Prensa Obrera N° 364

La guerra que atormenta desde hace un año y medio a la población yu­goslava se ha concentrado en los últi­mos meses en la región de Bosnia, donde las atrocidades cometidas evo­can el genocidio nazi. Varios miles de muertos, más de 130.000 detenidos en campos de concentración, deportacio­nes masivas y familias expulsadas de sus hogares en trenes de carga, han creado la mayor ola de refugiados en Europa desde 1945. Los gobiernos de Serbia y de Croacia están impulsando una "limpieza étnica” para acaparar la mayor cantidad de territorio para sus respectivas “Repúblicas”. La mayoría de los comentaristas opina que esta guerra representa una “Inevitable herencia del pasado", el cual estaría signado por “enfrenta­mientos seculares”. Sin embargo, durante las últimas décadas prevaleció la coexistencia e incluso mezcolanza entre los diversos grupos, y en primer lugar en la propia Bosnia, que es un mosaico de musulmanes, croatas y serbios. La generalización de matrimo­nios mixtos en una de cada cuatro o cinco familias desmiente categórica­mente la supuesta existencia de un “odio racial irresoluble”. Durante años la Federación Yugos­lava siguió una política de integración étnica basada en la distribución pacta­da de los cargos del Estado, la cohabi­tación multiétnica en el ejército y la promoción económica de las regiones más postergadas. Los conflictos inter­estatales solo pasaron al primer plano cuando comenzó el derrumbe econó­mico del país como consecuencia de la política fondomonetarista y del pago de la deuda externa. Durante 20 años la burocracia titoísta aplicó un “ajuste” tras otro (inflación y desocupación) para cumplir con los usureros de la banca internacional. De los conflictos entre los Estados se pasó a la desinte­gración abierta como consecuencia del desplome político de la burocracia y de la presión imperialista a favor de la secesión de las regiones con mayor desenvolvimiento comercial. El interés que guía a las distintas camarillas burocráticas, “converti­das” a un seudo nacionalismo, es repartirse los recursos económicos (la propiedad) en el proceso de restaura­ción capitalista. La pequeña burguesía intelectual de cada región ha brindado los argumentos medievales y fascistas para esta cruzada, rehabilitando las ideas más cavernícolas sobre la supe­rioridad milenaria del "esclavismo" o el "croatismo". La política de conquista territorial Al inicio de la guerra la burocracia serbia de Milosevic se resignó a la pérdida de la rica Eslovenia, que se colocó bajo la protección directa del imperialismo alemán. La lucha se traspasó a Croacia, donde la burocracia local de Tudjman respondió con el mis­mo envenenamiento nacionalista y la misma política de genocidio. Milosevic impulsa la formación de una "Gran Serbia" anexando todos los territorios que cuentan con alguna minoría serbia, mediante la asimila­ción, la expulsión y la masacre. Se apoya en el ejército federal y en las bandas armadas de reyezuelos auto- proclamados jefes de “repúblicas serbias", que se encargan de aterro­rizar a la población civil cavando una fosa de sangre con los otros grupos. Por su parte la burocracia croata utiliza la misma metodología y junto al sector rival de Tujman —los ustachis— propugnan la reconstrucción de la “Gran Croacia" que existió como títere de la ocupación nazi en 1942. En Bosnia los combates son aún más violentos porque los croatas y serbios luego de fundar cada uno su propia “república autónoma” masa­cran en común a la mayoría musulma­na para dejarla fuera del reparto. Tuj­man y Milosevic ya han negociado in­cluso esta distribución que incluye la propia capital, Sarajevo. Los musul­manes —que fueron las primeras víc­timas del terrorismo serbio— han sido empujados a buscar su propia inde­pendencia, bajo el amparo de Tur­quía, el opresor histórico de los pue­blos balcánicos. El imperialismo, mientras tanto, se orienta a la "solución" del conflicto mediante un nuevo diseño de las fron­teras, que reconocería gran parte de las “conquistas” de serbios y de croatas (The Economist, 25/7/92). Esto atiza, naturalmente, la agresión y las masacres en la expectativa de obtener mayor terreno para el mo­mento de las negociaciones. El movimiento antibelicista Frente a la tragedia de esta guerra reaccionaria profundamente antinacio­nal, se viene desarrollando un movi­miento antibelicista en Serbia, que aún no ha logrado poner en crisis a la dicta­dura de Milosevic. En junio y julio pasa­dos, durante varias jomadas, decenas de miles de personas ocuparon el cen­tro de la capital, Belgrado, reclamando la caída del tirano y el adelantamiento de las elecciones. La vanguardia de este movimiento son los estudiantes, que protagonizaron la mayor moviliza­ción desde 1968, y que han contado con el respaldo activo de trabajadores y de agricultores. La protesta popular es una reacción frente al escandaloso pillaje del tesoro por parte de la cama­rilla militar, que financia la guerra emi­tiendo moneda, lo cual ya provocó una hiperinflación de 120.000% anual. Mi­losevic se encuentra cada vez más ais­lado dentro de su propio partido, espe­cialmente luego del pasaje a la oposi­ción de la iglesia ortodoxa y del grupo nacionalista “Despertar Serbio” (ver nota). La destrucción de la federación por medio de esta guerra “étnica” retro­trae a la región a la desintegración nacional existente antes de la primera guerra mundial, que dio lugar el térmi­no "balcanización”. Cualquier acuer­do de distribución territorial sobre el cadáver de la federación no sólo es re­accionario, sino que será completa­mente frágil, pues deja abierta las con­diciones para futuros reclamos de te­rrenos perdidos. La destrucción de la federación enciende la mecha de una explosión en todos los Balcanes. Den­tro de Serbia existe una enorme mino­ría húngara que ha buscado una alian­za con Croacia, mientras que Rumania apoya a Serbia debido a la existencia de esta misma minoría en su territorio, Macedonia, a su vez, otra región de la ex Yugoslavia, es reclamada por Bul­garia y por Grecia, que frente a esta desavenencia se inclinan por Croacia y por Serbia, respectivamente. Estos casos son apenas ejemplos de una extensa lista de reclamaciones territo­riales. En vez de denunciar la guerra, de­fender la federación Yugoslava y pro­pugnar una Unión libre y socialista de los pueblos balcánicos, el Mas ha avalado esta criminal desintegración de la Federación Yugoslava exigiendo incluso el reconocimiento internacio­nal de Croacia y Eslovenia. En el caso de Bosnia debería llegar al absurdo de proponer la fractura de la región en tres sub-repúblicas. En la ex Yugoslavia no se está poniendo en práctica el dere­cho de autodeterminación nacional, pues ni Serbia ni Croacia se asientan en los derechos de sus ciudadanos (sean del origen étnico o de la creencia religiosa que fueren), y porque están empeñados, consecuentemente, en una guerra que no es nacional sino “ra­cial". Los líderes de los diversos bandos son “comunistas” y burócratas, algo que sirve como radiografía post-mor- ten de lo que es el stalinismo contrarre­volucionario. No es cierto que esta guerra criminal haya abierto una fosa de sangre que deba cristalizarse en fronteras. Ello significaría la perpetua­ción de los stalino-titoístas en el poder, el desguace de la propiedad en su beneficio y la colonización del imperia­lismo. Será necesario abrir un auténti­co foso de sangre entre las masas y esta burocracia y sellar el derroca­miento de éstas mediante una unión libre y socialista de los pueblos de Yugoslavia y de los Balcanes. La OTAN en los Balcanes Los países imperialistas se en­cuentran divididos frente a la crisis yu­goslava, lo cual no les impide armar y financiar a las camarillas en guerra. Hasta el momento rige un aparente embargo comercial contra Serbia y se han enviado algunos contingentes de la ONU. Alemania, con fuertes intereses en Croacia y Eslovenia, impulsó la sepa­ración y el reconocimiento de estas repúblicas, y por eso viene exigiendo una intervención internacional contra Serbia con la intención de hacer una primera demostración del ejército ale­mán fuera de sus fronteras. Está claro que no le interesa una pacificación prematura entre los contendientes. Francia en cambio, tradicionalmente más vinculada a la burocracia serbia, pretende aprovechar la crisis para hacer debutar un ejército europeo en formación (UES) al margen de la OTAN. Estados Unidos junto a Ingla­terra han vetado, lógicamente, estas iniciativas. Estados Unidos necesita el concurso de Rusia, que está aliada a Serbia, y de China, que es el principal proveedor de armas de Milosevic, para poder imponer un arbitraje inter­nacional. Turquía y Arabia Saudita, por su parte, ya han comenzado el financiamiento de las milicias musulmanas. Los yanquis toleran el avance militar de los serbios para intervenir una vez concluida la “guerra sucia ", y zanjada la delimitación territorial. Recién en ese momento apuntalarían la reconstitución de los Estados y el control de las bandas armadas. Con esa perspectiva ya han ubicado como primer ministro de Serbia a Milán Panic, un multimillonario californiano, que declara abiertamente su pre­tensión de transformar el país en una semicolonia yanqui. Por otra parte el imperialismo norteamericano y el inglés tienen su agente en el movimiento oposi­tora Milosevic. “Despertar Serbio”, y en su aliado el príncipe Aleksandar, aspi­rante a reconstituir la antigua monarquía. En las últimas semanas la generali­zación de la guerra podría acelerar una intervención que, como ya es habitual, se disfrazaría con ropajes "humanitarios". Menem ya envió un contingente de mercenarios y ofrecerá más tropas para la cruzada imperialista. Como en Irak so anota como furgón de cola de todas las causas reaccionarias. C. R.

El masivo envenenamiento producido por el consu­mo de propóleos es la consecuencia inevitable de la política menemista. El desmantelamiento del “gasto social” llevó a la liquidación de los controles de calidad sobre los medicamentos de toda índole y la "desregulación sanita­ria" ha llevado—según la Confederación Farmacéutica a la “mercantilización de los medicamentos” (Clarín, 16/ 8): cualquier medicamento puede venderse en las góndolas de los supermercados y aún en kioscos; los laboratorios publicitan los medicamentos por TV como si fueran golosi­nas. Todo esto ha llevado, naturalmente a “incrementar escandalosamente los riesgos sanitarios de la población" (ídem). Que todo esto no es el resultado de la casualidad lo confirma Arnaldo Anzioli, especialista de la industria farma­cológica. “Es un milagro—afirma—que no haya ocurrido antes, con cualquier otro medicamento y con muchos más muertos” (Clarín, 17/8). El gobierno menemista ha dejado la salud de la población en manos del sacrosanto “mercado"; tos resul­tados están a la vista: una veintena de muertos; la intoxica­ción masiva más grande de la historia y la única de caracte­rísticas realmente nacionales. La negligencia del gobierno llega al punto de verse obligado a reconocer que se desco­noce el número real de muertos (por la posibilidad cierta de que numerosos ancianos fallecidos de supuesta “muerte natural" hayan sido realmente envenenados; que se desco­noce cuándo comenzó el envenenamiento; y que se desco­noce si existen otros agentes tóxicos en el “mercado" (como lo sugieren los casos de envenenamiento que pre­sentan síntomas distintos a los del dietilenglicol). La población ha sido puesta en estado de indefen­sión frente a la barbarie capitalista disfrazada de “desre­gulación”. Y no se trata “sólo” de los remedios: hace poco fueron clausurados frigoríficos por contaminación que hoy siguen operando en las misma condiciones de antes, lo mismo que los frigoríficos y mataderos “clandestinos”, y los fabricantes de aguas minerales contaminadas, lavandinas truchas y hasta leche “oficial” podrida. La “desregulación” es la dictadura de los pulpos capitalistas sobre los consumidores trabajadores. La ma­sacre de los consumidores y usuarios es un resultado inevitable de la “desregulación”, como lo comprobó la experiencia internacional de la “desregulación” en la ae­ronáutica y los transportes. La masacre de los consumidores no sólo es inevita­ble; para los capitalistas, además, es necesaria porque ayuda a acelerar el proceso de monopolización que va de la mano de toda “desregulación" Ya el gobierno, que ha renunciado a ejercer el más mínimo control sanitario, reco­mienda consumir los medicamentos de “las mejores marcas” porque “tienen mejores controles”. En esta lí­nea, La Nación (17/8) —sin considerar la barbarie que significa vender remedios en los supermercados— ataca la resolución que permite a los médicos recetar “medica­mentos genéricos" (drogas básicas). La resolución per­mitiría a los farmacéuticos “elegir" según el precio u otra característica, entre medicamentos con la misma droga básica, algo que los grandes laboratorios rechazan violentamente. El planteo de La Nación es una tontería, toda vez que el “problema” no es la “elección" del farmacéutico sino la renuncia del Estado a controlar la calidad de los medicamentos y la autorización de su venta por quien no es profesional. En Argentina hay registradas 46.000 especialidades medicinales (“marcas”) mientras sólo existe poco menos de un millar de drogas básicas. El rechazo de la venta de |genéricos” no implica la defensa de la salud de la pobla­ción sino el derecho de los propietarios de las “marcas” a esquilmar al pueblo. En esta dirección, los mismos pulpos que impulsan la “desregulación” reclaman el “derecho de patente” para monopolizar el mercado farmacéutico, que sólo en Argentina mueve 3.500 millones de dólares al año. Sobre los cadáveres de los envenenados, los pulpos financieros se disputan el botín.

