Prensa Obrera N° 380

El Partido Obrero se hizo presente, días atrás, en las puertas de la fábrica Fate, esta vez, para solicitar de los compañeros su solidaridad con nuestra organización en su campaña financiera. Los compañeros de Fate, con quienes compartimos el pasado fin de año una dura batalla que los trabajadores desarrollaron contra la patronal en un histórico conflicto, nos brindaron el más cálido de los recibilimientos, reflejado en el hecho concreto de más de 65 aportes por una suma que superaba los cien dólares. “Si es para el Partido Obrero que se jugó y se juega en todas, sí”, eran los comentarios de varios compañeros cuando se acercaban a las alcancías, en una muestra de su reconocimiento por la acción y la política del PO en oportunidad de aquella lucha. Durante cada uno de los días de conflicto, el Partido Obrero pugnó por colaborar con los trabajadores de Fate no sólo con su solidaridad. También procuró romper la política de bloqueo,y finalmente de entrega, de la dirección centroizquierdista del neumático, que enterró la encarnizada lucha de los compañeros. Conluido el conflicto, el Partido Obrero, hizo llegar al conjunto de los compañeros su balance de la lucha, con la intención de sacar todas las conclusiones y de colaborar en el proceso de organización de la fábrica contra la política negrera de la patronal dentro de la empresa y por la defensa de la situación de los compañeros despedidos. Hoy, como ayer, queremos reforzar nuestro compromiso de colaborar para poner en pie nuevamente la lucha de los compañeros de Fate, esta vez en una victoria definitiva contra una patronal que más tarde o más tremprano tendrá que pagar una tras otra sus tropelías contra los trabajadores. ¡Gracias, compañeros de Fate!

La campaña financiera del Partido Obrero se encuentra en pleno desarrollo y ya centenas de compañeros de fábricas, colegios, universidades, barrios y empresas han definido su colaboración para defender la consecuencia del Partido Obrero en sus ideas y en su acción. Como parte de esta campaña, el Partido Obrero en el Gran Buenos Aires, una de las concentraciones fabriles más importantes del país, ha salido a solicitar a la masa de los trabajadores su solidaridad con la política del PO en las principales fábricas y empresas. El planteo de colaboración al conjunto de trabajadores de una empresa se convierte, también, en una compulsa política hacia la intervención de nuestro partido, y así lo han entendido los cientos de compañeros que ya han aportado en las colectas realizadas. En la fábrica Cormasa (UOM), en medio de una tensa situación por la amenaza de la patronal de dejar a los compañeros en la calle, aproximadamente la mitad del turno mañana aportó para la campaña financiera del PO. EN Corni, también de la UOM, 35 compañeros dieron su colaboración; en Fate, 65 compañeros (ver nota). Decenas de compañeros hicieron lo propio en Ford y en Atlántida y alrededor de 40 trabajadores se definieron en el mismo sentido en la fábrica Tres Cruces. A estas muestras de reconocimiento se sumarán otras muchas más que el PO está recabando en las principales empresas del Gran Buenos Aires, y de las que podremos informar, no nos cabe duda, en las próximas páginas de Prensa Obrera.

El triunfo de los compañeros de la 79, al lograr reincorporar a los 150 despedidos, hizo retroceder a una patronal que viene buscando por todos los medios quebrar la organización gremial de la línea. Primero absorbió el plus por presentismo, aprovechando el acta firmada por UTA; despidió compañeros cuando el personal resolvió trabajar cumpliendo las normas de tránsito; no le pagó el sueldo a los delegados (con argumentos falaces); y la última provocación fue despedir al 90% del turno tarde, por haber efectuado una acción de repudio masivo al atentado a balazos sufrido por un delegado (cuya procedencia el personal identifica con claridad). Este fue el detonante para una lucha a fondo con una huelga general cumplida masivamente. No salió un solo coche a la calle. El desarrollo de la huelga La huelga general de la San Vicente fue apoyada por la salida de un boletín informativo para todos los choferes; por la presencia callejera de urnas para recaudar fondos para la olla popular que se instaló en la puerta de la terminal; por la sentada frente al portón de la empresa cuando ésta quiso sacar los coches; por las comisiones de convencimiento (piquetes) para que todos los compañeros comprendieran la justeza de la lucha; por la comisión de prensa que propagandizó el conflicto. Fue todo un ejemplo para el movimiento obrero, que debe ser tomado en consideración cuando asistimos a conflictos sometidos a un desangre sin límite. La experiencia de la 79 contrasta con la impasse de Aerolíneas Argentinas (que también tiene “conciliación obligatoria”), cuyas direcciones siguen postergando la decisión de ir a la huelga, pese a tener los despedidos afuera. El papel de la UTA y el gobierno El rol que jugó UTA queda patentizado en un solo dato: apareció recién dos días depués del atentado que sufriera el delegado de la 79. Ni la vida de los choferes inmuta a esta burocracia. Una vez iniciada la huelga, la UTA montó un operativo dirigido a quebrar el paro. La voz de orden del sindicato fue la de acatar la “conciliación obligatoria”, lo que, finalmente, lograron hacer prosperar. La medida de fuerza fue levantada 48 horas después de haberla lanzado sin la garantía de que los despedidos quedaran adentro. Al día siguiente la patronal impidió que los cesantados, concentrados mayoritariamente en el turno tarde, tomaran servicio. Esta provocación abrió un cuadro de deliberación entre los huelguistas sobre si retomar o no las medidas de fuerza. Primó la posición del cuerpo gremial que era mantener un compás de espera en nombre de las negociaciones que se venían entablando con la patronal. También hubo ingerencia directa del Ministerio de Trabajo provincial y hasta de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación. Luego de 24 horas de cabildeos, la patronal se avino a la reincorporación, como corolario de las tratativas mencionadas. ¿A qué atribuir el triunfo? Es imperioso el balance del conflicto para el porvenir de la lucha que tenemos por delante. En este punto, hay un debate instalado en la línea que es necesario desenvolver. Exite una corriente de confianza política en sectores del activismo y en particular en el cuerpo gremial, sobre el arbitraje estatal, reforzada por el desenlace de la huelga. En función de ello, se reivindica como un acierto la decisión de levantar las medidas de fuerza. No se advierte que lo que precipitó el arbitraje fue precisamente la materialización del paro, su alcance, contundencia y firmeza, el hecho de que llegaba a adquirir la estatura de un verdadero conflicto provincial. Fue la huelga, y no el paso siguiente de levantarla, la llave de la victoria. En realidad, esta última disposición puso en peligro el desenlace favorable, pero el gobierno le teme al clima explosivo existente en el gremio por el tema de la reabsorción, que sigue a flor de piel. No se le deberá escapar a nadie que el gobierno viene pugnando a viento y marea por imponer, a cuenta del conjunto de la clase capitalista, la “flexibilización laboral”, que es el gran tema que están enfrentando los trabajadores de UTA y que está en la base del conflicto de la 79. Las perspectivas que se abren Lo que está en juego en la 79 es lo mismo que en todas las líneas. Las empresas están empeñadas en la “flexibilización laboral” (poder contratar a los choferes y así evitar pagar indemnizaciones, echando a los trabajadores en los períodos que les convenga) y también en rebajar el salario (utilizando para ello el acta que firmó UTA con FATAP-CEAP). La victoria de la San Vicente revela que están dadas las condiciones y la oportunidad para encarar una lucha con perspectivas. Lo que la detiene es la política conciente de freno de la burocracia de la UTA. Está a la orden del día el problema del salario y de la fuente de trabajo. Organicemos un movimiento en común de las líneas por todos los reclamos. Coordinemos entre las líneas que ya vienen luchando por estos reclamos mientras impulsamos el llamado a un plenario de delegados de zona sur para organizar una lucha de conjunto.

