Prensa Obrera N° 381

A comienzos del gobierno de Menem el PO denunció la existencia de una orden del ministerio del Interior para realizar espionaje político sobre la izquierda (PO, MAS). Las denuncias del “arrepentido” en el caso Lestelle confirmaron esta denuncia. Resulta particularmente grave que el fallo de la Cámara en el caso del PL no declare ilegal este tipo de espionaje. El fallo rechaza los informes policiales de “inteligencia” por considerarlos “subjetivos” y “no guardar relación con los hechos investigados”. ¿Si el espionaje estuviese “bien hecho”, entonces no habría nada que objetarle? Este aspecto del fallo, que por omisión legalizaría algo que la Constitución prohíbe, hace necesario redoblar la campaña por el desmantelamiento de todos los aparatos de espionaje político.

El completo empantanamiento del Colegio electoral correntino —y el agravamiento de la crisis política en la provincia— es un síntoma agudo de descomposición del régimen político y sus partidos. El fracaso del acuerdo entre la UCR y el Pacto Autonomista Liberal —presentado como una “victoria” del menemismo— apenas puede ocultar que, a un año y medio de iniciada esta crisis, el gobierno continúa parado en el mismo lugar. Esto, luego de ensayar un contubernio con el radicalismo, dos intervenciones federales y una nueva elección donde, después de apelar a todos los recursos del Estado para “arrasar en votos”, terminó perdiendo y sometido al arbitraje del Colegio Electoral. Pero no le ha ido mejor a la UCR, que había cerrado un “arreglo” con el Pacto Autonomista que consagraría al radical Breard como gobernador. Por medio de este contubernio, la “democrática” UCR accedía a gobernar Corrientes a pesar de haber captado el 15% en las elecciones de diciembre pasado. A cambio de ello, el radicalismo reintegraría al aparato estatal a elementos desplazados del PAL y aseguraría una justicia “independiente” en atención a los “procesos que involucran a la familia Romero Feris” (es decir, un blanqueo para el clan oligárquico que gobierna Corrientes). El “arreglo” fracasó luego de la deserción de uno de los electores radicales quien, según la cúpula partidaria, habría sido “comprado por el menemismo”. Ante este panorama, el alfonsinista Moreau “culpó a sus pares correntinos y dijo que el que se sienta en la mesa de los ‘pequeros’… debe aguantarse ser trampeado por un gobierno inescrupuloso” (El Cronista, 19/1). ¡Pero la “timba” correntina se jugó en Buenos Aires, donde una cumbre de Angeloz, De la Rúa y Alfonsín (o sea Moreau) avalaron el pacto con el PAL! Ahora, el fracaso de este contubernio amenaza con desatar una crisis de alcance nacional en el radicalismo. Las tres fuerzas que pugnan en la crisis correntina ya ensayaron todas las variantes posibles de gobernabilidad: Romero Feris fue uno de los “puntales” provinciales del menemismo; la UCR votó, en diciembre pasado, al candidato justicialista, en la perspectiva de un cogobierno en Corrientes; ahora, la UCR intentó sellar un acuerdo con el PAL, y en las últimas horas éste discutía con el PJ la posibilidad de consagrar a un “cuarto hombre” como gobernador. El denominador común de estos acuerdos es la implementación de un “ajuste” contra los trabajadores correntinos. Pero para Menem-Cavallo, está planteado también el remate de una fracción endeudada y quebrada de la patronal agraria. Por ello, se ha desatado una lucha sin cuartel entre las diferentes camarillas capitalistas y sus partidos en torno al control del Estado, la banca y el presupuesto provincial. La “crisis de gobernabilidad” de Corrientes traduce la completa bancarrota económica que envuelve a regiones enteras del interior del país, y refuta, por lo tanto, a la “estabilidad” de Menem-Cavallo. La intervención federal, cuya prolongación se plantea, carecerá aún más de autoridad que las dos intervenciones anteriores, lo que plantea el agravamiento de una crisis que se proyecta nacionalmente sobre el régimen y sus partidos. El movimiento obrero no tiene una posición independiente y ha sido llevado a remolque de sus enemigos políticos de clase. Se debe aprovechar esta crisis para potenciar una resistencia a los planes racionalizadores e impulsar un reagrupamiento político independiente de las masas, al margen de las fracciones políticas burguesas que han demostrado hasta el hartazgo su condición explotadora y corrupta.