Religión, demonios, capitalismo y medios Para las trabajadoras, las opiniones religiosas no pue­dan ser por su naturaleza más dignas de respeto que otras. Por el contrario, hay acabadas pruebas que casi siempre tienden a ser marcadamente estúpidas y suelen provocar persecuciones, masacres, guerras o directamente críme­nes y que tienen siempre detrás una rentabilidad económica en favor de sus jerarcas. Sus normas o códices son contrarios a la naturaleza y están enfrentadas con el pensamiento y el desarrollo cien­tífico hoy, como en tiempos de Galileo Galilei. Por los derechos infantiles todas las religiones tuvieron desde sus orígenes una marcada preocupación. Por lo que el abuso a la inferioridad física del niño no es un problema de reciente abordaje para los teólogos. En el libro del Pen­tateuco, escrito por Moisés, y que luego facilitó el desarrollo de la Biblia, el infanticidio era un ritual justificado para agradar a Dios. Las grandes civilizaciones antiguas consideraban nor­mal la eliminación física de niños con defectos congénitos. Desde la cima del Taigeto (montaña del Peloponeso), los espartanos, luego de espléndidas ceremonias, arrojaban al vacío a niños pequeños y deformes. ¿Quién no recuerda las brutales matanzas de neonatos ordenadas por Herodes, quién avisado de la llegada del Mesías por magos y hechiceros, liquidaba a todos los me­nores de 40 días? En la China de Confucio, para mantener el control de nacimientos, al cuarto hijo se lo arrojaba a las fieras, pues el límite oficial de las familias era de tres niños. A los pequeños nacidos con defectos físicos en la India sé los consideraba endemoniados y era permitido destro­zarlos. Es decir que el maltrato a los pibes, y su muerte por ritual, han sido y son justificados por distintas creencias religiosas. Un aspecto relevante de la violencia generalizada, abo­nada por la alienación y la neurosis del capital, son las entre 50 y 60.000 víctimas de malos tratos de padres a hijos que se registran anualmente en EE.UU. También lo son las 12.800 muertes por año registradas en Inglaterra, producto de la agresividad de los adultos contra los chicos. Hace poco se conoció que integrantes de un culto reli­gioso, habían descuartizado a por lo menos un niño por encargo de familiares del intendente de una ciudad de Brasil. Esta regresión al ofrendatorio de vidas humanas para agradar a los dioses, sirvió para que las grandes patronales del periodismo vernáculo explotaran la ignorancia y la superstición "deleitándonos" con los detalles más truculentos del suceso. Lo fantástico de este festival de la hipocresía y la simulación, fue la presentación del hecho por parte de los "comunicadores sociales". Los más osados mostraron lo obvio. “La violencia ejercida contra los niños tiene que rastrearse en la debilidad de las víctimas y en la falta de atención de los adultos, por el ritmo que nos imponen los nuevos tiempos”. En este sentido, Magda­lena Ruiz Guiñazú invitó a sociólogos y sicólogos que concluyeron diciendo que "los niños pobres están desamparados y los ricos no tienen afecto”. Sesudo razo­namiento, aunque ya usado en 1989 por otro charlatán venido de La Rioja. A pesar del verso desarrollado, en cada nota escrita, oral o visual estaba presente la sangre, el ritual religioso, la magia y todos los ingredientes que a contramano de la lógica posibilitaban descuartizar a la/s víctima/s una y otra vez en pantalla. El rol estelar lo ocupó la “Santa Iglesia Católica "quién aprovechando su rango de seda oficial se lanzó a la arena para disputarle la clientela "a aquellos falsos profetas", adjudicándose para sí ser los verdaderos “Nigromantil Mediums” que tienen línea directa, sin intermediarios, con los dioses para interferir o promover la voluntad divina. Es decir "por la misma guita (U$S 2.000) y tocando algunas influencias terrenales el intendente de Paraná, seguro, seguro no pierde la elección". Lo que estos charlatanes, laicos y clericales no dijeron, ni dirán, es que por ahora el género humano transita por su dolorosa prehistoria, donde la feroz explotación de un puña­do de capitalistas, descompone, entorpece y rompe el tejido social, pulverizando y degradando a las familias trabajado­ras, La barbarie exterminadora del actual régimen político­-económico contra los niños se supera todos los días. La OIT difundió un estudio sobre la superexplotación del trabajo infantil en todo el mundo. En Paquistán, por ejemplo, la industria textil, emplea pibes a partir de los 8 años, debido a sus finos dedos son capaces de manipular las delegaciones hebras de lana y por la capacidad física de soportar jornadas de 12 a 14 horas sin cambiar posición frente al telar, estos pequeños están condenados de antemano: el 80% fallece antes de cumplir los 13 años. Radio América informo que en el Gran Buenos Aires carias empresas recolectoras de residuos en distintos municipios emplean mano de obra infantil que pagan a razón de $1 la hora. El juicio y castigo a los asesinos de niños y sus mandantes y la liquidación del régimen de apropio y explotación están ligados a una sola y única posibilidad: La organización propia de trabajadores y explotados que le arrebate el poder a los patrones. Solo el triunfo de la clase obrera garantiza el futuro y da una perspectiva a la humanidad. Libros consultados: Dioses y mitos en la Picota (L. Meneken) El castigo a los hijos (varios) Lisandro Martínez – Lanús Debate sobre una devaluación del peso San Miguel, 3 de agosto de 1992 Dejando aclarado que me llamo Rodolfo y no Roberto, que sigo sin ser el ministro y que creo, modestamente, no estar confundido en la lectura del Informe Político ni del artículo de PO NB 353, es que paso a contestar tu réplica de PO N° 359, dado que no me satisfacen tus argumentos, y con todo respeto a tu nivel de militante, entiendo que tengo que cumplir con mi obligación: mientras crea tener argu­mentos para contraponer tengo que exponerlos (siempre que no entre a divagar). Centrando mi contestación a tu respuesta desarrollada en el quinto párrafo, creo conveniente seguir tu mismo ordenamiento: 1- "La seguridad de enormes negocios” es la condi­ción "sino qua non“ para el ingreso de capitales golondri­nas, independientemente de las revalorizaciones moneta­rias (caso Chile, febrero del '92), las tasas impresionantes de inflación (caso Brasil: 240% en el primer semestre del '92); con respecto a las altas tasas de interés, planteo lo siguiente: ¿cuál sería la tasa de interés ofrecida a los ca­pitales (que ya están o que vengan) como para mantener el “negocio"? Como mínimo tendrían un piso igual a la tasa de devaluación; y con respecto a las privatizaciones no están nominadas en pesos (lo que haría beneficioso una devaluación) sino en dólares (lo que independiza el nego­ciado de la devaluación); Cavallo puede hacer lo que quiera (esto en el supuesto de que tuviera independencia) con la moneda: devaluarla, destruirla (como en el caso de las monedas de 1 centavo que llegaron al país acuñadas en Chile y que nunca tuvieron valor), etc. pero al no ofrece "negocios" (altas tasas de interés, privatizaciones a precio de remate, bicicletas bolseras, etc.), aquí no entra un mango. 2- Afirmar que ni uno solo de los dólares se iría del país es no tomar en cuenta: a) El comentario del especialista (citado por Altamira en PO N° 353) de la crisis bancaria que originaría la no co­bertura de los dólares depositados con los préstamos en pesos, lo que provocaría una crisis bancaria y una corrida cambiaría (a no ser que opinemos que el capital se la aguanta­ra piola), y b) Ante la menor sospecha de devaluación, la corrida cambiaría agotaría las reservas del Banco Central (mayoritariamente en Bonos y no en dólares), todo esto porque una devaluación disminuiría las ganancias de los especu­ladores (no las anula totalmente porque las ganancias son fabulosas y no habría devaluación que pudiera equi­pararlas), por lo tanto no encuentro el sustento a esa afirmación. 3- Tus argumentos sobre este punto se contradicen, prima facie, con lo que transcribís ocho renglones más abajo, el mismo párrafo del Informe Político (pág. 9) lo que uso en mi carta para demostrar lo contrario de lo que vos afirmas: si el peso es el medio de cambio y no la medida de valor, reservada al dólar, la mayor cantidad de pesos por cada dólar ingresado, a lo sumo, comprarían lo mismo que antes (eso sin tener en cuenta la experiencia de devaluacio­nes anteriores, donde los precios internos aumentan más que la tasa de devaluación); no hay en el país algún bien (mueble, inmueble, de consumo, durable o no, etc.) o servicio que tenga su precio nominado en pesos (sino tomar cualquier Clarín dominguero). En cuanto al párrafo de tu respuesta: “Este ingreso masivo… como ocurrió en Chile”, creo que falta un dato importante (que Altamira aporta en su artículo y que yo tome en cuenta en mi carta), que es el siguiente: después de la revaluación del peso chileno (febrero del ´92) que implica menos pesos por dólar ingresado, la emisión de moneda para cubrir los dólares entrados subió un 53% en 15 días de marzo. Como una revaluación es todo lo contrario a una devaluación, surge la duda que origina mi pedido de explicación, dado que darían el mismo resultado: un mayor ingreso de capitales especulativos. Inclusive el caso chileno de esto« últimos días, donde se produjo una devaluación, viene a confirmar la hipótesis planteada por Altamira en su artículo, de que sólo pueden devaluar por devaluaciones de las monedas de los países imperialistas. Las monstruosas emisiones yanquis provoca­ron, por comparación una súper-revaluación del peso chileno (mayor cantidad aún de dólares con respecto a las ne­cesidades del país), lo que toma imposible el movimiento económico: no pueden exportar nada (sus costos en pesos revaluados no son compensados por los precios de venta en dólares devaluados). La única medida que podía lomar el gobierno chileno era devaluar para restablecer, mínima­mente, el equilibrio anterior. Agreguemos el siguiente deta­lle: según Clarín (12/7/92) Chile adopta como medida de valor una canasta de monedas, algo que Cavallo había anticipado como posibilidad (El Cronista, 20/3/92, PO N° 353) para el caso del dólar “súper-fuerte" (todo lo contra­rio). De más está decir que las monedas de esa canasta se encuentran momentáneamente revaluadas con respecto al dólar, lo que confirma y potencia la crisis planteada por Altamira en su artículo: a la devaluación de las monedas europeas por problemas internos se le suma ahora la ne­cesaria devaluación para poder competir en el mercado norteamericano (lo contrarío aumentaría las recesiones industriales). El mismo Clarín anticipa que el equipo cavallano estudia un camino parecido al chileno, (¿incluirá la deva­luación?); si a esto le sumamos la caída de la Bolsa, el empantanamiento del proyecto de jubilación privada, los reclamos sociales, etc., “los días da Cavallo estarán con­tados”. Todo lo anterior demuestra prácticamente la consisten­cia de los análisis del Informe Político, que yo no puse en duda; por lo tanto, entiendo que cuando Altamira afirma: “Si Cavallo devaluara el peso en las actuales condiciones, el ingreso de dólares sería aún mayor”, está tomando elementos de análisis que, lamentablemente no llego a ver por lo cual mi duda persiste. Rodolfo Díaz – José C. Paz – Zona Norte La larga marcha de una organización trotskista hacia su ocaso París, 23 de Junio de 1992 De ninguna manera se trata en esta carta de proseguir con la cuestión de las vicisitudes de la principal organiza­ción de la corriente trotskista-lambertista OCI (Organiza­ción Comunista Internacionalista) que se transformó, en 1982, en PCI (Partido Comunista Internacionalista). Esta organización que en los años 1950-1960 tuvo el mérito de luchar casi sola contra el revisionismo de los dirigentes oficiales de la IV° Internacional, Pablo, Frank, Mandel, que supo reconstruirse tanto nacionalmente (con­tando hasta 6500 militantes en los años 1982-83) como internacionalmente (impulsando al CORCI del cual Política Obrera fue miembro hasta 1978); esta organización no es hoy día más que la sombra de lo que fue, transformándose poco a poco en el “grupo Lambert” pero desgraciada­mente Lambert ya ni parece Lambert. Recordemos simplemente que, en 1984, uno de los prin­cipales dirigentes “históricos”, Stephane Just, fue "puesto fuera del partido” con varias centenas de mili­tantes. Dos años más tarde, la “estrella creciente” del PCI, antiguo presidente del sindicato de estudiantes, la UNEF, J.C. Cambadelis rompió brutalmente con el partido, y pasó al PS arrastrando consigo varias centenas de militantes y principalmente todo el sector estudiantil. En 1987, dos años más tarde, el dirigente del trabajo internacional, Luis Favre, partirá con siete miembros del Consejo General (dirección internacional). La fecha de esta ruptura es también la del ocaso de la corriente Lambertista en América Central y del Sur. En 1989, Pierre Broue, el historiador del partido Bol­chevique, el biógrafo más autorizado de León Trotsky, director de la revista “Lea Cahiers León Trotsky”, fue expulsado sin contemplaciones del PCI, en el cual militó 45 años. En 1991 será el turno de André LANGEVIN, durante varios años redactor en jefe del semanario del partido: “Informations Ouvriers”. Cada nueva expulsión es acompañada de lo que se da en llamar “una carreta”, compuesta de los amigos, de los que dudan, de los que piden explicaciones de esas purgas incesantes… ¡Puesto que pedir explicaciones significa no confiar en la dirección! Pero el nuevo “affaire” arreglado por la dirección del PCI (que estaba entonces transformándose en CCI, Corriente Comunista Internacionalista) merece una consideración especial. La organización lamberista abandona y transgrede alegremente, ahora, principios vitales, y esto, justamente en el momento en que Lambert, quizás para conjugar la mala suerte, transforma los restos del PCI en una ciudadela agrietada y sitiada por sus propios demonios y pretende “proclamar la IV° Internacional” sobre la única base de su propia tendencia, lo que parece bien presuntuoso, dado el estado de la corriente lambertista y el desmembramiento de las fuerzas que se reclaman del trotskismo en el mundo, en el que las practicas organizativas de los lambertistas tienen una enorme responsabilidad. Efectivamente, en marzo de 1992, cuatro miembros del Comité Central del PCI, varios “permanentes” y la gran mayoría de los militantes abocados al trabajo en la juventud, son echados del partido, siendo imposible para un observador exterior comprender porque, ya que ninguna divergencia o texto contrario fue publicado en los boletines preparatorios del Congreso. Uno de los excluidos, Pedro Carrasquedo, periodista de “Informations Ouvrieres”, miembro de la dirección del PCI, era arrestado e inculpado por la política francés a unos días después de su expulsión del PCI por el Congreso, en el marco de una investigación conducida por la justicia francesa, por cuenta del gobierno español, a propósito del apoyo prestado a la organización independentista vasca, el ETA. Estando Carrasquedo en prisión, Pierre Lambert publica un comunicado que constituye una verdadera traición a los principios elementales de la solidaridad obrera, que debe expresarse más allá de las divergencias y los diferendos, por profundos que fueren. Y aún más cuando, como aquí, se trata de una colusión de la política de origen franquista con la policía y la justicia francesas, bajo el presidente Mierrand, que se dice socialista y que exhibe su nostalgia de la época de Petain (como lo pone en evidencia el reciente sobreseimiento otorgado a Touvier, antiguo responsable de la milicia de Vichy). Lambert dice: “Comunicado de Pierre Lamber, responsable de la Corriente Comunista Internacionalista, sección francesa de la IV° Internacional (antiguo PCI): En un comunicado de la AFP fechado el 13 de marzo de 1992, se indica que Pedro Carrasquedo, - que pertenecía hasta el mes de marzo al PCI – fue interpelado < en el marco del operativo conducido por la policía francesa por encargo del juez Laurance Le Vert contra < la red logística de apoyo, en Francia, a la organización independentista vasca, ETA >>. Es exacto que Pedro Carrasquedo perteneció al PCI. Sin embargo, hay que recordar la posición de la IV° Internacional: es sobre el plano estrictamente político que ésta da un apoyo al derecho de los pueblos de disponer de sí mismos; es sobre el plano estrictamente político que se pronuncia contra la represión y por el derecho de pueblo vasco a definirse por sí mismo, sin interferencia de quienquiera.” Como se ve, no hay palabra para exigir liberación o la anulación de las inculpaciones (en efecto, 150 personas de nacionalidad francesa están, sea en prisión, sea en libertad pero inculpados). El comunicado se conforma con transcribir la versión de la agencia AFP. “Le Monde”, diario burgués, será más cuidadoso que Lambert, ya que hablara de “presumido apoyo a militantes separatistas vascos” y dará, además cuenta de la carta de los “élis” (representantes) locales de Bretaña pidiendo la liberación y la anulación de las inculpaciones, y, en seguida, de las manifestaciones callejeras en Quimper (Bretaña), lo que “Imformations Ouvrieres” no hará jamás. Pero este comunicado no es más que el primer paso de un deslizamiento hacia la ignominia. Pues he aquí que P. Carrasquedo tuvo la desgracia de declarar al juez de instrucción que el PCI no debía ser implicado en este asunto. Los últimos amigos de Lambert no ven en esta declaración el acto de un militante revolucionario responsable sino que encuentra allí la prueba de su infamia. “Además, cuando se escribe que Pedro Carrasquedo declaró a la policía que - el PCI no debe ser implicado en este asunto -, se deja flotar la sospecha que el Partido de los Trabajadores si - podría ser implicado en este asunto-” (Informations Ouvieres N° 26). (El Partido de los Trabajadores es la nueva “pasta” de organización más amplia, en la que el PCI acaba de disolverse – asumiendo casi toda la dirección - ¡En tanto que corriente CCII). Mientras que la defensa del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismo provoca siempre la prisión de los militantes, los ridículos razonamientos de la dirección lamberista ya no matan más desde hace un buen tiempo. Esta concepción policial de las luchas políticas internas, ese desprecio por la solidaridad obrera contra la represión, dan una imagen repugnante del trostkismo y son una verdadera puñalada por la espalda a todos aquellos que luchan por una internacional, por la IV° Internacional. Pero toda orientación política aun cuando radicalmente errónea y peligrosa, tiene su lógica. Es por ello que los lamberistas, o al menos lo que queda de su dirección, pasaron rápidamente de abandono de los principios al uso de la violencia y en un mitin parisino llamado para luchar contra la represión en Argelia, el servicio de orden del CCI agredió y golpeo a militantes. Mientras que en el mundo entero los jóvenes, los militantes tratan de encontrar el medio que les permita organizarse para resistir frente al desmoronamiento del viejo mundo, mientras que el stalinismo repulsivo vive sus últimas horas, mientras que la socia-democracia tensa todas sus fuerzas para evitar lo peor, es indispensable que en las filas de los combatientes por la IV° Internacional, aquellos métodos sean condenados y rechazados. Carta de un corresponsal francés Libertad a los presos políticos Han pasado las elecciones para elegir Senador por la Capital Federal. Una vez más desde los medios de comuni­cación asistimos al espectáculo de las campañas políticas. Estas tomaron la forma de pretendido "debate" donde los candidatos de los partidos mayoritarios sacaron los "trapitos al sol" se cruzaron acusaciones de corruptela, se pasaron la pelota unos a otros. En este debate ¿dónde están las propuestas? ¿Por qué no se reflejan los problemas concretos de nuestra gente? ¿Cuál es el motor de tantas disputas políticas? Sin duda el acceso a los privilegios cada vez pesa más y la política toma en este sentido un carácter puramente individualista; en pos de proyectos personales se le termina dando la espalda a los padecimientos, a las necesidades y a los sueños del pueblo. Mientras tanto aquí abajo, la realidad es otra, somos miles los argentinos que no tenemos ningún privilegio, ni siquiera el de tener trabajo, qué venimos pagando los efectos de este terrible plan económico con la miseria y el atraso. Son tantas las dificultades para ir cambiando la situación, para ir recorriendo caminos fuera de este “espectá­culo”. Hay sectores progresistas y populares, dirigentes honestos que hoy se plantean seguir buscando, junto al pueblo, salidas alternativas. Poder sumar estas voluntades, darle fuerza a la unidad manteniendo los principios, reivin­dicando los mejores valores del pueblo, es la principal he­rramienta que tenemos actualmente. La democracia en la Argentina es cada vez más endeble, cada vez más restringida: genocidas indultados, carapintadas "presos” en cárceles de lujo, funcionarios corruptos protegidos por la justicia cómplice... En esta Argentina, junto a los jubilados hambreados, a los estatales arrojados a la calle por los ajustes, junto a la comunidad educativa que lucha contra la destrucción de la educación pública, junto a las poblaciones del interior condenadas al aislamiento por el cierre de los ramales ferroviarios, a los jóvenes acosados por la represión de la policía de “gatillo fácil”. Junto a todos ellos hay 25 presos políticos que luchan por la libertad. Como hicieron con tantos otros temas, ningún partido político, ningún candidato tomó una posición frente a la situación de los presos políticos, cerrándole los ojos y oídos a este problema concreto. La justicia que juzgó y condenó a los compañeros está totalmente subordinada al Ejecutivo, desacreditada y sospechada de corrupta. Estos poderes no tienen moral alguna para mantener en las cárceles a quie­nes siempre lucharon por una sociedad justa, a quienes se levantaron contra el autoritarismo. Por ello entendemos como una cuestión de principios, como una obligación moral de todos los sectores democráticos y progresistas, de los partidos que se definen populares y de los dirigentes hones­tos, que tomen una posición clara y definida con respecto a los compañeros presos. Queremos que tengan la valentía de comprometerse con la libertad de los presos políticos, que informen al pueblo sobre la situación de los compañe­ros y convoquen a la solidaridad. Para unir, de esta manera el reclamo de libertad de los compañeros a los reclamos de todo el pueblo«, porque es la misma lucha. Comisión Argentina por la libertad de los presos políticos - Corrientes 1785 2° “C”

