Prensa Obrera N° 384

P. ¿Qué significado tiene la jornada del 8 de marzo de este año? R. Como todos los años, el “Día Internacional de la Mujer” —al igual que el 1º de Mayo— es una jornada de denuncia de la opresión y de lucha por la conquista de nuestras reivindicaciones y en defensa de las que hemos conquistado con nuestra lucha. No es, como pretende el menemismo, un día de “fiesta”. En verdad, hay poco que “festejar”. La publicitada creación del “gabinete de la mujer” y la sanción de la ley del 30% de los cargos electivos para las mujeres (¿por qué no el 50%?) es pura demagogia electoral; con este gobierno y con este sistema, las mujeres en realidad, estamos mucho más oprimidas que antes. La situación social de la mujer es siempre un indicador del grado de desarrollo económico y de las libertades políticas de una sociedad. Siempre recuerdo que para Trotsky uno de los indicios que más fielmente mostraban la burocratización del Estado soviético era el sistemático retroceso social, económico y político de la mujer bajo el stalinismo. La situación de la mujer ha empeorado enormemente como consecuencia de la crisis capitalista y de la política menemista: la doble jornada —el trabajo dentro y fuera de la casa— se intensificó; más horas de trabajo afuera y trabajo más “concentrado” adentro. La destrucción de la educación y de la salud impone una terrible carga suplementaria a la mujer que tiene que llevar a sus hijos a hospitales desmantelados y escuelas en ruinas. Con el aumento de la desocupación se produce otro fenómeno: muchos trabajadores que han perdido su empleo y sin condiciones de mantener a su familia abandonan el hogar. En el gremio en que yo trabajo, el de las enfermeras, es notable el aumento del número de las mujeres obligadas a mantener por sus propios medios a sus hijos. El empobrecimiento de los trabajadores agudiza como nunca, por otro lado, el drama de los abortos clandestinos: hoy, más de mil mujeres mueren por año por abortos clandestinos (la cifra está “subregistrada”), en particular de los sectores más explotados. Por eso decimos que en Argentina el aborto es legal para la mujer rica —que puede pagar una clínica y un médico— e ilegal para la pobre, que no puede hacerlo. Lo mismo sucede con los anticonceptivos. Por eso, la consigna central de nuestra Comisión es “anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir”. El principal enemigo que tenemos en esta lucha es la Iglesia, que sin excepción defiende siempre el punto de vista más reaccionario: oposición al aborto, a la anticoncepción y aun a una lucha eficaz contra el Sida. P. ¿Cuál es la situación del movimiento de la mujer? R. En el movimiento de la mujer militan —en forma orgánica o no— todas las corrientes políticas, además de grupos puramente feministas, opuestos a los partidos. El próximo 8 de marzo habrá varios actos, lo que demuestra la división del movimiento. Uno de ellos será del menemismo, que ha largado una campaña para “festejar” la creación del Consejo de la Mujer y el 30% de las listas de candidatos. Interviene a través del aparato del Estado, sus funcionarias y los departamentos de la mujer de los sindicatos burocratizados, entre los cuales se destacan docentes, gráficos y UPCN. Aquí intervienen también el riquista PTP y la Multisectorial de la Mujer. Como “alternativa” al menemismo, se ha formado la “Coordinadora Nacional de la Mujer” en la que militan la UCR, el Fredejuso y organizaciones feministas como “Lugar de Mujer”. La lucha política entablada dentro del movimiento se manifiesta principalmente en los Encuentros Nacionales. En el séptimo, realizado a mediados de octubre en Neuquén, participaron más de 4.000 mujeres de todo el país. El gobierno trató de controlarlo; sus sostenedoras —aunque aparecieron muy disfrazadas, ya que es muy difícil aparecer abiertamente como sus defensoras— intentaron frenar la discusión, evitar que se criticara al gobierno y con los chiflidos y abucheos intentaron tapar las mejores intervenciones. Sin embargo, no pudieron evitar que en algunos informes, como el de la comisión de salud, se plantearan propuestas avanzadas como la legalización del aborto y que fueran ovacionadas por la concurrencia. Tampoco pudieron evitar, pese a que lo intentaron, que en la manifestación convocada al cierre del Encuentro cada grupo saliera con sus propios carteles y sus propias consignas, dándole un carácter muy combativo a la marcha. En mi opinión, el problema de la división es político; en la medida en que no se entronque de una manera clara la lucha de la mujer con la oposición al sistema social capitalista, nuestras reivindicaciones quedarán reducidas a un mero recetario que será usado para las manipulaciones políticas de los partidos patronales, que buscan en el movimiento de la mujer crearse la imagen de “preocupados por los problemas sociales” y, sobre todo, una clientela electoral. Pero hay que reconocer también que ningún partido de izquierda ha tomado el problema de la mujer y su organización como un tema prioritario para dar la batalla contra la burguesía también en este terreno. Existe un amplio programa de reivindicaciones propias de la mujer: guarderías infantiles, lucha contra toda discriminación, contra la violencia familiar, por que la patria potestad la ejerza quien tiene la tenencia de los hijos, por la libre elección de la sexualidad y el apoyo a las lesbianas, la defensa del hospital público y la atención de las mujeres embarazadas, por el reparto de anticonceptivos a cargo del Estado y la legalidad del aborto, que entonces podría realizarse en cualquier hospital público, por la reivindicación de las mujeres indígenas. Nuestro movimiento también ha tomado banderas generales: el repudio a la amnistía de los genocidas, primero, y ahora contra la privatización de las jubilaciones. Pero creo que lo más importante es esto: ni la UCR ni el PJ, partidos patronales, pueden dar una solución a los reclamos de la mujer, porque no se trata de un problema de género sino que la opresión de la mujer es una expresión condensada, agravada y particular de la opresión social capitalista. Y aunque la plena igualdad de derechos, y sobre todo de hecho, entre los sexos no se alcance con la expropiación del capital —un gobierno de los trabajadores tendrá por delante una enorme y prolongada tarea en este terreno— la lucha contra los explotadores es el punto de partida.

La ruidosa alharaca en torno a la reelección presidencial ha desplazado de la atención de la opinión pública la cuestión más relevante de la proscripción de numerosos partidos políticos, en especial de los partidos de izquierda. El gobierno, en esto con acuerdo del radicalismo, se encuentra abocado a llevar adelante una “reforma partidaria” que otorgue el monopolio político a dos o tres partidos, íntimamente vinculados a los grandes capitalistas. A los radicales les importa muy poco este aspecto, absolutamente decisivo, de la tendencia del menemismo a establecer una “suma del poder público”, precisamente porque está previsto que ellos sean uno de los sumandos. La proscripción política que está en curso tiene varias características. La primera es el retiro de la personería a numerosos partidos que no obtuvieron el 2% de los votos en dos elecciones consecutivas, lo que constituye una violación al derecho constitucional de elegir y ser elegido y al artículo 23 del tratado de derechos humanos de San José de Costa Rica, que rechaza en forma explícita la utilización de esa arbitrio para vedar la participación política. Para acentuar el carácter limitativo de esta disposición de la ley redactada por la dictadura y ratificada varias veces por el parlamento alfonsinista, los fiscales han rechazado la interpretación de que la personería nacional de un partido queda salvada con la obtención del mencionado 2% en un solo distrito. Esta artimaña ha permitido anular la personería nacional de numerosos partidos que, sin embargo, tienen el derecho por ley de mantenerla. Lo anterior pone de relieve una política claramente definida para reducir el número de partidos existentes, es decir proscribirlos, en particular cuando se trata de la izquierda. Esto resulta más evidente todavía cuando se conoce el manejo unánimemente discrecional de la casi totalidad de los juzgados electorales del país ante los pedidos de personería de partidos, en especial de izquierda, no registrados aún en los correspondientes distritos. En Jujuy, por ejemplo, la justicia ha exigido al PO que presente a sus afiliados ante el juzgado para ratificar personalmente sus firmas, o que en su defecto lo haga cada uno ante escribano público. En Santiago del Estero, recientemente, la justicia dio por inválidas las afiliaciones presentadas por el PO sin permitir que se pudieran verificar las alegaciones del juez, ni tampoco corregir eventuales defectos. Sumados a otros ejemplos que se podrían citar, puede concluirse con absoluta certeza que existe una acción concertada para impedir que el PO, por caso, recupere su personería nacional, incluso en los términos de la legislación anticonstitucional vigente, violatoria además de otra ley de la Nación, que ratifica el citado tratado de Costa Rica. El segundo aspecto de la política proscriptiva es el retiro de la financiación estatal a los partidos reconocidos, en concepto de gastos de comunicaciones, transporte y correo. El decreto 2089, que modifica el Fondo Partidario Permanente, solamente admite subsidios por cantidad de votos obtenidos, lo cual garantiza al PJ y a la UCR unos seis y cuatro millones de dólares, respectivamente. El decreto es un resultado del “diálogo político” radical-justicialista. Estos partidos gozan, por otra parte, de los subsidios que se otorgan a sus senadores, diputados y concejales, nacionales y provinciales, precisamente en concepto de transporte, comunicaciones y correos, además de los “gastos de representación”. Lo notable de este decreto, nunca impugnado por la UCR, es que otorga cuatro millones de dólares al Ministerio del Interior, algo completamente fuera de lugar en una ley de partidos, pero que seguramente se destina a “aliviar” la existencia de los partidos derechistas insolventes. Todo lo anterior está lejos de formar un conjunto inconexo de medidas aisladas. El actual subsecretario de Asuntos Institucionales, Ortiz de Rozas, informó por medio de Clarín (22/2) que el gobierno presentará un proyecto de ley de financiamiento de los partidos, para autorizar los aportes de los pulpos capitalistas. Se pretende “blanquear” así las confesadas contribuciones de los Bunge y Born, Bridas, Techint y otras menos “sanctas” aún al PJ, UCR, Ucedé y Modin por igual —las cuales gozarán del beneficio del “secreto comercial”, pues sólo serán conocidas por los jueces, y quizás de la exención impositiva, es decir que las pagarán los trabajadores. Es muy “honesto” de parte del gobierno oficializar los aportes de los capitalistas a los partidos patronales, que aquéllos realizan de todos modos “bajo cuerda”; lo que no es para nada honesto es que no se obligue a los partidos y al Estado a divulgar profusamente la lista y monto de esos aportes, y que incluso se castigue la violación de ese secreto, impidiendo así que el electorado pueda saber exactamente a quiénes representan los candidatos. Podría sonar como contradictorias con todo esto que la ex subsecretaria, Adelina de Viola, y su sucesor, Ortiz de Rozas, hayan coincidido en que promoverían un proyecto de ley que eliminaría la exigencia del 2% para mantener la personería electoral, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Sin embargo, es enormemente más coherente de lo que parece. Una vez efectuada la “limpieza étnica” de la mayoría de los partidos, en especial de la izquierda, la derogación del 2% no tendría ninguna relevancia, y la posibilidad futura de legalización de esos partidos dependería de las arbitrariedades de los jueces. Pero aún si, como se rumorea, la ley tuviera un efecto retroactivo, el efecto de esa disposición sería nulo, ya que sin subsidios de ningún tipo y con la derogación también, como se prevé, de los espacios gratuitos de televisión, la participación electoral de los partidos proscriptos sería puramente simbólica. La derogación del 2%, retroactiva o no, conformaría al Estado con las disposiciones del Tratado de Costa Rica y ayudaría a viabilizar el propósito de que los capitalistas puedan financiar legalmente a los partidos por la eliminación del derecho a la televisión gratuita. La concentración legal del monopolio político en tres o cuatro partidos de “confianza” y la posibilidad de su corrupción legal por una decena de monopolios capitalistas, interesa mucho más a estos capitalistas y al imperialismo que la reelección presidencial. Se habla de ésta pero lo que importa es aquello otro. La descripción de todos los pasos formales y no formales que se han dado ya y que prevén darse con respecto a la legislación de partidos, confirma el acierto de nuestra vieja denuncia de PROSCRIPCION POLITICA contra el Partido Obrero y los demás partidos de izquierda. Se impone entonces la realización de una enérgica campaña política contra la proscripción, para lo cual llamamos a un frente único sin excepción, al mismo tiempo que denunciamos el compromiso, principalmente, del radicalismo con el proyecto menemista. 1. Legalización integral a todos los partidos con actuación efectiva. 2. Subsidio estatal en conceptos de comunicaciones y transporte. 3. Prohibición absoluta de las contribuciones económicas de carácter privado. 4. Derecho al uso gratuito de los medios de comunicación en forma permanente. 5. El salario o dieta de los representantes del pueblo no puede sobrepasar a la escala más alta establecida en los convenios de trabajo. 6. Establecimiento de una proporcionalidad rigurosa en los cargos electivos, sin ninguna clase de mínimos.