Al cierre de esta edición, los bloques de H diputados de la UCR, del centroizquierda y de un sector del PJ (González Gaviola) acordaron presentar un único proyecto “opositor” de reforma provisional. Sus autores lo califican de “alternativo” al oficialis­mo porque mantiene el actual sistema estatal. Pero al margen de esto, que como se verá es cosmético, los lineamientos esenciales del proyecto son un ataque en regla a los trabajadores y a los jubilados: 1) Eleva en 5 años la edad para jubilarse (de 60 a 65 años los hombres, de 55 a 60 años las mujeres —artículo 18) al tiempo que disminuye en 2 años la edad inicial del aporte previsional (desde los 16 años, en lugar de los 18). De este modo, un trabajador debería aportar siete años más, nada menos que durante 49 años —de los 16 a los 65 años— para tener tan sólo un beneficio de 6 años promedio, puesto que la expectativa de vida en Argentina, según los datos oficiales, es de 71 años. Aportar durante 49 años para un benefi­cio promedio de 6 años es una confiscación del aporte obrero y de la jubilación. El proyecto “opositor” no se basa en ningún cálculo matemático o actuarial, porque es sabido que un aporte del 26% del salario (10% el trabajador, 16% la patronal) durante 49 años, debidamente capita­lizado, debería dar lugar a una jubilación, para un período de 6 años, por los menos 5 veces superior al sueldo. No es esto lo que plantea el proyecto porque al mismo tiempo, 2) Deroga el 82% móvil, que de acuerdo a la actual legislación se alcanza con 30 años de apor­tes y se calcula sobre el sueldo promedio de los 3 mejores años de los últimos 10. En su lugar, se plantea que la jubilación será igual al 2,2% del sueldo promedio de los últimos 10 años por año de aporte, hasta un máximo de 85%. Por lo tanto, un trabajador con 30 años de aportes, se jubila­ría a los 65 años con el 66%, y no con el 82%, de un sueldo promedio, además, inferior, y con un período de beneficio también menor. Este sueldo promedio, según el proyecto, se determinará en base a índices de actualización elaborados por la Secretaría de Seguridad Social, lo cual, como es sabido, es “truchaje” puro. A los “opositores” ni se les ocurrió que la actualización salarial se base automáticamente en el índice de costo de vida. La jubilación, a su vez, dice el proyecto, se ajustará por un índice que elaborará la Secretaría de Seguridad Social en base a una “encuesta permanente” (artículo 40), lo cual se presta a todo tipo de manipulación y “truchaje”, cuando también debería ajustarse mensualmente por el índice de costo de vida. Pero nuestros “opositores”, no contentos con aumentar la edad jubilatoria y los años de aportes, y rebajar las jubilaciones, plantean en el artículo 80 que en caso de que el gobierno abone jubilacio­nes inferiores a la que establece la ley, podrá cancelar semestralmente la diferencia con BONOS DE CONSOLIDACION DE LA DEU­DA PREVISIONAL, en plazos no superiores a los actuales (10 años). Esto es, el proyecto “opositor” no garantiza siquiera sus míseras jubilaciones porque admite que los gobiernos capitalistas puedan pagar los haberes como se les venga en ganas y cancelar la diferencia con BO­CON, es decir confiscando más de la mitad de la jubilación, y haciendo de los jubilados un botín del negocio bursátil. Los “opositores” han mama­do, como se ve, de la escuela de Cavallo. 3) los “opositores”, súper-estrictos en bajar jubilaciones y aumentar los aportes, son generosos con la patronal porque el proyecto admite, en su artículo 71, “las moratorias o planes de facili­dades de pago” por ley para los empleadores que no hubiesen depositado los aportes y contribucio­nes. Mientras compulsivamente se le otorgan fa­cultades a las patronales para descontar del sueldo el aporte obrero, se admite que los empleadores puedan utilizar para sí ese dinero obrero, lo cual es un delito. En lugar de detallar las sanciones legales correspondientes, los “opositores” legalizan el robo patronal con moratorias y facili­dades de pago. Es sabido que la llamada crisis previsional se debe a la evasión pa­tronal, que es del 50%. En lugar de combatirla, se la legaliza y se baja la jubilación y se aumentan los años de aportes de manera que los números “cierren”. Si aun así, el sistema sigue en déficit, los “opositores” plantean que las jubilaciones se paguen con BOCON. Los opositores han supe­rado a Cavallo instaurando el BOCON PERMANENTE Los “opositores” saben que ter­minar con la evasión es fácil. Bastaría con autorizar a las comisiones inter­nas, delegados y hasta a los propios trabajadores a controlar los libros de las empresas para verificar que se hayan efectuado los aportes patrona­les. Esto significa, abolir el secreto comercial y establecer el control obre­ro de la producción. Esta síntesis del proyecto es una clara radiografía del proyecto “opo­sitor”. La jubilación privada no está prohibida por lo que se la admite como complementaria y optativa. Claro está que con esta perspectiva de miseria jubilatoria, lo que se pretende es que los trabajadores, además del 10% de aporte obligatorio, se vean forzados a contribuciones voluntarias en Cajas privadas, lo que significa un auto- achique del sueldo. Este proyecto fue acordado por la oposición luego de que todos los blo­ques parlamentarios, incluido el del PJ, acordaron el 29 de diciembre pa­sado no votar el dictamen sobre el proyecto oficial en el Plenario de las Comisiones de Previsión y Hacienda. Como se recordará (ver PO N9 380), si ese día, como se había estipulado pre­viamente, se hubiese votado el dicta­men, el proyecto oficial habría sido derrotado por 26 a 17, algo que pu­sieron de relieve todos los diarios y que fue admitido por Juan Manuel Moure, de la UCR y Vicepresidente de la Comisión de Previsión —“ese día el radicalismo pudo haber derrotado al oficialismo” El Cronista, 14/ 1/93). En lugar de derrotar al oficialis­mo, la oposición, por unanimidad, acordó con el PJ volver a tratar el tema en febrero, tirándole un salvavidas al menemismo. Ahora Moure propone que “la reforma previsional sea consensuada” (El Cronista, 14/1/93) con el PJ para lo cual la ‘oposición” presenta este proyecto reaccionario y antiobrero que denunciamos, como base de “negociación” La “izquierda” ha encubierto toda esta capitulación y estos acuerdos re­accionarios y antiobreros. El PC habla de “la derrota que tuvo que soportar el menemismo en la comisión de Previsión y Presupuesto...” (Propuesta, 7/1/93) y el Mst dice que el menemismo “sufrió un traspié ya que no logró hacerla aprobar en diciembre” (S. S., 13/1/93), ocultan­do que el menemismo fue salvado de una derrota y que ahora el PJ y la “oposición” buscan “consensuar” la reforma. Igualmente, Antonio For­te, presidente de la Mesa Coordina­dora, dice que “obtuvimos que el gobierno tuviera que suspender la discusión hasta febrero de 1993” (en Propuesta, 7/1/93), lo cual no es cierto porque la suspensión de la dis­cusión para febrero fue acordada en­tre el PJ y la UCR, y apoyada por todos los bloques parlamentarios. La “iz­quierda” encubre al centroizquierda, que encubre a la UCR, que encubre al menemismo en un operativo de resca­te de una reforma previsional antiobrera. En manos de la UCR, el cen­troizquierda y la “izquierda”, el reclamo de una consulta popular es un taparrabos de un proyecto reacciona­rio y antiobrero. El PO llama a los trabajadores, jubilados, partidos y militantes de iz­quierda a luchar contra la jubilación privada, contra el aumento de la edad jubilatoria, por el 82% móvil, por una jubilación mínima de 500 pesos, por el control obrero de los aportes patrona­les y por la administración de las Ca­jas por delegados obreros y de jubila­dos.

Del 3 al 6 de enero, unas 100 familias ocuparon los terrenos de una canchita de fútbol, con la intención de levantar viviendas. Se trata, en su gran mayoría, de familias que viven en la propia Villa 21 en condiciones de hacinamiento. La respuesta del Estado fue violentísima. Patrulleros y carros de asalto rodearon el asentamiento y 30 jefes de familia fueron detenidos e incomunicados durante 48 horas. La junta Vecinal, cuyos dirigentes administran también la Mutual que cobra las cuotas del “Plan Arraigo”, se colocó desde el principio del lado de la represión. Desde la radio “comunitaria” difundieron una campaña contra los ocupantes, calificándolos de malvivientes y especuladores. Numerosos testimonios de vecinos detenidos afirman que fueron esos mismos dirigentes los que hicieron la denuncia policial y exigieron el desalojo por la fuerza. El día 6, quinientos efectivos de la Guardia de Infantería y una dotación de bomberos, desalojaron violentamente a los ocupantes a gases y bastonazos, mientras la brigada de Investigaciones detenía a activistas del barrio. El plan “desarraigo” La ocupación revela que las necesidades imperiosas de los vecinos de las villas (hacinamiento, condiciones de higiene y salubridad, etc.) desbordan los tiempos del Plan Arraigo menemista. Este consiste en la promesa de la titularidad futura de terrenos a los que firmen un compromiso y paguen cuotas a organizaciones intermediarias (mutuales, cooperativas) que transitoriamente quedan a cargo de estas tierras. El papel de “vigilante” jugado por la Vecinal-Mutual revela el grado de subordinación al oficialismo y al Estado por parte de los que aspiran a convertirse en patrones vitalicios del barrio mediante la intermediación entre los vecinos y los futuros contratistas e inmobiliarias que intervengan en la “urbanización”. Un sector de los vecinos, particularmente los jóvenes, ha sacado la conclusión de que hay que organizarse y luchar. Por la solución inmediata a las familias hacinadas, cesión directa de las tierras a sus habitantes, que se inicie la urbanización y construcción de viviendas a cargo del Estado con un pago no mayor del 10% de los ingresos del jefe de familia. Las características de la urbanización deben ser debatidas y resueltas por la totalidad de los vecinos. También exigen que la Junta Vecinal rinda cuentas ante el barrio sobre su conducta durante los hechos y la investigación de las responsabilidades de la represión. Es necesario que se elija una Vecinal representantiva de los vecinos, independiente del Estado y los gobiernos de turno.

