Prensa Obrera N° 376

La Convergencia Socialista de Uruguay (morenista) ha resuelto votar por el “sr en el referéndum convocado para mediados de diciembre juntamente con el FA y los parti­dos patronales “opositores”, aunque hace apenas unas semanas caracterizara a esta posición como “un aval a la privatización da importantes sectores como Pluna y UTE” (Palabra Socialista, n5 103). Ahora dice "Si empezamos desde ya, si se crea una dinámica de lucha, será mucho más posible ganar la mayoría de la población para que en diciembre le gane otra batalla al gobierno, la del referéndum” (Palabra Socialista, n° 106). Para los morenistas, con la victoria del “sí” en el referéndum “nos podemos for­talecer todos para seguir enfrentando la política neoliberal del gobierno”. El planteo es toda una joyita, porque la política del gobierno uruguayo deja de ser para CS una política capitalista y pro-impe­rialista para transformarse en “neoliberal” deja de ser una política de dase de los explotadores para convertirse en un desvió o preferencia ideológica. Derrotada la política “neoliberal" del gobierno entrará en vigencia la política “populista" de sus sucesores —ambas capitalistas y súper ex­plotadoras. Claro que esto no es todo, porque la cita declara una identidad de principios entre CS y el FA—la oposición al “neoliberalismo". En lugar de denunciar el contenido de clase de la demagogia anti-neoliberal del FA — defensa de los intereses afectados de la burguesía por parte de un sector del capital financiero—, CS lo encubre. Pero la otra mentira es que el FA no lucha contra el neoliberalismo sino que sólo habla contra él y algunas veces vota en disidencia. En el caso del referéndum, su planteo de deroga­ción parcial permite no sólo la privatización de Pluna, de la pesca y de la generación de electricidad sino, incluso, la llamada privatización “periférica" de la empresa de telecomunicaciones (lo “periférico ’’apunta a la defensa de los intereses de la burguesía ‘'local"). Resulta claro que la victoria del “sí’ no nos fortalecerá “a todos” sino principal­mente a un ala de la burguesía y de los privatizadores contra sus competidores patronales, de un lado, y contra et movi­miento obrero, del otro. Apoyar el “sí" es debilitar a los trabajadoras contra el frente común que, luego del referéndum, recom­pondrán todos los partidos y “frentes" del sistema, esto sin haberlo roto nunca en lo que hace a bloquear a la dase obrera. Para CS, la victoria del “si" “ayudará a las luchas” porque “debilitará al gobier­no”, lo cual es por lo menos unilateral. ¿Cómo podría “debilitar" al gobierno privatizador de Lacalle el triunfo de un plantea­miento privatizador? ¿Cómo podría “ayu­dara las luchas” el triunfo de los enemigos de la lucha? Lo único real es que hoy el gobierno de Lacalle está metido en una crisis política brutal y que el triunfo del “si” le daría a este polo patronal la oportunidad de rearmar al régimen político y de impulsar los principales reclamos burgueses (devaluación, rebajas impositivas subsidios, protección contra las importaciones y una “nueva" ley de privati­zaciones). Precisamente por esto todos (os partidos patronales sin excepción y el propio FA (con la aprobación de su ala “izquierda") se han pronunciado por “negociar después del 13", no sólo una nueva ley de privatizaciones sino la “gobernabilidad” hasta 1995. Luego de los 16.000 votantes obtenidos por la papeleta “rosada" en el referéndum previo de hace sesenta días (de oposición total a todas las privatizaciones) es un cri­men llamar a volver al redil del FA —en nombre del "voto útil— a esos 16.000 tra­bajadores que lo repudiaron en dos oportunidades. CS se convierte así en un auxiliar inapreciable del FA —y del conjunto del Estado uruguayo—contra la independencia política de la clase obrera.

A dos semanas del referéndum sobre la derogación parcial de la ley de privatización, se ha desatado en Uruguay una ola de huelgas de enormes dimensiones. Los choferes de colectivos de Montevideo cumplieron una huelga de 48 horas (en repudio a la negativa del gobierno de homologar el acuerdo alcanzado con la Cámara patronal) y preparan otra huelga de 72 horas para esta semana, que se extende­rte a todos los transportes del país. Los trabajadores de los hospitales públicos declararon una huelga de 60 horas, mien­tras que los médicos mutualistas (obras sociales pagas) también están en huelga. Los docentes de todos los niveles se apres­tan a votar el no inicio de las clases en 1993 mientras que los trabajadores de la cons­trucción, los metalúrgicos, los madereros, los bancarios, del gas y de los servicios eléctricos se encuentran cumpliendo distin­tas medidas por reclamos salariales. Bre­cha (20/11) constata que “desde los módi­cos a los maestros, el mundo del trabajo está en la olla a presión", pronosticando “un verano caliente". Para el corresponsal de Ámbito Finan­ciero (23/11) en Montevideo “el surgimien­to de una ola de conflictos gremiales por reclamos de mejoras salariales" sería “la peor consecuencia del conflicto poli­cial". La huelga policial, que dejó sin “ser- vicios policiales" a todo el país durante toda una semana, puso en evidencia la completa ruptura de la disciplina de las instituciones armadas: los policías declara­ron la huelga indefinida y el gobierno no pudo recurrir a las FF.AA, no ya para repri­mirlos, sino siquiera para patrullar las calles. El gobierno debió ceder un aumento del 50% para los policías y los jubilados policia­les, que se extendió también a los militares. Pero la huelga de los policías, como el mismo corresponsal lo reconoce, se “con­tagió" tío la huelga indefinida de los jueces y judiciales de hace algunos meses. Las bases de estas instituciones represivas del Estado —jueces y policías— llegan a la huelga precisamente por el “contagio” de tas luchas y de las tendencias de lucha que están presentes en el movimiento obrero uruguayo. (Los maestros, por ejemplo, vie­nen discutiendo el “no Inicio” desde hace tiempo, luego de un año de huelgas parcia­les en prácticamente todos los gremios. La contención salarial es el “corazón " da la política económica del gobierno. La violencia de la política oficial (aumentos “topa" del 35% contra una inflación supe­rior al 60%) llevó a las masas a una ola de luchas, que ha puesto de relieve el fracaso de la política de contención del FA y de la burocracia del PIT-CNT. Los izquierdistas vecinos apoyan la formación del Mercosur (que significa la pérdida de miles de em­pleos en Uruguay) y la “flexibilización la­boral’’, esto último en nombre de “la inte­gración "y de la “adaptación a las nuevas tecnologías". Durante meses, la burocra­cia del PIT-CNT se jugó a aislar las luchas y llevarlas a la derrota. La preocupación del PIT-CNT, según sus propias palabras, se limita a “repensar el papel del movimien­to sindicar', para “evitar la radicalización del movimiento sindical" (llegó a formar un centro secreto contra la “radicaliza­ción”). Pero cada una de las luchas, aún derrotadas, fueron demoliendo esta política de contención. Han crecido las tendencias antiburocráticas, en los sindicatos, — el Frente Sindical 1° de Mayo de AUTE (Luz y Fuerza) o Lucha Obrera del SUNCA (cons­trucción)— las que jugaron un papel decisi­vo en el lanzamiento de las medidas de lucha. Para el corresponsal de Ámbito Finan­ciero, las huelgas “procuran debilitar al gobierno con vistas al plebiscito del próximo 13 de diciembre”, pero esta debilidad es previa a las huelgas y se expresa hasta en una creciente oposición de la burguesía a la política económica. La oleada de huelgas va precisamente a con­tramano de la estrategia del FA y de la burocracia sindical, de “no desgastar fuer­zas y de "acumular" en el plebiscito. Los voceros del FA han señalado, más de una vez, que el referéndum no pretende poner en juego la suerte del gobierno sino sólo modificar parcialmente la "reforma del Estado ", que el FA apoya, con privatizacio­nes incluidas. Carlos Baraibar, secretario político de Seregni, acaba de anunciar que “el Frente atraviesa una fase de ‘batliistización’ sobre el rol del Estado, con un papel estatal fuerte pero con una partici­pación importante del sector privado”(Búsqueda, 12/11). El FA ha re­nunciado concretamente a ser el vehículo de cualquier transformación social en Uru­guay. El mismo Baraibar declaró que “da gusto coincidir con Sanguinatti" (ídem), el ex presidente que acaba de pronunciarse por “extremar la actitud de ayudar la gobernabilidad si gana el “si” (en el referéndum) (ídem). El único voto de oposición al gobierno fondomonetarista es el voto nulo; el voto por el “si” a la derogación parcial a la ley de privatizaciones que impul­san el FA, Sanguinetti y un conjunto de partidos patronales es el voto a los salvado­res de la “gobernabilidad”'. “Los empresarios vuelven a dejar solo al gobierno”, certifica La República (18/11), al informar que se niegan a respaldar el voto por el “no" en el plebiscito como les reclamaba el gobierno. El Frente opositor (FA, Sanguinetti, blancos oposito­res) representa la posición de la gran bur­guesía. Según todas las encuestas, la de­rrota del oficialismo en diciembre parece inevitable. La aceleración de la crisis política pue­de llevar al FA, como al PT brasileño, a ingresar a un “gobierno de unidad nacional” antes de las elecciones de 1995. Para uno de los principales dirigentes del FA Danilo Aston, “La impugnación parcial (de la ley privatizadora) tiene un hondo signi­ficado político: el de la búsqueda de acuerdos que fundamenten experien­cias de unidad nacional. En esa búsque­da, las actitudes irreconciliables no caben" (Brecha, 6/11). Como muestra de esa “flexibilidad", “el senador Astori se declaró partidario de respetar ‘religiosa­mente' los compromisos financieros en un eventual gobierno del FA. ‘Eso es Innegociable e intocable, agregó, son bonos y letras del Estado uruguayo y nosotros como fuerza política nos senti­mos parte de ese Estado", apuntó "(Búsqueda, 5/11). La claridad es meridiana. La “izquierda "del FA hace como que mira para otro lado. “La unidad del Frente —dice Eduardo Bonomi, integrante del Co­mité Central de los Tupamaros— no se consolidará eludiendo las discusiones importantes... ¿cómo no va a resistir una polémica hecha con altura y seriedad?" (Mate Amargo, 18/11). No es lo que opina la “derecha” del FA: “El socialista Luis Mardones indicó que ‘cada uno en el FA debe tomar el camino que entienda con­veniente’ si no acepta un programa único” (La República, 20/11). El chantaje de los derechistas está hecho a la medida de la capitulación de los “izquierdistas”.