Los 30.000 manifestantes que el miércoles 10 ocuparon las adyacencias del Congreso hicieron algo más que demostrar el crecimiento de la oposición popular al gobierno entreguista. Por sobre todas las cosas pusieron en evidencia que es posible derrotar uno de los proyectos más espúreos del menemismo y, con seguridad, el más vital para su continuidad política. Es que la movilización del 10 se combina con una agudización excepcional de las contradicciones internas del gobierno y de los grupos “privatizadores” que lo sostienen. El presidente del Banco Río acaba de denunciar la versión final del proyecto oficial, a la que califica nada menos que como una “contrarreforma”, y no ha vacilado en denunciar a “grupos privados”, y aún “extranjeros”, como posibles interesados en una estatización de las jubilaciones a través de la incorporación del Banco Nación. Menem, comprometido con el FMI, ha vuelto a insistir en que sacaría la “privatización” por decreto, y hasta se descuenta que vetaría los artículos que incorporó al proyecto luego de un acuerdo con diputados que responden a Bordón —un futuro candidato que ya cuenta con el apoyo económico del partido Demócrata de los Estados Unidos. Están reunidas las condiciones, entonces, para una victoria decisiva. ¿Pero es una victoria decisiva lo que quieren la UCR, los burócratas de las 62, o sus colegas del CTA? ¿O quieren llegar a un acuerdo con el gobierno? Tuvieron dos veces la oportunidad de acabar con el proyecto privatista en las Comisiones del Congreso y evitaron hacerlo. Recién ahora, depués de dos largos años de luchas y de denuncias de los jubilados y de algunos partidos de izquierda, han comenzado a coquetear con una movilización popular, a la que quieren llevar por el inviable camino del plebiscito. Coinciden entre sí en que se debe aumentar la edad para jubilarse y derogar el 82% móvil. Coinciden así con el gobierno en expropiar un patrimonio y un derecho conquistados por la clase obrera. Como los plazos para la sanción de la ley se acortan, la lucha ha entrado objetivamente en una fase decisiva. Sus dirigentes “oficiales” y “conspicuos” son los mismos que enterraron la reciente lucha educativa. La vía de la victoria es la acción directa, la movilización consecuente. El Partido Obrero le propone al pueblo en lucha dos consignas: Por una marcha inmediata a Plaza de Mayo, Por un Paro Activo Nacional. Los sindicatos de las 62 y del CTA tienen suficiente “quórum” para parar el país. Basta de amagar, hay que pegar.

Veinticinco muertos por envenenamiento, más de un centenar de afectados, muchos de ellos de gravedad: esta vez ha sido el vino, como ayer fueron los propóleos, la muzarella, la leche de Vicco, el agua mineral trucha, las frutas de las quintas del Gran Buenos Aires. ¿Qué será mañana? Las muertes, como siempre, se registraron entre la población trabajadora y especialmente entre sus estratos más sumergidos, los que sólo pueden comprar vino suelto. No hay intoxicados entre los explotadores que toman las finas botellas de “tres cuartos”. Como en todos los otros casos, también esta vez la causa de la masacre es la voracidad capitalista: por cada litro de alcohol de quemar agregado al vino se “estira” hasta siete veces su producción... y las ganancias. La vida y la salud de la población trabajadora están en manos de una gavilla —la clase capitalista— que le envenena la comida, el agua (¡las curtiembres y los frigoríficos del Reconquista!), cuando no la envía a la muerte en la ruta en micros truchos como en Santo Tomé. Como todo crimen capitalista contra el pueblo, cada uno de estos “casos” continúa impune: Vicco y Spadone siguen libres, los frigoríficos del Reconquista siguen funcionando y no hay acusados por el “accidente” de Santo Tomé. Después de las sucesivas y sistemáticas “desgracias”, que asumen las dimensiones de un auténtico genocidio social, es un lugar común afirmar que el Estado ha dejado de realizar los más mínimos controles sobre las mercancías y servicios que usa la población. El Estado es incapaz de actuar como un “capitalista colectivo” que en nombre de los intereses generales de la burguesía limita y persigue los “excesos” de los capitalistas individuales; ha perdido toda autonomía respecto de las clases explotadoras —un síntoma evidente de crisis política— porque se ha convertido en el rehén y el gestor de distintas cliques capitalistas. En este caso la camarilla menemista es responsable directa de la extensión que adquirió el envenenamiento, ya que está en el centro de los intereses políticos y económicos que se movieron detrás de la masacre. Según Clarín, la bodega que fabricó el vino envenenado siguió funcionando normalmente durante los primeros días de la intoxicación —los más críticos y en los cuales los consumidores caían como moscas— y su propietario quedó en libertad —lo que naturalmente le permitió borrar las evidencias— gracias a la “protección” del juez Julio Correa, un hombre del bloquismo sanjuanino. Son conocidas las vinculaciones entre el partido provincial sanjuanino y los bodegueros. Siempre según Clarín, el gobierno nacional “dejó hacer” a Correa para no “irritar” al bloquismo, cuyos votos en Senadores y Diputados corteja para obtener la reforma previsional y, sobre todo, la reelección. Sólo cuando los muertos superaron la docena y cuando la impunidad de los envenenadores ponía en evidencia a los ojos del país la complicidad oficial, el menemismo accedió a impulsar que la causa pasara a manos de otro juez. Hay más. El Instituto Nacional de Vitivinicultura —el organismo que tiene la responsabilidad directa por los controles que no se hicieron— está directamente en las manos de la camarilla menemista. El mismo Clarín informó que Menem nombró en el INV a hombres de su “extrema confianza” —Eduardo Martínez y su propio sobrino, llamado también Carlos Menem— porque “la vitivinicultura es la industria de la familia del presidente”.

Dos aspectos necesitan ser distinguidos en lo que se conoce como la Cuestión de Oriente: primero, es una cuestión referida a las relaciones entre las naciones y estados de la península balcánica; segundo, es una cuestión referida a los intereses e intrigas conflictivos de las potencias capitalistas europeas en los Balcanes. Estas dos cuestiones no son para nada idénticas. Por el contrario: la solución real de la cuestión puramente balcánica va completamente en contra de los intereses de las dinastías europeas y las Bolsas. La península balcánica, que es aproximadamente tan grande como Alemania pero tiene sólo un tercio aproximado de sus habitantes (22 millones), está dividida entre seis estados independientes: Grecia, Turquía, Rumania, Bulgaria, Serbia y Montenegro, junto con las provincias austro-húngaras de Dalmacia, Bosnia y Herzegovina. En los seis estados independientes, cada uno de los cuales tiene su propia dinastía, ejército, moneda y sistema comercial, viven varias nacionalidades y razas, divididas en fragmentos separados: griegos, turcos, románicos, búlgaros, serbios, albanos, judíos, armenios, gitanos... Las fronteras entre los estados minúsculos de la península balcánica no fueron trazadas de acuerdo con las condiciones o las demandas nacionales, sino como resultado de guerras, intrigas diplomáticas e intereses dinásticos. Las grandes potencias —en primer lugar Rusia y Austria— han tenido siempre un interés directo en lanzar a los pueblos y estados balcánicos unos contra otros y, cuando los debilitaban entre sí, procedían a someterlos a su influencia política y económica. Las dinastías títere gobernantes en estos verdaderos “pedazos rotos” de la península balcánica han servido y continúan sirviendo como palancas de las intrigas diplomáticas europeas. Y la totalidad de este mecanismo, basado en la violencia y la perfidia, constituye una enorme carga que pesa sobre los pueblos balcánicos, frenando su desarrollo económico y cultural. Así, los serbios están compulsi- vamente divididos entre cinco es- tados: forman un pequeño “reino” y una pequeña “principalidad”, Serbia y Montenegro, sepa-radas entre sí por el sanjak de Novibazar, el cual, a pesar de estar habitado por serbios, pertenece a Turquía; muchos serbios viven en los distritos de Macedonia bajo el control de Turquía; finalmente, una gran proporción de serbios se encuentra dentro de las fronteras de Austria-Hungría. Un panorama similar ofrecen las demás nacionalidades balcánicas. Esta península, ricamente dotada por la naturaleza, está dividida insensatamente en pequeños pedazos; los pueblos, como sus producciones que se mueven constantemente en ella, se enfrentan contra los delgados muros de las fronteras estatales, y este corte de naciones y estados en varias franjas hace imposible la formación de un solo mercado balcánico, capaz de proveer las bases para un gran desarrollo de la industria y la cultura balcánicas. A la cabeza de todo esto está el agotador militarismo, cuya razón de ser es mantener divididos a los Balcanes, y que ha dado lugar al peligro de guerras fatales para el progreso económico de la península —guerras entre Grecia y Turquía, Turquía y Bulgaria, Rumania y Grecia, Bulgaria y Serbia... El único camino para salir de este caos estatal y nacional y de la sangrienta confusión de la vida en los Balcanes es una unión de todos los pueblos de la península en una sola entidad política y económica, sobre la base de la autonomía nacional de las partes constituyentes. Sólo dentro del marco de un único estado balcánico los serbios de Ma-cedonia, los sanjak, Serbia y Montenegro podrán estar unidos en una sola comunidad nacional y cultural, disfrutando al mismo tiempo las ventajas de un mercado común balcánico. Sólo los pueblos unidos de los Balcanes podrán rechazar las vergonzosas pretensiones del zarismo y el imperialismo europeo. La unidad estatal de la península balcánica puede ser lograda de dos formas: desde arriba, por medio de la expansión de uno de los estados balcánicos, el que pruebe ser el más fuerte, a expensas de los más débiles —éste es el camino de las guerras de exterminio y de la opresión de las naciones débiles, un camino que consolida al monarquismo y al militarismo—; o desde abajo, a través de la unidad de los propios pueblos —éste es el camino de la revolución, el camino que significa derrocar a las dinastías balcánicas,y levantan la bandera de una república federal balcánica. La política seguida por cada uno de estos monarcas de pacotilla, con sus ministros y partidos gobernantes, persigue el ostensible propósito de unificar a la mayor parte de la península balcánica bajo un solo rey. “Gran Bulgaria”, ”Gran Serbia”, “Gran Grecia”, son los slogans de esta política. Realmente, nadie toma en serio estos slogans. Son mentiras semioficiales lanzadas para ganar popularidad entre la gente. Las dinastías balcánicas, instaladas artificialmente por la diplomacia europea, y carentes de todo tipo de raíces históricas, son demasiado insignificantes y demasiado inseguras en sus tronos para aventurarse a una política amplia como la de Bismark, cuando unificó Alemania a sangre y hierro. El primer golpe serio puede barrer a los Karageorgeviches, Coburgs y otros liliputienses coronados de los Balcanes. La burguesía balcánica, como en todos los países que han llegado tarde al desarrollo capitalista, es políticamente estéril, cobarde, sin talento y podrida de cabo a rabo por el chauvinismo. Está completamente más allá de sus posibilidades tomar en sus manos la unificación de los Balcanes. Las masas campesinas están demasiado desparramadas y son demasiado ignorantes e indiferentes a la política como para emprender cualquier iniciativa política propia. Por lo tanto, la tarea de crear las condiciones normales de una existencia nacional y estatal en los Balcanes recae con todo su peso histórico sobre los hombros del proletariado balcánico. Esta clase es todavía pequeña en número, ya que el capitalismo balcánico todavía no ha salido de sus pañales. Pero cada paso adelante en el camino del desarrollo económico, cada kilómetro adicional de línea ferroviaria, cada nueva chimenea de fábrica que aparece en los Balcanes, incrementa y fortalece las filas de la clase revolucionaria. Alejada de toda superstición eclesiástica y monárquica y de todos los prejuicios democrático burgueses y nacionalistas, el joven proletariado balcánico, lleno de vigor y entusiasmo, está utilizando, en los primeros pasos de su ca-minohistórico, la rica experiencia de sus hermanos mayores de Europa. Los partidos socialdemócratas de Bulgaria y Serbia, los representantes más maduros del movimiento obrero en los Balcanes, están luchando sin descanso en dos frentes: contra sus propias cliques dinástico-chauvinistas y contra los planes imperialistas del zarismo y de la Europa de la Bolsa. Una república federal de los Balcanes, como programa positivo de esta lucha, se ha convertido en la bandera de todo el proletariado consciente de los Balcanes sin distinción de raza, nacionalidad o fronteras estatales.

