Prensa Obrera N° 360

La Ley General de Educación apro­bada en el Senado constituye un pro­grama de demolición de la educación pública, que está en marcha, por otra parte, desde hace tiempo y que ha sido consumada ya en una medida pavoro­sa. En nueve años de gobierno consti­tucional la enseñanza privada creció en más de un 30%, al punto que al día de hoy pertenece a este sistema el 51% del total de establecimientos de todos los niveles en Capital y Gran Buenos Aires. Sobre un presupuesto que ha llegado a uno de sus mínimos históri­cos, la tercera parte se destina a subsidiar a las privadas. Varias administraciones provincia­les han ido mucho más lejos: la Ley de Educación aprobada en Córdoba, a instancias del radicalismo, establece la “obligatoriedad” de la enseñanza (gratuidad) hasta el tercer año del ciclo, en tanto que autoriza su “municipali­zación”. En Salta se ha implantado la enseñanza religiosa y una profunda re­ducción de cursos y planteles docen­tes, como también en Santa Fe; la “reforma educativa” de Duhalde en la provincia de Buenos Aires no es más que la aplicación de la Ley General que acaba de votar el Senado. El desmantelamiento de la en­señanza pública apunta a crear el “mercado” para la educación priva­da. La tendencia orgánica del capitalis­mo es convertir a toda actividad en productora de beneficios. Cavallo-Menem expresan de manera acabada una tendencia mundial cuando sacrifi­can la enseñanza pública para pagar la deuda externa al “sistema financiero Internacional’’ en bancarrota. Esta caracterización adelanta una conclusión: los reclamos más elemen­tales de los docentes y los jóvenes son incompatibles con las tendencias de conjunto del capitalismo y llevan al choque frontal con el Estado, que no es otra cosa que una “gerencia de nego­cios” de la clase capitalista. Es esto lo que le da a la actual movilización un alcance y una proyección políticas enormes. Obligatoriedad o barbarie La Ley extiende la obligatoriedad del aprendizaje a 10 años. El texto prevé la creación de una “educación general básica” que comprende el actual ciclo primario, los dos primeros años del nivel secundario y el último tramo de la educación preescolar. Esta aparente extensión de la “obligatoriedad” ha llevado a sus mentores a calificarla como un progre­so social. Pero la ley no obliga al Estado a nada. En efecto, la ley debuta seña­lando que “el estado nacional tiene la responsabilidad de fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa” (art. 2), es decir, se reserva para sí exclusivamente la función de control pero se excluye de la obligación de su­ministrar el servicio educativo. El artículo 49 confirma este principio al señalar que “las acciones educati­vas son responsabilidad de las pro­vincias, de los municipios, de las or­ganizaciones sociales, la familia como agente natural y el Estado na­cional como responsabilidad princi­pal”. La educación privada (“organi­zaciones sociales”) se transforma, en el proyecto, ¡en responsable de la educación nacional! Cuando se trata de precisar el carácter de la intervención del estado nacional, el texto legal es claro al dele­gar la función educativa en “las jurisdicciones” (léase provincias, mu­nicipios) quienes tendrán a su cargo con exclusividad “la ampliación de la oferta educativa” a fin de “asegurar la asistencia obligatoria y gratuita de todos los alumnos” (art. 16). ¡Pero los presupuestos de la inmensa mayoría de las provincias y municipios se en­cuentran en bancarrota fiscal y no podrían garantizar ni la recolección de basura! Descuartizamiento de la secundaria El nuevo régimen cancela la forma­ción educativa después de los 15 años, ya que establece lo que se denomina enseñanza “polimodal” impartida por “Instituciones específicas” (art. 9) que incorporarían “el régimen de al­ternancia entre la Institución escolar y los diferentes ámbitos de trabajo y producción” (art. 19). La educación integral prevista para el ciclo medio capaz de permitir el acce­so del joven a la ciencia básica y a la cultura general es reemplazada por el aprendizaje de oficios o técnicas de tra­bajo, una calificación superficial y de cortísimo alcance. Es decir, se plantea no una educación sino un aprendizaje, carente de horizonte y continuidad, y hasta el trabajo gratuito para la empre­sa capitalista, como ocurría en las cor­poraciones medievales. Con el eufemismo de “Institucio­nes específicas” se plantea el aban­dono de toda responsabilidad política nacional sobre lo que ahora es el terce­ro, cuarto y quinto año del secundario, la que queda a cargo de la educación privada bajo el control de la Iglesia y los capitalistas de la educación. Ni que hablar que la educación “polimodal” no habilitará para la enseñan­za superior. La educación “polimodal” tendrá “una duración mínima de 3 años” (art. 9, Inc. d). La virtual prolon­gación de la carrera como la naturaleza de los estudios que se contempla se erige como una barrera para el ingre­so a la Universidad. Demolición en masa La ley consagra el abandono de ramas educativas enteras. Se limita la responsabilidad nacio­nal y provincial en la educación de adultos exclusivamente a la educación general básica, lo que conduce a la desaparición virtual de los centros educativos medios y técnicos depen­dientes del DINEA (Dirección Nacional de Educación para Adultos) (art. 32). Se absorbe la educación especial en el régimen de escolaridad común, desconociendo su carácter peculiar, lo cual supone su eliminación como una estructura diferenciada y particular en tanto rama de la enseñanza (art. 30). Con respecto a las instituciones ter­ciarlas, la ley se reduce a fijar objetivos, pero exime al Estado —tanto nacional, como provincial o municipal— de toda obligación de sostenerlas. Ya esto bastaría para retratar el contenido reac­cionario de la ley si tenemos presente que esta área comprende a los profeso­rados y normales. Importa señalar que en este ciclo superior se incluye a la llamada forma­ción técnica, que es impartida hasta el momento por los ENETs dentro de la órbita del CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica) (art. 32). El pasaje de la formación técnica a otra órbita implica que serán absorbidas por esta suerte de educación media “poli­modal”. De este modo la educación superior no universitaria se equiparará en cuanto al nivel de enseñanza con la que actualmente se imparte en la se­cundaria y ésta, a su vez, con la instruc­ción primaria. Se trata de una des-jerarquización masiva de los escalones educativos. Una “educación de mercado” El nuevo régimen convierte en ley de la Nación la política de traspaso educativo. Pero naturalmente, ¡sólo una parte de la educación puede ser negocio para el capital privado! El resto está condenado a sucumbir. A partir de estas premisas, la educa­ción