Los 418 palestinos deportados por el estado sionista fueron librados “a la más rigurosa ola de frío polar” en el sur del Líbano y abandonados en una “tierra de nadie”, bajo la amenaza de los ejércitos israelí y de su títere libanés en la zona (Clarín, 29/12). La deportación fue presentada como una represalia por las “acciones terroristas” de los movimientos “fundamentalistas”. Lo cierto es que se trata de una respuesta al reanimamiento de la “guerra de las piedras” (intifada), luego de un reflujo dictado por las expectativas que abrió la dirección de Arafat (OLP) en el recambio de los “halcones” (Likud) por las “palomas” en Israel y en las “conversaciones de paz”. Un mes atrás, en el 45º aniversario de la “partición” de Palestina por el imperialismo y la burocracia rusa, una impresionante huelga general paralizó los territorios, convocada por el movimiento Hamas que revista en la “oposición” a las “conversaciones de paz”. Esta huelga sucedió a la huelga de hambre de los presos palestinos en octubre —13.000 prisioneros políticos—, que fue levantada sin haber alcanzado sus principales reclamos, por parte de la dirigencia colaboracionista palestina (OLP). Una provocación que resultó en un “fiasco” “Comentaristas políticos en Israel —dice el corresponsal de “Ambito” en Jerusalem— opinan que la OLP, organización a la cual se opone el Hamas pro-iraní, busca obtener logros políticos con la expulsión de sus rivales” (21/12). Si esto es así, todo indica que la “mano” que Rabin quiso darle a Arafat ha resultado en un “fiasco” (la definición es de “The Economist”, 26/12). La huelga general de protesta en los territorios se prolongó durante 3 días; el ejército israelí aplicó el toque de queda en Gaza y aisló a la Cisjordania. Según el corresponsal ya citado: “´podría decirse que los israelíes sufrieron ‘un accidente de operaciones’. El objetivo del gobierno israelí era reforzar la OLP, con la cual mantiene negociaciones indirectas, asestando un duro golpe a sus antagonistas. Pero, de hecho, la expulsión creó las condiciones para un acercamiento entre los dos rivales palestinos y recrudecimiento del terror en los territorios ocupados”. Ese “acercamiento” habría permitido que la política de la OLP (defensa de las “conversaciones” con los israelíes) no sufriera mella, y que, según un cable de ANSA, Hamas y la OLP llamaran conjuntamente “a anular las huelgas” (La Nación, 21/12). Sometimiento de la OLP Después de más de 14 meses de negociaciones, el gobierno israelí y los representantes palestinos se han puesto de acuerdo en un vago “marco” de “cinco años de transición”. Los palestinos tendrían gobiernos municipales, pero no ejército, ni policía, ni derecho a ejercer una política monetaria o fiscal, ni a controlar siquiera el suministro de energía. Ni hablar de los “asentamientos” en los territorios, donde sólo en Gaza 2.000 “colonos” se apropiaron de un tercio de la tierra disponible, mientras 650.000 palestinos se hacinan en el territorio “que registra la densidad demográfica más alta del planeta” (Clarín, 25/10). Rabin ha aclarado que “les ofrecemos la posibilidad de reglamentar, no de legislar” (Le Monde, rep. por Clarín, 26/10) Pero los Comités que se constituyeron en los territorios para asesorar a los “negociadores” en la “Conferencia de Paz”, han entrado en violenta crisis. “Intensas rivalidades entre palestinos han conducido a un boicot contra los comités por parte de simpatizantes de los grupos que se oponen a las conversaciones de paz” (Los Angeles Times, rep. por Clarín, 20/12). Por una campaña internacional contra las deportaciones La cobardía y el cinismo de las burguesías árabes frente a la nueva provocación sionista ponen una vez más de relieve que sólo las masas obreras y campesinas del Medio Oriente pueden abrir una perspectiva a la lucha del pueblo palestino. La OLP está totalmente subordinada a la política imperialista, y las resoluciones de la ONU están hechas a la medida de la política sionista. La política del “frente de rechazo” se ha demostrado incapaz de abrir un norte diferente, y está viciada por su subordinación a diversas burguesías reaccionarias de la región.

P: ¿Cómo se origina el conflicto? N: El conflicto es de vieja data, aproximadamente unos años, ya que la parte empresaria pretende contratar trabajadores y trabajar en negro, cosa que no hemos permitido. Aunque actualmente lo hace en forma subrepticia, ocultando para que el cuerpo de delegados no lo sepa. De todos modos cuando lo detectamos hacemos las denuncias correspondientes, y es así que la empresa tiene labradas ya varias infracciones. El desencadenante del último conflicto es que la empresa represalía a los trabajadores que expresaron su repudio al atentado de que yo fuera objeto y despide 130 trabajadores. Igualmente antes que esto sucediera, la patronal venía a los compañeros con amenazas tales como “si siguen al cuerpo de delegados van a ser despedidos”, “no se acerquen a ellos”, y a algunos que venían a participar de la asamblea les advirtieron que si seguían concurriendo los echarían, y en algunos casos así fue (los despidieron sin causa). Todo esto está documentado en diversos expedientes. Yo creo que se está violando todo lo que es la ley de trabajo y no tenemos ningún tipo de reaseguro, ya que hemos hecho muchas denuncias, pero no hemos tenido ninguna respuesta positiva a los reclamos de las autoridades competentes. Y esto a pesar de tener todos los hechos demostrados y documentados. P: ¿Qué hay detrás del coflicto, entonces? N: Lo que trata el empresario es descabezar la parte gremial, porque no le permitimos el trabajo en negro, que nosotros consideramos que es uno de los males más importantes que padece el trabajador en este país. Un ejemplo de estos lo tenemos con los jubilados, donde las arcas del Estado están totalmente vacías. Aquí se pretende descabezar a la C.I. de la San Vicente, y no sólo lo quiere esta parte empresaria, sino que es prácticamente el aparato montado entre todos los sectores empresarios. P: ¿A qué atribuyen el triunfo logrado con la reincorporación de los compañeros? N: En principio consideramos que todavía no tenemos una victoria total. Los despedidos fueron una realidad, pero esto no tendría que haber ocurrido porque los trabajadores en ningún momento cometieron falta alguna. La parte empresaria les proponía a los compañeros que pidieran la renuncia de los delegados que así reincorporarían a todos. Hubo una reacción de los trabajadores oponiéndose a esto. Lo tomaron como un acto de persecución a ellos mismos. Hoy en día vemos que en nuestro país los trabajadores están defendiendo sus conquistas y pierden el miedo que trata de imponer la parte empresaria. R: Considero que todavía es una victoria parcial. La patronal en un primer momento no había querido acatar la conciliación, pero debido a la presión y a la lucha ejercida por los compañeros no le quedo otra alternativa. De ahora en más, están las negociaciones para poder concretar nuestro triunfo y la derrota de la patronal. P: ¿Cómo piensan continuar la lucha? N: Nosotros somos respetuosos de lo que dicta la Subsecretaría de Trabajo. Esto es así porque cuando se dicta la conciliación, nosotros acatamos en ese momento y la patronal no. Por lo que vamos a esperar que concluya la conciliación. Pero lo que quiero dejar claramente expresado es que si la parte empresaria intenta dejar un solo trabajador de los despedidos afuera, o prefabrica un despido, vamos a abstenernos de trabajar hasta las últimas consecuencias. Vamos a reunir a los trabajadores en asamblea general y allí decidiremos. Ya las anteriores asambleas se pronunciaron: si dejan afuera a algún trabajador vamos a paralizar el servicio. Es la única defensa que tenemos. R: Durante este período vamos a ir informándonos por medio de un boletín, de todas las tratativas y discuciones con la patronal.

El Partido Comunista argentino debe tener el “privilegio” de ser de los pocos en el mundo que ha salido en defensa de uno de los verdugos stalinistas más oprobiosos de Europa del Este, el ex-líder de la R.D.A. El PC reclama la suspensión del juicio contra Honecker que tiene lugar en Alemania Federal “aunque solo fuese por razones humanitarias... Erich Honecker, al borde de la muerte lo ha afrontado dignamente. Nos solidarizamos con él” (Propuesta, 17/12/92, subrayado nuestro). Honecker, quien escapó de la ex-R.D.A. para evitar que le suceda lo que a Ceacescu, fue cobijado por Gorbachov, con el cual los seguidores de Echegaray, debieran entonces igualmente “solidarizarse”. El “digno” hombre que pidió antes que nadie la invasión de Checoslovaquia en 1968 y endeudó a la R.D.A. por 250.000 millones de dólares con el capital financiero internacional (ver P.O. No.379, 23/12/92 —), finge una enfermedad terminal —según comprobó una Junta Médica Internacional—, para impedir su juzgamiento. Una cobardía de la cual “Propuesta” no parece haberse enterado. “Propuesta” se refiere al juicio de Honecker, como “algo montado contra el ex jefe de Estado de un país soberano que fuera miembro de la ONU (que) no tiene otro objetivo que condenar toda la historia de la RDA y sus realizaciones y, arrancar de cuajo en su población toda idea de cambio, toda idea de socialismo”. Solo la ignorancia o el cinismo y la perfidia más abyecta pueden dar lugar a esta reivindicación. La R.D.A. fue una creación estatal artificial, contrarrevolucionaria, hecha a espaldas del pueblo alemán después de la guerra, dirigida a quebrar y dividir al proletariado más importante de Europa, por obra del imperialismo “democrático” y la burocracia rusa. Esta última y sus “títeres” alemanes, Walter Ulbricht y Erich Honecker, los típicos “apparatchnik” del período stalinista, ejecutaron entre 1945 y 1947 una política de “victimización” del pueblo alemán “oriental”. Al “haberse ellos (los rusos) apoderado de tantas propiedades alemanas, incluidas fábricas enteras, obras de arte, cabezas de ganado, etc... colocó enfrente no sólo a las clases medias, sino también a la mayoría de los obreros y campesinos” (Walter Laqueur, Europa después de Hitler). “La tarea más difícil de los líderes de la Alemania Oriental consistía en inculcar un sentimiento de nacionalidad distinta y suya a los súbditos de Berlín Este, la mayoría de los cuales continuaban creyendo que la división de Alemania en dos estados era una cosa artificial que no podía durar” (ídem ant.). Todo esto llevó, en junio de 1953, a la primer gran huelga obrera después de las impresionantes purgas estalinistas de 1948/49, que rápidamente se transformó en insurrección popular en Berlín, y que tuvo que ser quebrada con la intervención de los tanques rusos. Fue esta acción de las masas, la que llevó al stalinismo a poner un parate al saqueo del país (“Rusia continuaba llevándose de allí mercancías y productos en escala masiva” —id. ant.). La república “democrática” se sostenía en la presencia permanente de 20 divisiones soviéticas, frente al tremendo odio que se habían ganado los burócratas. “Hungría —otro país donde la política de reparaciones de guerra volcó masivamente al pueblo al odio antiruso (y más tarde a otra insurrección). P.O.— ... en comparación con la Alemania Oriental podía considerarse un oasis de libertad cultural” (íd. ant.). Esta situación llevó a un éxodo de alrededor de 2 millones de alemanes “orientales” a occidente, en solo 7 años hasta 1952. “Alemania Oriental —era en el momento de la edificación del muro, acordado entre la burocracia y el imperialismo (1961)— ...el único país europeo cuya población decreció entre 1945 y 1960” (íd. ant.). Este es el “socialismo” que reivindica el PC. Los “hijos” del verdugo Codovilla, el mismo que organizaba las bandas asesinas de trotskistas y sindicalistas bajo la república española, siguen atados al mismo cadáver.