El Pts, uno de los diversos fraccionamientos del Mas, ha llegado a la cuestión de la lucha contra la “reforma previsional” muy tardíamente, y para no variar de costumbre ha llegado muy mal, con posiciones antisocialistas en los principios y derechistas en lo que se refiere a los temas políticos más inmediatos. En tanto que el Partido Obrero comenzó su campaña a fines de 1991, cuando el proyecto menemista contra las jubilaciones aún se encontraba en una de las etapas de elaboración, el Pts se ha dado por enterado del asunto hacia fines de 1992, cuando el gobierno y los grandes capitalistas ya habían avanzado un largo trecho en su trabajo de preparación de este ataque social y político. Esta sola circunstancia ubica al Pts en la última retaguardia de los que dicen luchar contra este intento de confiscación capitalista contra los trabajadores. Socialistas y propietarios Pero como ocurre frecuentemente con los recién llegados, el Pts pretende colocarse a la delantera de todo el mundo, arremetiendo contra las posiciones de varios partidos de izquierda y en particular contra el Partido Obrero. Aunque al Pts le llevó , como cabe suponer, un año entero meditar sobre las nefastas posiciones de sus adversarios, el resultado de tan larga reflexión no ha podido ser más miserable. Mientras que el Partido Obrero lucha por una jubilacion estatal bajo el control de los trabajadores y los jubilados, y en cierto momento bajo su gestión anti-capitalista directa, el Pts rechaza ese carácter estatal y plantea: “Desde el Pts (sic) luchamos porque las Cajas jubilatorias... sean entidades cuyos propietarios sean los trabajadores activos y pasivos” (Rebelión Nº 22). Siguiendo una fraseología heredada de Nahuel Moreno y del Mas, los petesistas no pretenden luchar como partido sino “desde” el partido, borrando la característica fundamental del partido, de ser la expresión de una actividad colectiva basada en un programa. “Desde” el partido, los afiliados quedan habilitados para cualquier clase de compromiso “fuera” del partido —un rasgo típico del morenismo; luchando como partido, en cambio, los militantes están obligados a ser consecuentes , en la acción, con el programa partidario. Pero la “posición” del Pts en relación a los jubilaciones no tiene desperdicio si se tiene en cuenta que pocas veces se ha visto, “desde” un partido socialista, llamar a los trabajadores a convertirse en propietarios. En este caso, los trabajadores se enfrentarían, en su calidad de propietarios y no de trabajadores, a los otros propietarios, sean éstos industriales, comerciales o financieros. Aunque en la producción esos trabajadores sigan siendo individualmente obreros explotados, en el plano financiero se habrán transformado en sujetos capitalistas y en el plano de la defensa política de sus intereses como propietarios, en burgueses. No existe una diferencia sustancial o de cualidad entre este planteo del “trotskista” Pts y el conjunto de la burocracia sindical. Precisamente en relación a la cuestión de la “privatización” en general, tenemos a los burócratas de la CGT y del CTA “peleando”, por un lado, por la apropiación de las acciones de las empresas “privatizadas” que corresponden a la llamada “propiedad participada”; por el otro, tenemos a esas mismas corrientes de la burocracia planificando el lanzamiento de Fondos de Pensión privados, previstos en la “reforma previsional”. Un Fondo de Pensión organizado por un sindicato no sería otra cosa que “entidades cuyos propietarios (son) los trabajadores activos y pasivos”. Luego de llegar muy tarde al tema el Pts ha elegido el campo de Lescano y compañía. Esta coincidencia con la burocracia lucifuercista llega a tal extremo que el Pts ni siquiera propone una propiedad colectiva de los trabajadores sobre las Cajas, sino, dicen, “que las cajas serán fusionadas o no según el interés de los trabajadores”. Prevé de este modo la existencia de Cajas obreras de primera, segunda y hasta de cuarta, ya que obviamente los intereses especiales de los trabajadores de Telecom, por ejemplo, no van a coincidir con los de los obreros rurales. Dado el capital considerablemente mayor que podrían reunir los primeros con relación a los segundos, la rentabilidad de su Fondo podría permitirle, eventualmente, sacar jubilaciones del 100% del salario al cese, contra un 20% de los segundos —y aqui hacemos abstracción de las diferencias de salarios al cese que también favorecen considerablemente a los primeros. El planteo del Pts es una expresión “teórica” de los intereses de las fracciones más poderosas de la burocracia sindical, y conlleva una “depuración étnica” entre las distintas categorías de trabajadores. ¡No es casual que, con Lescano, boicotee las manifestaciones contra la ley menemista! Obreros, a la Bolsa No es insano suponer, a la luz de los argumentos que desarrolla (o mejor, de la completa falta de éstos), que el Pts no sabe exactamente de lo que habla, algo típico de los aventureros. El Pts no se ha dado cuenta que los trabajadores argentinos ya son propietarios, no solamente de sus aportes previsionales, sino incluso de los efectuados (o que deberían haber sido efectuados) por los patrones. Una prueba de la vigencia de este derecho propietario se puso de manifiesto cuando Cavallo tuvo que retroceder de la intención original de desconocer los aportes realizados a las cuentas de los trabajadores menores de 45 años. En la campaña contra este propósito inicial, el Partido Obrero destacó que los aportes previsionales no eran un “derecho adquirido” que habilitaba la obtención de alguna clase de jubilación, como pretendía la pandilla de Cavallo, sino una “propiedad”. El proyecto oficial violaba, por esto el “derecho de propiedad” consagrado en la Constitución burguesa vigente. Pero la “propiedad” del trabajador sobre los aportes no es otra cosa que su propiedad sobre el salario, es decir sobre la venta de su fuerza de trabajo, la única propiedad que posee el proletario como proletario bajo el capitalismo. El Pts, propone, en cambio, que los obreros se conviertan en propietarios capitalistas, toda vez que la gestión de toda la masa de aportes reunidos en un fondo único constituye, en las condiciones presentes, un capital, que sólo puede ser gerenciado a través del “mercado de capitales” (deuda pública y mercado de acciones). En lugar de defender la “propiedad” de los trabajadores sobre los aportes previsionales ya realizados y confiscados por los capitalistas a través del saqueo de las Cajas, es decir, el valor de su fuerza de trabajo, (explicitando en una cuenta de cada trabajador el valor actual del conjunto de los aportes obrero-patronales realizados durante su vida activa); en lugar de esto, el Pts propone que los trabajadores se conviertan en propietarios de aquí en más (borrón y cuenta nueva), no de sus aportes sino de las Cajas, que quedarían transformadas así en un Fondo de Pensión único, obligado a destinar sus ingresos a la especulación financiera. ¡Qué aborto de socialismo es este partido “por el socialismo”! Salario y capital Ocurre que el dichoso Pts simplemente no sabe distinguir entre la propiedad sobre los aportes y la propiedad sobre las Cajas. Esto revela la mentalidad pre-capitalista que es natural en la pequeña burguesía de izquierda. La distinción es similar a la que existe entre un depósito en un banco y la propiedad del propio Banco. Si el depósito fuera confundido con el capital del Banco, se perdería en el caso de la quiebra del Banco; como no es así, como el depósito es un capital de su titular distinto al capital del banquero, el depositante puede reclamar el resarcimiento en un juicio a costa de las propiedades del Banco, o en el caso de que los depósitos tengan garantía del Estado, a que el Estado devuelva el dinero acreditado. La “posición” del Pts apunta simplemente a retirarle al Estado capitalista la responsabilidad de garantizar la intangibilidad de la propiedad y del valor de los aportes previsionales, con la consecuencia de que si quiebra el Fondo de Pensión de los trabajadores, se pierden al mismo tiempo los aportes que corresponden a los trabajadores. ¡Exactamente lo que plantea el proyecto previsional de Menem, que no garantiza los aportes a los Fondos de Pensión a crearse! ¡Pero ésta es precisamente la cuestión! ¿Cómo garantizar el cobro integral de la jubilación y los aportes previsionales en un régimen (capitalista), que se caracteriza por las violentas desvalorizaciones de patrimonios, la confiscación de los grupos sociales más sometidos, la instrumentación del Estado para proceder —vía inflación— a la expropiación de los ahorros de la masa trabajadora, etc.? Esa garantía no la puede ofrecer ninguna Caja, incluso si es de propiedad del Pts (y probablemente menos si éste fuera el caso). Lo único que le queda al proletariado, en las condiciones del régimen burgués, es exigir al Estado, por medio de una ley, que se declare garante colectivo de los aportes previsionales —es decir, responsabilizarlo ante la clase obrera como un todo por la intangibilidad del salario diferido que es la jubilación, y de los aportes realizados. Esto es precisamente lo que pretendió el movimiento obrero al imponer el 82% móvil —que desde la dictadura en adelante ha dejado de cumplirse, pero que ha permitido a los jubilados ganarle los juicios al Estado, y que hoy es el punto en el cual justicialistas, radicales y centroizquierdistas coinciden que hay que poner fin. La lucha por la defensa de las jubilaciones de la clase obrera es una lucha de contenido político, es decir, que pasa por la imposición al Estado de los reclamos y de las exigencias de los trabajadores. Lo mismo ocurre, por otra parte, con cualquier otra reivindicación obrera. La pretensión de que los trabajadores resuelvan sus necesidades sociales haciendo abstracción del capitalismo y del Estado corresponde a los sostenedores del “socialismo utópico” de principios de siglo pasado. En la actualidad, es un despropósito completamente reaccionario. Contenido de clase El Pts no quiere dejar ningun lugar a dudas en lo que se refiere a los propósitos que persigue con su planteo. No es un malabarismo polémico lo que desenmascara sus posiciones antisocialistas: “... los fondos jubilatorios de propiedad obrera ..., dice, el movimiento obrero los podrá utilizar para su beneficio exclusivo”. Claro que para obtener un “beneficio”, y en particular si es “exclusivo”, el fondo, sea de “propiedad obrera” o de cualquier otro tipo, deberá primero obtener una rentabilidad que no sea inferior a la media del mercado. El planteo apunta a insertar a los obreros y a sus organizaciones en el mecanismo del capitalismo financiero, como sujetos capitalistas. Convertir a los obreros en “propietarios” con vistas a un“beneficio exclusivo” —esta es la receta “socialista” que nos proponen “desde” el Pts. Los petesistas pretenden ignorar, en definitiva, que la única forma social en que los Fondos de Pensión puedan alcanzar un “beneficio exclusivo” es mediante la explotación de los trabajadores, ya que ese “beneficio exclusivo” no es otra cosa que una fracción de la plusvalía extraída por los capitalistas a los obreros. Al final, el único “beneficio exclusivo” sería el que obtendrían las Cajas “obreras” más ricas (Luz y Fuerza, Foetra, Asociación Bancaria) en detrimento de las más pobres, lo que convierte al planteo del Pts en una propuesta de explotación social de una fracción de trabajadores contra otra. Solamente en este sentido el beneficio obtenido sería “exclusivo”, ya que en todo lo demás debería compartirlo con los especuladores bursátiles. Es a partir de este miserable planteo capitalista que el periódico del Pts pretende crititcar los planteos del PO. A los dirigentes petesistas no se les plantea naturalmente como problema la necesidad de definir el contenido que debe tener, para la clase obrera como clase, la reivindicación del control y la gestión obreras sobre las Cajas estatales, formadas exclusivamente con el aporte patronal y el reconocimiento actualizado de todos los aportes obreros y patronales realizados hasta la fecha. Para el Pts, un control obrero de un Caja debería apuntar al “beneficio exclusivo”, es decir a la especulación bursátil. Para el Partido Obrero el control obrero no debe solamente garantizar la “transparencia” del manejo de las Cajas, sino que debe estar al servicio de una política anti-capitalista, la cual deberá chocar constantemente con el propio Estado burgués. Por este motivo, el control o gestión obrera de la Cajas debe servir para reclamar, luchar e impulsar un plan económico de conjunto al servicio de las necesidades sociales de las masas explotadas, ejecutado con los métodos de la clase obrera (control obrero, abolición del secreto comercial, expropiación de los monopolios capitalistas, y no para el “beneficio exclusivo” de los propietarios obreros de las Cajas. Pretender que este planteo es el de Clinton, revela una monumental ignorancia… de los planteos de Clinton. Clinton pretende defender la propiedad capitalista ( e incluso extenderla a los obreros, como el Pts), y al Estado burgués, el planteo del PO le da un contenido anticapitalista al control obrero de las Cajas de Jubilaciones del Estado y plantea la necesidad de la conquista del poder. El Pts no sabe que fue así que Tortsky delimitó las posiciones del programa de transición de las del presidente Roosvelt en la década del ‘30. Autogestión y Estado A esta altura, podemos abordar otro de los aspectos decisivos de las posiciones anti-socialistas y contrarrevolucionarias del Pts. La teoría de la propiedad de los trabajadores sobre las Cajas es una variante de los planteos anarquistas y autogestionarios que pretenden resolver los antagonismos sociales prescindiendo del Estado y de cualquier lucha por influenciarlo, conquistarlo y finalmente destruirlo. Se trata de una posición “anti-política”. En las décadas del 60 y 70, el planteo autogestionario fue vigorosamente asumido, en particular en Europa, por el propio clero en su variante “izquierdista”. Las centrales sindicales de filiación cristiana pasaron a oponer a la lucha de clases, a las huelgas y a las manifestaciones políticas, no la caridad y el “salario justo”, sino la autogestión obrera, en especial para las empresas capitalistas en quiebra. La demagogia clerical autogestionaria se abrió camino entre los partidos socialistas, en particular el francés, y aun en corrientes “trotskistas”, como la que aún dirige E. Mandel. En la práctica se desenvolvió un planteo de colaboración clasista y de integración de los trabajadores al Estado, en nombre del “participacionismo”. A través de su posición sobre las Cajas, el Pts nos revela los extremos a que ha llegado en su completo apartamiento de la doctrina del Estado y de la Revolución. Todo el esfuerzo de un partido político marxista debe estar dirigido a la politización de los antagonismos de la sociedad capitalista, es decir a hacerlos “asunto de Estado”, ya que ésta es la única vía para preparar a la clase obrera a la lucha por el poder político. El solo hecho de querer des-politizar la tremenda cuestión jubilatoria, tipifica al Pts como anti-revolucionario. Pero el Pts ha ido más lejos aún en esta posición anti-política, o mejor, ha sido radicalmente consecuente con ella, al boicotear, junto con toda la burocracia partidaria de los Fondos de Pensión privados sindicales, las movilizaciones y luchas contra el proyecto menemista de ley. La “polémica” que ha salido a entablar contra el PO (y de la cual se retirará cobardamente a partir de esta respuesta, como ocurrió con la “polémica” sobre Irak), tiene para el Pts la función de encubrir su sabotaje a los esfuerzos populares para impedir la sanción de la ley y para inflingir consecuentemente una fuerte derrota al menemismo, es decir, a los imperialistas. Demagogia, encubrimiento El lector puede ya reconocer, sin necesidad de mayores esfuerzos, la ilimitada ignorancia y la desvergonzada demagogia que resume el planteo del Pts en el sentido de que “los trabajadores son capaces no sólo de administrar sus propios fondos (!!) sino que son capaces de destruir a este Estado burgués, construir su propio Estado y administrar centralizadamente la economía nacional”. Cualquier obrero serio se dará cuenta de que la segunda parte de esta cita es una asquerosa mentira. Hoy por hoy los trabajadores no sólo no son capaces de hacer lo que afirma el Pts, sino que ni siquiera tienen la pretensión de derrocar a la burguesía. Para que ocurra lo contrario aún debe emanciparse de la tutela de los partidos capitalistas, llegar a la comprensión de que no hay salida bajo el régimen actual y organizarse en un partido propio, rigurosamente independiente. La afirmación barata del Pts demuestra cuán lejos está de las masas y de la situación política en general; aún está pendiente la tarea de organizar una vanguardia de la clase obrera. Lo más miserable, con todo, es que esta demagogia revolucionaria es usada para encubrir la primera proposición, la de que los trabajadores son capaces de administrar un Fondo de Pensión. ¡Pero si se educan y son capaces para jugar en la Bolsa, o en su “beneficio exclusivo” no se educan ni son capaces para hacer la revolución proletaria! La tarea, no ya histórica, sino inmediata de los trabajadores, no es administrar un Fondo de Pensión. Esa tarea es hoy quebrar el ataque del gobierno e imponerle la obligación de que garantice los aportes realizados y el pago del 82% móvil —es decir, una jubilación mínima de 500 pesos. La posición sobre las jubilaciones, de parte del Pts, prueba el completo rigor de nuestra caracterización de que se trata de un grupo aventurero, es decir carente de cualquier clase de principios. Paga así las consecuencias de haber roto con el Mas sin una delimitación política y de haber formado un partido como si fuera un Fondo de Pensión, es decir, administrativamente, sin un programa.

