Prensa Obrera N° 383

A pesar de todas las ”gestiones”, “amenazas” y “promesas” de la plana mayor menemista (Bauza, Beliz, el ministro de Trabajo Rodríguez, el secretario de Previsión Social Schultess y los diputados Matzkin y Lamberto), el oficialismo fracasó por segunda vez en su intento de aprobar la privatización previsional en las comisiones parlamentarias. Nuevamente, como en diciembre, la votación fue postergada; nuevamente, también como en diciembre, la “oposición” radical y centroizquierdista y los burócratas sindicales que dicen oponerse a la “reforma” han “dejado pasar” la oportunidad de derrotar al oficialismo en la votación y, así, hundir la estafa previsional. Si a esta altura del partido, la privatización del sistema previsional y la confiscación de los aportes jubilatorios continúa teniendo “estado parlamentario” es tan sólo gracias a la “oposición”. “El gobierno está muy urgido” reconoce el secretario Schultess; “no podemos esperar más tiempo” se confiesa. ¿Y por qué tanto apuro? Según el funcionario porque “en el proyecto económico del país, lo necesitamos inmediatamente por algunos elementos incorporados, como el aumento de la edad para jubilarse, el cambio de la fórmula dentro del régimen actual (es decir, la liquidación del 82%, PO), que implican efectos sobre el gasto, etcétera” (Ambito Financiero, 12/2). En realidad, no es el “modelo” sino su completa impasse lo que empuja desesperadamente al gobierno a la “reforma previsional”. En primer lugar, el agotamiento del “plan Cavallo” y de los negocios y “bicicletas” de la “convertibilidad” obligan al gobierno a abrir un nuevo y fabuloso negocio especulativo para sostener las cuentas de resultados de los banqueros y “financistas”; por otro lado, el retroceso productivo obliga a la burguesía a reducir aún más el ya casi inexistente “costo laboral”, es decir los salarios —directos o indirectos, como la jubilación y las conquistas sociales. La liquidación del aporte previsional patronal, una de las vigas maestras de la “reforma previsional”, es un aumento directo de la tasa de explotación obrera. Finalmente, el ”ahorro” que obtendría el Estado con el aumento en cinco años de la edad jubilatoria y la liquidación del 82% permitirían el pago de la incrementada deuda externa, toda vez que el meneado “superávit fiscal” cavalliano ha demostrado ser un bluff. No se trata, sin embargo, “sólo” de la “economía”; la propia reelección está ligada a la suerte de la “reforma previsional”: el riojano sabe que la “creación” de un negocio de 4.000 millones de dólares anuales y la liquidación de todo costo de la “seguridad social” para los capitalistas son la llave para ganar el apoyo del todavía renuente “establishment” a su perpetuación en la Rosada. La desesperación oficialista es evidente: en el curso de 24 horas, Schultess y Cavallo aseguraron que “o sale por ley o la sacamos por decreto”. Es que “nadie lo dice, pero puede haber un compromiso con el FMI para que el nuevo sistema esté en vigencia en 1994', admite casi con pudor un conocido hombre del gobierno” (El Economista, 12/2). Los banqueros han rechazado el camino del decreto: para un desfalco de tales dimensiones, exigen que todos los partidos “pongan el gancho” en el Congreso para darle “seguridad jurídica”a la estafa. Pero con el decretazo “de necesidad y urgencia”, el gobierno bien podría liquidar el 82% y elevar la edad jubilatoria, objetivos estos que son plenamente compartidos por la “oposición”. Echando lastre En su desesperación por satisfacer al FMI, a la Bolsa y al gran capital, el gobierno ha comenzado a echar lastre para lograr la aprobación de la “reforma”. Primero pretendió ganar el voto de los partidos provinciales, de la burocracia sindical y del radicalismo autorizando al Banco Nación y a las provincias a montar sus propias “administradoras de fondos de jubilación privada”. Ante la evidencia de que con esto “no alcanza”, “en las últimas horas, los ministros de Trabajo y de Economía analizan dos modificaciones sustanciales que, si fueran acordadas por el Poder Ejecutivo, permitirían destrabar el proyecto que duerme en el Congreso... la primera, que el Estado garantice una rentabilidad mínima a los fondos que se capitalicen a través de la AFJP estatal que implementará el Banco de la Nación; y la segunda que la PBU (Prestación Básica Universal) que continuarán prestando las cajas previsionales en concepto de jubilación sea equivalente al 40% del salario medio de la economía (en el proyecto original, la PBU es equivalente al 16% del salario medio)” (El Cronista, 18/2). “Con estas modificaciones —continúa El Cronista— en el transcurso de la semana próxima o a más tardar en los primeros días de marzo, el proyecto de reforma previsional estaría en condiciones de obtener despacho de comisión con el acuerdo del radicalismo”. De ”sustanciales”las modificaciones no tienen nada: continúan en pie el régimen de “capitalización” que obliga a los trabajadores a aportar el 11% de sus salarios a los fondos privados, algo que no cambia con la incorporación del Banco de la Nación (¡como si los trabajadores y jubilados tuvieran algún control sobre las “operaciones”del Nación y como si éstas no sirvieran para engordar las ganancias de los capitalistas y banqueros!), la supresión de los aportes patronales, es decir, la reducción directa del salario indirecto, la derogación del 82% móvil y el aumento de la edad jubilatoria. Con un agravante: como los aportes de los trabajadores pasarán a las AFJP, el aumento de la prestación básica universal provocará también un aumento del déficit de las cajas previsionales, algo que deberá cubrirse con nuevos impuestazos. Está en curso una enorme traición a los jubilados y a los trabajadores, precisamente por parte de aquellos que dicen defenderlos: la burocracia sindical ya anunció que votará a favor del proyecto “reformado” mientras que “el bloque opuesto a la reforma encabezado por la UCR se desarma” (Ambito Financiero, 23/2) La oposición“consensua”; los jubilados y los trabajadores se movilizan En lugar de utilizar la impasse gubernamental para hundir la “reforma previsional”, la “oposición” ha levantado el pie del acelerador. Ostensiblemente, el radicalismo y la centroizquierda vaciaron la marcha del 17: las “columnas radicales»”fueron inesxistentes mientras que la centroizquierda tuvo, apenas, una presencia de compromiso. Ni siquiera las “personalidades” que apoyan la campaña por la “consulta popular” estuvieron en el Congreso Esto se explica porque la “oposición” busca una confluencia con el oficialismo, con el cual coincide en la liquidación del 82%, el aumento de la edad jubilatoria y el pago de las deudas previsionales (presentes y futuras) con bonos. En torno a este despojo, la ”oposición” está armando una “reforma de consenso” con los menemistas que luego presentará —como lo hizo en la cuestión educativa— como el “mal menor” y hasta como un “freno” al “neo-liberalismo” pero que será, ni más ni menos, un formidable ataque a los trabajadores y a los jubilados. Pero en medio del empantanamiento oficial y de sus negociaciones con la “oposición” en busca de un “compromiso”, crece la evidencia del enorme repudio popular a la estafa previsional. La marcha del 17 —que todos los diarios calificaron de “numerosa”— ha sido un enorme indicio: un importante sector de la juventud y de los trabajadores estuvo presente en el Congreso junto a los jubilados. La movilización popular puede tirar a la basura la “reforma previsional” menemista y también la estafa política y económica del “proyecto alternativo” radical-centroizquierdista si no deposita un gramo de confianza en la “oposición”. Es por eso que impulsamos la formación de un comando político independiente con los partidos de izquierda, las organizaciones de jubilados, las comisiones internas y delegados antiburocráticos que intervenga en la lucha previsional con un planteamiento común de denuncia y combate contra la estafa menemista y la oposición trucha y por un programa que exprese las reivindicaciones previsionales de la clase obrera y los explotados. * No a la privatización del sistema previsional * Por el mínimo de 500 pesos y el mantenimiento de la edad jubilatoria; * Defensa del 82% móvil; * Control obrero y de los jubilados de las Cajas y del Sistema de Seguridad Social. Apertura y control de los libros de las empresas por parte de comisiones de trabajadores para terminar con la evasión previsional; * Por un plan de lucha nacional en defensa de las jubilaciones y por el salario.

