nacional; * Profunda alteración en la representación y en las formas de ejercicio de los mandatos que amplíe el control de la sociedad sobre los mismos. MOVIMIENTO PARLAMENTARISTA DEMOCRATICO CUT-Minas Gerais • Convergencia Socialista • PC • PC do B • PPS • PSB • PV • Parlamentaristas del PT • Parlamentarismo es participación popular • Elecciones directas para presidente • No al voto distrital: voto distrital es voto de corral.

El gobierno, por medio de un decreto, eximió del pago de los aportes previsionales y demás contribuciones sociales (obra social, subsidio familiar, etc) a los llamados “sueldos disfrazados”, (tickets de comida, canasta de alimentos, reintegro de gastos médicos, provisión de útiles y guardapolvos para los niños, etc. etc.) autorizando así una práctica evasora que las patronales venían realizando hacía mucho tiempo. Como esos “beneficios” se dieron en el contexto de una sistemática caída del salario, resulta claro que no son adicionales sino parte integrante del salario nominal sobre el cual deberían calcularse los aportes patronales correspondientes. Los inspectores de la Secretaría de Seguridad Social siempre dejaron en claro que las empresas que operaban de la manera indicada estaban evadiendo aportes. Por este motivo las cámaras patronales exigieron al gobierno un pronunciamiento que arrojará “claridad” sobre el punto. La “luz” vino de la mano de este decreto (el 333/93) que legaliza la evasión patronal. Pero el menemismo decidió, otra vez más, ir más lejos aún, por lo que eximió del pago de las cargas sociales a “las asignaciones en efectivo que se otorguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral...”(Ambito, 22/3), lo cual abarata a las patronales la suspensión de trabajadores. El decreto debería llamar la atención a los “especialistas” que, en las últimas semanas, se han declarado preocupados por la situación fiscal, temiendo incluso (¡oh!) la posibilidad de que terminen violando “los compromisos” de recaudación con el FMI. Pero más todavía deberían sorprender a la opinión pública, que escucha a Cavallo repetir que las Cajas no tienen plata para aumentar a los jubilados. El ministro de Economía, de Harvard, no ha tenido empacho en violar, mediante el decreto, la lógica de la situación fiscal y la “doctrinas” impositiva. Pero no hay que alarmarse, porque todo tiene explicación. El gobierno tiene la intención de eliminar el aporte patronal en forma total, es decir, no ya sobre los “sueldos disfrazados” sino sobre el salario derecho viejo. Para compensar el “deterioro fiscal” que resultará de esto, tiene previsto aumentar el IVA —con un período de transición en el que el aporte patronal podrá ser deducido del IVA ... ¡cómo si éste lo pagara el patrón y no el consumidor! El “efecto fiscal” sera “neutro” pero no para los bolsillos respectivos de unos y otros.

El catastrófico derrumbe electoral del socialismo francés le dará a la coalición derechista RPR-UDF el 75% de las bancas de la Asamblea Nacional (diputados), la más amplia mayoría que haya obtenido un partido político en la V República. La derecha —que ha obtenido sólo el 40% de los votos, apenas por encima de sus registros históricos— se beneficiará con las características violentamente antidemocráticas de la “democracia francesa”, que divide el país en pequeñísimas circunscripciones electorales en las cuales se elije un único parlamentario y que impone una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados si en el primer turno ninguno alcanza el 50% de los votos. Sin embargo, “La derecha tiene poco para festejar —dice el corresponsal de “Time” (22/3) en París— (porque) el hecho es que los franceses han perdido la confianza en el sistema político establecido ... no sólo en los socialistas sino en toda la clase política”. El 81% de los franceses opina que “las cosas empeorarán”... gane quien gane las elecciones. La derecha en el gobierno La burguesía francesa no ha podido escapar a las consecuencias de la crisis económica mundial ni al tembladeral monetario europeo. “La pésima coyuntura pesa gravemente sobre las empresas”, titula Le Monde, (5/3) al informar que la Compañía Financiera de Suez, la más grande de Europa, ha presentado en 1993 el primer balance con pérdidas de su historia. En la misma situación se encuentra el Paribas, uno de los grandes bancos franceses. Ni qué hablar de los grandes pulpos que operan en “mercados con dificultades”, como Bull (informática), Renault (automotriz), Dassault y la Aerospatiale (aviación) o Thompsom (electrónicos). ¿Con qué pagará la derecha el salvataje de los pulpos estatales y privados en quiebra? En su programa electoral, los derechistas anuncian dos medidas, también reclamadas por los socialistas, para “reducir el déficit fiscal”: la “privatización” de las grandes empresas estatales industriales y financieras y la “reformulación” de la previsión social. El cuento del“déficit fiscal” (que aunque está creciendo es el más bajo de toda Europa) les servirá a los derechistas para justificar un fenomenal ataque a los trabajadores que banque el salvataje de los capitalistas en quiebra y para promocionar un gigantesco negocio especulativo. La debilidad del actual gobierno le impidió a los socialistas llevar adelante estas medidas. ¿Podrá hacerlo un gobierno “bicéfalo”, con un presidente “socialista” que se yergue ahora como el autopromocionado “defensor de la seguridad social”, y un gobierno derechista que representa sólo a una minoría de los votantes? Esto explica que, enfrentados a las elecciones presidenciales del ´95, el conjunto de los dirigentes derechistas exijan la renuncia inmediata de Mitterrand, algo que en ocasión de la anterior “cohabitación” de un gobierno derechista con Mitterrand (1985/87) sólo reclamó un pequeñísimo sector “fundamentalista”. No extraña entonces que el “Financial Times” (1/2) afirme que “la mezcla política después del 28 de marzo (segunda vuelta) puede ser inherentemente volatil ... y lo que puede hacerla estallar es la lucha por las presidenciales del ´95”. La renuncia anticipada de Mitterrand entrañaría la disolución del PS, algo enteramente lógico: el actual PS francés es una entidad creada en la década del ‘70 por Miterrand y a su medida para darle una salida a la crisis del régimen político gaullista y evitar la polarización política hacia la izquierda. Agotado en el cumplimiento de su objetivo, el PS está condenado a morir junto con el hombre que lo diseñó. Todos los analistas sin excepción han puesto el acento en la “apatía” y el “hastío” de los franceses frente a las elecciones y los partidos. La desocupación —“lo único en que la gente piensa”, según Christian Menateau, editor de la radio RTL (Time, 22/3)— ya lleva dos décadas y el propio futuro primer ministro derechista, Edouard Balladur, confesó que “crecerá durante todo 1993, no importa lo que haga el gobierno” (ídem). En estas condiciones, cuando se vive lo que Theodore Zeldin, una autoridad en historia social de Francia de la Universidad de Oxford, califica como “un divorcio entre el mundo de la aristocracia política y el mundo exterior donde están las masas” (ídem), el gobierno “bicéfalo” intentará liquidar la previsión social y realizar un costoso (para las masas) salvataje de los pulpos en quiebra. ¿Cómo reaccionarán las masas “apáticas y hastiadas”? La burguesía teme, con razón: esta “pacífica separación ... (hasta ahora) no excluye la posibilidad de un colapso” (ídem). A un plazo menor, de todos modos, Francia enfrenta la posibilidad de un colapso monetario y, lo que es más importante, político, como consecuencia de la desintegración europea y de la virtual imposibilidad de formar un bloque económico con Alemania, aquejada por una crisis que debera ser muy prolongada. La mayor parte de la burguesía francesa quiere una devaluación del franco, con la finalidad de reducir el valor de las deudas de la industria y reducir las tasas de interés. Los líderes de la derecha, sin embargo, se han pronunciado por mantener el “franco fuerte”, en el entendimiento de que podrían lograr esos objetivos mediante las “privatizaciones” y la reducción del déficit de la seguridad social. Pero las posibilidades del “franco fuerte” dependen de un acuerdo con Alemania, lo que debería ser descartado. En síntesis, sin tener una mayoría nacional, dividida entre sus clanes, incapaces de superar una desocupación en masa que tiene ya dos décadas, y acuciada por la crisis mundial, la derecha será la chispa que terminará por incendiar una pradera cuyo pasto está harto reseco.

La crisis de la salud en la Argentina no tiene precedentes. Es evidente que no son sus causas la aparición de nuevos virus, como el SIDA, sino la existencia de orígenes perfectamente previsibles y controlables: cólera, intoxicaciones masivas, malnutrición, falta de agua corriente y cloacas, aumento de la mortalidad infantil, diarreas estivales, tuberculosis, enfermedades mentales. Pero se necesita una política de salud, una real preocupación por el pueblo para corregir esto. Y decimos una política y no otra política, pues este gobierno hasta ahora no demostró ninguna política, coherente o no, en el plano sanitario. Sin embargo, la falta de una política, también lo es, es decir, se corresponde con la política global toda de este gobierno, profundamente economicista y reaccionaria, contraria a todo progreso en el estado de salud, cultural o educacional de las masas. Dos preguntas surgen: ¿Por qué todo esto? ¿A quién beneficia este estado de cosas? No es muy explicable cómo ocurre esta situación en un país donde se gastan unos 7.000 millones de dólares en salud. La explicación está en que esa suma no llega a ser utilizada en una eficaz prestación sanitaria, y que se diluye, o dilapida, o desvía a otras manos o fines antes de su correcto empleo. Un elemento esencial en el mantenimiento de la salud es el buen funcionamiento hospitalario y el control de medicamentos y alimentos. Ninguno de esos tres aspectos cumple su función hoy. La verdadera destrucción del tradicional sistema sanitario, ya insinuada anteriormente, alcanza hoy dimensiones de desastre. Y esto ocurre no sólo en salud o educación: siderurgia, ferrocarriles, aerolíneas, son otros ejemplos de sectores vaciados, destinados a ser reemplazados por las privatizaciones de turno. El decreto desregulador de obras sociales, tiende a mostrar a quiénes beneficiará esto: los sistemas de prepago privados, futuros herederos del vaciamiento hospitalario, serán los que reciban una cuota mayor o menor de aquellos 7.000 millones. Y ¿cómo será esta medicina del futuro? ¿Será altamente calificada, tecnológicamente mejor y más accesible, garantizará un mejor acceso a la salud? Creo que no. Por el contrario, puede resultar peligrosa. En efecto, la tendencia actual de la enseñanza no es a calificar especialistas en mayor número para ponerlos al alcance del público y a menor costo, aumentando la oferta. NO. Actualmente se desarrolla una educación médica que pretende médicos “básicos” con mayores conocimientos en una cantidad mayor de materias o especialidades: pediatría, partos, traumatología, cardiología, cirugía, etc., con el fin de que ellos “resuelvan” un mayor número de consultas en las visitas de los enfermos, y que no se deba derivar a los especialistas, como ocurre hoy, pues con ello se abaratarían costos, pues la consulta del especialista es más cara, que la del generalista o no especialista. El peligro es obvio: no se enseña más de cada especialidad para indicar con más frecuencia, la consulta especializada, sino, para lo contrario, para desalentar dicha consulta y hacer sentir al joven médico su “capacidad” en resolver el mayor número de casos. Normalmente debería ser al revés: cuanto yo más sepa de algún tema, me permitiría detectarlo más precozmente, o con menos síntomas, en mejores condiciones del paciente, y cuanto antes lo pondré en manos de quien con mayor responsabilidad y seguridad pueda resolver el problema. Es inimaginable, que un joven médico, por más preparado que esté en sus clases, pueda operar abdómenes (y no apéndices, pues, cuántos de estos diagnósticos resultan otra cosa, sobre la marcha), con toda la complejidad que ello comporta. Para ser más claro: no puede prepararse a un médico a resolver esguinces “simples” de rodilla o tobillo o muñeca, o a operar apéndices o hernias “simples”, “sencillas” o “evidentes”, o a tratar partos “normales”, pues nadie garantiza el hecho que, lo “simple” o “sencillo” esconde otra cosa, por ejemplo un tumor, o una variación en la forma anatómica, que puede terminar en catástrofe, si no la trata el idóneo, el especialista. Estoy de acuerdo no con enseñar más, sino mejor, estoy de acuerdo con que el alumno aprenda, y enseñe al público, los avances portentosos de la medicina de hoy, pero no acuerdo con esta peligrosa mezcla de “pseudo modernismo”, con el mayor desprecio por la experiencia de lo ya adquirido. Modernicemos nuestros hospitales, nuestra enseñanza, mejoremos las redes de derivación y la comunicación y el transporte de pacientes, evitemos demoras en realizar estudios y gestos salvadores, pero no improvisemos con médicos neófitos, aprovechando de la crisis imperante, para imponer modelos masivos de atención médica, que sólo representan un salto atrás en el avance y un peligro para la salud de la población. Y aún otros peligros se ciernen, esta vez sobre el propio médico: - Por un lado, la posibilidad de hacer una “mala praxis”, o sea una práctica errónea, pues está demostrado que más errores se cometen por hacer, por acción equivocada, que por omisión, por no hacer. Y siempre queda el recurso, que alguien resuelva el caso sobre la marcha. - Por otro lado, el descorazonamiento, la desilusión, la pérdida de interés. Nada hay que congele el entusiasmo que el mal resultado por propia negligencia. Sólo el triunfo luego del esfuerzo laborioso y preparatorio, alienta a continuar el esfuerzo. Después de todo el trabajo realizado en pos de un título profesional, que derroche, que despilfarro, resultaría que el mismo se malogre por una acción imprudente y aventurada. Si se sigue con esta política de “ahorro” en consultas de especialistas, más caros, más costosos resultarán luego los resultados. Si no, ¡¿Cómo podemos calificar ya, lo que en vidas humanas (y costos judiciales), resultará de haber “ahorrado” en técnicos e inspectores que controlaban vinos y propóleos tóxicos antes de la catástrofe?! Marzo de 1993

