Prensa Obrera N° 362

Que los juegos olímpicos son hoy un gran negocio es algo que el capitalismo no se da el trabajo de ocultar si­no al contrario, de subrayar. En la propaganda estampada en los unifor­mes de los atletas se pretende evi­denciar así el carácter capitalista del deporte, convertido en el soporte de su éxito. También han sido eliminadas una a una las restricciones a la partici­pación de atletas profesionales; las últimas, referidas al tenis, al hockey so­bre hielo (en los Juegos de invierno) y al basquetbol, lo han sido directamen­te en función de las conveniencias y presiones de los EE.UU., que preten­de recuperar la hegemonía en los jue­gos y en sus modalidades de mayor proyección. Ya nada queda del “espíritu ama­teur” que presidió la creación de los juegos en 1896, y que llevó al Comité Olímpico presidido por el Barón de Coubertir a quitar (en 19.13) las tres medallas olímpicas al indio norteame­ricano Jim Thorpe, acusado de haber percibido por un partido de base­ball. 25 dólares. Este pseudo-amateurismo era en verdad la defensa del profesionalismo aristocrático (los miembros del Comité Olímpico, hasta la Segunda Guerra, eran en su mayo­ría miembros de la nobleza europea). En 1927 fue admitida una remuneración por el tiempo perdido (en el trabajo). Tampoco ha quedado nada del siempre hipócrita principio de Coubertin (“lo Importante no es ganar, sino competir”) masacrado por el as­censo del capitalismo “puro” nortea­mericano, y por el principio estableci­do por uno de sus entrenadores olím­picos: “ganar no es sólo Importante: es lo único que importa”. En realidad, los juegos modernos surgieron vinculados directamente con la preparación de las naciones para la guerra; por lo tanto con la expansión del imperialismo capitalista (primero, en su versión colonialista europea). Coubertin estaba impresionado (confesadamente) por la derrota de Fran­cia en la guerra franco-prusiana. In­glaterra pasó a invertir pesadamente en el Comité Olímpico y en los propios juegos, a partir de inicios de siglo: sus resonantes victorias olímpicas fueron consideradas “una revancha de la (derrota en la) guerra de los boers”, y una maniobra para apoyar en una supuesta superioridad atlética su do­minio colonial-militar-cultural en cuatro continentes. La famosa tradición deportiva olímpica (de Olimpia, Grecia) se so­brepuso y derrotó a otras modalidades deportivas todavía existentes en el si­glo XIX (en las que no existían gana­dores ni perdedores), justamente por­que contemplaba la existencia de ven­cedores y vencidos (los que eran so­metidos a crueles castigos —la pala­bra atleta, de creación moderna, deri­va del griego Athlon, que significa jus­tamente premio) en las características de los juegos fueron reflejando los diferentes esta­dios del desarrollo capitalista, al elimi­nar diversas modalidades aristocráti­cas como el polo o el tiro sobre ani­males vivos, y al abrir espacio para loe deportes “de masas”, nunca per­dieron su característica de exaltación de las naciones dominantes (militar, política y económicamente). Fue lo que llevó a Hitler a aceptar en 1936, la decisión tomada cinco años antes, previo a su ascenso, de organizar los Juegos en Berlín. Contra la opinión de los ideólogos nazis, para quienes los juegos eran una expresión de la “de­mocracia capitalista”, Hitler preten­día demostrar la “superioridad ale­mana” (Alemania obtuvo una reso­nante victoria en esos juegos aunque hoy la propaganda democratizante en boga solo recuerde las medallas obte­nidas por el negro norteamericano Jesse Owens). La superioridad deportiva de los Estados más fuertes se explica por los cuantiosos recursos que deben ser in­vertidos en la selección y preparación de los atletas, y de ninguna manera por la existencia de una “tradición” deportiva. La creciente profesionalización lleva a los atletas a una especialización cada vez mayor dentro de cada modalidad, lo que es exactamente lo contrario del deporte concebido co­mo el desarrollo armónico de las po­tencialidades del cuerpo (para no hablar del espíritu). Puede decirse que la híper-especialización deportiva sigue una línea paralela a la ultra-especialización del trabajo fabril, la que au­menta la producción de riqueza capi­talista (en el caso del deporte, el ren­dimiento competitivo susceptible de ser explotado comercialmente) al precio del embrutecimiento cada vez ma­yor del trabajador. Con extraordinaria frecuencia, las estrellas deportivas y los súper-campeones olímpicos de­sarrollan una vida post-profesional que es lo contrario de una vida saludable. Los Juegos Olímpicos han sido, históricamente, una vitrina de la supe­rioridad imperialista y un aliciente para conservarla frente a los países oprimidos que deben jugar el papel de un “puching-ball” de esa superiori­dad, o llevar algún premio consuelo cuando aparece alguno que otro fenó­meno deportivo, como el maratonista etíope Abbebe Bikila, los corredores fondistas africanos o algún equipo de fútbol sudamericano. Por eso mismo, la Unión Soviética que nació de la Re­volución de Octubre, fue excluida de los Juegos Olímpicos, prohibición que se mantuvo hasta que, una vez burocratizada, la nueva casta dirigente dio pruebas fehacientes de ser un factor de orden internacional, como en los Acuerdos de Yalta y Postdam conse­cutivos a la Segunda Guerra (la URSS fue readmitida a partir de los Juegos Olímpicos de 1952, siendo incluida en el Comité Olímpico a partir de 1951)- Con muchos menos recursos destina­dos a la profesionalización de los atle­tas (y a pesar de los destrozos causa­dos por la Segunda Guerra Mundial, que no fueron padecidos por los Esta­dos Unidos), entre 1952 y 1976 la URRS conquistó 683 medallas olímpi­cas, contra 604 de los EE.UU., princi­palmente debido a la incorporación de millones a la práctica deportiva a través del sistema educativo estatal y gratuito, sin hablar de las extraordina­rias performances de Cuba, que con poco más de 10 millones de habitan­tes llegó a ganar los Juegos Paname­ricanos. Esto debe ser cuidadosamen­te separado del hecho de que la cre­ciente integración de la burocracia al mundo capitalista la llevó a adoptar cada vez más el deformante criterio de la competitividad nacional como parámetro de desarrollo deportivo. La burocracia adaptó lo peor del profesio­nalismo capitalista, para mantener (al igual que en la carrera armamentista) la ficción de la paridad, con la adop­ción de entrenamientos ultra-especializados y (en especial en Alemania Oriental) el uso intensivo de drogas, que se transformaron (pasado su perí­odo competitivo) en monstruos semi-inválidos. Por su propio carácter para­sitario, la burocracia llevó hasta sus últimas consecuencias las deforma­ciones del deporte capitalista. La transformación de los Juegos Olímpicos en un súper-espectáculo corre paralela' a la marginación de las 'grandes masas del deporte incluso en ' los propios países imperialistas. En la misma medida crece la inversión en los juegos: los 3 mil millones de dóla­res gastados en los Juegos de Seúl, en 1988, fueron ampliamente supera­dos en Barcelona 1992, con “una in­versión de 7500 millones de dóla­res, de los cuales retornarán ape­nas 2000 millones por las recauda­ciones” (La Nación, 19/7/92). La fi­nanciación de este gasto estará a car­go, sólo en parte, de la publicidad (pa­rasitario) (solamente la utilización de la marca Nike envuelve una indemni­zación de 30 millones de dólares de la matriz yanqui a una firma del mismo nombre en España), por lo que el défi­cit pasará a los contribuyentes catala­nes, o sea a los trabajadores, mien­tras que los monopolios constructores y la burocracia estatal a su servicio harán suculentos negocios, posterior­mente, con las instalaciones construidas para los Juegos. El tamaño del negocio capitalista financiado por el bolsillo trabajador se mide por los derechos de exclusividad en la transmisión televisiva de los Jue­gos, pagados por las cadenas de TV de los EE.UU.: en 1960 (Roma, CBS) 394 mil dólares; 1964 (Tokio, NBC) 1,5 millones; 1968 (México, ABC) 4,5 millones; 1972 (Múnich, ABC) 7,5 mi­llones; 1976 (Montreal, ABC) 25 millo­nes; 1980 (Moscú, NBC) 87 millones; 1984 (Los Ángeles, ABC) 225 millo­nes; 1988 (Seúl. NBC) 300 millones. En Barcelona, la NBC abonará… ¡401 millones de dólares! (Las cifras se refieren apenas a los EEUU: el res­to del mundo paga aproximadamente tres cuartos de esas cifras). En poco más de 30 años, el negocio de la transmisión de los Juegos por TV au­mentó... ¡más de mil veces! La estrella del negocio es a) mis­mo tiempo el principal carro de guerra norteamericano en los juegos: el “dream team” de basquetbol (equipo de los sueños) compuesto por los jugadores profesionales norteamerica­nos, aparentemente imbatible, que concentra inversiones publicitarias por 100 millones de dólares: “El patroci­nio a la selección norteamericana es el negocio de la década, comentó Jackle Woodward, gerente de mar­keting deportivo de la Mc Donalds, que invirtió en el proyecto junto a otras grandes empresas, como la red de hoteles Sheraton, la Quaker Oats (Gatorade) y la Kraft USA” (Jornal do Brasil, 9/7/92). “El mayor apoyo económico nunca recibido por un equipo deportivo”, está lejos de representar, sin embargó, lo mejor que haya ofreci­do el básquet norteamericano, ya que la “selección fue formada y los Ju­gadores designados para facilitar el trabajo de los vendedores de patro­cinios” (Financial Times, 4/7/92), lo cual llevó a incluir a jugadores fuera de forma (pero con “Imagen”) como Larry Bird y “Magic” Jonnson o a un jugador universitario (¡en respeto al espíritu “amateur” de los Juegos!),. Christian Laettner, elegido en función del color de su piel (blanco), postergando al mejor universitario de los EE: UU. (Chaquille O´Neal) por ser negro, al igual que el resto de los jugadores profesionales del plantel. En resumen, la mayor inversión irá para una competición-fantoche, con un vencedor designado de antemano, compuesto en parte por jugadores que más cumplen la función de mode­los publicitarios. En interés comercial y el nacional-chauvinista (imperialista) convergen, “Para un país profunda­mente inseguro consigo mismo, el básquet olímpico ofrece un confor­table despliegue del poderío de los EE.UU. Como dijo un comentarista de TV luego de la victoria por 79 puntos del “Dream Team” contra Cuba: “Los que gustaron de (la Invasión de Granada), van a gustar de esto” (Financial Times). Los Juegos Olímpicos son la máxi­ma expresión del deporte capitalista, o sea, del deporte alienado, ajeno a las masas, deformado por la competitividad nacional, contrario a su potencial y, sobre todo, puesto al servicio de la justificación ideológica del dominio imperialista. Solamente el proletaria­do, a través de la revolución socialista pondrá el deporte al alcance de todos, al servicio del desarrollo armónico de las potencialidades del hombre social y de la fraternidad universal del ser humano. Nota: Además de los diarios mencio­nados, tos datos para este articulo fue­ron extraídos de: Wallace Irwin Jr. “The Politics of International Sport Games of Power”, Headline Series N° 286, New York, Foreign Policy Association, agosto 1988.