Las “crecientes dificultades” que la propia prensa menemiana observa en la marcha del plan económico del gobierno se dan exactamente en el momento en que la “convertibilidad” debía alcanzar su apogeo mediante el expediente de la “dolarización”,la cual, supuestamente, transformaría al peso en equivalente integral de la divisa americana. No hay en esto, sin embargo, ninguna contradicción: una vieja ley de la economía que el “brillante” Cavallo y sus discípulos se ocuparon de ocultar es que cuando existen dos monedas, la más fuerte tiende a desaparecer y queda en circulación la de menor calidad. La primera, en cambio, es utilizada para atesoramiento, como reserva de valor. Los ladrones capitalistas se quedan con los dólares, el pueblo explotado con los pesos devaluados, que por supuesto no puede “atesorar”. Que el “bimonetarismo” es un signo de “fortaleza” de la moneda nacional es un engaño premeditado. Por eso los bancos han sido autorizados a mantener sus encajes en moneda extranjera y el capital financiero en su conjunto a disponer con absoluta libertad de las divisas retenidas en el Banco Central como garantía de sus negociados. Liquidación del peso Los depredadores de la economía nacional se fugan al dólar como lo prueba la reciente revelación de que han vuelto a aumentar los “autopréstamos”, procedimiento mediante el cual las divisas giradas ilegalmente fuera del país “vuelven” como empréstitos de los bancos extranjeros y como “pasivo” de las empresas nacionales y extranjeras radicadas en el país (Clarín, 27/1/93). No se trata sólo de una forma de evadir impuestos y ocultar ganancias, porque la empresa transforma “mágicamente” sus activos en deuda. Es una manera de protegerse contra la devaluación de la moneda nacional y de reclamar “subsidios” cuando ésta se produzca, alegando la imposibilidad de pagar las obligaciones contraídas. Otra evidencia del mismo fenómeno es que desde que se anunció la “dolarización” , las tasas de interés en pesos han subido sideralmente como exigencia de los especuladores para proteger sus “inversiones” en pesos en el mercado local: por eso en diciembre y enero ha sido “excepcional la renta de los depósitos a plazo fijo” (Ambito Financiero, 21/1/93). La “dolarización” ha sido un fenomenal negocio para la banca a la cual supuestamente Cavallo le ganó la pulseada en noviembre pasado cuando se planteó la “minicorrida” a favor del dólar. Liberada de la obligación de tener sus encajes en pesos, en el mercado de préstamos interbancarios la tasa de interés bajó hasta el nivel del 6% en los últimos días, mientras a sus clientes las instituciones financieras cobran tasas que oscilan entre el 24% y el 53%, realizando una diferencia descomunal. Desde el anuncio del “bimonetarismo”, lejos de haberse fortalecido el peso, se ha lanzado una descomunal especulación financiera cuya contrapartida obvia es el completo quebrantamiento de la “economía real”. Desocupación y quiebra económica Es precisamente esto lo que ha quedado claro en los últimos días al conocerse la información de que, no ahora sino en la “mejor época” del Plan Cavallo, hubo un crecimiento fenomenal del desempleo que aumentó un 17% entre octubre de 1991 y el mismo mes de 1992. El desempleo global (incluyendo la sub-ocupación) afecta ahora a uno de cada 6 trabajadores en los principales centros urbanos del país. En el conurbano bonaerense la situación es simplemente explosiva, porque en el período antes señalado la cantidad de personas que no encuentra empleo se incrementó en el 31% (El Economista, 22/1/93). Pero, además, éstas son cifras desactualizadas, porque terminada la encuesta sobre desempleo ha habido una caída en picada de los requerimientos de mano de obra: el índice de demanda laboral en la Capital registró en diciembre una declinación del 15% respecto al mismo mes del año anterior (y del 13% en relación a noviembre último). En pleno “milagro cavalliano” la demanda laboral es inferior a la registrada en 1980 (!). La “revolución productiva” ha conducido a la Argentina a un récord de la peor lacra social capitalista. Con tanto empuje como el de los índices de desempleo han crecido las cifras del desequilibrio comercial argentino con el exterior. Cada vez que el tema se menciona, el monto se incrementa y en la actualidad se estima que no sería menor a los 3.000 millones de dólares en 1992. Pero esta diferencia entre las importaciones (crecieron el año pasado en un 70%) y las exportaciones (no aumentaron) es sólo una parte menor del endeudamiento en dólares que se requiere para cubrir el déficit de la balanza de pagos. Hay que sumar no sólo los intereses de la deuda externa sino también el espectacular aumento en las salidas de divisas que tendrán los rubros referidos a “royalties”, seguros y fletes luego del desmantelamiento de la flota naviera nacional, de la entrega del transporte al capital externo y de la licencia para contratar seguros en el exterior. En su conjunto, el déficit a cubrir en la balanza de pagos estaría en el orden de los 10.000 millones de dólares. Todo el plan económico tiene como alternativa el vaciamiento de las reservas del Central o la apertura ya desesperada de nuevos negocios que garanticen el flujo de capitales especulativos, y ambas posibilidades, o la combinación de las dos, conducen a la explosión de la “convertibilidad”. En un caso como quebrantamiento financiero y cambiario, en el otro como derrumbe del aparato productivo, y con toda seguridad también, como una combinación de las dos cosas.

“La UCR no quiere frenar la ley” (Clarín, 18/2). La diputada radical Ángela Sureda hacía así referencia a la “ley de educación” menemista, cuya sanción definitiva el Congreso pretende dictar el próximo 3 de marzo. Algo parecido planteó el también radical y diputado Moure sobre la “ley previsional” que los radicales pretenden “consensuar” con el proyecto del gobierno. La estafa jubilatoria, la liquidación en regla del sistema previsional y del sistema de educación pública marcan el debut del “año político”. El menemismo se sostiene para esto enteramente en el apoyo de los “demócratas” de la “oposición”. Para que no quepan dudas. Mientras el radical Tonelli gobierna Corrientes en nombre de Menem, Alfonsín lanzó la propuesta de su Modeso con un documento programático en el que promete no revisar las “privatizaciones” delictivas del actual elenco gubernamental. En el mismo sentido se pronunció Angeloz durante una reciente gira europea. Mary Sánchez, por su lado, acaba de prometer al ministro Rodríguez que no obstaculizará el “normal” inicio de las clases. Otro “prócer” del CTA —Victor De Gennaro— viene de elogiar a otro miembro del gabinete, Julio César Aráoz, que lo recibiera para “darle precisiones” sobre los negocios en marcha en torno a la “desregulación” de las Obras Sociales. Las tropelías menemistas no se sostendrían un minuto sin esta colaboración, cuya prueba práctica más reciente fue el vaciamiento radical-centroizquierdista de la convocatoria a apoyar a los jubilados en la concentración del miércoles 17 pasado. 2. El colaboracionismo “opositor” se ha acentuado en la misma medida en que las limitaciones de la política oficial se han transformado en un impasse generalizada: empantanamiento del operativo reeleccionista, disputa creciente entre los clanes del menemismo, enfrentamientos en el gabinete y por último —pero no por ello menos importante— la bancarrota del “plan” cavalliano. La semana pasada los “operadores” de la Casa Rosada tuvieron que apelar a un verdadero golpe de mano en el Poder Judicial para vaciar la Cámara Federal que tenía agendado considerar el “Yoma-gate”. El Parlamento busca oxigenar con sus “acuerdos” a un gobierno a la defensiva y con evidencias de abierta descomposición. 3. Las últimas iniciativas de Cavallo han fracasado completamente. Las medidas destinadas a favorecer a los bancos y a la especulación bursátil no arrojaron resultado alguno: la Bolsa sigue registrando una imparable declinación, que ya ha alcanzado su octavo mes consecutivo. El estancamiento económico se acentúa, mientras crece la montaña de deudas estatales y privadas, lo que constituye una marcha inevitable a una crisis explosiva. La “convertibilidad” se ha agotado en los términos de una salida de emergencia para sostener y aumentar los superbeneficios de los pulpos capitalistas. Que el “mercado de capitales” dependa de la confiscación de los aportes jubilatorios revela el total grado de parasitismo de la política económica. 4. Menem-Cavallo han llevado a una verdadera “cumbre” la superexplotación obrera y el derrumbe de las condiciones de vida del pueblo trabajador: además de lograr índices sin precedentes de desocupación, han promovido lo que ahora se denomina la “nomadización” de los superexplotados, como lo revela el caso de los hambreados trabajadores chaqueños “exportados” a Santa Fe; la educación y la salud están en ruinas. Nada de esto, sin embargo, les ha servido, como se ve, para evitar la impasse del “plan” y del gobierno, de la cual pretenden salir con nuevos ataques a los explotados: la confiscación jubilatoria, la “completa flexibilidad laboral”, el despido de miles de empleados provinciales, y el cierre de los hospitales. 5. El año comenzó entonces con un agravamiento de la crisis del régimen político. El “salvavidas opositor”, sin embargo, no impidió la multitudinaria movilización de jubilados y trabajadores de la semana anterior. A pesar de la “buena letra” de la burocracia de CTERA, en sindicatos docentes de diez provincias anunciaron planes de lucha para el comienzo de las clases. El 7 de marzo fue convocada una nueva marcha popular contra el peaje. Los trabajadores de Aerolíneas vuelven a levantar cabeza contra la ofensiva del Estado y la patronal. La cuestión jubilatoria sigue colocada en el centro de la situación política. Está planteada la organización de una masiva marcha a Plaza de Mayo. El Partido Obrero ha realizado, en función de esto, un llamamiento a la izquierda. Como lo hiciéramos en oportunidad de esta convocatoria, sostenemos que la plataforma elemental de este frente es la defensa irrestricta del 82% móvil, el mínimo de $500 y el mantenimiento de la edad jubilatoria; contra la oposición trucha, reclamar que los fondos provengan del no pago de la deuda externa y el control obrero de las empresas y las cajas. Esta es nuestra consigna entonces: preparar las luchas de marzo mediante asambleas y convocatorias y autoconvocatorias de cuerpos de delegados, para votar y exigir un plan de lucha nacional contra la reforma previsional, por el salario, contra la “flexibilidad laboral”, por la salud y la educación públicas, contra el gobierno de la entrega, confiar en nuestras propias fuerzas, ayudar al desarrollo del movimiento obrero independiente.