En PO Nº 369, en el artículo “Flexibilidad en Carrier”, se pronosticó que el operativo de intoxicación cerebral e ideológica con el verso japonés de mejorar costos y eficiencia, montado por la empresa, acabaría con un achicamiento del personal. La empresa ha anunciado ahora, en efecto, un plan de retiros voluntarios o, en su defecto, despidos para el 30% del plantel. Como también decíamos en aquel artículo, las patronales (como Carrier) buscan salvarse del quebranto recesivo que anuncia el plan Cavallo; finalmente, el año ’93 comienza haciendo real el fantasma de la recesión. Como en Carrier, muchas fábricas y talleres han comenzado el año con planes de despidos, algunos ya concretados. Cuando en el sindicato dicen: “cada vez tenemos menos afiliados”, esto significa: “cada vez hay más despidos”. Pero el “plan” de Carrier tiene varias aristas que anuncian un sinfín de conflictos: 1º) el gerente de planta intenta convencer a la Interna de que los promedios de los jornales en la pequeña y mediana industria metalúrgica están muy por debajo del promedio de Carrier y de que, por lo tanto, en el futuro, tomarían personal a menor nivel remunerativo; los despidos también apuntan a bajar los jornales. 2º) durante las vacaciones la empresa hizo una prueba piloto con personal contratado y algunos compañeros trabajaron parte de sus vacaciones a los“ritmos exigidos”. ¿Para qué se habrá hecho? Por último, el nuevo “Gerente de Recursos Humanos” solicitó a la comisión interna que este ajuste se hiciera en la forma menos traumática posible, para no afectar la “confiabilidad de la empresa” ante sus clientes. Para la empresa, por supuesto, no es traumático que los trabajadores vuelvan a sus hogares sin empleo, con una indemnización en cuotas, y a largo plazo. Ante esta situación es necesario una salida de conjunto, es necesario enfrentar a la patronal convocando una asamblea para discutir la forma y los métodos necesarios para extender el conflicto a toda la seccional y exigir un congreso de delegados en Ciudadela para llenar de solidaridad a los trabajadores de Carrier y de todo conflicto que surja en la seccional. No debemos permitir que los metalúrgicos seamos los que paguemos los platos rotos de la recesión del gobierno y la patronal.

Las recientes elecciones municipales celebradas en el Estado occidental de Hesse ocuparon las primeras planas de los diarios, al obtener el nazi partido Republicano, dirigido por un ex oficial de las SS, el 8% de los votos, un marcado ascenso frente al 0,3% que sacó en 1989. La socialdemocracia, partido gobernante del Estado, se derrumbaba, mientras tanto, del 45 al 36%. ¿ “Ascenso del nazismo” ? ¿“Peligra” la “democracia alemana”? Para un hombre tan bien informado de los entretelones de la vida política alemana como Joachim Thies, editor del diario “Die Welt” de Bonn, “en ningún caso, la estabilidad política de Alemania está cuestionada” (International Herald Tribune, 10/3). Thies prevé que, a la vista de los resultados electorales, “las posibilidades de que Kohl siga en el gobierno son bastante buenas”, ya que “no tiene rivales serios en su partido o entre los socialdemócratas”. Más allá de estos cálculos, lo que es incuestionable es que el llamado “ascenso nazi” es un fenómeno político manipulado por la burguesía y por el personal político de los cristiano-demócratas de Kohl. Una reciente investigación oficial ha encontrado que en una “muestra” de 200 miembros de la policía de Berlín, nada menos que 89 eran nazis o recibían instrucción paramilitar en organizaciones de extrema derecha. Los servicios de informaciones democristianos tienen bajo su control a los nazis, de quienes se sirven para poder imponer una política represiva en los planos inmigratorio y sindical. En las elecciones de Hesse, las abstenciones marcaron un récord histórico, el 30%, lo que revela el marcado rechazo de la ciudadanía hacia todos los partidos. Se trata de un inocultable indicio de la descomposición del régimen democrático ... poco tiempo después de su “victoria” sobre el “comunismo”. Thies tampoco se inquieta por esto. “La baja votación —dice— es menos una causa de preocupación que un signo de normalidad. La apatía política también puede significar satisfacción” (ídem). Para el editor de “Die Welt” la burguesía alemana puede aprovechar el “hastío” de los votantes ... para alcanzar los objetivos políticos que los votantes rechazan. Como el aumento de votos de los nazis proviene del electorado socialdemócrata y no del cristiano-demócrata, se concluye que la burguesía alemana le ha dado un cierto aire electoral a los nazis, entre otras cosas, para “desinflar” a la socialdemocracia. La manipulación del nazismo desde el Estado responde a la necesidad que tiene la burguesía alemana de reforzar la capacidad represiva del Estado, liquidar las libertades democráticas de las masas en el este y en el oeste, para hacerles pagar, en términos de desocupación, reducción salarial y liquidación de conquistas sociales, los costos de la crisis capitalista. Precisamente por eso, Kohl ha reclamado que se le otorguen “poderes de excepción” para terminar con la “cuestión de los inmigrantes”. En esta política derechista y antiobrera, el “ascenso de la extrema derecha” es el espantajo que utiliza la burguesía para que la población acepte una restricción de las libertades democráticas en nombre de una“contención de los nazis” y, por sobre todo, para que la socialdemocracia ingrese como segundo violín a un gobierno de coalición —o quizás menos, a un simple apoyo parlamentario. El objetivo de la coalición será respaldar la liquidación de los “gastos sociales” y el derecho de asilo, reclamos universales del gran capital germano. Esto explica que Thies caracterice que “Kohl ha sido el ganador de las elecciones de Hesse” (ídem) ... a pesar de que su partido retrocedió en su votación, incluso por detrás del ya “desastroso” nivel alcanzado en 1989. Apenas concluídas las elecciones en Hesse el propio Kohl sacó la conclusión de ”que los socialdemócratas dejarían de bloquear ahora el ‘pacto de solidaridad’ para la recuperación económica”. Para despejar cualquier duda, señaló: “Tengo la clara intención de llegar a un compromiso” (I.H.T., 9/3). Otro hombre también muy informado sobre Alemania, el británico Quentin Peel, del “Financial Times” (9/3) sostiene que “el renacimiento de la extrema derecha ha alcanzado un pico” e, incluso, que ha comenzado a desmoronarse: “los mismos republicanos han visto caer abruptamente su apoyo en los últimos tres meses, mientras decenas de miles de personas manifestaban contra los ataques a los extranjeros”. Es decir que suben las movilizaciones de masas y el repudio a la política anti-inmigrantes de Kohl. De acuerdo a esta caracterización, la manipulación nazista de parte de los Kohl podría ya haberse agotado, en cuyo caso estaríamos en presencia de un nuevo giro a la izquierda en la situación alemana. Si esto es así, en su pretensión de limitar las libertades y liquidar el derecho de asilo, Kohl va de cabeza a un enorme choque con las masas. No será entonces Kohl quien le imponga a los socialdemócratas un gobierno de coalición sino la socialdemocracia la que se lo impondrá a los democristianos, a costa de la cabeza de Kohl, para salvar a la burguesía de la embestida popular.

Si se desmenbra la CNEA en diversos sectores, se prepara el camino para privatizar, o para ceder en concesión la explotación de las unidades productivas. Y así se corren muchos riesgos: Perder la seguridad: La seguridad de las centrales nucleares puede verse comprometida por el afán de rentabilidad de una empresa concesionaria. Perder los beneficios y aumentar los costos del Estado. El Estado, es decir todos nosotros, corremos el riesgo de quedarnos con todas las responsabilidades y ningún beneficio. Mientras un operador privado maneje los recursos provenientes de la facturación por la energía generada, el Estado tendría que afrontar los gastos para garantizar la seguridad y la continuidad de las centrales nucleares. Perder mercados. Se puede perder por abandono mercados prácticamente exclusivos de la CNA, que produce y provee a precios reducidos insumos tan importantes como radioisótopos y otros productos de la técnica nuclear de uso en medicina, actividades agropecuarias e industriales. Perder equipos de científicos y profesionales que costó muchos años y mucho trabajo formar. Si se desmembra la CNEA, se desarticulará y perderán los equipos científicos y profesionales que han hecho posible y sostienen hoy mismo el desarrollo nuclear en la Argentina. Por esos los profesionales de la CNEA advertimos: • Que debe darse un marco legal específico para el conjunto de la actividad nuclear. • Que se debe planificar la inserción futura de las centrales nucleares atendiendo a las reales prioridades energéticas del país. • Que es imprudente proceder a una reestructuración de fondo de la CNEA antes de establecer claramente su rol futuro. • Que debe buscarse la máxima eficiencia de gestión dentro de la CNEA, explicitando planes, transparentando la gestión y alentando la conservación y el desarrollo de sus recursos humanos. En energía Atómica sin prevenir no hay porvenir.

