Prensa Obrera N° 382

El ingreso de Erundina al gobierno “collorido” de Itamar Franco, ha sido la ocasión para que se manifestara nuevamente el alto grado de descomposición política de una de las corrientes que integra el ala izquierda del PT, nos referimos a la lambertista que edita el periódico “O Trabalho”. A su máximo dirigente, Markus Sokol, miembro del Ejecutivo del PT y, según se dice, licenciado en economía, no se le ocurrió mejor forma de reclamar la expulsión de la derrotada intendente de San Pablo que afirmando que “el PT no puede tener dos pesos y dos medidas, como tratar a la Convergencia Socialista de una manera y a Erundina de otra” (Folha de Sao Paulo, 31/1). El lambertista hace alusión a la expulsión de la primera hace poco más de medio año, sin referirse claro está a la muy anterior de Causa Operaria, la primera contra la que se abatió la “caza de brujas” stalinista de los ex stalinistas que pueblan la dirección del PT. El lambertista Markus no logrará, ciertamente, con su ocurrencia “conmover” a la dirección del PT para que se desembarace de Erundina, pero sí dejará firmemente establecida su demorada justificación de las expulsiones consumadas por la dirección del PT contra la izquierda del partido. Semejante impostura del lambertiano no es, con todo, lo más grave: lo peor es que circunscribe el reclamo de expulsión de Erundina a una limpieza del aparato, y de ninguna manera lo concibe como el inicio de una barrida general de la derecha. La escuela de Lambert no es tan osada como para usar el reclamo de la expulsión de Erundina para exigir al mismo tiempo la reicorporación de toda la izquierda expulsada del PT, algo tan legítimo como adecuado, desde el momento que el ingreso de Erundina al gobierno pro-imperialista confirma más allá de lo esperado el completo acierto de los izquerdistas expulsados en sus ataques a la dirección derechista del partido. El lambertista se cuida muy bien, por otra parte, de no denunciar, aprovechando la ocasión, a toda la infiltración pro-imperialista dentro de la dirección del PT, por ejemplo Aloisio Mercadante —que acaba de ser aplaudido de pie en una reunión de banqueros en Nueva York— y al conjunto de la fracción mayoritaria, Articulación, que acaba de presentar un “Programa de Emergencia Económico”, que es una copia fiel de la “economía popular de mercado” del innombrable presidente argentino. El lambertista Markus no reclamó la expulsión de Erundina cuando, en su función de intendente, organizó en julio pasado una legión de rompe-huelgas para quebrar la huelga extraordinaria que estaban llevando a cabo los choferes del transporte de San Pablo. La posición miserable del lambertismo en la presente crisis del PT nos dice que es altamente improbable que la izquierda que aún actúa en el PT sea capaz de ponerse a la altura de las circunstancias y romper masivamente con la dirección proimperialista, para sumarse a la formación de un Frente Revolucionario fuera del PT. Como consecuencia, precisamente, de estas insalvables limitaciones, corrientes como la lambertista han ingresado en una fase de desguace sin retorno, con sus mejores cuadros lanzados a reubicarse en la izquierda revolucionaria.

Luiza Erundina, ex intendente de São Paulo y miembro prominente de la dirección nacional del PT acaba de ingresar al gobierno de Itamar Franco como Secretaria de Administración Federal. La izquierdista nordestina compartirá el gabinete del vicepresidente de Collor, Itamar Franco, junto a banqueros y ministros igualmente “colloridos”. Para “ponerse a tono” con todos ellos, Erundina anunció, aún antes de asumir, su intención de revisar el estatuto de estabilidad de los empleados estatales. La decisión de Itamar Franco de nominar a la ex intendente para “el peor cargo disponible” (Veja, 27/1) sacó a Erundina del ostracismo en que había caído después de la derrota del PT en las elecciones municipales paulistas de fines de 1992 y la proyectó nuevamente a las primeras planas de la prensa y, no menos importante, a la nómina de los abultados sueldos ministeriales. La aceptación del ministerio por parte de Erundina es una expresión suprema de “fisiologismo”, que es como llaman los brasileños al voraz apetito de los políticos vecinos por los fondos del presupuesto del Estado. El “fisiologismo” de Erundina expresa la tendencia de una amplia capa social formada por miles de funcionarios, asesores y acaparadores de “puestos de confianza” del PT que han quedado “desocupados” después de las derrotas del PT en las recientes elecciones municipales. Esta capa de burócratas estatales profesionales, los parlamentarios, sus asesores, la burocracia sindical y los funcionarios de las “fundaciones” financiadas por los sindicatos, el estado y aún el imperialismo, ocupa el lugar decisivo en la dirección del PT. El ingreso de Erundina al gabinete de Itamar ha sumido al PT en “la peor crisis de su historia” (O Estado de Sao Paulo, 27/1), esto por la simple razón de que “pinchó” la hipocresía de los dirigentes del PT, que pretendían fingir de partido opositor mientras sus parlamentarios votan las leyes fundamentales enviadas por el gobierno al congreso como, por ejemplo, la ”reforma fiscal” que grava los salarios, o mientras Lula sindica a un “compañero de ruta” para el ministerio de Trabajo, cuyas oficinas se pueblan rápidamente de dirigentes del PT. Precisamente “la aguda discusión interna provocada por la nominación de Erundina acabó revelando uno de los secretos mejor guardados por el PT: el partido ya está en el gobierno” (O Estado de São Paulo, 28/1). El actual ministro de Trabajo, Walter Barelli, “fue indicado en el gobierno de Itamar por el presidente petista, Lula Ignacio da Silva” consigna “O Estado”, citando como fuente a miembros del PT partidarios del ingreso de Erundina al gabinete. Barelli es un hombre con fuertes lazos con la burocracia sindical y con el propio Lula: durante diez años dirigió la DIESSE (centro de estudios económicos financiado por la CUT) y fue elegido por Lula como “coordinador del gabinete paralelo” en épocas del gobierno de Collor. Barelli, “aunque no sea dueño de un carnet del PT está tan identificado con el partido como lo puede estar Maradona con Boca”, afirma sin dudar el corresponsal de “Página 12” en Río de Janeiro. Barelli nombró en su ministerio a hombres de la DIESSE, del “gobierno paralelo” y del sindicato metalúrgico de San Bernardo do Campo y “muchas de las nominaciones pasaron por una consulta a la dirección partidaria” (ídem). Raimundo Kappel, miembro de la dirección estadual del PT, en Espíritu Santo, por ejemplo, ha sido designado delegado regional del Ministerio de Trabajo... y no es el único. El ingreso de Erundina al gabinete es, apenas, un extremo de la política general del PT. Aunque haya violado una reciente resolución partidaria que rechaza el ingreso formal al gobierno, Erundina no será expulsada... por la sencilla razón de que una fracción mayoritaria del Directorio Nacional coincide con ella. Una encuesta publicada por “O Estado” (29/1) revela que sobre 76 miembros del Directorio Nacional apenas 22 se declaran a favor de la expulsión. La “rebelión” de Erundina es abiertamente sostenida por el ala derecha encabezada por el diputado José Genoino y por una fracción mayoritaria de la Articulación (la tendencia de Lula) encabezada por José Dirceu y Aloizio Mercadante. Todos estos exigen que el Directorio Nacional adopte apenas una sanción “formal” contra la ministra y reclaman que el PT abandone la duplicidad “opositora” e ingrese abierta y públicamente al gobierno. Según sus promotores y la prensa, Genoino y Mercadante contarían con la mayoría del DN. “La actual crisis política del PT coincide con la disgregación de su tendencia mayoritaria, la Articulación, liderada por Lula y que desde la fundación del partido formó su núcleo dirigente” (Folha de São Paulo, 31/1). “Existe consenso (en el PT) —dice el diario paulista— que el Congreso del partido, convocado para junio, traerá una recomposición de fuerzas que no garantiza la sobrevivencia de la Articulación”. En todo caso, el “affaire Erundina” acelerará la ruptura: el derechista Genoino advirtió que la expulsión de la ministra “traerá sangre”, mientras que Vladimir Palmeira, líder del ala “izquierdista” de la Articulación declaró que “el partido la expulsa o se acaba”. A partir de estas declaraciones antagónicas, es fácil prever que en los próximos días los dirigentes del ala izquierda del PT deberán apelar a la contorsión política y a comerse sus palabras. El ingreso de Erundina al gobierno ha puesto de manifiesto la completa desmoralización política que ha ganado a la dirección del PT, la que evidentemente no quiere de ningún modo llegar al gobierno como fuerza política independiente, a caballo de la profunda crisis del régimen burgués (con 35% de inflación mensual y 30% de desocupados). Esta dirección compuesta en gran parte de ex stalinistas no sólo han renunciado a llevar adelante cualquier transformación social en el Brasil; también están convencidos de que si el PT llega al gobierno en el ‘94, eso ocurrirá en el marco de una situación real o potencialmente revolucionaria que se debe evitar a toda costa colaborando con todas las fracciones de la burguesía sin excepción, incluida la más derechista. El ocaso de las ilusiones izquierdistas de todos estos ex stalinistas alimenta naturalmente el apetito fisiológico —último recurso individual en épocas de “incertidumbre”. La crisis del PT es terminal y sin salida. La entrada de Erundina al gobierno y la lucha de aparatos que se ha desatado confirman que su dirección ha liquidado al PT como un canal de expresión y de organización de los trabajadores. El PT es una tabla podrida; la construcción de una nueva herramienta —clasista revolucionaria— para el desarrollo de la vanguardia obrera está planteada a la orden del día.