como actividad social pasa a regu­larse en forma inmediata por el merca­do. Lo que empieza a importar es el giro del negocio (cantidad de alumnos, aranceles pagos) y no la calidad de la enseñanza. La clase capitalista considerada como un todo deja de pagar im­puestos para financiar servicios “so­ciales” para invertir capital y obtener un beneficio, aranceles mediante. La formación de trabajadores calificados o técnicos deja de ser pagada por el Estado para pasar a cubrirse en forma directa por el salario. La “privatiza­ción” de la educación constituye, de este modo, un método de extracción de mayor plusvalía. “El Estado y las jurisdicciones educativas —-según reza el texto— se obligan a asegurar la gratuidad de la educación general básica mediante la asignación del presupuesto edu­cacional de la Nación y de las distin­tas jurisdicciones con criterio de Justicia social (art. 15, inc. b). Esto apunta a subsidiar a las escuelas confesionales que reclaman una obra de “Justicia social”, por encontrarse, por ejemplo, en un región pobre. La educa­ción estatal es reemplazada por el subsidio estatal. El nuevo régimen legal concede am­plias prerrogativas a los privados: “crear, organizar y sostener escue­las, nombrar a su personal directivo, docente y no docente, disponer sobre la utilización del edificio esco­lar, formular planes o programas de estudio, otorgar certificados y títu­los reconocidos, participar del pla­neamiento educativo a solicitud del Consejo Federal de Educación y de las diferentes jurisdicciones” (art. 49). Las facultades son tan grandes que tornan irrelevante y decorativa la supervisión gubernamental. Lo que se institucionaliza es el despotismo de los patrones, haciendo de la escuela una fábrica cuando ésta ya es en gran medida un cuartel. El texto no fija límites en cuanto a la proporción o cantidad (en relación al presupuesto oficial) de los generosos subsidios que autoriza, ni respecto a los niveles de enseñanza (art. 50). Ley clerical En todos los poros de la ley se percibe la mano del clero. El proyectó menemista conoció su versión final solo después de un prolijo estudio del CONSUDC (Consejo Superior de Edu­cación Católica). Una de las exigencias claves de la iglesia fue la eliminación de los jardines maternales, de 45 días a 4 años, con» parte de la enseñanza obligatoria, cual pretende convertir a la etapa pre­escolar en un coto cerrado del hogar .y la parroquia. Las prerrogativas del clero valen más que los principios elementales de la pedagogía contemporánea que aconsejan la socialización tempra­na del niño. La iglesia logró imprímale su sello a la ley al introducir en diferentes pasajes sus principios ideológicos. “El siste­ma educacional posibilitará la formación del hombre argentino en las dimensiones cultural, social, ética y religiosa” (art. 5). En otra parte se plantea “estimular el desenvolvi­miento de la persona en su valores éticos, espirituales y religiosos” (art 14). ¡Pero el oscurantismo religioso se coloca en las antípodas de la formación científica y cultural! La modernidad menemista se anuncia de la mano de un anacronismo medieval. No puede pasar desapercibido el hecho que una ley que es presentada como una afirmación de los principios “democráticos”, confiere una fundón estratégica como la educación a una institución antidemocrática por natura­leza, que actúa como un estado dentro de un estado, pues se trata de una or­ganización jerárquica, irresponsable de sus actos ante los ciudadanos y sujeta a la disciplina de una potencia extranjera, el Vaticano. La Iglesia católica ha ejercido su poder de veto respecto a otras confe­siones religiosas, ya que solo son ad­mitidas aquella “Inscriptas en el Registro Nacional de Cultos” (art. 49). La jerarquía eclesiástica ha trata­do de poner a buen resguardo su primacía. “La educación de merca­do”, en este caso es sustituida por el monopolio de la corporación clerical católica. Represiva y regimentadora La ley 1420 contemplaba un com­pendio de disciplinas básicas (ma­temáticas. lenguaje, etc.) que el Estado asumía como responsabilidad La ley actual, en cambio, es un rosario de principios ideológicos. Den­tro de estos principios figura la identificación con “el sistema democrático” (léase la defensa del actual régimen social y político) o “la libertad de enseñar y aprender”, un eufemismo con el cual se ha planteado histórica­mente el derecho y libertad de curas y patrones de incursionar en el sistema educativo. Cualquier demócrata, por ejemplo, que reivindique el laicismo y pugne por llevado a la práctica, de acuerdo a esta óptica queda fuera de la ley. En lugar de fijar el Estado sus com­promisos frente a la sociedad, ésta debe someterse a los dictados del Estado, lo cual es una pretensión tota­litaria que no debiera sorprender tratándose el Estado capitalista de una gran maquinaria burocrática y de opre­sión al servicio de los explotadores. La Universidad La ley de educación elimina la auto­nomía universitaria, que pasa a ser sólo “académica” (art 25). Es decir que pasa a la jurisdicción del Ministerio de Educación. La ley conviene a las casas de estudio en “entes autárquicos”, administrativa y financieramente (art. 25) Esta ''autarquía” supone que las Universidades dejan de formar parte del presupuesto nacional y pasan a depender de su propio presupuesto y de fuentes de financiamiento propias e independientes En este sentido las universidades podrán apelar a cuatro expedientes de (mandamiento: aran­celes, venta de servicios a empresas, donaciones de sectores privados y subsidios del Estado. Termina por imponerse el monopolio y despotismo capitalista sobre el quehacer intelec­tual y educativo. Dictadura educacional La reforma profundiza los rasgos totalitarios vigentes en la educación. El Consejo Federal, integrado por todos los ministros de educación, con­centra el poder de decisión (art 43). La comunidad educativa “participará en la organización y gestión de la uni­dad escolar” pero, “sin afectar el ejercido de las responsabilidades directivas y docentes” (art 47). Fuera la Ley antieducativa El PO llama a impedir la sanción de la ley, y a luchar por: -Salario básico común de 500 pesos de básico y testigo 15 horas cátedra. -Educación gratuita desde la escuela maternal hasta los 18 altos. -Renacionalización de todos los esta­blecimientos educativos transferidos a provincias o municipios. No al traspaso de escuelas -Triplicación del presupuesto educati­vo y administración de los recursos por parte de consejos distritales, municipa­les y provinciales elegidos y revoca­bles, integrados democráticamente por docentes, estudiantes y padres y formación, en las mismas condiciones, de un Consejo Nacional de Educación. -Educación estatal única. Estatización de las escuelas confesionales y priva­das.