La patronal de Edesur responsabilizó a sus trabajadores por los prolongados cortes de energía que sufrieron en los últimos días los usuarios de Paternal, Caballito, Once y San Cristobal, y hasta ha dado intervención a la justicia para castigar a los responsables de lo que su presidente, Gustavo Petracchi, calificó como una “acción humana intencional”, ¿Volverán a uitilizar la misma excusa cuando se produzcan, como está previsto, nuevos cortes en las próximas horas? Como cualquiera puede imaginarse, la responsabilidad no es de los trabajadores. A principios de 1991, con el objeto de “reducir gastos” y de acelerar al máximo la privatización de Segba, Cavallo ordenó el cese del mantenimiento y las reparaciones básicas en los sectores de generación y distribución, la suspensión de las cobranzas atrasadas, la normalización de las facturas estimadas y la campaña de lucha contra los “robos” de energía. Las consecuecias fueron catastróficas: La central Puerto fue entregada con un nivel de actividad de apenas el 40% de su capacidad instalada; la central Costanera, con apenas el 10% ... mientras que las pérdidas de energía (por fallas técnicas y robos) trepaban del 22 al 30%. Apenas se hicieron cargo, los “privados” se lanzaron a una política de saqueo puro y simple: no pusieron un peso en reparar las instalaciones, pero sí se descargaron con el cobro de las facturas atrasadas y se lanzaron a la “normalización de los consumos estimados”. Al mismo tiempo, lanzaron una violentísima política de superexplotación de los trabajadores: en 22 meses no hubo aumentos de sueldo, eliminaron las horas extras, desconocieron los convenios y despidieron a 2.000 trabajadores de cada una de las distribuidoras (Edenorte y Edesur). Cuando todo esto reventó, cuando las cámaras y el cableado no aguantaron más, el servicio se cortó. Lógicamente los trabajadores se negaron a realizar horas extras ... lo que el muy cínico y muy negrero Petracchi califica como “obstaculización y no comprensión” por parte de los trabajadores. Tan violento es el ataque patronal que Oscar Lescano se vio obligado a expresar su “comprensión” hacia los trabajadores que se negaron a hacer horas extras. Lescano no quiso ir más lejos, reconociendo el carácter antiobrero de las “privatizaciones” apoyadas por Luz y Fuerza y la imposibilidad, por lo tanto, de una política sindical que ayude simultáneamente a los trabajadores. A la burocracia le interesa solamente, en realidad, el curro de la “propiedad participada” prevista por las “privatizaciones”. Ciertamente, los usuarios de Edesur son víctimas de un sabotaje y de una conspiración. Pero los saboteadores no están en las usinas sino en el directorio de la empresa, en el gobierno y en los sillones de la burocracia sindical.

Nigyar Pampurova es una gitana musulmana originaria de Macedonia, en la ex Federación Yugoslava, que fue expulsada de Alemania cuando fue rechazado su pedido de asilo. En Colonia quedaron su esposo y sus cuatro hijos. Pero Nigyar ha regresado a Colonia, donde “es protegida y ocultada por alemanes simpatizantes (de la causa de los inmigrantes), algunos de los cuales viajaron en forma independiente a la antigua república de Yugoslavia para traerla de regreso con sus hijos” (Washington Post, 13/3). El Consejo municipal de Colonia se ha lanzado a la caza de la refugiada, en tanto que la Liga Alemana, una banda derechista de Colonia, ha puesto precio a su cabeza. Sus protectores —concientes de que sus acciones son ilegales— arriesgan una condena judicial y la cárcel. El de Nigyar es un caso emblemático de la combatividad del pueblo alemán, y de la radicalización de sus activistas.

El gobierno ha puesto en marcha la proscripción política de numerosos partidos, en especial los enfrentados al régimen menemista. Por un lado se ha cancelado la personería de gran cantidad de partidos con argumentos violatorios del derecho constitucional de elegir y ser electo y al articulo 23 del Pacto de San José de Costa Rica que prohibe esas conductas proscriptivas. A su vez, por decreto presidencial 2089 se modificó el Fondo Partidario Permanente en beneficio exclusivo de los partidos llamados “mayoritarios”. El PJ recibe anualmente seis millones de dolares y la UCR cuatro millones. A esas cifras se le suman los numerosos subsidios que se les otorgan a los senadores, diputados y concejales, nacionales y provinciales, de esos partidos. El Ministerio del Interior, a su vez, se ha arrogado para su propio manejo—lo que la ley le prohibe— un “fondo especial” del 20 por ciento del total asignado, lo que actualmente representa otros cuatro millones de dolares al año. Asistimos a una politica consciente que pretende realizar una “limpieza étnica” de la mayoría de los partidos. Para denunciar esta política y lanzar una campaña activa en contra de toda proscripción política, se ha convocado a una CONFERENCIA DE PRENSA a realizarse el proximo MARTES 23 DE MARZO a las 17,30 HORAS en el SALON DE LOS PASOS PERDIDOS del Congreso. Comprometieron su presencia junto a los partidos convocantes una serie de legisladores y partidos que se manifiestan contra la proscripción politica. Contra toda proscripción 1. Legalización integral a todos los partidos con actuación efectiva; 2. Derogación del decreto 2089. Subsidio estatal en concepto de comunicaciones y transporte. Derecho al uso gratuito de los medios de comunicación en forma permanente MOVIMIENTO AL SOCIALISMO. PARTIDO OBRERO. PARTIDO COMUNISTA. PARTIDO INTRANSIGENTE. PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO. MO.JU.SO. PARTIDO DE LA IZQUIERDA NACIONAL. PARTIDO HUMANISTA. PARTIDO VERDE. PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO. 19 de marzo de 1993

El gobierno uruguayo continúa manteniendo en prisión desde hace diez meses a ocho vascos radicados en Uruguay a pesar de que les fuera concedida la libertad en la única causa penal que se les sigue por tenencia de documentos falsos. Pero una sentencia de primera instancia concedió la extradición, solicitada por el Estado español, de tres de los vascos detenidos. Desde la cárcel, los presos políticos vascos emitieron una declaración rechazando la resolución de extradición “a un Estado en el cual la tortura es un método habitual y donde no contamos con ninguna garantía jurídica, pues ya antes de nuestra entrega estamos condenados” (La República, 26/2). Eva Forest, senadora de la coalición nacionalista vasca Herri Batasuna, y Iosu Varela, integrante de la organización “Gestoras Pro Amnistía”, ratificaron las denuncias de los militantes detenidos. “Existe una política de exterminio hacia los presos en las cárceles españolas... ya hay varios presos políticos muertos, algunos de ellos se suicidaron (como consecuencia) de la incomunicación, el aislamiento y el hostigamiento permanente... se aplica un plan de dispersión de los presos y en la actualidad los presos vascos están en 90 cárceles, la mayoría a enormes distancias de sus familias, y sufren continuos traslados... usted puede leer en informes de la justicia listas enteras de denuncias de apaleamientos que no han tenido resolución... el presidente de la Liga francesa de los Derechos del Hombre, al hacer referencia a la situación del País Vasco, dijo que habían llegado a sus manos informes escalofriantes de torturas en centros de detención y cárceles...” (La República, 12/2). “La extradición —resumen— es una condena a muerte encubierta”. Sumamos nuestra voz a las que se levantan en Uruguay para evitar la entrega de los militantes vascos presos a los verdugos del Estado español, y reclamamos su inmediata liberación y el otorgamiento de asilo político. Reclamamos la liberación de los presos políticos de la “democracia” española y el juicio y castigo de los responsables de las torturas y asesinatos. Defendemos el derecho del pueblo vasco a su independencia nacional.

Entre el 18 y 25 de enero pasado, el compañero Jorge Altamira realizó una serie de actos-debate en distintas ciudades de Brasil sobre el tema “la crisis mundial y las perspectivas de la izquierda”. El ciclo fue organizado por Causa Operaria y patrocinado por distintos sindicatos, como metalúrgicos y petroleros de Bahía, profesores del Distrito Federal de Brasilia, trabajadores de procesamiento de datos y correos en Belo Horizonte y ferroviarios y bancarios de Baurú, en el interior del Estado de San Pablo. Altamira fue entrevistado por dos canales de televisión en Salvador; fue recibido por los concejales de la izquierda en la localidad de Belo Horizonte; recibió la primera plana de los diarios del domingo en Bauirú, ciudad en la que también participó en la audición radial del sindicato ferroviario. En conjunto, participaron de los debates más de 700 compañeros. Altamira trazó un balance de las caracterizaciones y pronósticos del PO en los últimos años. “Lo que se dió en llamar ‘el fracaso del socialismo’ —señaló— no fue más que la política conciente de la burocracia de la URSS para restaurar el capitalismo. Aquí no hubo ningún fracaso. No fracasó la burocracia en un supuesto intento socialista, porque todo lo que hizo fue una política restauracionista conciente. Sin embargo, cuando Gorbachov anunció su política, toda la izquierda mundial, incluído Fidel Castro, declaró su apoyo a la perestroika y al ‘socialismo con democracia’. Fuimos entonces —recordó— la única tendencia mundial, que en medio de una propaganda feroz alrededor de la ‘reforma del socialismo’, dijimos que estabamos frente a una política contrarrevolucionaria, lanzada con el apoyo del capital”. Contra los que proclamaban que la política de Gorbachov era, además, una pólítica viable, que podría resultar exitosa, “para nuestra tendencia las contradicciones entre las masas obreras y la burocracia eran irreconciliables, con tendencia a tornarse explosivas y desembocar en una guerra civil”. Este punto de vista es el que se ha visto plenamente confirmado por los acontecimientos de los últimos cinco años; “la burocracia fracasó en su intento de restaurar el capitalismo pacíficamente, y entonces existe la posibilidad de una lucha de clases aguda, realmente para imponer el socialismo”. Altamira reivindicó “la caída del muro de Berlín (que) fue un acontecimiento revolucionario, (porque) provocó una quiebra de las relaciones que estaban transformando a un país llamado socialista en una simple colonia financiera del capital occidental y unficó a las masas en una lucha directa contra toda esta opresión”, algo que pusieron de relieve las huelgas estatales del año pasado y las actuales huelgas y manifestaciones de los metalúrgicos. El ascenso obrero que parece comenzar en Europa es un síntoma de que “la caída del muro de Berlín es un episodio de la revolución europea”. En relación a las perspectivas de la izquierda en este cuadro, Altamira señaló que “La crisis se va a profundizar en todos los países y las luchas van a ser cada vez más feroces, y ante esta situación, de un modo general, la burguesía va a llamar a la izquierda al gobierno para frenar las movilizaciones obreras, como ocurre en Brasil entre Itamar y el PT”. Pero mientras el 95% de la izquierda mundial utiliza el llamado “fracaso del socialismo” para justificar su política de ingreso a los gobiernos burgueses y asumir directamente las posiciones de la burguesía y el imperialismo, para nuestra corriente la conclusión es radicalmente distinta, pues se acentuarán las características revolucionarias del período abierto con la caída del muro de Berlín y la desintegración del stalinismo.