A pocas horas de su derrota en el referéndum sobre la ley de privatizaciones, Luis Alberto Lacalle —presidente del Uruguay— se dirigió en secreto al domicilio particular del senador frenteamplista Francisco Rodríguez Camusso para solicitarle una entrevista con Liber Seregni, presidente del Frente Amplio. Diligente, Rodríguez Camusso gestionó tan sigilosamente la entrevista que los dirigentes del FA se enteraron de ella por los diarios. En el curso de la reunión —la primera que sostuvo con un político opositor después del referéndum— Lacalle solicitó que el FA “no ponga piedras en el camino” del gobierno. Horas después, el citado Rodríguez Camusso vetó en la Mesa Política del FA una declaración de repudio al ministro de Economía De Posadas. El episodio ilustra sobradamente el papel que juega el Frente Amplio. Seregni y Rodríguez Camusso, naturalmente, no han sido los únicos en apuntalar la “gobernabilidad”. El senador Danilo Astori concluyó que “en el referéndum no hubo vencedores ni vencidos”, es decir que los “vencedores” saldrán al rescate de los “vencidos”. De paso, el senador reconoce que entre las dos trincheras del referéndum, el “sí” y el “no”, no había diferencias de principios (ambas eran privatizadoras y entreguistas) sino apenas de grado. El mismo Astori llamó también a “reconocer la verdad de los otros”. Menos “poético”, otro connotado frenteamplista —Reinaldo Gargano, secretario general del Partido Socialista— constató que “el pueblo no ha cuestionado la legitimidad de este gobierno como se pretende decir por ahí; este gobierno tiene que terminar su mandato para el que fue legítimamente electo” (La República, 26/12). Por eso, la burocracia del PIT-CNT “no encontró clima propicio para una protesta generalizada” ... a pesar de que más del 70% de los uruguayos votó contra el gobierno (La República, 21/12). ¡Esta es la gente que, según el Mas y el Mst, habría “encontrado la vuelta” para derrotar los planes de entrega! La reforma político-electoral Como obedeciendo a una consigna, después del referéndum todos los partidos, oficialistas u “opositores”, salieron a reclamar una reforma constitucional, una reforma electoral y hasta una ley de los partidos. La dirigencia del FA —Astori, Tabaré Vázquez, Seregni, el PS— se ha sumado abiertamente a esta campaña, que tiene mucho de distraccionista frente a la catastrófica situación de las masas, a las luchas en curso —como las de UTE (electricidad) y Promopés (cooperativa de pesca)— y a las negociaciones en curso entre la oposición y el gobierno acerca de la “reformulación de la política económica” . Para el FA la reforma constitucional-electoral tiene un objetivo estratégico: habilitar los mecanismos para la formación de un “gobierno de mayorías nacionales” con los partidos patronales en 1994: “la reforma constitucional es el esqueleto de la tesis de gobierno de mayorías nacionales” (La República, 26/12). La “derecha” del FA “está pensando —después del 13 de diciembre con mayor intensidad— en la posibilidad de reformas electorales que permitan que dirigentes, caudillos, líderes y ciudadanos de los partidos tradicionales puedan, no ingresar como en la década del ´70 en el Frente Amplio, sino que nuevas formas políticas institucionales permitan que los votos de la izquierda frenteamplista se sumen con los del Nuevo Espacio y de los sectores progresistas de los partidos tradicionales”(La República, 16/12). Ya Tabaré Vázquez, intendente frenteamplista de Montevideo, señaló “la necesidad de un acuerdo pre-electoral entre el Frente y el Foro (Batllista, del ex presidente Sanguinetti, obviamente un elemento nada “progresista”) para asegurar la gobernabilidad de Uruguay” (Ambito Financiero, 15/12). El FA en crisis Detrás de la “alegría profesional” del aparato de los partidos y de la burocracia sindical en la noche del referéndum, ha resurgido a la luz del día la crisis del FA. Como siempre, la crisis se manifestó en una andanada de acusaciones públicas. Eleuterio Fernández Huidobro, dirigente del MPP y de Tupamaros, la emprendió contra Astori y Tabaré declarando que “hay dirigentes del Frente Amplio que de tanto referirse a la cultura del gobierno ya forman parte del gobierno” (La República, 23/12). Rodríguez Camusso, por su parte, “instó a dar la batalla ‘para salvar al Frente Amplio de los radicales” (La República, 29/12). Pero incluso “la derecha” del FA se ha fracturado: un sector, dirigido por el PS, que pretende posponer las “privatizaciones” hasta el próximo gobierno, y otro sector, representado por Astori, plantea que “no podemos negarnos a conversar si alguien plantea las privatizaciones” (La República, 17/12). La escisión de los “derechistas” se hizo patente en el escándalo armado por el PS contra Seregni a raíz de su entrevista secreta con Lacalle. Esta división de la “derecha” permitió una votación favorable a los “radicales” en el seno del plenario del FA, que fue prematuramente caracterizada como “victoria”. El “radicalismo” ( MPP y el PCU) reclamaba la interpelación parlamentaria del ministro de Economía, el cese de las “privatizaciones” en curso y el “replanteo de la deuda externa”. La “derecha”, naturalmente, se cagó abiertamnete en las resoluciones “radicales” del plenario: Carlos Pita, de la Corriente Popular y uno de los elementos más derechistas del FA, “aseguró que seguirá negociando la reforma del Estado a nivel de la Comisión de Defensa del Patrimonio... porque ese es su ámbito natural” (La República, 29/12). La “izquierda” frenteamplista hace el ridículo papel de rechazar la reforma político-electoral (pretendiendo con esto ponerle “piedras en el camino” al “gobierno de mayorías”) y de exigir el “replanteo de la deuda externa” como una forma de “filtrar” a los aliados “demasiado derechistas”. Con estos subterfugios pretende evadir el carácter contrarrevolucionario del FA y su integración de clase al Estado y al imperialismo.

El asesinato en la calle y a plena luz del día de Pedro Huillac, secretario general de la CGT peruana (central sindical dirigida por el stalinismo), conmovió al país. Familiares y amigos denunciaron que Huillac había recibido amenazas de muerte a partir del momento en que se pronunció abiertamente contra los planes de “reforma laboral” de la dictadura. Aunque la dictadura pretendió endilgarle el asesinato a Sendero Luminoso, las agencias internacionales de noticias coinciden en señalar que éste no tiene ninguna de las características habituales de las acciones senderistas. Es un nuevo ataque del terrorismo de Estado. El asesinato se produjo horas después de la primera manifestación obrera contra la dictadura: la marcha convocada por la CGT para rechazar los planes oficiales de “flexibilidad laboral” y de “liberalización de la política de remuneraciones”; según la agencia United Press, la marcha fue “muy nutrida” (La República, 21/12). Los anuncios dictatoriales llevaron al londinense The Economist a decir que “no aparecía tan atractivo invertir en minería, pesca y propiedades agrícolas en Perú desde la década del ’50” (14/11). La masividad de la marcha realizada bajo el estado de sitio y el terrorismo de Estado más salvaje que haya conocido Perú, podría plantear la emergencia de un nuevo cuadro político. La base social del régimen se angosta rápidamente. La principal central empresaria, la Confiesp, ha salido a criticar abiertamente la política económica oficial, a la que responsabiliza por la aguda recesión (El Cronista, 8/12). Con todo, el principal “peligro” para el futuro del régimen proviene de su principal base de sustentación, las fuerzas armadas. Con el correr de los días, la prensa ha ido mostrando que el fracasado golpe militar en los días previos a las fraudulentas elecciones para la Constituyente tenía abundantes ramificaciones en las instituciones armadas, en los partidos y en la propia burguesía. Según Cambio 16 (30/11), “en la intentona estarían comprometidos más de 60 oficiales en activo, los mejores en sus promociones y los más experimentados en la guerra antisubversiva”. Según Le Monde (17 y 18/11), “la enfermedad se agrava en el seno del ejército” después del golpe, y señala “de buena fuente” que el comando conjunto de las tres armas permaneció en silencio frente al golpe “por el rechazo de la marina... conocida por sus estrechas relaciones con la US Navy... a firmar un texto de apoyo al gobierno”. Los ascensos de militares adictos digitados por Fujimori en los últimos días han producido “malestar y descontento en el interior de los cuarteles” (La República, 28/12) y se han constituido “en un tema central”. “Entre los militares habría fuertes tendencias nacionalistas que buscan, según se afirma, restablecer cuanto antes el equilibrio de poderes y la vida constitucional en Perú” (ídem). La prensa plantea, abiertamente, la posibilidad de una nueva crisis militar.

El Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) es la organización situada más a la izquierda dentro del Frente Amplio. Su misma permanencia en el FA ha sido cuestionada por los derechistas de la coalición (e incluso por ciertos “izquierdistas’”) a partir de las declaraciones de Mario Rossi Garretano, su principal dirigente, defendiendo “la lucha armada” y “la violencia” como métodos de lucha de los explotados. Hace pocos días, La República (30/12) informó que “en un documento público el Movimiento Revolucionario Oriental, que desde el 1º de octubre al 13 de diciembre mantuvo el más absoluto silencio, (las cursivas son de PO)se confiesa: ‘el MRO votó nulo, contra ambas opciones, ninguna de las cuales eran solución a los reclamos de los trabajadores.’ “La opción asumida por los liderados por Mario Rossi Garretano se fundamentó en que las tendencias socialdemócratas hegemonizaron el Frente Amplio durante la campaña por el plebiscito. ‘El peligro de un referéndum hegemonizado por las fuerzas socialdemócratas era que estas fuerzas tenían que ofrecer ciertas garantías a la clase dominante, ante la eventualidad del triunfo: la primera y fundamental, que el resultado sería negociable.’ “Para el MRO antecedentes de este peligro sobran: ‘pactos del Club Naval, Concertación Programática, acuerdos con Sanguinetti, negociación del voto verde, etc., sustituyendo la lucha de clases por la conciliación de clases’. “En tal sentido asegura que el ‘triunfo popular’ del 13 de diciembre fue ‘un paso de acumulación de las tendencias socialdemócratas que hegemonizan el movimiento popular en este momento y por lo tanto desarticulan una acumulación hacia una opción revolucionaria de masas.’” De la información que brinda La República surge una radiografía sencillamente espantosa de la izquierda del FA: su ala más extremista sólo fue capaz de manifestar su oposición al voto por el Sí recogiéndose en el silencio. ¿Pero qué clase de oposición es una oposición silenciosa? Los compañeros del MRO pretenden hacer sonar el ruido de las armas, pero su centrismo político los condena a no lograr emitir el más modesto de las cuerdas vocales o del papel impreso. El MRO ni siquiera adoptó una posición contra el Sí, favorable a la privatización selectiva de las empresas del estado —algo así como entrega en cuotas al imperialismo. El voto nulo que el MRO evitó “recomendar” no tenía que ver con el carácter del Sí sino con una previsión de que el “ala socialdemócrata” del FA desvirtuará una victoria del Sí, esto a través de negociaciones con el gobierno. El MRO hace trascender recién ahora su posición secreta a favor del voto nulo, porque comprueba el descontento que crea la política del FA, pero un descontento que él, el MRO, ha sido incapaz de preparar. El MRO no se ha dado cuenta, parece, que la posición negociadora estaba implícita y explícita en la posición por el Sí, que admitía una “reforma del Estado” compuesta de privatizaciones en gran escala que tuvieran más en cuenta los intereses de la burguesía industrial y agraria en detrimento relativo de los pulpos financieros, en especial de los norteamericanos (no de algunos europeos). La posición consecuente como sí misma es entonces la de los “socialdemócratas”, no la del MRO. El mismo MRO cita, en el documento que transcribe La República en parte, las innumerables “negociaciones” (traiciones y entregadas) del FA con los gobiernos civiles y militares del imperialismo, como para que se justifique ahora una suerte de indignación por las negociaciones con Lacalle. Como ocurre con los matrimonios desavenidos, las quejas del MRO contra los “socialdemócratas” tienen la función de evitar la ruptura, evitar caracterizar de conjunto al FA y por sobre todo esconder las propias e ignoradas incompetencias políticas. La izquierda del FA (tupas, PC ortodoxo, MRO) va alegremente a remolque de la derecha —no de la socialdemocracia entendida como idea o programa, sino de los agentes del imperialismo, cuya única política es acomodarse a las circunstancias del momento. El momento actual es el más adecuado e imperioso para que la izquierda rompa con el FA y establezca un frente independiente de los explotadores. A partir de ahora la “izquierda” se convertirá, en caso de que no rompa, en simple marioneta dentro de las maniobras de la cúpula del FA.

Sr. Director Prensa Obrera Con relación a la situación que viene afectando al funcionamiento de AEROLINEAS ARGENTINAS cabe señalar: a) Qué pasa con la investigación iniciada hace meses de la que nada se ha informado al país y motivada por la EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES EN LA CADENA DE ENDOSOS DE LOS TITULOS DE LA DEUDA EXTERNA, entregados en pago de parte del precio de la venta de la empresa. El total de títulos entregados ascendió a 1.050 millones de dólares. En la cadena de endosos numerosos aparecían Bancos o Instituciones FInancieras líquidas o desaparecidas o con domicilio que no se localizaba. Se trata de un mecanismo habitual en operaciones de lavado de dinero del narcotráfico o de otro origen. La entrega de los títulos se produjo en el mismo año que Naciones Unidas por uno de sus organismos calificados informa que la Argentina se está convirtiendo en un “centro de lavado de dinero” (Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) al año 1991); b) Aún cuando el Estado Argentino pase a ser accionista del 43%, ELLO NO EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD PRESENTE Y FUTURA DEL ESTADO Y EL GOBIERNO ESPAÑOL en las graves irregularidades que afectan el funcionamiento de Aerolíneas desde su privatización. Tal responsabilidad entre otras fuentes integrantes del derecho internacional surgen del carácter de España como país miembro de la O.I.T., ser el Estado propietario de la multinacional IBERIA y por las estipulaciones del Código de Conducta adoptado por el consejo de administración de la O.I.T. en noviembre de 1977. Dicho Código se encuentra vigente y fue aprobado por los diez países más grandes del mundo. Argentina es el país de origen de la misma multinacional. La responsabilidad del Estado y gobierno español se agrava porque el comportamiento de las multinacionales IBERIA, TELEFONICA de ESPAÑA en los procesos de privatizaciones y funcionamiento posterior de las empresas privatizadas, nos evidencia a la INEXISTENCIA POR PARTE DEL ESTADO Y GOBIERNO ESPAÑOL de la conducta de PROMOCION DE PRACTICAS SOCIALES ADERENTES ADECUADAS que impone el citado CODIGO DE CONDUCTA.

En la puerta de Aeroparque. La reincorporación de “licenciados” es rechazada por la Empresa. Hay un ir y venir de dirigentes gremiales, funcionarios y medios de prensa. Prensa Obrera entrevistó a Fabio Basteiro, delegado de base del gremio APA, del personal de Aeroparque. Los conceptos que nos vierte el compañero son perfectamente claros, no así la política que se desprende de ellos. Cuando afirma “no somos los iluminados que decimos el paro o no el paro… lo que planteamos es que la gente decida”, revela más ceguera que prudencia y más desconocimiento de la situación que perspicacia. Es indudable que, en definitiva, será la base la que decida —pero esto no es más que una muletilla o lugar común. El asunto es en qué condiciones “la base” tendrá que decidir —si luego de sufrir una prolongada acción de desgaste por parte del gobierno, del pulpo y de la burocracia, como está ocurriendo, o con la confianza y las fuerzas, si no intactas, al menos con una clara disposición de lucha. Pero para que esto último ocurra, la vanguardia del gremio (los “iluminados” a los que el compañero desvaloriza, sin pensar que él como delegado es en cierto modo un “iluminado”, es decir que ha decidido jugarse un poco más que otros por los intereses de su clase); para que haya ánimo de lucha, entonces, la vanguardia debe desenmascarar a la burocracia y a su política, y ofrecer otra política que sirva como base para un trabajo de organización y de lucha. Esa otra política no es otra que la de la huelga indefinida de todos los gremios —lo único que puede quebrar la frágil alianza entre Iberia y Cavallo (este último agente de la American Airlines) e imponer un triunfo. La Asamblea General no puede tener por objetivo la simple aspiración a decidir, sino que debe tener la finalidad, expresada en posiciones previas muy claras, de imponer un camino que lleve a la victoria, es decir la huelga general indefinida. El compañero piensa que no debe actuar como un “iluminado”, pero no creemos que mantendría esa posición en la misma Asamblea, donde estará obligado a “iluminarse” luchando por una moción concreta. ¿No sería mejor, entonces, que la prepare entre sus compañeros con toda la antelación posible, para ganar mayor posibilidades de triunfar? ¿La Asamblea debería limitarse a votar la huelga o a votar también un comité de huelga para evitar que la huelga sea levantada inconsultamente, como ya ha ocurrido por ejemplo con el plan de paros votado por los técnicos (APTA) en Asamblea? Recurriremos a este método inusual de nuestra parte, de polemizar con las expresiones de nuestro entrevistado, debido a que creemos que las posiciones vertidas en el reportaje son representativas de un conjunto de delegados y naturalmente mortales para un desenlace del conflicto positivo para los trabajadores. PO: —La Empresa no acata ninguna intimación y está visto que esto se transforma en un entretenimiento. ¿Qué actitud deberían adoptar los gremios? FB: —Lo que pasa es que hay una historia bastante larga donde se vienen reiterando posiciones. Acá hubo un acta-acuerdo firmada, sin asamblea, sin consulta, que abrió paso a las actuales situaciones. En ese acta se habla de reconversión empresaria, de reestructuración, donde los sindicatos juegan un papel en eso. Allí ya hay un hecho sintomático. Ante esto hay reclamos de los compañeros de una asamblea general para discutir la defensa de la fuente de trabajo, que es lo que está en juego, como lo demuestran las declaraciones de los Sres. Roldán, Derqui, etc., de que sobran 2.000 trabajadores en AA. El pedido de asamblea urgente no tuvo respuesta por parte de las conducciones. La única respuesta fue de los trabajadores que nos fuimos organizando para ejercer una presión y abrir una negociación en la que estamos plantados ahora. No es un triunfo ni mucho menos. Lo que se logró con este acta (exigencia del ministerio de reincorporación de licenciados) es abrir un paréntesis, pero dentro de la reestructuración prevista en la Ley de empleo, que no asegura la fuente de trabajo, ni para los que están afuera ni para los que estamos adentro. PO: —Frente a esto, ¿no está planteado el paro? FB: —Cuando se producen los primeros telegramas y se realizan movilizaciones, asambleas de sectores, sentadas callejeras, se llegó a un grado donde están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para desarrollar medidas de acción directa. Nosotros reclamamos que la gente decida cuál es su futuro a través de la asamblea general. No somos los iluminados que decimos el paro o no el paro. Lo que planteamos es que la gente misma decida y que se tenga la voluntad política de cumplir lo que decida la gente.