Ante la agresión imperialista al pueblo de Irak y las masas árabes, las organizaciones abajo firmantes convocamos a un acto de repudio en el Congreso el miércoles 20 a las 18hs. bajo las siguientes consignas: Alto a la agresión al pueblo de Irak. Fuera las tropas imperialistas y de la ONU del Golfo Pérsico, Panamá, Somalia y la ex Yugoslavia. Repudiemos al gobierno de Menem sirviente del imperialismo. Que regresen las tropas argentinas de las “misiones” al servicio del imperialismo y la ONU. MAS - MST - PO - PTS

Al momento de cerrar esta edición, está a punto de expirar la conciliación obligatoria en la línea 79. Como se recordará, los choferes lograron una victoria, luego de una importante huelga, imponiendo la reincorporación de los 130 trabajadores cesanteados por la empresa. En las audiencias sucesivas, las ofertas de la empresa han consistido en la reincorporación de 20 compañeros para elevarla luego a 50 y después a 80. La patronal pretendía —según la apreciación de la comisión interna— dejar a unos 20 o 30 compañeros en la calle. No cabe duda que el propósito que anima y preside la acción estatal (y no sólo de la patronal) es el descabezamiento de la comisión interna combativa e independiente de la burocracia de UTA. Una gremial de esta naturaleza, enclavada en el corazón de la zona sur, en una de las empresas más numerosas (600 choferes) y estratégicas, es contraria con la política gubernamental empeñada en imponer la “flexibilidad laboral”. Esto es lo que está en la base del conflicto de la 79. No se trata sólo de una cuestión económica (la empresa está en expansión y viene haciendo pingües beneficios), sino también político-sindical. Al mismo tiempo que se reiteraban los despidos, la empresa viene sacando avisos solicitando personal. La pretensión es suplantar el personal efectivo por contratado y avanzar sobre las condiciones de trabajo (descansos, francos, relevos) como ya viene sucediendo en otras líneas. La Subsecretaría de trabajo provincial viene ejecutando una combinación de maniobras y provocaciones. La “propuesta” de despidos selectivos tiene como función “ablandar” al personal e introducir una división en sus filas y aún en la organización gremial. Simultáneamente, el Ministerio de Trabajo no ceja de amenazar con declarar ilegal futuras medidas de fuerza (por el decreto menemista que incluye al transporte como servicio público esencial). No se puede dejar de señalar la complicidad de la burocracia de la UTA, cuyos elementos afines dentro de la línea han hecho rodar toda clase de imposturas dirigidas a desprestigiar al cuerpo de delegados. Hacen circular un petitorio reclamando la intervención de UTA central con el propósito de quitarle a la comisión interna el manejo y conducción del conflicto. La política a seguir El desenlace victorioso de esta segunda etapa del conflicto dependerá por entero de una respuesta firme tan contundente como la que se dio antes de la conciliación obligatoria. El cuerpo de delegados ha tomado iniciativas en esa dirección, al sacar un boletín (donde se informa y se denuncia la conducta y propuestas de la patronal) y comenzar una labor de organización. “Este cuerpo gremial se mantuvo fiel a sus principios —se señala en el boletín del cuerpo de delegados— …Mantuvimos lo que fue nuestro reclamo inicial. Ni 50, ni 20 ni 1. No se negocia ningún compañero. Todos los despedidos adentro.” Esta plataforma es la base para preservar la unidad y poder aspirar al triunfo en esta etapa que se abre. Adelante compañeros de la 79. ¡¡Podemos triunfar!!

Las Comisiones Internas de los Bancos Nación, Patricios. Chaco, Mercantil, Shaw, Boston, Crédit Lyonnais, Tornquist, Mayo, Deutsche y numerosos delegados y activis­tas del Banco Ciudad, la Caja de Ahorro, Provincial de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Río y el Instituto de Servicios Sociales han lanzado en el gremio bancario una campaña de denuncia y movilización contra la privatización de las jubilaciones. Este bloque surgido a partir de la solida­ridad con la lucha de tos compañeros del Banco Córdoba, se continúa ahora con esta campaña. Se ha constituido así un bloque opositor a la burocracia de Zanola que no hizo nada por la huelga del Córdoba y que ahora está comprometido al igual que toda la burocracia) en el negociado de la jubila­ción privada del cual se quiere prender Este bloque ha editado una declaración que se está repartiendo masivamente en los bancos, en la que se señala el carácter confiscatorio del proyecto gubernamental, la eliminación del 82% móvil y ¡a elevación de las edades jubilatorias. Se denuncia tam­bién los fabulosos beneficios que este pro­yecto de Menem y Cavallo pretende repor­tar a las patronales bancarias: "Con el 30% de comisión los bancos se van a embol­sar ni más ni menos que 1.000 millones de dólares anuales”. La declaración le­vanta un programa para resolver la crisis a la que los gobiernos burgueses han llevado a las cajas previsionales (ver recuadro). Junto con la distribución masiva de la declaración se impulsará la constitución de grupos de apoyo en todos los bancos (inclu­so los que tengan internas burocráticas), se colocarán mesas de agitación callejera, se realizarán “radios abiertas” y mesas re­dondas. Con este marco de esclarecimiento y movilización se decidió impulsar la firma del “petitorio" en favor de una "Consulta Popular” que el CTA, organizaciones de jubilados y otras corrientes han lanzado. El objetivo de esta campaña es esclare­cer el tema entre los miles de bancarios y poner en pie de movilización a los mismos No al divisionismo Como ya sucediera en relación a las actividades de solidaridad con la lucha del Banco Córdoba, esta campaña ha tratado de ser torpedeada por sectores del CTA (bloque de los 8, PC) quienes exigían como condición insalvable para constituir este frente que toda la actividad se colocara bajo el rótulo del CTA. Esta pretensión, en un bloque donde las fuerzas que no adhieren y critican el carácter burocrático de la direc­ción del CTA son importantes, era tan sólo una excusa para justificar la ruptura de la acción común de los bancarios antiburocráticos. La mayoría de las gremiales rechazaron esta pretensión hegemonista y pese al sa­botaje la campaña está en marcha. La inter­na del Central y otros sectores del CTA no deben boicotear esta importante iniciativa de lucha.

El congreso nacional de la FATLyF (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza) realizado en diciembre resolvió la expulsión del sindicato Mar del Plata. Se los acusa de “subvertir la disciplina orgánica”, “mantener objetivos distintos”, “insultos y agravios” e “integrar el CTA” (declaración del sindicato Mar del Plata, 21/11/92). ¿Quiénes son los “fiscales” de los trabajadores marplatenses? La “orden” de expulsión provino de Lescano-Alderete, actual dirección de la FATLyF. En el mismo congreso en que se resolvió la expulsión, esta dirección se hizo mandatar para participar mediante una sociedad administradora del “negocio” de la jubilación privada. Oscar Lescano, en su carácter de secretario general de la CGT, fue el principal artífice del pacto con el gobierno y los banqueros, por el que se obliga a los trabajadores a entregarle a los pulpos el 11% de sus salarios y se condena a la indigencia a jubilados y actuales activos. En este congreso la cúpula de la Federación se hizo mandatar, además, para “participar activamente de las modificaciones en las obras sociales”, es decir tratar de “morder” en el desmantelamiento y privatización que plantea el gobierno, para lo que se prevé la “asociación con otras sociedades existentes”. La dirección de la FATLyF podrá “comprar acciones o administrar las del Programa de Propiedad Participada”, lo que pretende consumar la “asociación” entre la burocracia y los explotadores. Además, “participar de los procesos de privatización de las empresas energéticas” e incluso analizar la creación de un banco que opere como agente financiero del “holding” de empresas en que se pretende convertir al sindicato de Luz y Fuerza. Una política de estas características, que tiende a destruir a los sindicatos como organizaciones de clase, no puede ejecutarse sin convertir a la FATLyF en una cárcel. Lescano-Alderete tienen que empeñarse en una regimentación a fondo para cubrirse las espaldas frente a la política rabiosamente patronal en la que están embarcados. Simultáneamente con las “deliberaciones” de este Congreso se concretó la adjudicación de la ex SEGBA a sendos pulpos privados con total acuerdo de la Federación. El flamante representante de Edesur declaró de entrada su “complacencia” por la “madurez” de los dirigentes al encarar los temas de “flexibilidad” y “convenios” (La Nación), por lo que se puede avizorar la entregada que se viene. Los sindicatos se han formado para defender el valor de la fuerza de trabajo y educar a los trabajadores en la lucha contra el capital y en la solidaridad con sus hermanos de clase. Un sindicato no puede ser patrón. Asociado en calidad de “accionista” con el capital estará obligado a impulsar el “tarifazo” en la privatización energética contra el usuario o la explotación de los accionistas-trabajadores. Una asamblea extraordinaria de trabajadores lucifuercistas de Mar del Plata resolvió rechazar la expulsión y reclamar el pronunciamiento de las organizaciones obreras, en particular de los trabajadores de Luz y Fuerza de todo el país. Sus dirigentes han anunciado el propósito de convocar a sindicatos y corrientes enfrentadas a la actual conducción para organizar una respuesta común a la embestida burocrática. La lucha contra la expulsión del sindicato lucifuercista de Mar del Plata interesa a todos los trabajadores, porque es el mismo proceso de totalitarización que se expresa en los estatutos carcelarios, la “conciliación obligatoria” o los “desafueros gremiales”. La burocracia sindical, al tomar como propia la política “privatizadora” y buscar a la vez un destino “empresario”, está obligada a reforzar la regimentación de las organizaciones obreras con el auxilio del Estado y “su” Ministerio de Trabajo. Llamamos a pronunciarse contra la expulsión del sindicato marplatense para impedirla.