El tratado de reducción de armas nucleares estratégicas firmado a mediados de junio en Washington por Yeltsin y Gorbachov quiebra la espina dorsal de la defensa estratégica rusa. Establece, en efecto, la eliminación de los 2/3 de los misiles nuclea­res intercontinentales emplazados en tierra (base del arsenal nuclear ruso) pero no reduce los misiles emplazados en submarinos (base de poderío nuclear yanqui), Estados Unidos, incluso, está colaborando en el rearme de las flotas submarinas de Francia y Gran Bretaña, que duplicarían su arsenal nuclear submarino antes de fin de siglo (New York Times, 20/6). El acuerdo convierte a EE.UU. en la única potencia mundial con capacidad de desarrollar una iniciativa nuclear estratégica. Sobre esto no caben dudas, ni en uno ni en otro lado. “Yeltsin hizo las concesiones más pesadas” editorializa The New York Times (26/6) mientras que “hombres como Georgi Arbatov, cabeza del USA Instituto (de Moscú) viene exponiendo públicamente su percepción de que Rusia se está despedazando a sí misma para aproximarse a Occidente” (ídem, 22/6). El editorialista de “O Estado de Sao Paulo” y otros comentaristas internaciona­les imaginaron, a partir de aquí, que la firma del tratado era un “Juego peligroso” para Yeltsin porque pondría en peligro su rela­ción con los militares. Sin embargo, tal cosa no ha ocurrido... por la sencilla razón de que el acuerdo se firmó con el visto bueno del alto mando. Según el corresponsal de ''Cambio 16” (22/6) en Moscú, incluso las relaciones entre Yeltsin y los militares han “mejorado” al punto de que “represen­tantes del complejo militar-industrial, han llegado a un acuerdo con el presi­dente ruso para imponer un Estado fuer­te... para modificar la política financiera y presupuestaria para aligerar las car­gas sobre la gran industria y abrir paso a un plan privatizador en beneficio de los directores generales del complejo militar-industriar. ¿Los militares rusos cambiaron los misiles por la propiedad de las empresas? No sólo eso. Es que como contrapartida de la concesión estratégica en el terreno nu­clear, el ejército ruso ha ganado la autorización del imperialismo norteameri­cano para su “intervención” fuera de las fronteras rusas. Actualmente, el ejército ruso está en “operaciones” en Moldavia, en Georgia, en Armenia y Azerbaiyán, en Turkmenistán y en el Báltico, de donde no se retirarán, según afirmaron altos voceros del Ejército. El gobierno norteamericano ha descripto la intervención del ejército ruso fuera de sus fronteras como un acto “necesario” y a Yeltsin y a Rusia como “amenazados” y “agredidos” por Georgia, Moldavia, etc. “La sobrevivencia de Rusia —escribe el editorialista Jim Hoagland, del Washington Post (22/6) — está amenazada por las fuerzas centrifugas que fracturaron a la URSS en partes y que ahora amenazan a Rusia y a su ejército. (El ejército ruso) —aconseja— debe ser traído de vuelta (desde Alemania, Polonia, etc.) y rápida­mente reestructurado para enfrentar di­chas fuerzas”. Esto, concluye el editoria­lista, es “lo que está detrás de la decisión de Yeltsin de renunciar a la paridad es­tratégica nuclear con los EE.UU.”. Esto explica que los “demócratas” como Nixon, The New York Times o The Washington Post llamen al gobierno y al congreso nor­teamericanos a “hacer más visible el apoyo a la democracia rusa”, a acelerar la asistencia financiera masiva al “demócrata “Yeltsin y critiquen al FMI por su falta de “flexibilidad”.

Una verdadera catástrofe significaron para el Frente Amplio los resulta­res de un referéndum celebrado a principios de julio en Uruguay, para determinar si se convocaba a un plebiscito, que habría debido realizarse en octubre próximo, sobre la vigencia de una ley que permite la privatización de las empresas públicas. El reclamo obtuvo apenas el 20% de los votos del padrón y en Montevideo recogió menos de la mitad de los votos que consagraron a su intendente, Tabaré Vázquez, en 1989. La política del FA El fracaso, sin embargo, no debe sorprender, porque el FA se empeñó para que así sucediera. La campaña del FA reclamaba la “derogación parcial” de la ley, autorizando así la privatización de la compañía de avia­ción, Pluna, y de los servicios eléctri­cos. S FA justificó su renuncia a plan­tear la “derogación total” por la nece­sidad de llegar a acuerdos “lo más amplios posibles” que permitieran alcanzar el piso del 25% necesario para la convocatoria del referéndum. Con el pretexto, infructuoso como pudo verse, de “sumar voluntades”, el FA levantó el punto de vista de la burguesía uruguaya que reclama una privatización “periférica” o de servi­cios, no total, de una buena parte de las empresas del Estado. En función de la “derogación parcial, el FA formó una “comisión pro- referéndum” con un puñado de figuro­nes burgueses, que —contra todas las evidencias— fue presentada como un ejemplo de la “política de alianzas para la formación de un gobierno de mayorías”, cuando los hombres que integran la “comisión” no podrían formar ningún “gobierno de mayo­rías” La única función de la “comi­sión” era “Justificar” a los ojos del movimiento obrero la renuncia del FA a plantear la derogación lisa y llana de la ley privatizadora. Durante toda la campaña por el referéndum, el FA se negó sistemáti­camente a movilizar a los trabajadores. “Nada Indica que (el FA) esté real­mente movilizado”, informaba el In­sospechable corresponsal de La Na­ción (28/6); “el sindicato de Antel (teléfonos, uno de los “bocados” que piensan engullirse los privatizadores) no estuvo en la campaña por el referéndum”, certificó el dirigente frenteamplista Rodríguez Camusso (La República, 26/7). El FA se negó a darle a la campaña por el referéndum el carácter de una oposición política al régimen privatizador porque, por el conjunto de sus plan­teamientos, el FA está plenamente integrado a este régimen. Precisamen­te, el intendente Tabaré Vázquez aca­ba de dar una ajustada definición del FA: uno sé si somos la nueva Izquierda —afirmó—; somos los que aprendimos el difícil arte de gober­nar”. La perspectiva con que el FA lanzó la campaña de “derogar parcialmen­te” fue permitirle “consensuar” con el gobierno y la oposición patronal una nueva ley de empresas públicas, algo que no había logrado, aunque lo inten­tó, cuando la ley estuvo en discusión en el Congreso. En este punto, dos de los máximos referentes del FA han sido meridianamente claros. El senador Danilo Aston, uno de los “presiden­ciables”, afirmó recientemente que “el programa del FA está sujeto a re­visión permanente... (en particular) en lo referente al papel del Estado” (La República, 10/6). Otro “presiden­ciable”, el intendente Tabaré Vázquez fue aún más claro: “no somos rabio­samente estatistas ni rabiosamente privatistas” sentenció. La crisis del FA El hecho político sustancial de la votación del 5 de julio es que revela que las bases del FA, en masa, se quedaron en sus casas y no concurrie­ron a votar como se los exigía (¿se los exigía?) su dirección. La abstención fue particularmente notoria en Monte­video y entre los jóvenes, cuyos índi­ces de votación —muy inferiores al promedio nacional— magnifican la catástrofe. No puede descartarse que algunos sectores del FA —que se pro­nunciaron contra la convocatoria al referéndum—llamaran a sus militantes a no votar. El resultado de la votación caracteriza un virtual estado de rebe­lión entre las bases del FA y una noto­ria división en sus filas. A la luz de los resultados, un con­junto de tendencias denunció la “polí­tica de alianzas ganadora”, proba­blemente por no considerarla más amplia hacia la derecha. Para enfren­tar la crisis, los “notables” del FA (Seregni, Astori, Vázquez) han formado un “comité de crisis”, como lo definió la prensa, que tiene por objeto disciplinar a todas las tendencias en el mantenimiento de la “comisión” con los figurones burgueses y la opción por la “derogación parcial”. El plenario nacional del FA resolvió reafirmar la política de la “parcial”. Por la derogación total Frente a esta política de derrota y de desmoralización, salta a la vista el enorme valor de la lucha de los traba­jadores de Runa (la aerolínea urugua­ya), del Partido de los Trabajadores y de Convergencia Socialista (el Mas), que llamaron a votar por la anulación total. Superando la censura de la pren­sa y los ataques del gobierno, del FA y de la burocracia sindical su votación (15.000 votos, 1% del padrón), reflejó un principio de reagrupamiento políti­co real diferente al FA. Después de la votación, la asam­blea general de Pluna ratificó, por abru­madora mayoría, volver a presentar la opción por la “derogación total” el 1° de octubre, cuando se realice una nueva votación para determinar la convocatoria al referéndum, y reclamó a la burocracia del PIT-CNT la realiza­ción de asambleas democráticas en cada sindicato para determinar la posi­ción del movimiento obrero. La crisis del FA, los lamentos de sus “Izquierdistas” y la asamblea de Plu­na son los indicios de un proceso más profundo: la tendencia a que se disgre­gue el voto por la “derogación par­cial” de cara al 1a de octubre y la autoridad política del FA. Las encues­tas previas a la votación indicaban una preeminencia de la “total” sobre la “parcial”, mostrando la posición natu­ralmente consecuente de los trabaja­dores, que prefirieron abstenerse. El tema del referéndum ha servido para poner de relieve la diferenciación política que comienza a darse en la otra orilla a medida que las masas van aquilatando el carácter contrarrevolu­cionario del FA, en circunstancias en que un frente, no importa cuán minori­tario es, se le enfrente con una alterna­tiva.