El comienzo del ciclo lectivo del presente año tiene todas las características de la parodia. El Estado finge que está asegurando el derecho a la educación y la burocracia de los sindicatos finge que está defendiendo el salario de los docentes, y ambos se complotan en la pretensión de que los estudiantes finjan que están realmente aprendiendo y los maestros que están asegurando el mantenimiento de sus familias y el desenvolvimiento de sus vocaciones. El objetivo de todo esto no podría ser más reaccionario: ofrecer una ficción de orden. Este denigrante inicio escolar fue sinuosamente preparado por el romance senil entre el nuevo ministro de Educación, impuesto por el clero, y la remanida Mary Sánchez. En los encuentros de cúpula oficialmente conocidos siempre hubo algún tipo de novedad estética: a fines del año pasado, Mary Sánchez hizo repintar los cuartos del local de Ctera para recibir a Rodríguez; más recientemente la burócrata quiso que se destacarasu atuendo juvenil en una visita al Ministerio. Hay un fuerte olor a descomposición en este idilio entre la dirección “anti-menemista” (?) y el gobierno menemista. La vocación unificadora y centralizadora de Ctera se ha agotado en las gestiones con el ministro, ya que no tiene ninguna manifestación en el plano de la unidad del gremio. Siete sindicatos provinciales iniciaron el año con huelgas sin que la burocracia ceterista se diera por aludida. Hoy por hoy, la política de inacción de esta burocracia es el principal factor, si no el único, de división y fractura gremiales. Solamente debido a esta aguda podredumbre burocrática pudo Duhalde mantenerse firme en su negativa de aumentar los salarios, limitándose a pasar al básico un ítem salarial “no remunerativo” de $ 26,50. A fines de febrero, un congreso de la FEB había votado iniciar el año con un paro de cinco días, abriendo una enorme crisis con la burocracia de este sindicato, que tuvo que convocar a un nuevo congreso, que volvió a perder, pero donde no se logró efectivizar la huelga debido a una disposición de estatuto que exige para ello el 75% de los votos. Como se ve, a la burocracia no la inmuta saber que se encuentra en minoría dentro del gremio. El resultado del Congreso de la FEB le sirvió al Suteba para anular su propia decisión de ir a la huelga, apelando para ello al argumento de que no debían parar solos. Cuando la burocracia se pone a interpretar el papel de unitaria ello significa que pretende estrangular la lucha en nombre de la unidad. Una línea unitaria bastante más consecuente hubiera sido llamar a la huelga en consideración al 60% de los congresales de la FEB que habían concretamente votado un paro general. No hay que perder de vista, claro, que las monerías de la Mary Sánchez con el ministro Rodríguez tienen la prostituyente intención de obtener del gobierno que otorgue a Ctera la representación sindical en la obra social (Osplad). Lo que a Ctera le corresponde por derecho, la burocracia quiere conseguirlo a costa de los trabajadores. Pero así no lo va a obtener tan fácilmente, máxime si se tiene en cuenta que el gobierno pretende privatizar las obras sociales de los sindicatos. La burocracia finge para los demás y no quiere admitir que el gobierno finge para ella y que en definitiva todos se están engañando entre sí y simultáneamente. Se ha llegado a un grado enorme de podredumbre y a un completo estancamiento. Esto por el lado de las cúpulas. En las bases es manifiesta la voluntad de lucha expresada por la mayoría de los delegados de la FEB y de Suteba, en Buenos Aires, y por las grandes huelgas en el interior del país. Lo que se impone hacer, de aquí en más, es organizar esta unidad en las bases, formando comités comunes y agrupaciones para darle una perspectiva a la docencia y a la educación.

Algunos se habrán sorprendido, muchos no, al ver estampada la firma del “bloque (sic) del Mst” en un afiche que reivindica a los bloques de la UCR, del socialismo, de los 8 y del PI como defensores de los jubilados. Con la probable excepción del socialista Alfredo Bravo, sin embargo, todos los demás diputados ya han declarado expresamente su posición favorable al aumento de la edad para jubilarse y a la derogación del 82% —disposiciones que no son menos expropiatorias de la clase obrera que la llamada “privatización” de las jubilaciones. Pero todo indica que esto lo tiene sin cuidado a Zamora y al Mst. De cualquier manera, el tema no se agota en esta expropiación. El difunto diputado ucedeísta, Federico Clerici, señaló en repetidas oportunidades que existía una contradicción entre la compulsividad que establecía el proyecto menemista, de un lado, y la falta de garantía estatal de los aportes a los Fondos privados, del otro. También destacó que la brusca transferencia de fondos a los bancos y compañías de seguro, que entrañaba el proyecto oficial, provocaría una tendencia al aumento descontrolado del déficit del Estado, que sería financiado con los títulos que comprarían los Fondos de Pensión. Tampoco se olvidó Clérici de prever que la evasión de aportes jubilatorios que caracterizó al sistema estatal, habría de proseguir en el “privado”, como lo demostraba la experiencia chilena, con el resultado de que los trabajadores podrían quedar sin jubilaciones al final de su ciclo laboral. Por todos estos motivos, Clérici abogaba por una privatización “optativa”, es decir no obligatoria, a la cual veía con grandes perspectivas dadas las jubilaciones de hambre que pagaba el régimen estatal. Esta privatización “optativa”, que no es otra cosa que una forma disimulada de compulsión, es la posición común a todos los bloques patronales que disienten con el menemismo. Al proponer la elevación de la edad para jubilarse y derogar el 82% móvil, preparan indudablemente el terreno para hacer pasar la píldora de la privatización “optativa”. La tendencia a concentrar recursos financieros en los Fondos de Pensión tiene un alcance mundial, y no van a ser los radicales quienes se van a sustraer a esta novedad “modernizante” y “racional”. La adecuada caracterización de las posiciones de los bloques patronales antimenemistas permite comprender algo que de otro modo entraría en el campo de los misterios más indescifrables: por qué estos bloques no derribaron el proyecto menemista en las dos oportunidades en que el bloque oficialista quedó en minoría en las reuniones de las Comisiones de Previsión y de Presupuesto. Es que la UCR y el “Frente Grande”, en particular, no desean la “ingobernabilidad” que sucedería a la postergación del tratamiento de la ley por un año. Ellos no quieren afectar a los banqueros y al gobierno hasta ese punto. Ellos quieren una ley “consensuada”, por ejemplo en la vía que marca la garantía del Estado a un Fondo de Pensión del Banco Nación, aceptado por Cavallo a partir de una propuesta de un diputado bordonista, lo que habilitaría a procedimientos (y negociados) similares a los Bancos de Provincia, en especial de Buenos Aires y Córdoba, aunque podrían ser también de la partida los de Mendoza y Tucumán. En esta variante, la adhesión a los Fondos “privados” sería una dicisión “optativa”, donde el trabajador asumiría la responsabilidad de haber aportado a un Fondo sin garantía. Existen suficientes indicios para suponer, aunque deben decir lo contrario, que grupos como el Citibank , que van asociados en el negocio, aceptarían este planteo como un mal menor, porque prevén que ello eliminaría a una multitud de competidores menores, y en particular a algunos sindicatos, y repartiría el mercado entre un puñado reducido de agiotistas. Zamora y el Mst saludaron como positiva la postergación del tratamiento del proyecto de ley en la primera reunión de las Comisiones del Congreso, en diciembre pasado, haciéndose cómplices de la traición de los bloques opositores, que evitaron hacer valer su mayoría para aplazar la consideración del tema por un año. Luego que el Partido Obrero denunciara este hecho, Zamora y el Mst se “rectificaron”, del mismo modo que el Mas, que había hecho simultáneamente el mismo itinerario. En la “rectificación”, acusaron a radicales and company de traidores (textual) y los agobiaron de improperios. El Mst y Zamora proceden ahora a la rectificación de la rectificación, es decir que vuelven al punto de partida, del cual probablemente nunca se habían ido. Los “traidores” se han vuelto, ahora, defensores de los jubilados, y lo que es más grave (si ello fuera aún posible), se afirma semejante mentira luego de que a mediados de febrero esos ex traidores volvieron a permitir que el proyecto oficial sobreviviera postergando por segunda vez la votación en las Comisiones correspondientes. Como todo el mundo sabe, al final el proyecto tomó estado parlamentario por medio de una reunión fraudulenta consumada por el PJ y sus aliados. El Mst y Zamora han sido incapaces de desenvolver una posición independiente de los patrones en esta lucha de carácter tan elemental (y fundamental). Van y vuelven con total irresponsabilidad y superficialidad. Desarrollan, a veces incluso más que los partidos patronales, el doble lenguaje de la demagogia callejera y la sumisión a los explotadores.