Diez mil millones de dólares harto so­braron para dar una resonante victoria elec­toral al laborismo israelí. Se trata da la suma que al gobierne da Bush y al Congreso nor­teamericano la negaron al derrotado Shamir por obstaculizar un “acuerdo de paz” en el Medio Oriente. Naturalmente que la coalición derechis­ta Likud estaba agotada en su capacidad de acción política. De un lado, fue incapaz de liquidar la Intifada, y del otro la política de asentamientos se convirtió en una carga in­soportable para el presupuesto de “un país Que depende de la asistencia financiera norteamericana” (Stanley Fisher y Herbert Stein, asesores del Departamento de estado norteamericano en The New York Times, 14/10/91). La política de construcción de asenta­mientos condujo a una “debacle económica del país (The New York Times, 26/6), sin resolver sus problemas estructurales: el desempleo alcanza el 12% y está en au­mento, la recesión crece y el gobierno tra­nsó completamente en su intento de absorber a los inmigrantes soviéticos, entre Tienes se registra un “desempleo emético” (ídem). Ligada también a la política de asentamientos se han registrado denuncias de corrupción, en particular en el Ministerio de Vivienda, encabezado por el ultraderechista Ariel Sharon, su más “firme” partidario . El fracaso de la política de “colonización” dejó sin una sola banca parlamentaria al partido pionero de los asentamientos, el Tehiya (Washington Post 26/8). El “victorioso” Rabin —se des­empeñaba como ministro de Defensa al estallar la Intifada y para detenerla aconsejó “romperle los huesos” a los palestinos. Algunos sectores de la prensa sostienen que la victoria de Rabin y el crecimiento del frente sionista- “izquierdis­ta “ Meretz, juntamente con el retroceso de los partidos religiosos, estarían marcando el resurgimiento del laicismo sionista y, en definitiva, de la tendencia a la “secularización” del Estado de Israel. Pero “La mayo­ría de los comentaristas sostiene que Rabin no formará coalición sólo con los partidos del Meretz sino que utilizará a los partidos religiosos como contrapeso” (Página 12, 24/6). El programa que planteó Rabin está basado en dos puntos: “reactivación” — con el “apoyo” de los créditos norteameri­canos (algo que la Bolsa de Tel Aviv celebró con un alza del 6,5% el día siguiente de su victoria) — y la negociación de una “auto­nomía limitada en los territorios ocupados”. Rabin ha dejado en claro que esta “autonomía” significa, “ceder terri­torios a los palestinos siempre que no surja un Estado independiente; prevé el dominio jordano sobre la parte devuelta” y “no acepta discutir sobre Jerusalén, el Golan y los asentamientos ‘de seguridad’ del valle del Jordán” (Clarín, 25/6). En definitiva, un acuerdo es­tratégico con la monarquía jordana para reforzar la opresión política y social de las masas palestinas. La burguesía palestina está también interesada en una “autonomía limitada” aunque con algunas características dife­rentes. Según un vocero del Departamen­to de Estado norteamericano, citado por The New York Times (26/6) — “los árabes están ansiosos de colaborar con Bush” en el progreso de las negociaciones de paz tuteladas por la Casa Blanca. La Intifada y la réplica represiva de Shamir llevaron a la burguesía de los territorios ocupados a un brutal ahogo económico, incluso a la imposición de restricciones impositivas y de comercio (de exportación e importación). En su edición del 11 de mayo, Al Fajr —el semanario palestino de Jerusalén—denuncia, por ejemplo, la prohibición de las autoridades israelíes de vender pro­ductos medicinales fabricados en los terri­torios ocupados (la prohibición alcanza a más de 700 especialidades producidas por nueve compañías) y el acuerdo alcanzado entre una firma israelí y la Pepsi norteame­ricana que prohíbe la “exportación” a Israel de gaseosas fabricadas en los territo­rios. Precisamente, uno de los primeros reclamos de la negociadora palestina Hanan Ashwari al nuevo gobierno sionista, fue el levantamiento de las restricciones eco­nómicas sobre los palestinos. Otro aspecto fundamental de los acuerdos tiene que ver con la utilización de las fuentes de agua — un recurso económico extremadamente escaso en Medio Oriente— que se encuen­tran en un 90%, en los territorios ocupados (Golan y Cisjordania) y cuya utilización unilateral por Israel ha contribuido al ahogo económico de los territorios ocupados. Un acuerdo estratégico apuntará, natu­ralmente, a asegurar las condiciones de seguridad no sólo de Israel sino también de Jordania —cuya monarquía vive bajo el permanente temor de un levantamiento de los palestinos, que constituyen el 70% de la población— y de los territorios ocupados. Más allá de la existencia de “fronteras seguras “para Israel se plantea la creación de una policía palestina, bajo tutelaje jorda­no, en los territorios ocupados, algo que era inaceptable para Shamir pero no para el general Rabin, que es partidario de sacar al ejército israelí de los territorios ocupados. La conformación de un “bloque econó­mico” entre Israel, los “territorios autónomos” y Jordania —bajo el tutelaje norteamericano— obligaría a Siria (y al Líbano), a entrar por completo en la órbita norteamericana y perder su autonomía política relativa. Las perspectivas de los acuerdo econó­micos y políticos que se abren como conse­cuencia del ascenso de Rabin y de la aso­ciación de la burguesía palestina a los “planes de paz” y al planteo de una esta­bilización económica de la región tendrán como consecuencia un reforzamiento de la explotación económica de las masas pales­tinas y judías y una más acentuada polari­zación social y política. Ésta es la perspec­tiva —para nada “pacífica”— que está planteada en Medio Oriente.

“Mary Sánchez saboteo la última marcha” Soy docente primaria del Gran Buenos Aires. Fuimos citados a las 16 horas frente a la sede del CTERA en la calle Rivadavia. Allí se repartieron 1000 velas y se marchó apresuradamente a Plaza de Mayo. Todas nos preguntábamos qué pasaba. Si se sabía que los estudiantes y otros sectores docentes concentraban a las 18 horas, por qué salíamos ya. Al llegar a Plaza de Mayo —encolumnados, acordonados, vigila­dos— nos hicieron dar una vuelta en torno a la Plaza y luego rápidamente empezar a desconcentrar por la calle Rivadavia, por­que ya empezaban a llegar las primeras co­lumnas de estudiantes y docentes de otros distritos. Morón, Merlo y la Matanza del Suteba encabezaron. Otros distritos al ver que entraban a la Plaza más y más colum­nas se volvieron: fue el caso de Capital y Berazategui, por ejemplo. Mary Sánchez se llevó engañados a unas dos cuadras de maestros primarios de Capital y Gran Bue­nos Aires. El propósito era evitar que se llenara la Plaza de Mayo. En la Asamblea posterior que hicimos en el distrito llovieron críticas al marysanchismo. No queremos regimentación, queremos luchar contra la ley privatista de la educa­ción. Aurora (docente primaria) “Dime quien te paga y te diré que puedes decir” “¿Libertad de expresión?” En los grandes medios de comunicación, ésta no existe. El Partido Obrero está literalmente proscripto en ellos. Pero esta libertad de expresión no existe tampoco para los propios periodistas y conductores de programas. Mario Pergolini, el