Prensa Obrera N° 378

La guerra civil, el hambre, la sed y las enfermeda­des infecciosas han matado 300.000 personas en Somalia en lo que va del año. El 75% de los niños menores de cinco años han muerto en la ciudad de Baidoa y alrededores. Los organismos de socorro inter­nacional —según Le Monde (28/11)—predicen que dos millones de personas —¡el 25% de la población!— están directamente amenazadas por el hambre. La tasa de mortalidad es de mil personas por día. La tragedia del pueblo somalí alcanza las dimensiones de un es­pantoso genocidio, otro más en el “nuevo orden mundial Las bandas armadas (de clanes, subclanes y hasta de simples bandidos) aterrorizan a la población e impi­den el reparto de alimentos y las tareas de las organiza- dones internacionales de socorro; el 80% de los envíos de alimentos han sido “desviados” hacia sus propios cofres por las bandas armadas de los "señores de la guerra" El hambre es un arma en la guerra civil. Según Le Monde (28/11), “El general Aldid, que domina el sur de la capital, rechaza dejar partir los convoyes hacia el norte... que son sistemáticamente saqueados por sus partidarios, mientras que su rival (Ali Mahdi, que domina la parte norte de la capital)... amenaza bom­bardear a cualquiera que intente utilizar el puerto, controlado por una tercera fuerza que se contenta con un saqueo sistemático, imponiendo tarifas ex­travagantes (a sus usuarios): 10.000 dólares de ‘de­rechos de puerto*, a los cuales se agrega un 'im­puesto' de 100 dólares por tonelada descargada”. La descarga de alimentos en el aeropuerto de Baidoa tiene una “tarifa” cercana a los 500 dólares por avión, que van a engrosar los bolsillos del “señor de la gue­rra” local. Estos grandes "señores de la guerra”, con todo, no dominan a sus tropas, que se dedican a realizar exacciones en su propio beneficio. Le Monde llega a afirmar que el saqueo a los convoyes de las organiza­ciones de socorro —y su revente, en el mercado negro— es la “única actividad económica" existente en Somalia, a cargo de guerrilleros de ambos bandos, "comerciantes” y ladrones. En este cuadro de desastre, aparentemente sin salida, Bush ordenó una “inesperada” (Financial Times, 5/12) e “impulsiva” (Time, 14/12) intervención militar, que cuenta con el apoyo del electo Clinton. Bajo el “paraguas” de las Naciones Unidas, 30.000 marines norteamericanos desembarcarán en Somalia para ase­gurar la distribución de alimentos y desarmar las ban­das de los “señores de la guerra”. ¿Será que por primera vez habría que estar de acuerdo con una intervención militar del imperialismo norteamericano en defensa de los principios “huma­nitarios”? La responsabilidad del imperialismo Pero el imperialismo norteamericano sostuvo du­rante más de una década a la sanguinaria dictadura de Siad Barre, que precisamente devastó al país y condujo a la presente hambruna. Como reconoce Time (14/12), "Washington estaba ansioso por (dominar) una po­sición estratégica cercana a los campos petroleros de Arabia y firmó un acuerdo (con Barre) para ter­minar con las antiguas facilidades dadas por éste a los soviéticos. En los siguientes diez años los Esta­dos Unidos hicieron llover cientos de millones de dólares para armar al país”. El gasto somalí en arma­mentos alcanzó el 14% de su escaso producto bruto, una de las proporciones más altas del mundo... en beneficio de los fabricantes norteamericanos de armas. Estados Unidos usó a Somalia como base para atacar a la dictadura militar pro-soviética de Etiopía (al norte), en una guerra devastadora para ambos países. El dictador sostenido por los yanquis masacró sistemáticamente a los clanes rivales y destruyó sus sembradíos. El fin de la “guerra fría”, la caída del ré­gimen etíope y la presencia norteamericana en Kuwait y Arabia Saudita a partir de la guerra del Golfo relativizaron la importancia “estratégica” de Somalia y con ella desapareció la “lluvia de cientos de millones de dólares”, desatando una guerra civil que volteó a Barre y llevó al país al caos y a su fragmentación. Todo esto acabó por destruir la base agraria somalí, verdade­ra causa de la hambruna actual. El fracaso de la ONU La “intervención humanitaria” de la ONU fue na­turalmente impotente para desterrar la hambruna, ya que ésta se debe a la destrucción de la base productiva del país—en particular la agrícola, que aportaba el 70% del producto nacional y más del 90% de sus exporta­ciones. La acción de las bandas armadas, al “desviar” el 80% de la ayuda internacional, agudizó el caos y desnu­dó el completo fracaso de la ONU y también su hipocre­sía. Es que la ONU había abandonado el país en 1991 cuando fue derrocado Barre, a pesar de las señales de advertencia de que una gran hambruna se cernía sobre la nación, debido al desquicio de la produc­ción agrícola” (Ámbito Financiero, 8/12). El represen­tante de la ONU en Somalia, el argelino Mohamed Sahnoun, renunció hace pocos meses después de denunciar que “miles de vidas se habrían salvado si la ONU hubiera realizado una acción más decidida”. Un “protectorado" yanqui Los organismos de socorro internacionales se han mostrado “ambivalentes”, según Financial Times (5/ 12), e “inquietos”, según Le Monde (28/11), por la anunciada intervención militar. Las organizaciones de socorro temen que la llegada de los marines agrave la guerra civil, le que efectivamente ha sucedido, y provo­que represalias contra los “extranjeros” cuando los marines se retiren. A contramano de lo anunciado por Bush, los marines no podrán retirarse rápidamente. “La acción militar puede llevar alimentos a los hambrientos mientras los marines estén, pero ¿qué ocurrirá después?”, se pregunta un diplomático occidental en Somalia citado por Time (14/12). La “operación” anunciada por Bush “deja el problema —que en el fondo es lo esencial— de reconstruir el país en manos de otros”, critica Time, cuando “a menos que los pacificadores permanezcan largo tiempo toda­vía —lo que podría significar años— para moldear cierta forma de autoridad nacional, las causa del caos sólo pueden re-emerger”. El imperialismo norteamericano está obligado a ejercer en Somalia un “protectorado ", lo que sería una “desgracia” según la prensa imperialista porque “los costos y los riesgos son altos” (Time, 14/12), y por­que estaría “alejado del interés nacional” (congre­sista John Murtha). ¿Por cuánto tiempo estará dis­puesto a gastar miles de millones en un país donde “los intereses vitales de los Estados Unidos no están ni remotamente en escena” (Financial Times, 5/12)? Pero la cuestión de fondo es que el imperialismo no va a recomponer la base agraria del país porque esto exigiría una movilización revolucionaria de las masas contra los “señores de los clanes” y tampoco podrá hacerlo sobre una base capitalista exportadora (que agravaría el déficit de alimentos), esto en razón de la superproducción agrícola mundial y de la aguda guerra comercial. Precisamente, los dos países más involucrados en la intervención militar son Estados Unidos y Francia, es decir, los que tienen una mayor sobreproducción agrícola y que encuentran en la “ayuda humanitaria” una salida para sus excedentes de granos. El desastre somalí denuncia el descomunal fracaso del nacionalismo africano y de los llamados “procesos de descolonización”, que no superaron la explotación del imperialismo en el plano social ni económico. Son, precisamente, los nacionalistas africanos quienes más han insistido en una intervención militar; “Somalia — dicen— no sólo es un desastre humanitario sino también una amenaza a la paz de la región. Oleadas de refugiados están lloviendo sobre Etiopía y Kenia. estirando al límite sus frágiles estructuras sociales, políticas y económicas” (Time, 14/12). Las diferen­cias entre Somalia y la inmensa mayoría de los países africanos son apenas de grado. La prensa mundial pregunta por qué no intervenir en Liberia, desgarrada también por la guerra civil y el hambre; Zaire, Kenia. Etiopía y hasta Angola recurren sistemáticamente a la “ayuda humanitaria” internacional para alimentar malamente a sus poblaciones. Este es el resultado de la llamada “descolonización”, a la que durante tres dé­cadas se mostró como una evidencia de la democratiza­ción de las relaciones internacionales (y que aún en el terreno de la izquierda se la caracterizó como una prueba del avance de la revolución mundial). La intervención militar del imperialismo agravará a mediano plazo la terrible situación de Somalia, y deberá convertir en permanente esta injerencia “transitoria” Al mismo tiempo el problema de la intervención militar se planteará para el conjunto de África. Son los explota­dos de África los que deben decidir las soluciones a esta crisis sobre la base de la unidad contra el imperialismo y los explotadores locales.