El pasado 29 de diciembre las Comisiones de Previsión y Hacienda de la Cámara de Diputados hubieran debido votar su dictamen sobre el proyecto oficial de reforma provisional que pretende insti­tuir la “jubilación privada”. La fecha había sido impuesta en una reunión anterior por el PJ para "poner fin” a lo que llamaron las “dilaciones” en la sanción del proyecto. La mayoría que había logrado para ponerle fecha a la votación hacía prever la aprobación del despacho menemista y su habilitación para ser considerado por el Congreso en el mes de febrero. En la hipótesis de un dictamen negativo, el proyecto quedaba archivado hasta 1994, salvo que el oficialismo obtuviese los imposibles dos tercios de los votos para tratarlo directamente “sobra tablas". Ese día, “después de un relevamiento de vo­luntades y de asistencia llegaron a la conclusión (Jorge Matzkin, Gerardo Cabrera y Oscar Lamberto, titular del bloque del PJ y presidentes de las Comisiones) de que perdían la votación por 26 a 17, por lo que surgió la necesidad de buscar un acuerdo con la oposición para postergar el tratamiento del proyecto para la segunda mitad de febrero” (El Cronista, 30/12). Inclusive “en caso de haberse dado la asisten­cia perfecta de legisladores, la derrota (solamente) hubiese sido más ajustada (30 a 29), dado que se iban a Inclinar por la negativa el bordonista González Gavióla, Federico Clérlci y Juan Carlos Sabio, del Partido Blanco de los Jubilados” (ídem). Ante la evidencia de una derrota segura, el PJ j solicitó que no se votara el dictamen y que el proyecto oficial volviera a ser considerado en febrero, lo que J fue aprobado por TODOS los bloques por unanimi­dad. Dice Clarín (30/12): “el oficialismo en Dipu­tados soslayó una derrota en el plenario de co­misión... al promover una postergación para i mediados de febrero próximo, con lo cual logró el apoyo de TODOS los sectores de la oposición” (mayúscula de PO). En igual sentido, La Nación (30/ 12) puntualizó que la decisión de postergar el dic­tamen “se adoptó por UNANIMIDAD a propuesta del justicialismo que no habría contado con el número suficiente como para imponer su des­pacho" (mayúscula del PO). En pocas palabras, la “oposición” (radicales, centroizquierdistas, etc.) “dejó pasar" la oportuni­dad para acabar con el proyecto de “jubilación privada ¡Le bastaba para ello con hacer votar a las Comisiones reunidas por el propio oficialismo! Pero los radicales y centroizquierdistas son hom­bres “responsables", y para conservar semejante “reputación" le tendieron la tabla salvadora al menemismo, o mejor dicho a los bancos y compañías de seguros que son los que realmente están detrás de este negociado. Para disimular esta artera traición, los “pro-hombres” de la UCR y del centroizquierda emitieron una “mutua declaración de intenciones de bregar por el consenso en tomo a una ley...” (Clarín, 30/12). El más entusiasmado con esta política de pillos al servicio del pillaje era “Carlos ‘Chacho´ Álvarez (ex grupo de los Ocho) quien también apoyó la pos­tergación..." (La Nación) y se mostró “satisfecho” (El Cronista). Para la “<cabeza pensante” de los 8, este servicio a los bancos y esta traición al pueblo debe tener su justificación en la necesidad de “re- valorizar la función parlamentaria". Esta es la “gente”, sin embargo, que está exhor­tando a reunir un millón de firmas para reclamar un referéndum sobre esta reforma previsional que, se­gún ellos, “afectaría el destino de varias generaciones de argentinos”; Ni el propio Menem, que encarna como nadie la hipocresía del político patro­nal, ha llegado a tales extremos de duplicidad! En época de “privatizaciones" no es de extrañar que a estos “opositores” les hayan “desregulado” el cerebro. Como “representantes del pueblo "violan el mandato de sus electores y tienden la única tabla salvadora que podía rescatar al delictivo proyecto de “jubilación privada”. Luego, en nombre de la de­fensa de la “voluntad popular" se lanzan a pedir un referéndum contra un proyecto cuya sobrevivencia solo ellos han hecho posible. El domingo 3 de enero La Nación le recordaba a la oposición, en un editorial, la necesidad de ser “responsable", fingiendo ignorar la lección de “responsabilidad" que esa oposición había dado el martes anterior. Pero el alegato del diario mitrista no es ocioso, porque revela simplemente la compren­sión que tienen los explotadores de que sin esta “oposición" el oficialismo habría dejado de existir. Sin esta “oposición” el proyecto previsional es­taría ya muerto. Sin esta “oposición" también estaría terminado el vaciamiento de Aerolíneas, porque no otra cosa que salvar a Iberia es lo que están haciendo los burócratas de los sindicatos aeronáuticos. Quizás pocos recuerdan ya que sin esta “oposición” tampoco habría existido el “plan” Cavallo, el cual solo pudo parir luego que la UCR votara la reforma impositiva que le reclamó el “gran saqueador”, en marzo de 1991. Sin los votos de los concejales radicales la Capital no habría tenido “escuelas-shoppíng” ni las demás estafas de Grosso contenidas todas en el presupuesto municipal votado por la “oposición". Sin esta “oposición”, el clero no habría podido de­rrotar la gigantesca movilización de la comunidad educa­tiva, algo que acaba de “recordamos" Mary Sánchez cuando al recibir recientemente al “flamante” ministro de Educación saludó la “ley educativa” que aprobó el Se­nado. La conducta de la UCR y del centroizquierda en las comisiones de previsión y de presupuesto de Diputados es incuestionablemente el mayor caso de CORRUPCION Que se ha protagonizado en la corrompida era menemis­ta. Gobierna en Argentina un miserable régimen de COALICION POLITICA, «evado de la mano por el imperialismo yanqui. Un periodista que escribe en “Humor”, pero que ca­rece de grada y sobre todo de talento y de honestidad intelectual, Enrique Vázquez, saluda el comienzo de 1993 en fundón de lo que llama una “gran noticia”: la de que esta “oposición” ha “encontrado al fin un método y un objetivo común. El método, la movilización... El obje­tivo: abortar el proyecto menemista de crear un sistema provisional privado”. Esperemos que en el próximo número de la revista el periodista denuncie el aborto producido por esta "oposición” y la califique como el mayor caso de CORRUPCION MORAL Y POLITICA de este período de estafa democrática. Que denuncie que el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) ha aprobado la formación de Fondos de Previsión Privadas (artículo 12 del Estatuto), mientras finge oponerse y pretender un plebiscito. Las opciones son muy claras y están cristalinamente planteadas: o con la “oposición a su majestad” de ra­dicales y centroizquierdistas, o con un reagrupamiento polillo de activistas para impulsar un gran trente de trabajadores. O con Mary Sánchez y la burocracia sin­dical de Aeronáuticos, que nos llevan con lucidez y condena a la derrota; o con los delegados y activistas de la 79, que con todos sus problemas y dificultades se empeñan por llevamos a la victoria Con los sirvientes del régimen capitalista, o con la unidad de los que quieren ser sus enterradores.