conductor de “La TV ataca “(Canal 9) dijo que “no tenía ningún problema” en invitar a Jorge Altamira a su programa. El produc­tor, sin embargo, lo contradijo, invocando que los “políticos son aburridos”, lo que no le impidió invitar a los “divertidísimos” De la Rúa y Porto. ¿Quién decidió? El que pone la guita, el productor. En este caso, es el hijo del dueño del Sanatorio Antártida. Si en el sanatorio no pueden trabajar los compañeros del PO porque defienden y luchan por sus condiciones laborales, en “su” programa no puede estar el candidato a senador del mismo partido de aquellos compañeros. “Las empresas a las que les interesa el país” tampoco permiten que en “sus” programas tenga lugar una voz que los denuncie. Neustadt y Longobardi, que han decla­rado abiertamente que “a su programa Altamira no entra”, y Grondona y Hadadd, que no lo declararon pero adonde Altamira tampoco entró, no parecen haberse perca­tado de que ellos no deciden nada aunque la “magia de la televisión” les haga creer que son muy importantes. Son empleados al servicio de los que los bancan. Su poder de decisión consiste en decidir cumplir lo que les ordenan. Longobardi se arroga una condición de “joven brillante’’, pero esto no le alcanza para que se le prenda una lamparita. Peor aún, defienden lo que entienden que son “sus decisiones “con el pretexto de que hacen lo que “la gente quiere”. Pero si convenimos que 40.000 personas son “gante “, el canal estatal, por ejemplo, la desconoce: el día que marcharon 40.000 personas en defensa de la educación públi­ca y contra la ley de privatización de la educación, ATC resolvió que “a la gente no le interesa” y simplemente desconoció la movilización. María (Secretaria de Prensa del PO) “El Angelazo” El Angelazo, desmiente la tan menta­da recomposición del capital, propagandizada por los comunicadores y aceptada por los “izquierdistas” y preanuncia la agudi­zación de la lucha de clases en el país del Norte. Lo que ha ganado la luz, inclusive por medio de la prensa burguesa, es el virtual fracaso y la descomposición del régimen político en la principal potencia imperialista. En su edición del 10 de Mayo “El Pala” (diario español), publicó entrevistas y testi­monios de negros de Chicago, antes de las jomadas de protesta. Todos desde diferen­tes posturas coinciden en que las desigual­dades sociales son intolerables. Pero el aspecto más interesante son las estadísticas oficiales (EO) y la palabra de los dos jóvenes jefes de las principales pandillas de Los Angeles, llamadas The Crips (Los Asquerosos), y The Bloods, (Los Sangrientos), quienes fueran reporteados después de la rebelión. “Mi padre tuvo que ser un criminal, porque tenía una familia que mantener y no tenía trabajo. Eso es lo que me ocurre a mí y no quiero que le ocurra a mis hilos” (SIC). (EO) El 78,9 % de las familias negras están bajo la exclusiva responsabilidad económica de las madres. “En el año '65 (ante última gran revuelta) no teníamos rifles de asalto Uzis, granadas de mano, ni chalecos antibalas. Ahora sí los tenemos. Es una nueva generación de negros que están en las calles. No es una generación que sólo recibe patadas en el culo, sino que también da patadas en los culos de los otros” (SIC). (EO) Los negros varones son el 6 % de los norteamericanos. En los últimos diez años el número de presos en EEUU aumen­tó en un 115 % y la mitad de ellos son negros. “He estado 4 veces preso, la primera vez a los diez años, Folson, San Quintín (prisiones) son nuestras universidades. Son los únicos lugares donde aprende­mos” (SIC). (EO) Los Angeles tiene una población de 8,5 millones de habitantes y cuenta con 40 cárceles y se están construyendo más. Fracaso del sistema, crisis económica y lucha de clases La explosión de los oprimidos, aún chue­ca y tuerta en sus objetivos políticos, pro­nostica la entrada del proletariado yanqui, quién deberá luchar por retener sus con­quistas. Para el gran capital, que aún no ha logrado zafar de la recesión, se le añade otro componente de crisis en un importante sector como lo es el de las compañías aseguradoras. El sector asegurador viene soportando pérdidas millonarias por el impacto combi­nado de una competencia implacable, una seria recesión económica, una serie de desastres naturales y un terrible tiempo atmosférico. Han debido afrontar 1.000 millones de dólares por el terremoto en San Francisco, 4.000 millones por el huracán Hugo, 1.200 millones por incendios forestales en Califor­nia, 300 millones por la última inundación del centro de la ciudad de Chicago y ahora se le suma el reclamo inicial de 550 millones por los incendios y los daños productos del motín en Los Ángeles, cifra que se cree puede llegar a los 1.000 millones. “Las aseguradoras hace un cierto tiempo y en un esfuerzo por obtener beneficios, redujeron las primas a nive­les apenas rentables, la fijación de pre­cios huele a sector en bancarrota, donde los rezagados harén cualquier cosa para mantener el flujo de dinero a sus cuentas bancarias” (Myron Picoult, Analista Fi­nanciero). Otros analistas aseguran que el sector se está preparando para una caída inclusive mayor, al no conseguir formar reservas fi­nancieras suficientes para futuras pérdidas. El desplome de otro importante sector como las compañías aseguradas, intentara ser traspasado sobre las espaldas de los trabajadores. Esto sumado a la larvada guerra civil en EE. UU., coloca el acento en la dirección política del movimiento de masas, cuestión que tendrá que salgar el proletario yanqui en este capítulo histórico que recién comienza. Julio – Lanús Exceso de velocidad, niebla: negligencia del conductor Nuestro periodismo, que desinforma, elude hábilmente la verdadera causa de los accidentes, que es la superexplotación y la “flexibilidad laboral” que reina en la UTA. En consecuencia, los choferes de colec­tivos figuramos a la cabeza de los accidentes en las estadísticas policiales. No importa que sea en Rio de Janeiro, Montevideo, Lima o Roma... donde un guarda atienda es expendio de boletos y vigile el ascenso y descenso de los pasajeros. De nada vale que en Moscú, Panamá o Zurich el conduc­tor maneje aislado del pasaje y dedicado únicamente al tráfico. Los argentinos sí somos criminales. En tiempos de Frondizi se eliminó el tranvía y se levantaron las vías por si acaso, la idea era la entrega a los monopolios del automotor, del neumático, del petróleo. Por ese enton­ces también empezó el desguace de los fe­rrocarriles, mientras en Europa y Japón, tranvías y trenes se multiplicaban. Aquí en la Argentina, ¡viva el colectivo!, pero sin guar­da. Pero nuestro bendito periodismo que desinforma nos dice por medio de sus “lenguaraces” que en materia de teléfonos tenemos que imitar a los alemanes, que como saben de tecnología (dice el aviso) invierten en Telefónica de España. En la cuestión del Estado hay que hacer como Gran Bretaña, en el lema de la inflación seguir el camino japonés, en cuanto a lim­pieza de calles Canadá es un ejemplo... Ahora en lo que a transporte público se refiere, el mejor sistema es el argentino. Una lucha diaria para chofer y pasaje­ros, veinte operaciones simultáneas y una de ellas (apenas una), la de cortar boletos y cobrar. Un verdadero manicomio. Pero a los patrones y sus