El acuerdo alcanzado el 29 de di­ciembre pasado en el Congreso entre el gobierno y la “oposición”, para postergar el tratamiento de la “jubilación privada” hasta fines de febrero, demuestra la profunda uni­dad política de unos y otros contra los tra­bajadores y los jubilados. Ese acuerdo no solamente impidió que el proyecto del gobierno quedara archivado hasta 1994 sino que también evitó que el conjunto de la “reforma previsional” quedara postergado durante todo el corrien­te año, lo cual habría imposibilitado que se derogue el 82% móvil y que se aumente la edad para jubilarse. De haberse dado tales circunstancias, el gobierno menemista se hubiera visto obligado a incurrir en nuevas deudas con los jubilados, esto por su reitera­do incumplimiento con lo establecido por la legislación en vigencia (82%). Oficialismo y oposición se unieron, enton­ces, porque tenían un objetivo en común: posibilitar una disminución de las “car­gas” jubilatorias que debe pagar el Es­tado, para que sus ingresos pudiesen destinarse al pago de la deuda externa, al pago del “festival” de bonos públicos y a los subsidios a los grandes grupos industriales, especialmente exporta­dores. Es precisamente esta “oposición”, sin embargo, la que “alienta” y, más aún, diri­ge, la llamada campaña por la “consulta Popular”, que pretende reunir un millón de firmas contra la “privatización” de las ju­bilaciones. Pero está claro también que, por las posiciones que defiende, esta “oposi­ción” encubre con su oposición a la “privatización” obligatoria el objetivo de arrebatar a los trabajadores con­quistas históricas, como el 82% móvil — e incluso el derecho a jubilarse a los 55 y 60 años. Los agentes sindicales y pequeño-burgueses de esta “oposición”, nos referimos a la burocracia del CTA y al Frente del Sur, no han sido menos claros. El reciente congreso del CTA aprobó, en el artículo 12 de sus estatutos, la formación de un Fondo de Pensión Privada; lo mismo ocurre con el Instituto Movilizador de Fondos Co­operativos, cuya filiación política es bien conocida. Esta “oposición” quiere llegar a un acuerdo con el gobierno, de otro modo no se entiende que haya habilitado la postergación del tratamiento del pro­yecto oficial para fines de febrero. El gobierno ha devuelto algunas señales en dirección a un compromiso, con el trascendi­do de un nuevo proyecto que prevé ejecutar en dos pasos, en lugar de uno sólo, la “pri­vatización” de las jubilaciones (“Página 12”, 31/1). Se repite, de este modo, el operativo polí­tico que llevó a la derrota de la movilización educativa de mediados del año pasado, cuando la política de “consensuar” en el Congreso permitió la sanción de la reforma clerical (lo que no impidió a Mary Sánchez blanquear las paredes del sindicato para recibir con gran pompa al autor del “con­senso”, promovido luego a la categoría de ministro clerical de Educación). A partir de esta situación de conflicto debería resultar claro que los partidos de izquierda deberíamos formar un co­mando político independiente para impedir que se consuma una nueva derro­ta. El frente debería defender abiertamente el 82% móvil, el mínimo de 500 pesos y el mantenimiento de la edad para jubilarse. A diferencia de los falsos opositores debería­mos reclamar el no pago de la deuda externa y el control obrero de las empresas y de las Cajas. Por sobre todas las cosas, debe­ríamos considerar a la recolección de firmas como un acicate para la movili­zación directa, no como un fin en sí mismo, proto-leguleyo. Es en la lucha que se pueden y deben construir los polos de poder contra el capita­lismo. El pasaje de la pequeña burguesía democratizante en toda América Latina al campo de los gobiernos proimperialistas es un factor de primera magnitud para impulsar ahora un frente de izquierda, revoluciona­rio. Llamamos a todos los partidos de izquierda a abandonar la política de disolverse en los frentes patronales y democratizantes, a romper, en algunos de estos casos, con el Frente del Sur, y a estructurar un frente de izquierda que lleve a la victoria a la movili­zación jubilatoria.