Esto recién comienza Los pobladores del barrio Bancalari o Reconquista de Don Torcuato, perjudicados por la miseria, el cólera, la falta de agua, luz o pavimento han comenzado a ponerse en movimiento. Convocados a una primera reunión (2/7) en la Escuela primaria N° 32 de la zo­na, para discutir la situación de la escuela pública, los casi 50 padres asistentes se mostraron de acuerdo con iniciar una ac­ción en el camino que recorrían colegios de otros distritos y aceptaron concurrir a la Marcha del 3/7 (aportando dinero para el micro) votando el siguiente pliego de recla­mos: - Rechazo a la Ley federal de educación. - Aumento del 2S%- del presupuesto edu­cativo. - No a la privatización de la enseñanza. - No a la transferencia de escuelas. - No a la destrucción de la escuela públi­ca - No al subsidio a los colegios privados. En esta marcha si bien la concurrencia fue escasa, se convocó a una nueva reu­nión para el 9/7, donde asistieron unos 20 padres, se hizo un balance de la Marcha y se discutió la cuestión de la Ley Federal, fue significativo el grado de comprensión en cuanto a que esta Ley no debía pasar y que lo único que podía garantizarlo era la extensión de la organización y las iniciati­vas en defensa de la escuela pública. En este sentido se redondeó una idea que ya había surgido en la reunión anterior: reali­zar una movilización en la zona, que se definió para el 17/7, organizando además una visita a los colegios cercanos convocándolos a sumarse a esta iniciativa. Ese día partimos del colegio unas 20 personas. De los colegios convocados par­ticipó la N2 28 (primaria) con unas 10 per­sonas, entre padres-docentes y alumnos. Realizamos una importante agitación por las calles de Torcuato, informando con carteles y megáfonos nuestros redamos, logrando así la adhesión de algunos tran­seúntes. Al terminar el recorrido definimos una nueva reunión abierta convocando a los demás colegios de la zona para la pri­mera 8emana de clases. El resultado es muy positivo. Primero porque el debate con bs padres, su posi­ción crítica y su participación creciente de­muestran que hay una necesidad en la po­blación trabajadora de responder a esta si­tuación de agobio generalizado en que la ha sumergido el gobierno menemista. Se­gundo, es importante el desarrollo de la comprensión de que la comunidad organi­zada y movilizada es la contención más efectiva a la de6truoción de la Escuela pú­blica, la salud, las condiciones de vida de los trabajadores. Fortalecer y desarrollar esta organiza­ción. Extender el debate sumando a otros sectores, es una de las principales tareas. Porque ¡esto recién comienza! Claudia-Tigre En la escuela N° 2 de General Sarmiento Asistí a un acto del 9 de judo en una escuela del Gran Buenos Aires y me fui con la impresión de que la batalla en de­fensa de la escuela pública se ha instalado profundamente en la conciencia de todos los docentes. Luego de un comienzo que tuvo las formalidades históricas de toda “fecha pa­tria”, una maestra (megáfono en mano, pues el equipo de sonido casi no funciona­ba) comenzó una verdadera clase pública con los alumnos y sus padres. Luego de las preguntas Iniciales de ri­gor sobre la fecha que se conmemoraba, la maestra se adentró en el razonamiento del tema de la independencia comenzando a preguntar si realmente existía la inde­pendencia en escuelas que tenían el esta­do de esa escuela del acto, si realmente había independencia, sin educación, sin salud, con salarios de miseria o con jubila­ciones indignas, lo que llenó de comenta­rios la “clase” y tuvo el asentimiento de la mayoría de los padres presentes que ter­minaron en un fuerte aplauso para la do­cente. Terminada esta clase pública, otra maestra tensa, nerviosa, incluso con las manos del ayuda-memoria temblorosas, realizó un análisis sobre el proyecto de la ley de educación aprobada por el senado “destrozándolo” capítulo por capítulo, de­nunciando qué significado tenía el proyécto de liquidar los jardines maternales, qué significado tenía liquidar las escuelas de discapacitados, denunciando el proceso de subsidios a la escuela privada y la de­serción dé docentes a los establecimientos que podían pagar algo más de sueldos a los maestros porque recibían casi todo del Estado, mientras que la escuela pública se caía a pedazos. La maestra polemizó “didácticamen­te” con Menem porque denunció que el presidente en unas declaraciones radiales señaló que a los docentes se les iba a ter­minar el “jolgorio” y señaló que el signifi­cado de la palabra en el diccionario era el de una “fiesta de bullicio y algarabía”, preguntándose con qué “Jolgorio” podían vivir los docentes cundo ella con 19 años de maestra de grado había cobrado 253 pesos y algo más de 300 con el aguinaldo incluido, y que estos sueldos eran un aten­tado a la continuidad de cualquier trabajo porque eran niveles por debajo del mínimo de la subsistencia La docente terminó su oratoria con un llamado a la organización de los propios docentes, alumnos y padres para marchar hasta donde fuese necesario en defensa de ésa y toda la escuela pública del país, lo que fue recibido con una ovación de to­dos los presentes. El acto tuvo un enorme significado po­lítico, que seguramente se habrá repetido en miles de escuelas en el país y que muestra las enormes reservas que existen en docentes, padres y alumnos que en parte se vieron reflejadas en la enorme movilización a Plaza de Mayo que le impu­so un serio golpe al gobierno y a su políti­ca Vaya en este homenaje a las maestras de la escuela N° 2 de General Sarmiento el homenaje a todos los docentes, alum­nos y padres que se han puesto de pie an­te las pretensiones de los “que quieren vender colegios”. Un padre (Gral. Sarmiento) De rectora a inspectora Desde la entrada de la policía en la es­cuela, y a través de las comisiones de tra­bajo, que surgieron en las asambleas de padres organizadas a partir de ese día, el ministerio recibió infinidad de materiales en los que se demostraban procedimientos irregulares por parte de la redora, antes y después de los graves hechos que nos convocaron. Las autoridades del gobierno, envian­do interventores a la escuela y aparecien­do muchas veces como aliados de los pa­dres, han consumado lo que considera­mos una verdadera estafa: han ascendido a la ex rectora Ferré a condición de inspectora. La moviliza­ción, que en un momento la forzó a pedir licencia, es burlada con este premio y con la falta de respuesta ante el pedido de reincorporación del alumno expulsado sin causa comprobada. Para esto, el “ala blanda” del ministerio, junto a los Diputa­dos de “oposición”, como Chacho Álvarez y algunos radicales, intentaron sustituir la movilización independiente por la nego­ciación entre “bambalinas”. (De ésta, no ha surgido todavía, ninguna respuesta). En este sentido, son tan responsables como el “ala dura” del ministerio, más cercana a Salonia y al mantenimiento de la rectora en su cargo. Por otra parte, bs intentos de solución, vía judicial, llegaron también a un impasse. Fue presentado un recurso de amparo y para su resolución, el Juez interviniente se apostó en el colegio para tomar de­claración a los diferentes testigos. Por un lado, Norma Ferré (la rectora cuestionada) y bs vicerrectores, cómplices de la misma; por el otro, alumnos y padres, quienes después de doce horas de espera, fuimos burlados una vez más, ya que el magistra­do, aun reconociendo la veracidad de nuestras declaraciones, expresó que la­mentablemente, tenía que guiarse por bs expedientes, entre bs cuales no figuraban (por manejo del ministerio), ninguno que involucrara a la rectora Los jueces y el mi­nisterio de la mano son el retrato fiel de la falta total de independencia de poderes. Juntos, llevan la misma política: intentan echar un manto de olvido sobre las fechorí­as de la rectora, sus cómplices y los res­ponsables de la represión policial. El as­censo de la Ferré significa la voluntad de premiar la metodología represiva dentro de los colegios, lo que legítima futuras accio­nes, en otros colegios, de la “nueva ins­pectora”. Esto es una muestra más del desprecio por las libertades democráticas de los jóvenes. Semejante avanzada se da justamen­te, en el momento de desmovilización y es la respuesta a las expectativas de resolu­ción por vías burocráticas y legislativas. Esta experiencia nos plantea un curso de acción. Esto es, reorganizarse Centro de Estudiantes y la Comisión d Padres, a través de asambleas; difundí los graves hechos ocurridos, a través de un boletín que llegue a toda la comunidad; ligarnos a otras comisiones y coordinado­ras como los autoconvocados, con un pronunciamiento en contra de la represión e impunidad y por una verdadera defensa de la escuela pública, que sólo puede darse si la tomamos en nuestras manos. María Teresa (Comisión de Padres Colegio Esteban Echeverría) “Parasitosis Menemista” Alrededor de dos y tres chicos de 2 a 4 años llegan a diario al Hospital Luisa C, de Gandulfo y a las unidades sanitarias de Cuartel Noveno (Lomas de Zamora), res­pectivamente, con “Ascaris Lumbriccides”, una especie de parasitosis que presenta los gusanos más grandes (los adul­tos llegan a medir entre 15 y 25 cm. de lar­go), que parasitan en el intestino humano y bs que aparejan más complicaciones, in­formó la jefa del Servido de Parasitología Infantil del Hospital, Olga Waunderflh (“La Unión”, 23/7). La mayoría de bs chicos que padecen este parásito son provenientes de los ba­rrios marginados de Villa Albertina, Villa In­dependencia, Villa Fiorito, La Salada, Ing. Budge y San José. Los casos de parasitosis se vienen in­crementando en la última década, a un ex­tremo tal que, “hemos llegado a encon­trar 108 áscaris en un niño de 2 años y kilos” (Ídem), esto debido a las bajas defensas del organismo, la mala alimenta­ción y el estado de desnutrición de los ni­ños, “si los funcionarios hicieran algo j para que la gente tuviera viviendas en condiciones habitables, la aparición de nuevos casos de parasitosis podrían ser evitados”, reafirmó la especialista. Como se ve hace rato que en la lucha contra el gobierno capitalista “la cuestión de vida o muerte” ha dejado de ser una metáfora y es una realidad cruda Los que nos invitan al 1er. mundo, obligan a nuestros hijos a convivir con parásitos del 3°, 4° o vaya a saber de qué mundo vienen. Se trata de la política y economía capi­talistas que nos gobiernan, que revienta los hospitales, la educación pública, deja sin luz a las barriadas obreras, apuesta a la muerte de los jubilados, etc., para eliminar los gastos del Estado y pagar la deuda externa y los curros de la patria contratista. La lucha contra la parasitosis y su gobierno debe ser parte de la irrupción da oprimidos que tiene su expresión en la movilización de bs docentes, alumnos y padres en defensa de la escuela bs usuarios “incomunicados” de los teléfonos, de las poblaciones a las quieren levantar el ferrocarril, de la sublevación de los barrios contra los cortes luz, etc. Carlos (Lomas)

Para los vecinos de Merlo Gómez-Libertad las “vacaciones” de invierno se iniciaron con una “pueblada”. Hartos de cortes imprevistos y diarios de luz, y de la falta de respuestas de las autoridades, cortaron por varias horas la vital ruta 1003, hicieron fogatas y llamaron la atención del periodismo reclamando la solución a sus pro­blemas. En el conurbano carente de gas natural, ni luz hay para paliar la ola de frio. El PO ha denunciado que se destinan los recursos del erario público al pago de la deuda externa y a tos cu­rros de la “patria contratista” mien­tras se descuida la deteriorada infra­estructura básica de tos servidos pú­blicos. “El gobierno nacional y pro­vincial —dice una declaración del PO— “privatización” de SEGBA mediante, está preparando un des­falco mayor aún contra el pueblo, que paga tarifas altísimas por un pésimo servicio, mientras se han bajado los precios del suministro a la gran Industria y el comercio”. La “policía brava” salió a enfren­tar a los vcinos de Merlo Gómez, a los que acusó de ser cultivo de “sub­versivos” e “Izquierdistas”. La re­presión dejó un tendal de heridos y varias decenas de detenidos. La enér­gica movilización popular permitió conquistar rápidamente la libertad de los compañeros, e impuso días des­pués el suministro normal de energía y la destitución del subcomisario de Libertad. El gobierno ha echado “las­tre” pero no está en sus planes rever­tir el desmantelamiento de tos servi­cios públicos. Los “cortes” los sufren ahora otras localidades y los proble­mas se agravarán. Llamamos a establecer Coordinadoras entre todos los barrios afectados. Reclamamos la investigación y castigo de los responsables de la represión a los vecinos de Merlo Gómez y el Inmediato des­procesamiento de los que fueron detenidos.

