Prensa Obrera N° 374

Acaba de estallar la primera crisis polí­tica en el nuevo gobierno del intendente Bouer como consecuencia de la renuncia del secretario de Gobierno, Iribarne, uno de los promotores de la Caída de Grosso. Todo esto tiene que ver con la intensa lucha que se libra entre los distintos monopolios por el control de los negociados-concesiones con la Ciudad de Buenos Aires. Como es ahora “vox populi" Grosso fue derribado por los Macri, porque no podía garantizarlos "negocios de éste en la Capital. La ciudad de Buenos Airee está copada por un grupo de grandes capitanes de la “Industria" que la esquilman con sus contratos de servicios. Pero dos grandes grupos son los que tienen la mayor parte de esos contratos: Macri y Roggio. Grosso cayó no solamente por no pagar las deudas de los Macri, sino "por la bata­lla que Macri perdió contra el grupo da Benito Roggio por el control de las ´vías rápidas´, mía conocidas como las nue­vas autopistas por peaje que cruzarán la ciudad" (Ámbito, 27/10). Es por esto que Macri acaba de referirse a la "corrupción" que exista en la comuna, aludiendo a que su grupo "no ha ganado prácticamente ninguna licitación… esperamos tener alguna adjudicación”. El diario La Nación que publicó estas declaraciones, se encar­gó de señalar que “consultado por La Nación Macri ratificó las declaraciones en todos sus términos". Iribarne renuncia concretamente por­que Bouer toma en sus solas manos todo b referente a la renegociación de contratos y concesiones, refinanciaciones, etc. Junto a la renuncia de Iribarne se da el descabezamiento de otros que apoyaron la caída de Grosso, entre ellos, el más impor­tante, el interventor que tiene en sus manos culminar la privatización en subterráneos (la que favorece precisamente a Beodo Roggio y a operadoras norteamericanas). El primer intento de Bouer de intervenir a Subterrá­neos había sido rechazado justamente por exigencia de Roggio y por la propia embajada yanqui. “Ambito” (30/10) señala que se quería impedir que se “investigara y revi­sara el contrato”. ¿Cambiaré ahora el ad­judicatario de Subtes o et un elemento de negociación entre los pulpos que se dispu­tan loe servicios de la Capital? Al mismo tiempo Bouer se entrevistó con el presidente de la bancada radical, García Arecha y "habrían coincidido en la necesidad de reformular los contratos para la reparación de calles y veredas” (Pagina 12, 12/11). La UCR reclama “transparencia” y “participación”, es decir meter las manos. Pero el déficit municipal ha superado por lejos lo previsto. Originariamente se lo preveía, para 1992, en 11 millones de dólares. Ahora, los “ajustes” de Bouer lo evalúan según Ámbito Financiero (13/11) a los 984 millones. La situación es insostenible. El mismo Bouer confeso, sin dar nombres: “Hay contratos que son joda, en los que se desperdicia el 50% de lo que se paga” (Clarín 13/11). Pero el intendente menemista pretende imponer un tarifazo “selectivo” desde el 1° de enero, que, según La Nación, abarcaría al 84% de los vecinos de la Capital. Las direcciones políticas burguesas y burocráticas, entre tanto negocian, su cuota de poder. La burocracia de la UOEM ha paralizado un plan de lucha. La UCR actúa del mismo modo en lo que respecta a las direcciones sindicales sobre las que influye (Asociación de Médicos) y con los acuerdos políticos arriba anunciados. El PO plantea anular los contratos y desconocer las deudas con los pulpos que vienen chupando la sangre del pueblo y los trabajadores de la Capital. Defensa de los servicios sociales (comedores escolares, educación, salud y cultura) mediante la duplicación inmediata del presupuesto, rechazo de todo impuestazo. El PO impulsa la autoconvocatoria de Asambleas en las barriadas y en las reparticiones para rechazar a Bouer y sus planes procapitalistas y organizar una gran movilización de todo el pueblo de la Capital sobre la intendencia.

Se han dicho y escrito muchas cosas acerca del salario que Cavallo cree necesario para sufragar los “gastos” de su familia y sobre el origen de ese dinero, pero naturalmente no se ha dicho lo principal. El ministro de Economía evaluó sus “necesida­des" en 10.000 dólares al mes, aunque según la descripción que hizo de sus gastos el monto ascende­ría a 18.000 mensuales. Esto permite suponer que Cavallo no ha dicho toda la verdad sobre su salario real. De cualquier manera, los 18.000 dólares men­suales solo contemplarían su sueldo corriente, no así el dinero que necesitaría “ahorrar" para poder seguir “gastando” por esa suma cuando le toque jubilarse. Es obvio para cualquiera que Cavallo no tiene la intención de retirarse del servicio activo por el equiva­lente al 30% del salario al momento de su cese laboral, como ocurre con la inmensa mayoría de los jubilados, ni tampoco por el 82%. Para mantener una jubilación igual al salario actual, Cavallo debería “ahorrar" un 30% de ese salario de 18.000 dólares, lo que significa que no podría ganar hoy, menos de dólares mensuales. El problema es que, al menos de acuerdo al escalafón y al presupuesto nacional, ningún funciona­rio podría ganar esa suma, ni siquiera la cuarta parte, aunque ahora sabemos, gracias a Cavallo, que son muchísimos los funcionarios (ministros, gobernado­res y vices, presidentes y directores de organismos del Estado, intendentes y concejales, y una infinidad de otras categorías burocráticas) que como Cavallo “necesitan" entre 10.000 y 20.000 dólares por mes. Como Cavallo lo “aclaró" ante el periodismo, la diferencia entre lo que el Estado le paga y lo que él gasta lo cubre la Fundación Mediterránea, una institu­ción bancada por trescientos pulpos capitalistas. Cavallo recibe su salario de la Fundación en concepto de “licencia con goce de sueldo"—un rubro desco­nocido hasta ahora, que convierte al ministro en un “ñoqui privado". Dado que la situación de otros miles de funcionarios es similar a la de Cavallo, la conclusión es que el aparato del Estado está en manos de una masa de "ñoquis privados" Este "ñoqui privado" no tiene siquiera el atenuante de que su sostenimiento correría por cuenta de (os “bolsillos privados” (y no por cuenta del contribuyente, como ocurriría con el “ñoqui público'), por­que como cualquiera se lo puede imaginar los pulpos privados solventan sus “ñoquis" aumentando los precios, es decir, que cobran, a su manera, un im­puesto forzoso sobre la ciudadanía, lo cual es mani­fiestamente ilegal. Pero el “ñoqui privado" repre­senta una carga mucho mayor aún, esto porque la función de estos “ñoquis" es permitir la suerte de negociados que, como los contratos de la Municipali­dad de Buenos Aires o los de los “peajes”, y en general las “privatizaciones", han llevado a la ruina a los erarios públicos y han servido para acumular deudas e hipotecas públicas que han llevado a la ruina a la población. La “confesión" de Cavallo no sólo nos ha revela­do la emergencia de un nuevo tipo dentro de la variada tipología nacional, la del “ñoqui privado”, sino algo incluso más interesante, si esto fuera posible todavía: la causa del elevado “costo argentino”. Porque es evidente para cualquiera que el endeudamiento del Estado y el consiguiente endeudamiento del país ha sido originado por los “ñoquis”, que, ahora sabemos, no son “públicos" sino “privados". ¡Todo el equipo económico pertenece a la Fundación Mediterránea, es decir, esta solventado por ella! Está claro, enton­ces, que si el futuro de la Nación depende de la reducción del llamado “costo argentino”, lo primero que se debe hacer es suprimir a los “ñoquis priva­dos” es decir a los Cavallo y los otros de su especie. Su condición de “ñoqui privado" ya le ha valido al ministro la apertura de un proceso judicial por cohecho, ya que un funcionario público no debería estar al servicio de intereses privados y menos toda­vía recibir dinero de esos grupos. Pero en la situación de Cavallo está la propia burocracia, incluido el propio poder judicial que debería juzgarlo, ya que no cabe suponer que un juez de la Nación tenga “necesidades" inferiores a las proclamadas por el ministro. El tema no tiene entonces solución judicial, solo puede tenerla política, es decir, sustituyendo a los funcionarios que representan al monopolio capitalista y aboliendo los monopolios capitalistas que necesariamente imponen a sus funcionarios. Pocos han preparado a su vez, en otra implicancia del sueldo “privado” de Cavallo. Como todo el mundo sabe el ministro tiene ambiciones presidenciales que en nada harán disminuir sus “necesidades” de gastos mensuales. Un Cavallo presidente debería ganar los 23.000 dólares que contribuye a reunir la Fundación Mediterránea. A nadie se le puede ocurrir que Menem por ejemplo, necesita menos, cuando incluso tiene que solventar a una esposa divorciada, a una hija convertida en “primera damita” y a un hijo que eligió el caro deporte del automovilismo. Es decir que las Fundaciones como la Mediterránea tienen una enorme carga que solventar. De acuerdo a los dichos de Cavallo, entonces, la presidencia de la Republica es un puesto cautivo de las fundaciones capitalistas. ¿Y no es esta “la verdadera verdad” del Estado burgués? ¿No queda claro que la “democracia” es una patraña o, mejor, que solo se aproximara a su concepto de gobierno de mayorías cuando los trabajadores tomen el poder? El hombre que, según el justicialista correntino Julio Romero, habría ganado su banca de diputado nacional por Córdoba gracias a la contribución de un millón de dólares de la misma Fundación Mediterránea, ha contribuido con sus declaraciones, claro que a pesar suyo, a esclarecer la naturaleza del Estado que nos somete. El parasitismo capitalista; este es el “costo argentino”, como lo es por otra parte el norteamericano, francés y ruso. “Ñoquis”, corruptela, armamentismo, especulación, despilfarro – al servicio de estos “valores” está la superexplotación capitalista. El sistema del “ñoqui” privado constituye, por lejos, un sistema mucho más refinado y pérfido de privilegios que el instaurado por la burocracia rusa con sus “tiendas especiales”, “playas especiales” y “transportes especiales”. Pero es en esencia lo mismo.