Mientras Menem viene proclamando que la epidemia estaría bajo control, la cantidad de enfermos de cólera en enero del ‘93 ya supera a los casos informados en el ‘92 y las víctimas fatales llegan al 3%, lo que coloca a la Argentina en segundo lugar, después de Africa, pero en el primer lugar en América Latina. Son numerosas, sin embargo, las denuncias de que las cifras oficiales estarían siendo manipuladas hacia abajo; los enfermos de cólera de nacionalidad boliviana no son computados y ha habido casos atendidos en clínicas privadas que no fueron informados. Los médicos y enfermeros de las “zonas calientes” de Salta y Jujuy han informado que Salud Pública de la Nación les ha prohibido tomar contacto con el periodismo. Los focos de epidemia han aumentado extendiéndose al interior de Salta y de Jujuy y aún a las propias capitales mientras que el año pasado la epidemia aparecía confinada a la zona de frontera. Se han producido casos aislados en varias provincias que no habían estado afectadas en el ‘92. Descomposición capitalista En su reciente viaje al norte Menem, declaró que la epidemia no se debía asociar a la situación de pobreza de la población de esas provincias, sino a la vecindad con paises afectados por la epidemia. Conclusión, la culpa la tienen los bolivianos y los paraguayos. Consecuencia, el gobierno está instrumentando operativos rastrillo para “cazar” bolivianos indocumentados y deportarlos. Ya han sido denunciadas más de 500 expulsiones de contratados en fincas rurales, especialmente tabacaleras. La campaña de expulsiones coincide, casualmente, con la culminación de la cosecha, algo muy conveniente para los patrones. Pero son las condiciones de miseria generalizada las que permiten que el vibrión haya venido en el ‘92 para quedarse. En una carta que envió al Ministro Aráoz, la UNICEF señala que el cólera “deja expuesta una realidad que trasciende la causa de la enfermedad ... (y) la necesidad de mostrar a la sociedad global las condiciones de semiesclavitud en que se encuentran cientos de ciudadanos argentinos, adultos y niños” (Clarín, 27/1). La Organización Panamericana de la Salud, por otro lado, asegura que “el 90% de las enfermedades que se padecen en la Argentina serían evitables de existir mejores condiciones ambientales y sanitarias” (idem, 21/1). No es para menos si se tiene en cuenta que diversos estudios demuestran que en el país uno de cada tres habitantes no tiene acceso al agua potable y dos de cada tres carece de cloacas, cifras que se tornan más graves en provincias pobres como las del norte del país. Recientemente, las autoridades médicas de Jujuy señalaron que en la provincia los bebés recién nacidos no superan nunca los 2,5 kilos, como resultado del cuadro de desnutrición generalizada en que se encuentra la población. El cólera es el mejor retrato del porvenir que le espera a los trabajadores bajo el actual régimen capitalista en descomposición. Los gobiernos agravan la situación Mientras el “Chiche” Araoz se dedica a la pirotécnia verbal, señalando que los peones “viven peor que los perros”, arrea y expulsa como perros a los trabajadores bolivianos. A los argentinos no les va mejor, pues en muchos casos directamente no se les paga los salarios, como ocurre en el ingenio La Esperanza (Jujuy), o son despedidos sin misericordia, como ha ocurrido con los ferroviarios del Belgrano, en Guemes, o los 1.500 trabajadores del ingenio San Isidro en Salta que acaba de quebrar. Justamente donde están ocurriendo estas situaciones es donde la epidemia está cobrando fuerza. Ahora el gobierno de Ulloa (Salta) acaba de acordar un plan con el gobierno nacional, que entre otras medidas para subsanar el déficit financiero de la provincia, plantea la redución compulsiva de los salarios de todos los empleados públicos y la transferencia del sistema de salud provincial a los municipios, la mayoría de los cuales están quebrados financieramente. Peor aun, los trabajadores de la sanidad de Salta están parando dos días por semana porque no se les paga el sueldo, y el intendente de Guemes ha denunciado que Ulloa retiene los fondos de coparticipación municipal. Un programa para intervenir La lucha contra el cólera no puede quedar en manos de quienes le pavimentan el acceso. Es necesario formar comites de base en los barrios, hospitales y escuelas para ejercer un control para el pago inmediato de todos los salarios adeudados en la sanidad de Salta y en todas las empresas y fincas del norte; aumento del 100% en el presupuesto de salud; cese de las deportaciones, estabilidad laboral para los trabajadores argentinos y bolivianos; impuestos a las tabacaleras y los ingenios para financiar un plan elemental dirigido a proveer de agua potable, cloacas, luz y vivienda a sus trabajadores; saneamiento de las escuelas antes del comienzo de las clases; cese de la censura informativa.

Mientras Menem viene proclamando que la epidemia estaría bajo control, la cantidad de enfermos de cólera en enero del ‘93 ya supera a los casos informados en el ‘92 y las víctimas fatales llegan al 3%, lo que coloca a la Argentina en segundo lugar, después de África, pero en el primer lugar en América Latina. Son numerosas, sin embargo, las de­nuncias de que las cifras oficiales estarían siendo manipuladas hacia abajo; los enfer­mos de cólera de nacionalidad boliviana no son computados y ha habido casos atendi­dos en clínicas privadas que no fueron in­formados. Los médicos y enfermeros de las “zonas calientes" de Salta y Jujuy han in­formado que Salud Pública de la Nación les ha prohibido tomar contacto con el periodis­mo. Los focos de epidemia han aumentado extendiéndose al interior de Salta y de Jujuy y aún a las propias capitales mientras que el año pasado la epidemia aparecía confinada a la zona de frontera. Se han producido casos aislados en varias provincias que no habían estado afectadas en el '92. Descomposición capitalista En su reciente viaje al norte Menem, declaró que la epidemia no se debía asociar a la situación de pobreza de la población de esas provincias, sino a la vecindad con países afectados por la epidemia Conclusión la culpa la tienen los bolivianos y los paraguayos. Consecuencia, el gobierno está instrumentando operativos rastrillo para "cazar" bolivianos indocumentados y de­portarlos Va han sido denunciadas más de 500 expulsiones de contratados en fincas rurales, especialmente tabacaleras La campaña de expulsiones coincide, casual­mente, con la culminación de la cosecha, algo muy conveniente para los patrones Pero son las condiciones de miseria generalizada las que permiten que el vibrión haya venido en el '92 para quedarse. En una carta que envió al Ministro Aráoz, la UNICEF señala que el cólera “deja expuesta una realidad que trasciende la causa de la enfermedad... (y) la necesidad de mostrar a la sociedad global las condiciones de semiesclavitud en que se encuentran cientos de ciudadanos argentinos, adul­tos y niños” (Clarín, 27/1). La Organización Panamericana de la Salud, por otro lado, asegura que “el 90% de las enfermedades que se padecen en la Argentina serían evitables de existir mejores condiciones ambientales y sanitarias” (ídem, 21/1). No es para menos si se tiene en cuenta que diversos estudios demuestran que en el país uno de cada tres habitantes no tiene acceso al agua potable y dos de cada tres carece de cloacas, cifras que se tornan más graves en provincias pobres como las del norte del país. Recientemente, las autoridades médi­cas de Jujuy señalaron que en la provincia los bebés recién nacidos no superan nunca los 2.5 kilos, como resultado del cuadro de desnutrición generalizada en que se en­cuentra la población El cólera es el mejor retrato del porvenir que le espera a loe trabajadores bajo el actual régimen capitalista en descomposición. Los gobiernos agravan la situación Mientras el “Chiche" Araoz se dedica a la pirotecnia verbal, señalando que los peo­nes “viven peor que los perros”, arrea y expulsa como perros a los trabajadores bo­livianos. A los argentinos no les va mejor, pues en muchos casos directamente no se les paga los salarios, como ocurre en el ingenio La Esperanza (Jujuy), o son despe­didos sin misericordia, como ha ocurrido con los ferroviarios del Belgrano, en Guemes, o los 1.500 trabajadores del ingenio San Isidro en Salta que acaba de quebrar. Justamente donde están ocurriendo estas situaciones es donde la epidemia está cobrando fuerza. Ahora el gobierno de Ulloa (Salta) acaba de acordar un plan con el gobierno nacional, que entre otras medidas para subsanar el déficit financiero de la provincia, plantea la reducción compulsiva de los salarios de todos los empleados públicos y la transferencia del sistema de salud provincial a los municipios, la mayoría de los cuales están quebrados financieramente. Peor aún, los trabajadores de la sanidad de Salta están parando dos días por semana porque no se les paga el sueldo, y el intendente de Guemes ha denun­ciado que Ulloa retiene los fondos de coparticipación municipal. Un programa para intervenir La lucha contra el cólera no puede quedar en manos de quienes le pavimentan el acceso. Es necesario formar comités de base en los barrios, hospitales y escuelas para ejercer un control para el pago inmediato de todos los salarios adeudados en la sanidad de Salta y en todas las empresas y fincas del norte; aumento del 100% en el presupuesto de salud , cese de las deportaciones, estabilidad laboral para los trabajadores argentinos y bolivianos; impuestos a las tabacaleras y los ingenios para financiar un plan elemental dirigido a proveer de agua potable, cloacas, luz y vivienda a sus trabajadores; saneamien­to de las escuelas antes del comienzo de las clases, cese de la censura informativa.