Los 600 vecinos de las villas porteñas (cinco mil según la información oficial) que concurrieron a la Casa Rosada pocos días antes de las e tac­hones a la entrega “simbólica” por parte de Menem de los boletos de compraventa de las tierras fiscales que ocupan, se encontraron, pocos días después, con una desagradable sorpresa: la validez de esos boletos de compra-venta se encuentra “ad referéndum'' de un futuro decreto del poder Ejecutivo. Los vecinos, en con­secuencia, no cuentan más que con una promesa” de entregas, previo pago, de las tierras. ¿El mentado “Plan Arraigo” se redujo entonces, a una mera demago­gia electora (“el acto contó con una masiva campaña publicitaria previa por radio, TV, avisos en los diarios y afiches callejeros” — Crónica, 23/6)? Cómo crear un “Rousselot” El “Plan Arraigo” establece la venta de tas fierras fiscales (no así de las tierras privadas o municipales) a sus actuales ocupantes a través de “las formas asociativas legalmente constituidas que los representan”. El monopolio otorgado a las “for­mas asociativas” configura un poco disimulado intento de manejar, me­diante una burocracia adicta, una vas­ta red de “clientes políticos”, deudo­res de los “favores” de los punteros menemistas. Como toda burocracia, la de las “formas asociativas” dará lugar, na­turalmente, a sus propios negociados y prebendas. Los vecinos no sólo de­berán pagar la cuota de la compra del terreno sino también las cuotas co­rrespondientes a las obras de urbani­zación (agua comente, cloacas, alum­brado, electricidad) y de la construc­ción de viviendas... pero serán las “formas asociativas" las encarga­das de recaudar esas cuotas y de contratar con las empresas privadas las obras de urbanización. El “Plan Arraigo” ofrece un fenomenal nego­cio para las empresas contratistas y una fuente inagotable de coimas para los punteros menemistas, que debe­rán pagar los vecinos. A partir del monopolio que se les ofrece a los punteros menemistas y a las empresas contratistas, no es difícil pronosticar que en la geografía porteña se repetirán los “negociados de las cloacas de Rousselot”. Frente a los negociados en puer­ta, los compañeros del Partido Obrero de las villas plantean la cesión directa y gratuita de la tierra sin intermedia­rios, a sus ocupantes (que ya la han pagado con creces con las mejoras que han introducido durante su per­manencia); tareas de urbanización y de construcción de las viviendas a cargo del Estado y pagadas por los vecinos mediante una cuota que no supere el 10% de los ingresos del jefe de familia; ejecución de las obras bajo el control democrático de los vecinos. Ley de mercado El “negocio” del “Plan Arraigo”, sin embargo, puede ir mucho más allá que los “curros” que ofrece la urba­nización y las coimas de los punteros. El “plan arraigo” difícilmente pueda arraigara nadie, ya que su ver­dadera función es agobiar a los ville­ros con cargas económicas insoporta­bles,, como las cuotas de compra de los lotes, las cuotas de urbanización y con los impuestos y tarifas de luz que acompañarán a la “formalización” de los villeros en “propietarios”. Las privatizaciones de Segba y de Obras Sanitarias, por ejemplo, plantearán de por sí la “regularización” de los po­bladores que viven “colgados” a co­nexiones clandestinas y que tampoco pagan “barrido y limpieza”. El “plan arraigo” resulta, de este modo, indispensable para el conjunto de la política, oficial de entrega. La conse­cuencia sobre los vednos es predeci­ble: con “un título de propiedad” en la mano podrán vender sus terrenos a precios viles a la acaparadores inmo­biliarios. El papel “erradicado” que antaño cumplían las topadoras de la dictadura, pasará a ser jugado ahora por el *mercado” Pero no sólo esto. Una “urbaniza­ción” de las Villas deberá entrañar, fatalmente, la expulsión de villeros, to­da vez que el trazado de calles, por ejemplo, ocuparía un terreno conside­rable, que deberá ser abierto a fuerza de “topadoras”. Esto explica que no se haya contemplado la entrega de tí­tulos sino para una proporción de los pobladores. La solución para este problema pasa por la expropiación de los terrenos y viviendas privadas que hoy se encuentran desocupados. Que el “mercado” y las topado­ras no tienen por qué ser incompati­bles está demostrado por los dichos de uno de los que apoyan el “plan”, el concejal ucedeísta. Julio Crespo Campos, para quien “se debería trasladar a la gente y llamar al capital privado para la construcción y financiación de las viviendas” (Página 12,17/7). Lo que el concejal no ex­plica es que pasará con las familias que no puedan costearse esa “finan­ciación”. Con relación al planteo del concejal hay que destacar que, según el informe de Página 12, ya hay licita­ciones a punto de concretarse para obras de infraestructura en varias Vi­llas, sin que se haya concretado aún la “venta” de los terrenos a la totali­dad de los habitantes. Es políticamente significativo que el “plan arraigo” haya recibido el apoyo de un vocero de los especula­dores inmobiliarios. Nada menos que en un editorial previo a las elecciones de Capital, La Nación (26/6) dice que “la entrega de tierras regulariza si­tuaciones de hecho, consumadas desde hace mucho y difícilmente reversibles. Se trata, entonces, pro­sigue el diario, de un reconocimien­to realista tendiente a facilitar solu­ciones viables (¡!) para eliminar las villas sin tener que apelar a recur­sos compulsivos, tan enojosos cuanto inútiles” (¡!) Política Obrera La urgencia que tiene el gobierno de resolver la situación inmobiliaria en la Capital tendría que ser aprovecha­da por los compañeros que viven en las villas para imponer sus propias condiciones, las cuales no serían para nada “abusivas”. La primera es que la Asociación barrial debe ser elegida democrática­mente y no designada a dedo por los funcionarios montoneros convertidos al menemismo. La segunda reivindicación es que la cesión de tos terrenos sea gratuita, y que quede documentado que el conjunto de cuotas por obras y servi­cios no pase del 10% del ingreso fa­miliar. En tercer lugar está la necesidad de expropiar terrenos desocupados para dar cabida a todos los poblado­res que serán afectados por los traza­dos de calles u otras construcciones. Este reclamo pone en evidencia la ne­cesidad de una auténtica “reforma urbana”, que liquide tos monopolios inmobiliarios, reduzca el alquiler a una proporción del 10% de los salarios, y entregue a tos “sin tierra” los terre­nos o viviendas desocupados. No hay que olvidar nunca que es­tamos frente al gobierno de los “shoppings” es decir, de tos espe­culadores del suelo y de los inmue­bles, en especial en las grandes ciudades.

El 8 de julio, en forma imprevista, falleció el compañero Manuel de la Cruz Yáñez. Nacido en Chile, empujado por la pobreza y el régimen pinochetista, se radicó en nuestro país. Aquí se acercó a la militancia revolucionaria junto al Partido Obrero, trabajando con los círculos de William Morris y San Telmo.

El compañero Daniel Rapanelli visitó el municipio de Laprida en la Pcia. de Buenos Aíres. La actividad, preparada por un núcleo de simpatizantes y lectores del pe­riódico, fue sumamente intensa y rica en or­ganización: además de los reportajes en la radio, televisión y el diario de Olavarría, se hicieron reuniones con activistas obreros y juveniles que se comprometieron a difundir la prensa y la propaganda partidaria para sentar las bases del Partido Obrero. El desarrollo del PO local es el resulta­do de la maduración de ex simpatizantes de la Izquierda Unida, del Mas y del Fral, que han hecho una experiencia con la izquierda democratizante y que hoy se suman a la construcción del Partido Obre­ro. La visita permitió verificar también la combatividad que está ganando a un sector del movimiento secundario que se organiza para defender la educación estatal y para apoyar el reclamo de los docentes. ¡Adelante compañeros de Laprida!

Partido de la Liberación Buenos Aires, junio de 1992 A los compañeros del PARTIDO OBRERO: El Partido de la Liberación se soli­dariza con los Compañeros del P.O. y exige a este fantoche de MENEM, represor de jubilados, estudiantes y trabajadores, el inmediato levantamiento de la medida y la entrega de las boletas electorales, con las que los vecinos de la Capital Federal po­drán votar a este partido, el 28/6 en las elecciones para Senador. Saludamos a los compañeros, fraternalmente. Partido de la Liberación, Comité Capital Trabajadores de Deutz contra la proscripción del partido obrero La proscripción del Partido Obrero debe ser considerada como un intento de este gobierno de silenciar a cualquier organiza­ción que pretenda denunciar en forma sis­temática su política y privatización de las Cajas de Jubilación; el congelamiento sala­rial; la aplicación de la flexibilización labo­ral; la liquidación de la escuela pública; la privatización de la educación a través de la Ley Federal de Educación; el vaciamiento y destrucción de los hospitales públicos; la política de privatización y entrega con el único fin de dar vía libre a los negociados y la corrupción. Todo esto en beneficio de un puñado de capitalistas y banqueros, nacio­nales e Internacionales. Por todo ello, exigimos el cese inmedia­to de la proscripción al Partido Obrero. (Siguen 20 firmas) Lista Violeta de trabajadores de la educación 25 da junio de 1992 Compañeros del P.O.: En un día especial, en que la base de la comunidad educativa ha gestado un movimiento de la magnitud de la marcha del día de hoy, desbordando a la burocracia sindi­cal, la lista Violeta de la Pcia. de Buenos Aires de SUTEBA, le hace llegar nuestra solidaridad y un deseo de solución positiva al intento de proscripción de vuestro candi­dato a Senador por la Capital. Por lista Violeta de Trabajadores de la Educación Bs. As.: Graciela Elguer Jardín 921 Consideramos que la proscripción del Par­tido Obrero, es una decisión antidemocráti­ca hacia lós trabajadores, ya que imposibi­lita la libre expresión y discusión de las distintas posiciones, oponiéndonos a la misma. (Siguen firmas) INTI 24 de Junio de 1992 La negativa de la Junta Electoral de la Capital a distribuir las boletas del PARTIDO OBRERO para la próxima elección del 28 de junio, cuya lista fue oficializada con sentencia firme por la Justicia Electoral, significa la proscripción de hecho de la can­didatura del P.O. Los abajo firmantes, trabajadores del INTI, nos pronunciamos contra esta pros­cripción política porque el PARTIDO OBRERO tiene el derecho a participar de esta elección y además porque la misma constituye un peligroso antecedente contra el conjunto de las libertades democráticas, que cuestiona la futura participación del P.O. y de otros partidos políticos. (Siguen 46 firmas) Hospital Francés Buenos Aires, 26 de junio de 1992 El gobierno de Menem y su Ministerio del Interior han lanzado una ofensiva de trabas y proscripciones para las pequeñas agrupaciones políticas. Sin embargo no han sido cuestionados la numerosidad de partiduchos que acompañan a su candidato Porto. Somos por lo tanto los ciudadanos, los votantes, no sólo de la Capital sino del país entero y sobre todo los sectores popu­lares y obreros, los que debemos defender nuestro derecho a decidir a quién elegir. Repudiamos todo intento cíe recortar los derechos políticos a los partidos opositores y exigimos la plena vigencia de los dere­chos. - Silvia Ríos Subdelegada Gral. Htal. Francés - Marga Genaver Delegada de sector Corriente Nacional Patria Libre (Filosofía y Letras) Saludamos a los compañeros del P.O. en este acto de repudio a la proscripción de su partido en las próximas elecciones. Este gobierno cipayo y vende patria qué pretende ajustarnos a un plan económico que oprime a los trabajadores y los humil­des, es el mismo que impone silencio a todos aquellos que se enfrentan y denun­cian la política de explotación del régimen. Nos solidarizamos con el Partido Obrero y con todos aquellos quienes de distintas formas son proscriptos por el sistema. Corriente Nacional Patria Libre Agrupación Juvenil Venceremos Filosofía y Letras San Martín, 25 de junio de 1992 El propósito de cancelar la personería electoral del P.O. constituye un acto de proscripción política que viola las más ele­mentales libertades democráticas. Expreso mi enérgico repudio, en defen­sa de estos principios. Angela Báez

El gobierno de Duhalde ha anunciado una inminente solución para el Astillero Rio Santiago (A.R.S.), cuya planta está prácticamente parada desde hace más de un año. Recientemente perdió un contrato pre adjunto porque el gobierno no autorizó un aval para la construcción de seis buques para Holanda. ¿"Solución" o Cierre? Pero la transferencia del Astillero a la provincia – de eso se trata – no es ni una “solución” para sus 2100 trabajadores, que quedarían incluidos en la ley de disponibilidad provincial, ni pretende siquiera ser una vía para la reactivación de la fábrica. El interés de Duhalde se concentra en el predio y especialmente en el puerto del Astillero, para la instalación de la zona franca comercial ya autorizada por el gobierno menemista. Así lo ha denunciado al cuerpo da delegados de Astilleros: “la proyectada provincialización convertirá al astillero más grande del pala en un taller de reparaciones y de carga y descarga da contenedo­ras que dejará a 1800 trabajadoras sin empleo”. Ya sea como playa de contenedores o como taller de reparaciones, el plantel de trabajadores no superarla los 300. Pero ni el gobierno nacional ni el de la provincia quieren hacerse cargo de los 15 millones de dólares necesarios para pagar las Indemni­zaciones. Duhalde le “sugirió” los trabajadores del ARS que se anoten en los “retiros voluntarios” y que después “vean que hacer”. Es lo que pasó en Altos Hornos Zapla y todavía los trabajadores no han visto Un peso. Reorganización del Astillero El Cuerpo de Delegados acaba de publicar una solicitada que denuncia la provincialización, el congelamiento salarial desde marzo del '91, la inminencia de los despidos, la inclusión del astillero en la Zona franca y la privatización. Una reunión masiva de delegados y activistas votó movilizarse el jueves 23 a La Plata y el próximo 6 de agosto junto a los estatales provinciales. En las recientes elecciones para delegados de sección la burocracia que dirige la seccional de ATE Ensenada quedó en minoría, y luego hubo una movi­lización de 800 compañeros a Buenos Ai­res. El Partido Obrero plantea: Ni un solo despido. Denuncia de los “retiros voluntarios” como despidos encubiertos. No a la provincialización a i privatización y la inclusión del ARS en la zona franca cuyo propósito es cerrar el astillero y cesantear a sus obreros. Contra el congelamiento salarial; por 500 pesos de básico. Pago integral de la deuda contraída por la empresa con sus trabajadores. Reconocimiento del convenio colectivo y de la aplicación de los módulos. Por un plan de lucha y movilización contra la miseria salarial y la amenaza efe despidos masivos. Que el cuerpo de dele, gados del Astillero impulse la convocatoria a un plenario regional de delegados y acti­vistas para llevar adelante una acción Común en defensa del ARS y de todas las reivindicaciones del movimiento obrero y popular (salarios, convenios, educación salud, jubilaciones). 22/7