No se nos escapa en absoluto que los resultados del plebiscito uruguayo del domingo pasado caerán como un bálsamo sobre cierta pequeña burguesía internacional moral y políticamente quebrada, que se ha "reciclado" en los últimos artos y hasta décadas, del stalinismo a la “modernización" capitalista. Al fin y al cabo, el referéndum uruguayo constituiría una prueba de que alguna que otra vez yen algún tugar re­moto del mundo, la gente" resiste a la ofensiva "neoliberal” Más de un desmoralizado podrá con­cluir ahora, con un dudoso sentido estético, que “otro país es posible". ¡Pero qué estafa, sin embargo! Porque lo que el electorado uruguayo votó el domingo pasado no es en contra, sino a favor, de la ley de privatización aproba­da por el congreso el año pasado. El “sT’ que obtuvo el 70% de los sufragios, aprobó la “derogación par­cial" (sólo cinco artículos) de esa ley. El debate político entre los partidos de izquierda y de derecha, de oficialistas y opositores, se “centró “pérfidamente en el problema de la “privatización” de Antel, la em­presa de teléfonos, para disimular ante la ciudadanía la coincidencia de todos ellos con las otras disposi­ciones de la ley, que autorizan la "privatización” de ILPE, la empresa de pesca; de Pluna, la de aviación; las hidroeléctricas de Salto y Palmar, generadoras de electricidad e incluso la “privatización periférica” de los sectores telefónicos más rentables —como la telefonía celular (ya entregada a Movicom), la flota de transporte, talleres y servicio médico. ¡Lo que no puedes engullirte de un solo bocado, cómetelo en rodajas! Precisamente con relación a la meneada Antel, Benito Stem —director de Antel en representación del Foro Batillista del ex-presidente Sangunietti, que llamó a votar el “sí"— fue muy explícito. No apoyo la ley, dijo, porque “yo (no) cambio un monopolio público por uno privado (en la red troncal)... pero los ser­vicios que no son telefonía básica los estamos privatizando como la telefonía celular” (Ámbito Financiero, 4/12). Un ex-director de Antel y represen­tante del Frente Amplio en el directorio, Ulises Anaya, también fue meridianamente claro; “no temamos — dijo— Imitar a la empresa privada; deleguemos responsabilidades, agilicemos los procedimien­tos de compras, privaticemos algunos sectores... como flota, talleres y servicio médico; nunca la operativa básica del Ente” (Brecha, 4/12). El senador frenteamplista Danilo Aston fue taxativo; después de ufanarse de que “en nuestra administración de Montevideo hemos dado varios servicios en con­cesión a privados” afirma que “en la misma área de comunicaciones aprobamos varias priva­tizaciones; guías telefónicas, centrales de trans­misión de datos por satélite, fabricación y sumi­nistro de aparatos telefónicos y, lo más importan­te, la telefonía celular, que la tiene Movicom” (Página 12, 13/12). | Estos son los que “luchan" contra la privatización de Antel! Los propios dirigentes del “sí" han remarcado el carácter privatista de sus planteamientos. Danilo Aston, "presidenciable” del FA, declaró que “el proyecto alternativo del FA" para Pluna contempla “un ca­mino de acuerdos de operación conjunta entre nuestra empresa y diversas firmas Internaciona­les’' (Brecha, 30/10). Otro privatista del bloque del “si”, el ex presidente Sanguinetti, llamó a votar la derogación “para comenzar nuevamente un cami­no de negociación que mantenga la mayoría esta­tal de Antel (ni siquiera la propiedad estatal sino sólo la “mayoría') y cree una comisión parlamentaria de control de las privatizaciones (ya que) el país no puede negarse a un proceso de Inversión externa en sus empresas públicas” (La República, 31/10). El bloque del “si" expresó políticamente las posi­ciones del gran capital uruguayo que, a la vista de la experiencia de sus “colegas "argentinos, teme verse prisionero del monopolio de los servidos en mano de un pulpo extranjero, pero que apoya rabiosamente las privatizaciones cuando son en su propio beneficio. Es por esto que, apenas unos minutos después de cerra­das las urnas, todos los representantes del "si”, In­cluida Susana Daimás, presidenta del sindicato de los telefónicos, salieron a reclamar una “auténtica re­forma del Estado". El triunfo del “si” fortalece a esta ala de la burguesía y de los privatizadores contra sus competidores patronales, de un lado, y contra el movimiento obrero, del otro. La victoria ofrece a este polo patronal la oportunidad de rearmar el régimen político y de impulsar los principales reclamos burgue­ses (devaluación, rebajas impositivas, subsidios, pro­tección contra las importaciones y una “nueva" Ley de privatizaciones). No casualmente, “la oposición, dominada mayormente por el Partido Colorado y el Frente Amplio dejó saber que el paquete (privatizador) podía ser negociado si se modifica­ban algunos aspectos de la ley” (Ámbito Financie- ' ro, 14/12). Precisamente por esto, todos los partidos patronales sin excepción y el propio FA (con la apro­bación de su ala izquierda) se pronunciaron por "ne­gociar después del 13", no sólo “el paquete" sino también, y por sobre todo, la “gobernabilidad" hasta 1995. Cualesquiera sean las divergencias entre “opo­sitores" y “oficialistas "en tomo a la “privatización" de Antel, el planteo del “sí", o de la "derogación parcial" forma parte de una política entreguista. Esta es la cuestión esencial que decidió al PT de Uruguay impulsar el voto nulo. La política del FA, que dirige el municipio de Montevideo, así lo confirma, ya que ella no es otra cosa que una política de “concesiones” de servicios que desmantelan el aparato estatal y que fortalecen la acumulación capitalista en manos de una minoría de usureros. Si el tema de Antel desató las principales discre­pancias, ello se debe a que podría convertirse en el caso más parecido al de Aerolíneas Argentinas. Las pavadas que se han escrito en la vecina orilla sobre la "eficiencia" de Antel, sin reparar en la apología que ello significa al estatismo capitalista y a los gobiernos derechistas, militares y civiles, de las últimas dos décadas; tales pavadas no alcanzan para ocultar que Antel es una subsidiaria tecnológica del monopolio internacional sueco, Eriocsoh. La “privatización” debía decidir el destino de este control, por el cual competían, además, la francesa Telecom, la norte­americana Bell, y la italiana Stet, entre otras. En varios de estos casos, y en especial en el de Ericcson, se planteaba la posibilidad de entregar Antel a un mono­polio en quiebra, tipo Iberia, que podría acabar con los activos de la empresa uruguaya. Pero está marcada situación de quiebra de los tutores tradicionales de Antel, llevará a cualquier política privatista y capitalista en general, a replantearse la “privatización" telefónica. En Uruguay, con una deuda externa que se cotiza al 85%, el incentivo de la “privatización" no lo constituye la posibilidad, para los monopolios interna­cionales, de pagar con títulos, sino el mercado de las telecomunicaciones. Lo que ocurrirá en este terreno será decidido como parte de la lucha política que desde blancos, colorados y frenteamplistas, apunta a superar la crisis del régimen político uruguayo (se habla para ello de una reforma constitucional) y redefinir la política entreguista. Los políticos del FA la tienen, en este sentido, muy clara. Ahora, dice el mencionado Danilo Astftri, antici­pándose a la victoria del "sí", “desde el punto de vista institucional, nosotros tendremos la obliga­ción de apoyar al Poder Ejecutivo porque es el gobierno legítimo del Uruguay y lo primero que hay que cuidar son las instituciones” (Página 12, 13/12). Los frenteamplistas pretenden demostrar, más todavía que en el pasado, que ya tienen “cultura de gobierno". Precisamente el FA reclama un “gobierno de mayorías" o de “unidad nacional” con los privatizadores en el '95 (... o antes si la crisis se acelera). El “s/”es un paso en este camino. Por eso, Tabaré Vázquez, intendente frenteamplista de Mon­tevideo, declara que “en este referéndum que ha dado lugar a la alianza coyuntural más amplia que registra el país desde que se acabó el bipartidismo... los frenteamplistas estamos poniendo en prác­tica las definiciones adoptadas en nuestro Segun­do Congreso, de agosto de 1991. No digo que el 'sr sea un bloque alternativo o de un gobierno de mayorías nacionales... pero demuestra que es posible lograr acuerdos programáticos y políticos capaces de revitalizar el país” (Brecha, 4/12). La política entreguista se presenta muy clara de cara al movimiento obrero. Recientemente, “el líder de los metalúrgicos, cuyo sindicato aquí se llama UNTMRA, Hugo Bianchi, un ex comunista que es integrante de la conducción del PIT-ONT, adelantó que también desea discutir sobre productividad, lo que consideré horroroso en 1986. La vida me demostró que estaba equivocado’. Es que más allá del nivel salarial, hay sectores industriales cuya supervivencia está en juego” (Ámbito Finan­ciero, 4/12). Este es el balance de la “victoria" del domingo 13. 37.000 votos nulos El Mas argentino y la Convergencia Socialista uru­guaya, llamaron a votar por el “si” en el referéndum del domingo pasado, pretendiendo regresar al redil del FA a los 18.000 trabajadores que repudiaron la propuesta de “derogación parcial” (o mejor, de entreguismo cí­nico y vergonzante) en dos oportunidades anteriores. Con el cuento del “voto útil" y de “parar la privatización" (|de la mano de los privatizadores!), el morenismo de ambas orillas del Plata encubrió la dema­gogia "anti-liberal" del FA y se negó a denunciar el carácter de clase burgués y proimperialista del "si”. Se convirtió así en un auxiliar, y no por primera vez, contra la Independencia política de la clase obrera. En el referéndum, la única opción de oposición al gobierno fondomonetarista y a la ley de privatizaciones (la vieja o la remozada) y a la "gobernabilidad" del régimen defendida por Sanguinetti y el FA fue el voto nulo, sostenido por el Partido de los Trabajadores. Según informa El País (14/12) los votos nulos sumaron (más del 1,5%) es decir que duplicaron el voto por la derogación total de las privatizaciones, registrado en octubre. Correctamente, el corresponsal de Ámbito Financiero en Montevideo cierra su comentario sobre el referéndum señalando que “el rechazo de ayer no es necesaria­mente la muerte de las privatizaciones en Uruguay sino apenas una hibernación''. Quizás el encargado de llevarlas adelante sea, como lo deseara hace un tiempo el ultra-conservador The Economist, “el mara­villoso intendente de Montevideo”. No sólo Menem ama los “links” Con nombre de indio y pasión por los palos El intendente de Montevideo, el frenteamplista Tabaré Vázquez, ha dado sobrados ejemplos de que no es opositor a las privatizaciones. Por el contrario, en su gestión municipal ha privatizado, entre otras cosas, el arreglo de las calles, el mantenimiento de las plazas y hasta pretende entregar nada menos que los casinos de Montevideo al capital privado. Perplejo, un reportero de la revista Brecha (4/12) le preguntó; si "la venta de los terrenos del Club de Golf permitiría financiar al presupuesto de la Intendencia de Montevideo durante cinco arios o, por ejemplo, repavimentar toda la capital, ¿por qué usted es partidario de renovar la concesión, a pesar de que los beneficiarios no son más que una elite?”. Al periodista, un frenteamplista, claro, ni se le ocurrió que los terrenos no debieran venderse ni concesionarse sino librarse al usufructo de la recreación pública. La respuesta del intendente no tiene desperdicios. “El intendente de Montevideo —responde Tabaré, en riojanísima tercera persona— es el intendente de todos los montevideanos... (incluso de) aquellos cuyos Ingresos les permiten ser socios del Golf Club. Esto es cultura de gobierno”. No, señor intendente, esa es la “cultura" de los pillos, pues sirve para enriquecer aún más a los que ya son muy ricos, y darles más privilegios a los privilegiados. Es la “cultu­ra" de los sirvientes del capital y de los verdugos del pueblo. Para Tabaré “este tema tiene que ver con la discusión sobre empresas públicas y privadas”, lo que sólo se puede entender así; si sirve para el oligárquico club de golf, los terrenos deben ser públicos; si en cambio hubiera que transformarlos en parques públi­cos, damos la concesión a una empresa privada. ¡Estos son los líderes del FA!