Alemania en la encrucijada: El imperialismo clerical-democrático arma a los nazis La descomposición capitalista ha sacado a I Note la escoria humanar el racismo neonazi en Alemania. Diariamente los "skin-heads” neonazis atacan a los trabajadores inmigrantes, los solicitantes de asilo, los judíos alemanes y los activistas de la izquierda alemana. Los neonazis ya han quemado vivas, apaleado hasta la muerte o acuchillado a unas veinte personas, y han herido a centenares y dejado a otros tantos k sin vivienda. Ha habido, con retraso, imponentes manifestaciones de masas para repudiar estas acciones. En Berlín, en el I aniversario de “la noche de los cristales rotos” de 1933 (un gigantesco “pogrom” nazi contra los judíos) se movilitizaron350.000 personas. Otros cientos de miles concurrieron a la mezquita donde se realizó el velatorio de tres mujeres de ascendencia turca asesinadas por los neonazis en los últimos días. En toda Europa se realizaron manifes­taciones masivas contra los ataques de los neonazis en sus propios países. Las encuestas coinciden en el enorme repudio popular a los neonazis. Un 83% de la población (La República, 26/ 11) rechaza “el terror derechista”; el porcentaje de repudio trepa al 92% en la región oriental. Kohl y el gran capital son los responsables Es cada día más claro que el gobierno derechista de Kohl da aire al neonazismo. Durante años, los trabajadores extranjeros fueron atra­ídos por los capitalistas alemanes como mano de obra barata y para debilitar a los sindicatos. Pero ahora, con la llegada de la recesión llegó la hora de expulsar a los inmigrantes. Como siempre, el capitalismo descarga su crisis sobre sus propias víctimas, Kohl fue el primero en reclamar abiertamente la liquida­ción del derecho de asilo consagrado en la Constitución. El partido social-cristiano bávaro, integrante de la coalición gobernante, divulgó un afiche que decía “stop”, en referencia a los inmigrantes. La política anti-inmigrantes de la coalición gobernante fue la señal para la acción de los neonazis, que ha jugado como una presión ante la opinión pública y la oposición socialdemócrata para consentir la derogación del derecho de asilo. Las evidencias de la "extremadamente débil acción del gobierno” contra los nazis, según la expresión del escritor judío Ralph Giordano (para no hablar de complici­dad) son abrumadoras. Durante un mes largo de ataques neonazis, “el fiscal federal Alexander von Sthal declinó envolverse en las acusaciones contra los atacantes de loe extranjeros porque, dijo, no hay pruebas de motiva­ciones políticas detrás de los ataques” (Washington Post, 24/11). En otra acción oficial que desató un enorme escándalo, “las autoridades de Brandenburg (nuevo [ Estado, cercano a Berlín, ex Alemania Oriental, capital Postdam) intentaron ocultar... el ataque (de una banda neonazi) contra el crematorio ubicado en los terrenos del ex campo de concentración de Ravensbruck” (Nueva Sión, 10/11). La República (20/11) relata un caso en Que la policía liberó r los “skinheads” responsables del ataque a un albergue de inmigrantes... pero retuvo preso a un militante de izquierda que repelió la agresión bajo la acusación de “robarle la campera a un neonazi”. Todo esto explica que en la manifestación de los 350.000 en Berlín, Kohl y el presidente von Weizsaecker hayan debido hablar detrás de los escudos plásticos policiales para protegerse de los que les arrojaban huevos y les gritaban "hipócritas”. Sólo bajo una enorme presión popular contra el auge de los ataques — ¿dónde está el “apoyo popular” a los neonazis?— el gobierno proscribió en los últimos días a algunas bandas nazis, Pero Kohl, “ansioso por evitar enfrentarse con el electorado de ultra-derecha, sazonó su discurso... con la afirmación de que loe izquierdistas amenazaban la democracia tanto como los derechistas” (La Nación, 26/11), Kohl reclamó la declaración del estado de emergencia el pretexto de combatir el ingreso récord de refugiados, y el otorgamiento de poderes constitucionales excepcionales. “Si los socialdemócratas resisten los cambios constitucionales para limitar el derecho de asilo, Kohl podría intentar restringirlos por ley…” (WP,3/11). No fue necesario porque los socialdemócratas han cedido al chantaje de Kohl: su reciente congreso votó a favor de la reforma constitucional para reducir el derecho de asilo. Otra capitulación en la misma línea es la decisión de la burocracia de los sindicatos de aceptar un “pacto social” con Kohl para congelar los salarios. Las bandas nazis son, hoy por hoy, un peón —menor— del juego general de la burguesía contra las masas. Por eso la burguesía las arma y las financia, “¿O nos van a hacer creer —como dice Osvaldo Bayer— que viven de las cuotas de sus exiguos afiliados?”. Los nazis tienen que ser barridos de la calle por la acción directa, una tarea que les compete por entero a los partidos de la izquierda y los sindicatos. Estados Unidos: Clinton en tiempo de descuento Clinton aún no ha asumido la presidencia y ya enfrenta su primera crisis, con relación a la designación de los principales cargos económicos y financieros de su gabinete y a la definición de su política económica. The Wall Street Journal (5/11), sacó su lenguaje de advertencia para decir que “es posible que sus acciones en los próximos dos meses y medio (antes de asumir) tengan mayores consecuencias que muchas de las que tome como pre­sidente”. “Los banqueros no están entusiasmados frente a los proyectos de estímulo de Clinton” (Le Monde, 10/11) esto porque el aumento consiguiente de las tasas de interés, reduciría drásticamente la débil rentabilidad de los bancos y podría provocar el derrumbe de la Bolsa. Precisamente, “el paisaje bancario está hoy totalmente desquiciado” (ídem): un aumento en la tasa de interés podría mandar a la lona al 10% de los bancos, incluidos algunos de los grandes, “funcionalmente insolventes” (La República, 1/11) y obligaría a “Clinton a manejar una sucesión de quiebras” (Le Monde, 10/11). Además, los banqueros “temen que un estímulo fiscal después de un déficit fiscal récord no podría más que derrumbar el mercado de bonos del Tesoro y repercutir sobre el valor de los bonos que ellos han comprado” (ídem). Por distintos motivos también la OCDE, la Organiza­ción de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a las 24 mayores economías del mundo, “advierte a Clinton sobre el aumento del déficit” (Ámbito Financiero, 24/11). La OCDE le recomienda que “si la economía sigue estancada en 1993, Clinton debería reducir aún más las tasas de interés”, es decir, seguir... ¡la política de Bush! Los “mercados financieros” le están exigiendo a Clinton el nombramiento de sus propios hombres en los puestos económicos claves. Su principal candidato es Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal bajo Reagan, a quien querrían verde Secretario del Tesoro. “La desgracia puede caer sobre Clinton si intenta deshacerse del actual presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, antes de la expiración de su mandato en 1996. Es extremadamente importante que Clinton diga que no tiene ninguna intención de meterse con la Reserva Federal” (WSJ, 6/11). El clima, como se ve, es de amena­zas. Un viejo asesor de Bush, Martín Feldstein reclama incluso “que la reducción de déficit a largo plazo tenga una garantía legislativa rigurosa” (WSJ, 19/11); la palabra de Clinton no basta. The Wall Street Journal (6/11) no vacila en admitir que Clinton es rehén de un puñado de especuladores “que no han sido elegidos y que Incluso son desconocidos para el gran público. Paro los grandes inversores en bonos del Tesoro alrededor del mundo Han ganado un podar sin precedentes, incluso quizás un poder de veto, sobre la política económica norteamericana” El principal sostén de Clinton son las empresas industriales comprometidas por la recesión, como la IBM y el conjunto de la industria de la computación, las industrias armamentistas o las aeronáuticas, que reclaman una política de salvataje estatal, lo que plantea un choque con los intereses de la banca. Por eso Le Monde (10/11) opina que “la nueva administración amenaza no tolerar que los consumidores e inversores soporten todavía durante largo tiempo márgenes de intermediación financiera elevados para permitir que los bancos salgan a flote”. Es visible un violento enfrentamiento en el interior de la burguesía yanqui que hará temblar al régimen político de la potencia imperialista más poderosa del planeta. Perú: Represión, fraude y golpe Con la suma del poder público en sus manos, el dictador Fujimori apenas pudo obtener e> 38% de los votos en las elecciones a la Convención Constituyente que se realizaron en Perú la semana pasada. Este resultado ha llevado al corresponsal de La Nación (24/11) en Lima a hablar de "una sustancial resistencia a Fujimori”. El otro dato importante es que las abstenciones se calculan en el 30% y fueron especialmente aftas en el interior del país, repudiando al mismo tiempo a Fujimori y a sus opositores burgueses, que llamaron a votar en blanco. En resumen, Fujimori logró apenas el voto del 25% de la población, algo sorprendente para quien dice tener el apoyo del 90% de los peruanos. La Constituyente—a la que se dio en llamar “fujidemo­cracia”—es simplemente un apéndice de la 'fujidictadura”: no tiene poder para revisar ningunos de los decretos pasados del dictador, entre los que se cuentan la privatiza­ción de empresas públicas, como Hierroperú o América Televisión (la segunda red peruana), la liquidación en masa de libertades democráticas y sindicales (como los juicios con jueces “sin rostro”) ni, tampoco, los decretos futuros. Su función es legitimar a la dictadura y chantajear al imperialismo norteamericano con una demostración de que Fujimori es el único capaz de aplicar la política fondo- monetarista. El imperialismo norteamericano, retribuyó por boca de un vocero del Departamento de Estado, con la declaración de que estas elecciones son “un Importante primer paso hacia la completa restauración de la demo­cracia” (Ámbito Financiero, 24/11) lo que no se sabe si es un apoyo o una advertencia. Esa nulidad política que es la Constituyente deberá afrontar dos problemas decisivos. El primero, es “militarizar la democracia” es decir, montar un régi­men político abiertamente contrarrevolucionario y represi­vo, (incluyendo la pena de muerte retroactiva) y el segundo, y más importante, resolver la cuestión de la propiedad de la tierra Fujimori ha llevado adelante una amplia política de privatización de las plantaciones costeras nacionalizadas bajo la dictadura militar nacionalista de 1968.74, lo que en muchos casos entraña la expulsión de los campesinos parcelarios y en otros deberá convertir a estos campesinos en rehenes hipotecarios de los bancos. Pocas horas después de las “elecciones " resurgió en Lima el “rumor de los sables” (La República, 26/11). "Las Fuerzas Armadas —señala el investigador de temas ma­tares Enrique Obando— estén divididas. Hay los que están con Fujimori y los que están con su institución. Hay un fuerte descontento en el Ejército, sobre todo en los oficiales de baja graduación que ha quedado plasmada en una organización clandestina dentro de las FF.AA., la Cornaca. En el mediano plazo podría ocurrir un golpe de la Cornaca o de un comandante al estilo venezolano’' E n estas condicionen el fallido "contragolpe” militar de comienzos de mes "no fue la idea descabe­llada de un puñado da altos mandos retirados, como parecía en un primer momento, ni un montaje de propa­ganda creado para favorecer a Fujimori y conseguir una mayor adhesión electoral. El auto-golpe de Fujimori puede haber sido un primer paso de un golpe contra Fujimori.