socios, los burócratas de la UTA, no les gusta la idea de poner un guarda, cuidan sus abultadas ganancias, mientras tanto choferes y pasajeros que revienten. Femando (UTA-Lomas de Zamora) ENET 2 de Budge Bajo la “amenaza” de perder la única escuela técnica de la zona, la ENET 2 de Budge (Lomas de Zamora), se prepara una lucha para así defender sus derechos. Luego de practicar durante tres días el “corte” del Camino Negro tres veces por día, el jueves se concurrió junto con el Normal 8 (también de la zona), a la marcha de protesta contra el plan del gobierno junto a las escuelas nacionales. En Budge los que todavía “no” toman conciencia de la gran catástrofe educativa son los padres. No creen que el gobierno menemista pueda llegar a tanto y no apoyan masivamente a los docentes y a los alum­nos, todavía esperan que los funcionarios se “sacrifiquen” en “pos” de la educación de nuestros hijos, no se dan cuenta que al gobierno le interesa un carajo el cierre de las escuelas y el despido de docentes, que nos quieren dominar por medio de la ignorancia. En Budge el problema de la ENET 2 es mucho más grave, ya que la escuela funciona en un galpón alquilado, y que se está construyendo el edificio propio con el aporte y trabajo de padres, docentes y alumnos, ya que las autoridades se desentienden de todo. Pero no todas son “tristezas”, ya que ahora se “ofrece” a “colaborar” con nues­tra escuela el señor diputado Osvaldo Mercuri, ofrece la posibilidad de una donación (personal, según el consejero escolar) de 10.000 dólares; claro que para hacerla “efectiva” exige, “muy humildemente” que se ponga en la obra (sita en Pío Baroja, entre Recondo y Quezada) el cartel de “por una vida mejor” con un enorme significado político, ya que con eso pasarla a “atribuir­se” la construcción de la obra que es nues­tra, ya que se está haciendo con el sacrificio de padres, alumnos y docentes. Pero claro, a los pocos padres que no somos boludos y que no nos tragamos la “desinteresada” bondad de dicho diputado, no se nos permite hacer política en la escuela y se pretende (por pate de algunos padres que no toman conciencia por ignorancia) limitarnos al máximo la participación en el colegio. Yo creo que esto se debe a que no hay una organización que nos dé una verdadera orientación del camino a seguir y que nos permita ver con claridad las trampas que intentaron ponernos en el camino estos buitres de la política, aprovechando la caótica situación económica en que nos encontramos sumergidos los padres y los docentes. Los padres debemos tomar conciencia de que no es nuestra obligación “levantar” la escuela, que es obligación, indelegable del Estado asegurar la educación del pueblo. Debemos apoyar a los docentes y padres más esclarecidos y combativos para asegurar el triunfo de la lucha y darles un ejemplo de unión y solidaridad a nuestros hijos y que ellos sepas que no están solos en la lucha. “Hoy en la ENET 2 de Budge”. Norma Para iniciar un debate “La mujer trabajadora constituye, fuera de toda duda, uno de los sectores más explotados, pisoteados y posterga­dos del país, La mujer trabajadores no sólo sufra le miseria salarial propia de su clase bajo el capitalismo, sino que sobre elle recae, en esas terribles condiciones, si el peso de la maternidad y el cuidado de los niños, la humillación de le vivienda precaria, el agobio del aislamiento social y cultural...” Así comienza una nota del compañero Jorge Altamira, que describe sin vueltas te situación actual de la mujer. Y es EN estas condiciones, POR estas condiciones y A PESAR de estas condiciones que surgen mujeres con la capacidad y la convicción de transformarse en militantes. Militantes que no pueden dedicarte to­das las horas que quisieran a la formación o actividades políticas. Militantes que, en determinados perio­dos (embarazo, lactancia;, deben forzosa­mente hacer un paréntesis en sus activida­des habituales. Militantes-madres-parejas de militantes que, en muchos casos, y en la comprensión de la necesidad de la organización política, se hacen cargo sotas de sus hijos, sus problemas y sus redamos, para posibilitar a sus hombres un desarropo poé­tico al que ella no puede aspirar. Pero ma­tantes al fin. Militantes revoluciona­rias. Y me pregunto si el Partido tiene una política específica para dirigirse a este sec­tor. ¿Se esfuerza, de conjunto, por dar un camino frente a dificultades que no son sólo propias de su dase, sino también sociales, culturales? Si bien hubo mujeres candidatas a altos puestos políticos (Intendente, Vice­gobernadora) la respuesta a este interro­gante puede darse constatando el lugar que ocupamos en la Dirección del Partido. En el último Congreso, donde se votaron sus integrantes, e inclusive se amplió su número, no figura ninguna mujer. ¿No es ésta una prue­ba de que el Partido no tiene una política para nuestro sector, o, mejor dicho, la tiene, por omisión? Mientras en la nota antes mencionada, Altamira termina reclamando una represen­tación no inferior al 25 % de la mujer en todas las organizaciones sindicales y en las instituciones del Estado, en nuestro partido somos directamente una nulidad. No existi­mos. Quizá habrá que preguntarse si el criterio de nuestra dirigente máximo es personal, o, si directamente nunca se plan­teó el tema en el seno del partido, motivo más que suficiente para comenzar el debate. No se trata de sacar a ningún valioso dirigente para reemplazarlo por una mujer en forma casi caprichosa. Quizá se hubiera tratado de modificar el número de integran­tes utilizando un nuevo criterio. Un criterio basado en darnos posibilidades de interve­nir y enriquecer cualquier debate y, a la vez, formarnos como dirigentes. Un criterio basado en sortear nuestras dificultades y superarlas. Un criterio que, tal vez, debió ser levantado por alguna de las 17 congresales que se ganaron su lugar en el congreso. Un criterio, por último que no puede segur omitiéndose, porque un partido revolucio­nario no puede hacerse el distraído. Fraternalmente, Olga Anzolini - La Plata

Cuando hace un año Carlos Menem estaba sepultado por las denuncias que implicaban a sus familiares políticos y a altos funcionarios en el narcotráfico y en el lavado de narcodólares, la burguesía argen­tina y el imperialismo hicieron un esfuerzo supremo por mantenerlo en el poder. Lo mismo sucedió poco después con el vene­zolano Carlos Andrés Pérez. ¿Puede enton­ces extrañar que la política de la burguesía brasileña, de sus partidos y del imperialismo frente a la crisis desatada por las denuncias que comprometen a Collor de Mello en el crimen de “tráfico de influencias” haya sido salvar al presidente? Pero como toda regla tiene su excepción, esta vez gran parte de los defensores de Collor se han pasado de bando. Ahora, para salvar la “gobemabilidad” reclaman que renuncie. Desde el comienzo de la crisis, el “li­breto” de los partidos, tanto oficialistas como “opositores”, parecía calcado: “de­fender la investidura presidencial y al presidente”. “No quiero derrumbar al gobierno”, declaraba el anciano Ulysses Guimaraes, una de las cabezas del PMDB, partido mayoritario en el Congreso. “Hablar de ‘impeachment” (juicio político) es antipatriótico”, afirmaba Tasso Jereissati, presidente del PSDB, mientras Leonel