En los últimos días dos acontecimien­tos centralizaron el proceso político del pueblo palestino. De un lado una gran huelga de hambre de más de dos sema­nas de los presos políticos considerados de “seguridad". Del otro lado, la confe­rencia nacional de la OLP en Túnez, que debía hacer el balance de las negociacio­nes de paz con Israel y la participación en la ronda el 21 de octubre en Washington. El movimiento de los presos políticos, unos 4.000 en todas las cárceles del país,, reclamaba el mejoramiento de las condi­ciones de vida en las cárceles: régimen de visitas, hacinamiento, recreos, casti­gos, etc. El gobierno laborista de Ytzhak Rabín, apoyado por la llamada izquierda sionista de “Meretz", subió al poder con ia promesa de cambiar el “orden de prioridades” en la política israelí. Pero en los hechos no difiere mucho de su antecesor ultra-derechista, Likud, en lo que respecta a la “prioridad” de reprimir a los palestinos. La huelga de hambre supuso una cierta revitalización de la Intifada y un rechazo a la política negociadora de la OLP, que ha llevado la lucha de la Intifada a una vía muerta. No es casualidad que la dirección de la OLP haya hecho todo lo posible por terminar con la huelga de hambre. Así lo dice Abdel Darawshe, diputado por el Partido Árabe Democráti­co, un ex-laborista ganado al apoyo “crí­tico” al gobierno de Rabin, y negociador por parte de la OLP para terminar la huelga. ‘‘La OLP no estaba interesada en el escalamiento de la huelga y en la situación (de movilización) en los terri­torios, que hubieran reforzado el rechazo (a las negociaciones con Is­rael)”, dijo a la prensa local, explicando que varios mensajes en ese sentido fueron enviados a los presos por la direc­ción de Arafat (Ma 'ariv, 13/10). Haidar Abd el-Shafi, integrante de la comisión palestina de negociaciones, y el dirigente de “Meretz”, Yosi Sarid, peticio­naron al ministro de Policía. Moshe Shahal, “expresar su preocupación de que si el gobierno rechazaba tratar el problema de los presos... esto iba a ser causa de nuevos levantamientos en los territorios” (Jerusalén Post, 14/10). La presión de la OLP y de la izquierda sionista dio resultado con los presos de “seguridad” identificados con la corrien­te del Fatah de Arafat (entre 60 y 70% de todos los presos). La huelga fue suspen­dida luego de concedidos algunos recla­mos. Ninguna de las principales deman­das fue satisfecha por el ministro de Poli­cía, quién recurrió al viejo truco de formar una comisión que hará recomendaciones sobre la situación en las cárceles para dentro de un mes. El mismo Moshe Snalal dijo que “las consideraciones sobre el futuro de las conversaciones de paz hablan motivado su decisión de hablar con los prisioneros” (ídem). Sin embargo, no habían pasado 24 horas de la suspensión de la huelga de hambre cuando ésta cobraba su primera víctima. El joven Hussein Ibeidat—dete­nido en la cárcel de Ashkelon— moría producto de un paro cardíaco, según in­formaban las autoridades penitenciarias. El movimiento se reanudó, aunque en forma parcial, y hubo movilizaciones de protesta. De todos modos los dirigentes de la huelga suspendieron la misma hasta el 21 de octubre, fecha en que comienza la nueva ronda de negociaciones. Es verdad que el llamado “frente de rechazo” a las conversaciones —inte­grado por el Frente Popular (FPLP), el Frente Democrático (FDLP), Hamas y el Jiad— sostuvo la huelga en contra del Fatah, pero como forma de dirimir fuerzas dentro de la OLP. El “frente de rechazo” responde políticamente a organizaciones cuya línea de acción está ligada a los gobiernos de Siria e Irán, es decir, a regí­menes reaccionarios. Cabe recordar que Siria participa en las conversaciones con Israel desde el principio, y es parte de la coalición imperialista en contra de las masas iraquíes El "frente de rechazo” se adapta al hecho de que la mayoría de los palestinos están disconformes con la política de las negociaciones. Una encuesta llevada adelante en los territorios ocupados demostró que el 74% de los entrevistados está en contra y que pide un plebiscito para decidir. No por casualidad el ejército israelí clausuró las oficinas del Centro de Investigaciones e Informaciones Aseel , encargado de dicha encuesta. El gobierno laborista ha realizado un frente táctico (que en el fondo es estraté­gico) con Arafat para aplastar la huelga y mostrar que las concesiones hechas son fruto de la política de los moderados de la OLP. Paga así los servicios de los dirigen­tes palestinos por su participación en las conversaciones. En Túnez ganó la propuesta de seguir adelante con Tas conversaciones de paz con Israel, a pesar de la resistencia de 93 delegados identificados con el “frente de rechazo”. Faruk Kadumi, del comité polí­tico de la OLP, dijo que “hay que seguir con las negociaciones con Israel sin descanso” (Yediot Ajronot, 16/10). Ara­fat utilizó la “autoridad” de Abd el-Shafi y de otros delegados de tos territorios, quie­nes hablaron en favor de ia participación en la próxima ronda de conversaciones. Comentaristas israelíes (Hadashot, 16/10) y palestinos (Al Fajr, 19/10) han llegado a la misma conclusión: ahora el que pagará la mayor parte será el propio Arafat, para lo cual deberá aplastar la resistencia de la población en los territo­rios ocupados. El editorial de Al Fajr, vocero semioficial de la OLP, alertaba al día siguiente de la conferencia (16/10) de que “la oposición debe atenerse a las decisiones del consejo central (de la OLP), aun cuando sean diferentes de su posición pública”. La OLP no sólo ha renunciado a la lucha por un Estado propio en toda Pales­tina, sino que ha aceptado el plan de la autonomía surgido hace muchos años en los acuerdos de Camp David entre EE.UU., el gobierno del Likud y Egipto. La autonomía es el acta de defunción del Estado palestino y convierte a la OLP en el guardián de tos compromisos que se establecerán con el imperialismo y el Estado sionista. Hani Baidoun, coman­dante político del FPLP en los territorios, acaba de declarar al semanario izquier­dista de Jerusalén, KoJ Ha-ir (16/10), que hasta su organización ha renunciado a la lucha por una Palestina completa, acep­tando en el fondo la política de la partición promovida por el imperialismo y sus alia­dos del sionismo. Hoy como nunca está demostrada la caducidad de la dirigencia de la OLP y la necesidad de que el pueblo palestino, en la lucha por su autodeterminación, se elote de una nueva organización que responda a sus verdaderos intereses. Esta organización política deberá estar Apoyada en los organismos de masa de trabajado­res, los refugiados, las mujeres y los jóvenes. 19/10/92

Mercedes Benz, la mayor empresa au­tomotriz alemana, acaba de anunciar la suspensión indefinida de la construcción de una planta de camiones en la ex Alemania Oriental, que preveía una inversión de 650 millones de dólares y que debía ocupar a más de 4 000 trabajadoras La decisión, calificada como "sorpresiva" por la prensa, constituya “un serio retroceso de los planes de inversión” (International Herald Tribune, 3/11) en la región oriental de Alemania. Mercedes Benz justifico su determinación en la “sobrecapacidad de la industria automotriz y en la debilidad de la demanda en casa y en el exterior”, es decir en la recesión que golpea a Alemania y a Europa. Efectivamente, la producción industrial alemana viene cayendo sistemáticamente: en el mes de setiembre ha registrado una significativa caída del 3,3% respecto de setiembre del año pasado. Algunos economistas alemanes señalan que “no parece previsible que se retome la producción hasta mediados de 1983” (Ídem) mientras que otros llegan incluso, a pronosticar “una recesión al estilo de la de los años ´30” (International Herald Tribune, 4/11). Pero la determinación de la Mercedes, sin embardo, constituye “algo más” que una simple postergación por la caída del ciclo económico, ya que los funcionarios orientales reconoces que “la planta nunca será construida” (IHT, 3/11) El “caso” de la Mercedes es apenas, uno más en la “fuga” de los capitalistas alemanes de la ex RDA. “Investigadores económicos funcionario gubernamentales sostienen que algunos inversores que participaron en la carrera hacia Alemania Oriental en 1990 ahora están reviendo sus planes” (IHT, 4/11). Como la Mercedes, “la gigantesca acería Krupp está retrocediendo de sus planes de hacerse cargo de la mayor acería de Alemania Oriental, un gigantesco complejo en la frontera con Polonia, a pesar de las ofertas de ayuda a Borm y del (gobierno del) Estado de Brandemburgo”. También la “Hotzmann descarto la semana pasada un plan para construir una planta de papel en Wolfen, el corazón de la pesadamente desempleada región de la industria química en Alemania Oriental” (Ídem). “Las esperanzas de miles – según un dirigente del sindicato químico oriental – se han evaporado”. “La fiebre patriótica ha cedido lugar al realismo”, afirma un corresponsal en Berlín (IHT, 4/11). Pero ¿Cuál fue el “patriotismo” de la burguesía alemana? “los fabricantes alemanes vehículos comerciales se beneficiaron inmensamente de la demanda de la industria del transporte en Alemania Oriental después de la unificación” (IHT, 3/11) Después de haber esquilmado a los “hermanos del este”, los capitalistas se “retiran” poniendo en evidencia el verdadero carácter de la conexión de la ex RDA, una gigantesca operación de “take o ver" o de “adquisición hostil”, una típica operación especulativa mediante la cual un capitalista toma el control de un competidor “débil”, lo desmembra, vende sus equipos por separado, se apodera de sus dientes, proveedo­res y fuentes de materias primas y, de esta manera, realiza rápidas ganancias para, luego, mandar al competidor a la quiebra. Esto es lo que ha hecho la burguesía alemana, con el subsidio del Estado: una gigantesca operación especula­tiva a la escala de todo un país, el más industria­lizado de Europa del Este. Semejante negociado, naturalmente, no tie­ne ningún “costo” para la burguesía alemana, que se benefició “inmensamente” del aumento de su demanda en el Este. El costo de la anexión, es decir del aumento de la deuda pública para financiar el desguace da la industria oriental y los superbeneficios de los capitalistas occidentales, recae enteramente sobre los trabajadores, que luirán un brutal desempleo en el “este" y presiones por la reducción salarial en toda Alemania. El costo es especialmente sálvele para las mujeres y los jóvenes, cuyo desempleo duplica al de los hombres adultos (IHT, 4/11). Rápidamente, los trabajadores alemanes han debido aprendes que las leyes del capital están por encima de las constituciones o, como dice un funcionario oficial, que “es más fácil afirmar sus derechos en un boom que en una recesión”. La poderosa burguesía alemana se ha demostrado impotente a la hora de cumplir la tarea de la unidad nacional y solo ha podido producir una gigantesca operación especulativa que derrumba las condiciones de vida de las masas.