El 30 de julio falleció en Nueva York, a los 86 años, George Novack, dirigente, del Socialist Workers Party. Novack fue conocido por sus trabajos sobre filosofía e historia y, dentro de los Estados Unidos, por su participación en las luchas por la defensa de las libertades democráticas. Hijo de una familia de inmigrantes judíos de Europa del Este, Novack ingresó en la Universidad de Harvard a mediados de la década del ´20, donde se radicalizó, como muchos otros, bajo el impacto de la “Gran Depresión” y de las luchas obreras y del comienzo de la sindicalización en la década del ´30. En 1931 se unió al “Comité por la Defensa de los Presos Políticos” y en 1933 se unió a la “Liga Comunista”, antecesora del SWP. Fue secretario del “Comité estadounidense por la defensa de León Trotsky” y, como tal, formó parte de la delegación que los recibió a la llegada a de exilio mexicano. Ayudó a organizar la “Comisión Dewey”, que investigó los cargos formulados en los procesos de Moscú contra Trotsky y que lo declaró inocente. Novack fue también un organizador del SWP en distintas ciudades norteame­ricanas (Nueva York, Detroit, Los Angeles y Minneapolis). En ellas participó en las movilizaciones en defensa de los trabadores encarcelados por su oposición a la participación yanqui en la guerra imperialista y de los perseguidos durante anticomunista promovida durante la guerra fría. También jugó un papel destacado en la batalla legal librada por el SWP contra el FBI acusándolo de “espionaje” de sus locales y actividades. Novack fue durante ocho años editor de “The Militant” y autor de numerosos libros sobre filosofía e historia, mucho de ellos publicados en castellano.

Más de quinientos policías, la "defensa civil” y hasta los bomberos fueron convocados por deliberante de Vare la para desalojar a la Feria Popular de los domingos que desde hace cincuenta años abastece a las bardadas populares de la zona. La orden del desalojo se basó en una ordenanza “trucha", que fue impugnada legal­mente por los feriantes. La policía reprimió a los trabajadores, lo cual ha Nevado a más de seis mil vecinos a firmar un petitorio que exige la inme­diata restitución de la feria. El ex intendente de Varela, Carpinetti, es quién está verdaderamente detrás de este ata­que. La feria de Varela tiene precios realmente accesibles y allí concurre el pueblo a abastecerse los domingos. Pero sucede que justo enfren­te del lugar de la feria se ha Instalado el supermercado: SUMO, y es "vox populi" que han “arreglado”, con los concejales las condiciones de su instalación. El primer requisito es que se desaloje la feria, cuyos precios testigo impiden poner al pulpo comercial los precios que se le dé la gana. Por otra parte, los feriantes hace ya mucho tiempo vienen reclamando la instalación en los terrenos aledaños al lugar, que son —o mejor dicho eran— del ferrocarril. Y allí tiene previsto el grupo allegado a Carpinetti instalar un lujoso “shopping”. Para desalojar la feria alegan que “impide el tránsito de ambulancias y auto bombas", lo cuáles es falso, ya que en cincuenta años hubo gran cantidad de accidentado se incendios en la zona, sin que jamás hayan dejado de acudir los servi­dores públicos por causa de la feria. El más, son los bomberos, médicos y enfermeras loe más antiguos clientes de la feria, y hasta han firmado el petitorio contra el desalojo. Queda­ría el argumento —que también esgrimen— de que la feria es “cara y sucia”. Si así fuese, no se explica como todos los domingos más de diez mil personas concurren al lugar a hacer sus compras. Los feriantes han ganado la calle y planean hacer un acto público con el apoyo de la Comisión de Vecinos que se ha formado, para - conjuntamente— exigir el inmediato levantamiento de la medida y el castigo a los responsables de la represión a los trabajadores.

Con el aval de más de 1000 compañeros se presentó ante la Junta electoral del SUPE el frente antiburocrático Marrón y Blanco. Esta presentación es el resultado de los esfuerzos comunes de los compañeros de Capital, Mendocina, Tartagal y Comodoro Rivadavia. Los obstáculos que se salvaron para la presentación de la lista fueron múltiples: masi­va desafiliación en Capital, miles de compañeros menos en la empresa, temor a las represalias patronales. Sin embargo, la respuesta de los trabajado­res, tanto activos como jubilados, fue muy buena. Muy buena cantidad de las firmas recolectadas provienen de compañeros tradicionalmente “ce­lestes" Otra dificultad adicional fue la actitud de las corrientes políticas que se dicen de oposición, en particular las vinculadas al "grupo de los ocho" y a Solanas. Con la excusa de no "entorpecer" la oficialización de sus listas regionales (La Plata, Comodoro Rivadavia) sabotearon la perspectiva de un frente nacional. Dicho de otra forma, aspi­ran a una porción para convivir dentro del aparato burocrático. La posición del Mas no fue muy diferente. Si bien formalmente dijo apoyar la constitución del frente, no arrimó un solo aval, y en algunos casos, como Capital, directamente se negó a dar cual­quier apoyo a la lista. Pese a todas estas trabas, la lista se presentó y ahora debe conquistar fiscales en todo el país, reagrupar al activismo, ser un canal de interven­ción para los trabajadores de YPF.

Los paros en la banca oficial han sujo totales. Pese a los aprietes e intimi­daciones de la patronal, amenazas despidos, intentos de levantar listas de los compañeros que adherían al paro, la respuesta de los trabajadores ha sido magnífica. Atrás quedó un mes de conciliación obligatoria» donde Dadone intentó ma­niobrar haciendo una “oferta” salarial ridícula que incluía la destrucción del convenio colectivo de trabajo. El mismo día del paro pagó el retroactivo corres­pondiente a los canco meses que abar­ca el aumento. El tiro le salió por la culata y los compañeros salieron a la huelga con más empuje todavía. A) día siguiente, en Banco Nación se empezó a aplicar el quite de colaboración y el trabajo a reglamento. Una situación si­milar se dio en el resto de los bancos oficiales. Compañeros del Ciudad comenta­ban que de acuerdo a las escalas pre­sentadas por la patronal, buena parte de ellos tendría que terminar devolvien­do plata. En la Caja, al reclamo salarial se le sumó la bronca frente a la próxima privatización, hecho frente al cual la gremial zanolista guarda total silencio. En el Hipotecario y en el Banade el sentimiento que impera es que ya no se puede perder más, con lo cual el paro también fue rotundo en ellos. A este cuadro se le siguen incorpo­rando más elementos conflictivos. La gobernación del Chaco ha decidido el virtual cierre del banco provincial. Ban­cos provinciales como el de San Luis y el de Entre Ríos también se sumaron el 18 de agosto. Al escribir esta nota, 20 de agosto, los bancarios nuevamente han salido al paro. Y esta vez con la incorporación de otro de los bancos fundamentales: el Provincia de Buenos Aires. El reclamo en este caso es por partida doble: la defensa de la Caja de Previsión, que pretende arrebatarles Duhalde, y la réplica al vergonzoso aumento dis­puesto por Frigerio, de un 4 y un 5%, para agosto y setiembre. El cuadro que se abre es él de una lucha general del gremio bancario. Organizar el plan de lucha de todo el gremio Hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Durante todo el mes de la conciliación obligatoria aceptada por la Bancaria, el gobierno y sus represen­tantes en los bancos no han intentado hacer ninguna concesión para des­montar el conflicto. La propuesta pre­sentada, en los marcos de movilización existentes, era inaceptable hasta para Zanola, porque hubiera entrado en una grave crisis. Pero sería criminal albergar expec­tativas de que esto se va a mantener. Zanola no plantea un plan de lucha ni medidas de extensión al conjunto de la banca. Su expectativa es lograr que a partir de la fuerza de estos paros se abra alguna nueva negociación que le permita darle algún maquillaje y reto­que cosmético al plan Dadone. Las gremiales que dirigen los bancos, sin embargo, alimentan esa ilusión políti­ca. En distintas asambleas han plan­teado que Zanola está “marcando el paso” donde ellos lo han colocado. La realidad es la inversa: solo han salido las medidas que la burocracia de la Bancaria acordó, ni una más. Y, en definitiva, el norte de una polí­tica de triunfo para el gremio no debe consistir en hacerle marcar el paso a Zanola sino en organizar un verdadero plan de lucha, reclamar la extensión del paro al conjunto del gremio, plantear la convocatoria a la Asamblea General. El programa de la lista Naranja plan­tea en esta dirección reafirmar los 540 pesos de básico y los coeficientes de convenio, coordinar entre las gremiales y exigir al sindicato y al plenario de delegados la convocatoria de la Asam­blea General, lanzar para la próxima semana un paro de 48 horas de carác­ter activo con movilización del gremio a Plaza de Mayo, que nada se firme sin |a previa aprobación de los trabajado­res.