Brizóla, cabeza del PDT y gobernador de Río de Janeiro, “se viene poniendo del lado de Collor contra las denuncias” (Folha de Sao Paulo, 29/6). Si ésta era la posición de los supuestos “opositores”, ¿que cabía esperar de los “oficialistas”? La burguesía de carne y hueso opinaba exactamente lo mismo que los partidos. Mario Amato, presidente de la FIESP, cen­tral empresaria paulista, después de decla­rar que “todos somos corruptos” (y por lo tanto, nadie podría arrojar “la primera piedra”) afirmó que “Fernando Collor de Mello es el presidente y su autoridad debe ser preservada” (ídem). No hubo que extrañarse, entonces, de que la Comisión Parlamentaria Investigado­ra (CPI) formada para investigar las denun­cias esté “montada —según Janio de Freitas, un editorialista de la Folha de Sao Paulo (17/6) — de manera de garantizar una mayoría protectora al presidente (y) al gobierno”. Tampoco debía extrañar, entonces, que la CPI se empantanara y comenzara a “tener dificultades políticas... (como consecuencia) de una iniciativa tomada por los gobernadores de Bahía, Carlos Antonio Magalhaes, y de Minas Gerais, Helio García,... con el objetivo de detener las especulaciones sobre el su­puesto envolvimiento del presidente en el caso y, sobre todo, sacarlo del aisla­miento provocado por el impacto de las revelaciones en la CPI” (Jornal do Brasil, 21/6). En esas condiciones, lo único que se esperaba de la CPI era su disolución... después de “sacrificar” al viejo socio de Collor, Paulo Cesar Farías. Pero este operativo de encubrimiento y salvataje de Collor, sin embargo, parece a punto de fracasar irremediablemente por la aparición de nuevas denuncias (y hasta de pruebas) que lo alcanzan personalmente y que habrían sido “acercadas” por el propio “PC”, que al parecer no está dispuesto a ser “sacrificado”. Temerosos de hundirse con Collor —y que este hundimiento conjunto arrastre a las “instituciones los parti­dos “opositores” que hasta ayer nomás trataron de salvarlo— hoy se ven “obliga­dos” a distanciarse del presidente. Ulysses Guimaraes lo resumió adecuadamente: “la situación ya es insostenible. El mucha­cho (Collor) está herido” (Página 12,30/6). Incluso el propio partido oficialista, el PFL, acaba de anunciar que si “las explicacio­nes de Collor no son satisfactorias” abandonaría el gabinete... precipitando la caída del gobierno y abriendo el camino a una “salida negociada” con fa “oposi­ción” en el Congreso. La “Folha” y “O Estado” redaman su renuncia. “Vacío de poder” y crisis estatal El tema que preocupa a la burguesía brasileña no es, naturalmente, la corrupción sino el hecho de que como consecuencia de la crisis política el gobierno ha entrado en una parálisis total y se ha detenido el funcio­namiento del Estado. “Preocupados por la parálisis del gobierno, algunos ministros —entre ellos los ministros “claves”, Marcilio Marques Moreira, de Economía, Helio Jaguaribe, de Ciencia y Técnica, Eliezer Batista, de Asuntos Estratégicos y Jorge Bornhausen, de Gobierno— discu­ten entre sí la posibilidad de abandonar el gobierno” (Folha de Sao Paulo, 23/6). Un sector de la prensa (Folha de Sao Paulo) y aún algunos políticos patronales (como Luiz Bresser Pereira) comenzaron a decir que se está instalando en el país el tan temido “vacío de poder”. Este “vacío de poder”, es decir, la crisis política del Estado, no ha surgido como consecuencia de las denuncias de corrup­ción sino que fue planteado previamente a éstas por la crisis fiscal, un auténtico “agujero negro”. El gobierno de Collor ha fracasado absolutamente en su intento de congelar los presupuestos de los Estados y refinanciar sus deudas, ir a fondo en el congelamiento de los salarios de los estata­les y en producir despidos en masa entre el funcionariado público. No ha podido impo­ner al parlamento las reformas fiscales y tributarias exigidas por el FMI porque la liquidación del déficit fiscal plantea la pers­pectiva de un derrumbe de regiones y ramas económicas enteras, la quiebra del sistema financiero y una crisis industrial enorme. El “vacío de poder” nace de su impo­tencia frente a la crisis económica y fiscal y es, precisamente, esa impotencia la que dio lugar al surgimiento de las denuncias de corrupción y la que explica que, frente a las denuncias, el gobierno caiga como “una fruta madura”. La crisis política y el “vacío de poder” son, en definitiva, una enorme presión para imponer al parlamento la legis­lación fiscal e impositiva que redaman el FMI y los bancos y que sería, nada menos, que el “corazón” de la “salida negociada” a la crisis. El desenlace de la crisis política no de­pende de las “investigaciones” de la CPI. La FIESP, que defiende la permanencia de Collor, está proponiendo la creación de un “impuesto puente” “una respuesta pro­bable a la demora en la entrada en vigor de la reforma tributaria”... “y en medio del temor de que el gobierno, acosado por la crisis política, recurra a una Polarización', según el modelo argenti­no” (Folha de Sao Paulo, 26/6). Los insis­tentes rumores, recogidos por varios me­dios de prensa, de la aplicación de un “plan Cavallo” brasileño revela la profundidad de la crisis fiscal, que obligaría al Estado a hipotecar sus reservas para garantizar la circulación de la moneda. La “dolarización a la argentina” plan­tea brutales choques interburgueses. En primer lugar, como en Argentina, la “convertibilidad” soto podrá ver la luz mediante una acuerdo con la banca acree­dora, que exige la liquidación de una parte de las reservas para cancelar los intereses atrasados. Igual que en Argentina, la “dolarización” llevará al debilitamiento de la capacidad exportadora de Brasil —con­virtiendo a todo el Mercosur en un im­portador neto, sumidero de las exportacio­nes yankis—y a la necesidad de liquidar las empresas estatales para financiar los gas­tos del Estado. Está abierto, por tanto, la perspectiva de violentos choques inter­burgueses (por la caída de las exportacio­nes, por la liquidación de las reservas, por el derrumbe de las economías regionales, por el monopolio de las privatizaciones) que pueden llevar a la caída de Collor... si es que éste logra sobrevivir a la crisis política. El movimiento obrero y sindical está completamente maniatado por la política del PT de defensa de la estabilidad del Estado y no juega ningún papel político indepen­diente en la crisis brasileña. Está obligado, por lo tanto, a pagar los costos de la crisis y, también, de la “salida “burguesa a la crisis. El conjunto de la situación política (crisis del gobierno, del régimen y del Estado, brutales ataques a las condiciones de vida de las masas, tendencias de lucha en las bases sindicales —portuarios, choferes de San Pablo—, política contrarrevolucionaria del PT) reclaman de le vanguardia obrera y de las corrientes de izquierda una actuación independiente fuere del PT. Después del Congreso, después de te traición a la huelga portuaria, después de la represión de la huelga de choferes paulistas y en medio de una política consciente de sostenimiento del Estado burgués y del régimen político en la críale actual, la pretensión de los “izquier­distas” de permanecer dentro del PT equivale a un estrangulamiento consciente de la vanguardia obrera. ¿”Fuera Collor”? El PT defiende “las