La denuncia pública efectuada por el juez de instrucción contra funcionarios de la policía provincial de Córdoba y el legislador provincial Luis Medina Allende, mano derecha del gobernador Angeloz, alegando que actúan para obstruir la investigación del asesinato del senador radical Regino Maders, ocurrida en setiembre de 1991, ha abierto una gruesa crisis política en la provincia. Según denuncian sus familiares y amigos, el “caso Maders” es un crimen político relacionado con la privatización de la empresa provincial de energía (Epec). Maders —ex directivo de Epec— habría estado investigando contratos leoninos firmados entre la empresa y un grupo de contratistas beneficiados con el proyecto de “privatización” impulsado por Angeloz. Una denuncia presentada ante el juzgado (“Informe Llorens”) “evalúa la posibilidad de que Maders, siendo gerente de producción de Epec, haya advertido los sobreprecios cotizados por la empresa Baico para la reparación de la central Bazán, considerada la más importante del ente provincial ya que aporta el 20% de la energía generada por Epec”. Entre estos sobreprecios se destaca “el pago de más de un millón de dólares por los cuatro motores de arranque de los turbo-gas, cuando el precio de cada uno es de 48.000 dólares... Esa misma apreciación tuvo el Sindicato de Luz y Fuerza provincial, que entregó un escrito al gobernador Angeloz en que detallaba sobreprecios de hasta cinco veces su valor real, en conexiones y reparaciones de usinas... El gremio afirmó que se hizo entrega de energía a empresas que tienen como directivos a funcionarios de Epec y del gobierno provincial” (Diario de Río Negro, 18/3). Según el “informe Llorens”, los curros en la distribución de energía explicarían “otro asesinato ocurrido a los 36 días del de Regino Maders: el de un empleado de apellido González, funcionario de medidores y conexiones, amigo y colaborador de Maders, quien habría detectado una ‘pandilla’ que conectaba medidores truchos” (ídem). El informe entregado a la justicia afirma que “Baico, a través de otras empresas que integran su grupo, logró no sólo el contrato de rehabilitación de la central Bazán, sino también la concesión para la explotación de la usina, quedando en una posición inmejorable para quedarse con la principal usina de base de Epec, la central Zanicheli Pilar, que aporta un 50% de la energía generada por el ente” (ídem). Siempre según los familiares, Maders habría informado a Angeloz de sus investigaciones poco antes de ser asesinado, lo que fue confirmado por Luis Segré, ex secretario de Audiencias de Angeloz (Ambito Financiero, 3/8). El “informe Llorens” señala que “en la sesión de la Legislatura de Córdoba del 4 de setiembre de 1991, Maders manifestó que ‘tenía todos los documentos para probar los enormes ilícitos de Epec, pero para no perjudicar a su partido los iba a publicar después de las elecciones’, siendo asesinado la noche del 6 de setiembre, día de cierre de la campaña electoral” (Río Negro, 18/3). Por este motivo, los familiares de Maders señalan directamente al gabinete de Angeloz y al propio gobernador. Su “operador político” en la Convención que reformó la constitución provincial para permitirle la reelección, Luis Medina Allende es acusado de haber armado junto con funcionarios policiales una red de “contrainteligencia” para impedir la investigación. Después de un año de investigaciones, el juez ha descartado la hipótesis de un “crimen pasional” y también la de “robo”. La tesis es un “asesinato por encargo”, el que sería la consecuencia de una lucha de camarillas para quedarse con el botín de la energía. En tal sentido “se logró descubrir que el abogado penalista de la empresa Soinco (una de las integrantes de Baico) es el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, ex constituyente, ex ministro de Gobierno, ex presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Asuntos Sociales de la provincia, José Caferata Nores... Otro abogado de esa firma fue el funcionario de la fiscalía y actual director de Epec Jose Manuel Juárez Torres... Los socios de la empresa Ormas (también integrante de Baico) son un ingeniero de apellido Bobadilla, ex ministro de Comercio Exterior del gabinete de Angeloz, y el ingeniero Loustau, hermano del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia” (ídem). Precisamente, Caferata Nogués encabezó una comisión oficial de investigación del crimen que dictaminó que el hecho obedeció a “móviles no políticos”... Menem ha “nacionalizado” el caso al enviar a la provincia a César Arias para “interiorizarse” de las investigaciones y “solidarizarse” con el juez, y al recibir en la Rosada a los familiares de Maders. El menemismo no pretende, naturalmente, descubrir a los asesinos de Maders; utiliza su cadáver, simplemente, para “tener agarrado” a Angeloz y a toda la UCR. El menemismo sabe que está jugando con fuego y que podría desatar, como un bumeran, una catarata de denuncias de los radicales acerca de los chanchullos políticos, económicos y de los otros, del gobierno y sus “amigos”. Precisamente por esto, desde el gobierno se desmintieron inmediatamente las versiones de una potencial intervención federal a la provincia. Pero si las intenciones de Menem no son poner a los culpables del asesinato tras las rejas, ¿qué decir del alfonsinismo al cual pertenecía Maders? De entrada, el alfonsinismo desmintió conocer las investigaciones de su correligionario y, poco después, sello un acuerdo electoral con el angelocismo en la provincia de Buenos Aires. La Juventud Radical y la Franja Morada están paralizadas y en silencio. La cadena de interesados en que el crimen de Maders no sea esclarecido, como se ve, es bastante larga.

Evidentemente ya nadie puede prescindir de las mujeres, negar su existencia y su peso en la sociedad. Su intervención a la cabeza de todas las últimas luchas: jubilados, defensa de la Educación pública, contra la impunidad en Catamarca por el caso María Soledad, la defensa de Somisa, y de San Nicolás, de Sierra Grande. Por eso la creación del gabinete de mujeres. Ante este año electoral, el gobierno necesita de los votos de las mujeres y de su apoyo. ¿Pero este gabinete es una expresión de las mujeres que luchan diariamente en el país? Creemos que no, ¿Por qué? 1º) El marco en el cual fue creado. Un proceso electoral furioso donde se juega el porvenir de la reelección. 2º) Su falta completa de autonomía. No sólo por la forma en que ha sido designado, sino porque debe contar para las deliberaciones con la presencia del ministro del Interior, como una especie de veedor. No vaya a ser que se exceda en sus funciones y no cumpla con los objetivos para el cual fue creada. 3º) Además, quienes la integran, ¿qué trayectoria tienen en la lucha por la liberación de las mujeres? La intervención de las mujeres en el plano social y político combinado con los intereses del poder obtuvo la conquista del 30% en todas las candidaturas de las listas. El gabinete de mujeres dice que asegurará que esto se reglamente nacionalmente y se aplique. Pero esta relativa conquista del 30%, que ya se intenta sabotear, puede ser un arma de doble filo o una trampa. ¿Acaso la sola presencia de mujeres en las listas de los partidos asegura que se dará respuesta a las inquietudes de este sector de la sociedad? ¿Acaso la presencia de mujeres en el partido justicialista puede transformar la naturaleza de ese partido? ¿O en cambio, pueden ser utilizadas en la furiosa lucha interna de poder que existe en su interior? ¿La existencia de este gabinete elegido desde y para el poder, podrá ser útil para el progreso social de las mujeres del país, que es decir la sociedad? Su única relación con las mujeres es su identidad de género o sexo. No es suficiente; además de ser mujer hay que tener conciencia social del rol de la mujer y decisión para avanzar en su liberación. Las integrantes de este gabinete no sacarán los pies del plato. Y convengamos, que aunque paradójicamente el 30% y este gabinete expresan el avance del rol de la mujer en la sociedad, nosotras las mujeres no tenemos un movimiento fuerte y autónomo para pesar en las decisiones gubernamentales. Pensemos en el gobierno de EE.UU. con respecto al derecho al aborto. Las mujeres impidieron con su movilización que Bush avanzara —como era su propósito— en suprimir lo conquistado en esta materia. Por eso es que Clinton tuvo, para triunfar, que considerar ese movimiento, así como el de los homosexuales. Aún estamos lejos en nuestro país de ello. Pero debemos avanzar en ese camino. El régimen que gobierna quiere parecerse al primer mundo. Trata de asemejarse enviando tropas al Golfo, es decir igualarse en los aspectos más bárbaros de ese primer mundo. Pero no en los derechos y libertades que allí gozan, como el derecho de las mujeres a decidir sobre sí mismas, sobre su maternidad, en esto parece que seguiremos perteneciendo al tercer mundo, por no decir al cuarto o fuera del mundo. Está claro, porque ello toca uno de los pilares fundamentales en que se asienta el poder: la Iglesia. Se dice que el gabinete tendrá como objetivo asegurar la aplicación del Plan Social, cuyos aspectos concretos se conocen muy vagamente. Por las razones que decimos, será un punto de apoyo asistencial para apuntalar un plan encuadrado en los objetivos electorales y de reelección, para la continuidad de un régimen que se asienta en la riqueza creciente de los más ricos y en la miseria creciente de los más pobres. Nadie se engaña sobre esta cobertura cínica una vez más. Manifiestan que lucharán contra toda esta discriminación de las mujeres. Pero la discriminación sexual no es abstracta. Tiene formas concretas, que son entre otras: medidas para asegurar la educación sexual en las escuelas primarias y secundarias y contribuir así a evitar las madres-adolescentes. Asegurar, mediante asesoramiento eficaz, la distribución de los anticonceptivos y profilácticos para prevenir el SIDA. Garantizar a toda mujer que quiera interrumpir su embarazo, que pueda hacerlo en un hospital público y evitar así las muertes de las mujeres pobres. Crear guaderías infantiles en todos los barrios con comedores infantiles. Mejorar la atención de las mujeres que van a tener sus hijos en los hospitales y de los bebés. Combatir el cólera, mejorando las condiciones económicas y sociales de los sectores populares. Asegurar la aplicación de una ley sobre violencia familiar y muchas otras medidas que son pausibles de poner en práctica. 19/2/93 * Reproducido de “Nuevos Aportes Sobre Aborto” (Nº 8-marzo de 1993)