La millonaria estafa perpetrada en torno al llamado “reembolso a los exportadores” (devolución en pesos de impuestos que nunca fueron pagados sobre productos que nunca fueron fabricados y por su colocación en el exterior que nunca fue concretada) ha sido difundida como un “nuevo fraude contra el Estado”. En realidad, lo fraudulento es precisamente la caracterización de la maniobra, puesto que se trata de un fraude organizado desde y por el propio Estado. Un robo multimillonario Tales “reembolsos” fueron reimplantados en octubre pasado por el Ministerio de Economía, en respuesta a los reclamos devaluacionistas de las grandes empresas capitalistas, para elevar su retorno en pesos por cada dólar exportado (fingiendo por este procedimiento que el tipo de cambio “convertible” no se tocaba). Recordemos, además, que la “devaluación encubierta” de octubre fue seguida, a principios de noviembre, con la corrida cambiaria que Cavallo “frenó” asegurando al capital financiero la completa disponibilidad de las divisas del Banco Central, financiando las propias compras especulativas de dólares por parte de los bancos y permitiéndoles inclusive usarlos para cubrir sus obligaciones con el Banco Central sin convertirlos en pesos. Es lo que entonces se denominó la “dolarización” (ver nota). Los “reembolsos” son una invitación lisa y llana al fraude, porque históricamente han servido para tal cometido. En la última década sólo por los tres casos más resonantes al respecto (Delconte, Koner-Salgado y Banco Alas), el “robo” suma la cifra de 600 millones de dólares. Pero además, se trata de maniobras prácticamente imposibles de detectar cuando se libera completamente el mercado cambiario, y se “privatizan” los puertos y la Aduana, medidas que estimulan directamente el contrabando, los negociados y el propio lavado de dinero del narcotráfico. En una medida mayor que en el pasado, los “reembolsos” decretados por Cavallo son una invitación a la estafa, por el simple hecho de que una de las medidas “revolucionarias” del ministro fue legalizar la fuga de divisas, anulando la exigencia de que los dólares correspondientes a las exportaciones ingresaran al país. En consecuencia los “empresarios” obtienen dinero del Estado con la simple presentación de un papel. Fraude generalizado Toda la política económica es en realidad una gran estafa, como se revela en las escandalosas “privatizaciones” , que sin excepción han sido concretadas por procedimientos irregulares conforme el propio ordenamiento legal vigente y violando los propios pliegos de venta redactados por los funcionarios del gobierno. Por eso el gran capital reclama impunidad para las fechorías bajo la curiosa denominación de “seguridad jurídica”, es decir, seguridad de que no sean revisadas por ninguna investigación judicial. Con el mismo argumento los “demócratas” post-‘83 “legalizaron” la fraudulenta deuda externa contraída durante el Proceso. Ahora, el vaciamiento de Aerolíneas, los procesos judiciales pendientes por la venta de ENTel, la reciente venta de Gas del Estado con bonos entregados por el propio gobierno a los compradores, y el más reciente “escándalo de la luz” (por el cual los nuevos titulares de SEGBA quedaron autorizados a cobrarle a los usuarios lo que se habría “subfacturado” durante la administración estatal); todo esto —que es apenas un botón de muestra— es un testimonio de que el plan económico oficial es un monumento al negociado. El problema que enfrenta ahora el menemismo es que, agotada la estafa derivada del remate de las “joyas de la abuela” y los superbeneficios obtenidos con el dólar “fijo”, los especuladores capitalistas buscan nuevas vetas de negocios y reclaman modificaciones en la política oficial. Esto explica por qué los mismos voceros de los “privatizadores” han salido a reclamar contra la ausencia de una “política industrial”, como es el caso de Pérez Companc (Manuel Herrera) o el Citibank (Richard Handley). No se trata de una súbita conversión “industrialista” sino de algo más ramplón: habiéndose apropiado del patrimonio público en forma leonina, quieren ahora nuevos subsidios cambiarios y fiscales para abrir una nueva fuente de superlucros. Agotamiento Como, además, ni las operaciones fraudulentas de la “privatización”, ni el retroceso del salario, ni las ganancias especulativas de la Bolsa han conseguido recomponer la tasa de rentabilidad industrial, la demanda general de los patrones es que se aumente a cualquier costa la tasa de explotación de los trabajadores, lo que es la base de todos los proyectos de “flexibilización laboral”, “jubilación privada” y “obras sociales” . El objetivo es disminuir el jornal obrero y las “cargas sociales”, es decir, liquidar conquistas salariales —directas o indirectas— de los trabajadores y abrir nuevas órbitas de especulación para la inversión capitalista. La Bolsa ha entrado en su octavo mes de declinación, la actividad industrial se estanca y retrocede, la “convertibilidad” ya agotó su posibilidad de ser un campo para grandes negocios; el plan Cavallo —dice el propio, Ambito Financiero “se encuentra en su etapa más difícil”. La propia “convertibilidad” es una ficción porque, conforme lo denunciara hace meses Prensa Obrera, el “Banco Nación le estaría vendiendo los mismos dólares que el BCRA le deposita en forma de reservas en su sucursal de Nueva York ... computando como reservas varias veces el mismo dólar que ‘va y viene’ entre el Central y el Nación” (Ambito Financiero, 22/1). Las estafas y el macaneo al pueblo son, como se ve, la esencia misma del plan menemista.

La denuncia efectuada por profesionales del Hospital Posadas sobre un contrato establecido entre el interventor del Hospital y la Fundación William Harvey (Página 12, 17/2/93) para que ésta se ocupe del sector de cirujía pone al descubierto el salto cualitativo que se está operando en la destrucción de la salud pública, desnudando a la vez la farsa del llamado “plan social” que tanto pregona (en costosas publicidades y campañas televisivas) el gobernador Duhalde. Desmantelamiento Los pulpos de la salud privada, no pueden en el enorme conurbano montar enormes sanatorios de medicina pre-paga. La caída del poder adquisitivo y el derrumbe de las obras sociales de los sindicatos han producido en el Gran Buenos Aires “la vuelta” al hospital público. La política del gobierno provincial es entregar los hospitales a estos pulpos a un costo aún mayor que el del funcionamiento normal del hospital. Para ser rigurosos, en los hospitales públicos ya no se puede hablar de “privatización periférica”, sino de lo que queda del hospital público. En la mayoría de los hospitales ya son privados: el servicio de la limpieza, el servicio de la comida, el servicio de lavadero, el servicio de vigilancia, y existe una proliferación de equipos privados (que trabajan en las operaciones de alta complejidad a cargo del Estado que abarcan las áreas de cirujía, cardiología, con lo que el hospital “público” es la guardia y los post-operatarios, pues tampoco hay camas disponibles para otro tipo de enfermedades. El gobierno provincial entregó de hecho el hospital público a decenas de empresas y se apuesta a crear algunas salas de primeros auxilios para entregar el bocado grande de las operaciones de alto riesgo a la medicina privada. Golpe a los trabajadores de la salud Mientras en el hospital Posadas, Castex y Evita, no hay gasas, sábanas, ni enfermeras, se están construyendo quirófanos y salas de cuidados especiales para estos equipos médicos privados. La resultante inmediata de esta situación es la atomización de los trabajadores que ya integran casi una decena de sindicatos por hospital. Y en la mayoría de los casos casi sin organización gremial interna. Ligado a esto entre médicos y enfermeras se produce una tremenda diferenciación social entre los miserables sueldos de los médicos estatales, muchos de ellos sin nombramiento afectivo y la de los “equipos” privados que duplican o cuadriplican estos salarios. Más que nunca está planteado coordinar los reclamos de todos los servicios eligiendo delegados de sector (cualquiera sea su sindicato) para darle continuidad a la lucha por la defensa del hospital, de los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud. Las experiencias de la Coordinadora Interhospitalaria que el año pasado protagonizó paros, cortes de rutas y movilizaciones deben ser ampliadas a todos los trabajadores de la salud para quebrar el proceso de destrucción de la salud pública.