instituciones” Hace apenas seis meses, en la votación más importante del 1° Congreso del PT, la tendencia mayoritaria de su dirección (Arti­culación, de Lula) y sus aliados de la dere­cha (Genoino) hicieron lo imposible para evitar la aprobación de la consigna “fuera Collor” levantada por la izquierda. La reso­lución que fue finalmente votada exponía un$ estrategia política de “defensa de la democracia99 y defensa de la “institucionalidad”, es decir, del régimen político de Collor. ¿Defenderlo de quién? Naturalmente, de los explotados que lo ha­bían convertido en el blanco del odio popu­lar. La consigna “Fuera Collor” fue levan­tada en el Congreso fundamentalmente por Convergencia Socialista y O Trabalho con un carácter puramente propagandístico y democratizante (“fuera Collor” mediante e} juicio político). Semejante adulteración parlamentaria de la consigna, consagraba, por un lado, una política inviable, y por sobre todo, distraccionista, debido al período de lucha huelguística de masas en que se encontraba Brasil. Seis meses después, la crisis política brasileña ha puesto al desnudo la perversi­dad política de la dirección del PT. Luego de casi dividir al partido para evitar que se votara “fuera Collor”, ahora sus parlamentarios declaran a la prensa que son Partidarios del juicio político al presidente, Por supuesto, tomar ninguna medida práctica de lucha en esa dirección; al contra­jo, acaban de entregar la lucha de los portuarios en el altar de un acuerdo en el parlamento que liquida las conquistas sindi­cales (ver nota). Pero la dirección del PT no es inconse­cuente al producir este viraje verbal. Es que la dirección del PT declama hoy su deseo de un juicio político a Collor con el mismo objetivo con que antes se oponía a este enjuiciamiento: resguardar la estabilidad y la gobernabilidad del estado burgués. El PT ha vaciado a la consigna de todo contenido popular y combativo: ia comisión investiga­dora formada en el congreso tiene mayoría derechista, y sólo aceptaría un juicio político como recurso último para salvar al Estado. El “contenido” de la política del PT, más allá de toda demagogia, lo revelan los acuerdos a que arribó Lula con los partidos “opositores” (Folha de Sao Paulo, 26/6) por el cual esta oposición está preparando “una agenda de gobernabilidad”, incluido “un proyecto de ajuste fiscal alternativo” como salida a un derrumbe del gobierno. “La tarea de preparar el texto alternativo (de la reforma fiscal) cabe al PT, por Ini­ciativa de Lula” (Ídem). El PT se ha auto- erigido en guardián de la estabilidad finan* ciara y política del Estado desquiciado por la crisis de dominación política de la burgue­sía. ¿Quién, sino las masas, pagará la cuen­ta del “ajuste fiscal alternativo”? Más todavía, “en el esfuerzo por concretizar la salida constitucional —informa la Folha (30/6) — Lula reconoció que no hay cómo pensar en el impeachment (juicio político) sin el apoyo del PFL (partido oficialista). ´Si hubiera juicio político, el PFL sale del gobierno. Sin su apoyo, no hay como conseguir los dos tercios de los votos que aprobarían el impeachment' dijo”. La dirección del PT —que ha expulsado sumariamente a Causa Operaría, primero, y a la Convergencia Socialista, después— no tiene ningún pudor en llevar al partido a la rastra de partidos y dirigentes superderechistas como Oreste Quercia, presidente del PMDB, un connotado corrupto, cuyo “delfín” en la gobernación de Sao Paulo enfrenta en estos momentos denuncias de corrupción sólo opacadas por las de Collor. Un editorialista de la Folha de Sao Paulo (25/6), plenamente consciente del papel que el PT debe jugar para maniatar a los trabajadores y temeroso de su “que­mazón”, se ha “permitido” llamarle la atención a Lula de que, “cuando aparece sonriendo junto a Quercia... el único que sale ganando es Quercia (y) el resultado para el PT es un desastre: comienza a ganar fama de oportunista... (por) una aproximación que disuelve a los ojos de la opinión pública la fisonomía de cada uno”. Un juicio verdaderamente lapidario. La dirección del PT tiene una política consiente de desmoralización de su base y de los trabajadores: sostiene a un régimen podrido, expulsa a 9U ala izquierda, va a un frente con lo más derechista y corrupto de la política patronal brasileña y revienta las reivindicaciones obreras, como en la trai­ción de la huelga portuaria (ver nota) o en la represión de la intendencia petista de Sao Paulo a los choferes en huelga. L.O.

A fines de abril la dirección del Partido dos Trabalhadores expulsó administrati­vamente a la Convergencia Socialista (li­gada al Mas), una tendencia interna legal­mente reconocida por el PT. En una declaración emitida por la orga­nización Causa Operaría con motivo de este hecho, se denuncian bs métodos totalitarios y stalinistas aplicados en la expulsión de la CS y se señala que esta exclusión es una expresión de la integra­ción del PT al Estado burgués, integración que se verifica en todos bs campos de su actuación política: política de “vigilias” con la FIESP (patronal de la industria) bajo la consigna “trabajadores y empresarios unidos jamás serán vencidos”; establecimiento con la FIESP y Quercia (jefe del principal partido burgués, el PMDB) de un “forum paulista para el desarrollo “, cuyo único objetivo y resultado ha sido obtener subsidios y disminuciones de impuestos para bs grandes capitalistas; la política de aislamiento y aún de represión de las luchas (como en la huelga de transportes de San Pablo). El PT, dice Causa Operaría, lleva adelante una política que se opone por el vértice a bs intereses de bs explotados del campo y la ciudad. Causa Operaría fue expulsada el año pasado del PT, como culminación de un largo proceso de persecución política. Esta persecución a la libre expresión de una tendencia socialista revolucionaria no po­día responder sino a la necesidad de de­fender la integración del PT al Estado burgués y de fortalecer a la burocracia pro-­burguesa en el aparato del partido. Las fuerzas políticas que en aquel momento se rehusaron a sacar las conclusiones reales y verdaderas de esos acontecimientos (Convergencia, O Trabalho), y que se ilusionaron con la idea de que la expulsión de CO no era más que una escaramuza irrelevante, hoy la sufren en carne propia. Convergencia Socialista y O Trabalho procuraron con esta política de avestruz salvar las posibilidades de una concilia­ción política con la burocracia pro-capitalista e incluso separar al “centro” (Lula) de la “derecha” El único “centrismo” era, en realidad, el de esa “izquierda” que había perdido cualquier referencia política con la vanguardia obrera y con bs pro­blemas políticos concretos de su desarrollo. Pero no es tarde, dice Causa Operaría, para sacar las debidas conclusiones. El PT cumplió integralmente un ciclo de vida en cuanta organización política vinculada al movimiento obrero. Sus características democratizantes han encontrado el canal natural de la integración social y política al Estado “democrático” (burgués). El apa­rato del PT está compuesto en un 90% de funcionarios del Estado en los niveles municipales y parlamentarios y de la bu­rocracia de bs sindicatos. La integración con las patronales ha ido también muy lejos, como lo revelaron bs