Pedro Carrasquedo, militante trotskista fran­cés y ex dirigente de la corriente lambertista, fue detenido en mayo pasado bajo el cargo de haber hospedado en su casa a un militante vasco acusado de estar ligado con la organización separa­tista ETA. Poco después de su detención, Carrasquedo fue expulsado de la corriente lambertista. Junto con él fueron detenidos decenas de militan­tes franceses que dieron hospitalidad a los perse­guidos militantes vascos. Carrasquedo fue liberado pero aún quedan militantes franceses en la cárcel. Todos liberados o no, continúan bajo proceso judicial. CO: ¿Cuáles son sus expectativas en rela­ción al proceso contra usted y otros militantes de izquierda francesa y, en particular, contra los militantes vascos? Pedro Carrasquedo: El problema es el si­guiente: el gobierno no se atreve a determinar el juicio pero más temprano o más tarde lo hará. Porque hay más de un centenar de com­pañeros procesados y varios de ellos conti­núan presos. Entonces, de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos el juicio será realizado. En enero, febrero, marzo... no sé, quién sabe hacia fines de año. Eso de­pende del gobierno y no de nosotros. Enton­ces, por lo que dice Lambert nosotros somos agentes de policía, sólo que no sabemos la fecha del juicio. Sin embargo, lo importante es que sea cuando fuere el juicio, tenemos que hacer que éste sea un juicio político, en de­fensa del derecho de asilo, no en defensa de las reivindicaciones de unos y de otros en tomo de la cuestión del país vasco. El problema es este: cualesquiera que sean las reivindicaciones de los grupos o los individuos sobre la cuestión vasca siempre hay una cuestión fundamental para los revo­lucionarios que es la defensa incondicional contra la represión. Nosotros defendemos a cualquiera colocado en tal situación y, hoy, por ejemplo, aunque estemos en total desa­cuerdo político con Guzmán, de Sendero Luminoso, la primera cosa que digo frente a su apresamiento es la defensa incondicional de Guzmán contra Fujimori y el imperialismo. Fuera Guzmán de la prisión. Otra cosa son sus reivindicaciones y su programa. Ahora, sé una cosa, ese imperialismo no tiene dere­cho y no puede quitar la libertad a gente como Guzmán. Se trata de una cuestión de principios ya no para un trotskista sino para cualquier militante obrero... Por eso entiendo que el juzgamiento debe ser transformado en un juzgamiento político, en defensa del derecho de asilo, para liberar a todos los que se encuentran presos y en defensa del derecho de autodeterminación CO: ¿Cómo se desenvuelve, en este momento la campaña contra su condena y de los otros compañeros presos y bajo acusación? Pedro Carrasquedo: Hay una campaña muy importante a escapa internacional, en América Latina y en Europa. Hasta el momento recogimos muchas adhesiones de dirigentes sindicales y políticos. Todo el movimiento obrero tomo posición, a excepción de Lambert. Además de eso, en el periódico que publican aquí en Brasil, “O Trabalho”, mienten a sus militantes y sus militantes necesitan saber la verdad. En su último número, “O Trabalho” dice que Pierre Lambert siempre me defendió incondicionalmente lo que constituye una mentira. Que ellos muestren un único papel donde este señalado que defienden incondicionalmente a Pedro Carrasquedo. No hay ningún párrafo, no se puede encontrar nada en ese sentido. Peor aún, no hay ni una frase en defensa de los presos en las últimas semanas; dicen defender a los presos en España pero en Francia no hacen nada en relación a los presos. Más aun, está preso un joven de 18 años que se llama Giuliano Cajaverra que es primo de un militante trotskista de las filas de Lambert. Él es anarquista y había comenzado una campaña por su liberación. Esa campaña fue abortada. Hace ya un mes que en el periódico del partido no sale ningún artículo del asunto. ¿Por qué? ¿No se debe defender tampoco a ese joven? ¿Debe ser tratado de la misma forma que Carrasquedo? Que no se me defienda a mí, vaya y pase, yo mismo me defenderé; pero a este joven que es de un grupito de anarquistas, si nadie lo defiende ¿Quién lo hará? Decidieron abandonarlo. Y lo hicieron porque cuanto más hiciesen campaña por Cajavarra enseguida se plantearía la cuestión de una campaña por Carrasquedo. Como no quieren defender a Carrasquedo, abandonan cualquier defensa. Nosotros defenderemos también a Cajavarra. Quiero decir, antes que nada, que pienso en los que están encarce­lados, que están en una situación todavía peor. Pero es preciso decir aquí, en este país, que cuando Lambert afirma haber de­fendido a Carrasquedo, no es verdad, y si piensa hacerlo que lo haga. CO: ¿Cómo se produjo su expulsión del PT (ex PCI) y cómo se organizan ahora? Pedro Carrasquedo: Estamos ligados a un grupo que constituimos cuando nos expulsa­ron. Nos expulsaron porque hace cerca de un año veníamos reclamando que se realiza­ra un debate sobre por qué nuestro partido perdía militantes, porqué nuestro partido no tenía una posición sobre la unificación, sobre la cuestión de Mitterrand, sobre Yugoslavia. Y sobre varios otros puntos importantes. Milité más de veinticinco años en las filas del lambertismo. Escribí en el periódico del partido, era de la redacción, unos de sus tres periodistas, pero nunca podía escribir artícu­los que me gustasen, pensaba en determi­nada orientación y tenía que escribir de de­terminada manera para continuar siendo fiel al trotskismo, pero ellos decían que no que­rían y prohibían tales artículos. Entonces me expulsaron como hicieron con otros. CO: ¿Es verdad que una escisión de Lam­bert, que en Brasil edita el periódico El Orga­nizador lo acusa de defender la monarquía? Pedro Carrasquedo: Sí, y también al her­mano del rey y a la reina. Eso se llama calumnia. En 1968 decían que nosotros, trotskistas, éramos agentes de la policía. Eso lo decían los stalinistas que querían derrotar las movilizaciones. Hoy en día son capaces de decir otros tantos disparates. Soy trotskista, militante de la IV Internacio­nal, y me expulsaron justamente porque quiero defender la herencia del lambertismo. Porque pienso que el propio Lambert está destruyendo la herencia del lambertismo. Yo y otros compañeros que fuimos expulsa­dos, entre ellos el compañero Gerard Gourjon, somos militantes trotskistas, queremos reconstruir la IV Internacional y dicen que defendemos la monarquía. Y yo, al contrario de ellos, defendí que hubiese consignas contra la monarquía. Y aun así nos acusan de de­fensores de la monarquía. Es preciso tener mucho cuidado con esta gente.

Desbarranquemos a los contaminadores A principios de arto, un asesor presidencial y el secretario del presidente (Vico y Spadone) fueron acusados de ser responsables de com­prar teche podrida para abastecer el plan de asistencia materno infantil En el mes de setiembre, en hospitales de la provincia de Buenos Aires vahos pacientes fue ron intoxicados con un suero de hidratación parenteral (Fidex) provisto por las autoridades del Min> tarto de Salud. En el mes de agosto, más de 20 personas murieron por consumir propóleos Huilén contami­nado, un medicamento de venta libre que demos­tró que los medicamentos y demás productos de consumo masivo no tienen ningún control. En la primavera pasada, el cólera cobró más de 20 víctimas principalmente en el norte del país. El gobierno nacional y los provinciales, más allá da culpar a Bolivia por no avisamos a tiempo y de propagandizar las "dos gotitas de lavandina", no tomó medida. Ahora, la meningitis, con más de 800 casos en el país de los cuales unos 500 corresponden a la provincia de Buenos Aires. Los jubilados que se suicidan y como si esto fuera poco, un barco japonés con 1.700 Kg. de plutonio (19 gr. solamente produjeron el desastre de Chemobyi, según informó Green Peace) se dirige hada el cono sur. En la provincia de Buenos Aires, fundamen­talmente en el con urbano, la población se en­cuentra cada vez más desprotegida en el aspecto sanitario. Por un lado, la falta de agua potable, que en el mejor de los casos cubre el 60 ó 70% de las zonas pobladas de tos distritos; pero a su vez, en las épocas estivales extensas zonas que cuentan con red de agua instalada sufren la falta del vital elemento a causa de instalaciones obso­letas, la falta de obras de mantenimiento pues, a los caños madres que en sus comienzos cubrían una determinada zona se le han ido agregando conexiones en la medida que se van poblando los barrios más alejados, sin aumentar su caudal inicial, éste es, por ejemplo, el caso de Quilmes y Lomas de Zamora. En distritos como Florencio Vare la más del 50% de la población no cuenta con agua corriente. En la zona sur, las cloacas sólo existen en los centros de los distritos, y no llegan a cubrir a la mitad de la población, y allí donde se han amplia­do han sido fuente da curros y negociados lo que llevó a la paralización de las obras. Los desagües pluviales son verdaderos focos de contaminación con sus zanjas y arroyos a “cielo abierto“ donde el entubamiento y la limpieza redamados por los vecinos, duermen en los cajones de los funcionarios o “pasean” del municipio a la pro­vincia, pateándose la responsabilidad, mientras la población se inunda y se contamina como en el caso de Quilmes Oeste, donde a los arroyos contaminados por afluentes sin procesar de fábricas y frigoríficos hay que agregarle la quema indiscriminada de todo tipo de basura en zonas densamente pobladas. Con respecto a la salud, los escasos hospita­les han sido desabastecidos y reducido su presu­puesto como lo denuncia la CICOB (Comisión Interhospitalaria del Con urbano Bonaerense) en su plan de lucha. A la privatización de sectores como la provisión de alimentos en el hospital Finochieto, que encarece la prestación en un 300% (según denuncia ATE-Avellaneda) y no mejora el servicio se suma la total falta de mantenimiento en las instalaciones y aparatología y falta de reposición de éstos últimos y de reactivos para análisis clínicos y detección de enfermedades. O como en el caso del hospital municipal de Florencio Varela la falta de gasas, agujas descartables, escasez de profesionales (amén de ser un hospi­tal de 36 camas en un distrito con más de 200000 habitantes). En el hospital de Wilde, el único a cargo del municipio de Avellaneda, intervenido por el intendente Álvarez para descentralizarlo. La falta de puesta en funcionamiento de servidos construí dos y equipados con el esfuerzo de la comunidad se suma la demora en la reparación de equipos por falta de presupuesto y se agudiza la falta de personal que es trasladado o se va debido a las cada vez más deplorables condiciones laborales Frente a esta situación, es evidente que la epidemia (o mejor dicho, endemia) de meningitis. no es producto de la fatalidad, sino de las agudas condiciones de deterioro sanitario y ambientad que vive