El gobierno italiano ha emprendido el camino sin retorno de Collor de Mello. Betino Craxi, ex primer ministro, secretario general del Partido Socialista y el “pontífice” de la política italiana de la última década, Giorgio de Michelis, ex canciller y vice-secretario del PS, Claudio Martelli, ministro de Justicia y cabeza de la oposición a Craxi dentro del PS, varios ministros, ex ministros, senadores, diputados, intendentes, concejales y cientos de dirigentes de todo nivel de todos los partidos de la coalición gobernante están siendo juzgados por haber recibido coimas a cambio de “favores” políticos. Las acusaciones alcanzan, incluso, a políticos opositores como “el insospechable Giorgio La Malfa, líder del partido Republicano” (El Cronista, 11/2). Para que nada falte en el “collorido” escenario montado en Italia, Craxi tiene su “PC Farías”, Silvano Larini, hombre de su extrema confianza. Larini reconoció ser el titular de la “cuenta protección del PSI” y confesó haber recaudado cientos de millones de “contribuciones” empresariales en cuentas secretas diseminadas en Suiza, Singapur y otros “paraísos financieros” y haberlos entregado a su jefe y a otros dirigentes del PS. Lo destapado es apenas una ínfima porción de los crímenes cometidos porque “los jueces de Milán aclararon que ninguno de los altos cargos institucionales del Estado (presidente, presidente del Senado) está siendo investigado” (La República, 10/2)... lógicamente “por razones de Estado”. El corresponsal de “El País” en Roma llega a afirmar que “curiosamente, son los propios magistrados los que están pidiendo una solución ‘política’ para unas investigaciones que, debido a la extensión de las conductas delictivas derivadas de la financiación de los partidos, amenazan a todo el sistema, en la medida en que pronto no habrá político nacional o regional en Italia que no sea candidato a pasar por la cárcel” (La República, 13/2). ¿“Curiosamente”? De ninguna manera, porque como lo reconoce el insospechable Angelo Codevilla, investigador de la norteamericana Hoover Institution, “todas las ramas de la justicia son cualquier cosa menos independientes de los partidos” (Foreing Affairs, verano de 1992). Una crisis histórica En el curso de la investigación han sido procesados más de 400 dirigentes de todos los partidos y 110 de ellos han quedado detenidos... lo que ha llevado a varios “comentaristas” de bolsillos llenos y cabezas vacías hablar de la “vitalidad” de la “democracia” italiana, que sería —dicen— capaz de “juzgarse a sí misma”. La “democracia” italiana, en realidad, tiene la “vitalidad” de una momia egipcia. Los lazos de la “democracia” con la maffia son tan evidentes que la propia agencia noticiosa italiana Ansa llega a decir que “de los democristianos mejor no hablar: sus vinculaciones con la maffia parecen estar probadas con testimonios a prueba de juicio y a prueba de fuego” (Clarín, 11/2). El entrelazamiento entre la maffia, la burguesía italiana y el régimen político es, en realidad, de muy larga data. Constituye, por decirlo así, la “marca original” de la Primera República, con el declarado objetivo de evitar la revolución proletaria y detener el acceso del PC italiano —otrora el más poderoso de Occidente— al gobierno. La burguesía italiana y el imperialismo estaban aterrorizados por el espectro de la revolución proletaria que recorrió la península después de la caída del régimen de Mussolini, y que sólo pudo ser derrotada, y aún con gran esfuerzo, con la colaboración directa del stalinismo. La burguesía utilizó a la maffia como su punta de lanza contrarrevolucionaria contra el movimiento obrero; precisamente por eso, en ningún otro lugar del mundo como en Italia la maffia ha penetrado tan profundamente en los partidos políticos y en el propio aparato estatal (donde controla intendentes, jueces, diputados y hasta ministerios). En esta “santa alianza” contrarrevolucionaria no estaba ausente, como es lógico, el Vaticano. El Banco Ambrosiano, donde convergían los dineros del Vaticano y de la maffia —según confesó el maffioso italo-norteamericano Michael Sindona (Página 12, 12/2)— está hoy en el centro del escándalo. La principal acusación contra Craxi es la “altísima sospecha de complicidad en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano, el ‘banco de Dios’’” (ídem). Silvano Larini, el “cajero” de Craxi, confesó haber recibido del Banco Ambrosiano una “contribución” de 7 millones de dólares como “agradecimiento” por la concesión de un préstamo estatal de 50 millones para evitar la quiebra del banco. La quiebra fraudulenta del Ambrosiano hace una década, el “suicidio” de su director Roberto Calvi, ahorcado bajo un puente londinense, y las confesiones del gangster Sindona sobre las relaciones entre la maffia y el Vaticano desataron un escándalo que sólo se tapó cuando “Juan Pablo II negó a Italia la extradición del cardenal Marcinkus, el banquero de todos los banqueros de Dios” (ídem). El encubrimiento del Vaticano salvó al PSI y a Craxi, que se convirtió en primer ministro, “por la gracia de Dios”, dos años después. La guerra declarada entre la maffia y el Estado que se libra en el sur de Italia, los choques que se registran precisamente en estos días entre el Vaticano y el Estado alrededor del derecho de este último a anular los matrimonios religiosos y la catarata de denuncias y acusaciones contra los “pontífices” del régimen político italiano están señalando, no la supuesta “vitalidad de la democracia”, sino el hundimiento del conjunto de las relaciones políticas que dominaron a Italia desde el fin de la Segunda Guerra. Se trata, sin dudas, de una crisis de alcances históricos. ¿Corrupción? No han faltado en Argentina derechistas y hasta centroizquierdistas que advirtieran a Menem sobre los “peligros” que crea la corrupción para la “modernización económica”, la “estabilidad” y “el modelo”. En realidad, el riojano debería temer que sea Cavallo —y no los cientos de Amira que pueblan su entorno— el que lo meta en un “collorido” escándalo“a la italiana”. Ciertamente, los dirigentes del PS y de la Democracia Cristiana robaron muchísimo, y lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué caen ahora y no cuando la Bolsa marcaba récord tras récord? ¿Por qué recién ahora la super-informada “La Repubblica” de Roma “descubre” que “hemos sido gobernados durante decenios y, en particular, durante la última década de los ’80, por una banda perfectamente organizada, que había llegado a la cúpula del Estado, una banda que —solidaria en el robo y el reparto del botín— recitaba luego la escena de la lucha política” (Página 12, 12/2). ¿Esto no era evidente hace ya muchos años? “La lira y las acciones se desplomaron mientras arreciaban los rumores de la supuesta implicación del primer ministro (el “socialista” Amato) en las investigaciones judiciales” dice Ambito Financiero (12/2). Pero esto no es más que el final de la película. El régimen político italiano se ha mostrado completamente impotente frente a la crisis económica y social. El déficit fiscal —del 11% del PBI, el más alto de toda Europa— y la deuda pública —superior al PBI— han desvalorizado la lira, obligando a Italia a salir del Sistema Monetario Europeo y provocando una enorme fuga de capitales, y han puesto al país al borde de la hiperinflación y de la quiebra bancaria generalizada. Pese a la devaluación, la industria italiana no sólo pierde mercados de exportación sino que, además, pierde terreno en el propio mercado italiano (Ambito Financiero, 15/2). La desocupación llega al 30% en las zonas deprimidas del sur (Clarín, 14/2), un verdadero polvorín social. El “plan económico” oficial está en el aire: las privatizaciones están empantanadas y el paquete de “economía de guerra” decretado en setiembre (aumento de impuestos al consumo, reducción de gastos sociales, elevación de la edad jubilatoria, congelamiento de salarios y jubilaciones y despido de empleados públicos) ha provocado una rebelión popular que superó la regimentación de la burocracia stalinista. La impotencia oficial frente a la crisis creó un vacío de poder que dió lugar a que las denuncias florecieran; esto explica que, después de décadas de impunidad, “las pruebas contra los ‘peces grandes’ fueron reunidas en menos de 72 horas” (Clarín, 11/2). Todas las clases sociales —lógicamente que con programas y direcciones diferentes— se rebelan contra el régimen político, lo que se expresa en el derrumbe electoral de todos los partidos oficialistas. Pero mientras la rebelión de la clase obrera y los explotados es una lucha contra la opresión social capitalista, la rebelión de la burguesía es una “rebelión contra sí misma”, que prueba su impotencia como clase frente a la crisis. Un régimen político acabado “Entre los democristianos y los socialistas, los dos principales partidos oficialistas, son muchos los que quieren incorporar a los poscomunistas del PDS y a los republicanos de La Malfa, para dar más autoridad al ejecutivo y afrontar las reformas electorales y las duras medidas de austeridad” (La República, 3/2). La pretendida “ampliación de la mayoría”, sin embargo, llega tarde y mal: hace ya unos meses “La Repubblica” de Roma viene alertando contra esta posibilidad por el “peligro” de incinerar al PDS y fortalecer a “Refundación Comunista”, una escisión de “izquierda” del ex PCI que se proclama “marxista-leninista”. No hay remedio para el gobierno DC-PDS pero tampoco hay sustituto: el régimen político está acabado. Sobre esto, la burguesía italiana no se hace ninguna ilusión. “Un editorial de primera página de ‘La Stampa’ de Turín, propiedad de la Fiat, afirma que el allanamiento de fuerzas policiales a la sede administrativa de la dirección nacional socialista cierra el viejo esquema político, el de la Primera República, nacida de las cenizas del fascismo y de la segunda guerra. ‘Desde ayer, el sistema ha muerto’ declara el director de La Stampa” (La República, 31/1). Tampoco el imperialismo se hace ilusiones sobre la “vitalidad” del régimen político. Ya en un artículo publicado a mediados del año pasado en “Foreing Affairs”, Angelo Codevilla, investigador de la norteamericana Hoover Institution, advierte que “pocas cosas son tan claras como que la Primera República italiana está casi muerta”. El hundimiento del conjunto de las relaciones políticas que dominaron la península desde la posguerra, algo que ya nadie pretende ocultar, ha puesto en peligro la propia existencia del Estado unificado. Un aspecto es el espectacular crecimiento electoral de la “Liga lombarda”, un agrupamiento derechista que realiza una violenta demagogia contra la “partitocrazia” y reclama abiertamente la secesión del “norte rico” de la “Roma ladrona” y del “sur pobre”. Mientras el reclamo secesionista de la “Liga” plantea —como advierte Giorgio La Malfa, dirigente del Partido Republicano— una “perspectiva yugoslava”, la guerra abierta que libran en el sur la maffia y el Estado plantea el surgimiento de una serie de virtuales “colombias” (Sicilia, Nápoles, Cerdeña) en el corazón de Europa. Precisamente por eso, la burguesía reclama un gobierno de “unidad nacional” para capear el temporal y, sobre todo, una reforma constitucional que dote de “músculo” al ejecutivo, potencie el papel político de las FF.AA. y recorte las libertades democráticas y de organización de las masas, todo esto para obligar a los explotados a pagar el salvataje del capitalismo italiano. Sin embargo, “no es claro qué cosa seguirá a la Primera República” sostiene el mencionado Codevilla porque “los proceso legal y político por el cual ocurrirá la reforma son sombríos” (Foreing Affairs, verano de 1992). El corresponsal de “El Cronista” (11/2) en Roma se pregunta “¿cómo se hace para reemplazar una entera clase política de la noche a la mañana, por más indigna que sea, sin que haya intervenido ni una revolución, ni una guerra ni un cataclismo social?”. En la pregunta está la respuesta: no hay “recambio indoloro”; la salida al hundimiento del régimen político italiano será dictada por la más furiosa de lucha de clases.

Un año atrás, el gobierno anunció la transferencia de las escuelas y hospitales nacionales a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires Ahora, el secretario de Salud de Bouer —el Dr. Peluso— acaba de anunciar que está previsto justamente el cierre de tales hospitales (Lagleize, Borda, Moyano, de Odontología, Rivadavia y María Ferrer). Es una medida que apunta a la liquidación del exhausto sistema de salud pública, para convertir sus restos en la base del negocio millonario de los pulpos de la medicina privada. El objetivo es “ajustar” la red de hospitales públicos para esta empresa. Con sus planteles reducidos, explotando el buen nivel técnico del personal médico y para-médico, y su amplia capacidad instalada —todo ello debidamente “racionalizado”—, los monopolios empresarios buscan “asociarse” al hospital estatal en búsqueda de superganancias, echando mano a los millones de dólares que se mueven en esta órbita. El reciente decreto gubernamental de “desregulación de las obras sociales” (ver Prensa Obrera Nº381) tuvo justamente la finalidad de promover la fusión de las obras sociales entre sí y con empresas privadas, para la explotación de un mercado de 7.000 millones de dólares. El sistema vigente en PAMI es una experiencia piloto de estos proyectos. Bajo la administración de Matilde Menéndez, se profundizó la política de intermediación de la atención médica a través de un grupo de empresas que “gerencian” las prestaciones médicas para millones de afiliados al PAMI, embolsan la recaudación per cápita (automática y por adelantado) y contratan a su vez los servicios médicos y de laboratorios, tanto de servicios privados como públicos (hospitales municipales, universitarios, etc.). Un negocio sin riesgos y todo a ganancia. El proceso de privatización hospitalaria ha venido avanzando (ya desde la administración radical) por otro carril. La comida, la limpieza y la vigilancia están concesionadas a privados. Todas las prestaciones están arancelizadas. El pago en bonos de las mismas es quasi obligatorio. La recaudación la manejan las Cooperadoras, que a su vez explotan los bares, los quioscos de revistas y expendedoras de bebidas. Una serie de servicios están semiprivatizados mediante la financiación de fundaciones o empresas que “donan” instalaciones y aparatología. Los tomógrafos computados instalados o en proceso de instalación en los hospitales municipales, son concesiones a empresas privadas que los instalan a cambio de su explotación comercial a 10 años, utilizando las instalaciones edilicias del hospital. El hospital Rivadavia tiene cedido una parte del edificio al CEMIC, empresa privada, y se proyecta entregar el resto a la Universidad Católica. El hospital José María Ferrer está en tratativas para ser entregado a la fundación FAIAM, dirigida por la mujer de Richard Handley (Página 12, 12/2). El Durand cedió gratuitamente dos pabellones a la Universidad privada Maimónides (Cronista, 12/2). El abandono del sistema estatal de salud y el criterio de beneficio capitalista que se promueve, dará como resultado la liquidación de la salud pública (“no rentable”) con la consecuente pérdida de camas, equipos de investigación y de promoción de salud, aún existentes. El nivel general de las prestaciones de salud caerá por el piso, como consecuencia de la necesidad capitalista de reducir las “prestaciones básicas” para acrecentar el beneficio. El plan es inaplicable sin un ataque en regla no sólo contra las condiciones de salud, de la población sino de los trabajadores de la salud cuyos “excedentes” en el plan de ajuste serán desplazados y cuyos salarios serán depreciados en función de las mayores ganancias de los pulpos que monopolicen el “mercado”. La cuestión fundamental frente a esta política es organizar el rechazo por parte de los sectores afectados. Médicos, técnicos y enfermeras deben retomar las movilizaciones del año pasado, llamando a la población y organizaciones populares a la defensa de la salud pública, al aumento del presupuesto para el sector, contra los cierres y privatizaciones y por aumento salarial para los trabajadores de la salud. La dirección de los hospitales y de la salud pública debe estar en manos de los propios trabajadores.