El plan de “privatización” de Hidronor es otro escandaloso remate del patrimonio nacional. Urgido por el pago de la deuda externa, Cavallo propugna vender por 700 millones de dólares un complejo hidroeléctrico valuado en 5.600 millones de dólares, con bajos costos de explotación y un enorme mercado nacional cautivo. Los 1.500 millones de dólares registrados como deudas de la empresa (que engordaron a un pequeño grupo de contratistas expertos en inflar precios y fraguar ventas inexistentes) serían absorbidos por el Estado. El plan oficial prevé descuartizar el complejo hidroeléctrico mediante concesiones de 60-90 años por cada represa. A los nuevos dueños se les garantizaría una tarifa por kilovatio-hora que sería tres veces superior a la actualmente percibida por Hidronor. El ex secretario de Energía del gobierno radical —Víctor Lapeña— calcula que los adjudicatarios se embolsarán con este negociado una renta anual de 414 millones de dólares durante las próximas décadas (Ambito Financiero, 17/3). El proyecto autoriza a duplicar el caudal de los ríos que alimentan a las represas, con el fin de aumentar drásticamente la generación de electricidad, sin importarle el desastre agrícola y ecológico que habrá de provocar al inundar todas las poblaciones ribereñas. La “privatización alternativa” Los gobiernos de Río Negro y Neuquén reclaman “otra privatización”, haciéndose eco de los intereses de las burguesías regionales, que no afecte el caudal de los ríos, y por lo tanto, el negocio frutícola. Plantean que se mantengan o restituyan tarifas preferenciales para la región; que se asegure la ingerencia de los capitalistas locales en el manejo de las represas; que no se modifique el porcentaje de las regalías provinciales (12%), que Cavallo pretende reducir (al 5%). En función de estos intereses, el gobernandor radical Massaccesi sancionó el mes pasado un decreto que fija límites al caudal de los ríos y amenazó con convocar a un plebiscito provincial. Pero cuando el gobierno le ofreció formar un comité conjunto para “mejorar el proyecto”, abandonó el plebiscito y sugirió que aceptaría que se modifique el caudal de los ríos. El gobernador Sobisch, de Neuquén, saludó directamente el plan privatizador y señaló que la provincia compraría acciones de la futura empresa para influir en su funcionamiento. Un programa de defensa de Hidronor El movimiento de oposición al remate de Hidronor se ha canalizado hasta ahora a través de las “multisectoriales”, organismos que nuclean desde los gremios hasta las cámaras patronales. Las “multis” organizaron la manifestación de 700 personas en defensa de Hidronor que obligaron a Menem a suspender a último momento la visita que tenía prevista para inaugurar la Planta de Agua Pesada. Se realizaron asambleas importantes en Neuquén, Cipolleti y en algunos vecindarios para organizar esta protesta. Hasta el momento el movimiento está políticamente dominado por los “privatistas alternativos” de la UCR, las cámaras empresarias y el personal superior de Hidronor. Le impusieron la tónica a todos los documentos, en los que se rechaza apenas la actual “forma de privatización”. Es necesario un movimiento de oposición total a la “privatización”, y el rechazo a los 500 despidos previstos por el traspaso y a los tarifazos. Lo que se impone es la apertura de los libros de la empresa, y el control directo de los trabajadores sobre el funcionamiento de Hidronor.

El FMI, el Banco Mundial y la banca extranjera han conminado al gobierno a sacar la “reforma previsional”, a más tardar el 31 de marzo, aunque ello deba ocurrir por decreto “de necesidad y urgencia”. Claro que la “reforma” deberá salir sin el artículo 39, que establece una garantía de rentabilidad mínima en pesos y/o dólares para los aportes que se efectúen en la Administradora del Banco Nación. La gran banca ha objetado este artículo porque, simplemente los deja fuera de carrera, lo cual está denunciando que la “jubilación privada” no brinda nigún tipo de garantías sobre los aportes de los trabajadores que serán “invertidos” por las Administradoras privadas. Es que la jubilación privada consiste “en reemplazar los actuales planes públicos que garantizan beneficios previsionales definidos... (por) beneficios previsionales que no quedan definidos y se autoregulan en función de los ingresos y la acumulación financiera de los fondos” (Clarín, 14/3/92). Si los fondos de pensión se desvalorizan, la jubilación, automáticamente deberá caer lo cual la convierte en la “variable de ajuste” del sistema “privado”, es decir en el pato de la boda. Para la gran banca la existencia de esa garantía sería nada menos que una “contrarreforma”. Todo es cuestión del bolsillo con que se lo mida. Pero, a partir de aquí, la gran banca parece haber encontrado la veta del veto, ya que tambien quiere que se derogue el artículo 124 que eleva la jubilación asistencial, garantizada por el Estado del 27,5% al 40% del sueldo medio de la economía, unos 200 pesos mensuales. Para la banca, tal garantía equivaldría a una jubilación de “privilegio” que el Estado no podría financiar. En realidad, los grandes patrones quieren que la jubilación estatal se reduzca al mínimo para poder eliminar los aportes patronales por completo. En lo inmediato, el gobierno resolvería que dichos aportes empresarios puedan deducirse del IVA. Para los exportadores esto es además un negoción porque el Estado les reembolsa el IVA. Menem reclama que el propio Parlamento modifique esos artículos, a fin de ahorrarse el veto. Ahora que cuenta con el acuerdo de los banqueros para sacar la “jubilación privada” como sea, Menem puede recurrir al veto parcial (inconstitucional); al decreto que reglamenta la ley o simplemente al decreto (inconstitucional). Adelante radicales Para el radicalismo, aunque parezca lo contrario, la aprobación de la “jubilación privada” por decreto de Menem se ha convertido en su propio objetivo. Ante todo, toda una fracción del radicalismo (Angeloz) apoya el proyecto oficial. Ricardo Lopez Murphy, economista angelocista, lo defiende con uñas y dientes, y el Banco de la Provincia de Córdoba ya está armando una Administradora (AFJP). Rodolfo Terragno también se manifestó partidario de un sistema previsional mixto, con una “jubilación privada” no compulsiva (Noticias,14/3), lo que estaría satisfecho por las iniciativas de formar Fondos con Bancos provinciales y el Nación. Con esta posición coincide todo un sector de la banca para el cual, ello evitaría la discusión sobre garantías y coberturas. Más importante aún los capitales bancarios y de seguros en manos del radicalismo se han largado de lleno a formar AFJP. El radicalismo (y su aliado el centroizquierda) no planteó en ningún momento una movilización para impedir la aprobación de la jubilación privada. La convocatoria al Congreso el pasado 10 de marzo tuvo para sus inspiradores el único objetivo de entregar un petitorio y no impedir la sanción de la ley. La UCR y el centroizquierda se han llamado ahora naturalmente a silencio, a pesar de que la fenomenal crisis en el oficialismo debiera ser un acicate para impulsar la movilización. Radicales y centroizquierdistas no podrían ser estrictamente acusados de desmovilizadores, esto porque nunca plantearon una movilización. Para la UCR, la aprobación de la “jubilación privada” por decreto se ha convertido en su propia alternativa. La estrategia de los “opositores” es formar sus propias AFJP. La CTA fue pionera en la meteria al incluir en sus estatutos un artículo (el 12) que la habilita para formar una AFJP. Ahora, por segunda vez, Clarín (18/3) informa que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Banco Credicoop están por formar una AFJP, sin que esto haya sido desmentido por Echegaray y Cia.

La firma de un convenio entre las municipalidades de Rosario y Villa Gobernador Galvez para permitir a sus líneas de colectivos trabajar en ambas jurisdicciones desató lo que se llama la “guerra del boleto”. La Empresa Villa Diego (de Villa Gobernador Galvez), que monopolizaba el transporte entre las dos ciudades, respondió al avance de las patronales rosarinas con la rebaja del boleto llevándolo a $0,20 (en Rosario el boleto cuesta $ 0,35), a partir de lo cual la disputa fue “subiendo de tono”.... La ofensiva de la CETUP (Empresas Rosarinas) para “conquistar nuevos mercados”, también se dirige al “frente interno” donde reclama un aumento del boleto del 30-40%. El Ejecutivo Municipal de Rosario, cuyo intendente es el “socialista” Cavallero, uno de los artífices del convenio intermunicipal y el autor de la propuesta de llevar el boleto a $ 0,45. La rebaja del boleto por parte de la Empresa Villa Diego deja en el limbo al Intendente “socialista”. La Provincia y la Municipalidad pretenden ahora “arbitrar entre las partes” y aplicar una política consensuada, e incluso crear un “Ente de coordinación intermunicipal”. El objetivo es salvar los superbeneficios patronales amenazados por la “competencia salvaje”. El Partido Obrero está realizando una campaña con afiches y volantes llamando a movilizarse: Para terminar con las maniobras y boletazos: Por la apertura de los libros de las empresas para analizar los costos y ganancias reales mediante una comisión de trabajadores. Para terminar con las “guerras”: Por la municipalización del servicio de transporte bajo control de los trabajadores y vecinos.

Que la reivindicación del plebiscito puede convertirse en reaccionaria, en ciertas circunstancias y para cierta política, acaba de ser demostrado con la traición a los jubilados y al movimiento obrero de parte de la Comisión de Consulta. Este comité está integrado por los radicales, el CTA, el Frente del Sur, la Federación Agraria, el PSD, el Partido Comunista y el Mst. El pasado 10 de marzo esa Comisión organizó una manifestación al Congreso para entregar el millón de firmas que fueron reunidas para reclamar un plebiscito acerca de la “reforma previsional”. Para sorpresa de muchos, luego de reunir a 30.000 personas en la manifestación, se llamó a silencio, o más precisamente, decidió convocar a la recolección de dos millones de firmas más, lo que demoraría unos cuatro meses, en el mejor de los casos. Como resultado de esto, no ha llamado a continuar la lucha en el preciso momento en que el proyecto de ley pasa por su peor crisis en el Congreso y cuando Menem ya ha acordado con los banqueros el veto a los artículos 39 y 124, o su sanción por decreto en el caso de que el Congreso no logre reunir quórum. La Comisión de Consulta no es ninguna advedeniza. Luego de su experiencia con la huelga de Somisa, que casi culmina en la ocupación de la planta; o con la similar evolución de la huelga de Foetra, hace más de dos años; o con la gran huelga docente, que pudo haber acabado con el gobierno de Alfonsín, pero en beneficio de los trabajadores, no de un Menem; o con la experiencia de la lucha contra la “transferencia educativa” y contra la ley “basura” de educación; con toda esta experiencia, los principales integrantes de la Comisión de Consulta (con la complicidad, claro, de sus miembros no tan principales) han llegado a la conclusión de que es “peligroso” para este régimen que ellos defienden la acción directa de las masas, o más prosáicamente la movilización. Inventaron el plebiscito para oponerse a la lucha, no para potenciar a esta última; para fingir una oposición que no tienen, o que no piensan llevar consecuentemente; para hacer su propio negocio político (y aún económico —todos ellos tienen un Fondo de Pensión en marcha) a costa del pueblo, actuando como vulgares “menemistas”. Para conseguir la victoria de sus reivindicaciones, los explotados están obligados a sepultar a estas direcciones y pasar por encima de sus cadáveres.