nuestra provincia. A eso hay que sumarle la desprotección en materia de cobertura social a que ha sido arrojada una gran masa de familias trabajadoras, producto de tos trabajadores “en negro” o por contrato, que no cuentan con beneficios sociales. La inmensa mayoría de los afectados per meningitis fueron habitantes de zonas carenciadas, por ejemplo la ribera da Quilmes, donde se dieron los casos con mayor mortalidad, donde a la falta ele instalaciones se suma el hecho que el microorganismo productor de la infección en­cuentra campo fértil para su desarrollo en las personas, especialmente niños mal alimentados o desnutridos. Otro signo de deterioro de la salud de la población es el aumento geométrico de la tuber­culosis que es una típica enfermedad de la pobre­za, que hace muchos años fue controlada y cuyo crecimiento es directamente proporcional al de­terioro de servidos esenciales como el Hospital Muñiz (una reciente información periodística da cuenta que en Estados Unidos las autoridades sanitarias se han visto sorprendidos por los muchos casos de tuberculosis que hay en ese país). Otro aspecto de la indefensión de la salud: la droga dipirona, que se usa habitualmente como antitérmico fue incluida por el ministro radical Aldo Neri en su nómina de medicamentos nocivos para la salud, por supuesto que no fue retirada ni reemplazada en las dependencias de Salud Pública. Recientemente ha sido denuncia­da como un medicamento cuyo consumo está prohibido por la Organización Mundial de la Sa­lud, porque produce graves problemas al orga­nismo, y hace más de diez años que no se produce más en los países del “primer mundo”. En nuestro país no sólo se sigue fabricando, sino que es el único medicamento de su especie con que cuentan nuestros hospitales. Esto nos demuestra que en la Argentina menemista, convertible y desregulada, gobier­nan los contaminadores y envenenadores de la población, a quienes para mantener su tasa de ganancia no vacilan en intoxicar a la población y contaminar el ambiente. Pero no sólo se trata del agotamiento de los planes de un gobierno, sino del sistema social imperante, el capitalismo, que se muestra inca­paz de mantener las condiciones mínimas de vida de sus explotados. En una ciudad de la antigua Grecia, dedicada esencialmente a la guerra, se arrojaba a los niños débiles o discapacitados al abismo. Los explota­dores hoy, para mantener sus ganancias no vacilan en arrojar al conjunto de los explotados y sus hijos al abismo de la miseria y la enfermedad. Es necesario que el conjunto de los trabaja­dores y la población oprimida nos nucleemos en una organización propia de los explotados para ponerte fin a este sistema en descomposición e imponer el gobierno de los explotados. V mien­tras lo hacemos, organizamos para defender nuestras elementales condiciones de vida. Para ello, pongamos a los hospitales bajo control de sus trabajadores y de sus pacientes y familiares. Organicemos asambleas populares en los distri­tos para discutir y aprobar un plan de obras que garantice la provisión de agua potable a toda la población y las instalaciones sanitarias adecua­das, exigir que se abran los libros contables de los municipios, para que sepamos donde están los fondos, a que se dedican y hacer un plan de impuestos a las grandes fortunas para financiar las obras aprobadas. Asamblea popular en los distritos para exigir abastecimiento de los hospitales y centros de salud, la inmediata puesta en funcionamiento de los comedores escolares, donde concurran, además de los alumnos, todos los niños y ancianos de la zona. V. Villanueva La campaña del PAMI Un compañero anunció en la reunión de los martes de la Coordinadora que la cam­paña publicitaria había costado al PAMI Dólares cuando anteriormente se dijo que no había costado nada al PAMI. Pero resulta que los artistas no habían cobrado nada pero los canales y los diarios si cobraron. La compañera Norma Díaz, expreso su oposición a que el Director de la Mesa Coordinadora en el PAMI haya dado su aval a semejante gasto. Luego hablo Liberman expresando que en este momento lo que nos preocupa es lo que quiera hacer Cavallo —retirar fondos del PAMI para paliar con esos fondos la situación da los jubilados en situaciones más afligentes— considero que no era lo mismo Cavallo qua Matilde Menéndez, aunque pertenezca lo mismo gobierno, como si la Matilde Menéndez que fue interventora en Y.P.F. no trabajo y trabaja a favor de toda la política menemista. Luego hablo Zirelli, director por la Mesa del PAMI, muy enojado con Norma Díaz, la acuso de ser siempre negativa, y que él no ha robado nada. Como jubilados del Partido Obrero creemos que jamás deberíamos haber dado el aval a semejante gasto, que hay otros gas­tos que son mucho más necesarios; segun­do, este tipo de campañas se presta para los curros. La Mesa debe levantar la consigna de Fuera Matilde Menéndez y todos los menemistas del PAMI, dirigido y administrado exclusivamente por los jubilados. Juan López (Capital) Comunicado de prensa Sigue el vaciamiento del Bernasconi El día 4 de Noviembre se llevó a cabo el desmantelamiento del consultorio odontoló­gico. El consultorio médico quedó funcio­nando con un solo profesional para 3.200 alumnos..., es evidente que este servicio no cumple con las exigencias mínimas de una medicina preventiva ni de urgencias inevita­bles. La Comisión de Padres del Instituto denuncia que, a pesar de las garantías ofrecidas en la transferencia al ámbito municipal, nuestros niños siguen siendo discriminados por falta de: equidad salarial, mantenimiento edilicio, material didáctico, personal de museos, biblioteca y seguridad, higiene, etc. Comisión de Padres del Instituto Bernasconi La justicia federal declara admisible una acción de amparo iniciada por estudiantes de la escuela de salud pública Buenos Aires, 1/11/92 Ante el resultado negativo de reiterados re­damos y ante el mantenimiento de la suspensión del denominado Ciclo Superior de la Licenciatura en Sistemas de Información para la Sa­lud, un grupo de alumnos de la Escuela de Salud Pública iniciaron acción de amparo. Con fecha 31 de octubre de 1992 la titular del Juzgado de 1° instancia en lo Contencioso Administrativo Fede­ral N° 8 declaró admisible el amparo. Emplaza por cinco días al director de la Escuela de Salud Pública, profesor Dr. Vicente Mazzafero, al decano y Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA y al rector y Consejo Superior de la UBA a dar por escrito las explicaciones que ordena la Ley de Amparo. Luego de precisar los distintos hechos que acre­ditan la existencia por parte de los demandados de las omisiones cuya arbitrariedad e ilegali­dad manifiesta les impide concluir el Ciclo Supe­rior, los alumnos invocan el reciente Decreto N° 1904 dictado el 19/10/92 por el Gobierno Nacio­nal. Por el mismo, se dispone la adhesión de Argentina a distintas iniciativas de la Oficina Pan­americana de Salud. Una de ellas dispone el “establecimiento de sistemas de información y vigilancia epidemiológica en materia de salud ocupacional...”. Siendo el único lugar que en el país pueden graduarse los Licenciados en Sistemas de Información para la Salud, la suspensión de los distintos ciclos de la carrera impide la graduación de personal y profesio­nales capacitados para el cumplimiento de esas iniciativas. Los alumnos afectados piden que la justicia federal ordene su inscripción como alumnos del ciclo superior, la reanudación de los cursos del mismo, fijando fecha de iniciación del curso lectivo 1992-1993, bajo apercibimiento que la Justicia disponga la designación de un delegado normalizador de la escuela de Salud Pública u otros apercibimientos. También solía tan que la Justicie ordene a los demandados que se les expida la Libreta Universitaria, el certifi­cado de estudios de los ciclos anteriores y se los incluya en el padrón de alumnos de la Facul­tad de Medicina de la UBA Los alumnos electa (tos denuncian que «I proceder que motiva el amparo judicial puede afectar el prestigio obtenido por la Escuela en el orden internacional, ya que en la misma han cursado estudios de perfeccionamiento alumnos becados por gobiernos extranjeros. Ángel F. Di Paola (abogado) - José E. Chaves - Zonia Quiroga – Graciela Ballarino – María C. Rodríguez

Carnereo el 9: Repudio masivo a la dirección de la UTPBA La dirección centroizquierdista de la UTPBA (Periodistas de Buenos Aires) tuvo el nada envidiable privilegio de compartir el papel de publicitados carneros del paro del 9 con su aliada de la CTA, la dirección de la CTERA. A pesar de ello, varias empresas del gremio cumplieron el paro. Crónica, Página 12, El Cronista, DyN, Segundamano, votaron a favor de la huelga por amplia mayoría. La conducción de la UTPBA había apelado a mil maniobras para desconocer la posición mayoritaria de parar del plenario del jueves 5. Logró con amenazas una resolución confusa que le permitía seguir trabajando en contra de la huelga. La Lista Naranja, que estuvo a la cabeza de la campaña por el paro, repartió dos volantes en el gremio (editado con horas de diferencia), uno antes y otro después del plenario, donde se denunciaba la política del gobierno y el papel de la CGT, y la actitud camera ^adoptada por la dirección de la UTPBA. En la tarea de agitación surgió con claridad la voluntad de parar que existía entre distintos sectores del gremio y que fue ahogada por la política de la conducción. Ésta dirección centroizquierdista se vio enfrentada a una franja de delegados que apenas 30 dfas antes habla hecho campaña por ella en las elecciones. El acelerado proceso de separación entre la dirección de la UTPBA y la masa del gremio tuvo su punto más alto y significativo en Página 12, donde una asamblea que decidió la adhesión al paro aprobó una moción de repudio a la conducción del gremio por impedir la libre expresión del Cuerpo de Delegados. En este cuadro adquiere particular relevancia el papel de la Lista Naranja que encabeza la oposición a la dirección centroizquierdista. Sobre la base de las reservas que mostró el gremio, sus delegados y activistas, es posible y necesario desarrollar un amplio agrupamiento para enfrentar la ofensiva oficial y de las patronales, que se viene con la “flexibilidad laboral" y el apriete salarial. Nelson Marinelli Pararon los gráficos: “A pesar del sindicato" El Sindicato Gráfico Argentino, con personería gremial N° 1.372, está adherido a la CGT, acatando las resoluciones que sean aprobadas por mayoría en el seno de la mi9ma, por tal motivo adhiere al paro general del día 9 de noviembre.” (Texto completo del comunicado del SGA). Esta fue la única herramienta con que contaron delegados y activistas para parar el 9. Donde terminaba este “amplio’’ comunicado empezaba la política para que nadie pare... “Estos dirigentes (de la CGT) no tienen autoridad para convocar