Los trabajadores de Cormasa (Ti­gre), luego de una resistencia de 60 días en la puerta de fábrica han logrado que la sindicatura reabra la empresa, en base a un plan transitorio de reactiva­ción hasta el 30/9, fecha en la cual está convocada una Asamblea de acreedo­res, que decidirá en firme sobre el futuro de la empresa. Los compañeros han ingresado per­diendo importantes conquistas: ya no hay comedor; tampoco ropa de trabajo; hay rotación permanente en todos bs puestos (algunos días todos—170 obreros— funden, otro día todos rebaban, etc.), b que de hecho ha significado la implementación de la “flexibilidad la­borar. A despecho de las promesas hechas por el Síndico, aún no han cobrado la primera quincena, sólo un adelanto que promedió 200 pesos. El Síndico utilizó parte de (a primera partida entregada y cobrada (40.000 dólares) para cubrir los aportes previsionales... ¡que la patronal adeudaba desde 1086! La fábrica está desmantelada, faltan piedras, cintas, material; funciona sólo una granalladora; en este marco y a pesar del superesfuerzo de los trabajadores, la calidad es irregular (Mercedez Benz rechazo una partida de 350 zapa­tas); en una fundición ¡faltan guantes! La política de la patronal “transito­ria” es pedir la “colaboración de la gente“-, les reclama que trabajen 12 horas sin extras, como simples, cosa que ya se ha instituido, ya que los dele­gados no ven otra salida que "colabo­rar" con el síndico. No convocan asam­bleas. El Síndico se da el tupé de no atenderlos... La situación es incierta, lleva a la desmoralización de los traba­jadores. El sector más "nuevo" de los obreros resiste individualmente (no hacen extras, etc.). La mayoría de los trabajadores, de mucha antigüedad, sufre la extorsión del Síndico sin ver (aún) otra perspectiva. Algunos van al arreglo y lentamente comienza un desgranamiento. “La Situación es muy difícil, lo peor es que el Síndico nos tiene agarrados (de...), es dueño de la situación”, nos decía un compañero. Otros nos informaban que comienza a desarrollarse la opinión que es necesa­ria una Asamblea General de la planta para decidir de conjunto los pasos a seguir” 8/8 No al cierre de la Cantábrica La siderúrgica de La Cantábrica ha vuelto a ocupar las páginas de los diarios. Desde el viernes 31/7 los trabajadores no pueden ingresar a su lugar de trabajo, debido a la declaración judicial de quiebra de la empresa. La planta está totalmente paralizada desde mediados de julio por el corte del suministro de energía y gas, que también se adeuda. A los trabajadores se les debe las dos quincenas de julio y el aguinaldo y las vacaciones del año pasado. Se cierra una de las últimas escuelas-fábrica existentes en el país, que está ubicada dentro de la planta. Esta situación provocó la reacción de los trabajadores y sus familias, quienes el martes 4/8 se movilizaron hacia la Municipalidad de Morón para reclamar al intendente Rousselot y Duhalde algún tipo de solución. Desde ese día se mantiene frente a la planta una carpa con unas 15 personas como guardia para evitar que vacíen las instalaciones. La actual situación de La Cantábrica no debe sorprender. En los últimos años, en infinidad de oportunidades la empresa dejó de pagar servicios, impuestos y cargas previsionales. En cada ocasión se “solucionó el problema” con algún tipo de blanqueo, perdón de deudas, subsidios o moratorias por parte del Estado. La Cantábrica constituyó para el grupo Coll, que la dirigió hasta hace casi un año, una fuente inagotable de curros y negociados. Tras el cuento de “salvar la empresa” se aceptó el no pago de meses enteros de sueldo y una “racionalización de personal” que poco a poco fue dejando cientos de familias sin trabajo. Con la complicidad y el respaldo de los sucesivos gobiernos, el único beneficiado con todos estos “sacrificios” ha sido siempre el grupo empresario, que veía subir sus ganancias (compra de aceros Bragado y otras empresas) al mismo ritmo que bajaba la de los obreros. Todo esto sólo ha servido para demostrar que la política de “perdones y préstamos a la patronal" ha fracasado en el objetivo de defender la fuente de trabajo. De ahí que también es inviable el actual reclamo de la UOM para que la DGI levante el pedido de quiebra, es decir, un nuevo blanqueo que sólo beneficiará al actual grupo dirigente ligado a Jorge Antonio. La experiencia ha demostrado que la política a seguir debe ser otra. El grupo Coll y el de Jorge Antonio deben hacerse cargo del conjunto de las deudas, en primer lugar la que tienen con los trabajadores, procediendo al embargo y el incautamiento de todos sus bienes (que no son pocos) a su procesamiento por estafa y defraudación. El gobierno provincial debe garantizar el pleno funcionamiento de la planta bajo el control de sus trabajadores, aportando los fondos necesarios para mantener abierta esta fuente de trabajo esencial para casi 500 familias de Morón. Antonio-Morón

Luego de once movilizaciones y un paro general, la lucha de los estatales de Neu­quén por 200 pesos de aumento se encuen­tra bloqueada. La directiva del gremio, con el pretexto de que "no están dadas las condiciones para seguir la lucha”, o que "los compañeros no quieren salir”, se apresta a aceptar una oferta oficial, que ya presenta como el "fruto del combate” y un “logro de gran parte de nuestras reivindi­caciones”. Congelamiento y tregua La propuesta del gobierno desconoce el reclamo de aumento de 200 pesos. Los estatales tienen los sueldos congelados desde junio del '91, con un básico para la categoría inferior de 150 pesos. El gobierno solo promete sancionar una ley de conven­ciones colectivas, que permitiría en 60 días (si es aprobada y reglamentada en ese lapso) retomar la discusión salarial. El gobierno propone pasar a planta per­manente a varios miles de trabajadores temporarios, lo que no sería más que el cumplimiento de una obligación legal. Sobisch ofrece también una “recategoriza­ción“, que en el mejor de los casos signifi­caría aumentos pequeños y discriminato­rios con la intención de atomizar al gremio. Para acceder a este paquete hambreador, ATE debería reconocer en un acta, “la crítica situación financiera provincial" y comprometerse a una “tregua” hasta 1993. La situación de las finanzas provincia­les, mientras tanto, empeora día a día como consecuencia de la evasión que perpetran los capitalistas. El propio gobernador Sobisch señaló que Perez Companc declara un volumen inferior de extracción de petró­leo para pagar menos por las regalías. A pesar de esto, los senadores del MPN acaban de aceptar la entrega de sus votos para sacar la ley de descuartizamiento de YPF. Lo mismo ocurre con la privatización de gas, que producirá fuertes tarifazos en la provincia. Neuquén exportará este combus­tible a Chile en beneficio exclusivo de la “patria privatizadora". Rechazar el acuerdo La burocracia de ATE incluso ha confor­mado hace algunos meses un organismo denominado CTA (Congreso de Trabajado­res Argentinos) junto a las burocracias de ATEN, Fruta y Judiciales. Este Congreso no cumplió ningún papel en el impulso ni coor­dinación de las luchas. La CTA solo se reunió para lanzar algunos dardos contraía "ofensiva neoliberal”. Este inmovilismo está cínicamente encubierto con pom­posas declaraciones en favor de una nueva “corriente combativa” o incluso “un parti­do de trabajadores”. La lista Naranja y Blanca de ATE está impulsando un petitorio que ya recibió más de 400 firmas para seguir la lucha. Además en los plenarios algunas delegaciones del interior (como Zapala o Centenario) han exigido lo mismo.

Mientras que los ferroviarios organiza­ban un nuevo “tren de la resistencia" para pretextar contra el cierre de los servicios de pasteros de larga distancia, Pedraza al “dirigente” de la Unión Ferro­viaria (UF), ha vuelto a la carga con sus pro­puestas patronales. Esta burócrata ha anunciado la inten­ción de la UF de hacerse cargo del FFCC Belgrano. Para ello plantea “reducir" los 8000 km, da vías actuales a 5.200; 260 máquinas existentes a 176; 8480 vagones a 4533 y al personal (no más de 1.100 traba­jadores de plantel). Pedraza actúa como testaferro da erar­los grupos capitalistas: Ledesma, Minetti, Plus Petrol y Boroquímica, "invitadas do Pedraza" (Página 12, 18/8), las qua “ha­brían advertido al Gobierno su voluntad da no dar un paso sin consultar al sindicato". Se especula que la presencia de Pedraza permitiría una "adjudicación directa”. El plan de Pedraza están antiobrero que la Burlington Northern Railroad, asociada con Benito Roggio en la privatización de Femase, declaró que la "propuesta de la Unión reduce demasiado al personal". Un editorial de La Nación (18/8) se asombra da que “por vez primera en el proceso de privatizaciones… aparece un sindicato colocándose del otro lado del mostrador...", ya que plantea un “recorte de personal”, la modificación del reglamento de los ferrocarriles, un aumento de tarifas que asciende hasta al 25%...una significativa revisión de las condiciones de trabajo del convenio laboral vigente”. Así es, Pedraza se ha colocado “del otro lado del mostrador“. Fue “destru­yendo” la oposición antiburocrática, alca­hueteando a los activistas y delegados de lucha para que sean despedidos, hizo frente común con el gobierno contra las huelgas fraternales y prohíbe toda clase de asamblea, Ei sindicato ha sido “tomado" por la buro patronal para cocinar sus negocios. Frente a la amenaza que pende sobre los trabajadores, tenemos que avanzar en coordinar una autoconvocatoria de bs tra­bajadores del riel para organizar la lucha contra los despidos en ciernes, por la defen­sa del convenio, por un aumento de emer­gencia de 500 pesos y contra la privatización-destrucción del ferrocarril. De Once a Bragado El 14 de agosto se realizó otra marcha contra el cierre de servidos de pasajeros de larga distancia. Esta vez fue en la Estación Once del FFCO Sarmiento. Una “Inusual” custodia policial no impidió que dirigieran la palabra compañeros ferroviarios y da partidos políticos, entre ellos el PO. Una delegación de trabajadores y dirigentes políticos y sindicales viajó luego en el tren realizando actos de protesta en diferentes paradas. En Mercedes el tren fue recibido por ferroviarios y vecinos. Allí hablaron Fraccia de Apdefa Felipe López del PO y un dirigente de señaleros. En Bragado volvió a repe­tirse el acto frente a vecinos y ferrovia­rios locales. La "Comisión de Defen­sa del Tren” que ha venido gestando estos actos debe ahora dar un salto político para enfrentar el plan de Pedraza y ayudar a que los trabajadores ferroviarios se autoconvoquen para decidir su destino. Corresponsal