Aerolíneas envió 500 telegramas de despido a empleados “licenciados”, a pesar de que lo prohíbe explícitamente el estado de “reestructuración productiva” declarado por el Ministerio de Trabajo. Los telegramas aluden al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que autoriza a pagar el 50% de la indemnización a las empresas en crisis. Con las sucesivas bicicletas (conciliación, declaración de “crisis empresaria”, etc.), la patronal (Iberia) logró zafar la temporada alta sin mayores contratiempos para sus propósitos. Ahora vuelve a la carga; la “reestructuración” y el “plan estratégico” anunciados, significan más despidos y liquidación de convenios de trabajo. Los gremios aeronáuticos se han declarado en “libertad de acción” pero siguen tan prisioneros de su política y tan inactivos como siempre. Mientras tanto, el cuerpo de delgados de APTA (técnicos de tierra) se acaba de pronunciar por una asamblea del gremio. La Directiva se resiste a convocarla, pero se vio obligada a lanzar un quite de colaboración por la reincorporación de los licenciados y el pago del plus por temporada alta. Un sector de delegados opositores de APA (personal aeronáutico, el gremio más numeroso) reclama públicamente asamblea y plan de lucha. En Aeroparque, donde el 10 y 11 de este mes se elige cuerpo de delegados de APA, se ha presentado una lista de los delegados que se oponen a la conducción de Villani, apoyada por tres listas más de trabajadores licenciados, reflejando el total desprestigio de la conducción gremial. Para generalizar el reclamo de los delegados de APTA y APA, una herramienta es la constitución de comités de base intergremios que brinden, al mismo tiempo, una alternativa para la masa de trabajadores aeronáuticos.

Las multitudinarias movilizaciones en oposición a la instalación del peaje en el inicio de la Panamericana, no debe llevar a que se pierda de vista que los intendentes radicales de Vicente López y San Isidro pretenden que el cobro a los automotores que transitan esa vía lo paguen a partir del cruce con la ruta 202, una zona que se encuentra fuera de sus jurisdicciones. Este objetivo está resumido en el slogan No al peaje prepotente, sí al peaje inteligente. El intendente Posse, que ya fuera destacado funcionario digitado de la dictadura militar, pone el acento en el argumento de que no es necesario ampliar aún más los cinco carriles que van desde la General Paz hasta la 202, pero con esto está defendiendo en realidad los intereses inmobiliarios de la zona residencial de su muncipio. El planteo es francamente reaccionario, porque carga el peso de las expropiaciones para la ampliación de la Panamericana en las barriadas populares que se encuentran entre las rutas 202 y 197. Más allá de esto admite el negociado del peaje, que sirve para agravar la carestía que sufre la población trabajadora. Vista la crisis en que se encuentra la licitación del peaje en la Panamericana, donde las acusaciones de corruptelas superan holgadamente a las de otras entregadas similares (visto el enorme tráfico que recorre esta vía de acceso), el planteo de Posse y compañía deberá servir para darle a Cavallo una oportunidad de rescatar este proyecto, precisamente a partir de la 202. El planteo de los dirigentes delata la orientación agudamente entreguista de la UCR, que defiende las “privatizaciones” a rajatablas, sólo que en una variante diferente a la del menemismo, con más “solidez jurídica” y, por sobre todo, con las comisiones hacia sus bolsillos. La lucha contra el peaje en la Panamericana sólo puede ser entendida como tal si enérgicamente las posiciones de la Unión Cívica Radical.

Cavallo acaba de anunciar un “ajuste fiscal” que cesanteará a unos 50.000 trabajadores provinciales. El gobierno de Entre Ríos inauguró el año con 2.000 despidos, al igual que Ulloa en Salta. En Santa Fe, el recorte de numerosas carreras intermedias ha dejado sin matrícula a diez mil alumnos en este inicio del ciclo lectivo. El plan prevé entregar un “bono de creación de empleo privado” (BOCEP) a cada trabajador despedido, en lugar de la indemnización, para que sea entregado al patrón que emplee al despedido. El trabajador se convertiría, así, en avalista de los negocios y negociados capitalistas. Pero el destino más probable es que los Boceps se revendan en el mercado de títulos muy por debajo de su valor nominal. El nuevo plan ha sido “saludado” por los gobernadores provinciales, ya que plantea la posibilidad de despedir sin desembolsar un peso.

A la redacción de Prensa Obrera Mientras los bienalimentados diputados, intendentes y profesores de casi todos los partidos, en primerísimo lugar los del PT, hablan diariamente de su “constante búsqueda” de “canales de participación popular en la democracia”, la realidad brasileña chorrea sangre del pueblo. Lejos de la panacea que nos pintan, la “democracia” es la cobertura de una cruenta guerra civil desatada por los explotadores contra los explotados. Sólo en la ciudad de San Pablo, la Policía Militar asesina una persona cada 50 minutos —casi treinta por día—, la enorme mayoría negros y jóvenes sin antecedentes criminales. La impunidad de la Policía Militar es absoluta. A principios de enero, soldados de la PM asesinaron a Sandro Pereira Soares, de 15 años, “muerto con otros chicos en la ruta de Guerengué, más conocida como ruta de Urubu, pues allí son depositados basura y cadáveres, de la descarga realizada regularmente por los traficantes y la policía” (Folha de Sao Paulo, 23/1). ¿Su crimen? Ser hijo de Marlí Pereira Soares, una mujer que vive bajo el terror de las amenazas desde hace trece años por haber denunciado e identificado a uno de los dos policías militares que entraron en su casa y secuestraron a su hermano Paulo, de 18 años, para después asesinarlo. Otra prueba de la impunidad de la PM es el asesinato, a plena luz del día y en el centro de Rio de Janeiro, de Edmeia da Silva Euzebio y su sobrina Sheila. Edmeia era dirigente de las “maes de Acari”, un grupo de once madres que en julio de 1990 sufrieron el secuestro de sus hijos sin que sus cuerpos hayan aparecido hasta hoy. El Servicio Secreto de la Policía Militar señaló como responsables a la 9a Brigada de la PM y a la Delegación de Robos ... pero todos ellos continúan en libertad. En octubre del año pasado produjo una verdadera masacre en la cárcel de Carandariú, donde asesinó a casi 400 presos (según las organizaciones de derechos humanos). Una investigación policial reconoció que muchos presos fueron asesinados a sangre fría; sin embargo, el mismo informe señaló que los asesinos no pueden ser identificados. La PM es una máquina de guerra contra el pueblo, su disolución es un elemental reclamo democrático. Estas siniestras estadísticas no toman en cuenta los sistemáticos asesinatos y torturas de miles de “meninos da rua” (chicos de la calle). En la ciudad de Baurú, en el interior del Estado de Sao Paulo, se formó un “Movimiento contra la violencia al menor”, del que participan el sindicato bancario de esa ciudad y Causa Operaria. Su consigna central es “los chicos de la calle piden: basta de masacre”. Con el acompañamiento de este movimiento, los chicos denunciaron la forma en que fueron torturados y ahogados en las aguas del río Batalha, como práctica para obligarlos a confesar delitos o delatar compañeros. También denunciaron el “corredor polaco”, donde los chicos y las chicas tienen que atravesar una doble hilera de policías que los golpean con palos, machetes de goma y puntapiés. Las chicas también denunciaron los abusos sexuales de los que son víctimas constantes. ¡Estos son los “guardianes de la paz, el orden y la moralidad”! La sangrienta masacre de niños y hombres desarmados revela el auténtico terror que siente la burguesía brasileña ante el latente levantamiento popular y la brutalidad sin límites con que defiende sus privilegios.

“‘Todas las mañanas me levanto a las siete, tomamos un té con mamá y venimos a trabajar. Estamos todo el día y como nos pagan por producción, a veces seguimos hasta la 1 de la noche’’ cuenta Gloria Benegas, una niña de once años que cada verano abandona su pueblo en el norte de Salta para trabajar en la cosecha de tabaco”. El relato pertenece a un corresponsal de France Press llegado a Salta a cubrir la epidemia del cólera. Aunque la ley prohíbe la contratación de menores de catorce años, “Gloria clasifica hojas de tabaco en un galpón de la finca San Martín, junto a su hermana de nueve años y las hermanas Corimayo, de doce, diez y nueve años de edad ... La tarea de los pequeños consiste en sujetar las hojas a unas cañas que luego se cuelgan en un secadero ... Los galpones tienen el piso de tierra que junto al polvillo de las plantas de tabaco forman una nube color gris que cierra el pecho ahogando la respiración. Con el tiempo, causa lesiones en los pulmones y origina una enfermedad profesional semejante a la silicosis de los mineros”. Cientos de niños bolivianos y del Noroeste argentino son contratados regularmente para las cosechas en los 2.000 campos tabacaleros de Salta, por un jornal de 3,5 pesos diarios, un tercio de lo que la ley establece para el peón rural. Todo esto sucede, naturalmente, con la complicidad de los gobiernos nacional y provincial ... y no de ahora sino desde siempre. Gloria y otros cientos de chicos han dejado de ser niños; han sido convertidos en “brazos” para engordar al capital. Para ellos no hay escuelas ni juegos, sino miseria, enfermedades y embrutecimiento. La atroz explotación capitalista es una plaga mucho peor que el cólera.

Estimados compañeros: Me dirijo a Uds., a fin de hacerles saber mi decisión de dejar de militar en el Mst y de incorporarme al PO. Considero que es una obligación de mi parte hacerles conocer esta decisión así como también la de iniciar un amplio y profundo debate sobre los factores que determinaron mi ruptura. Digo iniciar un debate porque dentro del Mst no hubo un debate que merezca llamarse tal. No hubo confrontación de ideas, ni discusión de posiciones sino acusaciones infinitas basadas mayoritariamente en chismes...¡contra el PO! No pude concluir ninguna discusión ni aclarar ninguna idea porque aparecieron siempre a la hora de profundizar el debate político anécdotas que el Mst no se ocupó de probar. El debate con el PO, en cambio, se basó en las concepciones teóricas que fundamentan su política concreta; las críticas al Mst (y al morenismo en general) se basaron en documentos escritos sobre posiciones políticas. Los materiales que el PO me dio (Prensa Obrera, revista EDM, libro de JA “Estrategia de la izquierda en la Argentina”) para debatir, me aportaron una comprensión más profunda de las cuestiones consideradas, cosa que considero indispensable para la militancia política en un partido revolucionario. Quiero aclarar sobre el punto de la acusaciones contra el PO lanzadas en la reunión de círculo del 19/1/93, que tengo en mi poder los materiales del PO que las desmienten (Israel, Brigada Simón Bolívar, ferroviarios). Creo, por último, que se nos debiera haber permitido, a mí y a mis compañeros de militancia, desarrollar conjuntamente en nuestro ámbito natural —el círculo partidario— este proceso de reflexión política. Un partido que no está dispuesto a someter a debate su política y su trayectoria demuestra una debilidad que lo condena al fracaso y a la desmoralización. Esta debe ser una de las razones por las que la mayoría de los compañeros que dedicaron una parte de su vida a la construcción del Mas, hoy estén en sus casas sin poder sacar ninguna conclusión de su experiencia. Mi interés en iniciar el debate, y la razón de esta carta, es contribuir a evitar que esto suceda también con mis compañeros. Esta carta no pretende cerrar sino abrir un debate que no pudo ser por razones completamente ajenas a mi voluntad. El Mst ha tomado posiciones sobre una serie de acontecimientos políticos en el período en que yo milité en sus filas que considero incompatibles con un partido que pretende ser “socialista de los trabajadores”. En primer lugar, Uruguay. Cuando se llevó a cabo el plebiscito por la derogación parcial de la Ley de Privatizaciones, el Mst salió a festejar el triunfo del SI. “El pueblo uruguayo abrió un camino”, “Uruguay nos dio un ejemplo de cómo se puede enfrentar y golpear los planes de saqueo, y ajuste”, decía el Semanario Socialista Nº 33, aun sabiendo (y “advirtiendo”) que el SI era una opción que permitía privatizar Pluna, centrales hidroeléctricas, telefonía celular, la empresa de pesca, de electricidad, la flota de transportes, talleres y servicios médicos. El PO, por su parte, tituló al artículo sobre el plebiscito uruguayo “Estafa política en día domingo” (Prensa Obrera Nº 378) y denunció el fraude que significa hacer aparecer al SI como antiprivatista. “El bloque del SI expresó las posiciones del gran capital uruguayo que, a la vista de la experiencia de sus colegas argentinos, teme verse prisioneros del monopolio de los servicios en manos de un pulpo extranjero, pero que apoya rabiosamente las privatizaciones cuando son en su propio beneficio”. El triunfo del SI fue en relidad un fortalecimiento de un sector de la burguesía uruguaya contra los privatizadores extranjeros y contra los trabajadores . Lo del FA no es entonces una “oposición limitada” sino una política abiertamente privatizadora y proburguesa. El Mst ha sido estafado o peor aún, es cómplice de la estafa a los trabajadores uruguayos (y argentinos). En segundo lugar, Venezuela. Cuando tuvo lugar el alzamiento de Chávez y sus “bolivarianos”, el Mst fue incapaz de darse una política concreta al respecto, dudando en llamar a las masas a luchar contra Pérez o contra Chávez. En un primer momento el Mst se aproximó a una política clasista con la consigna de “Abajo Pérez”. A la semana siguiente, sin embargo, se “arrepintió” (sin decirlo) y planteó la necesidad de que los trabajadores repudiaran el golpe e incluso lucharan contra Chávez (aunque no “en primer lugar o al mismo nivel” que la lucha contra Pérez). En un momento en que había dos campos enfrentados en las calles en medio de una insurrección popular contra el gobierno proimperialista y masacrador de Pérez, el Mst se declara “prescindente”, repudiando a todos. Esta prescindencia es concretamente una posición contrarrevolucionaria, porque es, en definitiva, un apoyo al gobierno de Pérez. La crítica del PO a los golpistas es opuesta por el vértice a la del Mst... El PO señaló que fue el carácter putchista del golpe el que impidió el desarrollo de la insurrección popular, es decir que impidió la unidad de acción de la clase obrera con los nacionalistas contra Pérez. Esta solidaridad concreta en la acción no supone obviamente el abandono de una estrategia revolucionaria, independiente de la clase obrera como criticó el Mst al PO. Al revés, el único campo de desarrollo de una vía revolucionaria era el campo de los alzados y la insurrección, no el de la “democracia” de Pérez. El razonamiento del Mst carece de sentido: es como si dijéramos que en agosto del '91 salir a luchar contra el golpe contrarrevolucionario y proimperialista de la burocracia en la ex-URSS era apoyar la política restauracionista de Yeltsin. En tercer lugar, Brasil. El Mst afirma que el PT es un “partido de la clase obrera” considerando únicamente su composición y olvidando que es su programa y su política lo que determina el carácter de clase de un partido. El PT no sólo está integrado a fondo al Estado burgués sino que además al “orden” imperialista continental como lo prueba el hecho de que invitó al cónsul yanqui de San Pablo a asistir a su I Congreso. La trayectoria de la Erundina en San Pablo (intendente del PT) es harto conocida como represora de huelgas de los trabajadores del transporte. El PT está agotado como una vía para el desarrollo de una vanguardia obrera en Brasil. La expulsión de sus filas de Causa Operaria y de Convergencia Socialista es otro dato de la política de este “partido de la clase obrera”. Las posiciones sostenidas por el Mst en los casos que mencioné y que considero estratégicos son compartidas con pelos y señales por el Mas y el resto de las corrientes morenistas (Pts). En definitiva el Mst (y el morenismo) tiene una posición democratizante, no revolucionaria, no clasista, no socialista, que se verifica en cada una de sus posiciones sobre acontecimientos políticos estratégicos. El “basamento teórico” de semejante política puede indagarse, por ejemplo, a partir de la concepción de la revolución permanente. Para un marxista resulta imposible concebir una revolución sin un cambio en la clase social que detenta el poder político del Estado, es decir sin que la clase social que había sido objeto de dominación de la otra por el Estado se convierta en dominadora a través de la conquista del poder político. Lo que en realidad ocurrió en 1982 en Argentina, calificado como “revolución democrática” por Nahuel Moreno, fue el operativo de institucionalización (contrarrevolución democrática) montado por la burguesía y el imperialismo ante el agotamiento de la dictadura militar, para reemplazar al régimen burgués bonapartista (fascista) por otro vulgarmente democratista. Moreno y sus seguidores se convirtieron así en apologistas del alfonsinismo.... Mi decisión de romper políticamente con el Mst está fundada en todas estas razones. Si el debate fuera posible, seguramente aparecerían nuevas y más ricas conclusiones. 1/2/93