En la ciudad de Sarajevo se concentra actualmente la mayor tragedia de la criminal guerra yugoslava. Sus 400.000 habitantes permanecen encerrados desde hace meses en el mayor campo de concentración del mundo. Sin comida, ni luz, ni calefacción, ni agua, murieron 11.000 personas desde que en abril pasado la mayoría bosnia de la ciudad quedó sitiada por las tropas serbias. Para escapar a la muerte de hambre, algunos pobladores recurren al canibalismo, mientras que la violaciones sexuales de las mujeres musulmanas son reivindicadas públicamente por los atacantes serbios. La masa de refugiados ya supera en número la diáspora que sufren los palestinos. Las atrocidades de esta guerra no tienen nada que ver con la emancipación nacional de los pueblos balcánicos. El genocidio que iniciaron los burócratas serbios ha detruido la Federación Yugoslava, que se asentó durante décadas en la coexistencia y la cohabitación de las diversas etnias. Las distintas camarillas de burócratas-militares se han convertido en “señores de la guerra”, que buscan repartirse los territorios aterrorizando a los pueblos con los métodos hitleristas de la “limpieza racial”. Los sanguinarios generales que responden al dictador Milosevic iniciaron la matanza proclamando su derecho a anexarse todas las regiones con minoría serbia. Los mismos métodos utilizan los burócratas croatas. Su propósito común es comandar el proceso de restauración capitalista mediante el acaparamiento de territorios y recursos económicos. Esta batalla por los despojos de la Federación es particularmente brutal en Bosnia, donde la mayoría musulmana es la víctima principal del reparto reaccionario. El imperialismo consagra la “cantonización” El imperialismo dejó correr la guerra porque está directamente interesado en la fractura de la ex Yugoslavia en múltiples cantones, que se convertirían rápidamente en sus colonias. Una vez destruido y repartido el territorio, la “reconstrucción” está concebida como un proceso de restauración capitalista por medio de la conformación de “protectorados”. Siguiendo esta política, Bush pospuso toda intervención militar hasta tanto se definiera una nueva delimitación territorial y los yanquis pudieran colocar bajo su control todo el “proceso de pacificación”. La asunción del Clinton coincide con esta nueva etapa, y por eso el nuevo presidente —siguiendo los consejos de Kissinger, Thatcher, Haig, Ford y Reagan— ha puesto en marcha un nuevo “plan de paz”. Clinton adaptó a los intereses yanquis el Plan Owen-Vance que las grandes potencias negociaban conjuntamente desde setiembre en Londres. Se consagra el rediseño de fronteras impuesto por la guerra, convalidando las ocupaciones serbias y croatas. Bosnia queda pulverizada en diez sub-provincias (tres serbias, dos croatas, tres musulmanas, y dos mixtas). Los serbios obtienen las mayores ganancias, ya que con un tercio de la población se apoderan de la mitad del territorio bosnio, los croatas obtienen un territorio proporcional a su número, mientras que los musulmanes —que constituyen el 44% de la población— reciben sólo un tercio de la región. Los burócratas croatas ya aceptaron esta cantonización, los serbios demoran una respuesta esperando engullir una porción aún mayor de tierras, y los musulmanes han quedado entre la espada y la pared: la pérdida masiva de hogares o el genocidio. El plan —que favorece a la burocracia serbia— contradice todos los planteos pre-electorales de Clinton, que prometió contener militarmente a los serbios. Este giro ya es una prueba de la fragilidad de su iniciativa. El nuevo presidente yanqui también habló de levantar el embargo internacional de armas que pesa sobre Yugoslavia, y que afecta exclusivamente a los musulmanes, los únicos que carecían previamente de pertrechos y que no heredaron nada de la desintegración del ejército federal. Clinton —y su nuevo experto para la región Bartholomew— continúan presentando su iniciativa como un “freno al atropello serbio” cuando en realidad consagran sus conquistas territoriales, refuerzan la dictadura de Milosevic y mantienen la amenaza militar sólo como un recurso contra la violación o el fracaso del nuevo “plan”. Estados Unidos, Europa y Rusia en la disputa A través de su “plan de paz”, Clinton intenta ubicar a Estados Unidos como árbitro internacional en la cuestión yugoslava, desplazando a los rivales europeos. Intenta llevar a cabo lo que la prensa denomina el “rol activo de Estados Unidos” en oposición a la “falta de liderazgo europeo”. Clinton adaptó su iniciativa a algunas exigencias europeas, abandonando por ejemplo la idea de crear una “zona de exclusión” para el ejército serbio ante el veto anglo-francés. Pero ha impuesto que toda la supervisión militar del “plan de paz” quede bajo el mando de la OTAN, frustrando así la intención francesa de hacer debutar en los Balcanes a una nueva fuerza militar europea independiente del Pentágono. Los yanquis también controlarán el impresionante tráfico de armas y mercenarios que fluye desde Europa desde el inicio del conflicto. Dirigiendo la “pacificación”, Estados Unidos intenta también colocar en la órbita del dólar y de las exportaciones yanquis a Croacia y Eslovenia, asociadas económicamente a Alemania, y a Serbia vinculada a Francia. Pero el rasgo que mayor impacto causó en la prensa del plan de Clinton es el rol central otorgado a Rusia, el principal sostén financiero y militar de Serbia. “Por primera vez desde el colapso de la URSS, Moscú es llevado al centro de la arena diplomática por iniciativa de Clinton” señaló el “International Herald Tribune” (12/2). Para asociar a Rusia al proyecto de “Pax Americana” y utilizarla en el desplazamiento de los competidores europeos, Clinton morigeró las iniciativas de presión contra Serbia que contemplaba su propuesta inicial. La aplicación del “Plan” de Clinton choca en primer término con los descontrolados reyezuelos serbios que dominan cada región capturada, y han resistido hasta ahora cualquier tregua, cese del fuego o paso de ayuda alimentica. Pero incluso si se llegara a establecer una “super-mini-Bosnia”, fracturada en diez pedacitos étnicos, nada impediría el reinicio de las matanzas raciales en cualquier momento. Las fronteras discontinuas entre comunidades, sub-agrupadas en un pequeño territorio (en algunos casos unidas sólo por medio de corredores) son potencialmente explosivas, y alentarán nuevas conquistas. Hay que recordar, por ejemplo, que una partición internacional semejante de Palestina en 1947 sólo desató el apetito expansivo de los sionistas. Kosovo-Macedonia: la mecha de una guerra general La guerra que amenazó comenzar en Eslovenia, se desplazó luego a Croacia y se concentra actualmente en Bosnia constituye apenas un anticipo de la explosión mayor que podría estallar si los serbios deciden atacar Kosovo. Esta región musulmana dentro de Serbia fue la primera en experimentar la oleada de agresiones de Milosevic. El dictador atropelló a la población, le quitó toda autonomía, desconoce sus autoridades locales y gobierna a través del ejército y sus títeres. A diferencias de las otras regiones involucradas en el conflicto, a la mayoría albanesa de Kosovo jamás se le reconocieron los derechos de participar en forma independiente en la república federada. Según la revista “Newsweek” (30/11/92), Serbia se disponía a invadir Kosovo en la última etapa del gobierno de Bush, y Clinton elaboró su plan para prevenir este ataque. Existe una generalizada coincidencia entre los especialistas acerca que el nuevo atropello serbio desataría la inmediata intervención militar de los vecinos musulmanes, Albania y Bulgaria, y seguramente también de Turquía. El “mundo árabe” ha tolerado el desangre de Bosnia, pero amenazó reiteradamente con la intervención frente a Kosovo. Turquía que oprimió durante siglos la región mantiene estrechos lazos con las comunidades musulmanas. Pero la guerra en Kosovo involucraría inmediatamente a la vecina Macedonia, otra república aliada a Bulgaria y Turquía, que declaró su independencia sin obtener ningún reconocimiento internacional. Grecia —que tiene reclamaciones territoriales sobre Macedonia y por eso está implícitamente aliada a los serbios— ya advirtió abiertamente que bloqueará el ingreso de refugiados hacia Macedonia, e intervendrá militarmente contra el bloque musulmán. Semejante cuadro significa lisa y llanamente la guerra general en los Balcanes y un choque entre Turquía y Grecia, los dos pilares de la OTAN en la zona. El “plan” de Clinton es un intento de evitar este estallido remodelando Bosnia, consagrando la opresión serbia de Kosovo y manteniendo indefinido el reconocimiento de Macedonia. Su pretensión es congelar el mapa de los Balcanes tal como se presentan las fronteras actualmente, lo que como vimos es una fuente de nuevos conflictos y choques inevitables. Se trata de una evidencia de la impotencia y los límites del arbitraje que pretende imponer el imperialismo yanqui. Por la unión libre y socialista de Yugoslavia Es completamente falso que la guerra es una consecuencia inevitable de los “antagonismos raciales”. La coexistencia entre comunidades y los matrimonios mixtos no han desaparecido ni siquiera durante el conflicto. Existen múltiples signos de solidaridad multiétnica en la propia ciudad sitiada de Sarajevo. Los burócratas pro-capitalistas que desataron artificialmente esta guerra reaccionaria son los únicos interesados en potenciar el odio entre los pueblos para tornar irreversible la “balcanización”. Con este objetivo Milosevic persigue brutalmente no sólo a los croatas y musulmanes, sino también a los propios serbios que se oponen a la guerra (especialmente los desertores) y que realizaron marchas en favor de la paz. Apoyar toda manifestación de lucha contra la guerra es la única respuesta progresiva frente a la actual barbarie racista. Bosnia y Sarajevo simbolizaron la coexistencia entre comunidades y su fragmentación orquestada por el imperialismo es la negación de cualquier autodeterminación nacional. La lucha contra las burocracias secesionistas requiere poner fin al genocidio inter-racial, rechazar la intervención “pacificadora” del imperialismo, oponerse a la remodelación de las fronteras, y defender el derecho de todos los refugiados a retornar sus hogares, libres de tropas ocupantes. La Unión libre y socialista de Yugoslavia es la única opción emancipadora para los oprimidos de la región.