A un mes de la aplastante victoria de la Violeta en Propulsora, con motivo de las elecciones en la seccional de la UOM, se realizaron las elecciones para renovar el cuerpo de delegados interno. Una vez más fue derrotada la burocracia Azul y reelecto el cuerpo de delegados que viene dirigiendo la fábrica desde hace cinco años, pero esta vez la diferencia fue muy exigua, la elección sumamente reñida. La “sorprendente” recuperación electoral de la burocracia ha puesto en evidencia con una inusitada rapidez las limitaciones profundas de la oposición. La actual conducción no hizo campaña y vaciló hasta último momento en presentarse (el ex candidato a secretario general por la Violeta no se presentó en la lista de delegados). Otra vez se optó por evitar el choque con la burocracia y la denuncia de los azules. La burocracia acusó al cuerpo de delegados de “no pedir plata”, de “ineficiente” y de “falta de diálogo con la empresa”. Después de un año y medio de congelamiento salarial, en el cual la empresa se limitó a repetir el ritual de una suma fija y bonos a cambio de la firma de la “paz social” (los salarios han caído mucho (desde el ’89 la caída llega al 50%), obligando a los compañeros a trabajar un promedio de 12 horas por día (“extras”). La burocracia, obviamente, no plantea ninguna salida a la miseria salarial. Peor aún; el congelamiento y la destrucción del convenio son el producto de la política de Miguel y del Secretariado Nacional —que incluye a Di Tommasso. Si aún en estas condiciones la burocracia puede levantar cabeza en Propulsora, esto está reflejando la impasse de una dirección de fábrica que se las ha pasado todo el año repitiendo que no se puede luchar, que los compañeros “no dan” y que ha desaprovechado un momento de plena producción en la empresa (contratos con las automotrices) para organizar la resistencia a la política hambreadora de la patronal.

El gobierno presentó un balance de sus privatizaciones, que se pretende “exitoso* pero que es, por sobre todo, sumamente revelador. De acuerdo a las cifras suminis­tradas por Cavallo, el Estado habría obteni­do por el conjunto de las privatizaciones efectuadas en estos últimos 3 años 14.769 millones de dólares, distribuidos de la si­guiente manera: En efectivo - U$S 5.342 millones En títulos, a valor nominal - U$S 6.794 millones En títulos, a valor - efectivo de mercado. ..U$S 2.633 millones Los títulos a valor nominal fueron recibi­dos como forma de pago, básicamente por la venta de ENTel (5.000 millones de dóla­res) y de Aerolíneas (1.610 millones), pero el valor de mercado que ostentaban esos títulos en aquel momento era un 85% infe­rior, representando para los “privatizado­res " un desembolso de no más de 1.000 millones de dólares. Los títulos valuados a la cotización co­rriente fueron usados básicamente en cam­bio para la privatización de Gas del Estado. Pero en este caso, los Bonos que se utiliza­ron fueron entregados a los “privatizadores” en resarcimiento por los quebrantos imposi­tivos fraudulentos que éstas declararon para los ejercicios 1989/90 y 1990/91. A partir de esto, el valor real de estos bonos es cero, pero únicamente para los “privatizadores ", pero para el Estado representa el costo de ingresos impositivos no percibidos. Tenemos entonces que las privatizacio­nes arrojaron los siguientes resultados aproximados: En efectivo - U$S 5.342 millones Valor real de los títulos aceptados A valor nominal - U$S 1.000 millones Valor real de los "títulos " aceptados a valor efectivo - U$S O.OOOmillones TOTAL - U$S 6.342 millones Pero tampoco fue éste, sin embargo, el importe que pusieron los pulpos que se alzaron con las “privatizaciones", porque dentro del "efectivo” se incluye la venta de las teleacciones, compradas por miles y miles de ahorristas, por 2.057 millones de dólares. Es decir, los pulpos acapararon las empresas públicas por sólo 4.285 millones de dólares (6.342 menos 2.057 millones). Pero si se descuentan, a su vez, los 300 millones que tuvo que poner el Estado para "capitalizar" las deudas de Aerolíneas (re- estatización), el desembolso real es inferior a los 4.000 millones de dólares. A cambio de menos de 4.000 millones de dólares, los grupos económicos se que­daron con ENTel, Aerolíneas, los mejores yacimientos de YPF, SEGBA, Gas del Esta­do, Obras Sanitarias, las centrales eléctri­cas, los elevadores, varias petroquímicas, el Hotel Llao Llao, el Hipódromo, Somisa, Altos Hornos Zapla, Tandanor, la concesión de 10.000 kms. de rutas y otro tanto de ramales ferroviarios, canales de televisión y radios, la destilería de Campo Durán y 80 áreas marginales de YPF. ¿Pero acaso pusieron estos pulpos esos millones de dólares? Solamente en 1992, los principales be­neficiarios de las “privatizaciones” con­trajeron deudas con el exterior por más de millones de dólares en obligaciones negociables y eurobonos, sin contar las nuevas emisiones de acciones que lanza­ron algunas compañías, como Pérez Companc, lo cual redondea más de 4.000 millones. Por lo tanto, los pulpos que dicen con­fiar ciegamente en (as bondades y éxitos del “Plan” Cavallo, no pusieron capital propio sino prestado. En caso de “sobrevenir una devaluación del peso, posiblemente que­den financieramente estranguladas" (Julio Nudler en Página 12, 18/12/92), y “la po­sibilidad de que se repita la tenebrosa historia de 1982depende de la suerte que corra el Plan Cavallo y, más exactamen­te, el balance de pagos” (ídem), el cual "muestra una creciente tendencia al défi­cit...“ y “la experiencia de lo* últimos meses fue, en este sentido, poco tranqui­lizadora. Desde Julio viene creciendo el llamado ‘riesgo argentino' que los finan­cistas miden trazando la distancia entre la rentabilidad del Bónex 89 y la tasa LIBO, diferencia que da idea del plus de utilidad que pretenden obtener los inver­sores extranjeros (o/os argentinos con plata afuera)” (ídem). Todo esto explica que los pulpos no hayan invertido en las empresas "compra­das ", a pesar de haberlo hecho a precios de regalo. Los pulpos están obligados a remitir intereses y beneficios al exterior, lo que explica el inusitado déficit de la cuenta co­rriente más allá del déficit comercial. Argen­tina sufre ahora la crisis de inversión, el doble estrangulamiento de la deuda externa pública y privada. La crisis de inversiones que resulta de esta situación se ve clara­mente en el petróleo, donde está paralizada la explotación (inversión de riesgo) y en cambio aumenta la extracción del petróleo descubierto por YPF que no requiere en­tonces mayores inversiones. Confiscación y deuda Las “privatizaciones" sirvieron, como se ve, para confiscar una gran parte del capital que se encontraba bajo la forma de patrimonio público, es decir creado por (ex­propiado a) los contribuyentes. Pero, ade­más, sirvieron para expropiar una parte del ahorro de la clase media, por ejemplo, con las "teleacciones". El "capitalismo popular" le vendió la teleacción a $ 4,20 para llevar luego la cotización a $ 2.90, una pérdida del 30%. Las 'privatizaciones´ han acentuado la característica de Argentina como semicolo­nia financiera. El gobierno estima que la deuda pública orillaré, hacia fines de 1993, los 68.000 millones de dólares, una cifra similar a la de 1989. En esos 68.000 millo­nes están descontadas la quita del Brady y las privatizaciones que se espera concretar en 1993. Pero si se sumara el mayor endeu­damiento privado y el déficit del balance de pagos de 1993—que se estima en el orden de los 8.000 a 9.000 millones de dólares—, la deuda total superara holgadamente los 100.000 millones de dólares. La diferencia con 1989, es que ahora ya no están como garantía las empresas públicas.

El 11 de diciembre se realizaron elecciones en la Unión del Personal Civil de la provincia del Chaco (UPCP), el sindicato cuantitativamente más importante de la provincia. Sobre un padrón de 11.000 afiliados votaron poco menos de 5.000, venciendo la lista 2 Verde-Violeta al obtener 2.412 votos contra 2.256 de la oficialista lista Nº 1. En Gran Resistencia, la Verde-Violeta logró superar a la Azul por 400 votos, mientras que en el interior el oficialismo ganó por algo menos de 300 sufragios. La derrota de la burocracia “histórica” de UPCP traduce el repudio de las bases a una política sindical que, desde 1983, condujo a un deterioro progresivo del salario y de las condiciones laborales de los estatales. La larga cadena de traiciones perpetrada por esta burocracia —alguna vez autodefinida ubaldinista— encontró su expresión más acabada en la posición adoptada ante parte del gobierno al que propuso un plan de retiros “voluntarios” y jubilaciones anticipadas que dejaría en la calle 5.000 compañeros. La Verde Violeta La Verde-Violeta es un frente compuesto por centroizquierdistas e izquierdistas (Lista Verde), por un lado, y por una corriente apoyada por la conducción provincial del radicalismo, que cuenta en sus filas con peronistas disidentes del menemismo (Violeta). La Verde-Violeta asumirá UPCP en un momento preciso de la situación provincial: Ruiz Palacios acaba de declarar que el verdadero sentido de su pacto con la UCR (por el cual León fue elegido senador) es proceder a “una racionalización a fondo del aparato estatal”. Es decir: despidos masivos… La Verde-Violeta no ha formulado aún un programa frente a la crucial cuestión de los despidos. La derrota de la vieja burocracia plantea la posibilidad de abrir un nuevo rumbo en el gremio.