Aviones yankis, franceses e ingleses han lanzado, con el visto bueno de la ONU, sucesivos ataques contra el territorio y pueblo de Irak, agrediendo así al conjunto de la nación árabe. Bush y Clinton, con el apoyo de la mayoría de los gobiernos patronales y burocráticos del mundo, desde el “socialista” Felipe González hasta los conservadores ingleses pasando por los burócratas restauradores chinos y rusos, y sirvientes incondicionales de los yankis, como Menem y su gobierno, intentan imponer con la fuerza de los misiles la supremacía del imperio, amedrentando a los pueblos que se animen a cuestionar a los patrones del mundo. Ante esta confrontación militar, las Organizaciones abajo firmantes no tenemos ninguna duda en dónde ubicarnos: estamos con Irak contra los agresores imperialistas. Sin ninguna coincidencia política con el gobierno de Sadam Hussein, que denunciamos por sojuzgar a su propio pueblo, masacrar kurdos y chiítas, y ser responsable de la derrota militar de la guerra anterior, llamamos a ponerse del lado del pueblo iraquí y movilizarse para detener la agresión y lograr la expulsión de las tropas agresoras del Golfo Pérsico. Los mismos que invadieron Panamá pisoteando los derechos y libertades del pueblo centroamericano, intervienen en Somalía con la excusa de “luchar contra el hambre”, amenazan con profundizar la intervención en la ex Yugoslavia, y atacan a Irak con la excusa de “proteger a kurdos y chiítas”. Esto es una gran hipocresía. En Somalía desembarcan pertrechos militares en vez de los prometidos alimentos. Las fuerzas militares de la ONU actuan en abierta complicidad, cuando las tropas serbias masacran a los musulmanes en Sarajevo. Esta vez la hipocresía llega al colmo. Cuando el ejército turco invade Irak desde el Norte, entrando en la “zona de exclusión” para masacrar a los kurdos que luchan por su independencia nacional, la ONU mira para otro lado. La misma ONU que avala en los hechos al gobierno sionista de Israel por la deportación al mejor estilo “nazi fascista” de 400 palestinos a las montañas. Los imperialistas sólo defienden sus intereses y posiciones estratégicas, de rapiña y lucro, y tratan de sofocar las luchas obreras y populares, o cualquier amago de independencia. No hay diferencia entre Bush y Clinton Sadam Hussein busca “congraciarse” con el nuevo gobierno yanqui, creyendo ver la posibilidad de sacar provecho. Clinton y la ONU dejarán de agredir a Irak si su gobierno se subordina disciplinadamente a las resoluciones de la ONU y el imperialismo, o éstos son derrotados por la movilización revolucionaria del pueblo iraquí y el resto de los pueblos. Camino que no es el que eligió Sadam. Clinton, aplicará el garrote cuando sea necesario, y negociará cuando le convenga, pero lo que no dejará de hacer es DEFENDER los mismos intereses que anteriormente defendió Bush. Para esto necesita imponer planes de hambre y miseria cada vez más duros, empezando en su propio país, para continuar en las semicolonias como la nuestra, y así poder asegurar el ingreso de las divisas para seguir engordando a los burgueses imperialistas. Menem, ¡sirviente del imperio! En nuestro país, es el gobierno de Menem-Cavallo-Todman, el encargado de llevar adelante esta política. Por eso Menem no duda un segundo en dónde alinearse: se puso del lado de su amo yanki, dispuesto como ayer a enviar armas y soldados a donde le ordenen. No tiene ningún reparo en compartir las “tareas” con los gurkas que mataron a nuestros soldados en Malvinas, como actualmente lo hacen en Croacia, y en las 11 misiones militares en las que participan los mercenarios a su mando. Hacemos un llamado a las Organizaciones Sociales, Políticas y Sindicales, a las personalidades, a los trabajadores y al pueblo a ponerse en este lado de la pelea, condenando la agresión armada y movilizándose en su contra. Es una necesidad y tarea de la hora enfrentar y derrotar al imperialismo y sus lacayos nacionales, liquidando el sometimiento que imponen a todos los trabajadores y pueblos del mundo, para aplicar sus planes de hambre y explotación. ¡Alto a la agresión al pueblo de Irak! ¡Fuera las tropas imperialistas y de la ONU del Golfo Pérsico, Panamá, Somalía y la ex Yugoslavia! ¡Repudiemos al gobierno de Menem, sirviente del imperialismo! ¡Que regresen las tropas argentinas de Croacia y las 11 “misiones” militares encomendadas por la ONU! Movimiento al Socialismo Movimiento Socialista de los Trabajadores Partido Obrero Liga Socialista Revolucionaria Partido de los Trabajadores por el Socialismo