“A los partidos políticos progresistas de todo el mundo” Al Partido Obrero de Argentina. Seúl, 16 de noviembre de 1992 Queridos camaradas: Todos los miembros del ECHPPC en­viamos saludos camaraderiles para todos los miembros y dirigentes de vuestro partido con profundo respeto por todos aquéllos que luchan para hacer de la clase trabajado­ra y el pueblo los verdaderos dueños de la sociedad y la política. En este momento, las masas trabajado­ras y el pueblo en Corea del Sud están haciendo campaña activamente por el can­didato presidencial del pueblo, Paik Ki-wan, para las elecciones presidenciales proyec­tadas para el 18 de diciembre de este año. Están propagandizando la Plataforma del Pueblo, de la cual la democracia del pueblo y la justicia económica son los principales componentes. Están claramente diferencia­das de los partidos conservadores burgue­ses en el método de la campaña electoral y en el contenido de la plataforma. El 30 de setiembre, la asamblea de la Junta Nacional para el Lanzamiento del ECHPPC se reunió con representantes de las organizaciones del movimiento popular. Se resolvió registrar al candidato presiden­cial del pueblo para las próximas elecciones presidenciales. El 5 de octubre se realizó la asamblea de promotores y la ceremonia de lanzamiento del ECHPPC con la presencia de 110 pro­motores y 300 observadores. Ellos declara­ron que participarían activamente en la elec­ción presidencial sosteniendo al candidato del pueblo y luchando duramente para llevar adelante la Plataforma del Pueblo, de la cual "el desmantelamiento del monopolio de los grupos empresarios capitalistas (Chaebol) y la nacionalización de las in­dustrias claves", "la reducción drástica del aparato y del presupuesto militar y el establecimiento de una paz verdadera en la península de Corea” y "la confiscación de las tierras de los grandes terrate­nientes", son sus principales puntos. El 1° de noviembre, en base a un mes de actividades del ECHPPC, la asamblea na­cional de electores se reunió con 10.000 electores y ciudadanos presentes y eligió oficialmente como candidato presidencial del pueblo a Paik Ki-wan, el dirigente inspirador del movimiento del pueblo en Corea del Sur. Después de esta serie de eventos, el movimiento popular de Corea del Sur se ha convertido en una fuerza política activa en el período electoral y publi­cará la Plataforma del Pueblo en un esfuer­zo para elevar la conciencia política de las masas trabajadoras y del pueblo hacia sus verdaderos intereses y convertirlas en legí­timos agentes políticos por la reforma y el progreso de la sociedad. Todos los grupos políticos y sindicales unidos al ECHPPC se reunirán para fundar un nuevo partido de los trabajadores o del pueblo en la próxima primavera con la sólida base cimentada en la lucha electoral. El nuevo partido fundado intentará enraizarse profundamente en la clase trabajadora y otras clases y estratos progresistas. En esta situación, queremos comenzar a construir relaciones con vuestro partido bajo el espíritu del internacionalismo prole­tario. Esperamos que este primer pequeño paso sea la base para la verdaderamente fuerte solidaridad internacional de los traba­jadores. El movimiento popular en Corea del Sur necesita su apoyo y cooperación. Ac­tualmente no tenemos información directa acercado su partido. Si desean enviarnos la historia, plataforma y otras informaciones básicas concernientes a vuestro partido, podría ayudarnos para nuestro trabajo de solidaridad con su partido. Y por nosotros, Paik Ki-wan también participó en la anterior elección presidencial realizada en 1987. Si tienen algún comenta­rio u opinión o preguntas sobre nuestro movimiento, por favor háganoslo saber. Publicaremos sus comentarios u opiniones en nuestro periódico de campaña (La Época del Progreso), que es semanal. Vuestra opinión sobre nosotros puede ayudarnos a una organización más fuerte. Y si su partido tiene algún trabajo en Asia y tiene en sus planes enviar militantes a la región, por favor que nos visiten para tener una visión de primera mano de nuestra lucha y conver­sar con nosotros. Estaríamos agradecidos de tener tal oportunidad para aumentar la solidaridad internacional entre los movi­mientos populares del mundo. Les adjuntamos algunos datos que pue­den elevar su comprensión de nuestra si­tuación. Los contenidos de la información son los siguientes: 1) la situación política en Corea del Sur y la importancia y objetivos de la lucha electoral; 2) declaración de lanza­miento del ECHPPC; 3) información sobre el ECHPPC; 4) extractos del discurso de aceptación de la candidatura de Paik Ki- wan después de su elección como candida­to del pueblo; 5) breve historia personal de Paik Ki-wan. Prometemos mantenerlos informados de los progresos de nuestra lucha. Deseamos a vuestro partido la mejor suerte en su lucha por una sociedad más libre. Con un saludo cordial Hwang Son-Jin, director ejecutivo, ECHPPC. ECHPPC: Oficina central de la campaña electoral para el candidato presidencial del pueblo.