“Los abajo firmantes, comisión interna, cuerpo de delegados y trabajadores gráfi­cos de Editorial Atlántida nos pronuncia­mos en contra de la ´reforma provisional´ a la que consideramos lisa y llanamente una de las estafas mayores que se va a cometer contra los trabajadores argentinos”. Así comienza el texto con el que los trabajadores gráficos de esta editorial se pronuncian contra la jubilación privada y la destrucción del sistema provisional. En su pronunciamiento exigen a la conducción del gremio gráfico que se convo­que a una asamblea general del gremio para tratar este tema “antes de que sea tratado y aprobado por el Congreso de la Nación’' junto a la cuestión del salario. El pronunciamiento lleva más de 300 firmas y el ejemplo ha comenzado a extenderse a otras gráficas, en las que el tema jubilatorio es materia de discusión. Pretenden quebrar el silencio cómplice de las direcciones sindicales burocráticas frente al tema jubilatorio La campaña por el pronunciamiento en Atlántida ha estado acompañada por una intensa venta del folleto “La Bolsa o la Vida”, del que se llevan vendidos en la planta unos 80 ejemplares.

La dirección de la CONADU sigue sembrando ilusiones en el gobierno. En un comunicado del Secretario General ante la asunción del ministro de educación se dice: “Sólo los hechos pueden demostrar si es que a partir de este momento el gobierno se propone cambiar su actitud frente a las universidades”, y reclama la “continuidad del funcionamiento de la Comisión de Concertación” que comenzara a trabajar en el Ministerio, con la participación de la CONADU y el CIN, para que “la misma produzca soluciones concretas a los problemas existentes”. El 18 y 19 de diciembre se reunió en Buenos Aires el Congreso de CONADU. El eje del debate del Congreso fue la propuesta del Secretarado de que el gremio reclame a los rectores la correcta distribución del presupuesto universitario, dado que el mal uso de los mismos explicaría parte del deterioro del salario docente. Numerosos delegados intervinieron para denunciar el carácter progubernamental de la propuesta del Secretario General, que reduce la miseria presupuestaria a la que el gobierno condena a la universidad a una cuestión de la mala administración de recursos por parte de los rectores. La reducción del financiamiento universitario es la base de la política de privatización del sistema educativo que impulsa el gobierno. El 90% de esos presupuestos se destina al pago de salarios de docentes y no docentes. El gobierno pretende que las universidades salgan a buscar financiamiento al mercado mediante la venta de servicios, arancelando los estudios, etc., para completar los fondos oficiales que revisten entonces el carácter de un subsidio. De esta manera promueve la privatización de las áreas académicas que resulten de interés para las corporaciones privadas y el hundimiento de las que no encuentren “demanda” para sus “productos” en el mercado. Como todo el proceso privatizador, el de la educación entrega a precio de subsidio un patrimonio público para mejorar la rentabilidad del capital privado en crisis, que dispondrá del patrimonio de la universidad —sus investigadores, laboratorios e instalaciones— a precio vil. Los ingresos que esas actividades generen darán lugar al pago de salarios diferenciales para los docentes e investigadores involucrados en los mismos. A la hora de proponer medidas, el oficialismo mocionó por una declaración que “amenazara” con tomar medidas en marzo, si la cuestión salarial no estaba resuelta y en el interín seguir las negociaciones con el Ministerio. Esta propuesta fue rechazada. Se votó la suspensión de actividades a partir del 15 de marzo. Arrinconado el oficialismo, maniobró con sectores opositores (Azules, Verdes y Frente Gremial) para que esta resolución quedara sujeta a un nuevo Congreso a realizarse el 5 y 6 de marzo. Los delegados de Tribuna Docente votaron en contra de esta propuesta y denunciaron que era “trucha”, porque resultó del compromiso de los que propiciaban votar el no inicio con los que estaban en contra. En marzo se planteará una batalla importante. Es necesario un frente común de todos los sectores combativos para imponer un fuerte y contundente Plan de Lucha por el salario, el presupuesto y contra la destrucción de la Universidad estatal.

La Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad de Buenos Aires (Aduba) ha editado una importante declaración donde denuncia el proyecto de destrucción del sistema jubilatorio que el gobierno impulsa (aumento de la edad para jubilarse, derogación del 82%, desaparición del aporte patronal, privatización del aporte obrero y descapitalización del mis­mo, etc.). Pero Aduba no sólo denuncia sino que levanta un programa. Entre sus puntos plan­tea: “Eliminar la evasión patronal de los aportes, instaurando el control de los tra­bajadores en fábricas, empresas, etc. para verificar el cumplimiento del pago... Esta sencilla medida permitiría: 1) pagar ya el 82%... 2) rescatar en forma inmediata los bonos provisionales... Aduba llevó este planteamiento al reciente congreso de la Conadu para que se pronunciara en igual sentido y lanzara un plan de esclare­cimiento y movilización contra esta reaccionaria ley. Pero la Mesa del congreso lamentable­mente maniobró para que el debate de este punto quedara para el final en el que la falta de quórum impidió que se tocara. Sin embargo la presión ejercida en el Congreso no fue en vano. El secretariado envió a posteriori a cada asociación de base el petitorio para firmar por una “consulta popular” que están impulsando las organiza­ciones de jubilados, el CTA y otras corrientes. Para que no quede en una adhesión for­mal, es necesario poner en práctica lo que reclamaba Aduba como posición central en su pronunciamiento. “Llamamos: A coordinar con las aso­ciaciones de jubilados y con todas las organizaciones del movimiento obrero ac­ciones conducentes a gestar un movi­miento nacional que impida que se consu­me la destrucción del sistema jubilatorio”.