Una hojeada a los diarios de los últimos días permitiría comprobar que se les ha pasado completamente por alto el comienzo de un verdadero ascenso obrero en los principales países de Europa y en los Estados Unidos. A fines de febrero, en Alemania, los metalúrgicos abandonaron sus herramientas y más de 10.000 manifestaron contra los planes de despidos en la industria siderúrgica alemana. En la ciudad de Buisburg, los obreros paralizaron las fábricas de los dos mayores pulpos siderúrgicos alemanes, la Thysen y la Krupp, realizando un acto de protesta en las puertas de la fábrica antes de marchar “hacia un puente sobre el Rhin que es conocido como ‘el puente de la solidaridad’, nombre inspirado en la lucha victoriosa emprendida por los metalúrgicos hace cinco años para impedir que la Krupp paralizara sus operaciones en la ciudad” (Folha de Sao Paulo, 25/2). Simultáneamente, muchos bancos y comercios cerraron sus puertas en solidaridad con los metalúrgicos. Apenas unas horas después, el 27 de febrero, 200.000 trabajadores se “autoconvocaron” en la plaza de San Giovanni en Roma, al margen de la burocracia de las tres centrales sindicales, para plantear: “huelga general” y “abajo el gobierno de Amato” (consignas que provocaron la “indignación” del corresponsal del Cronista Comercial, 1/3). En Gran Bretaña, mientras se siguen desarrollando manifestaciones contra el cierre de las minas de carbón, los obreros de la filial de la Peugeot han salido a la huelga por tiempo indeterminado en lo que el Financial Times (14/2) califica como “uno de los mayores conflictos salariales de los últimos años”. En los Estados Unidos, mientras tanto, están en huelga los 7.000 mineros de carbón de la Peabody, la mayor empresa carbonífera norteamericana. La huelga —lanzada en reclamo de condiciones de seguridad en las minas y contra la política de las patronales de contratar mineros no sindicalizados— amenaza con extenderse a las restantes grandes compañías carboníferas. “Guerra social” en Alemania El vigor que están adquiriendo las luchas obreras en las principales metrópolis imperialistas está determinado por la envergadura de la crisis capitalista. Después de haber reducido en un 50% el número de obreros ocupados y en un 15% su capacidad productiva en la última década, la Comunidad Económica Europea se apresta a lanzar un “nuevo” plan de “racionalización siderúrgica” que reducirá la producción en 30 millones de toneladas anuales. El “plan” prevé el cierre de decenas de grandes plantas en todo el continente y el despido de 40.000 metalúrgicos en Alemania y otros miles en toda Europa. Las patronales alemanas temen, con razón, que si no pudieron derrotar a sus trabajadores hace cinco años tampoco puedan hacerlo ahora. Han pasado sólo nueve meses desde las grandes huelgas de empleados públicos que paralizaron el país en mayo del año pasado, y Alemania enfrenta la perspectiva de una nueva oleada de huelgas; los metalúrgicos, los empleados públicos, los obreros de la construcción y los de la industria química en el “este” y en el “oeste” levantan reclamos salariales que las patronales rechazan de plano; al contrario, exigen “reducir el costo laboral”. Al mismo tiempo, el gobierno ha lanzado un paquete de “drásticos cortes en la asistencia social ... que afectarán a los desocupados, las familias con muchos hijos, personas que reciben subsidios para pagar el alquiler, las mujeres solas con hijos, los que piden asilo, los enfermos y los estudiantes” (Clarín, 5/3). La burguesía alemana se ha lanzado a una guerra abierta contra las conquistas sociales del proletariado más fuerte de Europa. El clima de “guerra social” que reina en Alemania ha hecho fracasar, hasta ahora, el “pacto de solidaridad” que el gobierno de Kohl pretendía armar con la socialdemocracia y la burocracia sindical parar lograr la “contención salarial”. Esta impasse en el plano político explica que ya se hable abiertamente de la caída de Kohl. Se perciben ahora los alcances revolucionarios generales o estratégicos de la caída del Muro de Berlín, al plantear a la clase obrera el camino de una lucha común, en tanto que la burguesía alemana se demuestra impotente para resolver los problemas planteados por la “unificación”. El terremoto político del proletariado italiano La lucha del proletariado italiano se desarrolla con características relativamente diferentes. La autoconvocatoria de 200.000 manifestantes da cuenta de una situación excepcional, que ya se había expresado en las grandes manifestaciones de setiembre del año pasado contra el “paquetazo” de Amato (liquidación de la escala móvil, aumento de la edad jubilatoria, reducción de los gastos sociales, aumento de los impuestos al consumo). Todo indica que la masa obrera italiana ha roto con la burocracia que dominó durante medio siglo los sindicatos. Desde setiembre se asiste a una rebelión y radicalización en masa de los cuadros medios de los sindicatos, en particular de la mayoritaria CGIL (Confederazione General Italiana dil Lavoro), que responde al rebautizado “partido democrático de izquierda” (PDS, ex PC) y a un proceso generalizado de elección de delegados y formación de comités de fábrica. Estos delegados y “comités de base” convocan huelgas al margen de la burocracia de las centrales sindicales, como las realizadas en Lombardía y Nápoles a mediados de febrero (Ambito Financiero, 17/2) y a manifestaciones de masas como la de la plaza San Giovanni. La “rebelión de la base sindical” ha sacudido el cuadro político del país, mucho más incluso que el escándalo de la corrupción oficial. El hundimiento de la burocracia sindical marca el colapso del Partido Socialista y también del “poscomunista” PDS. La “Refundación Comunista”, una escisión del PDS que reivindica el “marxismo-leninismo” del PCUS de Stalin y del PCI de Togliatti, y los llamados “autónomos”, se encuentran formalmente a la cabeza de este movimiento, pero no se encuentran en condiciones de darle una perspectiva política. El carácter explosivo de la situación italiana y sus posibilidades revolucionarias están sintomáticamente reflejadas en el planteo de Luigi Malarba, dirigente del Comité de Base de la Alfa Romeo de Arese, de “construir una asamblea nacional de Consejos de fábrica” (Bandiera Rossa, 28/10/92). Una asamblea de consejos de fábrica se convertiría inmediatamente en un punto de concentración de todas las fuerzas obreras, como clase, frente al Estado, es decir en un organismo de tipo soviético. Para los “autónomos” el objetivo de esta lucha debería ser “el nacimiento de un sindicato nuevo, apoyado en los consejos, reglamentado por ley... un sindicato único, democrático, con derecho de tendencia proporcional al consenso obtenido en la base” (ídem). Los problemas que la crisis le plantea a la clase obrera, sin embargo, no son sindicales, y menos legislativos, sino eminentemente políticos y revolucionarios. En Italia, el problema de la dirección política de la clase obrera, el partido revolucionario, está planteado al rojo vivo. Gran Bretaña y Estados Unidos En Gran Bretaña, el movimiento atraviesa una fase de luchas por las que ya pasaron los alemanes y los italianos. Después de las grandes manifestaciones mineras del año pasado, que hicieron recular a Major de su anuncio del cierre de 31 minas, las huelgas parciales, como la de la Peugeot, y las manifestaciones, como las que siguen llevando adelante los mineros; van marcando el camino hacia un enfrentamiento más general entre las clases. Un síntoma inapelable de esta tendencia es el paro “salvaje” de 24 horas en la planta de la Ford de Dagenham, al este de Londres, impulsado por la simple “filtración” de documentos internos de la patronal que prevén 3.000 despidos en sus plantas de Alemania y Gran Bretaña (Financial Times, 4/3). El solo rumor provocó la huelga “no oficial” (es decir, no declarada por el sindicato). Estas tendencias a la lucha están presentes también en los Estados Unidos, donde asistimos a un ascenso gradual de las luchas obreras como no se veía desde fines de los años ’60. Después de las huelgas de la GM, de la Caterpillar y de los docentes de varias ciudades el año pasado, 1993 debuta con la huelga de los mineros del carbón de la Peabody —que puede extenderse a las restantes empresas— y luchas en empresas mecánicas, aeronáuticas (los ingenieros de la Boeing pararon el 19 de enero pasado, por primera vez en 47 años) y de comestibles (The Militant, 26/2). Sube la marea en los Estados Unidos, algo que se refleja en una “simple” cifra: se ha duplicado la sindicalización de las mujeres (The Wall Street Journal, 12/2), precisamente uno de los sectores de la clase obrera normalmente más alejados de la vida sindical. Mientras la prensa mundial se pregunta acerca de la capacidad de los jefes de Estado para hacer frente a las “amenazas exteriores” —la guerra de los Balcanes, la crisis económica mundial y la agudización de la guerra comercial, el hundimiento de la burocracia soviética—, la verdadera “prueba de fuego” de los “estadistas” está en sus propias casas.