Santiago del Estero: Derrumbe menemista EI gobierno de Mujica acaba de realizar su tercera renovación I parcial del gobierno en medio de crecientes versiones sobre una intervención Federal a la provincia. El gobierno está completamente aislado: en­frentado a la Legislatura y a su propia ban­cada, con el PJ intervenido para anular el dominio de Juárez, quien se encuentra en­frentado al gobierno y aliado al radical Zavalía en las denuncias de fraude electoral. Mujica ha debido enfrentar también una ola creciente de protestas de docentes, médicos y empleados públicos, por el atraso en el pago de los salarios, o la lucha de diversos pueblos (Herrera) contra el cierre de las estaciones de tren. La posible Inter­vención a la provincia se encuentra a la espera de los resultados de Corrientes. Mujica procura ganar tiempo ejecutando en un plazo de tres meses un plan de racionalización del Estado (despidos, liqui­dación de los convenios, etc.) y un plan de privatizaciones (casinos y hosterías, banco provincial, sistema de riego, etc.) que colocaría en manos de un puñado de ricachones los recursos más rentables de la provincia. Zavalía reclama un inmediato llamado a elecciones, pero no se empeña mucho en este objetivo, lo que se revelaría en que está organizando sus “marchas contra el frau­de" en pueblos cada vez más alejados de la capital La cuestión en Santiago es formar una vanguardia obrera. Así se podría impulsar un movimiento de asambleas populares que discuta y vote un programa de gobierno de los propios trabajadores. Daniel Blanco UCR y Centroizquierda Chaco: Frente antimenemista se convierte al menemismo La elección del radical León como senador nacional por el Chaco ha signado un nuevo revés del menemismo, revelando al mismo tiempo el completo fracaso del gobierno provincial, del “procesista” partido de Acción Chaqueña, para concretar un 'auxilio' económico del gobierno nacional. El PACH ha debido virar, ahora, hacia una alianza con la UCR y —en la medida de su gravitación— hasta con el "centroizquierda”. Este “frente" es apo­yado por las grandes "cooperativas y productores algodoneros, y la burguesía provincial en su conjunto. Para la prensa local que apoya el acuerdo UCR-PACH, éste debe convertirse en un “pacto de gobernabilidad", para “que la Legislatu­ra se pronuncie sobre cuestiones de fon­do que hacen a una relación sin tanta confrontación con el Ejecutivo, y un compromiso para encarar reformas esenciales" (Norte, 23/11). ¿Qué significa esto? La coalición radical- videlista ha debutado con el veto a una ley que destrababa un aumento salarial para los médicos de los hospitales públicos, y con una reforma reaccionaria de la ley provisional provincial. Mientras tanto, ponía en marcha un dispositivo de "reapertura" del banco provincial: el banco tomaría un préstamo por casi 20 millones de dólares con la garantía de la coparticipación federal, para “sanear" el pasivo del banco, pagar los “retiros vo­luntarios" y proceder luego a su privatización. De este modo, los salarios y gastos sociales —que dependen de la coparticipación—solventarán el vaciamiento patronal del Banco del Chaco. El Chaco es una demostración palpable de que la UCR es un instrumento alternativo o de recambio de la política menemista. Luis Dellamea Rosario: Cavallero es cada vez más “Grosso” Recientemente, se llamó a licitación del servicio de recolección de residuos de la ciudad de Rosario, que tuvo que postergarse como consecuencia de la crisis que se provocó. El Ejecutivo munici­pal habría entregado la concesión a tres grupos (uno, 9 de Julio, hasta ahora el único prestatario, y otros dos grupos, uno de ellos de Benito Roggio). La modificación en el reparto de este fabuloso negocio desató una lucha entre pulpos capitalistas, con denun­cias que tocaron de lleno al propio intendente Cavallero. Aparecieron volantes en la peatonal que lo denunciaban de favorecer la Incorporación del grupo Benito Roggio. Esto grupo se postula también para la tarjeta magnética. Cavallero se defendió con el argumento de la necesidad de terminar con el monopolio de la 9 de Julio, aunque el servició lo costaría a la Municipalidad, de aquí en más, un 25% más caro. Ese 25% lo tendremos que pagar los trabajadores con un nuevo aumento de la tasa municipal. Pero son muchas las cuestiones en las que la política del "Socialismo Popular" está enfrentada a los Intereses de los traba­jadores. El Dr. Cavallero se jactó una vez de haber “obligado" a los empresarios del transporte a bajar el precio del boleto de colectivo, pretendiendo disimular su condi­ción de portavoz de la CETUP (cámara patronal). El Ejecutivo municipal, a través de la secretaría de Servicios Públicos, viene Impulsando la suba del precio del boleto» precisamente como lo reclama la cámara empresaria. Primero lo llevó de 30 a 35 centavos, y ahora, transcurrido solo un mes, plantea llevarlo a 40; es decir, un 30% de aumento, cuando los salarios están conge­lados. En un debate reciente entre Cavallero (PSP) y Alfredo Bravo (PSD) (La Capital, 30/ 11), éste se preguntó si era necesario cogobernar (con el menemismo) para tener una intendencia, por importante que ésta sea, y que le gustar la saber, "en momentos en que el gobierno cierra los grifos, de dónde sacan para gobernar" (refiriéndose a la Municipalidad ge Rosario). La respuesta de Cavallero no tuvo des­perdicio: Quienes alcanzamos niveles de gobierno, dijo, no podemos darnos los lujos del socialismo democrático, que opina sin tener responsabilidades". Emilio Blanco Assef, “cruzado” de Menem-Duhalde Con el “espaldarazo” que recibió recientemente durante la visita de Menem y Duhalde, y la “absolución” que le otorgo el Concejo Deliberante en el asunto de la contaminación del Reconquista y la ma­tanza de los peces, el ex “procesista" Assef, hoy “representante del pueblo”, está descargando una nue­va andanada de medidas contra el casti­gado pueblo de Moreno. Después de haber aumentado en un 30% las tasas municipales, las autoridad#« están amenazando con llevar a juicio e hipotecar las viviendas da los vecinos, por supuestas “deudas" en el pago de los “servicios” de alumbrado, barrido y limpieza v conservación de la vía pública. Se trata de una estafa descomunal, pues cualquiera sabe que en el 80% de los barrios de Morena no se presta ningún “servicio público”. La “indulgencia" se aplica, sí, al cobro dé los impuestos de los grandes capitalistas éstos sí, verdaderos “evasores" y responsables del desquicio de las finanzas del distrito. Por otro lado, en el único hospital del distrito, desmantelado por la tan cacareada “falta de recursos", se acaban de producir dos hechos muy graves: a) se cerró la sala de maternidad por una amenaza de infección Intrahospitalaria, lo que delata el grave deterioro al que se ha arribado, en un distrito con altísimo riesgo de proliferación del cólera y otras enfermedades de la “pobreza" se han dado “directivas" al personal al mejor estilo de un “bando” militar. Por último, tenemos la situación plantea da en el frigorífico Minguillón, que ha dejado en la calle a más de 700 trabajadores en medio de la más absoluta indiferencia dé las autoridades municipales, la misma que tenía frente al envenenamiento del río y al no cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la patronal chupasangre del frigorífico. Frente a esta ofensiva reaccionaria es necesaria una vigorosa movilización. Frente a la complicidad de todas las autoridades municipales (concejales incluidos) y para pararle la mano a estos verdaderos “ñoquis"(que pretenden cobrar los “servi­dos" que no prestan), el Partido Obrero llama a que nos autoconvoquemos en asambleas barriales para impedir el cobro compulsivo de las deudas-truchas. El hospi­tal, que tiene probablemente el triste “pri­vilegio" de la mayor cantidad de muertes por infecciones en un nosocomio argentino (¡18 bebés 2 años y medio atrás!) requiere un “tratamiento quirúrgico": triplicación del presupuesto, anulación de todas las “con­cesiones" privadas, aumento salarial al personal, dirección del hospital a cargo de sus trabajadores (profesionales y demás empleados) y de los representantes directos de la población zonal. Asamblea conjunta de todos los trabajadores del hospital para dis­cutir la situación planteada frente al nuevo brote infeccioso y el “bando" de las autori­dades. Que se pronuncien la Asociación de Profesionales, el sindicato municipal y ATE... Fuera los capitalistas que enterraron el Minguillón, gestión obrera del frigorífico, por un inmediato plan de distribución de cortes cárneos de bajo costo para las barriadas populares de Moreno. Norberto Malaj

“Flexibilidad laboral” Despidos en masa y destrucción de fuerzas productivas El proyecto oficial de “flexibilidad labo­ral” tiene como uno de sus objetivos princi­pales terminar con las indemnizaciones por despido para permitir la cesantía en masa. En el plan anunciado para las “pequeñas y medianas empresas" (90% del total) esta destrucción se plantea por doble vía. Por un lado, “nuevos trabajadores podrán ser empleados bajo un régimen especial, de manera que durante los primeros 24 meses no serán considerados como planta permanente, y por lo tanto tampoco reci­birán los beneficios de la indemnización” (Cronista, 15/10). Por otro, se dispone llevar la indemnización a menos de la mitad de lo que hoy percibe un trabajador cesanteado. El nuevo régimen crearía un “fondo de capitalización de la antigüedad" al que las patronales aportarían un 4% de los salarios (un 8% durante el primer año) que percibiría el trabajador al momento del despido. Por el sistema actual, un trabajador de cualquier gremio percibirá al momento del despido, el salario de un mes como indemnización por cada año, y otro por el preaviso; exactamente 1.500 pesos si tiene dos años de antigüedad y un salario de 500 pesos. Con el nuevo régimen la cifra pasaría a ser, en este mismo caso, de 720 pesos, resultante de aplicar el 8% a los salarios pagos en el primer año y el 4% en el segundo. El mes de preaviso sufre duras restricciones, porque la patronal queda exceptuada de pagarlo en caso de “razones disciplinarlas", “fuerza mayor", “quiebra no imputable al trabajador" (art. 21). El texto, además, compromete los intereses de la cuenta de capitalización a “las normas que a este efecto dicte el Banco Centrar. El régimen que se pretende implantar está por detrás, incluso, del “Fondo de De­sempleo" impuesto a los trabajadores de la construcción, que prevé un 12% del sueldo mensual durante el primer año de antigüedad y un 8% a partir del segundo. Para el "nuevo" ministro de Trabajo, En­rique Rodríguez, éste es el punto crucial del paquete flexibilizador: “el