“Me siento usada, frustrada y basureada por el Frente Cívico y Social. Nosotros los llevamos al gobierno y nos traicionaron” (Clarín, 9/1). Esta declaración de la dirigente juvenil catamarqueña Marilyn Varela resumió el estado de ánimo de la movilización popular que se realizó el 8 de enero en la capital provincial, cuando más de 2 000 personas se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la decisión de la Cámara de Apelaciones provincial de liberar a Guillermo Luque. El Frente Cívico y Social es la coali­ción patronal formada por la UCR. los sectores del PJ no saadista, el centroizquierda y los sectores "progresistas" del clero, apoyada por el Partido Comunista, que había prome­tido esclarecer el crimen de María Soledad y terminar con la corrupción y la miseria social del régimen de Saadi Pero una vez que logró conquistar la confianza popular y frenar la movilización democrática que se desenvolvía en la provincia, el Frente dejó "intactas las estructuras de poder en la provincia” como acertadamente declaró el padre de María Soledad a una radio porteña La liberación de Luque ha reabierto la movilización, pero para evitar que sea llevada a una nueva frustración es necesario sacar las conclusiones de la experiencia política anterior y de sus consecuencias, anticipadas y reiteradamente previstas y pronosticadas por el Partido Obrero La lucha consecuente por el juicio y castigo del clan saadista y sus encubrudores "democráticos” y clericales requiere que la vanguardia de los trabajadores y la juventud se agrupe en tomo a un programa político revolucionario Sólo así, contando con esa herramienta política, se podrá llevar a la victoria los racismo” de las masas opri­midas.

El triple choque de micros ocurrido en Santo Tomé que costó más de 60 vidas, constituye el más grave accidente carretero de la historia de nuestro país. Los motivos de fondo para este tipo de accidentes hay que buscarlos en la política del gobierno. La característica de la gran mayoría de los afectados era su condición humilde. Ante la virtual desaparición del tren, que además de ser un transporte seguro era mucho más barato, miles de trabajadores han comenzado a viajar en lo que se llama micros “truchos" o "compañía» do segun­da Latos cobran un 30 por ciento menos que las empresas de línea, las que además están saturadas en la temporada pues reciben a los pasajeros que tradicionalmente viajaban en pullman en el ferrocarril y que le disparan al viaje en avión ante el derrumbe de Aerolíneas y la inseguridad de sus viajes La política de las “privatizaciones" es así uno de los componentes principales de estos accidentes, pues arroja “inevitablemente" a miles de trabajadores a este transporte de segunda línea. La misma política de las “privatizaciones” es la causante del estado de la ruta 14 donde se produjo el accidente “Además los fun­cionarios comentan Uy qué tragedia, pero no dicen nada del estado de la ruta 14. Está en muy malas condiciones, quedó así después de las inundaciones" (una pasajera, Crónica 12/1/93). Como en todo lugar donde la ruta no se ha “privatizado” el abandono de la responsabilidad del Estado sobre la mantención de la misma es total, así "fuerza” la entrega a los “piratas del as­falto” del peaje. Esto se aprecia hasta en la propia ruta 9, una de las principales del país, la ruta empieza a ser ruta allí donde empiezan las concesiones de peaje. Micros “truchos” y “tours de compras” El abaratamiento del pasaje de los “truchos” se hace a costa de los trabajadores que viajan y de los que manejan. A los cho­feres se los explota especialmente con jor­nadas de hasta 14 horas sobre el volante, con calores que en el norte son insoportables (en la mayoría de los casos sin tener aire acondicionado). En los micros “truchos", para abaratar costos se ha impuesto la política que el gobierno, bajo el nombre de flexibi­lidad" laboral, quiere imponer a todos los trabajadores de la UTA, la de sacar el acompañante que alivia la superexplotación de los trabajadores del volante. En defensa de los trabajadores debemos decir que ni siquiera son responsables de la velocidad de los vehículos, pues esta decisión es de la empresa. La condición humilde de los muertos desnuda la verdad de los llamados "tours" de compras Estos sólo encubren al contra­bando hormiga de los desocupados La falta de trabajo y la descalificación brutal de la mano de obra arroja al pueblo a estos "tours ", y esto también es responsabilidad del gobier­no. Aunque durante algunos días, radicales, peronistas, y la misma Iglesia levanten pol­vareda sobre la tragedia, la responsabilidad de estos accidentes es de los que ejecutan políticas que destruyen aviones, ferrocarriles y rutas para que un puñado de explotadores se queden con todo a costa del sudor y la sangre del pueblo. Hay un responsable directo de esta tragedia, el gobierno, que sin embargo no está en el banquillo de los acusados.

La Nación (16/1) no demoró nada en hacerse eco del alegato de Telefónica y Telecom de que desde que se implantó el "Plan de Convertibilidad” el pulso telefóni­co quedó atrás del costo de vida. Para los pulpos el pulso sólo habría aumentado un 4,3%, contra una inflación acumulada del 43%. Días antes, varios matutinos habían pu­blicado los datos de una investigación reali­zada por la Fundación Argentina Siglo 21 que demostraban que mientras que el costo de vida habría subido desde el ascenso de Menem 72 veces, las tarifas telefónicas lo hicieron 968 veces (en 1989 el pulso para casa de familia costaba $ 0,00004791 y en diciembre del '92 vale $ 0,04637775). ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene razón? Según la revista Panorama (enero '93) Telefónica obtuvo altos dividendos. “¿Pue­de derivarse de esta brillante perfomance, se pregunta sin embargo, que Telefónica mejoró la eficiencia económica de la acti­vidad en relación a ENTel? Una compara­ción entre los respectivos costos operativos parece sugerir lo contrario” (Panorama) Es que mientras en 1985-87 ENTel gastaba $ 37 por línea y por mes, en 1992 Telefónica gasta $ 52. Si aumentó su recaudación, ello se debe a que 1985-87 se obtenía $ 46 por línea por mes y ahora obtiene $ 67. “Estos mayores costos se ven respal­dados por una tarifa significativamente más alta que la de la ex Entel” (ídem Panorama). Lo de los mayores costos es verso Los trabajadores telefónicos han denunciado la sobrefacturación dibujada que realiza la empresa con pretendidos contratistas y pro­veedores para descargar gastos y pagar menos impuestos sobre sus elevadas ga­nancias. Estas cifras evidencian el fabuloso pro­ceso de confiscación económica del conjunto de la Nación que entrañan las privatizaciones Para El Financial Times (Clarín 14/1) “el Gobierno ha establecido tarifas lo bastante altas (en las ‘privatizaciones’) como para financiar las inversiones”.