PO: —¿Cuál es la situación en Aeroparque en relación a la unificación de las cargas entre A.A. y Austral? JV: —Todo este proceso de la unificación entre ambas empresas lo primero que dio en la práctica a partir de las 0 horas del día 11 fue una total desorganización que hacía que el poco personal que estaba trabajando en Aerolíneas, que no alcanzaba para abastecer el servicio porque no habían sido repuestas las bajas, se tuvo que encargar de trabajar para las dos empresas con los problemas que esto generó y con la exposición del personal a un trabajo totalmente inseguro, sin ninguna seguridad tanto para el usuario como para el trabajador. PO: —¿Cuáles fueron las medidas? JV: —En función de eso, lo que se planteó fue hacer asambleas en todos los turnos del sector, asamblea que se realizó 48 horas después de la implementación de esa forma de trabajo. Dicha asamblea llamó a participar al Secretariado de la APA para que discuta con los trabajadores cuáles eran las medidas que se iban a tomar. PO: —A 25 días de iniciado el conflicto, ¿cómo lo ves y cuáles son las medidas para seguir? JV: —El objetivo de esta movilización (14/1) era mantener vivo el espíritu de lucha de los trabajadores, teniendo en cuenta que cuando se produzca la terminación del período de la conciliación, que era el plazo que se había fijado, fundamentalmente, por parte de las conducciones de los cuatro gremios, se tendrá que rediscutir en el caso de que no haya resultados positivos —y está a la vista que no los hay—, se tendrá que rediscutir en asamblea de los trabajadores cuáles son los pasos a seguir en forma inmediata, ¿no? Porque se ha dilatado demasiado este problema de los despidos masivos. PO: —El PO plantea la necesidad de un plan de lucha con un paro general común y la exigencia a las centrales sindicales que tomen medidas solidarias. ¿Qué opinás? JV: Lamentablemente los distintos ámbitos que se han visto castigados por la política de entrega del menemismo no han podido hacer flaquear al gobierno. Es hora de que esto obligue a una unificación de las luchas que termine con un planteo como el que hace el Partido Obrero, un paro general avalado por todos los trabajadores, activo. Ese tendría que ser el planteo. En principio, la idea inicial es unificar las luchas cuanto antes, ésa es la única salida que tenemos. PO: —¿Querés agregar algo más? JV: —No, gracias por el trabajo que están haciendo al lado de nosotros y que ésa sea una de las formas de unificar las luchas.

La lista Naranja de la Utpba ha lanzado una campaña de esclarecimiento contra la ley de privatización de los aportes obreros que están impulsando el gobierno y los gran­des grupos capitalistas. A tal fin se está firmando un pronunciamiento en los lugares de trabajo. En el diario La Prensa más de 70 trabajadores han firmado el que más abajo reproducimos. Esta actividad se está desa­rrollando en otras empresas del gremio (Segundamano, etc.). A la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aíres (Utpba) Los abajo firmantes, trabajadores de prensado distintos medios, rechazamos el proyecto oficial de reforma provisional que privatiza el sistema a favor de la especula­ción financiera y bursátil eliminando por un lado el aporte patronal del 16% y descapi­talizando por otro el monto que se deduce del salario obrero sobre la base de comi­siones confiscatorias. Para enfrentar el proyecto exigido por el gobierno, la banca y potenciales socios de las Administradoras de Fondos de Jubi­lación y Pensión exigimos el 82% móvil, una jubilación mínima de 450 pesos y el mantenimiento de la edad de retiro contra la imposición de los 65 años como piso para jubilarse. Para defender las Cajas Estatales los trabajadores activos y pasivos debemos tener el control sobre los aportes provisio­nales a fin de terminar de raíz con la eva­sión provisional. Solicitamos sea llamada a una masiva movilización como parte de un Plan de Lucha para frenar la ofensiva del gobierno en contra de nuestros actuales y futuros jubilados.

PO: —A casi un mes de conflicto, los gremios siguen con la estrategia de confiar en que el Ministerio de Trabajo y la negociación van a permitir las reincorporaciones, ¿cómo la ves? C: —En términos generales no lo veo. Sabemos por experiencia propia que todas esas negociaciones pueden terminar en una solución parcial, muy parcial a lo sumo. Y en este caso lo desconfío. El único camino aquí es organizar la lucha y profundizar el conflicto. PO: —Los técnicos han votado realizar paros progresivos a partir del 19. ¿Podés ampliar un poco la información? C: —Sí, el cuerpo de delegados votó realizar a partir de la semana que viene paros de tres horas que serían progresivos y acompañar esta medida prosiguiendo con las movilizaciones los días jueves, con marchas hacia Paseo Colón, por el centro de la Capital y hacia el Congreso —si bien por supuesto nadie puede tener confianza en este Congreso— para presionar y ampliar más el campo de lucha. PO: —El P.O. plantea la necesidad del paro general del conjunto de los aeronáuticos y exigir a la CGT y al CTA una medida de fuerza para enfrentar esta prueba piloto de la flexibilización laboral. C: —Bueno, en general el planteo es muy correcto. Es justo. Pero a mi modesto ver y entender presionar tanto a CGT como a CTA, está bien, no hay que descartarlo jamás, pero en realidad necesitamos un nuevo sindicalismo clasista, que recoja las banderas de Tosco y Salamanca, del Sitrac-Sitram porque tanto la CGT como el CTA en lo que va del conflicto se han limitado a una llamada telefónica solidaria y nada más, pero en los hechos concretos brillan por su ausencia.

Basto que el gobierno anunciara con bombos y platillos el lanzamiento de un “Plan Social” para que la realidad estallara evidenciando un agravamiento de la situación social de las masas. Las estadísticas demuestran un acentuamiento de los niveles de desocupación y subocupación, el cólera se extiende rápidamente por distintas zonas del país evidenciando el agravamiento de la situa­ción sanitaria de las masas, el salario cayó más de un 40%, en k) que va del Plan Cavallo. Las medidas anunciadas constituyen una operación cosmética, lo que se revela en que no hay aumento alguno del gasto presupuestario volcado a las “áreas sociales”, sólo se pretende utilizar “los fondos que ya existen" (El Cronista, 6/1) centralizados en manos de Araoz y Béliz, es decir al servicio de la campaña electoral. De ahí las protestas de Duhalde para ver quién controla los fondos en la Provincia de Buenos Aires. La “truchada” del “Plan Social” puede evidenciarse en el rimbombante anuncio de que se tomarán medidas para el “mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la gestión de la educación” destinado a tal fin... 16 millones de pesos. Mientras, en los presupuestos nacional y provin­ciales del '93 los docentes sumergidos en la miseria salarial no reciben aumentos. Como ya ha sucedido en otras oportunidades los anun­cios del gobierno sirven de cobertura para nuevos ataques a las condiciones de vida de las masas. Esto es visible, por ejemplo, en el decreto de la “desregulación” de las Obras Sociales donde se da un nuevo paso en favor de la privati­zación y monopolización de la medicina (ver nota). Los radicales y la “oposición” centroizquierdista acu­san al “Plan Social” de electoralista. Esto es una tontería, porque si las medidas fueran profundas y efectivamente modificaran drástica y favorablemente las condiciones de vida de las masas (vivienda, salud, educación, etc.) sería comprensible que grandes sectores de estas votaran a aquél que mejora su situación social. Pero toda esta cáscara vacía, que se ha dado en llamar “Plan Social" está al servicio del intento de armar un aparato de punteros electorales, regimentando a organizaciones de masas. ¡Si sabrá de esto el radicalismo que constituyo toda una red de punteros correligionaros en torno a las canastas del PAN! “La intención es que, preferentemente a nivel municipal, se produzcan movilizaciones de organizaciones sociales (cooperadoras, parroquias)” (El Cronista, 6/1). Por ello es que el clero se ha alineado en defensa del “Plan Social". La Iglesia que cuenta ya con más de medio gabinete, será participe en la organización de los "pro­gramas” en curso Este apoyo revela que una parte de la jerarquía eclesiástica ha resuelto "votar" por la reelección de Menem. No al verso menemista. Plena independencia de las oganizaciones populares del gobierno. Plan de Lucha por el aumento salarial y jubilatorio. Basta de entrega.