Una huelga general de la docencia de Río Negro ha impedido el comienzo de las clases. El paro es masivo en todas las localidades. El Congreso del gremio votó el “no inicio” y un básico de 450 pesos; la anulación de la reducción de las horas cátedra; y la reapertura de las secciones de grado y de jardín clausuradas por el gobierno. La educación ha sido salvajemente atropellada por el gobernador Massaccesi. En varias localidades se están organizando fondos de huelga, radios abiertas y “mesas de concientización”. En Bariloche, los estudiantes montaron un campamento de solidaridad frente al centro cívico. En Cipolletti, se han convocado asambleas populares y se prepara una gran marcha provincial. Los padres, que el año pasado encabezaron la lucha a través de la Coordinadora Provincial, apoyan la huelga, y hasta la esposa del gobernador tuvo que ir a una asamblea como “madre” para pedir cínicamente “mayor reflexión y diálogo”. El gobierno está empeñado en quebrar la huelga luego de ofrecer un insignificante 17% de aumento (que representan 20 o 30 pesos). Amenazó con descontar los días de paro, intimó a los directores a identificar a los huelguistas, e incluso envió a algunos policías a las escuelas para “indagar el estado de la huelga”. La lucha educativa puede transformarse en un canal de reclamos de todos los trabajadores en la explosiva situación de la provincia. En Sierra Grande, por ejemplo, el acto popular por el “no inicio” derivó en la toma del municipio y en un mitín de protesta contra la liquidación de Hipasam. Además, los obreros de la fruta están en conflicto por mejoras salariales. El movimiento repite la pujanza que tuvo el año pasado, cuando por iniciativa de los padres alcanzó en la provincia una amplitud sin precedentes. Los dirigentes marysanchistas del gremio pretendieron concluir el ciclo lectivo anterior cerrando el capítulo de la lucha educativa. Con este objetivo se pronunciaron por conceder en 1993 “un año de tregua” al gobernador. Pero el redoblado ataque que lanzó Massaccesi contra la educación imposibilitó la tregua, que buscaron los dirigentes de la UNTER e impuso el inicio de la lucha actual. Todas las iniciativas de lucha en curso centralizadas en un comité provincial de movilización, que organice la solidaridad de padres y alumnos deben apuntar a perfilar una dirección alternativa al marysanchismo. Este es el único camino para imponer las reivindicaciones docentes y derrotar al hambreador Massaccesi.

El lunes 22 de febrero se presentaron en el Centro de Jubilados Chacarita-Colegiales dos visitadoras de “Bienestar Social” del Pami, proponiendo al centro la confección de una lista de jubilados carenciados, con el propósito de que el Centro abriera un comedor, que sería financiado por el Pami, con un mínimo de 10 y un máximo de 150 jubilados. El Pami pagaría a razón de $ 60 mensuales, una comida diaria por cada jubilado. Yo me opuse a esta propuesta, porque de esta manera los recursos que pagan los jubilados para la salud serían desviados para la caridad; no me opongo a los comedores pero que sean financiados por el gobierno. Y lo fundamental, que el gobierno pague un haber mínimo de 450 pesos y no tendremos jubilados carenciados. El día martes 23, en la reunión de Coordinadora, plantée el problema en los mismos términos, agregando que esto era parte de la demagogia electoral de Matilde Menéndez, que pretende el primer puesto de las mujeres en la lista de diputados menemista. Además, que el asunto se presta a todos los curros, y pregunté a la Mesa si avalaba los comedores. Libermann me contestó que para la Mesa era más importante la ayuda a los jubilados, muertos de hambre, que los problemas de principios. El problema es que la financiación de los comedores no debe desviar recursos de la salud; para ello lo mejor es que pague el gobierno. Además, los comedores deben estar administrados por una comisión de jubilados elegidos en asamblea en los Centros. Lo que hay que hacer es redoblar la movilización contra la monstruosa ley de jubilación privada porque, si se aprueba, todos los jubilados seremos carenciados.

Luego de meses de idas y vueltas con las autoridades del Ministerio de Educación en pos de un aumento salarial, y sin recibir siquiera una oferta para considerar, el Congreso de la CONADU votó inaugurar el año académico 1993 con un plan de lucha: del 15 al 27 de marzo no se dan clases ni se toman exámenes. El reclamo es que se lleve a 500 pesos el salario del cargo testigo y que se recompongan las escalas de acuerdo con el nomenclador docente. Los mandatos de los delegados reflejaron la situación sin salida en la que el gobierno ha puesto al gremio al congelar los salarios hasta diciembre de 1993. Incluso la corriente mayoritaria del secretario general Hufo Koffman, que en diciembre se había negado a votar el no inicio para dar lugar a las negociaciones con el Ministerio, se anticipó a proclamar la necesidad de ir a la huelga. Fruto del debate se profundizó la propuesta original, que no incluía la no toma de exámenes, lo que habría diluido el significado del paro dado que en numerosas unidades académicas no se ha iniciado el período de clases. Pero la directiva consiguió una mayoría para votar que el futuro del plan de lucha quede en manos del plenario de la Conadu que se reunirá el 27 en Buenos Aires. A diferencia del congreso, que adopta resoluciones por mayoría simple e incluye un amplio espectro gremial, el plenario se constituye con el secretario general de cada universidad y solo puede adoptar resoluciones a partir de la conformidad de los 2/3 de los asistentes. La lucha ha comenzado con un alto grado de acatamiento: 100% en Catamarca y Rosario; 90% en Comahue, Santa Fe y Santiago del Estero; 85% en Misiones; 75% en Entre Rios y Luján; 65% en Nordeste y Salta; 50% en Córdoba. En la Universidad de Buenos Aires, las clases recién comienzan a fin de mes en las facultades tradicionalmente más combativas y en el CBC, pero donde existe actividad gremial, como en Ingenieria y Farmacia, el paro ha alcanzado índices de cumplimiento muy superiores al pasado: 60% en Ingenieria y 70% en los prácticos de Farmacia. Cuando se reúna el 27 en Buenos Aires, el Plenario de la CONADU enfrentará unaenorme responsabilidad. Al abrirse la época de clases en todo el país, se manifestará la presión de los miles de profesosres que con su trabajo casi gratuito hoy sostienen la universidad. Es necesario tomar iniciativas para sumar al movimiento estudiantil y a los no docentes a la lucha por el aumento del presupuesto. El plan de lucha provocó la renuncia de Guido Freytes, el secretario de Política Universitaria del Ministerio de Educación, encargado de impedir la huelga. Su reemplazante, el Lic. del Bello, es un miembro del equipo de Cavallo. La única interpretación posible de este recambio es que se reforzará la política de la asfixia presupuestaria de la universidad para obligarla a privatizarse. Presentar batalla contra esta política, planteando un camino unitario de lucha a estudiantes y no docentes, es el desafío que enfrenta la CONADU.

“Por fin le rinden cuentas”, se jacta la propaganda oficial. Con la implantación de la “jubilación privada”, insiste el aviso, “la cuenta de sus aportes la lleva Usted... Ud. sabe dónde están sus aportes. Vé cómo crecen y se capitalizan... Con el nuevo sistema Ud. nunca pierde. Su cuenta y sus aportes están garantizados”. “Nunca pierde”. “Garantía total”. “Control personal”. ¿No dicen por ahi que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía? Precisamente. Porque basta mirar el “ejemplo” chileno, fuente “inspiradora” de los privatizadores argentinos, para que la desconfianza se convierta en certeza de un gigantesco embuste. Pruebas Un estudio acerca de los resultados de diez años de experiencia chilena, efectuado por el ultraprivatista Banco Interamericano de Desarrollo, comprueba que “no existe evidencia que permita afirmar que el nuevo sistema estará en condiciones de pagar pensiones superiores a las del antiguo sistema... las estimaciones sobre las pensiones que en el futuro pagará el régimen de capitalización se basan en simulaciones, cuyos supuestos básicos no necesariamente coinciden con la realidad relevante para el conjunto del sistema”. (Mario Marcel y Alberto Arenas, Reformas a la Seguridad Social en Chile, pag. 49, BID) Esas simulaciones irreales suponen que el trabajador aportará durante 45 años en forma ininterrumpida al fondo de pensión, sin sufrir desempleo ni la evasión de su aporte por la patronal, y que dicho fondo logrará una rentabilidad real (por encima de la inflación) del orden del 3% anual acumulativo, descartando crisis económicas, devaluaciones monetarias e inflación. Pero incluso bajo estos supuestos imposibles, el trabajador se jubilaría, según un documento del especialista de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), con el “44% de los ingresos finales” (es decir del salario al cese) (Revista Internacional del Trabajo, vol.111, Nº 2, pag. 194, Colin Gillion y Alejandro Bonilla). Los autores añaden que si, por desempleo o enfermedad, disminuyera el tiempo del aporte, por ejemplo un 20% (o sea, que fuera de 36 años en lugar de 45), la jubilación sería “tan sólo un 37%”. Si, a su vez, el rendimiento real del fondo fuese inferior al 3% anual, la jubilación caería otro 25%, o sea al 28% del salario al momento del cese laboral. Los especialistas citados no se ocuparon, por razones obvias, de la hipótesis de que el Fondo perdiera dinero o quebrara. La conclusión de los investigadores del BID es que “tras 10 años de funcionamiento del nuevo sistema, a pesar de los altos rendimientos de los recursos invertidos, una significativa proporción de los contribuyentes ha acumulado fondos que están aun lejos de garantizarles pensiones de retiro razonables. Así, por ejemplo, cerca de un 70% de los contribuyentes entre 30 y 35 años registraba a fines de 1990 saldos acumulados inferiores a un millón de pesos. Esta última cifra, debidamente capitalizada, equivale apenas a un 25% del fondo necesario para asegurar al final de la vida activa una pensión equivalente a sólo dos ingresos mínimos actuales (60.000 pesos actuales)” (ídem, pag. 25). Evasión Primera conclusión, entonces: Usted siempre pierde. ¿Pero acaso es verdad que el “control personal” termina con la evasión? Tampoco. A pesar del registro de los depósitos que debe efectuar la empresa con el aporte retenido y del resumen de cuenta que debe enviar al Fondo del aportista, la evasión es fabulosa. En Chile, solo aporta la mitad de los 5 millones de afiliados. Los especialistas de la OIT dicen “que la proporción de afiliados al nuevo régimen que paga sus cotizaciones disminuyó del 76% en 1983 al 71 en 1988 y al 53% en 1990”. En los sectores de menores salarios, “las tasas de cumplimiento en el pago de cotizaciones oscilan entre el 45 y 55%”. Los autores del BID dan un dato más importante aún: “la cobertura del conjunto del sistema ha continuado descendiendo, ubicándose a fines de la década de 1980 unos 10 puntos por debajo de la de mediados de los año setenta”. Con esto, la evasión “previsional” en el régimen de “jubilación privada” es mayor que en la estatal. La evasión está relacionada con los trabajadores en relación de dependencia, toda vez que para los autónomos o independientes la afiliación es optativa. A pesar de constituir el 35% de la fuerza laboral hay solo 100.000 autónomos inscriptos con un elevado grado de incumplimiento en los aportes. Este solo dato constituye todo un plebiscito contra el sistema “privatista”. ¿Por qué hay tanta evasión? Ante todo, “los datos disponibles indican que una alta proporción de los contribuyentes declara ingresos imponibles extraordinariamente bajos” (ídem, BID). Es que para las patronales la evasión o la demora del aporte es un flor de negocio. Primero, porque les permite financiarse con un dinero por el que no deben pagar intereses, ya que, si se descubre la evasión, la única consecuencia para el patrón es que deberá aportar el dinero retenido. Los trabajadores, en general, son, sin embargo, renuentes a efectuar la denuncia por temor al despido. Aún así, si hubiese una denuncia, debe abrirse un proceso judicial que normalmente concluye con un ...plan de pagos a largo plazo. Aunque la patronal haya cometido un delito (retención indebida de fondos), el perjudicado es el trabajador, porque dichos fondos no ingresan debidamente capitalizados en su cuenta individual. En suma las patronales tienen un crédito subsidiado por el trabajador. Pero aún en el caso que declaren el aporte y demoren su pago, el interés que deben pagar las patronales por el retraso es inferior al que cobran los bancos. En estas condiciones, lo mejor que puede hacer un obrero es pactar con el patrón el cumplimiento del pago del mínimo legal, para con ello tener acceso a la jubilación mínima que, para sobrevivir, garantiza el Estado. Esta es la razón de la gran mora en el pago de los aportes y de la alta evasión. De acuerdo a un estudio de una Administradora privada, “un 26% de los afiliados que no tienen los aportes al día corresponde a personas —especialmente mujeres— que se retiraron voluntariamente de la fuerza laboral, un 13% son cesantes, un 37% son trabajadores independientes y un 22% corresponde a morosos al sistema” (citado por el BID). La conclusión del BID es lapidaria: “Esta situación contrasta con las expectativas de los impulsores de la reforma de 1981, en cuanto a que la creación del sistema de capitalización individual conduciría a una reducción de la evasión y a un aumento de la cobertura previsional. Un sistema caro La “jubilación privada” es, ¿por último?, un régimen caro. Los especialistas de la OIT señalan, con relación al gasto de administración de los fondos, que “en 1989 se había elevado hasta representar un 25% del ingreso total procedente de las cotizaciones”. Teóricamente, se considera una exageración que los gastos totales superen el 2% del presupuesto previsional anual. Los consultores del BID dicen “que el nuevo sistema previsional (chileno) emplea aproximadamente un 10 por ciento más de personal que el sistema antiguo antes de la reforma”. ¡Qué tal! Pero aún estos costos se duplican, toda vez que se mantiene la estructura del viejo sistema público. Los costos se elevan porque a medida que transcurre el tiempo, las Administradoras realizan grandes gastos publicitarios, de vendedores, etc., para atraer nuevos afiliados “Así, entre 1988 y 1990 los gastos por concepto de las ventas experimentaron un aumento del 73% en valores reales” (OIT). Conclusión Destructivo para los trabajadores, costoso para los consumidores en general, ineficiente, confiscatorio, evasor... a esto se resume la panacea de la “jubilación privada”. Volveremos sobre el tema.