El Concejo Deliberante y el ejecutivo municipal despidieron 1992 con un nuevo ataque a la población de Morón. El 15 de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó la creación de cuentas especiales desti­nadas “al mejoramiento del sistema sanitario” y “para cubrir los gastos por recambio de luminarias”. Entre ambas "cuentas "el aumento en las tasas de alumbrado, barrido y limpieza será del 35%. El incremento podría ser mayor si se “agrega el 26% de suba en las valuaciones dispuestas por la provincia en el impuesto inmobiliario para 1991, quedando aún pen­diente la valuación fiscal en 1992, que de aplicarse haría que el aumento de las tasas trepe casi al 100%” (El Diario en Morón, N2 41). Lo de las “cuentas especiales” es puro verso. Por ejemplo: los contribuyentes de la comuna aportan un plus del 10% sobre el impuesto mu­nicipal que va a la “cuenta” del Fo. Sa.Hi. (Fondo de Saneamiento Hídrico). Pero este fondo fue desviado en tres oportunidades para el pago a proveedores, Edenor, etc., con el consiguiente deterioro de la situación hídrica de la región. Con estos antecedentes ya podemos adelantar el des tino que van a tener las “cuentas pertenecien­tes a salud y luminarias”. Seguramente la "salud” de los proveedores estará bien cuidada “Las cuentas no cierran”, afirman los funcionarios municipales, reconociendo que la deuda de la comuna supera los 26 millones de dólares (En diciembre de 1991 la municipalidad tenía un déficit de 10 millones de dólares). Esto a pesar de los más de 1 100 despidos producidos. Al mejor estilo Grosso, las prebendas a la patria contratista, a través de licitaciones y con­tratos, y la evasión impositiva de los grandes capitalistas de la zona son las causas del déficit municipal. Todos los servicios privatizados (pro­visión de camiones para la limpieza pública, reparto domiciliario de impuestos) le cuestan a la comuna mucho más ahora que cuando los realizaba ella misma. El caso de la recolección de residuos llegó a desatar un escándalo cuando una de las em­presas licitantes impugnó el proceso calificando al contrato de “gravoso” ya que las sumas pro­puestas por el pliego “exceden en mucho lo que generalmente se paga” Si de evasión de im­puestos se trata, un caso testigo es La Cantábrica, donde las deudas fiscales son millonarias. El gobierno de Rousselot es el representante político de la patria contratista y los grandes capitalistas (quienes respaldaron su reelección) y en este sentido su política es clara: seguir ajus­tando la tuerca a los contribuyentes y liquidar servicios públicos esenciales (salud, educación, agua, cloacas) para aumentar la recaudación y tapar los “agujeros” es decir las prebendas y negociados Morón tiene el "privilegio” de ser uno de los distritos que paga máscaras los impuestos. El PO plantea anular el impuestazo de Rousselot, lejos de aumentarse, las tasas podrían bajar si se atacan las causas del déficit: anular los contratos y licitaciones, desconociendo las deudas con los pulpos que vienen chupando la sangre de) pueblo de Morón. Exigir la apertura de los libros de la municipalidad y el cobro compulsivo a los grandes evasores impositivos del distrito. Es necesario un inmediato plan de cloacas y agua para todo Morón, financiado totalmente por el municipio bajo el control y fiscalización de los vecinos y sus orga­nizaciones. Es con este planteamiento que el PO ha lanzado una campaña de esclarecimiento en las barriadas.

La patronal y el gobierno le estan haciendo el cuento de la “buena pipa” a los trabajadores aeronáuticos —con la complicidad de las direcciones sindicales burocráticas. A principios de diciembre fueron “licenciados” 775 trabajadores y desde entonces las direcciones sindicales vienen afirmando que no pueden salir a la lucha porque hay que seguir un camino de “legalidad”. Primero fue la “conciliación obligatoria” extendida una y otra vez. Finalizadas todas sus extensiones, el Ministerio estableció la etapa del “procedimiento de crisis de empresas”. Ahora, que éste termina, resolvió el “procedimiento de reestructuración productiva”. El propósito obvio es desgastar a los trabajadores. Ya la mitad de los “licenciados” se ha visto obligada a “optar” por el retiro “voluntario”. Frente a los diversos pronunciamientos a favor de la huelga, el Ministerio declaró a Aerolíneas “servicio público”, vetando el derecho de huelga. En el transporte internacional, por ejemplo, hay que garantizar el 100% de los vuelos, y en los de cabotaje entre el 70 y el 100%. El conflicto no está cerrado. Quedan aún 400 trabajadores “licenciados” y la empresa prepara nuevas medidas de super-explotación (revisión del convenio y nuevas cesantías), a través de la “reestructuración productiva”. El cuerpo de delegados de APA (el gremio más numeroso) resolvió impulsar asambleas en cada base. Pero la dirección sindical, temerosa del pronunciamiento de los trabajadores, las boicoteó y las transformó en una jornada de agitación... sobre el público usuario. Debemos sacar el balance. Se estan realizando reuniones de delegados opositores. Es necesaria una alternativa de direción frente a la burocracia impotente. Sin un giro, que lleve a una lucha abierta y franca, la patronal provocadora seguirá cebándose con sus provocaciones. Asamblea general y plan de lucha de paros escalonados hasta llegar a la huelga. La CGT y la CTA deben lanzar un paro solidario para defender el derecho de huelga y quebrar la provocación de Iberia.

El conflicto de la línea 79 ha concluido con el despido de 23 compañeros, luego de la intención patronal de cesantear a 130. Los despedidos no han bajado los brazos pues han organizado una olla popular frente a la empresa, lo que revela las grandes reservas de lucha del activismo de la línea. La sustitución de los despidos masivos por los “selectivos” obedeció a un operativo orquestado por el Ministerio de Trabajo, la empresa y el sindicato, escaldados por la contundencia, masividad y firmeza de la última huelga. Esta nueva ofensiva apuntó a dividir al cuerpo de delegados algo que estaba latente pero que terminó por desenvolverse plenamente en la segunda etapa del conflicto. Los despidos “selectivos” coinciden con un acuerdo que había sellado la burocracia de UTA con el Ministerio de Trabajo. La burocracia de la UTA trabajó concientemente por la derrota y comando todos los pasos de este desenlace. Firmó el acta en el Ministerio de Trabajo convalidando los despidos, para forzar a la interna a hacer lo mismo. Logró diferir la asamblea de la línea para cuatro días después de conocida la noticia de los despedidos, de modo de ir “enfriando” el ambiente. La asamblea fue regimentada, dentro de las instalaciones de la empresa, con una presencia raleada de compañeros y fuerte presencia del aparato del sindicato. La resistencia a la política capituladora por parte del cuerpo de delegados no fue consecuente y culminó en una serie de compromisos: la aceptación del acta sellada en el Ministerio de Trabajo que consagraba los despidos; aceptación de la postergación del llamado a asamblea; en la propia asamblea después de pelear por un rumbo de lucha no presentó una moción alternativa a la de la burocracia. A partir del desenlace de la asamblea se ha abierto una situación difícil. Los despedidos organizados en la olla están haciendo una gran labor. Desafiando la campaña intimidatoria montada por la empresa para aislarlos, están tratando de ganar a los compañeros para retomar la lucha y definir ese curso en una nueva asamblea que está prevista para el jueves y con su firme actitud están forzando a que el Cuerpo de delegados se comprometa con la lucha en curso. Llamamos a los trabajadores de UTA y de San Vicente a solidarizarse activamente con la lucha de los compañeros despedidos.