A medida que trans­curren las negociaciones en tomo de la goberna­ción de Corrientes, se comprende por qué el PJ, la UCR y el PAL recurrie­ron a la elección indirec­ta para zanjar la crisis institucional correntina; es que el Colegio Elec­toral será el escenario donde se selle el “pacto de gobernabilidad”. ¿Cuál es el conteni­do del pacto de gobernabilidad que se está discutiendo? El anticipo del mismo puede encon­trarse en la vecina Cha­co, donde una situación similar (acuerdo de la UCR y el PCH para re­elegir al radical León como senador) dio lugar a un "programa común de gobierno", que con­siste en un feroz “ajuste” contra los estatales, la salud y la educación. El gobierno “suprapartidario" que se negocia en Corrientes tiene el mis­mo propósito: “reunir voluntades” para apli­car el plan de 10.000 despidos que la inter­vención menemista fue incapaz de ejecutar. En este antidemocrático contubernio correntino, el “demócrata social” de Alfonsín coincidió con Angeloz y con De la Rúa.

En la puerta, dialogamos con delegados y trabajadores de este establecimiento donde 140 trabajadores de la sanidad están luchando contra una maniobra más de vaciamiento a los que nos tienen acostumbrados las patronales que lucran con la salud. La Corporación atiende enfermos que le deriva el UPI 4, compuesto por el Sanatorio Antártida, el Metropolitano y el San José, que contratan con el PAMI. Estos a su vez subcontratan con otras empresas (guardándose lógicamente las diferencias; pagan a 60 días, etc.), como es el caso de la Corporación del Sud. Matilde Menéndez del PAM sabe esto, pero permite la realización de estos negociados. No es el único caso. En el número anterior del PO hicimos referencia a un vaciamiento en marcha del mismo tipo en la Clínica Greyton que pertenece a la zona 5 cuyo titular es el Sanatorio Segurola. Estas unidades sanatoriales tienen en sus directorios a testaferros de los grandes sanatorios y de los funcionarios del PAMI. Se atrasan en el pago de los salarios de sus trabajadores, no depositan los haberes previsionales que descuentan, quedan debiendo a proveedores, roban cuotas de sus pacientes y un día se disuelven “vaciando” el sanatorio. Que a los trabajadores y enfermos les pague y los cure Dios. En la Corporación del Sud les deben a sus trabajadores parte de los salarios desde octubre y ni hablar de los aguinaldos o las vacaciones (hay compañeros que salieron de vacaciones sin haberlas cobrado). Frente a esta situación —nos cuentan los compañeros— una Asamblea decidió controlar la entrada de los cheques a la institución y repartir la plata que se debía entre los trabajadores. El martes 22 de diciembre, ambulancias del PAMI retiraron a los enfermos internados completando el vaciamiento. Hay médicos a los que se adeuda desde junio que ya no concurren más. Ante los reclamos de los trabajadores, el PAMI “prometió” solucionar esta situación en la primera semana de enero, obligando al UPI 4 a incorporar a la Corporación del Sud como socio pleno de dicha UPI. Una importante fuente de trabajo está al borde de su desaparición. Los trabajadores se mantienen en las instalaciones (para evitar que se desmantelen los equipos, etc.). El sindicato no ha querido siquiera presentar la denuncia al Ministerio de Trabajo y al de Salud y Bienestar Social. Los compañeros de ASIS volcaremos nuestra solidaridad con la lucha por defender esta fuente de trabajo. Es necesario darle estado público a esta situación, movilizarse, ganar la calle reclamando que el PAMI se haga cargo del sanatorio y junto con el Antártida, Metropolitano y San José se garantice el pago de todo lo adeudado al personal.

Al cierre de esta edición nos enteramos que los 12 compañeros de Laguna Paiva que habían sido cesanteados nuevamente, fueron reincorporados el viernes 18/12. Esto es un triunfo de la movilización y la lucha de los ferroviarios y la población paivense. También hubo reincorporaciones en Tucumán (Línea Belgrano). Estos hechos (de cesantear y reincorporar en diversas oportunidades) demuestran que en la Empresa FF.AA. y en el Gobierno hay disputas internas en cuanto a los métodos para destruir, desmantelar y privatizar el Ferrocarril. Un sector pareciera proceder con más prudencia y busca encontrar una mejor oportunidad que no le produzca costos políticos (de allí la postergación hasta marzo de la clausura de los trenes de pasajeros), y a la vez trata de “desinflar” la resistencia, mientras que otros pretenden arrasar con todo lo más rápido posible aceptando las imposiciones del F.M.I. de acelerar el ajuste, pero ambos coinciden en llevar a la práctica los planes Fondomonetaristas, de allí que los compañeros de Paiva no deben bajar la guardia y deberán continuar organizando la lucha y la resistencia, ante la posibilidad de una nueva ofensiva reaccionaria que llegaría hasta la clausura del Taller.

Iberia, el Ministerio de Trabajo y las burocracias sindicales de los gremios aeronáuticos están ejecutando un claro complot contra los trabajadores aeronáuticos y la nación. Ya hace 15 días que 775 trabajadores han sido “licenciados” (despidos). Esto forma parte del plan de vaciamiento que está llevando adelante Iberia, y del plan de flexibilación” laboral que pretende reemplazar al personal efectivo con contratados, carentes de derechos laborales y sin convenio de trabajo. Gobierno cómplice El Ministerio de Trabajo intimó a patrones y trabajadores por igual, a los gremios les reclamó “la conformación de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos de trabajo” para debatir los “procedimientos preventivos de crisis y reestructuración productiva establecidos por la ley nacional de empleo” (acta del 28 de diciembre). Es decir que quiere imponer el vaciamiento de la empresa y la “flexibilización”, es decir, los despidos. Por eso Menem acabó diciendo que en Aerolíneas “sobraba” personal. Se olvidó de agregar que en una empresa vaciada el personal que “sobra” es todo. Las treguas antiobreras Habiendo violado Iberia todas las disposiciones legales, las direcciones de los gremios aeronáuticos insisten en respetar la “legalidad”. Para ello decretan en forma unilateral “treguas” a la espera que el Ministerio obligue a las empresas a reintegrar a los “licenciados”. Desperdician así el pico de mayor combatividad y de mayor incidencia de las medidas de lucha que son las fiestas y la “temporada alta”. Se oponen también a los reclamos en favor de un paro general y de un plan de lucha que se vienen votando en diversos sectores (ver recuadro Ezeiza, etc.). En oportunidad de la primera “tregua” las direcciones de APTA, APA, UPS y APVLA sacaron un comunicado anunciando “a la opinión pública que las organizaciones sindicales están haciendo lo humanamente posible para no responder a esta nueva provocación de la conducción empresaria” (18.12). La burocracia de estos gremios está ayudando al desgaste, quiere provocar la desmoralización de los trabajadores aeronáuticos. Contra el divisionismo Asamblea General Por eso las direcciones sindicales huyen como de la peste a las Asambleas de los trabajadores. En APA, el gremio más numeroso, existe una negativa cerrada a convocar a la Asamblea General, a la que sustituye con el plenario de delegados. Y como en el plenario de delegados se han levantado voces opositoras y combativas, la dirección de Villani ha decidido reemplazarlo (25 delegados) por el plenario de delegados generales (sólo 6 delegados). APTA, el poderoso gremio de los técnicos de tierra, no ha permitido la participación de los “licenciados” en la Asamblea de Ezeiza y ha dividido artificialmente ahora a los trabajadores de Aerolíneas de los de Austral (como si incluso no fueran la misma patronal). Por otra parte, los pilotos están con su “conciliación” propia que, ahora se ve, tenía por objetivo escindir a un importante sector de este conflicto. Y los aeronavegantes (con influencia de la CTA) tienen su propio plan de acción. Frente a este divisionismo y a este manejo burocrático (de cúpulas, a espaldas de los trabajadores) se está desarrollando en el gremio un reclamo de acabar con las treguas burocráticas y convocar a una Asamblea General (ver notas) para votar un plan de lucha. Como lo manifestaran los trabajadores de Ezeiza —y como lo piensa cada trabajador aeronáutico— es necesario ir al PARO GENERAL para derrotar a Iberia y al gobierno cómplice. Para ello hace falta que los delegados y trabajadores que ven esta perspectiva se organicen, realicen asambleas por sector, eleven petitorios, reclamando la convocatoria a Asambleas y a una ASAMBLEA GENERAL entre los 6 gremios para votar el Paro hasta la reincorporación incondicional de los “iicenciados” y un Comité de Lucha que tome las medidas para garantizar el mismo hasta el triunfo. Es necesario organizar a los “licenciados”, cosa que las direcciones burocráticas se niegan a realizar porque ellos son una importante fuerza y una levadura para garantizar todas las medidas de lucha y presionar sobre los plenarios de delegados de cada gremio. La CGT luego de 20 días de conflicto ha señalado que está dispuesta a apoyar con un paro nacional los reclamos de los trabajadores aeronáuticos. Pero en este momento su posición tiende a caucionar a las direcciones burocráticas que tienen al gremio paralizado. Es necesario exigir YA que se convoque a un paro y marcha sobre Ezeiza, Aeroparque y Plaza de Mayo para reclamar que se acabe con esta infamia colonialista, que se reincorpore a los trabajadores y se expropie Aerolíneas (sin pagar un centavo, por el contrario reclamando indemnización por los desfalcos cometidos) y colocando la empresa bajo control de sus trabajadores. El PO ha llamado a constituir un Frente de Acción en apoyo a la lucha de los trabajadores aeronáuticos y contra Iberia-Menem.