Nacional Buenos Aires El jueves 12 de noviembre se realizaron las elecciones en el Colegio Nacional Buenos Aires. La Franja Morada pretendió usar la lucha de la comunidad educativa en forma demagógica: se autodefinían como los “defensores de la escuela pública”. Pero los que votaron la ley de anti-educación no lograron convencer a nadie. Salieron terce­ros con la mitad de los votos del primero (300 a 600). El voto anti-franjista cayó en manos de LEI encabezada por Jaimovich júnior (Unidad socialista), la campaña de LEI consistió en no decir nada sobre lo que importa: la defensa de la educación pública, haciendo un abstracto llamado a la “partici­pación”... ¡En un Centro que será tan buro­crático y ajeno al movimiento estudiantil como el dirigido por la FM! Sus votos no fueron por méritos propios sino por el des­crédito de la Franja. El segundo lugar fue de Enfrente, una lista en joda antifranja. A solo cien votitos de la FM salió el Frente de Izquierda (integrado por UJS, LSR —ex-Mas— e independientes. Por primera vez se constituyó en el colegio un frente basado en la experiencia común de la lucha, sus candidatos eran los activistas más destacados en impulsar las movilizaciones. ¿LEI o FM, cambia el Centro? LEI formó parte de la mesa directiva el año pasado, no protagonizó nunca ninguna medida en contra de la postura de FM con lo cual el CENBA será el mismo en manos de Jaime. La tarea fundamental del movimiento estudiantil y en particular de los compa­ñeros del Frente de Izquierda será la de impulsar la verdadera participación: cuerpo de delegados por curso, asambleas periódicas de todo el colegio en defensa de nuestra educación, de la unidad obrera estudiantil, de la organización independiente de la juventud en contra de este régimen capitalista que nos condena a la miseria. Marina R. candidata del Frente de Izquierda El Encuentro de Mujeres de Neuquén Nuevamente, por séptima vez se realizó el Encuentro de Mujeres Nacional, el 10,11 y 12 de octubre último. Con la presencia de más de 4.000 mujeres. Mujeres de todo el país, muchas de sectores populares, con sus niños de pecho o hijos de corta edad, que realizan rifas para poderse pagar el ómnibus, o vienen en transportes abonados por instituciones. Pernoctan en colegios en bolsas de dormir con sus hijos y participan activamente en los talleres de los distintos temas. Todo ello demuestra la importancia de estos Encuentros, de este intercambio de experiencias, de este debate entre muje­res de los temas más acuciantes en relación con su opresión y su explotación, a todos los niveles, incluso en el seno de su propio hogar. En este último Encuentro, el gobierno trató de controlarlo. Sus sostenedoras, muy disfrazadas, ya que es muy difícil aparecer abiertamente como defensoras de aquél, Intentaron frenar las discusiones, evitar que se profundizara en la crítica del gobierno, y con los chillidos y abucheos tapar las mejo­res Intervenciones. Esto puede hacerse evidentemente dada la forma de funcionar: primero en talleres separados, luego en una Asamblea informativa, donde se leen tos informes a veces ya colados en tos propios talleres. Sin embargo, no pudieron hacer todo, no pudieron impedir que se saliera con tos carteles, con las consignas de cada grupo, en la manifestación del último día. Ellas querían que solo se saliera con los nombres de las provincias. No pudieron impedir que en algunos informes como el de salud, se plantearan propuestas avanzadas como el aborto, y fueran aplaudidas y ova­cionadas. Este Encuentro ha sido un retro­ceso, en relación a otros anteriores, pero no porque estos sectores oficialistas tengan gran fuerza, sino porque las mujeres y las feministas que luchan conscientemente por la liberación de la mujer, no encuentran aún la forma de organizarse y pesar en la socie­dad y en estos Encuentros. Por ello, era previsible concebir que en una reunión de más de 4000 mujeres, de todos los sectores sociales donde se discuten problemas tan cruciales como el de salud, educación, economía, en una situación como la que vive el país, pudiera imponerse la línea de defensa del Plan Cavallo, que no fue acogi­do. Si el enemigo pudo hacer un trabajo sutil al respecto, obedeció sobre todo a la f afta de claridad suficiente en nuestros planteos y decisión de organizamos para impedirles llevar adelante sus planes. Hay que aban­donar toda ingenuidad y prepararse para los próximos Encuentros. Todas las organizaciones de izquierda deben tomar conciencia de la importancia de estos encuentros de mujeres y trabajar conscientemente para que los movimientos autónomos de mujeres encuentren la& vías de expresar sus soluciones y la izquierda las adopte sin preconceptos ni condiciona­mientos. La intención del gobierno es clara. Cuando manifiesta formar un gabinete de mujeres, por ejemplo. ¿Para hacer creer a las mujeres que el gobierno se ocupa de ellos? En ese caso, porque no elegimos las propias mujeres ese gabinete. Por lo menos así no solo sería representativo, sino que también se les podría imponer mandatos específicos y al mismo tiempo pedirles ren­dición de cuentas y removerlas cuando ellas no cumplan con los mandatos de las muje­res. Tal como dijera una compañera en una reunión, repudiando la existencia de este gabinete. Y como expresión de que nosotras debemos ejercer efectivamente tos derechos democráticos en lo que res­pecta a nuestros problemas, ya que siempre se nos sustituye y se legisla sobre nosotras, sin que participemos en las decisiones. Es lo mismo que la reunión de las amas de casa con Menem. ¿Qué amas de casa? Las que tienen que hacer malabarismos para llenar la olla, las que tienen que llevar a sus hijos a los hospitales desmantelados, las que tienen que buscar las escuelas para ellos, las que tienen que realizar la doble jornada para subsistir. Creemos que esas amas de casa no estuvieron presentes en esa reunión, sino sólo las funcionarías del gobierno, que no carecen de nada y que tienen servidumbre para realizar las tareas domésticas. Por eso tenemos que rechazar este in­tento mentiroso y organizamos para exigir se responda a nuestros problemas que son también los de la sociedad, pero que las mujeres las sentimos especialmente: la aplicación real de la legalización del aborto para que no mueran más mujeres sin recursos, la defensa del hospital público y atención a las mujeres embarazadas, ya parturientas con el decoro que se merecen, la atención y el control permanente de la alimentación y la salud de los niños, eliminar todas las trabas que se oponen a la educación sexual, la creación de escuelas en todas partes con comedores infantiles y el aumento de sueldos de todas las maestras y profesoras. Buenos Aires, 20 de noviembre de 1992 Dora Ida Coledesky

“¿Quién iba a decir hace dos años que esto ocurriría?”, se pregunta con total incredulidad el diario madrileño El País (18/ 10/92), en un sugestivo informe titulado, “El riesgo de quiebras aconseja extremar la vigilancia sobre los fondos de pensio­nes”. En pocas palabras. La jubilación privada en España está en quiebra. Según el informe, el grueso de la jubila­ción privada española está constituido por fondos de previsión internos que manejan las propias empresas “sin acudir a una entidad gestora y otra depositarla del capital”. “Las estimaciones más optimistas —agrega El País— elevan la cantidad hasta los 2,5 billones de pese­tas, de los que podrían beneficiarse hasta 500.000 trabajadores llegado el momento de su jubilación”. Sin embargo, como reconoce el Ministerio de Economía Español, “una cosa son los compromisos adquiridos por las empresas con los trabajadores y otra muy distinta la dota­ción real del fondo de pensiones". Es decir, los fondos provisionales han sido to­talmente evaporados por las empresas. Según El País, el temor que recorre España es que se repita "el caso de la quiebra del imperio de Maxwell o el BCCI, en los que se descubrió que los fondos de pensiones de los trabajadores no estaban dotados (respaldados) y que, por tanto, éstos se quedaban sin empleo y sin pensión El informe señala, ade­más, que el tema se ha convertido en “una cuestión de Estado... porque en caso de Insolvencia del empresario, no sólo por una razón de bienestar y garantía social sino porque, de otra forma, el Estado puede acabar siendo responsable civil subsidiario, como ha ocurrido reciente­mente en Italia. Y en España pone los pelos de punta la crisis de Galerías Pre­ciados, en cuya solución el fondo de pensiones es determinante, y aunque el Estado ya no tiene formalmente nada que ver ahí, la empresa ha pasado por sus manos”. Pero sucede que la parte de los aportes que las empresas efectuaron a dichos fon­dos previsionales fueron deducidos anual­mente del “impuesto de sociedades”, lo que significa que, en definitiva, no fue la patronal la que aportó su propio dinero sino los contribuyentes españoles, o sea los propios trabajadores. De esta manera, et aporte patronal a los fondos previsionales fue una forma legal de apropiación del pre­supuesto del Estado o un crédito público gratuito. Después de confiscar a los contri­buyentes, la “iniciativa privada" termina confiscando la propia jubilación de los traba­jadores. SI se tiene presente que “los planes y fondos de pensiones en España comen­zaron a ser operativos en el mes de di­ciembre de 1988”, tamaña bancarrota es realmente una proeza “empresaria". Que el sentido de la jubilación privada es el fraude fiscal surge del análisis efectuado por el director del Banco Santander, Alfredo López Estévez (La Reforma Provisional y los Fondos de Pensión, abril 1992) al seña­lar que “las primeras aportaciones (patronales) se realizaron evidentemente por razones fiscales”. “En estos más de tres años, las Instituciones Financieras nos hemos esforzado por tratar de con­vencer a los clientes para que considera­ran el Plan de Pensiones como un pro­ducto del ahorro y previsión para la jubi­lación, y no solamente fiscal. Sin embar­go, el éxito ha sido relativo si se tiene en cuenta que el 40% de las aportaciones se recaudan en prácticamente el último mes del año”, es decir para poder deducirlo de los impuestos al cierre de tos Balances de las empresas. La conclusión del informe de El País es simple: "alcanzar la jubilación tranquila y sin grandes riesgos económicos empie­za a ser cada día más complicado para los trabajadores”.