PO: ¿Cómo llegaron a esta medida de hacer una olla? HE: Los despedidos llegamos a esta medida por nuestra propia presión. Yo plantee que la empresa hace su negocio, y que había que hacer la olla y organicé y comprometí a los despedidos. Así salió la olla, los choferes colaboran. PO: En la asamblea hubo dos planteos, uno el de la negociación, el diálogo, otro, el de hacer medidad de fuerza, ¿cómo fue? HE: La medida de lucha fue propuesta por los compañeros y fue bien recibida, aplaudida. Pero el sindicato (la UTA) propuso el diálogo, apoyado por un delegado; esta moción se aprobó aunque con la disconformidad de un sector de compañeros. Con el diálogo nos fue mal, desde el lunes pasado que estamos con el diálogo y seguimos afuera, con el diálogo tenemos cuatro compañeros afuera de la empresa y de nuestra situación. Con el diálogo no le damos de comer a nuestra familia, Por eso la carpa y la olla sirven para reagrupar a los compañeros. Y revertir el porcentaje de los que quieren el diálogo que pasen a apoyar la medida de fuerza. PO: Planteada esta situacion, ¿que hay que hacer? HE: Pienso que para no meter la pata hay que aguantar hasta la asamblea después de la reunión con la empresa (el jueves 4) y ahí hay que resolver una medida, porque no se le puede dar más tiempo a la patronal, porque están jugando con nuestro hambre. PO:¿Querés agregar algo más? HE: Llamar a los compañeros a que se den cuenta, que una cosa son los empresarios y otra los obreros. Y que los empresarios juegan con el hambre del obrero y su familia.

PO: ¿Cómo llegaron a esta medida? FG: Porque con el “diálogo” no conseguimos nada. Mientras ellos se toman una semana para dialogar nosotros, con nuestras familias, comemos en la olla. PO: En la asamblea hubo dos planteos. Uno, el de la negociación, el del “diálogo”. Otro el de tomar medidas de fuerza. ¿Qué pasó? FG: Yo, al igual que otros compañeros que tenemos más años en la empresa, pensamos que la única manera de conseguir algo es con una medida de fuerza. En esta semana, la gente se está dando cuenta que con el diálogo no se llega a nada, sobre todo los choferes nuevos que no conocen como son los empresarios. PO: Planteada esta situación, ¿que hay que hacer? FG: Seguir en la lucha. Los que tienen que jugar ahora son los delegados. Confiamos especialmente en los 153 compañeros que fueron despedidos. Ellos la tienen clara. Los delegados tienen que estar a la par nuestra. O más adelante. Porque pienso que en ninguna otra línea los delegados tienen tanto apoyo de los compañeros como en esta. Las apretadas de los jefes demuestran la debilidad de la empresa. En vez de asustarnos nos fortalecen. PO: ¿Querés agregar algo más? FG: Si. Esperemos que esta lucha sirva para que todos volvamos a trabajar. Y para que estos empresarios, la próxima vez que quieran hacer algo similar, lo piensen bien porque tienen choferes que no se dejan manosear.

El transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Neuquén está monopolizado por cuatro empresas que en 1988 obtuvieron del municipio la exclusividad de los recorridos por el término de 10 años. Desde hace varios meses que estas empresas vienen presionando para que la Municipalidad les reconozca un aumento del boleto reduciendo las frecuencias en horas pico. Cuando este chantaje no tuvo éxito cambiaron de método y no pagaron el aguinaldo ni el sueldo de diciembre. Los choferes declararon la huega hasta el cobro de los salarios adeudados, la que contó con las simpatías de la población. Esto obligó al Municipio a implementar un sistema gratuito de transporte y a contratar micros para reemplazar el servicio que hacían las empresas. La firmeza y la masividad de la huelga y el apoyo de la población fueron factores decisivos para que las empresas empezaran a pagar los salarios adeudados. Fue una derrota para la patronal, ahora su reclamo de aumentar el boleto entró en el terreno de las comisiones mixtas (empresas-municipio) lo cual deja pocas dudas que tras un “nuevo acuerdo” las patronales saldrán con la suya. Con el aumento de las tasas (30%), de la tarifa del gas (100%) y del boleto, el verano se caldea para el vecindario de Neuquén.

Erundina acaba de confesar a un diario paulista que ella abandonó su “pasado sectario” y que ahora ha comprendido que “la realidad” sólo puede ser cambiada “desde adentro”. Al igual que todos los oportunistas y carreristas antes que ella, Erundina se acuerda de hacer estas “confesiones” cuando tiene el “queso” al alcance de la mano y ha quemado todas sus naves. Pero cuando tuvo que luchar para conseguir la candidatura por el PT a la Intendencia de San Pablo, en 1988, Erundina posaba de vice-líder del ala izquierda del partido. La “confesión” es importante por varios motivos. En primer lugar porque constituye un testimonio tardío de que, como representante del PT, se desempeñó al frente del municipio de la ciudad de San Pablo formando parte, “desde adentro”, del régimen de Collor, al cual creía poder cambiar (la prensa informa que los contactos con Itamar que terminaron llevándola al gabinete comenzaron cuando el vicepresidente de Collor actuaba como “contacto” entre el gobierno nacional y la intendencia paulista). A partir de esta “confesión”, está claro que la transición del gobierno de Collor al gobierno de Itamar Franco le ha resultado a ella y a la dirección del PT, menos dolorida (y hasta más “collorida”) de lo que se podría imaginar. La revelación es también importante porque entraña una caracterización del gobierno de Itamar Franco, que para Erundina y para la dirección del PT no sería proimperialista como el de Collor, o que sería, por lo menos, incorruptible —aunque un reciente “crédito” a la “emprenteira” (contratista) Andrada Gutiérrez, para realizar una gigantesca obra pública en Irán, demuestra que los que “cotizaron” para Collor ya están poniendo en el cofre de los funcionarios de Itamar.