un paro”, “todo seguirá igual al otro día”, “los talleres no quieren perder el premio” fueron los “conceptos" de la secretarla de organización en los días previos en los que no hubo una sola reunión ni general de delegados, ni de ramas, ni de grupos de delegados como suelen hacer. Nada. Literalmente se ocultó qué debatían los talleres y quién pararía y quién no. Cada taller tuvo que resolver el paro solo, de cara al escenario nacional, sorteando “chimentos" del sindicato de que la tendencia era no parar, según “escuchaban" ellos. En este cuadro paró probablemente el 80% del gremio, con una Naranja organizadora del paro a través de un volante desde 10 días antes, planteando plenario, fijando un programa y llamando a parar, en no menos de 40 talleres del gremio. Las editoriales (Atlántida, Perfil) pararon en masa. También grandes talleres de obra como IVISA, IPESA, Zupan, etc., la mayor parte de los talleres de offsset (Ramos Mejía, Morbillo, etc.) y una enorme cantidad de fábricas de hasta30, 20 ó 5 compañeros organizados y no organizados. Donde no fue masivo total, dividió. El sector más flojo fue diarios, donde la patronal otorgó aumentos en días previos (17% La Nación, 10% Clarín) y la burocracia jugó con todo contra el paro. Con todo, La Nación paró mayoritariamente y fue dividido en Crónica. El marysanchismo vergonzante del ongarismo fracasó. Talleres como IPESA votaron perder el premio y pararon 99 de sus 100 trabajadores. Delegados generales reporteados por la Naranja consideran que fue un "paro de la base, no de los dirigentes ", y que el eje dominante del debate en el gremio fue el proyecto de flexibilidad. La clase obrera observa que el arrebatamiento de conquistas que quiere imponer el gobierno es más estratégico que la miseria salarial contra la que peleamos a diario con avances y retrocesos. Ha percibido que alrededor de esto está planteada una lucha nacional, política, contra el Estado como representante de las patronales. Sólo una conciencia muy profunda de lo que está en juego pudo decidir a gremios como el textil —que cobra el 25% de su salario en presentismo— a parar en un 90%. Para nuestra Naranja Gráfica como para todas las agrupaciones clasistas y antiburocráticas se abre una gran posibilidad de intervenir Impulsando un paro activo nacional de 36 horas pero a condición do abrir un curso político y programático Independiente de la burocracia, por los 500 de mínimo, contra la flexibilidad y la privatización provisional. La fase del repudio la cumplió este paro matero, ahora necesitamos tomar las riendas de una movilización popular destinada a derrotar al gobierno Menem-Cavallo. Néstor Pitrola En el Inti: Estafa a la vista En base a un decreto de Menem de febrero del ‘92, las autoridades del INTI (Obeid y el Consejo Directivo) han dictado una resolución, que establece un régimen de retiros voluntarios, como paso previo a futuras disponibilidades (despidos directos). Las autoridades del Inti dan comienzo así a la cuenta regresiva en la liquidación de la institución. La "disponibilidad voluntaria" es un rodeo que han debido utilizar para lograr este objetivo, como resultado de la crisis política nacional y de nuestra movilización unitaria. La defunción del “plan" Cavallo pone en cuestión la continuidad de Obeid, hombre directamente vinculado al ministro. La agrupación Naranja calificó a estas medidas de “rodeo” y anunció que luego se implementarán las disponibilidades directas (para lo cual ya se han confeccionado las “listas negras"). Se apunta a crear un INTI súper burocrático con escaso personal, contratante de consultoras privadas. Con esto, el precio de los servicios técnicos se acrecentaría, en perjuicio de las PyMEs. En oportunidad de la implementación de los retiros voluntarios del '91, la Naranja advirtió que se trataba de un espejismo para los que se iban, y de un intento de desmoralización para todos. Hoy las “disponibilidades voluntarias" son una doble estafa: para los que se van, habrá cuotas en pesos, que comenzarán a cobrar a mediados de enero del '93, cuando ya vivimos la antesala de la devaluación y de la consiguiente inflación; para las autoridades "hay un vuelto", pues recibirán una partida con el dólar a 1 peso, para pagar con el peso devaluado. Se pretende que los trabajadores tiren por la borda muchos años de trabajo a cambio de escaso y devaluado dinero. La Naranja plantea la defensa y organización de los que se quedan y de los que se van, ya que nuestra política está dirigida a los trabajadores, más allá de su situación laboral. ¡¡ - Aumento de emergencia del 70% - Estabilidad laboral - Ningún despido!! Una Asamblea del personal aprobó una movilización para el lunes 16 al Plaza Hotel, donde se efectuará un Congreso de Ciencia y Técnica, con la presencia de Menem y Obeid; y la realización de una nueva Asamblea para el martes 17 de noviembre. Fortalezcamos nuestra lucha concurriendo a la movilización del 18/11 - 18 horas que parte de Congreso, convocada por los jubilados, sindicatos y partidos en reclamos de: - Aumento salarial - Contra la ley de flexibilidad laboral - Por la defensa de las conquistas laborales - Defensa del sistema previsonal, un mínimo de 450 pesos, el 70 y el 82%reales para los jubilados y pensionados, defensa de la educación y salud públicas, estatales y gratuitas. Lista naranja UPCN — Inti 13/11/92 Plenario ferroviario el 1° de diciembre Un grupo de activistas — de distintas corrientes políticas (entre ellos el PO) y de diferentes líneas del FF.CC. — que militamos para garantizar el paro del 9, nos reunimos para sacar un balance. La primer conclusión a la que arribamos es que en la base de la Unión Ferroviaria —y también en los otros gremios— se empieza a sentir el vacío de dirección por el pasaje de la burocracia a su nueva condición de patrones; la falta de convocatoria a Asambleas para discutir como efectivizar el paro y los objetivos por los que se paraba y por la falta total de un pliego de reivindicaciones mínima como norte de la actividad gremial. Frente a ello hemos decidido convocar a un primer plenario de trabajadores ferroviarios para reorganizar la puesta en pie de una dirección consecuente con los intereses ferroviarios. Esta convocatoria se da justo en el momento en que están por concluir la adjudicación de las privatizaciones, con lo cual la patronal y o la burocracia van a tratar de imponer la flexibilización laboral, acelerar el despido de otros 30.000 ferroviarios y destruir definitivamente las conquistas de los trabajadores del riel. Por eso, al plenario. La cita es el 1° de diciembre en Rincón 90. El rol del MAS en Ferroviarios De las 6 líneas ferroviarias el paro fue completo en 5 de ellas, esto a pesar de que la Burocracia no movió un dedo para asegurar el paro e incluso militó en contra ya que el comunicado de UF era de que había que asegurar los servicios de emergencia tal como pedía el gobierno, es decir convertir al paro en un NO paro. A pesar de tener en contra a la Burocracia, el debate de si había que parar o no se fue definiendo a favor del paro manifestando el odio contra Menem y Cavallo, desarrollando debates en los talleres y asambleas de vanas seccionales, principalmente de a Fraternidad, que tenían asegurado la masividad del paro. De todas estas asambleas la que se destacó fue la de señaleros del Sarmiento donde en un principio la tendencia de los compañeros era a favor de parar hasta que abrió el fuego un conocido dirigente del Mas, metiendo miedo y llamando a “no parar porque le debamos la excusa a la patronal para nos echen” y que frente a ello la Burocracia no nos iba a defender. La otra excusa es que no se sabía que iban a hacer las otras seccionales. De esta manera a la hora de votar hicieron bloque común entre la burocracia y el Mas logrando una ventaja de 6 votos contra la moción de parar. Por lo cual la única línea que “anduvo" (mínimamente) se debió en gran medida a la responsabilidad de la política del Mas. “Elecciones” en el Supe: Derrota política de la burocracia ibañista, a pesar del fraude Se realizaron las elecciones de Supe nacional y de la mayoría de las filiales (no en Capital). Los resultados conocidos hasta el momento revelan una debacle de la burocracia de Ibáñez- Cassia-Crespi. Recordemos que la única oposición nacional, la Marrón y Blanca, fue proscripta, y que sus apelaciones fueron denegadas en la instancia ministerial y que lo mismo ocurrió con las listas opositoras con posibilidades, como en Mendoza. En General Mosconi (Salta) los principales candidatos y activistas de la Marrón y Blanca local fueron despedidos, cuando ya habían sido reconocidos por la Junta Electoral. El candidato a Secretario Adjunto de la Marrón Nacional fue separado del sector donde es delegado en Capital, Sede Central, y enviado a “cursos", antesala del despido. A pesarte todo esto, los trabajadores se manifestaron. La Marrón y Blanca de Mosconi obtuvo el 30% de votos y congresales a la Federación Nacional. En Concepción del Uruguay la oposición perdió por 6 votos. Las noticias de Ensenada (La Plata) y de Comodoro daban el triunfo a listas opositoras ligadas aI CTA. Donde la oposición fue proscripta la abstención fue aplastante. En Capital votó menos del 20%; no llegó al 5% en Sede Central. Datos provisorios de Mendoza dan una abstención del 60%. La debacle de la burocracia Ibañista es total. La Granate de Capital realizó una importante agitación contra el fraude y llevó hasta última instancia la lucha por la presentación de la Marrón y Blanca. Los militantes del Partido Obrero de Capital pegatinaron las sedes de YPF el día del comido con el afiche "No voto a la traición”. El PO impulsa la organización de los activistas para recuperar el Supe, convertido por Ibáñez y Cía. en agencia menemista. El activismo debe y tiene que recordar que los que resisten hoy serán capaces de conducir mañana. Oscar Petri Profesorados y normales Abruptamente, sin que mediara comunicación previa alguna, la Municipalidad de Buenos Aires ha pasado a hacerse cargo de los establecimientos de educación terciaria y haría lo mismo con las escuelas normales en las próximas horas. En el Instituto Superior de Profesorado Joaquín V. González, uno de los afectados, ha comenzado a ges­tarse un movimiento de resistencia. Asambleas de estudiantes, docentes y padres han repudiado el traslado a la órbita municipal, denunciando la “mu­nicipalización” de los títulos, hasta ahora habilitantes a nivel nacional y exigiendo el cese de la intervención del Ministerio al establecimiento. La medida responde por entero a la naturaleza de este gobierno, es decir se hace en abierta violación a toda norma preexistente. La Ley de Transferencia, votada un año atrás en el Congreso, excluía el traspaso a las provincias de “las escuelas normales, los institutos superiores y la Enet N°1 Otto