Mar del Plata- UOM Después de 15, años estalló en Eskabe, la principal fábrica de la ciudad, la lucha salarial. Masi y compañía —los dueños— amasaron enormes beneficios pisoteando y superexplotando a sus ob­reros. En el último año, el "Siroco" — premio de producción— trajo aparejado más de 20 accidentes de trabajo, con am­putaciones en varios casos. La incorpora­ción de contratados impuso de hecho la “flexibilización laboral". Al cobrarse la quincena reventó el turno tarde y al día siguiente confluyeron los tres tumos en una asamblea masiva, en la que se votó el trabajo a desgano recla­mando 500 pesos de básico, rechazando la oferta patronal de un bono de 60 pesos y un premio de producción que redondeaba otros 70. La respuesta patronal fue el despido de 20 compañeros, ante lo cual la planta fuá af paro. Delegados y directivos de la UOM se empeñaron a fondo en que­brarlo, logrando reemplazarlo por un quite del 25% en la producción, la adhesión al paro general de la UOM y una asamblea general en el sindicato y no en el lugar de trabajo. Allí la directiva impuso aceptar la propuesta patronal: aumento de 120 pesos (la mitad en un nuevo premio a la produc­ción} levantamiento de las medidas y de­spedidos al muere—, mediante el “traslado” del tema al Ministerio. Ciñéndonos a ¡os, datos, este primer round ha terminado en semiderrota. Pero no está dicha la última palabra. En la planta se abrió una amplia deliberación, y una nota común fue que la burocracia de la UOM utilizó el paro general de 48 horas para enterrar la lucha de Eskabe. El 9, a pesar del trabajo desmoralizador de los delegados, que están profundamente liga dos a la patronal, paró el 70%. Un impor­tante sector de compañeros ha asimilado el rol carnero de la interna y la directiva local y está discutiendo organizarse para abrir un nuevo rumbo. Maro Miguel y CTA: Que pasó en las elecciones de la UOM Las elecciones de la UOM se desarro­llaron en 65 seccionales. En 40 de ellas, que abarcan al 70% del gremio, hubo lista única. Este solo dato revela el carácter insanable­mente trucho del comicio. Por eso, para in­tentar un balance hay que referirse a las seccionales en las que hubo lucha electoral. La burocracia oficialista perdió a manos de listas opositoras en Jujuy, Rio Grande, Salta, San Jorge, San Juan, Tandil, Ushuaia y Mendoza (en este último caso cayó Lisandro Zapata, secretario de actas de la UOM). Las listas opositoras que se presentaron en La Plata y Córdoba, y en las que conviven cuerpos de delegados de fábrica con tra­bajadores afines al Congreso de Tra­bajadores Argentinos (CTA) o a la UOM Quilmes, realizaron una elección impre­sionante. Obtuvieron en ambos casos el 44% de los votos y triunfaron en las principales fábricas —en La Plata el “triunfo" de la burocracia lo decidieron los votos de la Clínica de la UOM. Estos resultados revelan un giro profundo de los trabajadores metalúrgicos. Aunque varias listas opositoras responden a una división de la burocracia, hubo lucha electoral prácticamente en el doble de seccionales que en el comicios interior. La corriente opositora tiene profundas limitaciones. En La Plata no levantó un pro­grama de reivindicación salarial ni de oposi­ción a la "flexibilización laborar. En casi todos los casos evitó cualquier crítica a la dirección nacional (Miguel) y al “plan da lucha| liquidador, de tata. Esta política, de adaptación al miguelismo fue defendida por el ‘‘Barba’’ Gutiérrez (UOM Quilmas) desde principios de año, señalando como objetivo “derrotar a la derecha”, que encarnarían Curto y Guerrero. Para Piccinini (UOM Villa), bajo la conducción de Lorenzo Miquel la UOM ha operado un cambio hacia la ‘par­ticipación” y la “democracia sindical”. Efectivamente, en el seno de la burocra­cia de la UOM existe una lucha despiadada que nace del absoluto empantanamiento de la actual conducción, que no puede ofrecer más que retrocesos y fracaso, y de la lucha por la sucesión de Miguel y de sus “negocios". “Brunelli cuenta hoy en la UOM con el apoyo de Hugo Curto... para neutralizar los movimientos de la triple alianza que Martínez—dirigente de la UOM Capital al que le hizo una cama otro sector de la burocracia—, habla pactado con Lisandro Zapata, de Mendoza y Luis Guerrero, de Avellaneda”, señala Clarín (6/10). Brunelli, supuesta derecha, “es una de las palabras más escuchadas por el viejo jefe de las 62” y “junto a éste promovieron la partición de la lucha por el salario en “ramas". “Todos imaginan que este será el último período para Miguel... y en­tonces resulta fundamental acceder a la conducción para todos los que se propo­nen sucederlo” (Clarín, ídem). La trenza dirigida por Curto impuso sus hombres en Ciudadela y quizás en San Martín, pero la caída de Zapata en Mendoza dio lugar al regreso de un sector indepen­diente de las variantes en disputa. Christian Rath Santa Fe: Enfrentan los planes antieducativos de Reuteman Con la sanción del "decreto Latorre” se comenzó a aplicar en Santa Fe la reaccionaria “Ley de Educación" menemista. El objetivo de este decreto es cerrar escuelas y cursos (en particular las de adul­tos, especiales y técnicas). A pesar de la adaptación de la dirigencia de AMSAFE, que pretende "consensuar" la aplicación del decreto, se han producido respuestas a este ataque que prepara el gobierno, que de­muestran que existen reserváis para enfren­tar estos planes antieducativos de Reuteman. El viernes 20/11 se realizó una importante movilización de las escuelas de adultos (más de 1.000 personas) ante la amenaza de cierre de estas escuelas. Fue la presencia mayoritaria de los alumnos de EEMPAS (escuelas medias) lo que garantizó el éxito de la convocatoria a pesar del bloqueo y la oposición de sectores ligados a la conduc­ción de AMSAFE-Rosario, quienes en el cierre de la marcha pretendieron ponerla al servicio del CTA, a pesar de que la docencia había votado d las atrás mayoritariamente no ingresar al nucleamiento centroizquierdista de Mary Sánchez, De Gennaro, etc. Pero fue el intento de aplicar sanciones al personal directivo de la escuela Pestalozzi de Rosario, lo que ha detonado en una bronca generalizada contra los planes ración atiza­dores y privatistas del Ministerio de educa­ción de Reutemann. Los padres rechazaron las sanciones y decidieron no enviar los chicos a clase y reclamar la solidaridad de la comunidad. Luego de una entrevista (jueves 26/11) en Santa Fe, donde el ministro planteó seguir adelante con los sumarios y la separación o los docentes, los padres en una nueva asamblea decidieron unánimemente mantener medida de no mandar los chicos a clase hasta tanto no vuelva atrás el ministro y el 7 de diciembre (fecha fijada por el ministro para aplicar las sanciones) realizar un acto con todas las escuelas de Rosario. Estas autoconvocatorias contrastan notablemente con la "resignación" de los dirigentes de CTERA y AMSAFE que han dado por cancelada cualquier posibilidad de lucha, al igual que los izquierdistas “desmoralizados”. Muni Municipales Capital Los acuerdos firmados por Bouer con los trabajadores municipales —luego de dos meses de luchas— por el cual se concedían la inmensa mayoría de las reivindicaciones pedidas, no fueron cumplidos en su totalidad. Así bs trabajadores de las UGR (sectores de mantenimiento y afines) no cobraron el retroactivo por el reconocimiento de sus categorías. Ante la demora en Talleres Cen­trales comenzó un paro espontáneo, al margen de la directiva burocrática de la UOEM, que se transformó en paro general al día siguiente. Frente a ello aparecieron las Metas. La misma situación se está viviendo en te hospitales donde los compañeros no han recibido el pago de los módulos de setiembre, del plus nocturno y del premio a la función crítica. Al cierre de esta edición en Gerentes hospitales había una gran agitación, reclamando asambleas a las Comisiones Internas. En muchos sectores se planteaba la idea de “marchar al Palacio”. El camino de Talleres Centrales está siendo recorrido por otras reparticiones. Corresponsal Movilización en el Hospital Posadas: “Por una gran lucha de conjunto” Desde hace diez días el hospital Posadas se encuentra en estado de asamblea, movilización y paro. Este se encuentra intervenido hace siete meses, los salarios se encuentran congelados desde marzo de 1991, están habilitadas el 40% de las 600 camas con que se encuentra y hay falta de elementos de laboratorio, ratos, etc. El 17 y 18 de noviembre se realizó un paro que culminó con una movili­zación al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. El jueves 19 se realizó una asamblea general conjunta de los profesio­nales y no profesionales que evaluó el plan de lucha y su continuidad. Terminada la asamblea dialogamos con el compañero Alberto Brondino, médico del hospital. PO: ¿Qué balance haces de las medidas realizadas? AB: La situación de bs trabajadores del hospital es insostenible. La masividad del paro de 48 horas, de las tres asambleas que hemos realizado (más de 300 compañeros en cada una) y la movilización al Ministerio son una muestra clara de la voluntad de lucha que existe. El reclamo fundamental es el salarial y el presupuesto. El otro gran problema es la transferencia del hospital a la provincia de Buenos Aires. PO: ¿Qué significa la provincialización? AB: La transferencia debía haberse efectivizado en un plazo de 180 días a partir del 1B de enero de 1992, pero todavía no se ha concre­tado y por el contrario se ha abierto una crisis en torno a ella. Es así que mientras en la Nación dicen que el traspaso será en pocos días, el ministro de Salud bonaerense dice que la negociación con la Nación no ha concluido y que la fecha sería recién el 19 de enero del ‘93. El traspaso del Posadas le representa a la provincia más del 10% del actual presupuesto de salud y nadie quiere hacerse cargo del "paquete". La tarea del interventor menemista era “racionalizar", achicar el presupuesto y bajar los salares como paso previo a la transferencia, pero en estos siete meses no ha podido concretar el ajuste. Esto es lo que todavía están “discutiendo " tos gobiernos nacional y pro­vincial. El proceso y destrucción del hospital apunta a su “entrega" y privatización, pero se debe pasar previamente por la provincialización. PO: ¿Qué respuesta les dieron en el Ministerio el día de la movilización? AB: Los secretarios generales de ATE y tos profesionales fueron recibidos por el vice­ministro García. Este les informó oralmente que el pasaje a la provincia se efectuaría el lunes 23/11 (ese día llegaría el acta de tras­paso); que no iba a haber cesantías pero que se abriría una lista de retiros voluntarios una vez provincializado y que los fondos para los mismos saldrían de las privatizaciones que quedan; que se transformaría al Posadas en un hospital materno infantil (con lo cual se