El decreto de reforma de las Obras So­ciales es un primer paso hacia la privatiza­ción total del sistema de salud y por ende hacia la destrucción de las mínimas con­quistas que tiene la clase trabajadora en este terreno Significativamente, el decreto ha recibido el respaldo unánime de los pul­pos módicos y farmacéuticos y de uno de sus voceros, el diario “La Nación”. Para Amoldo Bauni, de la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga "las medidas son positivas porque constituyen una prime­ra etapa hacia una mayor competencia en el sistema" (Cronista, 12/1 /93), posición compartida por dirigentes de la Cámara de Instituciones Médico asistenciales. Ambas entidades —aclara El Cronista— “son las dos asociaciones que reúnen a la mayor cantidad de empresas de la medicina prepaga del país". El gobierno ha presentado el decreto como un aporte al mejoramiento de las prestaciones, al permitir la “libre elección" entre obras sociales por parte de los afilia­dos. ¿Cómo se explica, sin embargo, que un cambio en la legislación que aparentemente beneficiaría al trabajador, sea impulsado por el menemismo y tenga el beneplácito de los traficantes capitalistas de la salud? Primero, la decisión del gobierno tiende a forzar la concentración del negocio de la salud, en “pocas, pero buenas ", al decir oficial, obras sociales. Estas han recorrido un largo camino en cuanto a “privatización, pues están asociadas a clínicas y servicios privados que se benefician con el grueso de la facturación. Naturalmente, los recursos y loe afiliados se concentrarán en las obras sociales más poderosas. De las 291 obras sociales existentes se calcula que podrían quedar en pie la mitad o la tercera parte, lo que el decreto alienta planteando “fusio­narse, federarse o utilizar otros mecanis­mos da unificación”. Segundo, el decreto avanza en la capta­ción directa de las prestaciones de salud de las obras sociales por los pulpos privados por cuanto “deja sin afecto todas las res­tricciones que limiten la libertad de con­tratación entre prestadores y obras so­ciales" (Artículo 60) prohibiendo expresamente hacerlo con asociaciones o colegios profesionales (federaciones médicas). Esta medida tiene enorme incidencia en el inte­rior del país donde la mayoría de las obras sociales sindicales contratan servicios a tra­vés de estas entidades. Esta es una de las razones que "explican el beneplácito con que especialistas empresarios leyeron el decreto” (Página 12, 8/1/93). Tercero. El decreto plantea que las obras sociales estarán obligadas a “garantizar una prestación básica" que será determinada por el Ministerio de Salud y cuyo carácter “básico” ya advierte sobre lo que se preten­de. Esta atención no contemplará un sinnú­mero de prestaciones, excluyendo en pri­mer lugar las de alta complejidad o terapia, y acceder a cualquiera de ellas será privile­gio de los que puedan pagar aportes "adi­cionales" que no serán precisamente "voluntarios”. Cuarto. Al impulsar que el trabajador de un gremio pueda afiliarse a la obra social de otro gremio, el decreto es un golpe a los sindicatos por industria, lo cual, para el diario La Nación "es una diferenciación saludable porque evita la confusión en­tre (la) condición de afiliado a una obra social y (la) pertenencia a un sindicato”. Preparan el desfalco total del sistema de salud El decreto establece que la “libre elec­ción” sólo podrá darse entre obras socia­les, pero sólo por ahora porque se proyecta luego incluir a las "propagas" y otras orga­nizaciones médicas “con fines de lucro". Por esto, los capitalistas involucrados en el negocio de la salud felicitan al gobierno por este “importante paso". La estrategia del gobierno y los pulpos privados es avanzar en esta dirección, e incluso tratar de consu­marlo en la propia reglamentación del de­creto. Ya con el decreto, según Funes de Rioja, de la UIA "teóricamente nada impi­de crear una fundsción (que declara no tener fines de lucro), inscribir a través de ella una Obra Social... y que ésta contrata las prestaciones con la prepaga o al com­plejo sanitario qua la dio origen” (Página 12, 9/1/93). Para el gerente de Medicus, “prepaga” pulpo da la salud, "considera­mos qua cuando se instrumente la resolución quedaremos dentro del sistema y los trabajadores podrán optar también por una privada" (La Nación, 9/1/93). El objetivo estratégico de los grupos privados es capturar el aporte obligatorio de los trabajadores que hoy recaudan las obras sociales, e introducir planes de salud pri­vados que deberán comprar obligatoria­mente los trabajadores en función de los sueldos. Esto plantea la quiebra del princi­pio (teórico) de “solidaridad" en el que re­posa el funcionamiento de las obras socia­les. Hoy un trabajador que gana 500 pesos, debe recibir de la obra social la misma atención que quien gana 1000 pesos. Los pulpos están en contra de este “sistema de reparto” y proponen la “libertad" para ofrecer “planes de salud” diferenciales según lo que cada uno pueda aportar. Para el que gana poco, una salud miserable, para quien gana más, una salud también misera­ble porque los sanatorios privados tendrán el monopolio de los planes de salud. El decreto menemista liquida la atención médi­ca de los trabajadores, en beneficio de los traficantes de la salud. La aspiración de conjunto de la burgue­sía no se limita a esto. Además propone disminuir o aún eliminar el aporte patronal, hoy del 6% y descargar sobre el trabajador el sostenimiento del sistema. Se plantea por esta vía una reducción del salario, por cuan­to el trabajador terminaría pagando integral­mente o en su mayor parte la atención médica, con la consiguiente reducción del “costo laboral" para la clase capitalista. Es significativo que los empresarios de la salud y sus voceros, que proclaman cada día la “libertad de los individuos", no critiquen el aporte compulsivo del trabajador Se entiende, porque la contribución forzosa del trabajador es la condición para la exis­tencia del negocio capitalista. La “iniciativa privada” bajo este régimen no es otra cosa que el monopolio de la explotación. Luchar contra el decretazo El PO plantea frente al robo de las Obras Sociales y el decreto menemista el rechazo a toda intromisión del Estado o las patrona­les en la recaudación y destino de las Obras Sociales. La administración debe recaer en los trabajadores usuarios y los de la salud. A la “salida” capitalista opongamos el recha­zo del decreto privatizador, la duplicación del presupuesto estatal para la salud públi­ca, la expropiación de los pulpos sanatoriales y farmacéuticos y la puesta de todos los recursos al servicio de un plan de salud I único, gratuito y obligatorio, sostenido con el aporte patronal. La burocracia es cómplice del desmantelamiento de las Obras Sociales y hoy quiere morder del bocado que supone la concentración del negocio de la salud. El decreto apunta a asociar a la burocracia en el copamiento final del sistema de salud pública para los capitalistas.

La campaña financiera sobre la cola de cobro dejó como saldo alrededor de 120 aportes. La colecta fue un éxito po­lítico: con un volante titulado “Mary Sánchez y la Ferrabosco pactan nuestra esclavitud”, la jornada de recolección de aportes permitió una amplia agitación en defensa del salario contra el chantaje “presentista” y el colaboracionismo de las burocracias del Suteba y la FEB (que mandaron al bombo la movilización educativa, carnerearon el paro general del 9 y pactaron el presentismo con Duhalde). La importancia política de los aportes debe medirse también por el hecho de que fueron obtenidos —volante en mano— disputando con la dirección ce­leste (marysanchista) del Suteba La Plata, que también estaba presente en la cola de cobro. Como balance de la actividad quedan no sólo los 120 aportes sino también la solidaridad efectiva de un nu­meroso sector del activismo “histórico” de la seccional (entre ellos militantes y ex militantes de Compromiso y del Mas) que aportó a Tribuna Docente. La campaña financiera ha sido también importante en los aportes personalizados, confirmando que por detrás de una rela­tiva retracción del movimiento de lucha de los docentes provinciales bonaerenses existe una gran indignación contra el go­bierno y contra la pasividad de la buro­cracia (el equipo docente está muy cerca de cumplir con el 100% de lo planificado). En docentes universitarios la campa­ña también ha sido buena y es un punto de partida para que Tribuna Docente lance una agitación dirigida al gremio por la reconstrucción de ADULP (sindicato de la docencia universitaria de La Plata).