En las seccionales fraternales del Roca está en marcha un esfuerzo de recomposi­ción de fuerzas del activismo. La derrotada la huelga pasada produjo naturalmente un proceso de desbande y una importante cantidad de activistas renunciaron al ferro­carril, pero Jaime no ha podido hacer pie en ninguna de las seccionales del Roca, con la salvedad importante de Escalada, donde ya durante la huelga había nombrado un in­terventor. De todos modos, sólo él carnereaje participó en las elecciones para “normalizar” la seccional y la ejecutiva “camera “no puede convocar a nadie a sus asambleas. En Temperley, por el contrario, se ha mantenido un cuadro organizado que cana­liza los reclamos de los compañeros y combate los ataques de la directiva (corte de gas y luz de los locales sindicales, por ejemplo). De un modo general, se está impulsan­do, por Iniciativa de los compañeros más firmes y combativos que siguen trabajando, llamados a asambleas para normalizar tas ejecutivas (que reemplacen a los que han renunciado o se han alejado del ferrocarril). En la mayoría de las seccionales, Jaime no tiene posibilidad siquiera de presentarse. La burocracia, que carga con el peso del carnereaje y la traición, no tiene nada que ofrecer al gremio: ¿dónde está el aumento de sala­rio que prometió durante el conflicto? El salario sigue congelado y se han ace­lerado los ritmos de trabajo con la modifica­ción de los diagramas (más trenes en el mismo turno, reducción de los descansos). Hay que destacar que, a la luz de los anun­cios de cierre de servicios generales y el despido de miles de trabajadores, las seccio­nales están tomando iniciativas de moviliza­ción y actos con los trabajadores de los otros gremios y tos pueblos afectados.

El decreto de Menem que clausura el transporte ferroviario de pasajeros que las provincias no tomen a su cargo es, simultá­neamente, una confesión de la bancarrota de la “privatización’’ ferroviaria y una pér­fida maniobra en beneficio de los grandes monopolios. El decreto desvaloriza a menos de cero el patrimonio de Ferrocarriles y los activos ferroviarios, con lo que prepara una futura cesión gratuita y subsidiada de rama­les, equipos de tracción y maquinarias. “Como mucho —dice Clarín (7/7/92)— se privatizarán unos 7000 kilómetros de vías entre el negocio de las cargas, los servicios urbanos y el tren de Mar del Plata. Esta porción equivale al 20%de los ramales, el resto (28.000 kilómetros) tie­ne sentencia de muerte” (Clarín 7/7). Es decir; no puede ser “privatizado” sino simplemente “cedido” (con subsidios natu­ralmente). Esta confiscación económica absoluta del patrimonio ferroviario se manifiesta en el hecho de que los capitalistas interesados ya ni siquiera quieren tomar el transporte de cargas. Los probables “operadoras” y a no “ofrecen ahora se limitan a “escuchar ofertas”. En los medios “privatizadores” se habla de subsidios del 15% en las líneas urbanas (por lejos las más rentables), de fuertes aumentos de tarifas y del retiro, al menos temporal, de los trenes de pasajeros de larga distancia. La posición del gobierno de pasar las “partes” deseada línea a los quebrados presupuestos provinciales es sólo una cor­tina de humo. SI no logró Interesados sin los correspondientes subsidios, no va a lograr que las provincias banquen la red luego de que se les han pasado los hospitales y las escuelas nacionales La receta del FMI La finalidad de estos levantamientos es operar despidos masivos y elevar dramáti­camente la explotación de los trabajadores. “El personal del ferrocarril que en el año 1988 llegaba a los 140.000 empleados vi a bajar a fin de año sólo a 40.000, es decir 100.000 personas menos” (Domingo Ca­vallo a Clarín, 7/5). El mismo diario señala que para el Banco Mundial aún falta realizar un “recorte” de 30.000 ferroviarios. La li­quidación, aún temporal, de los trenes de pasajeros servirá para dejar a 100.000 fe­rroviarios en la calle. Los privatizadores pretenden aprove­char las LOCOMOTORAS que quedarán disponibles a partir de la clausura de los servicios de larga distancia de pasajeros. Cada una de estas locomotoras puede arras­trar 50 vagones de carga a un costo mena en relación al transporte de pasajeros. El diputado “ferroviario’’ Lorenzo Pepe tiene razón cuando afirma que es “incoherente” privatizar las cargas y no los trenes de pasajeros pero él, mejor que nadie, sabe que esta política es “coherente” en el inte­rés capitalista de arrancar mejores condiciones para la “privatización” integral. ¡No es por eso nada casual que el gobierno haya establecido que “En principio la entrega de los ramales a las administraciones locales se haría sin la cesión del material rodante y tractivo”, (Clarín, 14/7)”! Salvo que se pretenda mover los trenes sin las motoras ni vagones, el sentido de esta condición es muy claro: en el mejor de los casos habría que reducir el servicio o pasajeros en beneficio del de Uruguay la totalidad de las locomotoras existentes pasó a transportar cargas, convirtió en nostalgia al transporte de pasajeros. Negocios sucios La liquidación de una enorme cantidad de estaciones de pasajeros favorecerá el aumento de las tarifas del transporte carretero, las cuales hoy son el doble del tren. Este encarecimiento permitirá un futuro replanteo del transporte ferroviario las enormemente más altas. Otra consecuencia es favorecer a los “piratas del asfalto” de la “patria del peaje” y a los es­pectadores inmobiliarios con la caída de la propiedad en los pueblos afectados por los cierres. Se pretende levantar los ferrocarriles cuando ni siquiera existe la infraestructura caminera que los reemplace, como lo de­muestra (a oteada de accidentes de los últimos meses. La resistencia La Unión Ferroviaria ya anticipó su polí­tica, frente a estas nefastas medidas “de concretarse el cierre de ramales de nin­guna manera eso significarla que se declare un paro de actividades” (Pedraza a Clarín, 9/7). Estas declaraciones de Pedraza, se­cretario administrativo del principal gremio ferroviario, son lógicas, pues es uno de los ¡¡OFERENTES!! del ferrocarril Urquiza. El hombre ha salido ahora con una “pro­puesta” de gestión sindica del transporte de pasajeros, que avala la decisión del gobierno de desprenderse de ese medio. La dirección de La Fraternidad ya se ha encargado de hacer el trabajo sucio de ayudar a “limpiar” al activismo de las sec­ciones urbanas, donde es más jugoso el negocio de la “privatización”. Sin embargo el activismo ferroviario aún existe y a pesar de las direcciones de los gremios puede realizarse un paro nacional ferroviario. En el '90, verdaderas puebladas hicie­ron dar marcha atrás estos mismos planes, cuando el gobierno aún gozaba todavía de buena, “salud”. Con ellas, con los “trenes de la resistencia”, en los actos y moviliza­ciones de los pueblos del interior, pueden estar las bases para un verdadero levanta­miento popular contra este ataque. Asistimos a un derrumbe de las “privatizaciones” menemistas. El “plan” ferro­viario hipotecará al Estado con mayores subsidios a los usureros, con mayores tari­fas encarecerá la producción, la red camine­ra quedará completamente destruida, y con mayor desocupación y despoblación produ­ciría una fenomenal expropiación económi­ca de las masas más amplias del pueblo. “El tren de la resistencia” Se ha constituido la “Comisión Na­cional de Defensa del Tren” integrada por dirigentes, activistas y cesantes de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros, APDFA. Se trata de una respuesta a la pasividad de las direccio­nes dé UF y de La Fraternidad, las que han lanzado la cortina de humo de recla­mar para sí la “gestión” de los ferroca­rriles que van a ser clausurados. La “Comisión de Defensa” realizó varios actos. Uno en Retiro, en el Ferro­carril Mitre, antes de la salida del “Es­trella del Norte”; otro en el San Martín, frente a la salida del “Martita” que va a Junín; un tercero, en Constitución. Para el viernes 31 se prevé la salida del “Tren de la Resistencia” con actos en Retiro, Pilar, Mercedes, Rawson, Chacabuco y Junín, en los que partici­parán centenares de ferroviarios y dele­gaciones de partidos, sindicatos y comisiones de fomento. La “Comisión” se opone a las clau­suras y a las 37.000 cesantías con las que amenaza el gobierno, reclama un urgente aumento salarial para los ferro­viarios y la reincorporación de los cesantes por causas gremiales y políticas. Está previsto iniciar contactos “con los distintos agrupamientos y comisio­nes sindicales del riel” para gestar una gran movilización nacional. F.

El anuncio de Menem y Cavallo de que los servicios fe­rroviarios de pasajeros que cuenten con el cofinanciamiento de las provincias podrían seguir funcionando es un mero operativo político destinado a dividir y a paralizar la oposición popular. Así, mientras algunos gobernadores afirman que no U interesan los ramales, otros advierten que podrán mantener los servicios pero no los talleres o si los talleres pero a costa de servicios. Sin embargo, aun la “mejor” de estas “soluciones” solo tiene alcance hasta diciembre, cuando las provincias deberán hacerse cargo de la totalidad del costo del servicio, o cerrarlos definitivamente. Es evidente el intento de fragmentar al movimiento de resistencia al cierre y quitarle un eje nacional de reagrupa- miento y un único destinatario a los reclamos. En esta manióbra la delantera la lleva Duhalde, que fue a Junín a prometer lo que no tiene para impedir una marcha a Buenos Aires. Como en las movilizaciones en defensa de la educación popu­lar, —donde padres, docentes y alumnos marchan codo a codo— los ferroviarios, los usuarios y los pueblos del interior tienen que golpear juntos, con un sólo puño, marchar a Plaza de Mayo y preparar la huelga general.

Hace unos días, una medi­da unilateral de Telefónica pro­vocó un salto en la resistencia obrera La patronal despidió a un trabajador del edificio De­fensa acusándolo de “prácti­ca desleal”, porque trabajaba —fuera de su horario— para una empresa de telefonía (que se ocupa de tareas no tomadas por la red telefónica). Frente a esta Injusticia, los trabajadores de Defensa pararon en forma automática. Entonces la em­presa se “acoge al convenio” y le aplica 5 días de “suspen­sión preventiva”. Estas “suspensiones preventivas” ter­minan por lo general en despido “legal” sin indemniza­ción, como también sucedió en este caso, pero la respuesta de los trabajadores fue paro en Defensa y se recabó la solida­ridad de los edificios de zona; todo el sector operativo de microcentro quedo paralizado (República, Defensa, Talcahuano, Mayo). La patronal qui­so quebrar el paro enviando cuadrillas volantes de otras zonas. Pero fueron echados de tas oficinas, incluso se solidari­zó una delegación de Sintelar, subsidiaria de Telefónica e in­tegrada por trabajadores es­pañoles. A la tarde, una mani­festación de 300 telefónicos se concentró frente a la sede de Florida. Allí apareció Varone de FOETRA Buenos Aires convocando a un plenario de delegados... de empresa (o sea sin Telecom). El plenario de delegados de Telefónica resolvió reclamar que se convoque a un plenario general rompiendo la manio­bra divisionista. Este fue con­vocado, pero... en el Ínterin el Ministerio “Intimó” y Varone “aceptó” la conciliación sin consulta a las bases y antes que el plenario se reuniera. Criticado en el plenario ge­neral, Varone quedó en con­vocar a un nuevo plenario al finalizarla “conciliación” sí el compañero no era reincorpo­rado. La movilización de Centro ha frenado un poco a las patronales en su política de “aprietes”. En numerosos edificios de Telecom (Rutero, Golf. Agüero, etc.) Hay situa­ciones conflictivas similares. Los problemas son comunes, lo que plantea la necesidad de una acción que la directiva bu­rocrática de Varone —alinea­da ahora con la burocracia nacional del menemista Ro­dríguez— no va a encarar. En octubre se renueva el conve­nio colectivo. En las cláusulas del convenio firmado por Ro­dríguez está gran parte de la causa de los aprietes patrona­les. ¿Quién va a discutir el próximo convenio? ¿Rodríguez o una paritaria electa por la base? A mediados de julio se ha iniciado un proceso de elección de delegados que renovará este cuerpo. Aquí se concentra ahora la batalla para desplazar a los “varone- rodriguistas” e imponer una nueva correlación de fuerzas en el cuerpo de delegados que pueda convertirlo en una di­rección representativa y com­bativa de los combativos tele­fónicos de Capital.