A despecho de sus promesas electorales, las consignas del nuevo presidente norteamericano son: “Austeridad”, “aumento de los impuestos”, “recorte de gastos”, “sacrificio compartido”. “El mensaje a Wall Street —subrayó un asesor de Clinton citado por “The Militant” (29/1)— (es) firme: nada diferente o innovador para inquietarla”. No se equivocaba “The Wall Street Journal” cuando en noviembre del año pasado aseguraba que los tenedores de los títulos de la deuda pública habían ganado un “derecho de veto” sobre la política económica norteamericana. Clinton tiene que hacer frente a un déficit fiscal completamente descontrolado: el semanario del “The Washington Post” (18/1) señala que “las últimas cifras computadas por el Comité de presupuesto del Senado calculan el déficit fiscal de 1997 en 333.000 millones, comparados con una proyección del año pasado del gobierno de Bush de 205.000 millones”. Semejante “agujero negro” amenaza con un derrumbe de los valores, de las Bolsas y de los bancos y con desatar una espiral inflacionaria. ¿Qué “ofrece” Clinton ante esta situación? En primer lugar, una reducción del gasto militar de 60.000 millones en cinco años, un 5% del total, “apenas un bocadito” frente a los “mucho más profundos recortes... necesarios para una reestructuración fundamental del sistema militar” (Newsweek, 30/11). Pero aún esta insignificancia ha despertado una enorme resistencia del “‘triángulo de acero’, la íntima alianza del Pentágono, sus contratistas y sus amigos en el Congreso” (ídem). El jefe de las FF.AA., el general Powell, rechazó este recorte, oponiéndole un plan de reducción de gastos todavía “más modesto”, elaborado conjuntamente con el senador San Numm, uno de los colaboradores más directos de Clinton en el Congreso. La plana mayor de las FF.AA. rechazó de plano tanto uno como otro plan, lo que ha llevado a “The Christian Science Monitor” (19/2) a decir que “los jefes de las FF.AA. no parecen comprender quién ganó las elecciones”. La presión del Pentágono, los congresistas —incluidos algunos de los más firmes defensores de Clinton— y los gobernadores de los Estados donde se asientan las bases e industrias militares ya han comenzado a “agujerear” el plan de Clinton: el secretario de Defensa, Les Aspin, “dijo a un grupo de defensa de la industria que se harán algunos agregados al presupuesto para hacer entrar el avión experimental V-22” (ídem). Otro “caballito de batalla” de Clinton es la reducción de los gastos de salud, al punto que colocó a su esposa, la promocionada Hillary, a la cabeza de una comisión para reformular el sistema de la salud pública. Estos gastos han crecido enormemente en los últimos años como consecuencia, no del aumento de las prestaciones, sino de las fenomenales superganancias que han embolsado las corporaciones médicas, los sanatorios, los laboratorios y las aseguradoras de salud, y del fenomenal despilfarro de recursos que implica la “competencia” de centenares de aseguradoras y sanatorios privados subsidiados por el Estado. El crecimiento del poder económico del lobby de la medicina ha sido verdaderamente espectacular: los costos del sistema de salud duplican los del Pentágono, lo que lo convierte en “el grupo de interés más poderoso” (“Newsweek”, 30/11). ¿Alcanzará entonces con “cortes en los pagos a los proveedores —médicos, hospitales y laboratorios— como medio para controlar los costos de la salud”, como anunció Clinton en el Congreso cuando, según Newsweek (30/11), “no se puede arreglar el sistema de salud sin suprimir a una parte de las aseguradoras” “¿La ‘microcirugía’ pondrá la economía en movimiento?”se pregunta “Business Week” (25/1). Clinton también adoptó “represalias comerciales” contra casi todos los países del mundo, en primer lugar Japón y Europa, pero también Canadá y México, sus socios del “Merconorte” y hasta la Argentina. Pero una “guerra comercial” con Japón y Europa plantearía el retiro masivo de los inversores externos que han venido financiando la deuda pública estadounidense. Clinton plantea la cuadratura del círculo: que sus competidores reduzcan su superávit comercial con EE.UU. pero sigan invirtiendo allí sus excedentes financieros... Saltan a la vista las enormes limitaciones del plan de Clinton. El déficit fiscal es la expresión más acabada del parasitismo del capitalismo norteamericano: su monto aumentó al ritmo de los salvatajes de compañías financieras en quiebra, de los subsidios al gran capital y a una agricultura desfalleciente, y del gasto armamentista. No existe posibilidad de superarlo sin atacar a fondo estos intereses capitalistas. Clinton choca con las mismas contradicciones con que han chocado Bush y el Congreso: el déficit fiscal tapona todas las “salidas” a la crisis económica, pero su reducción radical plantea la quiebra de sectores enteros del capital norteamericano. Ciertamente, Clinton no chocará con la burguesía allí donde su plan golpea a las masas: despido de 100.000 trabajadores estatales y congelamiento salarial, aumento de los impuestos a la llamada “clase media” (la aristocracia obrera, trabajadores especializados), aumento del impuesto al consumo de energía —que será pagado por los trabajadores, incluidos los desocupados— y cortes en los servicios sociales. Como se demostró bajo el gobierno de Bush, que redujo sistemáticamente los “gastos sociales” y los salarios de los empleados públicos, nada de esto servirá para reducir el déficit fiscal. El triunfo electoral no le ha dado a Clinton las herramientas necesarias para superar la enorme crisis que atraviesa el capitalismo norteamericano. El inevitable fracaso de su plan económico planteará un ataque directo y sin precedentes a las condiciones de vida de las masas norteamericanas.

En su edición del 1º de marzo, La República, de Montevideo, reprodujo extensos pasajes de un artículo de Prensa Obrera (Nº 380, 5/1), encabezándolo con el título “El Partido Obrero reclama el rompimiento del Frente Amplio y la creación de una nueva fuerza”. El artículo en cuestión desarrollaba una crítica al Movimiento Revolucionario Oriental por haber mantenido en secreto una decisión de anular el voto en el referéndum del 13 de diciembre pasado sobre la privatización “parcial” de empresas del Estado. Una de las conclusiones del artículo era que “la izquierda (Tupas, PC, Mro, 26 de Marzo) se convertirá, en caso de que no rompa (con el FA) en simple marioneta... de los agentes del imperialismo” (es decir, la derecha del FA compuesta por Seregni-Astori, el PS, los escindidos del PC, los ex izquierdistas de la IDI). El interés de La República por las posiciones del PO tiene que ver con la crisis creciente del FA y con la instalación del tema de su ruptura como una posibilidad objetiva. En los últimos meses, la dirección derechista del FA ha estado llamando descaradamente a pagar la deuda externa, a formar un bloque de gobierno con el Partido Colorado, e incluso ha concurrido a Estados Unidos a rendir cuentas anticipadas ante el FMI (viaje de Adalberto Curiel de la Vertiente Artiguista). Lamentablemente, la redacción de La República omitió el título que Prensa Obrera le puso al artículo y, con ello, la esencia de su contenido. El artículo se refería a las “Miserias de la extrema izquierda uruguaya”, por la larga trayectoria de ésta como títere de la derecha y por su inquebrantable decisión de seguir por ese camino. Es oportuno recordar a este respecto, por lo que tiene de emblemático, que la dirección del MLN-Tupamaros justificó su apoyo al planteo del FA, que defendía la privatización “parcial” y “periférica” de las empresas del Estado, con la especie de que los defectos de una ley no deben poner en juego la unidad popular. De acuerdo con esto los Tupas han unido su suerte al carro del FA, no importa que lo conduzca, entre otras cosas mediante leyes, a los brazos del imperialismo. La cobardía política extrema de la izquierda del FA ha trasladado a su seno la creciente crisis de éste. En el movimiento sindical y entre los secundarios, numerosos activistas, y en algunos casos agrupaciones enteras, han participado contra la posición del FA en el último referéndum, e incluso forman bloques independientes en los sindicatos y centros de estudiantes. Es necesario darle a este movimiento una perspectiva independiente, para lo cual resulta adecuado proponer abiertamente la formación de un frente de izquierda. Se trata de organizar un cuadro de desarrollo para lo más avanzado de los luchadores populares, asfixiados en sus posibilidades políticas por el proimperialismo de la dirección del FA. La dirección derechista ha seguido una estrategia muy calculada, nada ha dejado librado a la improvisación. En 1984 aceptó las exigencias del gobierno militar, entre ellas el pago de la deuda externa y la continuidad jurídica de los compromisos internacionales, apelando a la conveniencia táctica, para asegurar la transición a la democracia. Ahora defiende abiertamente las posiciones de los banqueros, sin alegar ya ninguna conveniencia táctica, sino directamente por razones de principios. Habiendo seguido la política de la derecha por todos sus vericuetos, las direcciones de la izquierda se encuentran hoy completamente desmoralizadas, y lo que es peor, sin ninguna idea política para oponer a sus adversarios. El PT de Uruguay tiene entonces la oportunidad de recoger los beneficios de un largo trabajo de denuncia y clarificación políticos.

Según un artículo publicado por “Los Angeles Times” (18/1), en la década del ’80 alrededor de las dos terceras partes de Somalia fueron entregadas en concesión a pulpos petroleros estadounidenses como la Conoco, Amoco, Chevron y Philips por el dictador Siad Barré. De acuerdo a esta información, “las compañías que tienen las más promisorias concesiones esperan que la decisión de la administración Bush de enviar tropas estadounidenses para proteger los embarques de ayuda servirá también para proteger sus multimillonarias inversiones en esas tierras”. Según un estudio realizado por los especialistas petroleros del Banco Mundial, Somalia y Sudán están a la cabeza de las prospectivas de explotación petrolera comercial en África. El mismo diario informa que cuando los marines invadieron Somalia, las oficinas de la petrolera Conoco oficiaron como “embajada de facto” de los EE.UU. El saqueo de los pueblos y las naciones: éste es el “humanitarismo” imperialista.

Casi todo el mundo le pronostica una segura derrota electoral a los partidos socialistas en las próximas elecciones en Francia, Italia y España; son muy pocos, sin embargo, los que han señalado el derrumbe simultáneo de la socialdemocracia en varios países importantes. En Francia, el ex primer ministro Michel Roccard, después de afirmar que “el partido está muerto”, llamó a disolver el PS y formar una “nueva fuerza de izquierda con los ecologistas, los demócratas, los comunistas reformados” y “tutti quanti”. La inmensa mayoría de la dirigencia del PS apoyó el llamado al “big bang socialista” con la misma sospechosa quasi unanimidad con que la dirigencia del PC italiano apoyó la disolución del partido y la fundación de una “nueva fuerza” después de la caída del Muro. Pero, ¿qué Muro se cayó sobre los socialistas franceses? El de la crisis capitalista, la desocupación, la miseria creciente, los escándalos de corrupción y ese verdadero “Chernobyl” que fue el affaire de la sangre contaminada de Sida. La prensa informa que la derecha ganará cómodamente en las elecciones el 80% de las bancas de la Asamblea Nacional, diluyendo el derrumbe del PS detrás del péndulo entre la “derecha” y la “izquierda”. Pero sucede que la derecha obtendrá, según las encuestas, apenas el 40% de los votos y sólo ganará semejante mayoría parlamentaria por las características antidemocráticas del sistema electoral. “El hecho es que la desilusión con los socialistas no ha extendido considerablemente el apoyo del electorado a la derecha”, porque “muchos de sus ex partidarios se vuelcan hacia los partidos defensores del medio ambiente... que podrían obtener casi tantos votos como los socialistas” (The New York Times, reproducido por La Nación, 3/3). El PS italiano, en opinión de “La Reppublica” de Roma, “simplemente ha sido cancelado por los acontecimientos”, es decir, ha desaparecido, se ha evaporado como organización y hasta como tendencia política , algo que le ha sucedido solamente a un partido en las últimas décadas: el PCUS después del fracaso del golpe. En España, el PS, que marcha a una derrota electoral, también enfrenta la perspectiva de la escisión. La disolución del PS con más antigüedad en el gobierno (Francia), la desaparición del PS más antiguo de la Internacional Socialista (Italia): no estamos ante un simple retroceso electoral. El derrumbe socialista ha dejado en el aire a los burócratas stalinistas del “este” y del “oeste” que, travestidos en “demócratas”, se sacaban los ojos por ingresar a la Internacional Socialista y a su aparato sindical, la Ciosl. La caída de los socialdemócratas se expresa en que son ahora los “restos” de los partidos socialistas los que buscan el “auxilio” de los “comunistas reformados” para salvarse. ¡Roccard los quiere para formar un partido y Amato para formar un gobierno! La catástrofe socialista también ha dejado colgada del pincel a la inmensa mayoría de la izquierda latinoamericana agrupada en el Foro de San Pablo, que integra la Internacional Socialista (como el FSLN nicaragüense o el PS uruguayo), o que reclama su ingreso a la Ciosl, como la CUT petista o, todavía tímidamente, el PIT-CNT uruguayo.