costo laboral más perverso en nuestro país es el incierto, dice, que tiene que ver con lo judicial. Es per­verso porque es difícil de prever” (Ámbito, 9/12). Los “costos inciertos” aluden esen­cialmente a las indemnizaciones por despido o por accidentes de trabajo, y de ningún modo a la incertidumbre del trabajador con su trabajo o con los riesgos para su existencia del sistema fabril capitalista Lo que los pulpos capitalistas quieren y el gobierno pretende implantar es un régimen aún más barato y jurídicamente seguro para despedir a mansalva. Se trata de adaptar el régimen laboral al período de quiebra que se ha abierto en la economía capitalista, y nada tiene que ver con una “modernización" o “apertura al mercado internacional" que, si fueran ciertos, abaratarían el costo salarial para el capitalista como consecuencia de una mayor productividad. Se encuentra a la orden del día el achicamiento o el cierre de empre­sas y la concentración en favor de un puñado de pulpos. “La Nación" señala como gran virtud del proyecto de flexibilización “hacer previsible el costo de eventuales modifi­caciones en la estructura de la empresa"(26/10), entendiendo por “modificacio­nes" despidos y cierres. La tarea de liquidar las indemnizaciones por despido tiene otra manifestación en el decreto 1803, que plantea para los trabajado­res de las empresas públicas que se privatizan la derogación lisa y llana de la antigüe­dad, y su reingreso en los términos de la “nueva "relación laboral, para poder ser des­pedidos en cualquier momento por chirolas. Christian Rath Traición en Aerolíneas Las direcciones de los cinco gremios ae­ronáuticos se vieron obligadas a dar marcha atrás en el “acta-acuerdo" que habían fir­mado con Iberia-Aerolíneas, como conse­cuencia del impresionante rechazo de las bases. Este repudio se manifestó en todos los gremios pero, especialmente, en APTA (técnicos de mantenimiento) donde se en­frentó el acta —que sus dirigentes habían firmado—con un plan de lucha que sólo pudo ser quebrado por la aceptación (burocrática) de la conciliación obligatoria. En medio de la impresionante repulsa popular al deterioro de Aerolíneas y frente a los ataques de Cavallo, acusando a los trabajadores de entorpecer el servicio, y del presidente de la empresa, Amadeo Riva, para quién el “problema" de Aerolíneas son los “altos salarios" de los trabajadores, la buro­cracia salió a “ponerle el hombro” a los privatizadores, firmando una nueva “acta” con peores condiciones que la rechazada. Por ejemplo, establece que los eventuales aumentos salariales se tratarían recién a partir de abril, cuando ya haya pasado la “tem­porada alta" y los trabajadores carezcan de elementos de presión sobre la patronal, y no en enero, como planteaba la originalmente rechazada. Pero a pesar del “hombro” de la buro­cracia, Aerolíneas no tiene "arreglo” porque ha sido vaciada por los privatizadores, que' lograron la “proeza” de quebrar una empre­sa que les fue “regalada”, transformando un beneficio anual de 70 millones de dólares en una pérdida de 25 millones y creando, de la nada, un endeudamiento de 1.000 millones en el curso de un año. En las asambleas de AA, esta situación fue denunciada por fes activistas como la preparación de una quie­bra al estilo de la Pan Am, lo que a su modo ha sido confirmado por fuentes patronales: "Iberia encara una profunda reestructura­ción, que significará el achicamiento de la empresa” (El Economista, 11/12). Una política de derrota... En su momento, la empresa salió al cruce de los reclamos salariales de sus trabajado­res (los salarios estaban congelados desde el inicio del "plan Cavallo”) ofreciendo firmar un “acta-acuerdo” que, a cambio de $500 por única vez en noviembre, planteaba la *flexibilización laborar. Con esta acta, la burocracia se transformaba en gestora de la -reconversión laboral", que planteaba “la adecuación de las dimensiones de la em­presa a las necesidades de la subsisten­cia y competitividad que impone el merca­do" (artículo 8) y hasta en cómplice del vaciamiento, ya que se comprometía a “proteger (a la empresa) ante la opinión pública” (artículo 6) y a “generar un marco de paz social”. Después de 2.000 “retiros voluntarios" y con otros 2.000 despidos en puerta, la ratificación del "acta” es un camino de de­sastre. En APTA, el gremio que más resistió la firma del “acta”, la “nueva" burocracia, que ganó el sindicato hace pocos meses posando de "combativa", dividió al gremio por em­presa (¡a pesar de que se trata de la misma patronal!). Primero les hizo firmar un “acta" a los trabajadores de Austral —que cuentan con ciertas conquistas sobre los de AA— para terminar imponiéndoles tres días des­pués las condiciones del acta original de los técnicos de AA, prometiendo el pago antici­pado en tres cuotas del “premio por tem­porada alta" (el mismo monto que el año anterior, es decir, un 30% en términos reales), a cambio de todas las demás condiciones del acta. ...o una política de combate Está claro que el “problema" de AA no son los salarios sino el parasitismo de los privatizadores. Entendemos que es necesa­rio repudiar la firma de las “actas", que so­meten a los trabajadores a la política de los liquidadores de Austral y Aerolíneas, y re­construir una coordinadora, sostenida en delegados y activistas mandatados por la base, para que en una ASAMBLEA GENE­RAL de los cinco gremios se vote un plan de lucha para impedir los despidos anunciados, la flexibilización y el vaciamiento, y exigir que los $ 500 se incorporen al básico. Pensamos que para ello hay que aprovechar la “tem­porada alta", cuando a la patronal más le duele la movilización de los trabajadores; por lo tanto es “imprescindible” el desconoci­miento de la “conciliación obligatoria" dictada por el Ministerio de Trabajo y recono­cida por los gremios, pues esta “concilia­ción" tiene el propósito claro de salvarle las "papas" a la empresa, en un momento alta­mente favorable a la lucha de los trabajado­res. Y pensamos también que hay que plan­tearse estratégicamente la renacionalización sin pago de Aerolíneas, bajo el control de sus trabajadores, desconociendo su deuda frau­dulenta. Corresponsal Qué pasa en la UTA A partir de la reacción de los choferes en el mes de noviembre (cuando las patronales absorbieron los diferentes adicionales con el cobro correspondiente, liquidando de un plu­mazo el aumento del 37% al básico), la buro­cracia, el Estado y las empresas pusieron en marcha el mecanismo ya conocido de las conciliaciones en las líneas en conflicto, para poder enfriar el espíritu de los compañeros, pues los había llevado a ganar la calle y luchar en defensa de sus conquistas. Como la respuesta de los choferes había sido con­tundente: cortes de servicio, movilizaciones, trabajo a código, etc., la conciliación se llevó a cabo abonando lo que se había querido quitar (premios, porcentaje sobre recauda­ción, etc.). Sin embargo, el temor de una generaliza­ción del conflicto hacia todas las líneas que habían sido despojadas de una parte de su salario, hizo que UTA-FATAP-CEAP pusie­ran en marcha una conciliación obligatoria que se extendió hasta fines de noviembre (que la burocracia había aceptado de entrada en el punto 3 del acta del 16/10). Entre el 4 y el 8 de diciembre se conocen dos dictáme­nes: uno del Ministerio de Trabajo nacional, laudando en un todo de acuerdo con el acta UTA-FATAP-CEAP, donde se absorbió toda mejora salarial o plus, y otro del subsecreta­rio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, intimando a la parte empleadora a pagar todos los adicionales que no hubieran sido pactados a cuenta de futuro aumento. Mientras tanto, el 4/12, las líneas que más a fondo habían salido a luchar, cobraron sus adicionales (el mismo monto que antes o renegociado). En otras se pagaron premios en negro, y otras no vieron un mango de más. Vuelve a plantearse entonces el mismo pro­blema que en noviembre, con la diferencia sustancial que es el haber hecho retroceder a numerosas patronales en las líneas, pro­ducto de una acción firme y decidida de los compañeros. Esto se puso de manifiesto en el cobro antedicho y en las dos resoluciones contradictorias, mostrando de esta forma la encrucijada en la que se encuentra la patro­nal frente a la movilización de los trabajado­res, buscando la forma de mejor contenerla. Tenemos así hoy, una brecha más grande por la cual transitar para imponer el reclamo de un básico unificado para toda la UTA de 800 pesos, fuera los premios atados a condi­ciones de superexplotación, no a los pagos en negro, no a la flexibilidad patronal. Está planteada la necesidad de un debate de la situación por la que atravesamos, para que se pronuncien los trabajadores. Debemos desarrollar una coordinación entre las dife­rentes líneas para discutir acciones en común. Corresponsal UTA-Sur

La empresa boroquímica de Campo Quijano (Salta), emplea a 105 obreros, luego de años de recortes en el personal. Desde hace dos años la empresa preten­de pasar a los obreros del convenio quí­mico al de mineros (Aoma), una decisión que el Ministerio de Trabajo unilateral' mente ya ha tomado (y que ha sido ape­lada), lo que implicaría una reducción salarial del 50% en el básico. A principios de noviembre la empresa aumenta los niveles de producción, cuan­do la gente reclama que le eleve el premio por producción del 9% al 15% la empresa no sólo no les da el 15, sino que les quita el 9. Los obreros paran; a partir del día 25 salen a movilizarse a la calle; la empresa aprovecha para cerrar la fábrica, el 27 se impone la conciliación obligatoria. En los ocho días de conciliación, cuanto funcio­nario se acerca al pueblo (el abogado que los asesora, el secretario general de la CGT de Salta, los diputados) les piden calma y moderación. Al día siguiente de terminada la conciliación se envían los telegramas de despido a 88 compañeros con “Justa causa", alegando abandono de tareas. Allí los trabajadores, en asam­bleas permanentes, deciden toda suerte de medidas (corte de ruta, se propone toma de fábrica, movilizaciones por el pueblo, convocatoria a los comerciantes, etc.). La empresa negocia con el intendente (no acepta hablar con los delegados) po­niendo como condición el levantamiento de corte de ruta y éste negocia la entrada de 43. Al mismo tiempo la empresa abre una lista para los que se quieran anotar del pueblo (en un día y medio se anotan 400 trabajadores). La empresa vuelve a producir y los que quedan afuera consideran que han vivido una gran derrota. Las condiciones para los que entran son: no reconocimiento del escalafón, o sea que empiezan desde cero; descalifi­cación y polifuncionalidad (según los pla­nes de restructuración