La lucha obrera chocó con la burocracia del PIT-CNT (el stalinista Carlos Curbelo, principal dirigente de AUTE es miembro de la directiva del PIT-CNT) que cumple al pie de la letra la política delineada por el Frente Amplio: “administrar el resultado del referéndum” (declaraciones de Danilo Astori), es decir, evitar a toda costa que los explotados utilicen la crisis política para imponer sus reivindicaciones. A continuación reproducimos el balance del conflicto realizado por los compañeros José María Carpellino y Ricardo Bruzzone, integrantes del Frente Sindical Primero de Mayo y miembros (por la minoría) de la Comisión Directiva de AUTE. P: ¿Cómo comenzó el conflicto? R: Desde el 18 de diciembre se gestó a partir de los sectores más numerosos y de mayor concentración de los trabajadores de UTE (Palacio de la Luz, Central, Batlle, Talleres, etc.) un profundo movimiento de lucha antiburocrática y combativa, que por medio de asambleas autoconvocadas ocupó el local sindical de AUTE, impuso a la burocracia (mayoritaria en el Consejo Directivo) una plataforma de mínima recuperación salarial (N$ 1.200.000 de partida fija y N$ 200.000 de aumento al salario de base) y un plan de lucha, que obligó al directorio de UTE a tener que conceder rápidamente parte de lo exigido. P: ¿Qué balance sacan de la masiva asamblea que se realizó hoy (28/12) y que resolvió levantar temporariamente las medidas de lucha? R: La propia asamblea general del día de hoy, histórica por el número de participantes (2.000), fue expresión y resultado del movimiento de lucha generado, y que finalmente se impuso igualmente contra la voluntad de la dirigencia que en el último congreso de delegados había “pateado” esta asamblea para las calendas griegas. El levantamiento finalmente de las medidas de lucha por esta asamblea, luego de haberse aclamado las propuestas de apagones de “advertencia” en los barrios Carrasco y Punta Gorda como incremento de la movilización, sólo fue alcanzado por la burocracia a expensas de una intervención de divisionismo repudiable, oponiendo a los compañeros del interior con los de Montevideo, a los del Palacio contra otros sectores, a los que votamos nulo contra los votantes del SI, así como una moción estalinista de censurar a los compañeros que activamente participaron juntos a otros, en la dirección “de hecho” del movimiento surgido de las propias bases. Esta moción de censura fue rechazada prácticamente por unanimidad, el conjunto de los trabajadores mostró en su accionar la profunda desconfianza (que recorre a todo el movimiento obrero) hacia las direcciones burocráticas, que en la parálisis más completa sólo atinan como en el caso de AUTE a “reunirse en foros” armando acuerdos basados en el aumento de la explotación (productividad). Se verificó en la asamblea de hoy que el directorio de UTE cuenta con un aliado fundamental, que no es otro que la actual mayoría de la conducción sindical. El mantenimiento y profundidad de las medidas de lucha nos llevaba hacia la perspectiva cierta de un triunfo imponente y de repercusión en todo el movimiento obrero, quebrando la política chupasangre y potenciando al conjunto del movimiento hacia una futura instancia de recuperación salarial basada en el costo de la canasta familiar. Es necesario resaltar que el conflicto se levanta por una mayoría exigua (se debieron contar repetidamente los votos) y con “autocríticas” de su actuación por parte de la burocracia, que no se animó a pedir un voto de confianza. P: ¿Qué conclusiones permite sacar esta lucha para los trabajadores de UTE y para el conjunto del movimiento sindical uruguayo? R: Nuestro balance fundamental es que se abre para los trabajaodres de UTE un camino de reagrupamiento masivo de carácter antiburocrático y antipatronal que ya no esperará más que los señores dirigentes se dignen a atender sus reclamos salariales, cuando sus “reuniones” con los gerentes en el Victoria Plaza les deje tiempo disponible. Se ha abierto el tiempo de una lucha consecuente para construir una dirección clasista y representativa de los intereses del trabajador, que reivindicando las asambleas (de más de 1.000 compañeros) autoconvocadas permitan la reorganización combativa del sindicato basada en una estrategia de lucha, terminando con la política de “pacto social”, subordinación al directorio y sus “pautas”, así como de sostenimiento del gobierno acabado de Lacalle.

Las recientes elecciones internas en el oficialista Partido Colorado —que debían consagrar a su candidato para los comicios presidenciales de 1993— pusieron de manifiesto la completa fractura que recorre el régimen político paraguayo. Las “internas” fueron ganadas por Luis Argaña —estrecho colaborador de la dictadura de Stroessner—, quien derrotó a la lista que contaba con el apoyo del presidente paraguayo Rodríguez y de la actual cúpula militar. Argaña “se ha manifestado como un fuerte crítico de la política económica neoliberal del gobierno de Rodríguez y un enemigo del Mercosur” (Brecha, 8/1/93), mientras que la lista oficialista “alienta una economía social de mercado y la plena integración del país al grupo regional” (La Nación, 3/1/93). Tratándose del verdadero “partido de estado” de Paraguay, la pugna colorada traduce la división que recorre de conjunto a los explotadores de ese país, en medio de una aguda crisis económica y social: la política de integración al mercado regional emprendida por Rodríguez (en un marco de depresión internacional de los principales cultivos paraguayos) ha conducido a una pauperización en masa de campesinos y al crecimiento del desempleo urbano. En este cuadro, un sector de los explotadores se ha atrincherado detrás de los restos del stronissmo, y reclama un escudo “protector” frente al Mercosur y a la crisis mundial. La primera manifestación de esta lucha interburguesa se expresó en las FF.AA. meses atrás, cuando las imputaciones sobre contrabando de autos robados sirvieron para una purga de elementos strosnistas y para afianzar a una cupula militar afín al gobierno de Rodríguez. Apenas se confirmó que los comicios colorados favorecerían al sector strosnista, se produjo un virtual acuartelamiento de las FF.AA. y un cerco policial-militar de la sede partidaria. Días después, renunciaba el Tribunal Electoral partidario sin producir un fallo definitivo sobre el resultado de las internas. La indefinición podría ser aprovechada ahora para dictar “el estado de excepción (equivalente al estado de sitio en Argentina) que prorrogará el mandato de las autoridades actuales hasta que haya quedado dirimida la crisis colorada” (Clarín, 11/1). Para convalidar el autogolpe, se procuraría el concurso de observadores extranjeros (las diplomacias del Mercosur y yanqui) en un “escrutinio definitivo”, las que avalarían “el pedido de nulidad de las elecciones que presentó el precandidato Wasmosy” (afín a Andrés Rodríguez). (Clarín, 11/1). El imperialismo yanqui interviene activamente en la crisis, a favor de la facción política y militar de Rodríguez. Pero ante la posibilidad de una completa disgregación colorada, maneja la alternativa de un gobierno “liberal-centroizquierdista”: “al embajador estadounidense John Glassman, se le atribuyen simpatías por el Partido Liberal Radical Auténtico” (Clarín, 4/1). El PLRA está urdiendo una coalición con otros sectores patronales y de “izquierda independiente”: luego de las elecciones coloradas, este bloque calificó rápidamente a Argaña como candidato del “autoritarismo y del atraso”. En esta línea, Domingo Laino —líder del PLRA—, no vaciló en señalar que “las presiones foráneas tendientes a consolidar el proceso democrático son influencias apreciables” (Clarín, 5/1/92). El bloque opositor se postula ante el imperialismo como el mejor garante de la acentuación de un rumbo entreguista. Cualquiera de las “salidas institucionales” del imperialismo —el autogolpe o la victoria electoral de un candidato “modernizante”— plantea una depuración de strosnismo del aparato etatal y en especial de las FF.AA.: el pedido de extradición de Stroessner —que la justicia acaba de solicitar al gobierno brasileño— persigue ese propósito. Pero éste puede ser, también, el punto de partida de un enfrentamiento abierto entre facciones militares y de la fractura completa del régimen. La “institucionalización” paraguaya —la última de la ola democratizante latinoamericana— marcha a su agotamiento sin haber dejado siquiera los pañales.