La condecoración que el “comandante en jefe” Menem entregó al genocida Pinochet es una bofetada en pleno rostro del 99% de la población argentina, que siente el mismo odio profundo e infranqueable por el dictador que ensangrentó a Chile, que por los dictadores que ensangrentaron a nuestro país. En la condecoración menemista se adivina la admiración del pretendiente dictador civil por el dictador militar. “La República” de Montevideo informa que Menem tenía la intención de entregarle personalmente la condecoración al asesino. La determinación de Menem de abrazar a Pinochet estuvo a punto de crear una crisis diplomática con Chile: por una cuestión de protocolo, el presidente Aywin —que mantiene tensas relaciones con Pinochet— hubiera debido estar presente en el acto. Sólo la presión de la cancillería trasandina —dice La República— “disuadió” al riojano, quién delego el “honor” de condecorar a Pinochet en el jefe del Ejército argentino. Aunque frecuentemente se lo tilda de “veleidoso”, Menem ha sabido guardar su “amor” por Pinochet: no hay que olvidar que el riojano fue uno de los poquísimos (menos de cinco) jefes de Estado invitados a la asunción presidencial de Aylwin que aceptó estrechar la mano del dictador que entregaba el gobierno, pero no el poder, en Chile. Y junto con la admiración, también se deja adivinar la “envidia” que Menem siente por Pinochet. Después de todo, Pinochet fue el pionero de la estafa de la jubilación privada ... sin pasar por las penurias que el riojano está pasando para imponerla. Contra lo que se pretende, la condecoración no tiene nada de “protocolar” aunque sí de “institucional”. Cae en un “momento delicado” para Pinochet; exactamente cuando en Santiago está comenzando el proceso a varios ex agentes de la siniestra DINA por el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller de Allende. El indultador de los genocidas argentinos le tiende una mano a los genocidas chilenos. Repudiada a los ojos del pueblo, la condecoración le sirve a Menem para mostrar a los ojos de la burguesía y el imperialismo su condición de defensor incondicional del orden burgués, de cipayo y de represor. Por el mismo motivo, pocos días después que Pinochet recibieron sus condecoraciones el coronel del Ejército británico, John Neeve, el reaganiano David Muldford y el presidente del Comité de Bancos Acreedores Cecil Rhodes, del Citibank, todos ellos agentes del capital financiero que invadió, expropió y pisoteó a la Argentina. El “demócrata” Alfonsín puso el grito en el cielo por la condecoración a Pinochet, justamente él, que firmó el acuerdo del Beagle con el dictador. Curiosamente —o no tanto— Alfonsín se ha llamado a silencio frente a las condecoraciones a los piratas, militares, políticos y financieros, de Malvinas y de la deuda externa. Las “condecoraciones” engrosan la ya larga lista de cuentas que el pueblo, más temprano o más tarde, habrá de cobrarle al régimen menemista.

El domingo 7 de febrero se realizó, bajo un temporal, la Marcha Contra la Implementación del Peaje en la Ruta Panamericana. El triunfo de la movilización (que concentró aproximadamente a 3.000 autos y miles de personas sobre los puentes que aplaudían el paso de la caravana, lo que hacía un total de 10.000 personas) les corresponde a los vecinos y comisiones que impusieron la realización de dicha marcha a los Posse, García y Cía., que planteaban no confrontar hasta agotar las negociaciones con el gobierno. En la propia marcha se puso de manifiesto la diferenciación entre el rechazo de los vecinos y usuarios contra todo tipo de peaje y la conciliación a la que pretenden llegar los intendentes radicales, más algún que otro vocero de los mismos, en la aplicación del “peaje inteligente”, lo cual los pone a favor del peaje, que dejará de ser prepotente para ellos en la medida en que participen en el negociado de la concesión; pero seguirá siéndolo para los usuarios que tendrán que pagar por transitar sobre rutas construidas y sostenidas con el impuesto de generaciones de vecinos y trabajadores. Lo que significa que cualquier tipo de peaje es una imposición prepotente. La intervención del Partido, que desarrolló una importante agitación (se repartieron 2.000 volantes, muchos de los cuales fueron pegados en los parabrisas de los manifestantes) planteó nuestro apoyo a la movilización y llamamos a ampliarla contra todo tipo de peaje como única forma de derrotar la política de Menem, Cavallo y Cía., que quieren transformar al país en un feudo en manos de los contratistas. El Partido Obrero dice que para lograr un nuevo triunfo es necesario desarrollar la formación de nuevas comisiones por barrios y zonas que impulsen a fondo la lucha contra el peaje. Toda el área de influencia de la Panamericana (San Fernando, Tigre, Gral. Sarmiento, etc.) debe hacer suya esta tarea. Como en el ‘91, ¡por un nuevo triunfo!

La olla popular instalada frente a la terminal de la empresa San Vicente se mantiene firme desde hace 15 días, momento en que los 23 despedidos decidieron esta metodología de lucha para pelear por su fuente de trabajo. Este dato nos revela una de las características que está tomando la resistencia de los trabajadores frente a la ofensiva patronal: los conflictos tienden a ser prolongados, lo que a su vez nos indica las enormes reservas de energía para luchar por sus derechos que existe en la clase obrera. Y en el caso de los choferes de la línea, esto tiene mayor valor por lo sucedido en los últimos días. Luego de instalada la olla popular el 28 de enero, con una asamblea prevista para el 4 de febrero y con una semana acordada con la empresa para discutir las reincorporaciones, la patronal comienza una campaña de intimidaciones para que los choferes no se acerquen a la olla y no concurran a asambleas, amenazando despedir a los que lo hicieran (secundados en esto por la “rosca” pro-patronal que existe en la línea). Como con esto no lograban aislar a los compañeros de la olla, en una muestra de su desesperación, dos directivos atacaron a golpes de puño, por la noche, a los despedidos que estaban en ella. Esto motivó la salida de un volante denunciando la agresión e impulsó aún más la labor de los compañeros de la olla. Para el 4 la patronal adelantó el pago del mes y se apostó en la puerta de la empresa fichando a quienes se acercaban. La reunión del turno mañana se levantó por este motivo, pero por la noche se realizó frente a la carpa y lejos de los botones empresarios. Aunque concurrieron aproximadamente 40 compañeros, no se planteó ningún curso práctico de acción, ya que luego del informe de la situación se solicitó la solidaridad y el apoyo a la olla popular. Los compañeros continuaron realizando colectas, reciben donaciones de mercadería y la solidaridad de varias líneas de transporte que se hicieron presentes con las voz de activistas y delegados. Luego del temporal de tres días que rompió los plásticos de la carpa, ésta se rearmó, pero de mayor tamaño y se agregaron dos carpas más, mostrando la predisposición para resistir que existe. El no poder quebrar esta resistencia de los trabajadores de la olla, hizo recular a la patronal, que en un acuerdo con UTA, el miércoles 16 reincorpora a cuatro choferes que habían sido los primeros despedidos de hace ¡¡90 días!! ¡Exito de la olla popular! La mayoría de los compañeros saca la siguiente conclusión: éste es el fruto de la tenacidad en la lucha y la existencia de la olla. Esto demuestra que con una acción más enérgica, decidida y con claridad de objetivos se puede reincorporar a todos. Pero aquí tienen que jugar decididamente los delegados que estén por el triunfo de la lucha. Es una tarea indelegable y la tienen que tomar en sus manos, rodeándose con los compañeros más firmes para discutir a fondo con todos los choferes de la línea. Organizar reuniones, asambleas, donde se vayan preparando acciones de conjunto para quebrar la política de esta patronal chupasangre y antiobrera. Debemos aprovechar que aparentemente la empresa no quiere mantener grandes conflictos, porque necesita su parque automotor funcionando a pleno en marzo. Esta situación favorece a los compañeros en su lucha. ¡Adelante!