que tenga la em­presa, un obrero especializado deberá barrer, si se le pide); aumento de los niveles de producción (60 personas debe­rán hacer lo que hacían 88); y aceptación del traspaso a Aoma (o sea rebaja sala­rial). Quedan afuera todo el cuerpo de dele­gados actual y los anteriores y, por su­puesto, los que tienen problemas muy importantes de pulmones como conse­cuencia de aspirar por más de 20 años ácido bórico. Se rumorea, aunque al cierre de éste no estaba puesto en práctica (suponemos que lo harán cuando los ánimos se apaci­güen) que se los toma por 60 días y luego renovarán sus contratos si... desisten de hacerle juicio a la empresa por indemniza­ciones, y otros pendientes por diferencias de categorías, (ahorrándose 450.000 pe­sos en indemnizaciones). El moño de este paquete armado pa­cientemente por la empresa lo pusieron los burócratas de la Federación de Quími­cos, que bajaron de Buenos Aires pura y exclusivamente para desmoralizar a los que todavía tuvieran alguna peregrina idea de resistir (sobre todo las mujeres de los que participaron en todas las medidas de fuerza, haciendo frente incluso a la infan­tería). La empresa en estos días ha sacado una solicitada en donde se justifica dicien­do que ha bajado de 90.000 a 23.000 toneladas de materia exportada, por lo que se ve obligada a bajar los costos laborales. Al igual que Mosconi, con el despido de los 2.500 trabajadores de YPF, y Cam­posanto, con los 250 del ingenio y 400 del ferrocarril, Campo Quijano es uno más de los pueblos de concentración obrera de Salta que corre peligro de transformarse en fantasma. Vaya como dato que el gerente de la planta de Quijano es Ramiro Cornejo, de la familia del dueño del ingenio de Campo­santo, y el apoderado es Pérez Alsina, un prominente político del gobierno de Ulloa (gobernador de Salta). (La tenaza menemista y sus aliados provinciales se cierra sobre la clase obrera del país para hacerle pagar los costos de la crisis capitalista mundial).

Después de 10 días de paro, con concen­traciones frente a la Casa Central, los traba­jadores del Banco de la Provincia de Córdoba impusieron al gobierno de Angeloz la reincor­poración de los 53 despedidos por el directo­rio del banco el jueves 26 de noviembre. El despido de los 53 trabajadores busca­ba crear las condiciones para echar a 1.500 trabajadores más, una medida requerida para la privatización del Banco de la Provincia de Córdoba. El triunfo de los bancarios tiene como únicos protagonistas a los trabajadores del banco, que con gran firmeza mantuvieron el paro, las movilizaciones frente a la Casa Central, los piquetes para garantizar la inac­tividad de las sucursales y la presencia de los trabajadores en las asambleas diarias. Los despedidos, organizados en comisión, se mantuvieron en la lucha jugando un papel muy activo. La firmeza obrera fue la que hizo tambalear al gobierno que habla jugado toda su política al desgaste. La política de la Asociación Bancaría y de la Coordinadora de Gremios Estatales, en­rolados en el CTA (cosa de la que hacían alarde cada vez que abrían la boca), hizo peligrar la resistencia de los trabajadores. La Bancaria, presionada por los trabajadores, convocó a un paro general banca rio que ni promovió y menos garantizó, dejando librado a cada banco (y dentro de ellos a cada sucursal) la “modalidad” adherir al paro general, es decir, una Invitación a no parar y a hacerse cargo de las consecuencias de la medida que adoptaran; largó así a [oís traba­jadores a las garras de las patronales. La Coordinadora, a través de sus dirigentes, desbordó de solidaridad en las palabras, pero a la hora de los hechos sólo resolvían “pre­sionar” sobre el gobierno para que éste negocie, cuando se trataba de derrotar al gobierno con el paro de todos los trabajado­res estatales. La Coordinadora se negó a convocarlo, dejando también a los bancarios librados a su suerte. Ningún dirigente del CTA quería la derrota del gobierno radical, de un gobierno que se apresta a despedir a agentes públicos, a privatizar las ca­jas provinciales de jubilación, a hacer trabajar a los docentes los sábados, que viene destru­yendo la salud y la educación. El triunfo de los trabajadores del Banco, Provincia abre expectativas para el conjunto del movimiento obrero provincial en la lucha por el salario, los puestos de trabajo, la defen­sa de las condiciones de vida y las jubilacio­nes. Elecciones en el sindicato de empleados públicos en Córdoba: Pihén es Chara En las elecciones para renovar la Comi­sión Directiva del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP), fue derrotada la lista Celeste que proponía la reelección de Manuel Chara por tercera vez. Triunfó la Blanca (que sacó el 50% de los votos) encabezada por Pihén (asociado al sector de Cavallo en la interna peronista) y con una fuerte presencia de radicales ligados al ministro de Trabajo provincial y con la compañía del MAS. Pihén (que fue secretario adjunto de Chara en el primer mandato), luego de una audiencia con Angeloz, declaró que no reclamaron aumentos salariales, conscientes de la grave situación de las fi­nanzas provinciales. La lista Violeta, integrada por delegados y activistas que fueron promotores de las últimas luchas del gremio y que actuaron en ellas con independencia de la política de la burocracia y de la “oposición" propatronal, sacó el 14% de los votos en la Capital y el 7% en la general. Para la Violeta, el relevo de Pihén por Chara es un cambio de funcionarios, ya que ambos son partidarios de un SEP convertido en una dependencia del gobierno ' provincial. La lista Blanca es un escollo en la lucha contra los 10.000 despedidos que pre­tende instrumentar el gobernador, contra el congelamiento salarial y la destrucción del' presupuesto en salud. El MAS se ha sumado al carro de la burocracia.

El bloque de diputados justicialistas llegó a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y la Secretaria de Seguridad Social para modificar el proyecto oficial reforma provisional. Como bien lo dice Clarín (12/12), el cambio principal es que “se disminuye el reconoci­miento monetario que hará el Estado por los aportes ya efectuados”. En efecto, aunque la jubilación básica se aumenta de 82,50 pesos a 137,50 pe­sos, la prestación complementaria se reduce del 2% del sueldo promedio por arto aportado al 1,5%. De este modo, por ejemplo, un trabajador de 55 años con un sueldo de 1.000 pesos, que hubiera efectuado 30 artos de aportes al sistema oficial, se jubilaría con una prestación básica del 13,75% de ese sueldo y con una complementaria del 45%, lo que da un total de 58,75%. En la versión original del proyecto, se hu­biese jubilado con una prestación bá­sica del 8,25% y una complementaria del 60%, en total 68.25%. Es decir que la modificación que se ha pactado re­duce su jubilación en 10 puntos, ó 100 pesos por mes. A su vez, por los 10 años que le restarían para jubilarse (a los 65 años) recibiría una "jubilación privada” que, en el mejor de los casos podría oscilar en tomo de los 70 pesos, o el 7%. En total su jubilación no podría superar, entonces, los 650 pesos, cuando por la actual legislación le hu­biera correspondido 820 pesos (el 82%), y en la versión original del proyecto 750 pesos (75%). Incluso para el caso de un trabajador que gane hoy 500 pesos, la modificación que se ha pactado lo per­judica, aun cuando la prestación básica de 137,50 pesos represente un porcen­taje mayor de sueldo (27,5% por bási­co, 45% por complementar! a y 3,5% por privado, daría un 76%, contra el 17% de básico, 60% de complementaria y 3,5% privado, que daría un 80,5%). De todos modos, el 2% que el Estado reconocerla por cada ano do aporte, no es calculado sobre el último sueldo antes de jubilarse, sino sobre el promedio de los últimos 10 años calendario. Esto significa que el promedio disminuye con relación a los aumentos reales de sueldos que habría obtenido el trabaja­dor en los últimos de esos diez años, y ni que hablar sí estuvo suspendido o desocupado. Por esta razón, las con­sultoras contratadas por el propio Mi­nisterio de Trabajo estiman que con 30 años de aportes al 1,5% por año, la prestación complementaria no sería del 45% sobre el último sueldo sino del 38%. Entonces, el trabajador, en el ejemplo de un sueldo final de 1.000 pesos, se jubilaría con una prestación básica del 13,75%, más un 38% de la "complementaria", más una "priva­da" del 7%: en total, 58,75%. El nuevo sistema significa una caída de las Jubilaciones del orden del 30%, en relación al 82% móvil establecido por la legislación actual. El trabajador banca todo Pero aquí no termina la cosa. De instaurarse la "jubilación privada", las Administradoras de Fondos de Jubila­ción y Pensión (AFJP) se embolsarán una suculenta comisión del 30 al 35% que deducirán del salario del trabajador. Clarín estimó que solamente entre 1994 y el arto 2000 estas AFJP recaudarán de comisiones 7.000 millones de dóla­res, una suma que desvela a los ban­queros y compartías de seguros. Con las modificaciones “justicialistas" es­tas comisiones serán aún mayores, esto porque el trabajador deberá costear con su salario lo siguiente: 1- la comisión de la AFJP; 2- la prima de Invalidez y muerto; 3- los gastos que demande la comi­sión módica encargada de su­pervisar los casos de invalidez; 4- los gastos de la Superintenden­cia de la AFJP. Por esta razón, se estima que las AFJP deducirán del 11% del aporte obrero nada menos que 4 puntos. O sea que, a quién gane 1.000 pesos por mes le descontarán 110 pesos en concepto de aporte o "ahorro", pero solamente 70 pesos irán a su "Jubilación priva­da" porque el resto —40 pesos— se repartirán entre las AFJP, las compa­rtías de seguros, la Superintendencia y los médicos. Para el trabajador el costo de la Jubilación privada supe­rará el 50% de su aporte. Toda esta descomunal confiscación del salario se puede cuantificar del cuadro de movimiento de los fondos privados publicado por Clarín (13/12). Esto significa que los trabajadores aportarán entre 1694 y el año 2000 nada menos que 26.185 millones de dólares, pero sus cuentas se "capita­lizarán" sólo en 21,406 millones de dólares, esto en la hipótesis optimista de un rendimiento del 5% anual real. Como se ve, se trata del único sistema de ahorro en que el depositante pierde su capital en lugar de capitali­zarlo. Los únicos que ganan son los parásitos que vivirán de la “Jubilación privada", Por esta razón de “peso", para los bancos y compañías de seguro "si la reforma no sale por ley, debe hacerse por decreto", reclamó Gon­zalo Aguilar, director de La Buenos Ai­res, una compañía de seguros que tendrá una AFPJ Junto a los bancos Quilmes y Deutsche.