Un combativo plenario de delegados de ATE, del cual participaron casi un centenar de representantes del Astillero Río Santiago y de los hospita­les y ministerios, votó impulsar una gran movilización en La Plata. Los delegados presen­tes discutieron y aprobaron un programa para la marcha, que entre otros puntos contempla: el reclamo de un salario básico para los estatales equivalente al 75% de la canasta familiar, 450 pesos de jubilación míni­ma, defensa del convenio co­lectivo del Astillero y denuncia de la provincialización, privati­zación e inclusión del ARS en la zona franca. También se resolvió que la movilización provincial —cuya fecha está sujeta a la reunión de secreta­rios generales de ATE— no puede exceder del día 14 de agosto, razón por lo cual se conformó una comisión de de­legados para recorrer las ofici­nas, hospitales y fábricas de La Plata, Beriso y Ensenada con el objetivo de convertir la marcha en una gran jornada de lucha.

En el curso de la movilización en defensa de la escuela pública se ha ido conformando un vasto movimiento de padres que se fue extendiendo como uno de los rasgos inéditos del actual proceso de luchas. Aun cuando en algunos casos tuvo como punto de partida a las Cooperadoras, en la ma­yoría de los casos desbordó las estruc­turas tradicionales y surgió como una “autoconvocatoria” a partir del ante­cedente de la lucha contra la “transfe­rencia”. La presencia de los padres, junto a docentes y estudiantes, diferen­cia el actual movimiento de la gran huelga docente del ‘88, en la cual la simpatía de muchos padres no llegó a traducirse en apoyo y participación efectiva en la movilización. La presencia de los padres expresa el profundo descontento de las capas medias que se vuelcan, cada vez más, hacia el campo de la lucha activa contra el gobierno. Es también el reencuentro de esa “generación del ‘70” (que puchos ya dieron definitivamente por “fundida”) con las luchas populares. Los padres se rebelan contra el vaciamiento inescrupuloso de la escuela estatal, la falta de docentes y los docentes-taxi, los edificios que se vienen abajo, la combinación perversa entre autoritarismo y abandono en que se desenvuelve el régimen disciplinario. El rechazo a la ley de Educación, por privatista y destructora de la educación pública, fue el elemento desencadenante y aglutinador de tanta bronca concentrada. El rechazo a la ley es un buen punto de partida, pero insuficiente para supe­rar las trampas y los engaños del pasilleo parlamentario. Es necesario tradu­cir ese rechazo en un programa reivindicativo que parta de reconocer que sin docentes que puedan comer todos los días no puede haber escuela pública, y que por lo tanto el apoyo a los reclamos docentes de un salario mínimo para el cargo testigo de 500 pesos (como lo reclaman los autoconvocados) es el punto de partida de la defensa de la escuela pública. La inmensa mayoría de los padres ve con simpatía los reclamos docentes pero esto no se ha traducido hasta ahora en el apoyo a sus reclamos sala­riales. Los padres han manifestado reitera­damente su posición laicista, lo cual los ha llevado chocar con las posiciones pro-clericales de la dirección de Ctera. Es necesario sacar todas las conclusio­nes de esta posición, reclamando la estatización y laicidad de la educación en todos sus niveles y modalidad. La organización de los padres; el revitalizamiento de las organizaciones gremiales docentes de base, expresa­da en el movimiento de autoconvoca­dos; el despertar del movimiento se­cundario con el crecimiento vertiginoso de los centros de estudiantes; todo esto ha puesto a la “comunidad edu­cativa" de pie, no ya como categoría pedagógica sino social y política. El repudio generalizado a las amenazas e intimidaciones de Menem en Tucumán se debe proyectar en un reclamo funda­mental; el derecho a la plena libertad de organización de la comunidad educati­va y a su gobierno de la escuela pública en todos sus niveles y modalidades. Hoy están en marcha un conjunto de iniciativas que tienden a estructurar el movimiento de padres. Está funcionan­do una inter-normales y hay diversas Iniciativas de coordinación en barrios de la capital y en el Gran Buenos Aires. En la zona norte de la capital funciona una coordinadora de cooperadoras que tuvo gran iniciativa en la gestación de la marcha del 3 de julio. Hay también en curso una iniciativa del nacional de Buenos Aires para coordinar todos estos movimientos de padres. La pers­pectiva debe estar colocada en forjar junto a docentes y estudiantes un frente de lucha independiente de los partidos patronales que enfrente las próximas componendas de peronistas y radica­les para “consensuar” una nueva trai­ción al pueblo, en defensa de los recla­mos perentorios de toda la comunidad educativa. ¡¡La ley a la basura!! Pronunciamiento de la comisión de padres de la escuela 33 de la plata -No a la ley votada en el Senado. Rechazo de toda modificación de forma que man­tenga vivo el contenido. -Aumento del presupuesto educativo -No al traspaso de los establecimientos escolares a la esfera provincial o municipal. -Aumento de la calidad educativa (aumento de salarios y perfeccionamiento para los docentes). Pronunciamiento del ENET Cuba La comisión de padres autoconvocados del ENET 28 (CUBA), plantea que la ley general de educación sea retirada del Congreso. Nos oponemos terminante­mente a las “modificaciones parciales” del proyecto o a cualquier alternativa “consensuada”.

A los Docentes: 1. La docencia argentina, y la educación pública en general, soportan un cuadro de verdadero desastre: la miseria salarial ha conducido a la deserción parcial y aún definitiva en los niveles primario y secundario. La docen­cia que permanece en sus funciones debe someterse al agobio del doble o triple tumo para poder sobrevivir. Mientras tanto, la administración escolar se desintegra bajo la penuria económica general, y el caos en la educa­ción se ha convertido en rutina. El gobierno menemista pretende completar la labor de desentendimiento del Estado nacional en la financiación de la escuela pública. Lo que planteó Videla (cuando transfirió la escuela primaria a las provincias) se completa ahora con la transferencia del nivel secundario, en un cuadro de completa bancarrota financiera de las provin­cias. Mientras el Estado continúa subsidiando a la escue­la privada y confesional, la escuela estatal es obligada a “privatizarse” por la vía de acudir crecientemente a las cooperadoras o a las manipulaciones de empresas priva­das para poder subsistir. La Ley de Educación (votada por los senadores justicialistas, radicales y provinciales) pretende darle un carácter permanente a esta privatización del sistema educativo. Todo este cuadro es el resultado del plan económico y político del gobierno de Menem, que exige desmantelar la educación y salud pública y el pa­trimonio nacional para pagar la deuda externa y subsidiar el gran capital. 2. Semejantes atropellos no podrían haber pasado sin la complicidad de la dirección de CTERA que encabeza Mary Sánchez. Esta directiva entregó la gran huelga na­cional del '88 y expulsó a parte de la oposición, cerrando todos los canales para una lucha nacional en serio, dejando desangrarse en el aislamiento las grandes huel­gas provinciales. Es la misma dirección que renunció a la lucha por un básico nacional unificado. Hoy, una lucha victoriosa por estas reivindicaciones plantea la derrota de quienes han entregado reiteradamente nuestra lucha y la recuperación de CTERA para la docencia y sus aspiracio­nes. 3. Contra los ataques gubernamentales y la complici­dad de la conducción de Ctera, se ha puesto en marcha un gran movimiento de los docentes, alumnos y padres. En los grandes sindicatos de CTERA se ha abierto una pelea en asambleas, plenarios de delegados y en las propias es­cuelas, pugnando por superar la política de desgaste que propugna la burocracia. Al mismo tiempo, a través de las coordinadoras y movimientos de autoconvocados, han puesto en pie sus propias organizaciones de lucha frente a los aparatos de la UDA, el SUTEN y de la propia CTERA. En estas elecciones, la Lista Rosa quiere expresar a ese gran proceso de lucha que está en desarrollo. La campaña y el voto por la Lista Rosa es un voto por las banderas y los métodos de lucha que la comunidad edu­cativa ya ha colocado en la calle: 1- Contra el gobierno hambreador de Menem y el FMI - Por un básico nacional unificado de $ 500 (jomada simple y salario testigo en todos los niveles), sin sumas en negro (adicionales y presentismo). - Fuera la Ley de Educación, Que sea discutida y elabo­rada por el conjunto de los docentes, padres y estudiantes, a partir de la lucha por nuestras reivindicaciones. - Por un Fondo Educativo; Permanente que garantice un salario básico actualizable por costo de vida para los do­centes y el sostenimiento de la enseñanza gratuita en todos los niveles sobre la base del no pago de la deuda externa, de un impuesto a las grandes fortunas y de la eli­minación de los subsidios a la educación privada y confesional. - Educación única pública, gratuita y laica desde los 45 días en adelante. Obligación del Estado de garantizar la educación otorgando todo lo necesario para su sosteni­miento proveyendo los elementos necesarios para, el proceso de enseñanza y aprendizaje. - No a la transferencia de escuelas. - Renacionalización de los establecimientos transferidos. - Por el gobierno, administración, orientación de contenidos y del presupuesto en manos de padres, docentes, no docentes y estudiantes elegidos democráticamente. - No al despojo jubilatorio: rechazo a la jubilación privada. Administración de las Cajas por parte de docen­tes y jubilados. Haber mínimo equivalente al 82% móvil a los 25 años sin límites de edad. - No al indulto. Juicio y castigo a los responsables del genocidio, 2- Recuperación de CTERA para las bases docentes - Por una nueva dirección en la CTERA, derrotemos a Mary Sánchez y su proyecto. - Por una CTERA independiente del Estado, fundada en asambleas soberanas y cuerpos de delegados represen­tativos de todos los docentes y que funcionen con man­dato de base. - Fuera los estatutos proscriptos de CTERA: Reincorporación de todas las entidades y afiliados expulsados. - Por la política de la dirección marysanchista, miles de docentes se alejan de la CTERA: asambleas abiertas a todos los docentes, afiliados y no afiliados. Elecciones democráticas en las que voten todos los docentes. - Por la más irrestricta democracia sindical en CTERA. No a la negociación a espaldas de los trabajadores, que toda negociación sea refrendada por la base, que es quien debe determinar cuándo comienza, como se hace y cuando termina un plan de lucha - Unidad con los trabajadores en lucha. Fuera la buro­cracia de los sindicatos, por una nueva dirección para el movimiento obrero. - Por un plan de lucha consecuente de toda la docencia y el movimiento estudiantil por tas reivindicaciones plan­teadas. Defensa y desarrollo de asambleas coordinado­ras y autoconvocatorias para impulsarlo. 21/7/92 Lista Violeta - Corriente Nacional de Trabajadores de la Educación Lista Naranja - Alternativa Docente Lista Rosa - Tribuna Docente Lista Bordó Más avales y un fiscal rosa para cada mesa de votación