Krausse”. “La transferencia de los establecimien­tos de educación superior no está prevista en la Ley de Transferencias —señala Clarín, 11/11— pero el de­creto del 29 de Junio amplía las dis­posiciones de esa norma”, lo que confirma que para la “democracia” menemista no hay norma que se resista a un decreto de “necesidad y urgen­cia”. Salonia, a su vez, acaba de anunciar la transferencia Integral de las escuelas normales a las provincias y a la Munici­palidad. Este propósito es de vieja data y está guiado por el clero, que busca asegu­rarse el virtual monopolio en la formación de los docentes y por lo tanto apurar la destrucción de los centenarios normales. En junio Salonia intentó “partirlos" en dos, anunciando el traspaso a las provin­cias de sus niveles inicial, primario y secundario. Docentes, padres y alumnos de los normales se movilizaron masiva­mente en defensa de la unidad académica y pedagógica y contra la transferencia, obligando al gobierno a un paso atrás. Los ministros de educación provinciales resolvieron en ese entonces no consid­erar la transferencia da los normales hasta el año que viene. Salonia ha resuelto reemprender ahora la ofensiva porque el presupuesto educativo a cargo de la Nación prácticamente ha dejado de existir y porque confía, además, en la desmovili­zación creada por el fin del ciclo lectivo y la complicidad de Ctera. Pero se ha abierto una crisis: cuarenta y ocho horas después de anunciar Salonia el tras­paso de normales y terciarios a la provin­cia de Buenos Aires —el grueso de los establecimientos— antes de fin de año, “la Dirección de Escuelas de Buenos Aires (reveló) que no tiene apuro en recibir los 1070 establecimientos que ahora dependen de la nación... antes debe terminar un trabajo de análisis encarado por ocho comisiones” (Clarín, 13/11/92). Las asambleas del Joaquín V. González han resuelto volver a confor­mar la comisión coordinadora de padres, estudiantes y alumnos para discutir un plan de acción contraía municipalización. En las normales, que vienen de un paro masivo un mes atrás por 500 pesos de básico y la unidad académica, los do­centes se encuentran en estado de asamblea. Discuten volver al corte de calles y a la movilización popular en cada distrito en defensa de los establec­imientos afectados. Unamos los re­clamos de normales y profesorados, recreando y extendiendo la experiencia de internormales, la organización de lucha “autoconvocada” surgida durante la movilización educativa. Ch. R. UTA: Gran movilización de choferes Tal como lo denunciáramos el 30/11, la patronal fue a fondo en la aplica­ción práctica del Acta-Acuerdo firmada por UTA con FATAP-CEAP el 16/10, por el cual “se absorben otras remuraciones que estuvieran por encima del piso convencional anterior”. En efecto, en numerosas líneas del Gran Buenos las patronales se “chuparon” los premios logrados los choferes con anterioridad en negociaciones línea por línea: premios por presentismo, por corte de boletos, porcen­tajes sobre la recaudación diaria, etc. Hasta se dieron casos en que los compañeros luego del aumento del 37%... ¡¡¡cobraron menos que el mes anterior!!! Pero la reacción de los com­pañeros en las líneas en que esto ha sucedido no se hizo esperar. En la línea 86, ya el sábado 7 habían manifestado su bronca y cortaron el servicio, declarándose en huelga hasta que les pagaran lo que les correspondía. En la Roca de Lomas, tam­bién se cortaron; el martes 10 se moviliza­ron a la delegación local del Ministerio de Trabajo y... el miércoles apareció la plata. Los choferes cobraron “a cuenta del sueldo" (lo que significa que los chupa- sangre están naciendo tiempo para buscar la forma de volver a robar el premio). En la 79 y en la 148 comenzó en la semana un trabajo a código o a reglamento por los mismos motivos. Se extiende así la movilización de los choferes en defensa del salario y las condiciones de trabajo. Este es el camino que debemos profundizar. La tarea que está planteada es la lucha contra la absor­ción del 37% y la coordinación con los movimientos que se están desarrollando en las diferentes líneas. Por un básico unifi­cado para toda UTA. Que hablen los tra­bajadores. No a los “premios” (están atados acondiciones de superexplotación). No a la “flexibilidad’' patronal. Corresponsal UTA - Sur

Para la dirección de ATE, la sanción de la ley de paritaria para estatales constituiría la satisfacción de un reclamo histórico. Para Chacho Álvarez (Fredejuso) “es reconfortante llegar a este instrumento legal” (Diario Gremial, 12/11) uno de cuyos autores es Germán Abdala, dirigente de ATE Capital y de la misma coalición centroizquierdista. Para el miembro informante de los radicales se trataría de “una justa reparación que esperó años”. El texto, casi no es necesario decirlo, fue aprobado por todos los bloques en forma unánime. La primera paradoja de esta ley es que no constituye una paritaria. Según el artículo 8, “Las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral, deberán sujetarse a lo normado por la ley de presupuesto y a las pautas que determinaron su confección”. El reclamo salarial que autoriza la ley es “lo que quede” luego del pago riguroso de las deudas externa e interna. De todos modos, esta seudo-paritaria tiene alcance solo para la administración pública nacional, pues las provincias y la Municipalidad “podrán adherir” (art. 2a) según sus propios criterios. Pero la flamante ley va más lejos todavía al plantear la negociación por empresa o por sector, (art. 6S) y eliminar la negociación de salarios a nivel nacional. Hasta la sanción de esta ley existía una negociación de conjunto y al nivel del Ministerio de Economía. El texto le asegura a “las asociaciones con personería gremial (nacionales)” (art, 6S) la atribución de las negociaciones por empresa, exactamente como lo plantean Lorenzo Miguel, José Rodríguez, etc. La ley desarticula a la base del gremio frente al Estado, pero refuerza a la burocracia del sindicato contra las bases, es decir el control férreo de las burocracias mayores (tal como lo reclaman Cavalieri o Lescano). La dirección degenarista ha firmado el mismo texto que suscribiría su "rival" menemista, Andrés Rodríguez de UPCN, estableciendo un signo igual entre el sindicalismo “ultra alcahuete” y el “pluralista” (colaboracionismo de clases y el sometimiento de los sindicatos a la tutela del Estado-patrón). El texto plantea, siguiendo el fallido texto de paritarias de Mary Sánchez, un conjunto de alternativas que permitan “auto-regular los conflictos” (art 18) (suspensión temporaria de la aplicación de medidas de acción directa, guardias mínimas, no afectar servicios esenciales). Siguiendo una tradición en la materia, la ley fija la retribución “salarial" de la burocracia de los gremios estatales. El texto admite “cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones participantes en la negociación” (art. 13), que, además, serán descargadas sobre el conjunto de los trabajadores, estén afiliados o no. La seudo ley de paritarias estatales educa sobre la naturaleza de la burocracia centroizquierdista, tan reaccionaria como la otra pero mucho más pérfida por su lenguaje radicalizado. El “nuevo sindica­lismo” se vuelve a desnudar en este “reconfortante instrumento” que es la negación de la lucha sí histórica de los estatales por paritarias libres.

La “corrida" del dólar de la semana pasada sirvió, entre otras cosas, para dejar muy en claro ante la opinión pública que la introducción de la llamada “jubilación privada” es un asunto que interesa exclusivamente, no a los jubilados futuros o actuales, sino a los banqueros. Entre las “cartas" que los “mentideros” adjudicaron en forma unánime a Menem y a Cavallo para detener la “corrida" cambiaria, figuraba en primer lugar la instauración de la “jubilación privada" por medio de un decreto de “necesidad y urgencia". No los trabajadores supuestamente “benefi­ciarlos”, sino los capitalistas, reclamaban superarla crisis financiera con la inyección de cuatro mil millones de dólares que la “Jubilación privada" le sacaría por año a los siete millones de asalariados que tiene el país. Sobre llovido, mojado —la “Jubilación privada" com­pulsiva, forzosa y obligatoria saldría, no por ley, sino por decreto, casi como un acto unilateral de los propios banque­ros, ya que Cavallo y Menem no son otra cosa que sus representantes, o mejor (confesión de Cavallo) sus merce­narios e incluso sus títeres. Y todavía existen imbéciles, y por supuesto numerosos, que aseguran que el Estado “democrático” representa al conjunto de la sociedad. Como ya lo dijera hace algunos meses un personero del nuevo sistema, con la “privatización” de las jubilaciones éstas no podrían mejorar su nivel presente hasta muy avanzado el siglo XXI. Sin embargo, se insiste en que beneficiaría a los jubilados a pesar de que, contrastando con lo anterior, Cavallo reconoció que el actual sistema del Estado podría pagar el 82% móvil si no hubiera una evasión (naturalmente patronal, agente de retención) ¡del 65%! (polémica en Tiempo Nuevo” con el diputado de la UCR, Enrique de Olivera). Para agravar aún más las cosas, la transferencia de los aportes obreros a las Cajas Privadas y la supresión de los aportes patronales a ellas (ya que podrán deducirse del IVA), significarán un déficit absoluto de 35.000 millones de dólares para las actuales Cajas del Estado, encargadas de pagar las prestaciones a los actua­les jubilados, durante cuarenta años a los trabajadores que han aportado al sistema público y asegurar una “presta­ción asistencial” a todo el mundo. Esos 35.000 millones de dólares de déficit fiscal “asegurado” para las próximas décadas será financiado por las Cajas Privadas, de modo que lo que el Estado asegura que es incapaz de pagar hoy, promete pagarlo de aquí en más con el agregado de los intereses y beneficios que deberá abonar a los banqueros y los especuladores que pasarán a monopolizar la “Jubila­ción privada”. ¿Y la CGT? La burocracia no ha presentado ningún pro­yecto, sino solo algunas modificaciones al proyecto oficial como se explica a continuación. De sus términos se deduce que no sólo no habrá de defender a los trabajadores sino que es la punta de lanza de una “alternativa” aún más antiobrera que la que presentaron oficialmente Menem y Cavallo. Las enmiendas de la burocracia La burocracia de la CGT ha presentado algunas modi­ficaciones al proyecto oficial de reforma provisional que califica de “alternativo” al del gobierno. La propuesta cegetista plantea mantener el actual sistema público de reparto y “limitar el régimen de capitalización a un sistema de carácter voluntario” (Clarín, 12/11/92). Esto significa que los trabajadores deberían optar entre seguir aportando el 11% de sus salarios a las Cajas Oficiales (porque se eleva en un punto el actual descuento del 10%) o