¿Será que los sucesos de Venezue­la reconciliarán a estos dos duros ad­versarios, en que se han transformado, recíprocamente, el Mas y el Mst? Des­pués de todo, no es común que partidos que se acaban de dividir se pongan de acuerdo o por lo menos coincidan en acontecimientos fundamentales de al­cance internacional. Es lo que ha ocurrido con el Mas y el Mst con relación al levantamiento mi litar del mes pasado. Para el primero, "Del mismo modo que nos opusimos al golpe del 4 de febrero nos oponemos ahora al del 27 de noviembre". El Mst, por su parte, “rechaza los intentos golpistas" y llama “a los trabajadores a no apoyar el Intento— del 27 de noviembre”. Puesto en blanco sobre negro, al proclamar su oposición directa o fundamental o principal al levantamiento (los “golpes" son propios de los mandos institucionales de las fuerzas armadas), el Mas y el Mst, mal que les pueda pesar, defendieron el 27 pasado el go­bierno “democrático" del masacrador Carlos Andrés Pérez. Para disipar cualquier duda sobre una posición que no tiene nada de ambigua, el Mas reivindi­ca una declaración del Pst venezolano que caracteriza al levantamiento como una acción “aventurera, irresponsa­ble y putchista, que sólo termina fa­voreciendo a CAP y su política re­presiva contra las masas, incluso el asesinato de trabajadores simples, como ocurrió en el canal 8”. Mal que te pese, el Mas coincide en este punto con un santo que no es de su devoción, Fidel Castro, que también justificó la represión de Pérez como una conse­cuencia del levantamiento militar (ver nota). Tanto el Mas como el Mst se oponen a lo que denominan “golpe", alegando una cuestión de método o de principios, pues “no vendrán supuestos salva­dores de afuera a resolver lo que los propios trabajadores, de acuerdo a sus Intereses, deben resolver, con su programa, organización, huelga general y movilización" (Mas): o, en palabras del Mst, “la gran tarea es la huelga general para derrotar al go­bierno” El problema con estos dos planteos es, en primer lugar, que se trata de puro palabrerío. Lo mismo que ambos gru­pos dicen del "golpe", se puede decir de las elecciones en un régimen bur­gués o de la acción en el parlamento: no sirve para nada intervenir en ellos salvo que esa intervención se subordine a los objetivos revolucionarios, que son los únicos que tienen un carácter estratégi­co. A diferencia de los anarquistas, el marxismo considera fundamental y de principios actuar en todas las institucio­nes del Estado burgués, pero no sola­mente en el parlamento sino también en el ejército, en éste por sobre todo. Igno­rar la crisis política fundamental que abre un levantamiento en las fuerzas armadas, al mismo tiempo contra los altos mandos y contra el gobierno, tipifica al charlatán o al aficionado, nunca al militante obrero. Esa crisis política fun­damental no deja de ser tal por el hecho de que unos sean putchistas y los otros constitucionalistas. En la crisis venezo­lana, el Mas y el Mst nos informan que se alinearon en el campo del gobierno oficial o constitucional. Según el Mst, “la tarea era la huel­ga general para derrotar al gobier­no”, es decir que se ubicaban en el campo opositor, junto a los “golpistas". Pero por otro lado dicen que había que oponerse al “golpe", lo que convierte a la “huelga generaren un movimiento contra los alzados. En la “semana santa" del '87, muchos grupos plantea­ron la “huelga general" contra Rico, no contra Alfonsín, con independencia de la poca gracia que esto le podría causar a Alfonsín. La "huelga general” del Mst: ¿era contra Pérez o contra los alzados, o contra los dos? El Mst no se detiene en precisar estos aspectos, y con “Justa causa": propuso la "huelga" después del levantamiento —durante el levanta­miento se colocó en el campo anti- "golpista" al igual que el 99% de la izquierda democratizante venezolana e internacional. Pero el aspecto más relevante de la crisis venezolana es que volvió a poner de manifiesto una tendencia a la insu­rrección popular, que aprovechaba la "lección" (probablemente no querida) del ejército, donde los do abajo se le­vantaban contra tos de arriba. Por esto motivo, el ojo de una posición política revolucionaria en Venezuela era impul­sar la organización y la conciencia de la insurrección popular, que naturalmente pretendía acabar con Pérez y no con los "golpistas"(al menos en el comienzo). Poner las cosas al revés, es decir defen­der a la democracia y movilizarse contra el “golpe", significaba, y no podía sino significar, abortar toda y cualquier ten­dencia a la insurrección y, por lo tanto, a la huelga general. Solamente a un imbécil se le puede ocurrir que el descubrir las tendencias insurreccionales de las masas en una crisis política, y tener en cuenta sus mecanismos del momento, constituye una posición “golpista". Pero más que imbecilidad, tal acusación es una corti­na de humo de los democratizantes que se avergüenzan de defender a los go­biernos de turno. En ningún periódico morenista pudimos leer la crítica funda­mental que el PO les hizo a los alzados de noviembre, a saber, que su política de bombardeos indiscriminados y su conspiratividad al margen de las masas, fue la causa fundamental que abortó la insurrección en ciernes. Al fin y al cabo, es el Mas el que dice que “nadie del pueblo salió a defender al gobierno sino que, por el contrario, hubo sec­tores populares que salieron a lu­char contra él”. El Mas y el Mst son, sin embargo, fieles a los principios, pero a los princi­pios del Frente del Pueblo y de Izquier­da Unida, que se “oponían a todo golpe”, sin que importe el tiempo his­tórico, las circunstancias políticas o la tendencia de las masas, como si se tratara de la inmaculidad de la virgen, o como si quienes tuvieran que respon­der a la acusación de golpistas fueran ellos mismos. Pero ni un grupo ni otro son inmaculados o vírgenes. El 24 de marzo de 1976 “explicaron” el golpe de Videla por el “vacío de poder” representado por el gobierno de Isabel, copiando literalmente al partido comunista, y en febrero de 1989 justificaron, con el mis­mo procedimiento teórico, la masacre de militantes indefensos en La Tablada, por parte del ejército “carapintada”. La “flexibilidad” de estas dos organiza­ciones en su “labor" política encuentra su mejor ejemplo en la política que adoptan cuando hay un reclamo policial o militar de orden reivindicativo: apoyan el reclamo, pero, ahora sabemos, no el levantamiento. Fidel Castro apoya a Carlos Andrés Pérez Fidel Castro “no pudo" con su “ge­nio". La edición internacional del diario Granma (6/12), al comentar el levanta­miento militar en Venezuela, apoya a Car­los Andrés Pérez y a su política al justificar que la tragedia llevó a suspender la libertad de prensa, de expresión y de libre circulación, el derecho de huelga y la inviolabilidad de domicilio”. “El presidente Fidel Castro, al igual que otros dirigentes, envió un mensaje al jefe de Estado venezolano en el que expresa pesar por las pérdidas de vidas humanas y los daños materiales 'ocasionados por los dramáticos sucesos´” (sin denunciar ni la política fondomonetarista que llevó al levanta­miento, ni las masacres premeditadamente perpetradas por el gobierno venezolano). Asimismo “manifiesta la esperanza de que se restablezca la paz”, y "nuestros más sinceros deseos de que Venezuela pueda superar sus dificultades y avanzar pacíficamente hacia el bienestar de todos sus ciudadanos por las vías del desarrollo económico y la justicia social”. Esto es un apoyo abierto a la política de Andrés Pérez que está "ajustando” al mango a tos traba­jadoras venezolanos y enajena las ri­quezas nacionales en beneficio de tos monopolios, “El mensaje incluye el agradecimiento 'por la noble actitud de Vene­zuela’ en el debate de Naciones Unidas sobre el bloqueo económico contra Cuba”, agrega Granma. Fidel negocia así los apoyos diplomáticos de la burguesía venezolana que en este caso beneficia a los intereses imperialistas en Venezuela. La posición de Fidel Castro es contrarrevolucionaria y constituye una expresión de su elevada integración a la política mundial del capitalismo. R. S.