En el Congreso nacional está en marcha un operativo político para poner fin a la movilización educativa y aprobar la ley privatista y clerical. La clave de la maniobra, reclamada desde Clerici hasta el “Chacho” Álvarez es que esa ley salga por "consenso” entre el gobierno y el radi­calismo. Para eso, dice Página 12 (15/8), “El mi­nistro Salonia envió al titular de la comisión legislativa sus propios aportes, que recogen no sólo las propuestas Justicialistas sino tam­bién la suscripta por la UCR”. Dante Caputo, que “reaparece” pata apuntalar este trabajo su­do, se “manifestó optimista de que se pudiera lograr un dictamen único” (ídem). Como no pudieron terminar el “consenso” para el viernes 21, prerrequisito para bajar el pro­yecto a la sesión plenaria de la cámara de diputa­dos del miércoles 26, Caputo y el Chacho Álvarez, integrante de la Comisión, han dado su aval, informa Clarín (20/8), para trabajar a marcha for­zada y tener todo “consensuado" el martes 25. Como dice la Mesa en Defensa de la Educación (17/8) esta ley es “una versión maquillada y empeorada del proyecto del Senado recha­zado masivamente por la comunidad educati­va’'. Se mantienen los artículos que plantean la injerencia de la religión en los planes de estudio. Se achica la escuela primaria en un año (de 7 a 6) con la excusa que se extiende la secundaria (dos ciclos de 3 años), etc., etc. El señuelo para maquillar el proyecto clerical que se “consensua” es la promesa de duplicar en 5 años la in­versión consolidada en educación, para alcanzar una meta del 6,3% del PBI. Semejante planteo viola toda la técnica legislativa, que se basa en establecer derechos y obligaciones y no puede entrar en el terreno de los objetivos o promesas que se confina normalmente a las introducciones o considerandos. En definitiva la “financiación" es un “verso”, especialmente ahora, cuando ha quedado a cargo de las provincias y no más del gobierno federal. Gracias a esta ayuda de la UCR y del “Cha­cho”, Salonia logró la confirmación en su cargo, que ocupa desde el principio del gobierno Menem. Es un hombre del clero y por eso se mantiene. Ahora ha designado un nuevo gabinete para “poner gradualmente en marcha la nueva estructura (que se apruebe en la ley) para evitar los problemas que conllevaría una modificación global” (Pág. 12, 18/8). La Ctera cómplice La Ctera hace la vista gorda al carácter clerical de la ley que se está “consensuando”. Actúa como quinta columna del clero para minar la movilización de docentes, padres y alumnos contra la ley reaccionaria. No solo ha atomizado la fabulosa movilización docente nacional, restringiéndola a cada provincia, sino que también se empeña en quebrar toda posibilidad de plan de lucha docente en cada distrito. La semana pasada dividió el paro de los docentes secundarios que habían resuelto para el miércoles 12 los autoconvocados (el Suten hizo un día después, para lo que tuvo que oponerse a la moción votada por los profesores capitalinos del Suten que eran partidarios de parar 48 horas). Luego, Suten “convocó” para el miércoles 19 a una marcha al Ministerio, a la que no fueron más de 70 personas, ara reclamar la equiparación salarial (lo cual excluye a los profesores del Gran Buenos Aires ya “equiparados” con la miseria que ganan sus colegas provinciales). Mary Sánchez se opuso a “consensuar” con los pares, boicoteando la movilización que estos convocaron en torno al Congreso. ¿Más de lo mismo? Con este título la “Mesa en Defensa de la Educación” ha denunciado el proyecto que se está “consensuando”. Afirma: “la Mesa rechaza todo intento de sancionar una ley a las apuradas, a espaldas del pueblo. Es la comunidad educativa, es decir los docentes, padres y alumnos, la que tiene que debatir… como debe ser la educación de la Nación y anda debe resolverse sin su participación… convocamos a la comunidad educativa a movilizarse en defensa de la educación pública, ya que de aprobarse una ley de estas características en poco tiempo más se asistirá a la desarticulación y destrucción del Sistema Educativo”. Las Comisiones de Padres están jugando un importante papel para denunciar y desbaratar esta política de bloqueo y confusionismo deliberado. Las Comisiones de Padres han planteado la necesidad de convocar para el miércoles 26 a una Jornada Cívica frente al Congreso, para impedir que la ley salga. Este viernes 21, los Padres realizaran una nueva Asamblea Abierta a la que han convocado a toda la comunidad educativa dispuesta a movilizarse para hacer realidad esta gran marcha el 26. Pronunciamiento como el del Nacional Avellaneda, demuestran que ha comenzado a marchar. Docentes y padres de la Escuela N° 52, Monte Chingolo El paro aislado no sirve Lanús, 5 de agosto de 1992 Los docentes de la Escuela N° 52 de Lanús, hacemos saber a la comunidad educativa y a los dirigentes de Suteba que: El día jueves 6/8 designado “paro activo” decidido por el Congreso de Ctera no será acatado por decisión del personal, considerando que: 1) Repudiamos la limosna de 100 pesos por presentismo que otorga el gobierno de la provincia por no hacer un aumento real, violando el reglamento de nuestro Estatuto, impidiéndonos hacer uso de nuestros derechos. 2) No acatamos el paro el día jueves, porque no es una medida que sirva para unir a los docentes en la lucha por un salario digno y una nueva Ley de Educación. 3) Nuestra propuesta es que necesitamos y reclamamos, un salario básico de 500 pesos como hacen los jubilados y junto con esto avanzar en la elaboración de una nueva ley confeccionada en todas las escuelas, con la comunidad, maestros y alumnos; para esto necesitamos un plan de lucha nacional con movilizaciones, consultando a las bases. Salta: Los docentes votan plan de lucha El paro del jueves 6 fue otra instancia de organización y avance del gremio. Se realizaron decenas de asambleas por colegio y unas 15 asambleas con padres sólo en la ciudad. Los mandatos a la asamblea del sábado siguiente eran todos favorables a un plan de lucha. Las posiciones se dividieron entre el bloque de directiva y la mayoría de la lista 1, por un lado, que propuso emulando a Mary Sánchez colocar el eje en llevar a los padres a te legislatura y pedir “garantías” a los diputados por una ley de Educación consensuada. En esta línea se opusieron a la movilización junto al resto de los estatales el jueves 13. El otro bloque encabezado por las mociones que llevamos desde Tribuna Docente y la lista Rosa ganó la votación al promover la marcha conjunta y un plan de lucha de 24,48 e indeterminado a partir del día 24 con asambleas con la comunidad. La lista Rosa local encara ahora el trabajo escuela por es-cuela para garantizar que cada jornada de protesta sea un paso adelante en la organización (elección de delegados, formación de comisiones de padres) y en la elaboración de un programa mínimo en defensa de la escuela pública que comienza por el rechazo Integral a la Ley de Educación y el salario básico de 450 pesos. Corresponsal Para dividir a los secundarios CTERA promueve congreso "trucho" Alojamiento, pasaje gratuito y viáticos ofreció la burocracia de CTERA a secundarios de diversas partes del país para congregarlos en un supuesto “Congreso de estudiantes secundarios”, realizado el último fin de semana en la Capital. Ni asambleas, ni mandatos, los "representantes” fueron digitados por el aparato marysanchista. La reunión fue custodiada “por expertos”, es decir, los matones del sindicato, que acordonaron la entrada para que “los zurdos no entren”. Varios compañeros del interior, que concurrieron engañados, se sorprendieron al observar la regimentación y aún el "marcado” de quienes se acercaban a conversar con los compañeros bloqueados por la “seguridad". En las comisiones del Congreso trucho la línea que se “bajó” fue “no a las marchas ni a las huelgas”, organizar “festivales” y estructurar a los secundarios siguiendo el esquema organizativo de los distritos de CTERA. La UJS secundaria llama a defender el reagrupamiento independiente de los secundarios, denunciar el Congreso trucho y concretar un pacto de acción para organizar un plan de lucha, por la concurrencia masiva desde los colegios a la marcha del próximo miércoles 26. “Version maquillada” y empeorada Comunicado de prensa En el día do la fecha. 17 de agosto de 1992, la Mesa Permanente en Defensa de la Educación Pública resuelve: 1- Convocar para el día miércoles 19/8 a distintas instancias de movilización en rechazo al predictamen del bloque de diputados justicialistas sobre la ley general de Educación, por ser una versión maquillada y empeorada del proyecto del Senado, rechazado masivamente por la Comunidad Educativa. Oportunamente esta Mesa fijará posición sobre los otros proyectos presentados. a) Adherir a las sentadas que se realizarán a partir de las 11 horas en los lugares que coordinen las comunida­des educativas. b) Adherir a los reclamos salariales de las organizaciones docentes. c) Concurrir al abrazo al Congreso desde las 18.30 hasta las 20 horas. 2- Convocar a una gran movilización de la Comunidad Educativa frente al Congreso para el día en que se trate la ley en la Cámara de Diputados (hasta ahora el miércoles 26/8). 3- Reiterar nuestro reclamo de que la Ley General de Educación sea el resultado de un debate profundo de la Co­munidad Educativa. Asociaciones Cooperadoras Comercial N° 7 Manuel Belgrano; Nacional N° 4 Nicolás Avellaneda. Nacional N° 8 J.A. Roca; Liceo N° 9 Santiago Derqui; Comisión de los32 (Cooperadoras de escuelas primarias municipales) Comisiones de Padres ENET N°17 Cornelio Saavedra; Colegio Nacional de Buenos Aires. Normal 11; ENET N° 28 República Francesa (calle Cuba); Asamblea Permanente para la Educación (APPLE); ADYTEP (Morón); FUA, FUBA FUT SEDEBA; Coordinadora de Base de Docentes Autoconvocados; AMET. ADEF, CAMYP, UTE (CTERA) Congreso de Estudiantes Secundarios

La FUA y la CONADU acaban da denunciar que el presupuesto universitario para 1993 “no representa mejora alguna con respec­to a lo adjudicado para 1992; sus valores se ubican en un 40 % de­bajo del de 1987” (La Nación, 16/8). Esto significa que se ha de­cretado otro congelamiento salarial hasta diciembre... del año próximo. El resto de las partidas para gastos de mantenimiento será todavía in­ferior a la del corriente año. El gobierno pretende atenuar es­ta miseria a través de "plus" sala­riales que saldrían de “ahorros” (despidos) o "venta de servicios” (decreto 1215). Esto no resuelve naturalmente la cuestión salarial, pero servirá para liquidar el escala­fón, discriminar entre docentes y estimular la “industria” del despi­do. La “venta de servicios” distor­siona la función de la educación; al descalificar las tareas de enseñan­za y de investigación teórica. El Hospital del Clínicas de la Universidad de Buenos Aires ya está siendo desmantelado como hospital-escuela para convertirlo en subsidiario de determinados Sa­natorios Privados. Pero cuando los vaciadores de la Bolsa la emprenden contra la en­señanza superior encuentran un aliado natural en las camarillas uni­versitarias. Delich, rector de la Uni­versidad de Córdoba, propone abiertamente la arancelización y los servicios. Pero también en el Consejo de Rectores (CIN) la ma­yoría “admite en la trastienda que la política de sueldos dife­renciados es el único camino pa­ra retener a la gente” (Página 12, 14/8) reconociendo que ello consti­tuye “un triunfo de la política ofi­cial (porque) traslada el conflicto al interior de las casas de estu­dio”. Sólo sobrevivirán “aquellos que generen recursos complementarios en bate a convenios” (ídem). El CIN está dominado, co­mo se ve, por lo« Intereses del gran capital. El desmantelamiento da la ense­ñanza pública significa también, dejar la acción educativa en manos de la Iglesia y tas camarillas ultra­montanas. Los Quarracino y los Porto, colaboradores de Videla y representantes del oscurantismo clerical son, para el actual régimen, tos "modernizadores" del sistema educativo. El menemismo nos con­duce al dominio de las oligarquías profesorales reaccionarias, contra el cual se levantó el movimiento estudiantil del 18. De esto la FUA y la CONADU no dicen nada en su comunicado con­junto. La pretensión de que la polí­tica actual responde a una “lógica economicista que entiende la educación como un gasto y no como una inversión”, es un enor­me error de caracterización. Oculta que, como mínimo, se trata de una ofensiva clasista del gran capital, que sabe, por supuesto, más de “gastos" y de “inversiones” que la FUA y la CONADU. Estos quie­ren ser más papistas que el papa y enseñarle capitalismo a la Unión Industrial y a Cavallo. La falaz caracterización de la FUA y la CONADU se manifiesta cuando no formulan ninguna sali­da Hay que lanzar audazmente la consigna de la Asamblea Universi­taria para reeditar las las jomadas de 1918, pero esta vez en estrecha alianza con las organizaciones in­dependientes de los explotados. Por un Congreso de estudiantes y docentes, asambleas y coordina­doras, medidas conjuntas de ac­ción directa. Este es el camino que ha dejado abierto la insurgencia de padres, docentes y alumnos contra los enterradores de la educación argentina. Reclamemos a la FUA y a CONADU un plan de acción na­cional en esta dirección.

Si el Consudec (Consejo Superior de Educación Católi­ca) había logrado el 80% de sus objetivos con el proyecto aprobado en el Senado, el pre-dictamen justicialista elabo­rado en Diputados consagra la totalidad de sus ambicio­nes. El lobby del clero logró dictar el 100% de las enmien­das a las que los parlamentarios pusieron la firma. Esto es riguroso. En las “Reflexiones en torno de una ley federal de Educación", publicadas luego de la masi­va movilización educativa de julio, el Consudec (en su re­vista 696, 4to. miércoles julio 1992) advierte acerca de “lo que una ley de Educación no puede ignorar, según nuestra Doctrina Educativa Cristiana”. Plantea allí “ga­rantizar y promover los derechos de la familia y de las instituciones aptas para la labor de enseñanza, en ma­nera particular la Iglesia Católica y demás confesio­nes reconocidas”, lo que fue transcripto casi textualmen­te en el art. 4° del “pre-dictamen” del PJ. También señala que “El Estado debe garantizar a la familia... la asunción de los respectivos valores éticos y religiosos”, transformando ahora en el artículo 6 del pre-dictamen. Pero hay un punto en el que el Consudec in­siste con particular tosudez y que es, sin embargo, la "en­mienda" principal que el PJ introduce a la media sanción del Senado, en el nuevo artículo 46. Mientras que para el Consudec “una verdadera libertad de enseñanza tanto para la escuela pública de gestión privada como para la de gestión estatal (debe) hacer posible optar a los padres por la formación religiosa de sus hijos, según sus respectivas convicciones” o, más precisamente: “quienes profesamos una Fe religiosa, tenemos dere­cho a ser atendidos por las escuelas de gestión esta­tal tanto como aquellos que no profesan ninguna”, co­piándolos legisladores del PJ resolvieron que "los padres... tendrán derecho ... a que sus hijos/as... reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 46) El Consudec ataca el concepto de "neutralidad del Estado en educación” (que no es lo mismo que laicismo, pues este último lucha contra la intromisión indebida del clero en la educación popular, y contrapone la ciencia a la religión, la democracia a las corporaciones, y la experien­cia y la reflexión a la fe, calificándolo de "ateísmo". La ac­ción de los sacerdotes debiera estar compulsivamente limitada a la difusión del credo en sus fieles y totalmente excluida de la formación científica y cultural de la ciudadanía. Es, por lo tanto, toda una confesión de "ausencia de neutralidad” que los "demócratas" de la UCR, como sus pares del PJ, garanticen en su proyecto el sosteni­miento estatal de la educación privada (subsidios), a lo que es ya un monopolio del clero. Este dirige en la actualidad casi el 50% de los establecimientos educativos secundarios. Tanto el “pre-dictamen” del PJ como el de la UCR mantienen intacta una de las exigencias claves de la Igle­sia, que es la eliminación de la obligatoriedad de los jardi­nes maternales de 45 días a 4 años con la pretensión de convertir a la etapa preescolar en feuda propio del hogar y la parroquia. Pero casi no se ha advertido que ambos pro­yectos, el de la UCR y el del PJ, contienen otra de las as­piraciones básicas del clero: la destrucción de las escue­las normales públicas. Uno y otro texto promueven la 'descentralización", es decir el pasaje a las "jurisdiccio­nes” de los niveles de jardín, primario y secundario de los actuales normales lo cual según adelantó Salonia “se es­tablecerá por decreto” (Clarín, 31/7). De paso, “flexibilización" y más recursos El Consudec se pronuncia por las “debidas remuneraciones a todos los docentes” y por “garantizar la justi­cia distributiva y social en la asignación de los recur­sos del presupuesto nacional”(Revista Consudec, ídem anterior) lo cual le permite diferenciar “las justas reivin­dicaciones de los docentes, causa noble y urgente si las hay (de las) consignas descalificadoras para per­sonas e instituciones” (Pronunciamiento Consudec, La Nación, 25/6), es decir de la condena a la enseñanza pri­vada y confesional. El clero pretende hacer del tema pesos para los docen­tes (salarios), una cortina de humo para impulsar el “contenido "clerical de los proyectos de ley de educación. Pe­ro esto no significa que se interese socialmente por los maestros, pues sostiene “la aplicación de la reforma la­boral sobre contratos provisorios” (Ley Nacional de Empleo) y la vigencia de la ley 13047 “como régimen jurídico aplicable en el ámbito territorial donde desarro­lla su actividad la enseñanza privada”. Esta ley, apro­bada en 1947 y reimplantada por la dictadura militar debi­do a la intensa presión del clero, convierte a los docentes privados en parias del sistema educativo. Además, cual­quier aumento salarial implica automáticamente un au­mento en los subsidios a las privadas, como lo reconoce una reciente acta entre los funcionarios del gobierno y el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada. Fuera la ley clerical La Iglesia es el gran artífice de lo que ha dado en lla­marse la “salida consensuada” del conflicto educativo. El gobierno y los ministros responden al clero, dos de los jefes máximos de la UCR (Angeloz y De la Rúa) ídem, la burocracia sindical en pleno busca orientación en los “re­tiros espirituales", la dirección de CTERA es una agen­cia del Consudec, el centroizquierda (Chacho Álvarez y otros) forma parte también de la "congregación". La labor formativa| de la Iglesia que todo este arco político defiende, presta una gran contribución a los ex­plotadores ya que combate al pensamiento científico y crí­tico, las luchas reivindicativas y a la revolución social.