En CTERA se ha constituido la Lista Rosa, entre las agrupaciones docentes orientadas por el PC, Mas, PO y Mst, para participar de las elecciones nacionales a Junta Ejecutiva a realizarse el 7 de setiembre. Hasta el momento la lista superaba los 6.000 avales requeridos para su oficialización. La Rosa está llamada a encarnar a la oposición antiburocrática. La función de la Lista Rosa es superar a la conducción marysanchista en el curso de las presentes luchas de las cuales se ha vuelto a convertir en su principal obstáculo. El Congreso de CTERA que está a gilí de reunirse, viene precedido de pazos masivos en Córdoba, Mendoza y Salta y de redamos de un plan de lucha progresivo por los $500 de básico inicial formulados por importantes asambleas de base. En contraste con esta tenden­cia, la burocracia propondría al Congreso un paro general para la segunda quincena de agosto. Sería una medida aislada, despojada además del recla­mo salarial. La burocracia marysanchista se siente con razón “desbordada” por la movilización educativa. Responde a ella con sus viejas consignas, ya supe­radas por la experiencia, como los pa­ros ocasionales o el reclamo abstracto de la “paritaria nacional”. Todo el esfuerzo de esta dirección apunta a impedir el único camino concreto: la huelga general para obtener los $500 mensuales para todo el país. Pero mientras reclama el “ámbito” nacional para satisfacer a las tribunas, Mary Sánchez no abandona la política de “provincialización” que afirma repudiar. En Capital, los sindicatos (entre ellos la UTE- CTERA) están bus­cando un acuerdo por separado con Grosso para separar a la Capital del país. Pero la “equiparación” salarial que reclama CTERA no significa nada, apenas $300 iniciales, ni resuelve los despidos que se anuncian en las pro­vincias ni el congelamiento salarial que afectará al salario “equiparado”. En Santa Fe, Reuteuman no ha vacilado en fijar un monto fijo para el sosteni­miento de cada escuela sobre la base de un plantel docente determinado dejando el resto de sus necesidades a criterio de las cooperadoras, “patro­nazgos” empresarios o cualquier otra cosa. Frente a estos atropellos y estos frenos, el movimiento de lucha docente tiende a madurar. El reclamo por los $500 de básico está creciendo y se instala incluso entre los padres y los jóvenes. Las asambleas del conurbano que votaron por un plan de paros pro­gresivos y escalonados están en la direc­ción justa, pues plantea la perspectiva de la huelga general, perspectiva insos­layable si se considera que la crisis se agudiza. La clave en CTERA es supe­rar a su dirección, para lo cual es necesario que las Asambleas sean sobera­nas y que exista una coordinación entre estas asambleas soberanas. Los “au­toconvocados”, al llamar a asam­bleas el primer día de clase para discu­tir nuevas medidas de lucha han apor­tado un punto de referencia en la lucha por construir una nueva dirección do­cente. Impulsar el desarrollo de los “auto-convocados”; de las asambleas sobe­ranas en los sindicatos de CTERA; de la coordinación entre los distritos; de un planteo de lucha general por la huelga general educativa debe ser la tarea de la Lista Rosa.

Los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que mantienen desde hace un mes un quite de colaboración y el trabajo a reglamento, han comenzado a realizar ahora movilizaciones callejeras con quema de neumáticos y a ocupar en forma temporaria algunas dependencias. Enfrentan así la pretensión de Angeloz de privatizar la empresa que empieza por entregar en concesión a dos plantas generadoras y que debe seguir con la transformación de EPEC en sociedad anónima.. De acuerdo a la licitación, los proveedores de EPEC (CAT del grupo FIAT) se quedarán con una planta que factura $ 1.200.000 al mes a cambio de un canon mensual de S 50,000. La CAT había sido previamente beneficiada con una licitación para reparar los generadores de esa misma planta (que tenían maquinarías con fallas de fábrica aportadas por ellos) por U$S 17 millones. Los trabajadores han denuncia­do el desmantelamiento de la empresa y tos inevitables aumentos de tarifas y deterioro del servicio que traerá la privati­zación, además de ü liquidación del convenio colectivo y la eliminación (vía retiros voluntarios o jubilaciones anticipa­das) de 1000 empleados (25% del perso­nal). Además del personal de EPEC están en conflicto los docentes provinciales, que después del receso de invierno, iniciaron las ciases con un paro de 24 horas con un attfejmo acatamiento. Los médicos de los hospitales provinciales, por su lado, han decretado el estado de asamblea, denun­ciando los miserables salarios que cobran y el badal deterioro de la salud pública (el número de camas en los hospitales públicos ha descendido en los últimos 6 años un ¡60%!). Crisis de gobierno Mientras tanto se desenvuelve una aguda crisis en el gobierno de Angeloz, que en menos de tres semanas terminó con dos ministros y el jefe de policía. La renuncia del ministro de Salud y Acción Social fue aprovechada para nombrar en Salud a un representante de las clínicas privadas. La renuncia del ministro de Agricultura, Parías, ha desatado una crisis con las organizaciones rurales. La caída de) jefe de policía puso al desnudo la existencia de una red dedicada al comer­cio de drogas dentro de la institución. Paro General La Coordinadora de Gremios Estata­les, que hace 25 días había resuelto un paro general, sigue deshojando la marga­rita. En la dirigencia prima la voluntad de un acuerdo con el gobierno, lo cual plantea la posibilidad de una auto-convo­catoria de un plenario abierto de activistas y delegados, para dar tugara los repre­sentantes de todos los gremios a hacer oír sus redamos y su voz.

De acuerdo a Roberto Ale­mann (Ámbito Financiero, 28/7), el actual momento económico y político es excelente: el plan de convertibilidad goza de robusta salud, el Banco Central tiene re­servas, las cuentas fiscales es­tán equilibradas, los salarios congelados, la actividad econó­mica en permanente alza, la ex­portación no disminuye, y si la Bolsa cae ello se debe a que el mercado es un tobogán. Lo que admite Alemann es que se pro­dujo un “malestar psicológico” a partir de las marchas sobre Plaza de Mayo.... Disimulo El ex-ministro ha salido a disi­mular las graves irregularidades y las extraordinarias confiscacio­nes que se han efectuado contra el pueblo. El subi-baja de la Bol­sa, (desde el 1° de junio cayó un 40%, equivalente a Unos 15.000 millones de dólares) ha servido para desplumar al “capitalismo popular” que sacó créditos para comprar acciones de Telecom, perdiendo 50 dólares de cada 100 invertido. El cierre de tres casas de cambio en los últimos 40 días ha desplumado a sus pequeños ahorristas cuyos fondos fueron usados para comprar acciones (el dinero “se evaporó al com­pás de las caldas bursátiles”, Clarín, 30/7). Hace algunos me­ses se autorizaron operaciones “en descubierto” (compras de acciones sin dinero dejándolas en garantía), para hacer subir la Bolsa y montando una bicicleta financiera que embaucó a miles de ahorristas. Ahora, para con­sumar ese proceso confiscatorio, los bancos, por orden de Ca­vado, no amplían los créditos otorgados, obligando a quienes las compraron a venderlas un 40% más abajo. Otro proceso confiscatorio, menos publicitado que el de la Bolsa, han sido las ventas de bienes durables en cuotas, pac­tadas en dólares y a tasas usu­rarias del 70/80% anual. El lla­mado crédito al consumo ayudó a Incrementar las ventas pero ahora esto está agotado (lo cual explica el parate en las ventas) porque el nivel del endeuda­miento es muy elevado. Alemann sostiene que la baja de la Bolsa se debe a que no existen los “estabilizadores” que habría en el sistema banca- rio, una gruesa mentira si se piensa en lo ocurrido con la deu­da externa y con la quiebra de bancos. Ei “razonamiento” de Alemann apunta a entregar la Bolsa a los bancos, desplazando a los “corredores” tradicionales (Mercado Abierto Electrónico). Los bancos están estimulando el derrumbe bursátil para copar el negocio, como lo reconocía “un funcionarlo del Palacio de Ha­cienda (que) se preguntaba hasta qué punto una gruesa tajada de la baja tenía que ver con el enfrentamiento existen­te entre operadores bursátiles y extrabursátiles” (El Cronista, 30/7). El ex-ministro pretende disi­mular todo este proceso alegan­do que la buena salud económi­ca estaría probada por la ausen­cia de una fuga de capitales. Alemann encubre que están en­trando dólares para cubrir los préstamos que no se han de­vuelto (quiebra), y que ha eleva­do la tasa de interés. Presión devaluatoria Para Alemann las exportacio­nes crecen con el actual valor del dólar. Entonces ¿cómo se explica que toda la burguesía in­dustrial se haya unificado en re­clamar reembolsos a la exporta­ción, aranceles a la importación y la devaluación del peso? Hay coincidencia en que se marcha a un déficit comercial, que se combinará con fuertes pagos pa­ra cumplir con el Plan Brady de pago de la deuda externa. Lucha de clases Alemann admite que las gran­des movilizaciones educativas provocaron un “malestar psico­lógico”, para disimular que pro­dujeron un principio de viraje en la situación política y revelaron el agotamiento del “plan Cavallo”. Luego de un periodo de re­flujo, las masas volvieron a to­mar la iniciativa- Alemann recla­ma que el gobierno mantenga su línea de ataque al movimiento obrero, como única manera de superar el “malestar psicológi­co”, claro que con la colabora­ción de la llamada “oposición política”. Pero la persistencia de la caida da la Bolsa, el enfriamiento en la producción, la desacelera­ción de las exportaciones, van a profundizar la crisis y, con ello, los choques interburgueses y los reclamos de las masas.

La dirección de los seis gremios aeronáuticos (técnicos, pilo­tos, administrativos) acaba de sacar un comunicado que denuncia que el “balance” presentado por Iberia “refleja un virtual esta­do de quiebra”, la “Imposibilidad de remontar este pasivo” y la “inviabilidad... (Del) plan de Inversiones”. Propone, sin em­bargo, “arribar a una solución política” que asegure “la conti­nuidad de la empresa de bandera”, mediante el rescate por lo menos del 51 % del paquete accionarlo. Los aeronáuticos son más papistas que el papa, es decir, más “Iberistas” que Iberia. Para la dirección de APA, el mayor de los gremios aeronáuti­cos, el “camino” es la “concertación” No es casual entonces que en mitad de toda esta crisis haya “aquietado” el accionar gremial. La renovación del convenio colectivo se arrastra desde mediados de junio; el salarlo está congelado desde hace un año. Pero la directiva no efectúa ningún reclamo a la espera de que asuma el nuevo directorio de Cavallo-lberia, presumiblemente a mitad de agosto. Renacionalización sin pago de Aerolíneas Argentinas, bajo control de sus trabajadores, desconociendo su deuda fraudulenta. Inmediata convocatoria a paritarias; aumento general del 30% pa­ra todas las categorías. Ningún despido, efectivización de contratados.