Se formó en Brasil, hace más de un año, un Frente Revolucionario compuesto por todas las tendencias que fueron expulsadas del PT o que tuvieron que abandonarlo, con excepción de Causa Operaria (la primera en plantear la necesidad del Frente) y el grupo de obediencia lorista, vetados por Convergencia Socialista. El problema es que este Frente no ha hecho absolutamente nada desde su “fundación”, ni tampoco lo tiene previsto, lo cual es naturalmente peor. La razón principal (aunque de ningún modo la única) de esta criminal parálisis es que Convergencia Socialista ha decidido convertirlo en un club de discusión que no discute nada, como un método para seleccionar quienes podrán incorporarse luego a un partido revolucionario común, que no sería otro que la propia CS. Pero mientras imagina las combinaciones que puedan cunducirla a tan buen puerto, la propia CS se divide en forma bastante regular y pierde militantes, a pesar de las condiciones favorables que la crisis del PT ha creado para la izquierda revolucionaria. Los demás sectores que integran el Frente han sido incapaces de responder políticamente a esta parálisis, y todo hace suponer que se estarían preparando para romper el Frente en función de construir un Frente-partido de características centristas. Es necesario destacar que, durante todo este tiempo, la CS ha cometido gigantescas pifiadas estratégicas (aunque parezcan tácticas en su forma). Con el pretexto de que el PT es la referencia fundamental de las masas brasileñas, la CS se puso a la rastra de la burocracia que comanda Lula, sin percibir la descomunal crisis que atraviesa al PT y que lo condena a nuevas escisiones. En las recientes elecciones municipales, la CS llamó a votar al PT, incluso a sus candidatos de derecha (que hoy apoyan el ingreso de Erundina al gobierno), e incluso a los candidatos patronales en las ciudades donde el PT había establecido alianzas con los partidos burgueses. El resto del Frente Revolucionario no apoyó esta política, aunque tampoco fue capaz de criticarla y superarla, y llamó a anular el voto, en un Frente con Causa Operaria. También en el terreno sindical, la CS procura el frente con las agrupaciones de la burocracia de la CUT en las elecciones donde existe una oposición clasista. Aunque pueda sorprender, la CS se ha manifestado ahora en favor del régimen parlamentario, dentro de la controversia entre presidencialismo y parlamentarismo que opone a las distintas fracciones políticas con vista al plebiscito que se celebrará en el mes de abril. La CS ha hecho la salvedad, sin embargo, de que exige que las características que hacen a un régimen parlamentario sean votadas antes del plebiscito, como por ejemplo, la completa libertad de partidos, la representación proporcional pura o la igualdad en la representación de los diferentes estados de la Federación. Con esta restricción, la CS cree precaverse de la posibilidad de que una vez aprobado el parlamentarismo mediante el voto popular, el Congreso establezca, mediante diversas leyes, una variante altamente restrictiva. Si no se cumplen estas condiciones, y sólo en este caso, la CS podría llamar al “voto nulo”. De todos modos, está claro que un régimen parlamentario, por más “puro” que sea, no pasaría de una ficción política, ya que lo que domina al Estado moderno es la burocracia civil y el aparato militar-policial. Sin la destrucción de esta maquinaria, la existencia de un régimen democrático es simplemente imposible. La CS no pretenderá que el Congreso de mayoría “collorida” le vote los consejos de soldados en las fuerzas armadas; o el establecimiento de comisarios elegidos por el pueblo en sus guarniciones; ni la elegibilidad y revocabilidad del poder judicial por medio del sufragio universal; o el control de la administración pública por los trabajadores o por representantes revocables del propio parlamento. La destrucción de la burocracia significa también el achicamiento del aparato del Estado, cuyo desarrollo ha sido esencialmente parasitario, para devolver a la sociedad las funciones que aquel cumple, por ejemplo, en la educación o las empresas nacionalizadas. La gestión obrera de éstas y la gestión docente-estudiantil en la primera, son reivindicaciones que desarrollan la destrucción de la maquinaria burocrática. En una palabra, el parlamentarismo no es otra cosa que la dictadura del capital, y el Congreso “collorido”, cuya disolución la CS no reclama, votará después del plebiscito todas las restricciones necesarias para su fortalecimiento y para cumplir las exigencias del FMI. Está claro que estos planteamientos políticos de la CS no servirán jamás para desarrollar un Frente Revolucionario. Los compañeros de la dirección de la CS deberían avenirse a discutirlos y a someterse al voto mayoritario en el Frente Revolucionario (que así dejará de ser un club), del que no debería excluirse a ninguna tendencia revolucionaria, incluida la inofensiva secta lorista.

El empeño de Itamar Franco para llevar al PT al gobierno se explica por la enormidad de la crisis económica y política de Brasil, que exige que el único partido popular que existe en ese país asuma la tarea de contribuir al salvataje del Estado capitalista, ante su negativa de salvar al país del capitalismo. Por toda su orientación histórica democratizante y por sus posiciones de clase en el aparato del Estado y de los sindicatos, el PT y la burocracia de la Central Unica de Trabajadores se sienten irrevocablemente atraídos para ejercer esa sucia tarea. La velocidad que ha tomado el desplazamiento del fiel de la balanza política hacia el PT, revela la existencia de una situación prerrevolucionaria. La economía de Brasil se encuentra en la actualidad en el punto en que la había encontrado Collor, y mucho peor aún. La inflación es del 35% mensual, hay un 30% estimado de desocupados y la pobreza crece de un modo infernal. Cada vez que abre la boca, Itamar Franco no deja de referirse a su temor por una “explosión social”. En su pasaje por Argentina, hace poco tiempo, el carnicero Kissinger expresó una “preocupación” similar. Si Collor se encontró con una deuda pública interna de 80 mil millones de dólares a corto plazo, la que dejó Collor, luego de haberla congelado durante dos años, es aún superior, al menos si se le suman a los títulos públicos en circulación (50 mil millones de dólares) los diferentes depósitos a plazos en los bancos (100 mil millones de dólares), cuya garantía última es el propio Estado. La tasa de interés de renovación de esta gigantesca deuda es del 50% mensual —un porcentaje, que aplicado al crédito comercial corriente, deberá llevar los pasivos de las empresas y de los consumidores al punto de la quiebra. Como consecuencia de esta situación, el régimen brasileño se encuentra condenado, en tanto que régimen capitalista, a valerse de todos los recursos de liquidación, confiscación y desvalorización económicos que utilizó el menemismo desde 1989: hiperinflaciones; expropiación de patrimonios, como el “plan Bonex” y los “bocones”; “congelamientos” salariales; devaluaciones sucesivas de la moneda. El problema es que, a diferencia de Argentina, en Brasil estaría en juego un enorme parque industrial y una masa laboral diez veces superior. De todos modos, la aplicación de cualquier combinación de este tipo de medidas, sería imposible sin la colaboración de las burocracias del PT y de la CUT. El caos que amenaza a Brasil, y que ya se ha desarrollado en gran medida, como expresión de la crisis capitalista, podría ser indoloramente superado por un gobierno de trabajadores. Este debería, naturalmente, proceder a una cancelación de deudas recíprocas dentro de la industria y del comercio y a declarar caducas las deudas financieras del Estado, lo que deberá llevar a la ruina a buena parte de los especuladores. A partir de esta limpieza de capital ficticio, el Estado reordenaría el presupuesto nacional y la política monetaria, lo que exigiría la nacionalización de la banca. Estos instrumentos serían harto suficientes para impedir la quiebra de la industria. Por todo un período, las potencialidades de acumulación de la economía brasileña y su hambriento mercado interno serían suficientes para impulsar el desarrollo económico y social. Solamente la ejecución de una reforma agraria, liberaría un potencial productivo gigantesco para ese desenvolvimiento.