En el Congreso, en particular en diputados, se trabaja a marcha forzada para lograr una ley que “satisfaga a todos”. La conspiración (no se la puede llamar de otro modo) articula al clero, al gobierno, la burocracia de CTERA, el radicalismo y el centroizquierda. El “consenso" pretende Imponer la posi­ción acabada de la Iglesia, bajo el ró­tulo de “predictamen" de la Comisión de Educación. Se trata de un intento para estran­gular la movilización educativa. En consonancia con esto la burocracia de CTERA se está negando a declarar, con toda la antelación necesaria un paro activo con movilización para el próximo 26, fecha en que se tratará el proyecto en Diputados. La burocracia mantiene a fondo la política de “provincialización” del conflicto. Suten —su expresión entre los docentes nacionales— llamó a una movilización frente a la Intendencia para reclamar la "equiparación inmediata" con los docentes municipales, abandonando incluso la consigna de oposición al traspaso de los servicios educativos. “La transferencia ya está consumada”, declaran los dirigentes de CTERA. Para apuntalar la división, la Intendencia capitalina acaba de otorgar un “premio por única vez por material didáctico”, que es miseria pero atiende al objetivo general de desmovilización. En oposición a este operativo, los "autoconvocados" han llamado a un paro activo el 26 con movilización a Congreso y marcha posterior. La “Co­misión provisoria de padres y coo­peradoras” se ha pronunciado en al mismo sentido y se apresta a darle un impulso mayor a esta convocatoria a través de un plenario abierto a reali­zarse en el Nacional Buenos Aíres. Varios Enet se han sumado a esta de­cisión. Mientras Caputo lidera entre los di­putados radicales el esfuerzo por "consensuar" la ley clerical, la cúpula del radicalismo aliada al clero está promoviendo una política activa de de­serción de la lucha en todos los fren­tes. No hay que olvidar que la “salida consensuada" tiene ya cuatro años de antigüedad, pues en 1988 todos I06 partidos patronales respondieron al llamado del clero y junto con él fragua­ron el Congreso Pedagógico. De allí salió el proyecto bárbaro que hoy se quiere convertir en ley. La deliberación política de las es­cuelas y colegios sigue en pie como también las organizaciones de lucha creadas por el ascenso. La consigna sigue siendo “autoconvocarse y deci­dir”, agrupar a docentes, padres y es­tudiantes para parar y marchar el 26. Sobre la base de la autoconvocatoria formar coordinadoras. Denunciar el ca­rácter clerical de la ley en gestación y luchar por su retiro del parlamento. Vo­tar en todas partes el reclamo y la ac­ción por los 500 pesos de básico. Masiva oposición a la burocracia en Suteba La dirección del Suteba realizó un plenario del conurbano, el 19 de agosto que congregó a unos 300 delegados: menos de la mitad de las escuelas organizadas en Suteba. Allí, la conducción - logró imponer la propuesta de un paro nacional de CTERA en movilización al Congreso para el día que se trate la ley en la Cámara de Diputados en función de reclamar una ley “por consenso” y en el orden provincial, una “campaña de esclareci­miento" y una marcha a La Plata, a la cual se sabe que no va nadie. CTERA finge un movimiento de lucha que no ponga en riesgo la aprobación de la ley reaccionaria que se tramita en Diputados, lo más importante del plenario, sin embargo, fue que hubieron 130 votos en contra de la burocracia. La moción impulsada por delegados de Tribuna docente, re­damaba un plan de lucha de paros progresivos (48,72, 96: horas, etc.) hasta arrancar los 500 pesos de básico, impedir la sanción de la ley privatista y clerical, la defen­sa de la escuela estatal, laica gratuita y única, y la triplicación del presupuesto edu­cativo. Del total de 130 votos, se­tenta correspon­dían a mandatos: escritos de escuela votados en asambleas; de los cuales repro­ducimos el de la escuela 21 de Florencio Vare la (ver aparte), que se detiene a explicar la necesidad de la huelga indefinida como única perspectiva para la victoria de la actual lucha. “CTERA no defiende la escuela pública y estatal” Los docentes de la escuela 21 de Florencio Varela consideramos que el paro del 6 de agosto resuelto por el congreso de CTERA constituye un retroceso con respecto a las medidas que veníamos realizando antes de las vacaciones de invierno. Peor aún van en un sentido contrario a aquéllas porque pretenden ponerles fin con medidas aisladas que aborten las importantes movilizaciones que tuvieron origen en las escuelas de nación. A tales efectos el SUTEBA convo­có a asambleas minoritarias en medio de las vacaciones de invierno, sin más propósito que evitar un pronunciamiento masivo de los do­centes en el sentido de extender y profundizar el plan de lucha que surgió antes de las vacaciones de invierno. Ese pronunciamiento con seguridad se hubiera producido de haberse realizado asambleas en época de clase con abandono de tareas, hecho que el SUTEBA evitó a conciencia. Esto dio lugar a una masiva deserción al paro del 6/8 (a diferencia de lo que afirma SUTEBA), deserción que expresó el re­pudio de los docentes a medidas aisladas y derrotistas. Así lo enten­demos en nuestra escuela los que paramos y los que no paramos ya que los últimos veníamos haciéndolo, concurriendo a asambleas y movilizaciones. En el mismo sentido que las apreciaciones anteriores señaladas rechazamos el mensaje intimidatorio de la dirigencia del gremio en el sentido de que una huelga prolongada va a dar lugar a descuentos que la gente no se aguanta porque en primer lugar lo que hay que decir es que sin medidas consistentes, a fondo, prolon­gadas, nada podemos arrancar, que de hacerlo hay que promover el sostenimiento económico de la huelga y que la misma medida de lu­gar a la solidaridad porque se pone en evidencia que existe seriedad en conseguir aquello por lo que luchamos y que si la lucha es conse­cuente podemos triunfar también en el sentido de evitar los descuen­tos, cuestión que debe figurar como consigna y bandera de lucha. Las medidas planteadas por el Consejo Ejecutivo Provincial revelan que está aceptando el presentismo porque no hace nada para derro­tarlo. Rechazamos los nuevos proyectos de ley de educación por privatistas y clericales, y por esa razón rechazamos los 26 puntos de CTE­RA que no defienden la enseñanza laica y estatal y por ese motivo, tampoco defiende la gratuita. Planteamos un plan de lucha de paros progresivos (48, 72, 96 ho­ras, etc.) para arrancar: a) 500 pesos de básico; b) impedir la san­ción de la ley privatista y clerical; c) en defensa de la escuela estatal, laica, gratuita, única; d) triplicación del presupuesto educativo". 18 de agosto de 1992 Asamblea del Avellaneda resuelve paro activo el 26 El miércoles 19 se realizó una asamblea del Na­cional Nicolás Avellaneda que contó con la asistencia de 100 docentes, padres y alumnos. Los docentes de­nunciaron que la primera cuota de la “equiparación” (transferencia) consistió en un aumento por hora de clase equivalente a dos boletos de colectivo. La mayo­ría opinó que las medidas para parar la Ley deben ser parte de un plan de lucha de conjunto. Las resolucio­nes fueron: paro activo el 26/8, con asistencia y deba­te en el colegio y abandono a las 16hs. para marchar al Congreso. Y realizar una nueva asamblea del Ave­llaneda, preparatoria, el 25 a las 19 horas. Terciario Joaquín V. González El martes 18 se realizaron asambleas en el turno tarde y noche que congregaron a 120 docentes y estu­diantes del terciario. En ellas se resolvió parar el 19 y adherir al “abrazo al Congreso” del mismo día. Las reivindicaciones votadas: 500 pesos de básico; au­mento del presupuesto educativo; defensa del terciario (contra la eliminación del mismo por parte de los pro­yectos oficialistas); rechazo a los proyectos de Ley en trámite y contra el plan económico gubernamental.

La situación chaqueña es un buen botón de muestra de los alcances del “pacto fiscal" fir­mado portas provincias con el gobierno nacional. Apenas firmado el mismo, renunció todo el gabi­nete chaqueta. Las nuevas “pautas" de copar­ticipación de impuestos habrían exigido al gober­nador Tauquinas la declaración de quiebra del Estado, el cual aún no ha pagado Ion salarios docentes de julioy cuyo Banco Provincial está en completa bancarrota. Mientras Tauquinas se rehusaba a firmar el "pacto "con el gobierno central, su jefe político— el ex-gobernador de la dictadura y ahora pro- menemista Ruiz Palacios— llamaba a un “acuerdo de las fuerzas políticas provincia­les” para “ponemos en guardia ante la política implementada por el gobierno nacional”. El "flamante" bloque menemista del interior —que Ruiz Palacios integraba con los Reutemann, Pa­lito o Ulloa— se hace pedazos bajo el peso del "federalismo fiscal" fondomonetarista. La "rebeldía'' de Tauquinas fue avalada por una legislatura da mayoría justicialista pero no tiene más que un alcance "simbólico" para en­gañar al pueblo y justificar los ataques que contra él se preparan. A pesar de que “de todas ma­neras le será retirado el 15% que se destinara al sistema previsional", (Clarín, 17/8), los "rebeldes” no se aprestan a resistir. Todo lo contrario. Los procesistas están negociando con Cavallo la “partida de emergencia " para financiarlos brutales ajustes que se vienen, entre ellos, “financiar los retiros voluntarios en la conversión del Banco del Chaco” (Norte, 10/8). Palabras melodiosas éstas para Cavado, quien ha puesto su mira en la liquidación de los bancos oficiales de provincia. Tauquinas no volverá de Buenos Aires con "soluciones", sino con una declaración de guerra contra los estatales chaqueños, los docentes, mientras tanto, han resuelto la huelga general hasta cobrar los salarios de julio. Hay que seguir por asta camino en el Banco, impidiendo su vaciamiento mediante al bloqueo de sus fondas, —y en toda la administración pública.

Luego de nueve meses han vuelto las Mar­chas del Silencio. Más de 500 personas salieron a la calle bajo el lema “La Justicia sigue sospechada”, en abierto desafío a una colosal campaña de boicot del gobierno, el PJ y la UCR. La Marcha estuvo precedida por una creciente ola de protestas. Días antes de las vacaciones de invierno, cinco mil padres, docentes y alumnos salieron a la calle contra la “transferencia edu­cativa". Poco después, los estatales comenza­ron un plan de lucha, con paros de 24 y 48 horas que culminarán en una gran movilización hacia fines de este mes, contra los despidos. Al mismo tiempo, varios hospitales han salido a redamar aumento de salarios. Corte de maniobras Existe la firme sospecha de que se está pre­parando la liberación de Guillermo Luque, prin­cipal acusado del crimen. La Corte Suprema acaba de emitir un fallo en el que “urge" a los jueces a “poner término del modo más breve a la situación de incertidumbre y restricción de la libertad que com­porta al enjuiciamiento penal”. Con semejante “recomendación" se ha montado una maniobra jurídica con el concurso del Subcomisario Patti que consiste en dejar sin efecto las declaraciones de dos testigos princi­pales por supuestos "vicios procesales ". A ello se suma la liberación de los otros acusados del crimen, Diego Jalil, hijo de un ex funcionario saadista, y Luis Tula. Varios miembros del gobierno catamarqueño salieron públicamente a una campaña en contra de la marcha Son loa que, como el diputado Marcolli y varios radicales, se montaron en el pasado sobre las marchas para orientarlas en beneficio de un recambio burgués del gobierno de Saadi, en complicidad con éste, con el clero y con Menem. Se ha desenmascarado, claro que ya consumada la maniobra, el verdadero carácter del gobierno del “Frente Cívico", que no es otra cosa que la continuación del régimen saadista por otros medios. El padre de María Soledad reflejó la desilusión popular al declarar: "Nosotros teníamos la esperanza cuando vino la intervención federal, pero al final fueron siete meses perdidos. Esto está demostrando que el freno para el no esclarecimiento tiene nombre y apellido: es el presidente de los argentinos" (Ancasti, 12/8). Lamentablemente, que no ha percibido el papel del clero. En esta ola de boicot no ha quedado afuera ni la propia abogada de los padres, Lila Zafe, acu­sada de vinculaciones con el menemista Cesar Arias, la que acaba de renunciar a la defensa, alegando "cansancio". Todos los sectores de la burguesía se han lanzado así a un trabajo de pinzas destinado a lanzar la ofensiva final, que culminaría con la liberación de Guillermo Luque. ¡Romper el cerco! Loe actores disfrazados de esta lucha se han sacado ahora la careta, cuando ya la usaron hasta el desgaste. Pero los estatales, los padres y docentes, los médicos y enfermeros, la juventud, están en la calle. La clave es que ahora salgan todos juntos, a una gran Marcha del Silencio que exija Justicia: para el crimen de María Soledad, para el salario, contra los despidos, por las jubilaciones, por la educación laica, libre y gratuita, contra el ajuste de Castillo y el Frente Civico-Saadista