eliminarían o reducirían considerablemente unos 15 servicios, y todavía dicen que no habría despidos). Se viene un ataque en toda la línea para poder consumar la transferen­cia. PO: ¿Cómo se plantea continuar la lucha de aquí en más? AB: En primer lugar se debe tomar concien­cia que la única forma de efectuar la transfe­rencia es realizando el “ajuste" y la “racio­nalización" afondo. Por lo tanto la lucha por el salario y la defensa de la fuente de trabajo es la lucha contra la provincialización. Para el martes 22/11 está convocada una asamblea general, es importante trabajar por la masividad de la misma y que allí se resuelva el rechazo al acta de traspaso y se vote profundizar el plan de lucha por bs 600 pesos de básico para todos y por el aumento del presupuesto que permita la habilitación de las 600 camas disponibles. Hay que coordi­nar con la CICOP (la Coordinadora Interhospitalaria del Conurbano y provincial), que realizó su paro enérgicamente pasando por encima de la “¡legalización" del gobierno, bs mismos días que nosotros. Muchos cole­gas reconocen ahora lo que planteé en su momento, en asambleas, acerca de la im­posibilidad de abrir cualquier expectativa en la intervención, y que llevó fundamen­talmente a una gran parálisis de ATE. Ahora no queda otra alternativa: La defensa del principal hospital de toda la zona oeste del Gran Buenos Aires plantea una gran lucha de conjunto. Por eso a partir de las organizaciones gremiales del hospital hay que llamar, a conformar una Comisión de Solidaridad a todas las organizaciones vecinales, sindicales y populares de la zona de infidencia para impedir la ampu­tación y el derrumbe final del hospital.

La decidida acción de los trabajadores ferroviarios logró suspender el levanta­miento definitivo de los servicios de “El Cuyano". Pese a la orden explícita de la empresa de suprimir el servicio (por lo que no se emitieron pasajes), los compañeros de taller alistaron el tren como todos los días, se organizaron los guardas para el viaje, se seleccionaron los dos maquinistas necesarios y hasta el parlante de la esta­ción anunció la salida del tren. El tren salió de Retiro a horario pero al llegar a Pilar no recibían señal de paso, por lo que se tuvo que explicar a los pasajeros lo que estaba sucediendo. Los pasajeros se solidarizaron con los ferroviarios y “apretaron" a las autoridades hasta que dieron la señal de seguir. En Rufino la mano se puso "pesada" por la presencia de la Policía Federal y la provincial. Pero a esa altura, la corrida del tren "suprimido" habla trascendido por todo el pueblo: se acercaron los medios de difusión y los trabajadores de la zona a traer su solidari­dad. Los pasajeros se pusieron de acuerdo en detener el tren si intentaban hacerlo volverá Retiro. La presión se hizo cada vez mayor y la patronal se vio obligada a ceder. El tren no sólo corrió hasta su destino final sino que además se anunció la “suspensión” del levantamiento del servi­cio hasta el 30 de diciembre. Ahora las autoridades acusan a los compañeros de “robar un tren” y hasta pretenden iniciarles un juicio penal. La acción de los ferroviarios ha planteado concretamente la cuestión de a quién per­tenecen las empresas públicas... y la ha resuelto prácticamente: a los trabajadores, que pusieron en movimiento el tren —con todas las complicaciones del caso—y a los trabajadores usuarios, que se pusieron 100% del lado de los ferroviarios. Ni los ferroviarios ni los usuarios necesitaron de la burocracia estatal para "correr" servi­cio ni, mucho menos, necesitan de un capitalista para hacerlo. La “corrida" de “El Cuyano" pone sobre el tapete la nece­sidad del control obrero sobre todo el siste­ma ferroviario. Lo que lo impide no es la supuesta "falta de cultura" de los trabaja­dores ni la “complejidad" del sistema ferroviario; lo que lo impide es una direc­ción sindical empeñada en “reconvertir­se" en “empresaria ferroviaria". La tarea que plantea la acción de los compañeros es organizar desde ya la re­sistencia a la pretensión de la patronal de levantar el servicio a fin de año y la solida­ridad con los maquinistas, a los que la empresa quiere someter a juicio. Los que deberían ir en cana son Cavallo y compa­ñía por “robarle el tren" a los trabajado­res.

A sólo 5 días de las elecciones de ATSA Huaros Aires, la Justicia del Trabajo suspendió el acto, debido a las pruebas abruma- lloras sobre el fraude preparado por la Junta Electoral dominada por la Lista de West Ocampo- padrones con todo tipo de adultera­ciones, abultados en establecimientos domi­nados por la burocracia y mutilados donde esté la oposición, afiliados inexistentes, car­pís falsos. En el Sanatorio de UTA, por ejemplo, con 41 empleados figuraba un padrón de 139 afiliados (Clarín, 25/11). La comprobación del fraude es un golpe durísimo contra el operativo que desde hace un año y medio vienen montando las pa­tronales, la burocracia y la propia justicia laboral (es la interventora del gremio) para entregar el poderoso sindicato Buenos Aires a West Ocampo. Fue la intervención, con sus asesores de la burocracia, los que durante meses trucharon los padrones. Además de la Celeste y Blanca de West, participó en la Junta la Azul y Blanca de Alonso, un sector burocrático apoyado por la patronal de un par de grandes sanatorios y de tinte carapintada y que también colaboró con la intervención y el fraude. Al no lograr un acuerdo sobre el reparto de puestos, la Azul, que conoce el monstruo desde sus entrañas, pateó el tablero y contribuyó con pruebas de grueso calibre, a las denuncias presentadas por la oposición. La Justicia "Interventora" no pudo dejar de darle curso. Es el momento de la Bordó La suspensión del comicio encuentra a la Bordó en ascenso. Acaba de realizar un baile al que acudieron 500trabajadores de más de 50 establecimientos. Hay una aceptaclón creciente de la agitación y las denuncias de la lista. Con la revelación pública del fraude se abre una oportunidad. La jueza interviniente postergó las elecciones hasta el 15/12. Pero no hizo lugar aún al resto de los reclamos de los apodera­dos de la Bordó. A saber: que se disuelva la Junta Electoral del fraude y se la reemplace por una comisión de representantes de todas las listas, que se entreguen los padrones cotizantes a cada establecimiento para que los delegados y trabajadores los cotejen; que se vote con recibo de cobro para evitar los carnets truchos, que se haga el escrutinio de cada urna en el propio establecimiento, la­brándose actas. Con estos reclamos se lanzó un petitorio para ser masivamente firmado en los establecimientos. Si la Bordó se coloca a la altura de la situación y es capaz de encabezar una campaña contra el fraude, quebrará el retorno “anunciado" de West Ocampo a ATSA Buenos Aires.

La ola de luchen obreras ha seguido creciendo en forma incesante, incluso, a pesar de que algunos conflictos transitoriamente fueron levantados porque entraron en con­ciliación obligatoria (UTA, Telefónicos), o porque obtuvieron sus reclamos, como el caso de la UOCRA, que logró un 30% de aumento salarial. Así, en los últimos 15 días una oleada de ocupaciones de ingenios, corte de rutan, manifestaciones, ollas popu­lares se han venido concretando reclamando el pago de los salarios y en rechazo a be despidos y suspensiones masivas. En muchos casos los obreros azucareros han adoptado medidas dirigidas a controlar los stock de azúcar de los Ingenios, como forma de asegurarse el cobro de los salarios. Pero no son sólo los obreros azucareros los que están luchando. En Tafí Viejo se vienen realizando ‘Marchas del Silencio” en de­fensa de los talleres ferroviarios, donde hubo despido y hay un proceso de vaciamiento. Para el viernes 4 se ha programado una marcha a San Miguel. En la Capital, crece el descontento entre los estatales, y los jubila­dos municipales hicieron irrupción en una reunión del Concejo Deliberante (dominado por el Bussismoo), reclamando el pago de viejas deudas salariales. La respuesta bussiana, emuló la de Ortega en otros conflictos, llamaron a la cana para desalojar a “los viejos”. En medio de esta convulsión social, toda la santa alianza patronal de la provincia (sus partidos —PJ, UCR, los bussistas—, las cámaras patronales, la iglesia y los burócra­tas de la CGT) se reunieron para impulsar un plan de contención de los conflictos, y lo único que pudieron parir fue un plan de asistencialismo, y de promoción laboral, que abarcaría 500 puestos de trabajo, cuando los desocupados ahora que culmina la zafra rondan en las 120.000 personas (25% de la población activa). Aunque este plan de “solidaridad social” no soluciona nada, lo están usando para ocultar la política real que está permitiendo en medio de un agrava­miento inaudito de la crisis y la miseria social que un puñado de ricachones estén em­bolsando enormes beneficios. Es el caso de tos grandes ingenios, que han realizado una zafra barata, pagando chaucha por la caña, nada por los salarios, han monopolizado la financiación que se otorgó, obligando a los ingenios insolventes a vender su stock de azúcar, preparando las condiciones de que con el fin de la zafra, hasta el comienzo de la otra, puedan regular la oferta azucarera pro­vocando una elevación del precio. Las declaraciones del Director de Renta, señalando que “los ingresos tributarios están sostenidos por los sectores de in­gresos medios y bajos de la sociedad. Ninguno de los grandes deudores de la industria azucarera se acogió a la moratorias ni paga sus impuestos” (La Gazeta 19/11), muestran por otro lado, como toda la política del gobierno está orientada a asegurar los beneficios de los oligarcas. Como si esto fuera poco, ahora los oligarcas se han lanzado a promover la normalización del Banco Provincia (que está interviniendo), para que se nombre un nuevo directorio con el propósito de instalar, como ocurrió en la época de Domato, su hombre, y así licuar sus deudas que superan los 25 millones de dólares. En este cuadro en que las masas son empujadas a una lucha desesperada para enfrentar al hambre, es más necesario un programa de los explotados basado en plantear el control de la producción y de fondos públicos, el cobro compulsivo de todas las deudas impositivas, crediticias y salariales que los chupasangres tienen con el Estado y los trabajadores, un programa que en definitiva imponga que la crisis la pague el gran capital a costa de sus grandes beneficios. En función de ellos está planteada profundizar la deliberación obrera por medio de asambleas populares como ya ha venido ocurriendo en algunas localidades, para votar medidas de fondo y un curso de acción que unifique en una lucha común el torrente de lucha que se está desenvolviendo. Un frente de acción hoy es más necesario que nunca, y debe tener por función impulsar esta perspectiva.