Desde el inicio de las clases, miles de alumnos en la provincia de Buenos Aires carecen de maestros. Más de once mil cargos no fueron cubiertos por el rechazo en masa de los docentes a un básico de 173 pesos. Sobre 13.473 maestros convocados para su titularización, 11.025 rechazaron el cargo. Durante el año 1992, más de 4.500 docentes presentaron la renuncia; el éxodo hacia la Capital, con un sueldo algo menos miserable, es constante. La deserción es particularmente brutal en los colegios en proceso de transferencia, cuyos docentes tienen un ingreso aún menor y carecen de obra social. La administración escolar, además, ha entrado en colapso. El gobierno Duhalde “debutó” derogando la reglamentación del Estatuto del Docente, como paso previo a la liquidación del régimen de licencias, el “presentismo”, la violación de los concursos y la selección de inspectores y directores “confiables”. La ausencia de maestros en las escuelas en el inicio de clase por la miseria salarial solo se sostiene por el colaboracionismo de los sindicatos docentes. La propia transferencia de escuelas está empantanada por la ausencia de fondos. Este desquicio no se puede ocultar con la entrega de subsidios a las cooperadoras de escuelas, que ha venido a reemplazar el presupuesto escolar, carece de todo tipo de control y favorece el clientelismo y la corruptela. Pero si la deserción de maestros primarios en la provincia de Buenos Aires es enorme, no menos es la deserción de alumnos de los últimos años del secundario. Los 5tos. años en innumerables zonas del conurbano se fusionan en un solo turno o desaparecen, mostrando la realidad brutal de las familias obreras que ya no pueden sostener el final del secundario para sus hijos que van al “mercado laboral” en el mejor de los casos, o a ingresar al enorme ejército de desocupados en la mayoría de los casos. En varias asambleas del Suteba triunfó la posición de resolver el no inicio de clases o por lo menos cosechó una franja importante de votos. Este movimiento actuó en la misma sintonía que los 69 delegados al congreso de la Federación Sarmiento —sobre un total de 128— que votaron el no inicio. Esta es la base para un reagrupamiento que lleve a la formación de coordinadoras de lucha en los distritos. La dirección del Suteba ha llamado a elección de delegados de escuela desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril. Para la dirección marysanchista solo se trata de un recuento burocrático de fuerzas, pero para el activismo es una posibilidad de reoganización. Los términos de la convocatoria plantean que los suplentes no pueden ser delegados y que sólo pueden votar los afiliados, aunque estos sean una minoría en la escuela. Pero, según las circunstancias, se puede luchar contra esta regimentación, haciendo votar a todos y exigiendo el reconocimiento de los delegados electos. No hay que olvidar que en uno de los últimos plenarios de delegados de SUTEBA las posiciones de Mary Sánchez casi pierden ante posiciones de lucha levantadas por compañeros delegados de la izquierda y muchos de la Azul y Blanca. Aún en un cuadro general de reflujo provocado por la maniobra del inicio de clases desconociendo una enorme cantidad de mandatos de lucha de las bases, las elecciones de delegados son una posibilidad de intervención y de coordinar planteos de defensa del salario, la obra social, y la liquidación del presentismo en cada zona de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante no desconocer el preceso que se está operando en la FEB donde la burocracia acaba de perder dos congresos seguidos y que tuvo que apelar al estatuto para no llevar adelante el plan de lucha. Coordinar en las zonas con la FEB y llevar la elección de delegados por escuela a la Federación llevará a una crisis mayor a la burocracia y es una enorme posibilidad de unir los reclamos del conjunto de los docentes.

Existen quienes no logran explicarse el sabotaje a la movilización del jueves 11 contra la “reforma previsional” en Córdoba, por parte del radicalismo, del centroizquierda y de la burocracia del CTA. Pero las razones son más que evidentes. Angeloz está a fondo con la “privatización” jubilatoria; lo porclaman a toda voz sus asesores, Murphy, Vincens y otros. Esta gente le reprocha a Cavallo que el proyecto otorga la garantía de una prestación complementaria a cargo del Estado. El propio Angeloz quiere convertir al Banco de la provincia en una AFJP, lo cual haría más atractiva su privatización. El centroizquierda va a la rastra de Angeloz, al que califica como un “opositor al menemismo”. El CTA, que en Córdoba dirige importantes gremios estatales (Obras Sanitarias, docentes, Luz y Fuerza, Foetra), está también metido en el curro de la “privatización”. Luis Bazán, de Obras Sanitarias, reclama la “participación de los trabajdores”, en su caso, en la “privatización” de la empresa provincial; la dirección “frentesurista” de Foetra puja por ingresar en el negocio de la “propiedad participada”. En resumen, Angeloz, Alfonsín y sus “amigos” están tratando de ganar tiempo para explotar en beneficio propio lo que luego no vacilarán en llamar una nueva “victoria neoliberal” contra los trabajadores. A pesar que la mayor parte de los manifestantes concurrió con los partidos de izquierda, las ilusiones del Mst en la “Comisión” y el “escepticismo” del Mas impidieron que la izquierda, actuando como un bloque independiente, le diera una perspectiva de lucha y de oposición al régimien político a la movilización. El PO de Córdoba concurrió a la manifestación con el reclamo de un paro activo, consigna que fue coreada por los manifestantes.

Ante las denuncias por la ausencia de maestros y profesores en el inicio de clases, el gobernador Duhalde se presentó como el más genuino defensor de la escuela pública: “todos los que critican parece que quisieran favorecer a los establecimientos privados”(Clarín, 11/3/93). Se trata de una total impostura. Eduardo Duhalde es un hombre fiel a la Iglesia, que tiene el 80% de los colegios privados en la provincia. No hace mucho se definió por “convertir a cada escuela en un santuario”. Pero su fidelidad no se queda en las palabras, pues en la ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo Provincial elevó a la Legislatura hay un único rubro que supera el congelamiento, parcial o total de las partidas destinadas a educación. Es el monto destinado a subsidios a la enseñanza privada, que se incrementa en un 29%, mientras lo que se destina a horas cátedra, en plena transferencia, se mantiene en los niveles del año anterior. (La Nación, 3/3/93).

* Los Estudiantes Secundarios hemos encabezado una lucha contra la política de este gobierno, una política nefasta que está llevando al pueblo al hambre y la ignorancia. Por esto la lucha debe ser popular y solidaria porque los jóvenes de hoy seremos los jubilados del mañana. Nos pronunciamos por: • Rechazo rotundo a la jubilación privada. • Rechazo a los proyectos alternativos, que son variables del proyecto oficial. • Básico de $ 450. • Control de la evasión patronal mediante entidades integradas por los trabajadores. • No a la extensión de la edad. • Por el cumplimiento del 70% y 82% móvil. • Reconocimiento de la deuda real mediante el pago en efectivo. • No a la estafa de los BOCONES. • No a las jubilaciones de privilegio. • Esclarecimiento del robo de miles de millones de dólares depositados en las cajas de aportes.