El nombramiento de la nueva interven­ción federal a Corrientes responde al propósito confeso de evitar una nueva de­rrota electoral del menemismo. Para asumir el control total del poder político se pretendió intervenir, además del poder judicial, como ocurrió, al legislativo. Solamente a partir de estas condiciones, el menemismo entiende reunir los medios necesarios para ganar una elección. Ahora podrá designar, a su gusto, a la Justicia Electoral. La finalidad, menos explícita claro, de esta segunda intervención a Corrientes es controlar la Legislatura, entre cuyas atribu­ciones está la de designar a los senadores nacionales por la provincia, algo que puede ser vital a la hora de necesitar los votos del Congreso nacional para aprobar una refor­ma constitucional con reelección incluida. Este propósito le otorga a esta segunda intervención a Corrientes un carácter real­mente “roquista", es decir que aspira al "unicato" (el gobierno nacional controla el Congreso y las provincias). De todos modos, no hay que dejar de señalar la otra "dimensión” de este avasallamiento: fue Cavallo quien aconsejó que “no era conveniente para el plan económico soportar otro cimbronazo político” (Clarín, 13/8). El temor del minis­tro retrata la “salud” del "plan” económico. La legislatura en la mira Como se dijo, inicialmente, las atribucio­nes de la Bello abarcarían a los tres poderes del Estado provincial. Luego, la Legislatura quedó fuera de los alcances de la interven­ción, como resultado de un “pacto con el Pacto" (Autonomista Liberal), que cuenta con la mayoría de la legislatura y controla también al Tribunal Superior de Justicia. Aunque el Pacto amenazó con "insu­bordinar” a la provincia, negoció luego la asunción de la Bello y la postergación de las elecciones a cambio de que la Legislatura no fuera intervenida. El "gesto" se explica porque el “PAL tiene problemas para demostrar que ha hecho una administra­ción eficiente en la provincia” (La Nación, 16/8). De la Legislatura depende, precisa­mente, que se Investiguen las cuentas del Banco de Corrientes, que es a lo que se refiere el diario "La Nación”, sin embargo, “como se presumo que la interventora no pondrá el decreto (de postergación de las elecciones) a consideración de los legisladores, todo parece que desembocará en un conflicto de poderes” (La Nación, 16/8). Pero todo depende de otra cosa: de cómo se “porten" los senadores correntinos en el Congreso Nacional. Se negocian los votos de aquéllos en contrapartida a lo no investigación del banco correntino. Pero aquí la última palabra la puede pretender el propio Cavado, que no le ha “perdonado la vida” a ningún banco oficial de provincia dada su política de favorecer la penetración del capital bancario "privado". El movimiento obrero Menem y Bello reclaman la “suma del poder público” por otra razón tanto o más fundamental: para emprender un plan de guerra contra los trabajadores correntinos, ya que “el ajuste de marras incluirá el despido de unos 10.000 empleados pú­blicos” (La Nación, 14/8). La Bello asume, precisamente, en medio de una convulsión general entre los estatales, a quienes se les debe un mes completo de sueldos. En los días previos al nombramiento de la Interven­tora, se sucedieron paros y marchas en los principales hospitales, en la docencia nacio­nal y provincial y por parte de los jubilados. La intervención tendrá que vérselas con este movimiento el cual hace sólo un mes atrás impuso un paro activo y una marcha multitudinaria ante las "barbas” del ex in­terventor Durañona y Vedia. La Bello está aún más aislado que su antecesor para imponer ese plan de guerra, “habida cuenta que la policía provincial, con ba­jos sueldos y promesas incumplidas de su plana mayor, podría no ofrecer la ga­rantía de brindar apoyo a esta nueva intervención” (Norte, 12/8). Las movilizaciones estatales contra los atrasos salariales fueron dirigidas por una “Multisectorial" do gremios afines a la corriente de Burzaco. En aquellas convocatorias, estuvo ausente, por este motivo, el planteo de echar la intervención. Frente a la llegada de la Bello, la Multisectorial aún no se ha pronunciado, lo que no es un buen síntoma. La dirección de las movilizaciones populares contra la violencia federal ha quedado, por lo tanto, en manos de la oligarquía de los Romero Feris. Disputas en el chiquero La intervención a Corrientes recibió “reparos” de parto do las fracciones bur­guesas que se oponen a una reforma de la Constitución nacional y a la reelección pre­sidencial. Es, sin embargo, interesante ob­servar los términos que usa “La Nación" (16/8) para expresar su "oposición” , “si con una Constitución tan cuidado” de la división de poderes—se pregunta "La Nación” del 16/6— se hace lo que se hizo, bien se puede Imaginar lo que sucedería si una eventual reforma estuviera en manos de quienes encabezan esta ope­ración" (16/8/92), ¡Pero si una "eventual reforma” estuviera en manos de "otro" personal político, la cosa podría ser diferente! “La Nación" no objeta ni la inconstitucionalidad ni la arbitrariedad de la interven­ción, y hasta ni se pronuncio acerca da la postergación de las elecciones correntinas requerida para la “salud" del “plan" Cavallo. Al apuntar a "quienes encabezan la operación" está pidiendo la cabeza de la camarilla menemista y su sustitución por un gabinete designado por los grandes bancos y los agentes de Bolsa y lo oligarquía. ¡Entonces, sí, podría haber reforma constitucional! Planteamiento del P.O. ¡Fuera la Bello y todos los personeros de Menem y Cavallo de Corrientes! Pago de todos los salarios atrasados, Aumento de emergencia del 100%; investigación do to­dos los desfalcos provinciales por comisio­nes de trabajadores independientes de los poderes del Estado; elecciones libres y de­mocráticas para todos los cargos, ejecuti­vos, legislativos y judiciales. La UCR correntina contra las elecciones La UCR correntina votó con el PJ en el Sena­do corren tino en contra de la ley que anula la postergación de las elecciones decretada por la intervención. Así pone en práctica el slogan "del derecho del pueblo a votar". Las "razones" del radicalismo correntino fueron resumidas así por sus parlamentarios: “no se debe producir ningún hecho que le dé motivos a Claudia Bello pare pedir la interven­ción de la Legislatura... (ya que) la interventora no está dispuesta a tolerar el más mínimo control de su gestión” (La Nación, 28/8). Un “razonamiento" perfectamente menemista. Pero, ¿para qué sirve un parlamento que no está dispuesto a oponerse al pisoteo de sus facultades? Para que los “señores legisladores ’’cobren sus dietas. Precisamente, en Corrientes existen “versiones de que muchos diputados y sona­dores adoptarían la misma actitud para no perder una dieta que ronda los 7.000 dólares mensuales" (ídem). Naturalmente, el menemis­mo de los radicales no es “gratis". La UCR correntina ha desnudado la esencia de la burocracia parlamentaria, “la vida (de los demás) por las dietas".

Mientras para las tribunas posa como opositora de un gobierno al que califica de "autoritario” y “prepotente”, la UCR viene cumpliendo la ardua tarea de realizar el “trabajo sucio'’ que permite la supervivencia del gobierno menemista y del “plan” Cavallo. Educación En la cuestión educativa, la política ra­dical consiste en "consensuar" el proyecto de Ley clerical sustentado por el PJ y que incorpora, entre otras “linduras”, el “derecho” a la educación religiosa en las escuelas públicas. Dante Caputo tiene la batuta en la tarea de “llegar a acuerdos” como los que destaca Clarín (20/8): después de “conversar lo fundamental (de la ley)… radicales u peronistas se pusieron de acuerdo y ampliaron el plazo para redactar un dictamen definitivo sobre el proyecto de educación… (lo que) mejora las posibilidades de lograr un consenso (aun sobre los “últimos detalles”). Ni que decir del “consenso” caputiano, en los términos dictados por el clero, es un regalo en bandeja de plata para la curia, que podrá encubrir ante la opinión pública laica el ca­rácter 100% clerical de [a nueva ley con la “tradición laica” de la UCR. En el terreno universitario, el rector Delich es el abanderado de la política mene­mista de “arancelización” y “venta de servidos universitarios” y está inclinan­do, sin mucho esfuerzo claro, a todo el Consejo Interuniversitario (radical) en esta dirección. Corrientes El radicalismo ha ido muy lejos en la denuncia verbal de la intervención mene­mista a Corrientes. El presidente de su Comité Nacional, Mario Losada, declaró que la intervención es “un agravio para el sistema democrático y para el federalis­mo” (La Capital, 17/8). La "bravura” de estas declaraciones a la prensa, sin embargo, destaca aún más la parálisis y aún la complicidad, de la UCR frente a la Intervención. El decreto menemista pisotea las facul­tades parlamentarias porque sólo el Con­greso puede dictar la intervención da una provincia. La UCR, supuesta defensora de las “potestades parlamentarias” no ha movido un dedo en el Congreso contra la intervención. Cuando tamaña violencia inconstitucional contra el parlamento plantea­ba como respuesta la movilización de los parlamentarios y hasta el bloqueo de todas las leyes enviadas por el Ejecutivo al parla­mento hasta lograr el retroceso oficial; la UCR se llama a silencio. ¿Dónde está la "oposición”? Más aún, en Corrientes el senador radi­cal fue el único en votar, junto al PJ, contra la ley que anula la postergación de las elecciones, brindando una insuperable co­bertura al operativo menemista. Un diputado catamarqueño de la UCR, José Furque, denunció violentamente la intervención, calificándola como “superla­tivamente grave para el estado de dere­cho“. Esto no hace más que caracterizar las dimensiones de la capitulación radical. Furque, sin embargo, hace una acusación aún más grave: el gobierno radical de Catamarca “viene legislando y gobernando por decreto con deliberado menosprecio de la constitución, utilizando el remanido y falso argumento de la ‘necesidad y ur­gencia" (La Nación, 19/8). ¡La UCR es más papista que el Papal ¿Dónde está la "de­fensa de la legalidad"? Coparticipación-jubilados Los cuatro gobernadores radicales (Córdoba, Catamarca, Río Negro, Chubut) “pusieron el gancho” al acuerdo que viola la ley de coparticipación federal y que redu­ce violentamente los ingresos provinciales. La consecuencia “obligada” del acuerdo será el “ajuste de las provincias* despi­dos en masa de empleados públicos, reduc­ción del “gasto social" y “privatización” de las empresas provinciales, algo que Cavallo reclama persistentemente y que Angeloz viene aplicando desde hace rato. La posición de los gobernadores fue sólidamente apoyada por el bloque de di­putados de la UCR que permitió, con su sola presencia, la aprobación de la ley que con­sagra la violación de la ley de coparticipa­ción federal y engaña a los jubilados con el pago del 82%. Aunque el bloque radical votó en contra de la ley, “su presencia era in­dispensable para mantener el quórum” (Clarín, 20/8). Más aún, el bloque radical estuvo dividido hasta el último minuto por­que, la mitad de los diputados era partidario de votar afirmativamente, “La decisión final —tomada por De la Rúa— fue que el bloque votara por la negativa con un discurso, en la Cámara, que los cubriera de eventuales planteos” (ídem). La perfidia de este “voto opositor" no tiene límites. En todos lados, la política radical es consistente: “poner el grito en un lado y los huevos en otro“. La UCR es el socio vergonzante del menemismo y aún de la “camarilla” a la que dice combatir.

El agotamiento del plan económico y el reanimamiento de la lucha de las masas han planteado un viraje en la situación política, este viraje explica las insistentes versiones de cambios en el gabinete, la crisis del acuerdo sobre los hielos con Chile y la reciente intervención a la provincia de Corrientes. Agotamiento El desplome de la Bolsa, el déficit en el comercio exterior, la aceleración de la inflación, el párate en la entrada de fondos del anterior, indican que se ha producido un cambio de tendencia en las decisiones económicas de la gran burguesía nativa y externa. Completados prácticamente los negocios de las privatizaciones y saturada la fase especulativa brindada por el “plan” Cavallo, los grandes capitales consideran agotado el plan de convertibilidad. Precisamente la crisis política actual es el resultado directo de este agotamiento, al mismo tiempo que dicha crisis constituye la vía obligada para un replanteo de la política económica en su conjunto. A través del reclamo de reembolsos a la exportación, de que se ponga un freno a las importaciones de Brasil, de que se “flexibilicen” los ritmos de producción, de mayores créditos, etc., la burguesía está acelerando la crisis del Plan económico. En lo inmediato, la caída de la Bolsa compromete los futuros ingresos por las privatizaciones porque el Estado retuvo una parte de las acciones de las empresas públi­cas (por ejemplo Segba) para colocarla en la Bolsa. Se otorga reembolsos a la exporta­ción tendrá menos fondos para cumplir con el Brady. La expectativa de que la convertibilidad no podría mantenerse mucho tiempo, ha llevado a los capitalistas a remarcar precios, elevando la inflación. Finalmente, la firma del acuerdo entra México, Canadá y EEUU coloca al burguesía argentina y al proyectado Mercosur en un plano de "inferioridad con relación al mercado e inversiones norteamericanas, cuestionando la política menemista de colocar a Argentina bajo el paraguas da Bush. Esta cambio de tendencia económica se combina con una fractura en el frente menemista La camarita del PJ que rodea a Menem se ha largado a imponer la reelección presidencial pero ahora sin el sustento del gigantesco “boom “bursátil. Es esa camari­na la que ante el peligro de perder, impuso la intervención a Corrientes, pasando por en­cima de los llamados “poderos constitui­dos”. Los sectores tradicionales de la gran burguesía, que se expresan a través de los Alemann y del diario La Nación, están bus­cando una crisis de gabinete para desplazar a (a camarilla y colocar a sus hombres. De resultar victoriosos en esta contienda, y solo en ese caso, impulsarán la reelección de Menem. La fractura del frente menemista parece no tener punto de retorno. Consenso La UCR captó claramente tos intereses del momento de los grandes capitalistas cuando, eh una declaración especial, plan­teó que el plan económico estaba agotado y reclamó cambios en la política de comercio exterior (subsidios). Los radicales han pasado a ser un ele­mento esencial para la aprobación parla­mentaria de los proyectos gubernamenta­les. Esto se vio claramente en el llamado “pacto federal” (despojo a la provincias) y en el "aumento” a los jubilados. “Le hu­biera bastado (a la UCR) con no bajar al recinto para que en poco tiempo debiera levantarse la reunión por falta da núme­ro: se necesitaban los dos tercios da loa legisladores” (Clarín, 20/8). Dado que los diputados radicales estaban divididos en tomo a esta cuestión “fue el presidente del bloque Fernando Da la Rúa al que Inclinó al final da la balanza por la negativa (en la votación), dar quórum y redactar o esbozar un proyecto alternativo” (Ídem)… "que los cubriera de eventuales plan­teos". La misma función cumplirá la UCR con la reforma previsional y con la ley educativa "Radicales y peronistas —informa Clarín, 20/8— se pusieron de acuerdo anoche y ampliaron hasta al martes el plazo para redactar un dictamen definitivo sobre el proyecto de ley de educación. Esto mejo­ra las posibilidades de lograr un consen­so sobre el proyecto que analiza la Comi­sión de Educación, de Diputados”. Los gestores de tan “patriótico" consenso fueron por la oposición, “Dante Caputo y el peronista disidente Carlos “Chacho” Álvarez” (Clarín, ídem). A través de esta po­lítica de “consenso" lo que radicales y centroizquierdistas buscan es evitar que las masas impongan su propia salida y de este modo levantar sus alicaídas “acciones” en el seno de la clase capitalista. Movimiento obrero Un elemento esencial en el viraje de la situación política lo constituye el reanima- miento de las luchas populares, en especial la movilización educativa Si bien es cierto que la burocracia de Mary Sánchez logró desmovilizar las gigantescas marchas y paros, no es menos cierto que en la docencia, padres y alumnos reina un estado de deliberación que busca recrear las movilizaciones. Además, la cuestión jubilatoria y salarial vuelven a ser colocados por trabaja­dores y jubilados en el primer plano por loe reclamos generalizados. El desarrollo de estas luchas está vinculado a la crisis política y al programa y a la dirección que logren ganar al movimiento de masas. Todas las fuerzas políticas de la burguesía actúan hoy por referencia a esta crisis, incluido el centroizquierda con su llamada política de “consenso". El Partido Obrero llama, en estas cir­cunstancias, a todas las fuerzas y organiza­ciones, estables o autoconvocadas, que buscan la victoria de las actuales moviliza­ciones, a un “frente de acción” para ex­tender la lucha, expulsar a la burocracia, arrancar las reivindicaciones y desarrollar las condiciones de la huelga general. Es necesario acabar con los planes de hambre y de miseria social y con el gobierno, por medio de la acción de masas. Con un frente de acción podríamos em­pezar a derrotar el divisionismo, de la buro­cracia y a coordinar las respuestas a las maniobras de la burguesía contraías movi­lizaciones. En esta medida se estaría creando un polo de poder para las masas y con relación a la situación en su conjunto. Un frente de acción posibilitaría un reagrupamiento del activismo, que todos los días ve el rol colaboracionista de la burocracia, incluida la de Burzaco, y el centroizquierda en el sostenimiento de este régimen. Hay que darle una dirección a las luchas actua­les, combatir la llamada política del “consenso” (que es la política de los gobiernos que están a la defensiva) en las filas del movimiento obrero, la que hoy constituye el principal freno a la generalización de las luchas. La necesidad de este frente político se deriva directamente de los actores esencia­les que están en juego hoy en el movimiento de las masas y del empantanamiento del régimen menemista.