Con un despliegue, previsto para las próximas semanas, de 28 mil hombres de las FFAA estadounidenses, la invasión a Somalia es uno de los mayores asaltos militares emprendidos contra un país africano. La pretendida impronta “humanitaria” es una pantalla del objetivo yanki de mantener su presencia permanente en la zona del “Cuerno de Africa”, un punto clave de control del Mar Rojo (a través del cual circulan toneladas de petróleo y materias primas), que se proyecta sobre todo el área del Medio Oriente y del Océano Indico. El desembarco somalí de los marines —puntualizó Edwards Perkins, embajador norteamericano en las Naciones Unidas— es “un importante paso en el desarrollo de la estrategia para lidiar con el potencial desorden y los conflictos del mundo de la posguerra fría” (The Militant, 25/12/92). Por eso Clinton, que según los medios de prensa es muy “ambiguo” en sus definiciones de política exterior, ya declaró que “es imposible colocar un plazo fijo para finalizar esta misión”. Se trata de un objetivo a largo plazo. El órgano del capital financiero (Wall Street Journal) planteó, a principios de diciembre pasado, la necesidad de formalizar una política de “protectorado” en la región, por supuesto, “en defensa de los intereses vitales de Occidente y la paz mundial”. La hambruna del pueblo somalí no fue sólo la “excusa” para la invasión. Es el resultado de la propia política imperialista y aun de la misma intervención militar yanki. Desde fines del 70 el dictador Siad Barré, un títere de Carter y Reagan, impuso un régimen de terror y convirtió al país en un centro de hostigamiento al entonces gobierno prosoviético de la vecina Etiopía. La economía agraria fue diezmada y los alimentos ingresados al país por los norteamericanos “en un 75% nunca llegaban a las víctimas del hambre: los ladrones que los robaban eran...soldados del propio gobierno; (esto) como forma de pago y con pleno conocimiento del gobierno de los EEUU y otros donantes(SIC)”. La declaración corresponde a un funcionario yanki que entonces se desempeñaba como supervisor de la “Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional” (Clarín, 29/12). La perfidia de esta “ayuda” no ntiene límites: las agencia privadas y los Servicios de Ayuda Católicos utilizaban los alimentos como pago en sus programas en áreas ... “donde no había escasez de alimentos(sic)”(ídem). Esto por la simple razón de que se beneficiaba el gran capital agrario-comercial saturado por la sobreoferta mundial de granos y materias primas alimenticias. La conclusión es lapidaria:“más de treinta años de ayuda en alimentos hicieron que el continente africano fuera más vulnerable que nunca al hambre”. La intervención militar yanki se produjo después de que “la hambruna había sido confinada a un área relativamente pequeña al sur”; ahora, la instalación de “enclaves de distribución protegida, en los cuales se amontona la gente como ganado estimulará el desarrollo de epidemias con consecuencias eventualmente peores que la propia hambruna” (WSJ,24/12/92). La opresión nacional no es una entelequia. La intervención del imperialismo es y será como siempre la fuente de la más bárbara agresión a la condición humana. Fuera los yankis de Somalia.

Huelga en ARTIMSA Que un Congreso de delegados organice la solidaridad! Esta empresa autopartista de Ciudadela ha incumplido con el pago del aguinaldo, se retrasa en el pago de las quincenas y no ha concedido las vacaciones en el período tradicional, alegando tener una difícil situación económica. Sin embargo, la empresa vino trabajando con horas extras, y colocando normalmente la producción. El lunes 11 una asamblea general resolvió el paro por tiempo indeterminado hasta resolver la situación, paro que se cumple en forma unánime. La seccional Ciudadela de la UOM debe convocar a un inmediato congreso de delegados para organizar la solidaridad activa con los compañeros, en primer lugar disponer una suma de los fondos sindicales como primer aporte a un fondo de huelga y preparar una medida de la seccional en respaldo a la lucha de ARTIMSA y por la equiparación salarial de todos los talleres de Ciudadela con la empresa mejor paga de la seccional. El reciente triunfo salarial de Carrier tras 50 días de lucha muestra cuál es el camino para ganar. Victoria en Carrier En lo que va del empantanamiento del convenio metalúrgico hemos luchado y conseguido, en tres oportunidades, arrancarle a la patronal de Carrier nuestros reclamos. Sólo esto desnuda por completo el carácter parasitario de la cúpula sindical en la UOM. En esta última oportunidad, la Interna había quedado mandatada a elevar al reclamo salarial en cuanto la inflación del ’92 se ubicara entre el 12 y el 16%. Es así como nos presentamos ante la patronal a mediados de octubre. La empresa preparó toda una artillería sicológica, hasta decirnos que si no ponemos el hombro la fábrica cierra y sólo se dedicarían a importar. Como si esa decisión la tomaran pensando en las consecuencias que sufriría el obrero. El 17 de noviembre una asamblea vota unánimemente salir a la lucha quitando horas extras y disminuyendo el ritmo de producción. Al cabo de casi 50 días conseguimos 200 pesos y 18% de aumento. Otro fruto de la lucha en defensa del salario es la completa negación a cambiarle su forma. La empresa intentó colocar el famoso Bono Tiket-canasta, que no es más que la evasión legal de las cargas sociales, principal causante de los magros ingresos de los jubilados. Cuando los patrones, ante nuestra resistencia, no pueden reducir el salario actual, tratan de reducir el salario diferido (jubilación).

La Cámara Federal de Apelaciones dejó en libertad a los compañeros del PL Mario Vera, Carlos Alboñiga y Oscar Malvestiti, que habían sido encarcelados por la juez Servini de Cubría. Al ordenar la libertad, la Cámara analiza duramente el fallo de la juez Servini, criticando el hecho de que no existe conexión alguna entre los motivos de la prisión preventiva (fotografías que demostraban su participación en marchas de protesta, entre ellas las de jubilados, y textos de volantes y publicaciones con críticas al gobierno) y los hechos que motivaron el inicio de la causa: los atentados a los cajeros automáticos de fines del año pasado. Por el contrario, la Cámara destaca que aquellas actividades políticas hacen al “ejercicio de los derechos constitucionales” y señala también que no puede decretarse la prisión preventiva por el mero hecho de ejercer protestas o actividades sindicales. Con su resolución la Cámara ha rechazado un fallo insostenible en el cual la juez Servini no tuvo en cuenta ni siquiera el propio Código de Procedimientos. Esta conducta de la jueza se remonta a la necesidad del menemismo de inventar —a fines del año pasado— una cortina de humo en medio de la crisis de gabinete que terminó con la renuncia de Manzano. Es evidente que fue el ex ministro, con la bendición del menemismo, quien montó esta burda farsa judicial. La conquista de la libertad de los compañeros compromete el mantenimiento de la campaña por la libertad del compañero Oscar Kuperman, aun detenido en la causa. Por el juicio y castigo a los responsables de montar la provocación, empezando por Manzano. Por el cierre definitivo de la causa.