hacerlo a las Cajas privadas, a través de las AFJP, (Admi­nistradoras de Fondos de Jubilación y Pensión) La otra novedad de la propuesta es que “además de los bancos, podrán cumplir el rol de AFJP, sindicatos, mutuales, cooperativas y sociedades anónimas” (Ídem). En resu­men, la burocracia se anota en el negocio bajo la cortina de humo del régimen “optativo”. Está claro que la “reforma” de la burocracia no tiene, nada de “alternativa” y que se trata de un emparche al proyecto oficial, aunque más pórfido y monopólico. Los burócratas no objetan el aumento de la edad para jubilarse o el aumento del aporte de los trabajadores, ni tampoco lo hacen con otros aspectos canallescos del pro­yecto oficial —como las elevadas comisiones que podrán descontar las “cajas privadas” sobre esos aportes (30%); la eliminación del aporte patronal, que podrá deducirse del IVA; y la aplicación de los fondos de esas “cajas” a la finan­ciación del pago de la deuda externa y de la especulación en Bolsa, es decir paira fines parasitarios y confiscatorios, que no consultan obviamente ningún interés de los trabajadores en materia de, por ejemplo, vivienda, salud o educación. La propuesta de la burocracia procura "adornar” al proyecto oficial con la falacia de una “libertad de opción” entre un sistema estatal de reparto al que se le succionan todos los fondos y que solo pagará jubilaciones de caridad, y un sistema “privado” destinado a engordar a los usureros y que tampoco pagaría jubilaciones que superen el 40% del salario. El proyecto de la burocracia se inscribe en la liquidación del sistema jubilatorio, ya que es obvio que la “Jubilación privada” que propugna y a la cual quiere asociar a los sindicatos, solo es viable si no sufre la competencia de la estatal. La “opción” que ofrece la CGT es la de verse forzado a entrar al sistema privado. La burocracia apoya, precisamente, derogar el 82% móvil; y calcular el haber jubilatorio en base a los salarios promedio de los últimos 10 años (y no, como hasta ahora, a los 3 mejores años de los últimos 10) lo cual garantiza que el sistema público, de reparto, acabe pagando haberes inferiores a las miserables jubilaciones actuales. En cambio quien opte por el sistema privado recibiría del Estado la prestación básica (unos 82 pesos mensuales), se le reconocerían los años aportados al sistema público, en la forma de una prestación complementaría, y lógicamente tendría además la jubilación privada. Mayoritariamente, entonces, los trabajadores optarían por la jubilación privada, porque recibirían cuando se jubilen una jubilación estatal más la que resulte del sistema privado. No es casual que todos los partidarios de la jubilación privada “optativa” (sectores de la UCR, del PJ y la Ucede) plantean reducir, bajar y achicar las jubilaciones oficiales, porque ésta es la condición para que los trabajadores se afilien “voluntariamente”, claro, a las “cajas privadas'’. Pero la perfidia de la burocracia no se limita al plano “moral”, es decir a su cinismo. Su función es netamente económica. Se busca con la “optatividad” superar las crí­ticas que ha sufrido el proyecto oficial, cuyo carácter obliga­torio y forzado no se compadece con los elevados descuen­tos que autoriza sobre los aportes bajo la forma de “comi­siones”, o con la ausencia de garantía estatal para los de­pósitos constituidos compulsivamente por una ley. La “optatividad” transfiere toda la responsabilidad por las condiciones leoninas que está obligado a aceptar de la “jubilación privada”, sobre el trabajador aportista (de lo contrario podrá “optar” por la caridad del “sistema” estatal). En un sistema obligatorio el aportista podría ganarle un juicio al Estado, por no garantizar los depósitos de un Fondo que hubiera quebrado; no podría ocurrir lo mismo en un sistema “libre”. En síntesis: al presentarse como “voluntario” u “optativo” el trabajador es forzado “libremente” a afiliarse a la jubilación privada y cargar con todos los costos de su “soberana "elección. Esta es la PERFIDIA de las modifica- dones de la repodrida burocracia sindical, que, al mismo tiempo, plantea un régimen que le permita participar de esta fabuloso negociado. Este reclamo “participativo "de la burocracia ya estaría resuelto favorablemente, según Matzkin, titular del bloque de diputados del PJ. Según El Cronista, se están realizando “ciertas reuniones... entre sindicalistas de primera línea y ejecutivos de los bancos y las centrales de banqueros más importantes buscando ... asegurar la mayor parte de los fondos del nuevo sistema provisio­nal a las entidades creadas por los sindicatos y algunos de los bancos más importantes para participar de ese negocio” (11/11/92). Esta asociación de burócratas y banqueros ya rige en “empleados de comercio”, puesto que Cavalieri armó un sistema provisional “complementario” entre el Sindicato y la compañía de seguros La Estrella. La participación de la burocracia en este “negocio” es vital para los banqueros, porque les permitiría contar con todo el aparato de aquélla para “convencer" a los trabajadores de las “bondades” de las Administradoras que formen, con mucha mayor efectivi­dad y a menor precio que la publicidad comercial y la legión de vendedores que debería contratar en caso contrario. Para la burocracia como para los banqueros, los delegados deberían cumplir el rol de “afinadores” de los “fondos jubilatorios privados La burocracia ha hecho de la cues­tión provisional todo un “efe”, porque la considera su “reserva de mercado La burocracia viola también toda la tradición sindical al plantear que el sistema provisional se financie con la contri­bución del trabajador. La jubilación debe ser financiada exclusivamente por el aporte empresario, porque se trata de un salario que se paga en forma diferida. De lo contrario, el trabajador paga parte de su salario (futuro) con su salario (presente); es decir que no cobra b que debe cobrar. No es casual que los partidarios de la “jubilación privada "califi­quen a la contribución obrera de “ahorro” y planteen suprimir el aporte empresario, como si el trabajador pudiera “ahorrar" sin que se le confisque, “obligatoriamente" el salario. (La propia teoría económica burguesa dice que la “propensión al ahorro” del trabajador es cero, esto para adjudicarle al capitalista la función de “inversor” por su “propensión” a ahorrar, y no por su capacidad para explotar al obrero). La eliminación del descuento provisional del trabajador permitiría aumentar el salario del trabajador activo sin afec­tar la jubilación, ya que si para los partidarios de la “Jubilación privada” el 10% del salario obrero alcanza para una jubilación digna, que decir de un aporte empresario del 16% de los salarios: alcanzaría para jubilaciones superiores en un 60% a las prometidas por el sistema “privado”. La “jubilación privada” ya quebró Es indudable que si la reforma provisional oficial hu­biera estado en vigencia en el último año, los Fondos de Pensión estarían hoy totalmente quebrados. El “ahorro” obrero hubiera ido a parar a títulos y acciones cuyos precios, como es muy sabido, se desplomaron con la vertiginosa raída de la Bolsa. En Chile, a los dos años de implantada la jubilación privada se produjo una espectacu­lar quiebra de los Fondos. Según Econsult, la principal consultora provisional chilena, y acérrima defensora de la “Jubilación privada” por otra parte, “la crisis financiera de 1982-83, que se expresó en la insolvencia de los mayores emisores de títulos de deuda, incluidos los bancos, llevó a la autoridad a intervenir el sistema bancario y a proceder a la liquidación de la mayoría de los fondos mutuos, incurriendo en fuertes pérdidas ambos sistemas de ahorro” (ver “Clasificación de Riesgo”, Econsult). Además: “La necesidad de rescatar a los bancos para salvar el naciente sistema provisio­nal reformado, correspondiente a ahorros obligato­rios por ley a los trabajadores, impuso costos sociales difícilmente cuantificables. Con la crisis se hizo paten­ta, por un lado, la vulnerabilidad de! naciente sistema provisional, con grandes inversiones en títulos bancarios, incluso emitidos por bancos intervenidos por estar técnicamente quebrados; y por otro, la necesi­dad de evaluar el riesgo en que incurrían tanto los fondos de pensiones como otros inversionistas institucionales...” Econsult aclara que los bancos tenían entonces “garantía estatal... sin la cual la banca no habría podido subsistir". Lógicamente uno de los “costos sociales difícilmen­te cuantificables” fueron las pérdidas del propio aporte obrero provisional, la caída del salario y el fenomenal incremento de la desocupación, que llegó al 30% de la población activa. Esto indica la potencialidad de la crisis financiera y económica que provoca la quiebra de los fondos provisionales, y efectivamente una situación simi­lar a la chilena de 1982-83 habría sucedido en Argentina si la reforma provisional oficia! estuviese en vigencia. De ahí que es falso que la instauración de la jubilación privada resolvería la crisis financiera latente y más falso aún es que solucionaría la crisis cambiaría que se avecina Potenciaría ambas crisis, porque a la primera desvalorización de títulos y acciones, junto al sistema bursátil, se hundiría toda la red de “previsión social” J. M.

Cavallero integró a la Municipal de Rosario a un lobby empresario para obtener la concesión del servicio de trenes de pasajeros Rosario-Buenos Aires. Participa con la "Empresa para obtener la concesión del servido Latina de Servicios" junto a otro grupo en el consorcio “Litoral", adjudica­tario también del estacionamiento subterráneo que se construirá debajo de la plaza Sarmiento (plaza donde la Municipalidad realizó una inversión muy importante para su remodelación e instalación de una terminal de colec­tivos). Se confirma la denuncia del PO, de que la paralización de los trenes per seguía exclusivamente el objetivo de desvalorizar el servicio para, luego, re matado. Negocio redondo, donde la participación de la Municipalidad rosa riña será la garantía “estatal" que dará seguridad al negocio Cavallero viene desarrollando esta política de “beneficios" para los capitalistas en otro conjunto de cuestiones (puerto de Rosario, Dipos, privatización del banco mundial, etc.) y volvió a quedar claramente gratificada cuando ante el pedido de aumento del boleto solicitado por las patronales de colectivos, el Ejecutivo Municipal propuso ¡un aumento del 30% en el boleto! Sin que nada lo justificase. A los trabajadores municipales, en cambio, les niega el pago de un juicio por salarios mal pagados, que cuenta ya con fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Estos hechos denuncian el carácter de la política del socialismo popular, ejecutor del plan menemista, y su integración económica a los grupos capitalistas que operan en la zona.