A fuerza de repetir que la crisis rusa consiste en el enfrentamiento entre un presidente “electo” y un parlamento del “período soviético”, la mayor parte de la prensa no solo ha logrado mentir descaradamente sobre la realidad de los hechos, sino que con mayor interés pretende encarnar en el denominado “presidente electo” a la alternativa democrática. En realidad, ambos polos de la crisis rusa representan a la vieja y conocida burocracia de origen stalinista, agrupada en diferentes tendencias y grupos privatizadores. La disputa por el control del Estado no es otra cosa que una disputa por los despojos de la propiedad estatal. Las fuerzas en presencia son totalitarias y decididamente pro-capitalistas; no existe, lamentablemente, un “peligro comunista”, es decir una alternativa de poder del proletariado. La clase obrera de la ex URSS ha entrado en un manifiesto reflujo luego de las grandes huelgas generales de 1990 y 1991. El “presidente electo” y el “parlamento soviético” son cuña del mismo palo, en primer lugar, porque todos, absolutamente todos, son stalinistas reciclados. Pero, además, fue este parlamento el que llevó a Yeltsin al plano nacional al designarlo su presidente, en 1990, contra la opinión adversa del ex partido comunista ruso y de Gorbachov. El actual presidente del Soviet (sic) ruso, Khasbulatov, aparece hoy como el adversario visible de Yeltsin, pero no hay que olvidar que fue Yeltsin quien lo designó en ese lugar cuando él mismo fue elegido presidente de la República. Este mismo adversario estuvo con Yeltsin contra el golpe de agosto de 1991. Fue este “parlamento soviético” el que votó los “poderes especiales” que le permitieron a Yeltsin gobernar por decreto, durante todo 1992. Este mismo parlamento respaldó la política de seguidismo al imperialismo establecida por Yeltsin en los casos del Golfo y de Yugoslavia. La complicidad extrema de los burócratas parlamentarios con los que integran el poder ejecutivo, revela con toda claridad que asistimos hoy a una escisión de la burocracia gobernante, que tiene como ejes la completa crisis de las privatizaciones, la catástrofe social y económica y la desintegración nacional. León Trotsky dió anticipadamente en el clavo cuando pronosticó (“La revolución traicionada”) que “La caída de la dictadura burocrática actual, sin que fuera reemplazada por un nuevo poder socialista, anunciaría, también, el regreso al sistema capitalista con una baja catastrófica de la economía y de la cultura”. En efecto, la política privatista, que arranca de la perestroika de Gorbachov, ha llevado a Rusia y a toda la ex URSS a “una baja catastrófica de la economía y de la cultura”. Solo en los últimos dos años la producción ha caído en un 50%, en tanto que la inflación se encuentra en el 3.000% anual. Mientras que el 70% de la población se encontraría por debajo de los niveles de pobreza, los directores de las principales empresas saquean sin misericordia los recursos de la nación y una parte de la juventud se ve obligada a sobrevivir por medio de la prostitución y de la delincuencia en general. Es evidente que la liquidación de cualquier forma de planificación centralizada y el mantenimiento de un remedo de monopolio de comercio exterior, son la causa de la enorme sustracción de riquezas hacia el exterior y de la fuga de capitales. “El ministerio de Seguridad de Rusia dice que uno de cada tres barriles de petróleo y una de cada dos toneladas de níquel, llega al exterior por “canales no oficiales” (The Washington Post, semanario, 15/2). Es natural, entonces, que de cada cuatro dólares exportados, uno haya quedado en el exterior, y que el International Institute of Finance evalúe la fuga de capitales, para los años 1991 y 1992, en 17 mil millones de dólares (ídem). La conclusión que extrae de esto Vasili Soldatov, presidente del Banco Mercado de Valores de Rusia, es que “el gobierno liberalizó el comercio exterior demasiado rápido...” (Time, 8/2) ¡Ah! Estas formas “primitivas” de acumulación capitalista corresponden a las características del proceso de restauración capitalista en Rusia, e incluso en la mayor parte del ex bloque oriental. La privatización de las empresas públicas, significa, en general, un cambio del patrimonio, pero no una inyección de capitales; los burócratas que se aprovechan de esas privatizaciones tienen poder de mando pero no capital. Es por eso que, sean públicas o privatizadas, las empresas dependen del crédito oficial, el cual es usado para fugar capitales al exterior y especular con la inflación. El primer ministro ruso, Chernomyrdin, acaba de señalar que solo el 20% del crédito oficial que reciben las empresas del Estado es destinado a aumentar la capacidad productiva; el resto se usa para pagar salarios o para “gastarlo en el mercado de cambios” (Time). Estas características de las privatizaciones acaparadas por la burocracia no solo se presentan potencialmente en Rusia, también ocurren en la “más avanzada” Hungría, por ejemplo. “Los tres nuevos bancos que se desprendieron del viejo banco nacional permanecen estructural y financieramente debilitados, dice la revista The Banker (febrero, 9/3); no solamente se han visto obigados a refinanciar créditos incobrables y a capitalizar intereses impagos de deudores grandes pero financieramente dudosos, sino que han tenido que dar nuevos créditos a firmas insolventes, debido en parte a los estrechos lazos que existen entre los prestatarios, los accionistas de los bancos y los miembros de los comités bancarios”. Esto significa que una privatización aun “más desarrollada”, en Rusia, acentuaría las tendencias hiperinflacionarias, esto porque sería más intensa la presión para obtener financiamiento por parte de “ejecutivos” entrelazados en la banca y en la industria. La “critica” occidental, que adjudica la hiperinflación rusa a la lentitud de la privatización, es completamente infundada. El otro escollo enorme que enfrenta la política de privatizaciones es que el patrimonio de las empresas poco tiene que ver con lo que sería su “valor de mercado”. La crisis capitalista mundial ha desvalorizado las industrias en todo el mundo, obligando a una polítca de venta de activos y de despidos en masa de trabajadores. La “privatización” no es lo mismo que la “reestructuración”. En Rusia se han vendido importantes empresas a cambio de certificados de privatización que el gobierno entregó a todos los ciudadanos, pero que en realidad quedaron en manos de los directores y personal de esas empresas. Cumplido el operativo de apropiarse del patrimonio público, los directores enfrentan la necesidad de despedir en masa a sus “socios” obreros, de lo contrario no podrán imponer las tasas de explotación que los acreditarían para obtener préstamos internacionales o capitales extranjeros. Dada la “dificultad” que se han creado al “asociarse” a sus víctimas, estas empresas privatizadas están obligadas a depender del banco estatal. Pues bien, gran parte de la disputa entre Yeltsin y el Congreso; dentro de los diferentes bloques dentro del Congreso; e incluso en el gabinete; consiste en quién controla al Banco Central. El otro obstáculo creado por estas privatizaciones es que el control de sus actuales directores depende de que el personal no venda las acciones que tiene en su poder. Como resultado de estos problemas, los principales beneficiarios de las privatizaciones reclaman en muchos casos, una disminución en el ritmo de la “transición” al capitalismo, ya que éste entrañaría, entre otras cosas, la instalación de Mercados donde se puedan vender las acciones. Interpretar como una resistencia al capitalismo, esta oposición a “más” privatizaciones, por parte de los mismos privatizadores, es confundir contradicciones objetivas con sinrazón. Un interesado asesor de la burocracia sindical norteamericana, escribiendo en The Wall Street Journal (16/3), cita otra fuente de contradicciones: la representada por los burócratas industriales que arrendaron, para su explotación, las parcelas más rentables de las empresas estatales, equivalentes al 15% de la producción industrial, y que no desearían que les sean arrebatadas por una privatización integral. Este asesor adjudica a Yeltsin la intención de poner bajo control del gobierno a las empresas que se quieren privatizar, con la finalidad de evitar que queden en manos de sus actuales directores y poder venderlas a otros postores con capital. Pero cómo el gobienro ya fue acusado de vender a 80 centavos de dólar el barril que se cotiza a 20 dólares en el mercado internacional, los postores que defiende Yeltsin probablemente sean otros impostores de su clan “íntimo”. La prensa rusa acaba de informar que Yeltsin se está construyendo nada menos que un edificio de 16 pisos para uso personal, con lujos propios de los emiratos árabes. El problema que confrontan todas las alas de la burocracia es, precisamente, cómo hacer frente, de un lado, a la desocupación en masa y a la desintegración social que deberá provocar un impulso más consecuente de la privatización y, del otro, al empantanamiento completo y a la desintegración económica a que lleva el actual proceso privatizador. Tanto Yeltsin como el Congreso han agotado cualquier capital político que hubieran podido tener en el pasado. Ninguno de los dos goza de la confianza del país, al menos según lo miden las encuestas. Tampoco tienen la confianza del ejército, lo que explica la imposibilidad para el alto mando de inclinarse para un lado u otro. Ninguna fracción tiene una mayoría decisiva en el Congreso, cuyos alineamientos se modifican con extrema rapidez, en función del vértigo de la propia crisis. Más importante aún, ni Yeltsin ni el Congreso ejercen efectivamente el poder del Estado a nivel nacional. En las regiones, o provincias, coexisten las autoridades electas hace cuatro años con los prefectos enviados por Yeltsin, quien nunca se atrevió a llamar a elecciones municipales. La situación así delineada exigiría un acuerdo entre todas las fraccciones, el cual, sin embargo, no resolvería mucha cosa si no tiene, como no lo tendría, un programa para llevar al país hacia algun lado sin necesidad de guerra civil. Estas características de la situación explican la falta de resolución que están demostrando los contendientes. El Congreso de Diputados se dispersó hasta junio, a pesar de la gravedad del momento; antes dejó intactos los poderes de Yeltsin, que había querido recortar; no formuló ningun programa de fondo; y todo está dispuesto para una batalla en la Corte Constitucional, a la cual Yeltsin no pudo presentar el decreto, firmado por su gabinete, que le otorga poderes especiales. En definitiva, la crisis aún deberá profundizarse más; deberá obligar a las masas a intervenir, al menos como una “advertencia” de lo que podría ocurrir; los alineamientos de fuerza deberán delimitarse con más precisión; todo esto es necesario antes de que se pueda plantear una salida más duradera a la presente crisis. Los jefes de los Estados imperialistas se unieron en el apoyo a Yeltsin, en una acción que parece más de bombero que de árbitro, no digamos ya de juez. Para una fracción creciente del imperialismo, Rusia sería un caso perdido, que habría que permitir que se desintegre, como un mal menor. Se trata de los partidarios de la “carta ucraniana” y de la formación de un bloque de países desde el Báltico al Mar Negro. El imperialismo está empezando a aceptar la hipótesis de una catástrofe rusa como un “mal menor”. De las fuerzas políticas en vista, en Rusia, ninguna tiene el mínimo carácter revolucionario o progresista; todos los bloques parlamentarios son restauracionistas, en especial los “comunistas” llamados “duros”, que se han reciclado a un nacionalismo boyardo o zarista y que cuando pueden invierten en algun negocio. El ala izquierda del Congreso de Diputados, formada por una coalición entre dos fracciones del ex PC, el Pst, dirigido por el historiador Roy Medvedev, y la Unión Comunista, del ex “ideólogo” Ligachov, actuó como “coordinadora” de Yeltsin en las sesiones de diciembre último del parlamento y “han jugado un rol determinado en la búsqueda de un compromiso entre el presidente y el parlamento”. El periodista que escribe lo anterior, en Le Monde Diplomatique de febrero del 92, cree que esta coalición de “izquierda occidental” o “social”, podría repetir el éxito que los “comunistas renovadores” obtuvieron recientemente en Lituania. Estos izquierdistas yeltsinianos son proclives a un acuerdo con el bloque de los burócratas industriales, agrupados en la Unión Cívica. El desenlace de la crisis no puede ser pronosticado a partir de sus elementos exclusivamente rusos. Debe ser efectuado a partir de la situación internacional, que deberá obligar al proletariado de los principales países a emprender una acción de características históricas, capaz de actuar de referencia para el conjunto de la clase obrera mundial.