¿Cuáles son las "políticas comu­nes” que Menem pretende concertar con el gobierno “centroizquierdista” de Aylwin? Los mineros del carbón del sur de Chile nos permiten dar una respuesta. En la Octava región trasandina, el go­bierno anunció una de las minas de carbón que Implica la expulsión de 4800 mineros de esta zona. El plan es piloteado por el “fun­cionario socialista Lorenzón, director ejecutivo de la Agencia de recon­versión Industrial". Por su parte, “los ministros socialistas Ominami y Tohá justificaron los despidos en aras del modelo económico” (Punto Final, julio del '92), En oposición a uno de los argumentos esgrimidos de que la integración gasífera con Argentina per­mitirá sustituir los actuales usos del carbón, los sindicatos mineros han denunciado que se pretende "regalar" las minas al gran capital, el cual prevé una fuerte revalorización de los yacimientos de carbón para cuando —a comienzos del próximo siglo— comien­cen a agotarse las reservas de hidrocar­buros. Ante los anuncios del gobierno, "más de mil mineros se tomaron la gobernación, la Alcaldía, el puente y el camino" en la localidad de Lebu (ídem). En todo el sur de Chile, se suce­dieron manifestaciones contra el cierre de las minas. Recientemente, los sindi­catos mineros llegaron a un acuerdo para implementar retiros voluntarios sobre la mitad del personal. Las minas no se han cerrado, pero el gobierno no disimula que ése es su objetivo definiti­vo: está planteada una lucha similar a la de los mineros argentinos de YCF. ¡Por la unidad de los mineros del sur argen­tino-chileno para organizar una resis­tencia común contra el remate del car­bón y los despidos!

El nuevo proyecto de reforma previsional constituye una estafa política y económica aun mayor que el que lo procedió. La razón es simple, ese nuevo proyecto pretende “superar” la “objeción” efectuada al anterior, porque desconocía los aportes realizados por los trabajadores en actividad menores a 45 años, computando ahora por los años aportados a las Cajas del Estado un 2% del sueldo por año (hasta un máximo de 30 años) a lo cual se sumaran una jubilación asistencial, que otorgara también el Estado, de 100 pesos, y los importes correspondientes de la “Jubilación Privada”. El único “problema” que tiene, sin embargo, este intento es que, al igual que el anterior, simplemente no prevé un financiamiento adecuado para cumplir con estas prestaciones. Como en el caso del proyecto anterior, los aportes de los trabajadores emigraran de las Cajas estatales a las privadas (pero, ahora, de todos los trabajadores en actividad y no solamente de los menores de 45 años) confiscando en favor de estas, el 11% de los salarios (unos 4500 millones de dólares al año), y desfinanciado por completo a la jubilación oficial. Esta última deberá conformarse con el aporte de la patronal, exclusivamente, en circunstancias que favorecen la presión para eliminar estos aportes con el argumento de los “altos costos laborales”. Jubilación Privada El nuevo proyecto no responde a esta pregunta elemental: ¿cómo harán las Cajas oficiales, que no están pagando el 82 % a los actuales jubilados, para pagar en el futuro un porcentaje similar a los nuevos contingentes de trabajadores que se jubilen, si al mismo tiempo se le restan a las Cajas esos 4.000 millones de dólares? Cavallo no se ha lomado ni siquiera el trabajo de dar algún tipo de explicación, sencillamente porque no piensa cumplir lo que establece su propio proyecto de ley. Lo único que quiere es que siga, para inyectar los aportes previstos en la Bolsa. Todos los analistas coinciden en que el proyecto “no establece un meca­nismo por el cual se autofinanciará en el futuro el sistema jubilatorio estatal” (EI Cronista, 19/8) por lo que lo califican como "una fuga hacia adelante” (ídem), o para decirlo en sencillo, una estafa. ¿Por qué el ministro Cavallo promete, sin embargo, cumplir con el 80 u $ 5 % para los jubilados futuros? Porque quiere que el Parlamento le apruebe la ley como sea e instituir rápidamente los fondos privados de jubilación. El reconocimiento de los aportes reali­zados por tos trabajadores activos, en un 2% de su sueldo por año, no es más que un anzuelo para que se apruebe de una vez la jubilación privada, y para que los bancos y compañías de seguro puedan alzarse con los codiciados 4.500 millones de dólares anuales. Un reconocimiento muy especial Pero el ministro no da puntadas sin hilos. Primero. Eleva en cinco años la edad para jubilarse, con lo cual un trabajador deberá aportar desde los 18 años, o sea 47 años, para tener un beneficio de sólo 10 años, que es la esperanza de vida estimada en Argen­tina. Segundo. Calcula el haber estatal al momento de jubilarse, no, como ocurría hasta ahora sobre el sueldo promedio de los mejores tres años de los últimos diez, sino sobre el promedio de los diez últimos. Pero esto no es todavía lo peor ya que el proyecto pérfidamente no dice cuál debe ser el índice para actualizar ese salario promedio a la moneda actual, dejando esta determinación a lo que reglamente el Ejecutivo. Si, como ya sucede ahora con el 82%, el ministerio de Trabajo estableciera un índice arbitrario que sirva para "licuar" el cálculo del sueldo, el 2% de "reconocimiento "se transforma en una “fantochada”. Tercero, el haber Inicial jubilatorio no se actualizaría por costo de vida ni por la evolución de los salarios sino según la recaudación provisional (algo que sólo el Ministerio de Trabajo conoce y que puede manipular a su antojo), convirtiendo a la actualización jubilatoria en rehén de los evasores patronales, lo cual incluso podría hacerla bajar! Por este mecanismo, el tan mentado reconocimiento queda pulverizado, algo que las autoridades lo saben muy bien por­que lo vienen haciendo con los actuales jubilados, transforman al 82% en 30%. La jubilación privada La jubilación privada, a su vez, no sería respaldada por ninguna clase de garantías, debiendo cargar el trabajador con las consecuencias de una quiebra de la Administradora del Fondo de Pensión. Aunque al trabajador le descontarán obligatoriamente el 11% de su sueldo, a su cuenta jubilatoria irá sólo el 8%, porque 3% son comisiones para la Administradora del Fondo. A un trabajador que gana 1.000 pesos le descontarán $ 110 pero en su cuenta le acreditarán sólo $ 80; nada menos que $ 30 irán como comisiones a los bolsi­llos de los bancos y compañías de seguro. Como la masa que está en juego es de unos 4.500 millones de dólares anuales, las comisiones rendirán la friolera de 1.500 millones de dólares por año, una confisca­ción lisa y llana del salario que naturalmente desvela a los banqueros. El PO repudia este proyecto y plantea: 1- Pago integral del 82% móvil, debidamente actualizado y retroactivo. Que se deje de pagar la deuda externa y se cumpla con los jubilados. Jubilación mínima móvil de 450 pesos; 2- Administración obrero-jubilados de las Cajas. Re­conocimiento de todos los aportes obreros y patronales en una cuenta individual de cada trabajador; 3- Que los delegados y comisiones internas controlen el pago de las contribuciones y aportes previsionales para terminar con la evasión capitalista que suma unos 5.000 millones de dólares. ¿82%? "Las p...” Todos los diarios han abunda­do en detalles que muestran que el 82% de Cavallo es, en realidad, el 30%. Para ello el ministro manipula los índices de actualización para determinar el haber inicial con el que el trabajador se jubiló y luego, con esos mismos índices manipuladores, actualiza dicho haber inicial. En el tiempo, esto significa una poda del haber jubilatorio del orden del 60 a 70%. En realidad el 82% debería ser superior al sueldo de un trabajador en actividad. Es decir, si se cum­pliese con la legislación, el jubila­do debería ganar más que un tra­bajador activo en el mismo oficio. ¿Por qué? Porque el jubilado se jubiló de acuerdo a la ley con un haber igual al 82% de los mejores 3 años de los últimos 10. Como en el pasado, el salario era mucho más alto que ahora (un 50% como mínimo) y encima se eligen los 3 mejores años, el haber jubilatorio, debidamente actualizado, debería ser mayor al de un sueldo en actividad. Esta simple constatación destruye todos los índices, actualizaciones y otras yerbas que utili­za el gobierno para burlar a los jubilados. Pero con estos mismos índice "truchos”. Cavallo liquidó en bonos las retroactividades por el no pago del 82% en los últimos años. Es decir, que todo el recono­cimiento hecho con los BOCON es un fraude, que salta a la vista ahora que pretende “truchar” el 82% móvil. Cavallo no solo repite sus crímenes sino que deja huellas inde­lebles de sus “fechorías”.

La mentira, dice el dicho popular, tiene pa­tas cortas. El prometido 82 por ciento para ’os jubilados ha terminado en una de las peores estafas de un gobierno de estafadores. Los jubilados de las Cajas de Autónomos, Estatales y Docentes, no recibirán un peso de au­mento. Los de Industria y Comercio apenas un 25 por ciento más —lo cual es inferior al aumento de costo de vida desde que se inició el antiobrero “plan de convertibili­dad”. Como lo advirtió el Partido Obrero, con con­siderable anticipación, “Menem se burla de los jubilados”. Pero no solo él, porque el “Chu­pete” De la Rúa, como también lo anticipó el Partido Obrero, colaboró con esta estafa al otorgar el Quórum parlamenta­rio para la aprobación del “pacto fiscal” con las provincias, que habi­litó a Cavallo para con­sumar su fechoría. El “defensor de los jubi­lados”, previsiblemen­te, se terminó rajando con la guita (es decir los votos del 28 de junio pasado). “De paso cañazo”, Cavallo pretende ahora hacer pasar, por fin, la reforma previsional, que en primer lugar habrá de aumentar la edad para jubilarse a los 65 años. Los trabajadores de­berán aportar cerca de medio siglo a los bancos y compañías de seguro para recibir un “benefi­cio” que solo les alcan­zará, en promedio, para menos de una década. El financiamiento de estas futuras jubilaciones, en la parte que le corres­ponderá al Estado, está simplemente en el aire, porqué la reforma no prevé los fondos necesa­rios. En relación a las cajas privadas, éstas se quedarán con el 33% del dinero de los aportistas en concepto de “comi­sión”, y el resto lo po­drán jugar a la Bolsa, pero sin garantías. Si este sistema hubiera estado funcionando en la actualidad, la jubilación privada ya habría desa­parecido como conse­cuencia de la caída de las acciones. El único programa que tiene el gobierno con los jubilados es la “solu­ción final”, es decir que se mueran lo antes posi­ble. A un gobierno de estas características el pueblo debería simple­mente jubilarlo. No falta mucho para que, si­guiendo el ejemplo de Brasil, decenas de miles de argentinos comiencen a gritar “Fora” Menem. Pero lo que el pueblo tiene que comprender ahora es que en la ejecu­ción de toda esta política el gobierno tiene el apo­yo de la UCR. Es lo que se llama la “política del consenso” como “el horno no está para bo­llos”, las leyes contra el pueblo deben salir “consensuadas”. Esto ha ocurrido con el robo de los impuestos a las pro­vincias, con la interven­ción a Corrientes (que por unos días dejó en pie a la Legislatura), con el encubrimiento del cri­men de María Soledad (los radicales gobiernan en Catamarca) y, ahora, con la ley educativa del clero. En este último menester, los menemo- radicales cuentan con la colaboración, y aún más, con la inspiración ideoló­gica del Frente del Sur, por medio del “Chacho” Álvarez. Si todo esto comienza a cobrar claridad podre­mos derrotar a los esta­fadores capitalistas y a sus políticos corrompi­dos —y, con todo respeto por los jubilados, JUBI­LARLOS. “Na Argentina tam­ben, Fora Menem”