Frente al paro de 3 horas votado para el martes 22 por 4 gremios aeronáuticos, los trabajadores técnicos de Ezeiza reclamaron que se realizara una Asamblea General, que la directiva del gremio no tuvo más remedio que convocar. A las 10 de la mañana, más de 1.000 trabajadores se reunieron en los hangares de Ezeiza, donde ya había llegado la noticia del éxito del paro que se había iniciado a las 6 de la mañana en Aeroparque. En Ezeiza el paro había sido unánime y entusiasta; fue general; no sólo se impidió la salida de los vuelos de Aerolíneas sino también de otras empresas internacionales que trabajan con personal de mantenimiento de Aerolíneas, como la British y la chilena-iberiana Ladeco. En la Asamblea llovieron las críticas a la directiva. Un núcleo planteó la necesidad de salir al paro por tiempo indeterminado. La Directiva logró sólo a duras penas evitar que esta moción se votara, ofreciendo a cambio un plan de paros progresivos, hasta llegar a la huelga general. El lunes 28 debía iniciarse este plan con un paro de 4 horas por turno. A la media hora de iniciado, se plegó también al paro el personal de programación y de Intercargo. Los jefes de UPSA (a los que muchos compañeros odian porque ellos son los que elaboraron —a reclamo de la empresa— las listas de “licenciados”) resolvieron también no sacar los aviones por su cuenta (como hicieron en otras oportunidades). Pero el lunes 28, a pesar de este clima combativo, la directiva de APTA informó por teléfono que el plan de paros quedaba postergado hasta que culminaran las “negociaciones”. Las puteadas a la directiva, en los hangares, fue tremenda. “Nos vendieron otra vez”, “nos entregaron”, decían los compañeros. La Asamblea de hangares evidenció que los trabajadores pueden arrastrar a la huelga general a todo el gremio. Para ello hace falta que se organicen Comités de base entre los distintos gremios. Sólo éstos impondrán, en definitiva, una verdadera Asamblea General de todos los sindicatos.

En la puerta de la base Perú 2, un grupo de compañeros nos manifiesta su disconformidad con la política seguida por Villani, de la dirección de APA. Esto se ha manifestado en diversas resoluciones en favor del paro adoptadas por Asambleas de sector del edificio. En los últimos días está circulando un petitorio que tiene ya decenas de firmas, que reclama la convocatoria a una Asamblea General del gremio para discutir los pasos a seguir por la reincorporación de los 775 “licenciados” y que cualquier decisión respecto a ellos no sea firmada por la directiva del gremio sin previa aprobación de la Asamblea General.

Las autoridades del Ministerio de Trabajo y los dirigentes sindicales acaban de documentar que la Empresa impide la entrada de los compañeros licenciados, según lo había ordenado el Ministerio. Junto a la entrada de personal entrevistamos a dos compañeros licenciados, Aldo Guerrero y Jorge Enríquez, empleados de Aeroparque, pertenecientes a APA (Asociación del Personal Aeronáutico). PO: —Se acaba de comprobar que la Empresa, una vez más, se ha negado al ingreso de los licenciados y no cumple con la conciliación. AG: —La gente no va a entrar mientras no se haga presión. Y no se está haciendo presión. Los gremios están divididos. APTA, por ejemplo, no quiere hacer medidas de fuerza antes de las fiestas. Si no hay presión de los trabajadores, con una multa que le apliquen a la Empresa no va a tener consecuencias. PO: —Este momento, donde hay una gran demanda de vuelos, ¿no es el ideal para aplicar una medida como el paro general aeronáutico? JE: —Sería ideal, pero no se está encarando ese plan de lucha. Se está insistiendo en los pasos legales. Pero son muy lentos. Y los gremios no están encarando con la rapidez necesaria, habiendo 800 personas en la calle. La empresa no espera los pasos legales. Sigue con su postura de dejar a la gente en la calle y el achicamiento de la Empresa. PO: —¿Quieren decir que las direcciones gremiales no están a la altura de las necesidades de esta lucha? AG: —No, para nada! Lo que han hecho hasta ahora es porque la gente presionó. Porque si no ni siquiera hubiesen llegado hasta aquí. La actitud que tenían era la de arreglar inmediatamente cuando nos despidieron. Los gremios iban a arreglar. No arreglaron porque la gente presionó sobre los gremios. PO: —¿Los gremios no deberían consultar e informar a las bases en asamblea de personal? JE: —Ese sería el paso lógico. Pero acá no se dio ese paso. Se toman las resoluciones entre los delegados generales y deciden ellos. La gente no está de acuerdo, pero no tiene formas para presionar al gremio. PO: —Los licenciados se han demostrado el sector más activo y cuestionador. ¿No se ha planteado la organización de los mismos como un factor para impulsar la lucha? AG: —La gente está cansada y está yendo a la Empresa para arreglar por su parte los retiros voluntarios. Si sigue así, la mayoría de los licenciados se van a ir. PO: —¿Qué perspectiva ven al conflicto? AG: —Ahora está en manos del Ministerio. Si no hace nada, los gremios tienen que salir a luchar. No queda otra. JE: —Todo está a la vista. Se está tratando de dilatar todo. No dan opción a nada. Se está buscando que los licenciados nos retiremos. El gobierno quiere mantener la imagen de la privatización como un símbolo. Pero la realidad es que el símbolo se les vino abajo. PO: —Pero los licenciados, aquí en Aeroparque, ¿no tienen eco en los delegados de base? JE: —Sí, hay un sector de delegados que lo está planteando. Compañeros nuestros acá en Aeroparque. Pero es un sector minoritario. Y no pasa lo mismo en todas las bases. AG: —Aclaren que hay 1.100 telegramas más para ser enviados. Quieren llevar de 7.000, a 3.500 o 4.000 trabajadores.

Como es sabido, nuestro Partido fue incapacitado de presentarse a las elecciones de Senador en la Capital, que se realizaron el 28 de junio pasado. Fue proscripto por una resolución ilegal de la Junta Electoral. Nuestro Partido dio una firme lucha contra esta proscripción, obteniendo importantes victorias políticas. El PO logró ejercer sus derechos constitucionales, accediendo a los espacios de radio y TV que en un principio habían sido vedados por el Ministerio del Interior. La agitación desarrollada por el PO en la Capital no sólo dio en el centro de la política gubernamental (jubilación privada), sino que además le dio alcance nacional a la proscripción de que era objeto por parte del régimen. En mitines, en radio y televisión, en las fábricas, en las barriadas, en los colegios se explicó —y se logró adhesión— a nuestra lucha contra la proscripción política. El PO supo poner en la calle la lucha contra su proscripción. Creó, con esta actividad, una “anomalía” política, pues desarrolló una vigorosa campaña electoral estando proscripto jurídicamente por la Junta Electoral. Recuperar la personería Una Conferencia del Comité Capital votó hace 3 meses librar una batalla para recuperar la personería electoral del PO en el distrito. Para ello hemos apelado a la adhesión de los trabajadores de la juventud y la ciudadanía democrática. El PO ganó las calles. Levantó mesas en los parques y en las esquinas más populosas. Recorrió las barriadas casa por casa. Realizó jornadas en la universidad. Trabajó sobre sus frentes obreros y sindicales. Y obtuvo un gran apoyo solidario. En la Universidad se destaca el eco obtenido en la facultad de Sociales, de donde se han obtenido casi 500 adhesiones entre estudiantes, profesores y no docentes en jornadas que “barrieron” los cursos, realizando habladas, repartiendo periódicos y volantes partidarios. En el CBC, en Filo, Psico y Económicas se realizaron también jornadas. En barrios como la Villa Ciudad Oculta había más de 300 adhesiones. En una sección de la caja de Ahorro se obtuvieron 30 adhesiones. En otra del Banco Patricios, sobre 20 compañeros firmaron 16. En una jornada en la Villa 21 se obtuvieron casi 100 adhesiones ampliando el padrón de relaciones partidarias. En los telefónicos se han obtenido 150 adhesiones entre delegados, activistas y trabajadores de diferentes edificios. Culmina exitosamente la primera fase El sábado 19 con la presencia de más de 200 compañeros se informó (y se celebró) en una fiesta del Comité Capital la superación con creces del objetivo necesario para lograr nuestra re-legalización electoral en el distrito. Sobre 4.000 firmas necesarias, el Comité ya ha logrado más de 6.000 adhesiones. En los próximos días, antes de que se inicien las “ferias judiciales” de enero serán entregadas la totalidad de estas adhesiones ante la Justicia Electoral. En este punto el PO de Capital reabre ahora su campaña de afiliaciones para formar un gran Partido de Trabajadores. Queremos tener el mismo éxito que el obtenido en la reciente campaña de adhesiones. Lo invitamos compañero, acérquese a nuestros locales. Firme la adhesión por la recuperación de la legalidad electoral del PO Capital y afíliese. Junto a nosotros tendrá un puesto de lucha. Once: Belgrano 2608. Boca: Garibaldi 1775. San Telmo: Méjico 471. Centro-Retiro: Reconquista 874, 1o. B. Congreso: Ayacucho 444. Saavedra: García del Río 4210. Lugano: Avda. del Trabajo 6300 (Villa Ciudad Oculta). Paternal: Espinoza 1817.