1- En un periodo de quiebras generali­zada de bancos y de empresas, e inclu­so de los Tesoros públicos, la profesión de economista pierde muchas de sus atributos románticos, cuando no todos. Su función esencial se reduce a lo si­guiente: malversar los fondos públicos para rescatar a los capitalistas en ban­carrota, y confiscar a mansalva al con­tribuyente y al trabajador para reponer los cofres vaciados de las Tesorerías. Desde 1982 hay en Argentina un eco­nomista que ha superado a lodos sus colegas en estos menesteres; por eso. en las vísperas de Navidad, otras de su mismo género y especie han decidido darle el premio al economista del año La retribución “moral” o material que recibirá habrá de ayudar con segundad a que el hombre en cuestión pueda re­forzar su “preocupante” presupuesto mensual. 2- El nuevo ministro del Interior. Gus­tavo Beliz, ha prometido dar “trans­parencia” a la administración públi­ca, lo que de por sí constituye un encubrimiento de las fechorías cometi­das. Pero ni el auxilio del episcopado podrá ayudarle en estas supuestas in­tenciones, pues apenas se filtre una luz en la actual gestión de gobierno, el 90 por ciento del gabinete, por no decir del poder ejecutivo, debería rendir cuentas a la justicia. Un caso de delito es la constante tergiversación de las cuentas públicas por parte del ministerio de Economía. Oficialmente, el presupuesto nacional tiene superávit, aunque extraoficialmente todo el mundillo oficial sabe que tiene un déficit insuperable. No registra, por ejemplo, las estafas de la Municipalidad de la Capital, ni de nin­guna otra, que ahora sabemos han crea­do un déficit de mil doscientos millones de dólares al año. En la campaña elec­toral del 91, el PO denunció que el Banco Nación, por ejemplo, pagaba los impuestos que no podían abonar las empresas públicas. Ahora se sabe que la cifra por los préstamos al barril sin fondo de estos organismos, inflaron los ingresos del presupuesto en mil cien millones de dólares, que luego se trans­formarán naturalmente en nuevos bo­nos público» y que deberán significar un vaciamiento de los bancos oficiales usa­dos para la realización de estas opera­ciones ilegales. El actual “plan” eco­nómico no podría sobrevivir ni un instante sin este ocultamiento de la reali­dad económica al pueblo. El católico Beliz ha debutado, entonces, violentan­do el mandamiento bíblico de “no mentirás”. 3- La situación del presupuesto nacio­nal es francamente grave y su déficit consolidado fue estimado en 15.000 millones de dólares, lo que significa que la deuda pública aún se incrementara durante mucho tiempo. Precisamente con respecto a este tema el gobierno se jactó la semana pasada de haber “re­ducido" esa deuda de 74.000 a 70.000 millones de dólares, desde 1989, sin mencionar que entre esa fecha y la ac­tualidad vendió empresas públicas a cambio de títulos de deuda por 20.000 millones de dólares. En resumen, du­rante la “gestión” Menem la deuda pública se incrementó por lo menos en millones de dólares, a pesar de que en este periodo de tiempo no hubo inversiones que justificaran un cre­cimiento de créditos. Milagros del menemismo. Al mismo tiempo, solo en concepto de financiación de las “privatizaciones”, los “capitanes” nativos se endeudaron en 4.000 millo­nes de dólares, y aun tienen pendientes otras solicitudes de préstamos que po­drían llevar esa mayor deuda a 6.000 millones de dólares. Estas cifras no tie­nen en cuenta, sin embargo, a los capi­tales “golondrina” que ingresaron a la Bolsa y que luego pasaron a otros negocios. Estos capitales, que también equivalen a deuda porque no se radican en el país, sumaron otros 6.000 millo­nes de dólares. En suma, la “reducción” de la deuda de la que se jacta el econo­mista del año, encubre un aumento de la deuda pública y de la privada con el exterior), de 28.000 millones de dólares, incluida en esto la “quita” del plan Brady! 4- Otra falsificación del economista del año es su afirmación de que de aquí en más solo habrá que pagar, en concepto de intereses de la deuda, un 2% del PBI. El economista infló para ello el PBI a afras desproporcionadas, valiéndose del crecimiento de los precios en dóla­res, en Argentina. Pero si a los 3.500 millones de dólares que Cavallo admi­te como intereses anuales de la deuda externa, sumamos los beneficios que giran al exterior las empresas que se privatizaron a cambio de títulos de deuda y los pagos de los reaseguros, también privatizados, el déficit financiero anual no bajará nunca de los 6-000/7,000 millones de dólares, prácticamente un 100 por ciento más de lo que Argentina pagó en el peor año, desde el “retorno” de la “demo­cracia”. 5- En estas condiciones, que tiene de sorprendente que el economista oficial, Daniel Artana, de Fiel, afirme que ahora “hay un mayor riesgo país” (Clarín 17/12). ¿No era que con la firma del plan Brady se “afianzaba la estabilidad” y se “reducía” precisamente, “el riesgo país”? La prueba que ofrece Artana de ese “mayor riesgo” es que “en el último semestre la diferencia del rendimiento de los bonos argentinos con respecto a la tasa internacio­nal de Londres creció (otros) 4 y 5 puntos”. El “plan Cavallo” se ha debilita­do, entonces, enormemente, desde el punto de vista de las garantías que ofrece para los negocios capitalistas. El "mercado”, entiéndase, "des­cuenta" una devaluación. El aumen­to del "riesgo-país” coloca en una tensión descomunal a las "privatizaciones”, realizadas casi enteramente con deudas, porque "durante los próximos dos o tres años los nuevos negocios requeri­rán sustanciales inyecciones de capital" (Daniel Sosa, Página 12,12/ 12). Es muy probable que esta situa­ción mande muchos privatizadores a la quiebra, como ya ocurre con Iberia-Aerolíneas, y como se ve con el hecho de que Pérez Compone debió vender parto de sus compras para poder financiarse, además de los fraudes que ha cometido en sus balances para ocultar ganancias que necesita desesperadamente. La fuerza de la tendencia devaluatoria ha quedado demostrada en estos días de diciembre con la suba de la tasa de interés al 45% anual, a pesar de que el Banco Central inyectó unos mil millones de pesos en la circu­lación de moneda. El intento del go­bierno por demorar la devaluación hasta la aprobación de la "reforma provisional”, en el afán de disimu­larla con una medida de fuerza contra los trabajadores, simplemente ha tor­nado más explosiva la presión poten­cial contra el peso. 6- Por fin, la debilidad del “plan” económico se manifiesta en la misera­ble incapacidad para aumentar en 50 pesos el haber mínimo a los jubilados, "prometidos” por Menem y el propio Cavallo. En este punto el gobierno se mantiene en la tesis de que solo dará aumentos si sube la recaudación provisional, un dato que se cuida de no dar, y esto por muy buenas razones: a pesar de la enorme evasión provisional, el sistema dio un superávit; de 337 millones de dólares en setiembre y de 253 en octubre, suficientes para au­mentar las actuales jubilaciones en un 70%. El gobierno ha desviado esos fon­dos con destino desconocido. ¡Qué transparencia, no! Mientras tanto, “desde que se inició el proceso de privatización de Gas del Estado en 1991 hasta hoy, las tarifas de gas residencia­les, aún bajo la convertibilidad, se elevaron un 45%y se espera que se eleven un 20% en promedio en tér­minos reales de acuerdo al conte­nido de los pliegos licítatenos” (Jorge Lapeña en Clarín, 12/12). Pero va tanto el cántaro al río, que al final termina por romperse. Lo mismo ocurre con la paciencia popular, algo que preocupa, también con razón, a los obispos reunidos en San Miguel. En una reciente encuesta entre afiliados a la UCR de la Capital, el 45% se pro­nunció por uno u otra forma de reversión de las "privatizaciones”. La ex­periencia le va sirviendo al pueblo para sacar algunas conclusiones.