En lo que va de febrero, son 1.200 los despedidos en la Destilería de YPF en Ensenada. De ellos, 300 corresponden a distintas empresas que realizan trabajos contratadas por la petrolera estatal, y están sindicalizados en la UOCRA. Los que aún están trabajando en estas empresas pueden ser despedidos entre este mes y el que viene. Las empresas “aprovechan” el proceso de privatización de YPF para realizar una maniobra habitual en estas patronales: despedir a todo el mundo, y luego recontratar el personal en peores condiciones y previa limpieza de delegados y activistas. Por el lado de los trabajadores de la Destilería —agremiados en el SUPE— los 900 despidos fueron “disimulados” con la oferta de “cursos de capacitación” o por el retiro “voluntario”. Los cursos, que duran 18 meses, son en realidad un despido a mediano plazo, además de una violenta reducción salarial. Para los 2.000 que quedan significan superexplotación e inseguridad permanente (para ellos y las poblaciones vecinas) y la amenaza de nuevos despidos (la intención es llegar a fin de año con 1.500 trabajadores). Frente a este ataque, las direcciones sindicales no movieron un dedo. Con el argumento de que “la gente no da”, encubrieron una vez más su propia capitulación. En el caso de la UOCRA, la dirección de la seccional (ex ubaldinistas, ahora acercados al ultramenemista y alcahuete Gerardo Martínez) no tomó una sola medida de organización de los despedidos y se “refugió” en el sindicato a esperar que el conflicto se resolviera por desangre. Esta dirección ha vaciado completamente la organización gremial, y sólo el fraude y la proscripción de opositores —en la última elección la Lista Morada fue proscripta— le permiten continuar al frente de la seccional. Por el lado del SUPE, la dirección seccional es la Violeta, un rejunte de sectores del peronismo, Frente del Sur, PI e incluso desprendimientos de la burocracia ibañista. La Violeta ganó las últimas elecciones desplazando al ibañismo y despertando expectativas en el activismo y los delegados combativos de la Destilería. Sin embargo, frente a su primera “prueba de fuego” no fue capaz de convocar siquiera una Asamblea General para organizar la resistencia, y se limitó a “aconsejar” a los trabajadores que se anotaran en los “cursos de capacitación”, un camino seguro hacia la desmoralización y el “desbande”. La experiencia de la Destilería debe ser balanceada por los trabajadores de la zona, y contrastada con la lucha del Astillero contra el cierre. También en oportunidad de la ocupación de la planta por los “Albatros”, las “direcciones sindicales” decían que “la gente no da”. Sin embargo, la actitud decidida de la Interna, el Cuerpo de Delegados y el activismo, puso en vilo a Ensenada y le propinó una rotunda derrota a la provocación gubernamental. Son dos políticas para el movimiento obrero que volverán a enfrentarse en los futuros conflictos. La suerte de los trabajadores depende de cuál sea la que se imponga: la pasividad y la preservación del “aparato”, o la organización por la base de los delegados y activistas para la lucha.

El lunes 25 de enero, la comisión interna y algunos delegados de la UOM San Nicolás ocuparon la gerencia de personal de “Aceros Paraná” —ex Somisa— en protesta por la eliminación de un “ticket canasta” de 130 pesos, un 20% del salario de bolsillo (Clarín, 12/2) que se emplea en la compra de alimentos. Tres días después, la empresa anunció su reimplantación sólo por dos meses, es decir hasta fines de marzo. La eliminación del “ticket” agravó el abierto malestar que se vive entre los trabajadores de la planta por la absoluta incertidumbre sobre la estabilidad laboral. Techint ha vuelto a los “retiros voluntarios”, planteando la baja de otros mil trabajadores, aunque se percibe una “racionalización” que puede ir mucho más lejos, y que no se limita a las cesantías forzosas sino al reemplazo de personal efectivo por contratado. La reducción del salario que ahora se intenta forma parte de un acuerdo de “privatización”, que estableció la derogación por decreto de “todas las actas y acuerdos al margen de los convenios que firmó la UOM... como una forma de limitar los costos laborales (de) los futuros nuevos propietarios” (La Nación, 28/9/92). La ofensiva patronal está dictada por el desmoronamiento de los “negocios” de uno de los grupos que se alzó con gran parte de los activos públicos. La siderurgia está en crisis a nivel mundial, lo que explica que Siderca y Siat —también de Techint— asistan a un derrumbe de la exportación de tubos de acero y que la ex Somisa declare una pérdida de “10 millones de dólares mensuales” (Clarín, 26/1). La política de la patronal no tiene misterios: avanzar en el desguace de la acería, en los despidos masivos y en la “flexibilización laboral” y reclamar la “protección” del Estado a la “siderurgia nacional” a través de aranceles, reducción de impuestos u otras artimañas. Según fuentes del cuerpo de delegados, la empresa se interesó en que el conflicto por el “ticket” tuviera una amplia difusión en los medios, para “sensibilizar” funcionarios. Existe entre los trabajadores un gran debate sobre cómo enfrentar la nueva tanda de despidos que seguirá a los “retiros”, sea porque los que se anotaron son menos de los requeridos o porque la “racionalización” seguirá más allá de los mil. La ex Somisa viene de una derrota, que ha significado la reducción del personal prácticamente a la mitad y que es una expresión brutal del absoluto fracaso de la política de Miguel-Brunelli. La situación en San Nicolás empalma con una situación potencialmente explosiva en el resto de la UOM. En varias plantas se están librando batallas parciales, en algunos casos victoriosas, por el salario y contra la “flexibilización” , mientras se acentúa el proceso de descomposición burocrática por el inmenso fracaso de la dirección miguelista en la lucha por el convenio. Es justamente la cuestión vital del convenio —y la defensa de los básicos— lo que puede darle a las luchas en curso una perspectiva de conjunto y abrir un proceso de reagrupamiento en el activismo que está actuando.

El desarrollo del curso de verano planteado, como objetivo político de formación para la juventud, mostró una vez más la necesidad y el potencial existente para conformar una juventud revolucionaria en torno a los planteos del PO. Curso que se pudo llevar adelante gracias a la lucha política y programática que el partido y la juventud vienen desarrollando en torno a las dificultades y agobios que cotidianamente vivimos los jóvenes. En el desenvolvimiento del curso se observó el grado de solidaridad, trabajo colectivo y desarrollo de las dificultades planteadas y su superación bajo un criterio de convivencia socialista, que nos permitió a los allí presentes entender más a fondo las inquietudes, necesidades y dificultades por las cuales pasa la juventud, punto esencial para encarar nuestra tarea política. Juventud explosiva en torno a los abusos que nos plantea el capitalismo para dominarnos, dependencia a su lacra, o política de represión; gatillo fácil, destrucción de la educación, política de juventud sin futuro, a esta política sin perspectiva de un puñado de chupa-sangre decimos: ¡no!, mostrando la disponibilidad de nuestras energías para pelear en contra de este sistema en crisis para revertirlo de raíz, despertando nuestras primeras herramientas de lucha bajo una organización revolucionaria y su desarrollo. A los jóvenes nos quedó en claro que al plantearse como tema“El Capital” no significaba simplemente dotarnos de herramientas para comprender más a fondo los planteos del partido, sino que nos desenmascaraba científicamente el funcionamiento del capitalismo, sus alcances y sus puntos de degeneramiento. Punto primordial para comprender la necesidad y los métodos de los cuales debemos dotarnos para su extinción, comprendiendo así la necesidad de organizarnos políticamente en nuestro partido y en la UJS. La tarea de hoy es estructurar y elaborar las iniciativas necesarias para desarrollar la juventud, su dirección y su desarrollo como parte integrante de una organización clasista y combativa por los intereses de la clase obrera.

En la última semana, la patronal de Aerolíneas (Iberia) ha anunciado nuevas tropelías contra el Estado argentino y contra los trabajadores. La reestructuración anunciada por la empresa, sobre la base del estudio de la consultora Mc Kinsey, prevé una explotación más rentable de los servicios, aumento de la productividad y un mayor aporte financiero del Estado argentino: “... le reclaman (al gobierno) refuerzo financiero al sugerir que como accionista debe realizar aportes” (Clarín, 13/2). También exigen “proteger la posición actual de AA y Austral en el mercado de cabotaje”, invocando... “una batería legal que nos respalda. Hay pactos que se firmaron y que ahora no se pueden desconocer” (ídem). Simultáneamente, trascendió que el balance de AA (al 30/6/92) arroja pérdidas, con una reducción del patrimonio de 97,47 millones de pesos. El grueso del pasivo comprende a los préstamos de bancos extranjeros (466 millones de dólares), “que deben ser saldados con la caja de la compañía de la cual el Estado tiene un 43%” (Página 12, 12/2). En parte, el déficit se habría corregido con aportes de capital, “operación bastante cara para el Estado que recuperó parte de la compañía condonándole deudas a la adjudicataria” (Iberia) (ídem). La política de Iberia consiste en más de lo mismo: trasladar al Estado las deudas y quebrantos del monopolio español, endosados a AA en la operación de “privatización” fraudulenta. El gobierno Menem-Cavallo viene aceptando todas las condiciones de Iberia y tiene en consideración el nuevo plan y balance. Ambos “fueron discutidos por Domingo Cavallo, Amadeo Rivas y Miguel Angel Derqui durante un encuentro reservado” (Página 12, 12/2). Se marcha a una nueva capitulación. La burocracia sindical es cómplice Las direcciones de los gremios aeronáuticos han entrado en todas y cada una de las bicicletas armadas por la empresa y el gobierno para impedir la reacción de los trabajadores. Conciliación obligatoria, “procedimiento de crisis empresaria”, declaración de servicio público, etc. Las direcciones gremiales “acataron” estas disposiciones en nombre de la legalidad, mientras la patronal se pasaba por el traste las intimaciones ministeriales, produjo licenciamientos ilegales, dividió el pago del salario y atacó a los gremios (licenciamiento de la dirigente Castro de AAA). Ahora las directivas gremiales se sientan a discutir con la empresa la “reestructuración productiva”, sin que se haya reincorporado a uno solo de los 800 licenciados. La política de la burocracia configura una línea consciente de colaboración con la patronal y de desmoralización de los trabajadores. No es cierto, como declaran, que apuestan a una modificación de la actitud empresaria mediante la aplicación de la ley por el Ministerio. La reestructuración que se discute sólo puede significar racionalización del personal, mantenimiento de los despidos y liquidación del convenio de trabajo. Los dirigentes acordaron por escrito con la empresa esa política mucho antes de los licenciamientos, en las famosas acta-acuerdos de noviembre. Están jugados a la derrota de los trabajadores y hasta se ha fijado el precio (propiedad participada). La voluntad de lucha La condición para el progreso de cualquier iniciativa de lucha contra la alianza patronal-gobierno es superar esta política de derrota y desmoralización de las direcciones. La base respondió cada vez que tuvo oportunidad de luchar: paros parciales de Diciembre, resoluciones de huelga general por parte de la asamblea y luego del plenario de delegados de APTA (técnicos), el paro con piquetes de aeronavegantes, etc. En la última semana el gremio de las azafatas retomó medidas de protesta. Un sector de delegados opositores de personal aeronáutico (APA) emitió una declaración titulada “Somos todos licenciados”, en la que se denuncia la actitud traidora de la conducción y se propone luchar por una asamblea general y un plan de lucha. Para avanzar hay que realizar un balance y cambiar de rumbo con relación a la política colaboracionista de la burocracia. Comisiones de trabajadores en cada base para impulsar asambleas y plan de lucha. Unificar la acción de delegados y activistas de los distintos gremios en una campaña común. Por la reincorporación de los licenciados, contra nuevas “reestructuraciones” y por la defensa del convenio, por una nueva dirección representativa de las bases.