Un reguero de luchas está conmo­viendo a la provincia Los choferes do (a UTA cumplieron un paro masivo de 24 horas con violentos choques con la policía que salió a reprimir a los piquetes. como parte de un plan de lucha para que le paguen el 37% de aumen­to logrado a nivel nacional. Los telefó­nicos están cumpliendo un paro por tiempo indefinido, reclamando el cum­plimiento del convenio. Varios secto­res de la construcción están en paro y se han realizado manifestaciones. Los obreros de Alpargatas han ins­talado una olla popular en puerta de fábrica y en una reciente asamblea han resuelto relanzar la huelga si la patronal no reincorpora a 60 trabaja­dores, entre ellos 17 delegados. Este giro combativo tuvo su expre­sión en el paro masivo de la CGT del 9 de noviembre, incluidos la UTA y la docencia de ATEP, la cual desoyó la posición de Mary Sánchez. Estas luchas han tenido la virtud de quitarle la careta al gobierno de Pa­lito y mostrarlo como realmente es: un gobierno abiertamente patronal, que no ha vacilado en reprimir ferozmente las acciones de los trabajadores. Es precisamente para lavarse la cara que el gobierno acaba de “retocar" al ga­binete, reincorporando a figuras "progresistas”, como el intendente de Monteros de la Unidad Socialista, Ruiz Olivares, en la Secretarla del Interior; a un cuñado del Che Guevara y ex preso político, Fernando Chávez, en la Secretaría de Vivienda; a un ex diri­gente del Peronismo Revolucionario, Juan C. Ramírez, en la Secretaría de Trabajo. Estos, juntos a otros, como la ex monja Gioconda Perrini, ligada a las corrientes “progresistas de la Iglesia", tienen la misión de poner la cara para engatusar al pueblo, esto en defensa de la política que los Sisto Teran (alsogaraista), y los Paulinos Rios y Paz Posse, ejecutan en favor de la gran banca y el gran capital. Crisis política Este ascenso de las luchan obro ras se da en un cuadro do agrava miento do la crisis política. La legislatura esta semiparalizada, al punto quo no puedo elegir sus autoridades, y están frenados varios proyectos del go­bierno, esto como consecuencia del fraccionamiento en varios bloques de la bancada del Frente Esperanza, aho­ra acentuada por las disputas para elegir al senador nacional. Hasta en el propio ejecutivo son públicos los enfrentamientos entre Palito y el vicegobernador Díaz Lozano. Estos fraccionamientos reflejan la disputa por las privatizaciones provinciales (Agua y Energía, DIPOS, Banco Provincia, etc.) y sobre las salidas a la bancarrota en que se encuentra la industria azucarera. El bussismo no parece poder apro­vechar esta situación (aunque haya lo­grado absorber la mitad de la Ucede, que se ha disuelto en los hechos), y hay signos evidentes de disgregación en sus filas. Una parte de la dirigencia del interior, que encabeza el diputado nacional Ibarreche ha formado otro partido. La bancada legislativa está di­vidida en dos bloques y dentro del par­tido se ha profundizado el choque en­tre Bulacio (Intendente de San Miguel) y Bussi. El agotamiento del Plan Cavallo ha sido un factor central en el impasse a la cual ha sido llevado el gobierno de Palito. El plan de privatizaciones pro­vinciales está empantanado, la crisis del Mercosur y la guerra comercial entre las grandes potencias ha colocado una barrera a la posibilidad de expansión de producción citrícola, tabacalera y frutihortícola. El plan de salvataje de los ingenios ha fracasado. A pesar de haber destinado los fondos del Banco Provincia y la Caja Popular al financiamiento del Mercoazúcar, un monopolio manejado por los grandes ingenios para “regular” la comercialización, el precio sigue en niveles ruinosos. También fracaso la política de préstamos de la banca privada para retener stocks de la azúcar garantizada con fondos de la Coparticipación Federal. Varios especialistas han señalado que la crisis es más profunda que la del año 1966, y que de la misma no ce sale sino con un cierre de las fábricas más; insolventes y la quiebra de un vasto sector de los cañeros. Las patro­nales ya han anunciado, ante la inminencia del término de la zafra, el des pido masivo de obreros, incluso per­manentes. Por una política de conjunto Mientras las luchas, brotan como hongos la burocracia de la CGT insiste en el apoyo al gobierno provincial. La centroizquierda, como vimos, no ha vacilado en cazar algún puesto a caballo de la crisis. Los explotados de Tucumán asistimos, a una escala aun mayor que en el pasado, al desarrollo de una enor­me catástrofe social, que los capitalistas no van a resolver de ninguna manera. Debemos plantear, ante esto, un programa de conjunto, sobre cuya ba­se la clase obrera pueda ofrecer una alternativa de salida y de poder a la provincia, es decir a las masas. Necesitamos un plan económico y político. Para ello necesitamos deliberar en asambleas en lugares de trabajo y fundamentalmente en Asambleas Populares, para votar medidas de fondo. Por ejemplo: control obrero sobre los ingenios y grandes fincas azucareras y agrícolas para mantener en pie el trabajo y la producción a costa de los elevados beneficios patronales. Asimismo, deberíamos votar para que se abran los libros do los bancos, donde te acumulan fraudes inimaginables contra el pueblo, por ejemplo una deuda do 40 millones de dólares, los ingenios, principalmente, con el Provincia, que los pulpos se niegan a pujar. El crédito provincial podría ser productivamente utilizado por los trabajadores para impulsar la industrialización y los malarios. Necesitamos un programa de con junto para ir a una lucha a fondo, que es la única que podrá rescatar los salarios, la educación y la salud, y terminar con la gigantesca desocupación y con la miseria Esta política de conjunto plantea la lucha, en definitiva, por el poder. Llamamos a asambleas popular en para apoyar las luchas, para votar un programa y para decidir un gran plan de movilizaciones. Esto responde a una absoluta necesidad, independientemente do lo que decida hacer la burocracia de la CGT, que apoya al go­bierno con alma y vida. Llamamos a los partidos que no se han entregado al menemismo y a los explotadores, a las comisiones internas y a los sindicatos independientes, a los centros de estudiantes y a las agrupaciones vecinales combativas a formar un Frente de Acción para enfrentas la catástrofe capitalista y vehiculizar una sali­da política propia de los trabajadores.

¿Es cierto que Menem y Cavallo están defendiendo la estabilidad del peso con­tra los especuladores, o es más bien lo contrario, es decir, que están defendiendo a los especuladores contra el peso, y por lo tanto contra los salarios y las jubilaciones que se siguen y seguirán cobrando en pesos? Aunque pasen de “estabilizadores”, es bueno tener presente que Menem y Cavallo han sido y siguen siendo los principales desestabili­zadores. Esto se ve claro en el hecho de que había permitido que el costo de vida subiera un 50% desde el inicio del *plan de convertibilidad'’, a pesar de que este “plan” congeló los salarios e inmovilizó la paridad con el dólar. También se manifiesta en que han autorizado la indexación de los alquileres de acuerdo a la valorización especulativa de la propiedad, y consiguientemen­te de los impuestos y tarifas que gravan al conjunto de las viviendas. Menem y Cavallo también autorizaron la indexación de las tari­fas del servicio público que fuera “privatizado”. Como consecuencia de todo esto el peso ha perdido en un año y medio un 40% de su valor. El principal perjudicado fue el salario, esto porque los beneficios empresariales fueron indexados, o fueron privilegiados con la cance­lación de deudas a menos de la mitad del valor con respecto al momento que fueron contraídas. Es el caso de las deudas empresariales con los bancos oficiales. Hace solamente dos semanas Menem y Cavallo volvieron a desvalorizar el peso, cuan­do autorizaron aumentar la cotización del dólar que venden los exportadores y que compran los importadores. Se ha calculado que esta devaluación debe entrañar un crecimien­to del 6% en el costo de vida, es decir una pérdida para los trabajadores de tres mil millones de dólares en beneficio de la llamada “patria exportadora”. El gobierno creó de este modo, varios tipos de dólares; el dólar para ricos, a 1,20 pesos, y el dólar para jubilados, por ejemplo, a 0,40 pesos, que es la cotización del Bocón provisional. Además, con la “corrida” cambiaría de la semana pasada el gobierno produjo otra deva­luación, al provocar un aumento de la tasa de interés, del 20 al 45% anual, que descuenta el riesgo, precisamente, de una devaluación de la moneda nacional. Según coinciden todos los diarios, esta suba ha reportado enormes beneficios a los bancos. Con esta maniobra devaluatoria la “patria financiera” se ha unido a la “patria exportadora” en los beneficios de la devaluación del peso. De lo que se trata, de aquí en más, es de darle el golpe de gracia al peso, y más precisamente de ponerlo nocaut. De a- cuerdo a las últimas informaciones, Cavallo se aprestaría a *dolarizar” la economía, permi­tiendo la apertura de cuentas corrientes y la emisión de cheques en dólares, y autorizando a los bancos a constituir sus encajes indistinta­mente en cualquier moneda. El significado de estas medidas es muy claro: constituyen un llamado oficial a una “corrido” cambiaría “en orden”. A diferencia de Sourrouille, que permitió la suba del dólar cuando muchos grandes capita­listas tenían sus reservas en pesos (lo cual provocó la caída del ministro y, luego, de su presidente, Alfonsín), Cavallo y Menem están ofreciendo las reservas del Banco Cen­tral para que los grandes capitalistas se lleven lo que necesitan, esto antes de proceder a la completa devaluación del peso. De modo que cuando Cavallo dijo que “el que apuesta contra el peso, pierde”, estaba mintiendo descaradamente. Los que han “corrido” con­tra el peso no han salido “castigados*, como había prometido, sino “premiados”, pues podrán usarlos en nuevas funciones de reser­vas bancarias y de transacciones corrientes. De acuerdo a las informaciones de los dia­rios, Cavallo se propone crear una economía con dos monedas: con el peso se pagarán los salarios, en tanto que los movimientos de crédito y de capital se harían en dólares. Cuando se logre alcanzar aproximadamente esta situación, el gobierno devaluará el peso, es decir los salarios, los que según los capitalis­tas, están hoy “muy caros” en dólares. El de­rrumbe del “plan Cavallo” resulta, entonces, más que completo: no solamente acaba con una devaluación del peso sino con el propio peso. El “plan de convertibilidad” no habría sido en este caso más que una etapa en la expropiación económica de los trabajado­res argentinos y en el saqueo dirigido a pagar la deuda externa. Podemos asegurar, sin embargo, que semejante “plan” no tiene ninguna posi­bilidad de desenvolverse “ordenada­mente” y que culminará en una desvalori­zación salvaje. Ocurre que “dolarizar” la economía significaría “privatizar” las reser­vas en dólares del Banco Central, reduciendo a cero las garantías del pago de los intereses de la deuda externa. Significaría también que el Banco Central ya no podría socorrer a los grandes capitales que quiebren, esto porque carecería de dólares y no podría emitir pesos. Semejante situación sería intolerable para la burguesía argentina. El propio crédito inter- nacional podría quedar suprimido, esto al de­jar de contar con la garantía del Estado y limitarse a depender del balance que ofrezcan las empresas nacionales. Pero si el gobierno no toma esta ruta catastrófica de la “dolarización”, ello tampoco salvará al peso, devaluado ya por todos lados por parte de la “gestión” menemista. Menem y Cavallo se encuentra hoy en la misma situación en que se en­contraba Grosso hace un mes, y exacta­mente por las mismas razones. A los capitalistas, Menem les está dando la oportunidad de pasarse a dólares antes de la devaluación: “Síganme, les dice, no los voy a devaluar”. A los trabajadores les ofrece otro engaño como el del “salariazo” y el de la “revolución productiva”, y por eso intenta, por tercera vez, hacer pasar su viejo verso: “Síganme, no los voy a devaluar” La tercera es la vencida.