La quiebra de Aerolíneas, en tan só­lo 20 meses desde que fue privatizada libre de toda deuda, evidencia el fraca­so de conjunto de la política de “priva­tizaciones”, Si por medio de este ex­pediente la burguesía argentina pre­tendió abrir una senda de crecimiento económico, la realidad es que ha re­trocedido un siglo con la pérdida de su aviación de bandera. Todas las privatizaciones van por la ruta de Aerolíneas. Así como Iberia “compró” Aerolíneas con préstamos que cargó sobre los activos que aún no estaban “comprados”, el resto de las privatizaciones, incluidas las petro­leras, también se financiaron con cré­ditos y eurobonos que tienen como ga­rantía los bienes “privatizados”. Pérez Companc, Techint, Astra, etc. no pusieron un peso para comprar las ricas áreas de YPF; se limitaron a comprar un activo con deuda, espe­cialmente externa. El negocio ahora consiste en vender a precios altos el petróleo ya descubierto por YPF. Pero en materia de inversión no hay nada, los rendimientos de los pozos natural­mente disminuyen y la mejor demos­tración es que las reservas —que re­quieren inversiones de riesgo— han caído a “un período no mayor de 7 años”(La Nación, 27/7). Bastaría una baja del precio interna­cional, para que toda esta política de sacar petróleo y exportarlo se vaya li­teralmente al pozo. Incluso si no ocu­rriera esto, en pocos años más Argen­tina deberá importar petróleo, abando­nando la pretensión de ser un país pe­trolífero. Con el gas sucede otro tanto, esto porque las reserváis también son inferiores a las que se declaran (26 años en lugar de 40), pero se agotarí­an rápidamente si se concretan los planes de exportar gas natural a Chile y Brasil. El negocio de construir gaso­ductos hacia esos dos países dejaría a Argentina sin gas y sin petroquímica. En materia telefónica tampoco hay un proceso de inversión; todo se limita a cobrar una tarifa altísima por un ser­vicio en franco deterioro. Los pasaca­lles con el “ENTel volvé, te perdona­mos”, ilustran esa bancarrota. Al igual que Iberia, Telefónica está endeudada y brinda un pésimo servicio en Espa­ña. Las “privatizaciones” se encuen­tran en una gran crisis. Ahora se ven­de Somisa a un 20% de su valor de activo. Aun así su futuro es totalmente incierto porque existe una sobreoferta mundial de acero. Los futuros compra­dores ya están exigiendo que se ele­ven las tarifas aduaneras a la importa­ción de acero, de manera de preservar el mercado para Techint y Acindar. De la “desregulación” pasaríamos a la “regulación” y a la protección del Es­tado, sin que ello signifique resolver la “amenaza” que plantea la Integración con Brasil para la siderurgia local. Por esta razón son casi nulos los compro­misos de inversión que deberían hacer los compradores de Somisa El “rescate” de Aerolíneas ha abierto una crisis política, porque toda la industria quiere los mismos “rescates”. La UIA reclama devaluación, reembolso y aranceles especiales a la importación de Brasil. Las patronales automotrices quieren mercado protegi­do. Se ha orquestado un verdadero frente de reclamos de los “privatistas” para que el Estado salga en su “rescate”. Las privatizaciones han sido el me­dio del que se valió el capital financie­ro para cobrar la deuda externa. La crisis capitalista, que es hoy más in­tensa que en el pasado, limita aún más las posibilidades de la burguesía argentina de insertarse en el mercado internacional. Las “privatizaciones” no han abierto ninguna vía de desarrollo, las han estrangulado aún más. La burgue­sía latinoamericana, después de haber “privatizado” casi todos sus activos, tiene hoy una deuda superior (435.000 millones de dólares), según el último informe del FMI. Ni el Brady ni el remate del patrimonio público sirvieron para reducir la deuda latinoamericana.

Hace poco menos de dos meses, el gobierno “descubrió” que Aerolí­neas Argentinas estaba Quebrada. Luego de haberla entregado con un patrimonio de 635 millones de dóla­res, 70 millones de beneficio anual y ningún endeudamiento el balance al 30 de junio último revelaba un patri­monio de solo 270 millones de dóla­res y un endeudamiento espectacu­lar: “de 450 millones de dólares con los bancos españoles, otras deudas cercanas a los 300 millo­nes de dólares y no ha hecho nada del plan de Inversiones comprome­tido por 560 millones de dólares” (Crónica, 19/7). El procedimiento para producir este vaciamiento patrimonial que no tiene antecedentes, fue muy simple: Iberia tomó posesión de Aerolíneas Argentinas sin haberla pagado pre­viamente; luego hipotecó sus activos a cambio de préstamos que permitie­ran comprarla. Pero también para es­to se tomó su tiempo, ya que según el propio gobierno aún no se verifica­ron “los títulos de deuda externa que entregó ARSA (consorcio pri­vado) y la cancelación por capitali­zación de unos 30 millones de dó­lares de los Intereses que corres­ponden a esos papeles” (Página 12,26/7). Pero esto constituye, naturalmen­te, una violación del contrato de pri­vatización y, por sobre todo, una es­tala. El balance de la empresa consti­tuye una documentación suficiente para meter a la cárcel a todos sus di­rectores. En especial, para “mandar a galera” al ministro Cavallo, quien conoció en detalle todo este vacia­miento en su condición de responsa­ble superior del director nombrado por el Estado en la compañía. No fue ésta, claro está, la salida que encontró el gobierno. Completamente impotente para enfrentar a los bancos que se han convertido en acreedores de Aerolíneas Argentinas y en sus virtuales dueños, y para es­capar por supuesto a sus propias responsabilidades, el gobierno menemista resolvió recomprar el 33% del capital accionario de A.A., con el pre­texto de mantener inalterado el valor del patrimonio del Estado en la em­presa. La operación tiene en verdad otro significado, que es dar una fuerte garantía estatal a los bancos acree­dores. Para comprar esas acciones el Estado convierte en capital las deu­das que Aerolíneas tiene con él, re­velando con ello que el gobierno no solamente autorizó el vaciamiento de A.A. sino que contribuyó financiera­mente a ello!! El Estado entregó Ae­rolíneas el año pasado absorbiendo la deuda previa de ésta por mil millo­nes de dólares para convertirse de nuevo ahora en deudora de la banca internacional por otros casi mil millones de dólares contraídos en el últi­mo año. El gobierno no ha dicho todavía a qué precio ha re-comprado el 33% de las acciones, pero se estima que lo ha hecho un ciento por ciento más caro de lo que la “vendió” (entre co­millas porque Iberia aún no la “com­pró’). De acuerdo a Ámbito Financie­ro (3/7), “si la acción se midiera se­gún el avance que ha tenido el títu­lo de la deuda externa, Iberia ha­bría hecho un negocio extraordina­rio porque el Estado debería re-comprar cada acción al doble de lo que la vendió”. Dado el estado cala­mitoso en que ha quedado la empre­sa, el precio que se habría pagado constituye por sí solo una estafa, esto porque las acciones que se autoriza­ron a comprar con títulos de la deuda externa cuando la privatizaron, repre­sentaban capital real, en tanto que el actual es inexistente. La medida de la virtual quiebra de Aerolíneas la da la disposición esta­blecida en el acuerdo que acaba de firmar el gobierno con los accionistas privados, por lo cual se autoriza a la empresa a “reestructurar sus pasi­vos estableciendo Inclusive garan­tías reales sobre sus activos a fa­vor de terceros, es decir hipotecar sus aviones”, algo prohibido en la li­citación de privatización, porque po­dría llevar a la desaparición de la lí­nea aérea de bandera nacional (la bandera permite reciprocidades por parte de otros países con líneas aé­reas propias). Es decir que se reco­noce que la deuda contraída deberá ser financiada por impagable y se au­toriza a hipotecar bienes para permitir la operación. ¡Pero todo esto deja pendiente to­davía el desarrollo de la compañía, su “modernización”! Iberia no cum­plió en absoluto con el “plan de In­versiones” que debería ser la razón suprema de una “privatización”. Esta falencia no mejora sino que empeora en el nuevo convenio, que autoriza a “iberia a continuar como operador de la compañía” (ídem), a pesar de que ahora el Estado se ha reconvertido en el socio-mayoritario (43%) y se permite que el plan de inversiones se haga “con la necesaria flexibilidad para adecuarlo a las condiciones del mercado y los intereses de la empresa y de los usuarios” (ídem), lo que en buen romance significa inversión cero. Para colmo, se admite que “las inversiones que se efectúen por Cielos del Sur (Austral), mientras esta sea controlada por Arsa, se computaran como si se las realice en cumplimiento del Plan de Inversiones previstas para Aerolíneas”. (Página 12, 26/7) El gobierno se enfrenta a una cri­sis que resulta imposible disimular. A.A. esta quebrada Desde el ángulo operativo hay una “persistente pér­dida de terreno de Aerolíneas Ar­gentinas en Europa desde el mo­mento en que Iberia tomó las rien­das” (La Nación. 11/7), en tanto que las pérdidas para el próximo ejerci­cio, previstas en den mitones de dó­lares, deberán reducir a cero el patrimonio contable de la compartía. A esto, agréguese que iberia está en una crisis brutal; que en estos 6 me­ses de 1992 acumuló en España pér­didas por 265 millones de dólares, todo de las pérdidas por 554 millo­nes el año pasado. El Estado Espa­ñol le do una inyección de U$S 1.200 matones y comenzó un plan de rees­tructuración basado en el despido de más del 10% de su personal (3.000 trabajadores). El Tesoro Nacional de­berá arcar de aquí en más con pér­didas enormes, lo que deberá ser justificado ante millones de docentes, empleados públicos, jubilados, ferro­viarios y trabajadores, cuyos recla­mos son desatendidos en nombre de la austeridad. ¿Y el futuro de Aerolí­neas? Se terminó. El gobierno de la “revolución productiva” ha logrado evaporar integralmente una compa­ñía de transporte de alcance internacional. Aunque ningún diputado “hones­to”, y menos un radical, vaya a plan­tear el juicio político a Menem y a Cavallo; y aunque el Tribunal de Cuentas o el Sipeg autoricen la “operación”; el “affaire” Aerolíneas habrá de pesar cada vez más en la crisis y derrumbe de este gobierno.

La miserable política antipopular de este gobierno entreguista se derrumba ante los ojos de cualquiera que lo quiera ver. La “privatización” de Aerolíneas ha culminado en el caso de policía, con la malversación de mil millones de dólares, que es el monto del hipotecamiento; de los activos de la empre­sta efectuado en beneficio de la banca internacional. Argentina se queda sin aviones ni línea de bandera. El fracaso de la “privatización” de los ferrocarriles habrá de llevar este fin de semana a la clausura de 23.000 kilómetros de vías para el transporte de pasa­jeros y en muchos casos incluso al cese del transpor­te de cargas. La deteriorada III caminera nacional de­berá soportar un tráfico Para el que no está prepara­da, con más accidentes, más muertes y, por supuesto, mayores tarifas. El derrumbe de la educa­ción y de la salud no necesi­ta de mayores comentarios. Sólo se impone agregar que el gobierno no está dispuesto a poner un peso para aumentar el salario de los docentes, en tanto que au­toriza toda dase de subsi­dios financieros para' los bancos con el fin de “resca­tarlos” del derrumbe bursátil. La política oficial combina el entreguismo más feroz con el simple delito. Por 30 millones de dólares en efectivo acaba de entregar la mitad de Segba, que factura 1.200 millones de dólares al año, y que no requiere inversiones complejas o caras para mo­dernizarse. El deber mínimo de cual­quier clase explotadora es darle de comer a sus explo­tados y a su familia. Los explotadores de este país, bajo la batuta de la burgue­sía mundial, están simple­mente arrasando con el potencial acumulado en el país a lo largo de la historia. Deben ser expulsados del poder, anulados, como po­tencia social y sustituidos por la dominación política de los trabajadores. Este gigantesco derrum­be nacional significa que se han reunido al mismo tiem­po las condiciones para ter­minar Con esta situación. Desde mediados de junio, con las movilizaciones edu­cativas, la iniciativa ha pa­sado a manos del pueblo — el gobierno y sus mandan­tes se encuentran a la defensiva. El gobierno pretende en­frentar su retroceso con un contraataque, que constitu­ye una acción última (y desesperada) para salvar su política. La burguesía está simplemente aterrada ante la idea de que pueda caer Cavado y luego Me­nem. Las “vicisitudes” de Collor en Brasil le pone los pelos de punta. Pero este ataque es precisamente lo que debe servir para am­pliar la ofensiva popular. Ya no es sólo la cuestión edu­cacional, la cuestión de los jubilados o la cuestión del salario; es también la pers­pectiva de desaparición de localidades y pueblos ente­ros y de Un agravamiento colosal de las pésimas con­diciones de existencia. La consigna de la hora deber ser organizamos. La consigna debe ser: por una dirección que represen­te a las masas en lucha La consigna de la hora debe ser marchar. La consigna de la hora debe ser unimos, todos juntos, en una única puebla­da a Plaza de Mayo. La consigna de la hora es la huelga general por el sa­lario, las jubilaciones, los trenes, la educación—y por el juicio político a este go­bierno de la entrega y de la estafa.