¡No al robo de las jubilaciones! Plan de lucha contra la reforma previsional y por el salario Los partidos y organizaciones abajo firmantes declaramos: 1) Nuestra denuncia y compromiso de luchar contra el proyecto menemista de la jubilación privada, que apunta a la eliminación del aporte patronal, elimina la ya insuficiente financiación del actual sistema jubilatorio y sanciona la confiscación del 11% de los salarios obreros a favor de un puñado de pulpos bancarios que controlarán los fondos de pensión. Mientras tanto, la jubilación privada no mejorará en nada la condición del futuro jubilado, que no llegará a percibir ni la mitad del 82%. En cambio, los fondos acumulados de los trabajadores irán a financiar la especulación bursátil y los negociados capitalistas. Señalamos, asimismo, que las modificaciones propuestas por Cavallo al proyecto previsional original mantiene en pie todos los ataques a las conquistas previsionales previstas en el proyecto original: la injerencia estatal —vía Banco Nación u otro ente oficial— no tiene otro propósito que el de facilitarle fondos al Estado para continuar cumpliendo con las exigencias del FMI y los bancos usureros, mientras se prepara la completa privatización del sistema previsional. 2) Por esto mismo, denunciamos también el carácter reaccionario del llamado proyecto previsional “alternativo” de la UCR, la Unidad Socialista y el grupo de los 8, que eleva en cinco años la edad para jubilarse, deroga el 82% móvil, legaliza la evasión previsional patronal y el pago en bonos a los jubilados. Denunciamos y llamamos a los trabajadores a no depositar la menor confianza en cualquier variante privatista que pretenda “consensuarse”en el Parlamento, o cualquier otra propuesta que esté dirigida a negociar cómo “asociarse” a una tajada del botín de los fondos previsionales: es el caso de los Lescano, West Ocampo y Pedraza, que ya aceptaron públicamente el proyecto previsional menemista; pero también el del CTA, que aprobó, en sus estatutos constitutivos, la formación de un fondo de pensión privado. Como ya sucediera con la movilización educativa, la dirección del CTA pretende llevar la lucha jubilatoria a la vía muerta del Parlamento, donde el gobierno y la “oposición” radical-centroizquierdista negocian un proyecto previsional contrario a los intereses de los trabajadores. 3) Quienes suscribimos esta declaración creemos que deben ser los patrones quienes paguen la crisis del sistema previsional. Porque fueron los patrones y sus gobiernos quienes, durante más de cuarenta años, vaciaron las Cajas para alimentar a las grandes patronales, nacionales e internacionales. Por eso, sostenemos categóricamente que el camino para luchar contra la reforma previsional pasa por la movilización obrera y popular independiente de loa agentes políticos del Estado. Bajo esta perspectiva, entendemos que todas las formas de protesta y lucha, como los pronunciamientos de plenarios de delegados, de comisiones internas, de organizaciones de jubilados, y la recolección de firmas por una consulta popular, deben ser un paso para avanzar hacia la más amplia movilización obrera y popular. En consecuencia, llamamos a los trabajadores, jubilados y sectores populares a concurrir masivamente el 17 de febrero a Plaza Congreso, levantando un programa de lucha: * Abajo la privatización de las jubilaciones * Por la investigación del vaciamiento de las Cajas, mediante la conformación de una comisión de trabajadores y jubilados elegidos por sus propias bases. Por el cobro de los aportes adeudados por todas las grandes empresas. Incautación de los bienes de las empresas que no paguen. * Por 450 pesos de básico para los jubilados y el 82% móvil; 100% de aumento de emergencia para los trabajadores activos ; no al aumento de la edad jubilatoria. Para ello, mantener y acrecentar los aportes patronales y dejar de pagar la deuda externa. * Terminar con la evasión previsional mediante la apertura y el control de los libros de las empresas por parte de los trabajadores, lo que permitirá verificar el cumplimiento en el pago de los aportes. * Por el control de las Cajas y el presupuesto de Seguridad Social por parte de los trabajadores y jubilados. Llamamos a los trabajadores a impulsar reuniones y asambleas en donde, sin depositar un milímetro de confianza en las direcciones burocráticas, votemos y exijamos un PLAN de LUCHA NACIONAL contra la reforma previsional, por el salario y contra el gobierno y sus planes de miseria y entrega, mientras construimos la dirección combativa y antiburocrática que necesita el movimiento obrero. Invitamos a todas las organizaciones combativas y antiburocráticas del movimiento obrero y popular a defender esta perspectiva. 15/2/93

La Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires convocó a concurrir el 17 de febrero, a la concentración convocada por las organizaciones de jubilados, partidos políticos y agrupaciones sindicales populares. Nos oponemos y llamamos a movilizarnos para enfrentar el propósito de “privatizar” el sistema jubilatorio, lo que significa la destrucción total de la previsión, apuntando a la eliminación del aporte patronal e imponiendo la confiscación compulsiva del ahorro del trabajador en beneficio de la especulación financiera de las denominadas “Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones”. Se quiere blanquear el saqueo histórico de las cajas y condenar para siempre a los trabajadores argentinos a los salarios de miseria y hambre de las actuales jubilaciones. Prueba de elllo es el fracaso de este sistema en los países donde se aplicó. Denunciamos asimismo los proyectos opositores que, en supuesta confrontación con la política de privatizar intentan el recauchutaje del sistema actual a costa, una vez más, de los propios trabajadores y jubilados: alargando la edad para jubilarse, derogando el 82% móvil y desconociendo la reivindicación del haber jubilatorio mínimo que reclaman las propias organizaciones de jubilados. Alertamos contra el intento de sectores de la oposición parlamentaria de consensuar en torno a estos planteos una propuesta común con el oficialismo, como ya lo hicieran en ocasión de la nefasta Ley de Educación. ADUBA convoca a formar un frente común para coordinar con asociaciones de jubilados y con todas las organizaciones del movimiento obrero acciones conducentes a gestar un movimiento nacional que impida la destrucción del sistema jubilatorio. Por ello reclamamos: 1) que se efctivice de inmediato el haber mínimo de $450; 2) que se elimine la evasión patronal de los aportes instaurando el control de los trabajadores en fábricas, empresas, etc., para verificar el cumplimiento del pago de los aportes. Con estos fondos sería posible pagar el 82%, rescatar en forma inmediata los bonos previsionales y recalcular las liquidaciones fraudulentas de las deudas con los jubilados, abaratando los costos del actual sistema; 3) que se eliminen las jubilaciones de privilegio; 4) que los delegados de los trabajadores activos y jubilados administren el control de los fondos jubilatorios; 5) que se mantenga la edad jubilatoria de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. 10/2/93

Los trabajadores del Inti nos pronunciamos, en referencia a los proyectos de reforma del régimen jubilatorio, por: *Mantenimiento del 82% móvil. *No al aumento de la edad jubilatoria. *No al aumento del período de aportes. *Mantenimiento del sistema previsional estatal sostenido exclusivamente con el aporte patronal. * 500 pesos de jubilación mínima. *Control obrero en las empresas para evitar la evasión del aporte previsional. *Gestión de las cajas por los trabajdores y jubilados.

En los últimos meses, el gobierno retomó la iniciativa para hacer aprobar la reforma previsional (jubilación privada) en el Parlamento. Pero igual que durante la lucha educativa, la burocracia sindical y los diputados de la “oposición” se preparan para consensuar una ley con el menemismo que, detrás de algunos cambios cosméticos, mantenga lo esencial del proyecto oficial, tal como paso con la Ley de Educación. El “nuevo” proyecto lanzado la última semana por el gobierno tiene en parte este objetivo. Desde la LISTA UNITARIA, llamamos a oponernos al robo de la jubilación privada y a conformar un bloque de organizaciones estudiantiles y sindicales combativas, los partidos de izquierda y de todos aquellos que defiendan las reivindicaciones de los jubilados; mínimo de $450, 82% móvil, no al aumento de la edad jubilatoria, sistema previsional basado en el aporte patronal y administrado por los trabajadores y los jubilados. Desde este frente, y desde la Secretaria de Presupuesto, asuntos curriculares y servicios sociales del CECSo, llamamos a las organizaciones estudiantiles que se plantean enfrentar el ajuste (MATE,PTS,MAS y Venceremos) a impulsar juntos esta política en la facultad junto a los docentes y no docentes, para impulsar la movilización con los jubilados y con la perspectiva de retomar la lucha contra la liquidación de la Universidad Pública. Exigimos al Centro de Estudiantes que se pronuncie sobre esta cuestión e impulse la movilización. Defendiendo las reivindicaciones de los jubilados, y con la perspectiva de impulsar la movilización, llamamos a firmar el petitorio lanzado por organizaciones de jubilados, políticas y sociales, reclamando la Consulta Popular. —NO AL ROBO DE LA JUBILACION PRIVADA de jubilados, políticas y sociales, reclamando la Consulta Popular.