Este comienzo de año ha servido, entre otras cosas, para desenmascarar a los intereses que están detrás del objetivo de la reelección de Menem. En violento contraste con la actitud que mostraban hace menos de un año, cuando se oponían a cualquier tipo de reforma constitucional, alegando para eso la necesidad de defender la “seguridad jurídica”, los principales saqueadores del país dicen ahora que para preservar precisamente esa “seguridad” es necesaria la reelección presidencial. En el ranking de los impostores se destaca, naturalmente, el ex presidente de la Asociación de Bancos extranjeros y apoderado de la Aerolíneas privatizada, Emilio Cárdenas. Mientras que, según las encuestas, el tema de la reelección sólo ocupa el 1% de las preocupaciones de los entrevistados, esa cuestión ha pasado a ser la preocupación absorbente de una clique de grupos “privatizadores”, que no podría sobrevivir sin el mantenimiento en el poder de la camarilla menemista. Es necesario recordar al lector que el Partido Obrero (ver nota) advirtió acerca de la inevitabilidad de este giro por parte de los “privatizadores”, cuando la totalidad del “esta-blishment” político argentino, incluida la izquierda, aseguraba que la reelección iba en contra de los intereses del “establishment” económico. “Ámbito Financiero” no ha podido menos que constatar (3/3) “que los empresarios que apoyan la reelección son quienes representan a grupos económicos ligados a las privatizaciones, que sólo buscan asegurar la continuidad del modelo para que no se revisen algunos puntos conflictivos de esas pri-vatizaciones. El caso más evidente sería el de Benito Roggio y Astra, estos últimos muy complicados por los abusos en las facturas de luz que emite Edenor” —concluye Ramos sangrando por su herida de evasor eléctrico. Pero además de los mencionados están Bunge y Born, el grupo Soldati, Bridas, Pérez Companc, el “protegido” Macri, y, pendiente del arreglo de un litigio importante, Techint. ¿Por qué? En un artículo de su puño y letra en el diario La Prensa, el “conocido” Jorge Born dice que su posición reeleccionista impediría a un futuro Arturo Illia anular las “privatizaciones” como lo hiciera el fallecido presidente con los contratos de petróleo en 1963. Jorge Born omite decir, sin embargo, que esos contratos representaban una carga imposible para el Estado nacional, obligado a comprar a precios altos el combustible de los contratistas, al extremo que nunca más, bajo las dictaduras militares subsiguientes, se volvió al régimen establecido por el gobierno de Frondizi, en 1959-60. Pero el temor de que la UCR vaya a anular las privatizaciones es completamente infundado, apenas un señuelo para distraer. La política de “privatizaciones” fue impulsada primero que nadie por Alfonsín, el cual acaba de declarar que su planteo no va más alla de un “control de legitimidad” de esas “privatizaciones” (Ambito Financiero, 9/3). Esto quiere decir simplemente verificar que se hubieran realizado de acuerdo a las disposiciones votadas en el Congreso, lo que naturalmente deja de lado a los innumerables fraudes que se han cometido, por ejemplo al reconocer un valor par a la deuda externa argentina desvalorizada; o al proveer información confidencial a algunos grupos; o al aceptar que los bancos promovieran una especulación concertada para valorizar las acciones de Telefónica y Telecom; o al conceder una tarifa monopólica abusiva en los teléfonos, gas, electricidad —incluso indexadas a la cotización del dólar; o al permitir comprar bocones desvalorizados para luego aceptarlos al 100% en la compra de activos públicos. Enrique Olivera, representante de De la Rúa, acaba de reclamar un “replanteo” de la “privatización” de Aerolíneas, algo que ocurrirá inevitablemente, no su anulación (Página 12, 7/3). El peligro no está representado por el radicalismo, que ha permitido la votación de todas las leyes fundamentales del “plan de convertibilidad”. El problema para los “privatizadores” es que no tienen ninguna posibilidad de mantener sus negocios privatizados sin el auxilio del Estado, y esto en mayor medida aún para el caso de que el gobierno sea sacudido por una devaluación del peso. Veamos algunos ejemplos. Para “reunir fondos líquidos para entrar en las licitaciones, dice la revista Panorama (febrero ‘93), la Compañía General de Combustibles (grupo Soldati) se endeudó al 76% de su patrimonio”, gran parte en dólares; “la distribuidora Rades (del mismo grupo) obtuvo préstamos a corto plazo por 11 millones de dólares siendo su patrimonio inferior al medio millón”. Pero, además, “la compañía Suizo-Argentina (también Soldati) se endeudó en 78% del patrimonio”; “las constructoras Gesiemens y Comercial del Plata consiguieron préstamos por 171% y 142% de sus respectivos patrimonios; y por último Droguería Suizo-Argentina debe un 150% del suyo”. Panorama dice que “por este motivo, la carga de intereses durante 1992 es 40% mayor que la del año anterior y más del triple que durante el terrible año financiero de 1990”. Es natural entonces que la revista termine su artículo con esta candorosa conclusión: “Así, la condición clave para perfeccionar el negocio es que nada esencial vaya a cambiar dentro del marco político que hoy sustenta el gobierno”, como si hubiera que saltarse las elecciones de 1995. Una devaluación del peso, o una recesión, por ejemplo anularía las “ganancias importantes” que Soldati espera de la “compra” de las empresas del Estado, y lo llevaría a la quiebra. No es diferente la situación de Pérez Companc, cuyo endeudamiento del 82% “es probable que aumente en lo inmediato” (El Economista, 5/2). Para intervenir en las recientes “pri-vatizaciones” ha debido vender “derechos y filiales” y “ampliar a 500 millones de dólares la circulación de Obligaciones Negociables”. La “inserción industrial” de este grupo clerical se redujo en “un 35% con la venta de Cemento San Martín y Aguila Saint”. El Banco Río se ha endeudado por la mitad del total de 2.000 millones de dólares contraído por el conjunto de la banca nacional. Necesitado de fondos ha debido reducir del 40 al 22% su participación en la “privatización” eléctrica. Los grupos “privatizadores” han entrado al negocio sin capital propio; se han valido de sus conexiones con la clique menemista para acaparar todos los negocios a cambio de una deuda relativamente impagable. Ahora nos enteramos que las “empresas piden prórroga para pagar la privatización del gas” (Ambito, 4/3). La razón de ello es que el Estado no les ha dado aún el Bocón por pérdidas impositivas, que les permitiría comprar empresas del Estado con bonos del Estado, que se les debería entregar en compensación por pérdidas de ejercicios pasados, integralmente fraudulentas. En el caso conocido de Techint, esto le impediría adjudicarse la distribución eléctrica de La Plata (Edelap), agravado por el hecho de que la DGI ya encontró que 30 millones de pesos, de los 150 declarados como pérdidas por su filial Siderca, son fraudulentos (El Economista, 5/3). El derecho de estos Bocones es “legitimo”, en el lenguaje de Alfonsín, pero es un saqueo alevoso al patrimonio público para el juicio de cualquier ciudadano. El endeudamiento desproporcionado de los “grupos económicos” va paralelo al del propio Estado, que ya acumula una deuda interna de 30.000 millones de dólares (La Nación, 28/2). Esto equivale a casi cuatro veces el volumen de depósitos a la vista y una vez y media el conjunto de los depósitos bancarios. De modo que las reservas del Banco Central no garantizan ninguna “convertibilidad”. El gobierno sustenta esta deuda interna con la plata de las “privatizaciones”, y los “privatizadores” sacan la mayor parte de esa plata aumentando la deuda externa. Esta cadena de deudas tiene agarrados a los “privatizadores” con la camarilla menemista. ¿Y ahora? La adhesión de la clique “privatizadora” a la reelección depende de que el gobierno siga garantizando su precaria situación, sin reparar para ello en formalidades jurídicas. Si esto dejara de ocurrir, no vacilará en pasarse al campo de los que reclamarán la renuncia de Menem. La posición de los acreedores de estos “privatizadores”, es decir las Bolsas de Nueva York, Londres, París y Tokio, es naturalmente diferente: para ellos la única garantía es un acuerdo radical-peronista. Esto lo saben tanto Menem como Alfonsín. Alfonsín acaba de declarar a Crónica (7/3), por ejemplo, que “no le (tiene) miedo a la reelección” si se pasara a un sistema “semi-presidencialista”. Lo mismo le repitió a Ambito (9/3): “Si cambia el sistema no hay problema” (con la reelección). Menem se ha pronunciado en contra, pero con ello entró al terreno de la UCR: el problema no sería la reelección sino el cambio de régimen político. El Departamento de Estado norteamericano apoya el punto de vista de Alfonsín, pues es el inspirador de las propuestas semi-presidencialistas en todos los países latinoamericanos. Esta polémica ya está delatando la tendencia a un acuerdo, y por cierto que será usada hasta setiembre para polarizar las elecciones entre el PJ y la UCR. Ante esa discusión constitucional lo primero que debemos hacer es caracterizar su naturaleza y a sus inspiradores. Es el punto de partida para impulsar una política, sobre la que volveremos en los próximos números de Prensa Obrera.

Sobre la reforma constitucional y la reelección: “... El imperialismo, que ya ha dicho de diferentes maneras que no ve bien la convocatoria de una Constituyente en primer lugar, e incluso la reeleción, aunque a ésta podría aceptarla, está tironeado por la necesidad de mantener la continuidad gubernamental de los comisionistas de las ‘privatizaciones’ y de la especulación bursátil, y el temor de que un debate constitucional amenace las fabulosas concesiones arrancadas en beneficio del capital extranjero... Los intereses de los comisionistas de estos negociados, y los propios titulares de estos negocios, han unido estrechamente su destino al menemismo. Es por esto que si sus ‘intereses generales’ le dictan al imperialismo la conveniencia del recambio constitucional del gobierno, y esto todavía más cuando se tiene en cuenta que muchos intereses capitalistas del exterior quedaron fuera de grandes bocados (Bell con Teléfonos, los franceses con el DNI, CGE con las comunicaciones militares), los intereses concretos de los ‘privatizadores’ impulsan la reelección presidencial. Pero, por todo lo dicho, la modificación constitucional deberá atravesar primero una serie de crisis...”. (Pág. 29 del Informe Político —enero de 1992— aprobado por el Vº Congreso).

La fiesta de cierre de los cursos de verano sobre “El Capital”, organizada por la UJS, fue un verdadero acontecimiento político. Lo atestigua la numerosa concurrencia a la fiesta (casi 500 personas, en su mayoría jóvenes provenientes del Gran Buenos Aires), y la gran presencia de activistas estudiantiles y barriales, que protagonizan la enorme lucha contra la política de destrucción educativa del gobierno y las principales movilizaciones político-reivindicativas del último año. La “movilización festiva”, que se prolongó hasta la madrugada, fue también una ruidosa reivindicación del derecho de la juventud a disponer de su tiempo y a movilizarse por donde le plazca, que al igual que todos sus otros derechos es sistemáticamente pisoteado por el capitalismo. Para un gobierno que tiende a regimentar todas las instancias de la vida social, divertirse sin órdenes de arriba es un acto de rebeldía. La fiesta puso de manifiesto un progreso organizativo y político de la UJS, el cual es el resultado de su decidida intervención en las últimas grandes luchas (Bulascio, Transferencia, Ley Educativa) y en las múltiples manifestaciones cotidianas de resistencia, y de la política revolucionaria de conjunto del Partido Obrero. La UJS ha actuado en todos estos casos como un factor de delimitación política y de desarrollo de la organización independiente. Se ha esforzado también en explicar las limitaciones del propio gobierno y de los capitalistas para consumar sus objetivos reaccionarios, limitaciones que emergen de sus sucesivos fracasos anteriores, de la agudización de sus contradicciones internas y de la indeclinable resistencia popular. La UJS ha enfrentado así el “terrorismo” ideológico de la propia izquierda, que ha pregonado la imbatible consistencia de la llamada “ofensiva neoliberal”. Ha desenmascarado el rol frenador de la centroizquierda, que con su política de “consenso” se ha revelado como un auxiliar de los planes de Menem-Cavallo. El recurso de que se valió Mary Sánchez para combatir a la movilización contra la ley de educación se está esgrimiendo de nuevo para embretar la lucha contra la “reforma previsional”. Es a la luz de esta experiencia que debemos encarar las luchas que se avecinan. La cuestión educativa seguirá estando en el centro de la situación. La transferencia de los colegios a las provincias se encuentra empantanada por “falta de fondos”. Duhalde ya ha confesado su intención de proceder a una “municipalización” (Clarín, 2/3), que equivale a dejar todo el sistema librado a la sola asistencia de las cooperadoras. El derrumbe educativo se ha convertido en una posibilidad concreta e inmediata. Oponernos al pago obligatorio de las cooperadoras y al arancelamiento en la universidad y exigir un aumento inmediato del presupuesto educativo, dejando de pagar las deudas fraudulentas con los banqueros internacionales y retirando jugosos subsidios de que gozan los curas y los empresarios de la educación, ésta es la salida. Autoconvocarse en asambleas, llamar a los centros de estudiantes a la solidaridad con los reclamos salariales de los docentes que ya han anunciado planes de lucha en varios distritos. Apoyar activamente la lucha de los trabajadores y jubilados, para gestar un amplio movimiento contra este gobierno y este régimen agotados. La inteligencia y la energía creadora de la juventud deben estar al servicio de esta causa.