Mil trabajadoras telefónicos im­pidieron que el presidente Menem pudiera asistir el jueves 26 en una librería céntrica a la presentación pública de un libro que 41 había prologado. Concentrado» frente a la librería los cánticos de "Menem compadre...” y las denuncias llovían, razón por la cual el presidente desistió de concurrir. Esta fue la culminación de una marcha que realizaron trabajadores de Foetra Capital ante las sedes de Telefónica y Telecom para reclamar un salarlo mínimo de 1.000 pesos y la recuperación de las 7 horas de trabajo que este gobierno y las patronales les arrebataron. La burocracia de Rodríguez de Foetra Nacional está “discutiendo" se­cretamente la renovación del convenio al margen de todo informe a las bases trabajadoras. La directiva de Capital (y sus paritarios) alega que "no está informada” de lo que se discute. Pero esto es solo una excusa para justificar la complicidad de Varone con Rodríguez. El plenario dé delegados de Buenos Aires votó luchar por los 1.000 pesos de mínimo la recuperación de las 7 horas. Ante las negociaciones secretas, Buenos Aires debe asumir su soberanía. 10 de diciembre se realizará una Asamblea General en la Federación de Box. La Lista Naranja ha llamado a todas las corrientes del gremio a constituir un frente común para organizar una presencia masiva a dicha Asamblea y allí votar un plan de lucha por los 1.000 pesos las 7 horas, rechazando todo acuerdo espurio hedió por la directiva burocrática.

En abril de 1991, el Partido Obrero de­nunció que la dirección Nacional de Seguri­dad Interior había enviado un telex a las policías de todas las provincias en el que pedía información sobre “ las actividades de infiltración comprobadas o a detec­tarse en el ámbito gremial y/o policial por el Movimiento al Socialismo, el Partido Obrero y otras organizaciones simi­lares", especificando que “el informe debe ser quincenal, pero en caso de detectarse las infiltraciones antes de cumplirse el plazo, debe procederse con urgencia”. En aquel momento caracterizamos al telex como “un llamado a una labor de espi­onaje político... así como a la iniciación de una acción paraoficial, paralegal, paraconstitucional y hasta parapolicial contra la actividad de estos y otros parti­dos políticos". Pocas veces un pronóstico llegó a ser tan acertado. A raíz de las declaraciones de un narcotraficante “arrepentido”, Mario Noguera Vega, la opinión pública vino a enterarse que la Secretaria de Lucha con­tra el Narcotráfico, que depende de la presidencia de la Nación, era en realidad una cueva de espionaje político, cuya ejecución estaba a cargo de la llamada “mano de obra desocupada", es decir que no había encontrado “empleo" en los dife­rentes servicios de informaciones. Entre las tareas de espionaje a su cargo, el narco “arrepentido" señaló el seguimiento a Fer­nando De la Rúa, Raúl Alfonsín, Luis Zamora y Jorge Altamira, entre otros. No hace falta decir que en estos tres años, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico no realizó ninguna operación contra el comercio clan­destino de drogas. De acuerdo a Noguera Vega, el gobierno argentino lo habría enviado a Brasil a liquidar a un narcotraficante que se encontraba chantajeando a dos altos funcionarios de la secretaría mencionada. La información es verosímil, porque Noguera Vega ya había actuado en el pasado como enlace entre el gobierno de Paraguay y el narcotráfico que opera en aquel país. Noguera Vega, reclu­tado por la secretaría, fue hombre de las "tres A" y participó en operaciones de tor­tura y asesinatos que habrían involucrado a desaparecidos, junto a Mohamed Alí Seineldin, al que caracteriza como una especie de psicópata de la tortura. El gobierno no se ha molestado hasta el momento en esclarecer ninguno de los di­chos de Noguera, ni el relativo al espionaje político, ni el relativo a la conexión del secre­tario Lestelle, hombre de Menem y “opera­dor" de Duhalde, con el narcotráfico. Página 12 viene insistiendo en que la em­bajada norteamericana habría reclamado la separación de Lestelle del cargo que ocupa en la Conferencia Internacional contra la droga. Pero la jueza Servini de Cubría sí se empeñó en dar continuidad a la provocación montada por Manzano, que ordenó detener sin pruebas y fraguando la presencia de explosivos en su sede, de numerosos militantes del Partido de la Liberación. La funcionaría que se eximió de un juicio político en virtud de la mayoría menemista en la Comisión de Diputados, dictó la prisión pre­ventiva de tres compañeros sin posibilidad de excarcelación. Las pruebas de la jueza son las fotografías que le fueron sacadas a estos compañeros en las marchas y movili­zaciones populares, en especial de los jubilados. Es decir que el Poder Judicial avala el espionaje político “a la Lestelle”. Este encubrimiento que se prodiga entre sí la burocracia menemista, tiene todas las trazas de responder a una organización de características mafiosas instalada en el riñón del Estado. Llamamos a todas las organizaciones democráticas a discutir una campaña en serio contra esta criminalidad política, estatal y para estatal, incluyendo la investigación de la responsabilidad del pre­sidente de la Nación. Debemos unir esfuerzos para sacar de la cárcel a los compañeros del PL, mediante la movilización.

El escandaloso vaciamiento de Aerolíneas no es (ruto de una "operación mal hecha ", sino el ejemplo más visible del fracaso general de las privatizaciones. Quienes se apropia­ron de una compañía sin pagarla, descargaron tus deudas en ella e hipotecaron sus activos, se disponen ahora a revender los sectores aún rentables con la Intención de devolver los despojos al Estado. Aerolíneas es apenas el primor caso de una cola de liquidaciones. El frigorífico Santa Elena, transferido hace dos años al Citibank, ya amenaza con bajar la cortina si el Estado entrerriano no lo compensa con subsidios para ex­portar. Ferroexpreso Pampeano —que fue adquirido por Techint— dio pérdida en su primer año, y los dueños culpan al Estado por la falta de subvenciones. Celulosa —también adquirida por Citibank— tambalea al no poder enfrentar la competencia de las importaciones brasileñas. Pero el mejor espejo de las privatizaciones de Menem son los destrozos que ha dejado Grosso, su pionero en la Municipalidad de Buenos Aires. La infraestructura y los servicios de la ciudad están devastados por contratos "truchos", que beneficia­ron a los mismos grupos que acaparan las privatizaciones nacionales. A dos años de la gran expectativa privatizadora, todas las encuestas indican que la mayoría de la población estima que los grandes grupos capitalistas compran regaladas las em­presas públicas, cobran caros los servicios y no invierten un solo peso. Los grupos privatizadores creen que podrán contrarrestar mediante campañas publicitarias —que están organizando a través de la “Fundación Sudamericana"— el creciente odio popular, pero las pateaduras que ya les propinaron los jubilados en el Teatro Cervantes no se borran con avisos engañosos desde la televisión. Estatismo, monopolio y subvenciones Concluida ya la mitad del plan privatizador, el 50% de las empresas traspasadas ha sido acaparado por sólo cuatro grupos (Pérez Companc, Soldati, Astra y Techint). Si a este puñado se le agregan los Macri, los Benito Roggio y el núcleo de bancos y compañías de servicios extranjeros intervinientes, la “reforma del Estado” termina simplemente transpa­rentando el dominio súper-monopólico que ya ejercía ante­riormente un reducido grupo de capitalistas. Quienes debían “competir" para superar la “ineficiencia del estado em­presario” se han distribuido áreas geográficas y por lo tanto mercado cautivos (teléfonos y electricidad). Han confor­mado un monopolio excluyente (aviación) o concertado (siderurgia), o se han repartido zonas explotables de común acuerdo (petróleo). En lugar de la esperada “desestatización” se está consumando una intervención cada vez mayor del Estado en las nuevas compañías, tanto a través de empresas públicas extranjeras que participan en la aviación, la electricidad y la telefonía, como del propio Estado argentino, que luego de absorber todas las deudas de las compañías privatizables re-estatiza los fracasos más inocultables (Austral- Aerolíneas). Pero el estatismo es mucho más contundente en el plano de los subsidios explícitos prometidos a los ferrocarriles y subtes, en los compromisos de inversiones a caigo del Estado (vialidad y energía) y en el otorgamiento de preferencias aduaneras (siderurgia). Quienes prometían auspiciar el "riesgo privado” elimi­nando el "paternalismo estatal", no sólo privatizan lo rentable y preservan lo deficitario, sino que garantizan con fondos públicos la rentabilidad de las nuevas compañías. En dos años Telefónica y Telecom ya recuperaron lo que gastaron en comprar Entel. Obtuvieron ganancias muy superiores al promedio internacional, mediante el seguro de rentabilidad que les brindó el gobierno autorizando tarifazos, pulsos inflados, sobre facturaciones y robos de líneas. Los cobradores de peajes se han enriquecido colocando garitas en los accesos de rutas ya construidas, al igual que los aca­paradores de La red de distribución de gas, que cobrarán por la prestación de un servicio ya existente sin gastar nada en la exploración de nuevas cuencas gasíferas. Los nuevos propietarios de las áreas petroleras ya han ido más lejos y redaman que cualquier exploración futura cuenta con una subvención estatal. Para no quedarse atrás, los dueños de Segba debutaron con tarifazos domiciliarios para administrar por los próximos 86 años una compañía que no tiene exigencias de inversión, ni requiere importantes innovaciones tecnológicas. En este cuadro, las privatizaciónes conducen necesariamente a un empeoramiento general de servicios impagables para los usuarios. No es "la ausencia de un organismo de control” lo que determino el Incumplimiento de los planes de inversión y la violación de los compromisos previstos en las licitaciones sino la inexorable lógica depredadora que gula el traspuso dé empresas públicas o bancos acreedores de la deuda externa y monopolios nacionales que dominan el t atado y controlan el régimen político. Negocio de corto plazo, fracaso internacional Las privatizaciones son operativos financieros de corto plazo para los bancos acreedores, que se desprenden de viejos y desvalorizados títulos de la deuda externa o los intercambian por acciones de las empresas traspasadas. En la transferencia lucran también las consultoras que cobran cifras escandalosas por el armado del negocio y natu­ralmente los Dromi, Macla Julia, Zinn o Triacca, que garan­tizan el triunfo de un "lobby" sobre otro en las adjudica­ciones. Pero una vez consumada la privatización y reali­zados los 8uperbeneficios, que el Estado asegura para la puesta en marcha de la compañía, reaparecen los mismos obstáculos que inviabilizaban el funcionamiento de las an­teriores empresas públicas. Aerolíneas y Somisa enfrentan la saturación del mercado internacional, el frigorífico Santa Elena no puede exportar y Celulosa no resiste la importación. Para colmo, la totalidad de la industria radicada en el país — que no participa en el negocio privatizador— se va a pique si tiene que pagar las tarifas de gas, luz, teléfonos, y combus­tible que facturan los nuevos monopolios. Aerolíneas ya revela que frente a esta crisis capitalista los privatizadores despedazan la empresa y abandonan el negocio dejando un quebranto mayúsculo para las finanzas públicas. Las privatizaciones que iban a reducir el déficit fiscal para permitir un incremento del gasto social están provocando un descontrol total de la deuda pública en medio del empo­brecimiento de los jubilados, docentes y el cierre de colegies y hospitales. El gobierno afirma que recaudó con las privati­zaciones unos 9.300 millones de dólares (5.000 millones en efectivo y «I resto en títulos), pero la deuda pública en vez de reducirse en esa proporción aumentó de 68.000 a 90.000 millones de dólares. El agotamiento actual del plan Cavallo puede imposibili­tar la concreción de las privatizaciones faltantes empujando, además, hacia la reestatización todos los traspasos ya reali­zados. Por un lado, el desplome general de la Bolsa bloquea la colocación masiva de acciones de las empresas transferi­das cerrando la principal fuente de financiación del proceso privatizador. Por otra parte, la devaluación del peso y el fin de la convertibilidad puede hacer trastabillar a todas las empre­sas transferidas, especialmente por la crisis que abre una dolarización o indexación de las tarifas. En plena agonía del thatcherismo y del reaganismo, Menem presentó el remate privatizador de la Argentina como un audaz adelantamiento a las tendencias de la economía mundial. Ha quedado completamente desubicado porque en Europa y Estados Unidos, la burguesía ya está de vuelta del cuento “neoliberal”, e intenta el salvataje de empresas y bancos mediante la intervención abierta del Estado y la reivindicación keynesiana del déficit público. Con el agrava­miento de la crisis capitalista las privatizaciones fracasan en todo el mundo y aniquilan a los gobiernos que esperaban perdurar a través de ellas.

Opinamos que todo auténtico antimperialista tiene la obligación de estar del lado del pueblo ven­ezolano y del movimiento insurreccional de sus masas, contra el gobierno pro-imperialista de Pérez. Sin embargo, han sido las características putchistas del levantamiento militar nacionalista las que han impedido un desenvolvimiento de la insurrección popular. “Cuando los ataques de los aviones rebeldes se acentuaron, al medi­odía, se disipó todo apoyo civil a los alzados en las calles ante el temor de ser blanco de las bombas”, dice un cable de AFP (La Nación, 29/ 11). Ante el temor que se pasen al pueblo, “el gobierno se cuidó de no sacar las tropas a las calles”. La política del gobierno fue “contribuir a crear el clima de orgía de violencia...”, señaló el corresponsal del diario (30/11) "No solo reprimió con ferocidad a los militares alzados, sino a los pobladores de un barrio marginal que hacían sonar las cacerolas en señal de festejo y a amotinados de una cárcel que quisieron aprovechar la oportunidad para huir". El régimen se defendió a sangre y fuego, algo que está en la sangre del verdugo Pérez, ministro del Interior en la feroz represión de mediados de los años ´60. Los “demócratas” a lo Menem y el imperialismo apoyaron a Pérez, los trabajadores debemos solidarizamos con los alzados y defender en el movimiento insurreccional la política de los explotados de Venezuela.

Hacia fines de la semana pasada, Cavallo se puso de acuerdo con los burócratas de la CGT y con los banqueros e industriales para impul­sar el proyecto de “jubilación privada” en el Congreso. El hombre de los diez mil dólares de salario aseguró que había lle­gado a un entendimiento perfecto con los dirigentes que poseen propiedades de dólares y con los capitalistas que endeudaron a la Nación en 60.000 mil­lones de esa misma moneda. La “transformación” que lograría viabilizar la aprobación de ese proyecto, consistiría nada menos que en sacarle compulsivamente a los trabajadores el 11% de sus salarios, con el fin de entregárselos a los Fondos de Pensión que organizarían los bancos y las compañías de seguro. Estos pulpos se quedarían de entrada con un mínimo del 30% de ese aporte, en concepto de comisión, con lo que el “ahorro” del trabajador debutaría con una confis­cación, cada mes, equivalente al 3% de su salario —algo que de ningún modo ocurre en el actual sistema estatal. Los Fondos se em­bolsarían por esta vía unos 3.500 millones de dólares al año, que la ley los autoriza a invertir en títulos del Estado y en acciones de la Bolsa. Si se tiene en cuenta lo que ha ocurrido con esos títulos en los últimos diez años, y con las acciones en los últimos ocho meses, el eventual régimen de “jubilación privada” aparece como un seguro camino al desastre. Los tra­bajadores podrán perder, no ya el 3% de sus salarios, sino la totalidad del fondo acumulado. El proyecto deroga el 82% móvil, y tiene sus razones para ello. Según todos los cálculos actuariales, el futuro jubilado no podría recibir más del 40% de su salario a la fecha del cese laboral, esto como consecuencia de la elimi­nación del actual aporte patronal. Aunque el régimen es llamado de “capitalización” y consiste esencialmente en una descapi­talización para el trabajador, al cual se le reconoce siempre como máximo solo el 70% de lo que aporte, más la eliminación del aporte patronal, el cual no era otra cosa que el pago diferido del salario. Queda claro que con el nuevo proyecto los trabajadores verán aducidos los salarios en la proporción corres­pondiente a la contribución previsional de los patrones. Los actuales jubilados seguirán cobrando de las Cajas del Estado, cuyos ingresos quedarán mermados como consecuencia de la transfe­rencia compulsiva del aporte previsional del trabajador a las Cajas privadas. Esta modifica­ción deberá aumentar el déficit de las Cajas oficiales en 3.500 millones de dólares al año, o 35.000 millones de dólares en la próxima década. Pero como Cavallo prometió eliminar el aporte patronal, que podrá ser deducido del IVA, él incremento del déficit podría lle­gar a 50.000 millones de dólares para el año 2.003. Se trata de una “hermosa” per­spectiva para las Cajas Privadas, pues signi­fica que el Estado deberá emitir títulos por ese monto, que las Cajas Privadas habrán de comprar con el dinero de los trabajadores, a cambio de un jugoso interés. El gobierno Menem-Cavallo no pretende superar, entonces, el déficit fiscal sino aumen­tarlo, precisamente para ofrecer una opor­tunidad brillante de negocios a los capitalistas. En estas condiciones, los jubilados de la próxima década no podrán recibir una jubila­ción mayor a la que hoy cobran. El proyecto es al respecto muy preciso, porque ata la evolu­ción de las jubilaciones, no al costo de vida ni mucho menos a la necesidad de recuperar su poder adquisitivo de hace diez años, sino a la recaudación previsional. Pues bien, la recau­dación impositiva en general, desde setiembre pasado, ha comenzado a caer. ¿Puede concebirse una estafa mayor que ésta? A los inspiradores del proyecto no les interesa en lo más mínimo reformar el sistema previsional, lo que les interesa es “reformar” el sistema de confiscación económica de los trabajadores. La previsión social en cuanto tal quedará definitiva­mente destruida. Los burócratas de la CGT aceptaron el proyecto oficial a partir de la modificación que autoriza a los sindicatos a participar de la creación de Fondos de Pensión. Los gangsters sindicales están convencidos de que se encuen­tran a un paso de la participación en el negocio del siglo XXL Por eso tienen programado con­currir en los próximos días al Congreso, acom­pañado» de Cavallo, los banqueros y los indus­triales, para convencer a la Comisión de dipu­tados de la conveniencia de una rápida aprobación. Se van a llevar un chasco. Roque, Maccarone, que es presidente del Banco Río, asociado al Citibank para establecer un Fondo de Pen­sión, le dijo a Clarín (29/11), “El régimen debe ser exclusivo para las sociedades anónimas”. Si a pesar de esto, “don” Roque se manifestó dispuesto a acompañar a Lescano al Congreso, la explicación del entuerto es muy simple: una vez que saquen la ley, los bancos impondrán su política, sea por vía de un reglamento del poder Ejecutivo o por las vías de hecho del “mercado”. Al ceder en su posición original, de que la afiliación a la “jubilación privada” debía ser optativa, los gangsters de la CGT se privaron de la principal arma de presión para garantizar su ingreso al negocio. Lorenzo Miguel o Pedro Goyeneche de textiles, algo de esto deben haber husmeado, porque sacaron un comunicado contrario a la “reforma previsional”. En oposición a la confiscación de la “jubilación pri­vada’' y al saqueo efectuado por lo “jubilación estatal” en el último medio siglo, reclamamos un sistema pre­visional basado exclusivamente en el aporte pa­tronal, con Pondos controlados por los tra­bajadores y la garantía de una jubilación mínima igual al 82% del salarlo a la fecha del cese laboral. En el Congreso existen proyectos alternativos, que plantean el régimen privado con carácter optativo (Clérici) o el mantenimiento del actual (UCR). La “ventaja” (para los patrones) del régimen optativo es que no comprometería al Estado en el caso, harto probable, de que quiebren los Fondos de Pensión, sin dejar de aprovechar la circunstancia de que el trabajador no ten­dría otra opción que ir al régimen privado dada la miseria de la jubilación estatal. Los radicales, sin embargo, no solamente quieren la vigencia del sistema actual, sino además la derogación del 82% móvil y la elevación a 65 años de la edad para jubilarse. Sobre esta base entienden que se podría llevar la jubilación a los 300 pesos, es decir a un 30-40% de lo que fue el salario dejos actuales jubilados cuando dejaron de trabajar. A los radicales ni se les pasó por la cabe zaque con la eliminación de lo evasión patronal (7,000 millones de dólares al año), se podría pagar más del 82%, según lo dijo el propio subsecretario de Economía, Juan Llach. Ni que decir que en caso de aprobarse el régimen privado, la UCR lo defendería en el futuro, en nombre de la “continuidad Jurídica”, como ya lo hizo Alfonsín con las leyes y funcionarios de la dictadura, según lo declaró Dele Rúa en le campaña electoral!. A los radicales no les importaría que esta “continuidad jurídica" viole el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que obliga al listado a otorgar los beneficios jubílatenos. De acuerdo a una información de Página 12, el dipu­tado Álvarez del Frente del Sur apoyaría el proyecto radical, lo cual ilumina la posición sobre este punto del CTA. En efecto, la organización de De Gennaro y Mary Sanchez se ha manifestado contra la reorma de Cavallo, pero no ha dado su propia posición con respecto a la propuesta radical de derogar el 82% y aumentar la edad para jubilarse. Queda claro de esto, que la política del CTA se limita a presionar en el campo del parlamento en favor del “mal menor”, como ya lo hiciera con la “reforma educativa”, lo cual, tanto en un caso como en el otro, es un "mal mayor”, pues implica en el caso previsional una confiscación directa de los tra­bajadores que han aportado para cobrar el 82%, y no el 30%, de sus salarios. La política del CTA renuncia conscientemente a la lucha consecuente contra los proyectos anti-obreros, que más tarde o temprano sólo puede manifestarse como tal a través de la huelga general y la movilización de masas contra el gobierno y todas sus expresiones. El uruguayo Mario Benedetti se equivocó en cierta oportunidad cuando dijo que “a los capitalistas los une la billetera”; demostró con ello que es un gran escritor y poeta pero de ningún modo un político marxista. Precisa­mente el tema de la billetera es lo que ha empantanado a la "reforma previsional” hasta el momento, lo que puede frustrarla más adelante y lo que, en todo caso, no permitirá que sea aprobada sin antes pasar por nuevas y más agudas crisis. Detrás de los diferentes proyectos en pugna hay intereses divergentes, e incluso algunos industriales entienden que la “reforma” les aumentaría el “costo argentino”, si el gobierno debe aumentar los impuestos para financiar los mega-déficits futuros de las Cajas oficialistas. Es necesario aprovechar esta crisis de la burguesía para profundizar la lucha contra este saqueo de la previsión social. La devaluación Algunos comentaristas han interpretado que si Cavallo logra sacar la “reforma previsional” y la liquidación de las convenciones de trabajo, el “mercado” demostraría su satisfacción mediante el mantenimiento de la paridad del peso con el dólar. Todo lo contrario. La sanción de esas leyes deberá ser la señal de una devolución en serio del peso, que en tales circunstancias seria respaldada masivamente por la burguesía nacional y extranjera. El solo hecho de que el gobierno se haya puesto de acuerdo con los burócratas en maestría de “precisión”, y que este chocando con ellos en la cuestión de los convenios, demuestra el camino de la devaluación “ordenada” esta plagado de contradicciones. La burocracia resiste la derogación del convenio de trabajo negociado por el sindicato, porque el convenio con representantes de empresa la llevaría a la desaparición. Los burócratas admiten la liquidación de los derechos laborales y los convenios por empresa, siempre que ellos tengan el monopolio de la representación. Sólo los izquierdistas que han cedido a las presiones sicológicas de Cavallo, es decir, a la presión del capita­lismo, pueden creer, siquiera por un solo instante, que el peso no está condenado. Julio Nudler, en Página 12 (26/ 11) señala que el déficit en cuenta corriente del balance de pagos para 1992 será de la exorbitante suma de 7.100 millones de dólares. “El principal agujero, dice, es responsabilidad de los servicios financieros (inte­reses de la deuda externa pública y privada): una factura de 3.200 millones de dólares”. Luego destaca un déficit de 2.500 millones de dólares en turismo, importación de fletes y contratación de seguros y reaseguros en el ex­tranjero. El dato es instructivo, porque revela las conse­cuencias de la “desregulación” portuaria, del desmantelamiento de los astilleros y de la liquidación del Instituto de reaseguro del Estado. Para 1993 se prevé un déficit de 5.700 millones de dólares, pero sobre la base de hipótesis de cálculo “benévolas”. De cualquier manera, hay que agregar a eso que en 1993 Cavallo tiene que reunir 4.000 millones de dólares para completar las garantías exigidas por los bancos extranjeros para renegociar la deuda ex­terna. Walter Graziano, de Ámbito Financiero (30/11), llega a la misma conclusión con otras cifras. “La balanza de pagos ha pasado de arrojar un superávit de 5.000-6.000 millones de dólares, dice, a un déficit que – como mínimo – se encuentra hoy en los 2.000 millones de dólares y que… solo puede ser solventado con venta de divisas”. Su conclusión es obvia: “Es sumamente desacertado que desde el gobierno se hayan lanzado en los últimos días señales triunfalistas acerca del fin de la crisis cambiaria de noviembre”. Daniel Sosa, de Pagina 12 (28/11), asegura que el subsecretario Schiaretti “acaba de recibir una carpeta en la que prolijamente demuestra que algunos dueños de holdings no están satisfechos con sus ingresos por exportación”. Agrega: “las presiones están lejos de calmarse. A la mini corrida de principios de me le podrían suceder otras como muestra la insatisfacción de los grandes operadores…”. Como “una señal de alerta para el plan Cavallo”. Interpreta Ámbito Financiero (25/11), la aguda disminución del crecimiento de los depósitos en pesos (0.9% en octubre), en contraste con el dólar, cuyos depósitos subieron un 2.3% Mientras los impresionistas de la izquierda asegura­ban que la “estabilidad.'’ aguanta, un “gerente finan­ciero de un banco extranjero” le decía a Clarín (25/11): “En esta semana vi cómo grandes fondos ameri­canos y británicos desarmaron sus posiciones de BIC (Bonos de Inversión y Crecimiento), temerosos de que se realice una devaluación directa”. Pero resulta que los BIC son “una excelente inversión (30% anual)”, que se ajusta por tasas de interés, lo que no impidió que fueran vendidos y que su cotización bajara en una semana de suba de las tasas de interés, todo por la perspectiva de una devaluación. Para Rubén Giordano, gerente de la Cámara de Exportadores, “el avance del dólar en Europa no hace más que agudizar la difícil situa­ción de las empresas argentinas”. Esto constituye un llamado a devaluar. Lo más interesante, con todo, son las declaraciones de Martín Lagos, un “liberal” de la gran banca, que hasta ahora había repetido como un loro que la convertibilidad es por definición un seguro contra cualquier devaluación. A Clarín (30/11) le acaba de decir otra cosa: “No está claro que los bancos hagan eso (recibir depósitos en dólares y prestar en pesos), porque ahora perciben que es más arriesgado tener activos en pesos y pasivos en dólares... El riesgo (de una nueva corrida) existe... Estas medidas (no) eliminan la desconfianza en el peso... Existiendo (dos monedas), siempre hay una probabilidad, por más pequeña que sea, de que una moneda se devalúe con respecto a la otra”. De un modo general, los capitalistas que tienen que tomar préstamos en dólares para comprar empresas públicas, para especular en ’a Bolsa o para especular con las tasas de interés más alta» de Argentina, sólo van a hacerlo cuando se disipe la posibilidad de que su plata se devalúe, lo que solamente podría ocurrir luego de una devaluación. Incluso los Fondos de Pensión solo se aplicarían a la especulación con la deuda pública o en la Bolsa luego de que una devaluación del peso asegure por un cierto tiempo un tipo de cambio fijo o de devaluaciones mensuales mínimas, La devaluación será un golpe descomunal al nivel de vida de las masas y deberá acentuar el período de luchas abierto hace algunos meses. También deberá agudizar la crisis política. Es en este marco que los trabajadores debemos damos una política propia. La política oficial está agotada, no ofrece salida para las masas, por el contrario anuncia nuevas catástrofes. Es con asta convicción que nos debamos plan­tear el reclamo a todas las organizaciones de los tra­bajadores para que lancen un paro general activo de 36 horas, por un salario mínimo de 800 pesos y una jubilación mínima de 500 pesos, contra la jubilación privada, por la renacionalización de las empresas privatizadas (sin in­demnización), por la apertura de los libros de todos los monopolios capitalistas y el control de la producción. Argentina volverá a tener un verano caliente.