acuerdos es­tratégicos alcanzados por la dirección del sindicato metalúrgico de Sao Bernardo con la Ford, y recientemente con el conjunto de la patronal automotriz (imperialista). El PT se apresta a ingresar en la Internacional Socialista y la burocracia de la CUT a la Confederación de Sindicatos Libres. Este desenvolvimiento confirma la caracteriza­ción que hizo C.O. de que el PT no podía sustituir la tarea estratégica de luchar por un partido revolucionario, estructurado sobre la base de un programa de clase en torno de la estrategia de la destrucción del Estado burgués y la toma del poder por la clase obrera. Las tendencias de lucha de los explo­tados brasileños no tienen ya marco de desarrollo dentro del PT, visto el agravamiento de la lucha de clases y la descomunal crisis del Estado. Esta conclusión ya se había vuelto ab­solutamente ciara mucho antes del 1° Congreso, en el cual la dirección hizo aprobar oficialmente su política de frente de colaboración de clases con bs partidos patronales y las propias patronales. La izquierda del PT no solamente rechazó estas caracterizaciones sino que también se negó a utilizar la crisis política engen­drada por la “reglamentación” de las tendencias en el PT y la expulsión de C.O. para desarrollar un proceso político de escisión. Por eso, se convirtió en una víctima pasiva de los acontecimientos. Su principal conclusión en relación al 16 Congreso—señalada por O Trabalho—era que éste había creado la posibilidad de luchar por “una nueva mayoría’’, una expresión de la profunda ceguera que le impedía ver que lo que estaba en juego eran los intereses sociales de la dirección partidaria y no un conflicto “ideológico” entre “socialistas”. Esta ceguera condujo a un inevitable debilitamiento de la izquierda que se manifestó en la descomunal derrota que sufrieron en las convenciones para elegir bs candidatos para las elecciones municipales. La ilusión de que sería posible un pro­greso de la izquierda en un cuadro común con la burocracia del PT sirvió para pro­fundizar la crisis de la izquierda y contribuyó a que la burocracia preparase en mejores condiciones la ruptura del partido. La ex­clusión de la CS —realizada con la neu­tralidad o incluso la colaboración directa de las tendencias “trotskistas” como OT y Democracia Socialista (mandelianos) — es el resultado de esta política de adaptación a la burocracia del PT. La alternativa que surge de esta crisis es ciara: las masas, objetivamente, no tie­nen nada que esperar de un partido que habla en nombre del Estado de bs opreso­res, que maniata a las organizaciones obreras frente al arrasamiento de sus condiciones de vida y que hipoteca su independencia política en función de una alianza con bs aliados de Collor. Lo que está planteado para la izquierda es romper con el PT y estructurar una alternativa política de dase, un frente de lucha, que solamente se puede basar en un programa revolucionario y un plan de acción contra despidos, contra la confiscación de salarios, por un salario mínimo vital por la expropiación del latifundio agrario, por expulsión del imperialismo, el derrocamiento de la burguesía y un gobierno trabajadores.

La Cámara de Diputados de Brasil aca­ba de aprobar una ley de “modernización portuaria” que liquida las conquistas histó­ricas de los trabajadores al abolir el registro de estibadores controlado por los sindica­tos, autorizar la “libre contratación” de trabajadores y aprobar la privatización de las terminales portuarias. Lo hizo en apenas dos minutos, en una sesión extraordinaria celebrada pocas horas antes del comienzo del receso parlamentario de invierno y me­diante un procedimiento especial ¡que auto­riza la votación sin quórum!!! La burguesía salió a festejar de inmedia­to la aprobación de la ley, a un extremo tal que a partir de ese momento el Congreso fue habilitado por todos los representantes patronales para resolver con autoridad una eventual caída de Collor. “Si el Congreso ha sido capaz de aprobar la ley portuaria —dice la burguesía— con ello ha demos­trado que tiene la suficiente responsa­bilidad” y 'madurez' para resolver la cri­sis”. El voto a la ley portuaria constituye, por lo tanto, un auténtico “certificado” del “patriotismo” de Estado y de clase de to­dos los integrantes del Congreso brasileño. La campaña de intoxicación lanzada por la patronal contra todos los estibadores para obtener la aprobación de la ley obligó a un hombre como Barbosa Lima Sobrinho, que no es portuario sino miembro de la Academia Brasileña de Letras y presidente de la Asociación Brasileña de Prensa, a recordar que “los salarios de los portua­rios responden por apenas el 1,5% de los costos operativos de carga y descarga ’, que “los portuarios norteamericanos ganan en 15 minutos lo que un portuario brasileño gana en un día de trabajo”, que “los sindicatos tienen la responsabilidad de proveer la mano de obra en todos los puertos del mundo”, que “los costos operacionales de los puertos brasileños son menores que los de los puertos más importantes del mundo” (y da las cifras que lo prueban), y que el atraso de los puertos no es responsabilidad de los traba­jadores sino del gobierno “que no respon­de a los requerimientos sobre el destino que da a los impuestos destinados a la mejoría de los servicios portuarios” (Folha de Sao Paulo, 21/6). En suma, lo que los grandes pulpos pretenden con la ley que acaba de aprobarse no es “bajar los costos” sino— al igual que en Argentina— abrir camino a la monopolización de la actividad portuaria, liquidar las organizaciones sindicales en los puertos y abaratar, todavía más, la fuerza de trabajo obrero. Traición del PT La sanción de la ley implica una derrota para los trabajadores portuarios, que ha­bían declarado una huelga nacional que se venía desarrollando con enorme energía (no solo se paralizaron los puertos sino que, además, se realizaron grandes manifesta­ciones, como la de Santos que reunió 15.000 trabajadores) y que tendía a profundizarse (en Santos, precisamente, se votó reclamar la huelga general de solidari­dad en todas las ciudades portuarias). El PT votó esta ley con el acuerdo de la burocracia sindical, traicionando a los trabajadores. El proyecto original enviado por Collor al Congreso —dos gotas de agua con el decre­to menemista de “desregulación portua­ria” — establecía la privatización de las terminales portuarias y la “libre contrata­ción “de la mano de obra por las empresas. Frente a este proyecto, los sindicatos declararon la huelga general indefinida. En el Congreso, la comisión encargada de estudiar la ley—presidida por el diputado oficialista José Reinaldo— redactó un pro­yecto “sustitutivo” del oficial, que estable­cía la creación de un “consejo de gestión de mano de obra obrero-patronal" y al­gunas limitaciones a la privatización de los puertos. Con ello pretendía conciliar los intereses de los armadores, de los usuarios de los puertos (exportadores e importadores) y de los trabajadores. En medio de la huelga, bs armadores —respal­dados por el bloque de diputados oficialistas— vetaron al “sustitutivo” de Reinaldo e impusieron su reemplazo por el proyecto original del gobierno. En medio de la crisis política, y cuando la huelga amenazaba radicalizarse (Folha de Sao Paub, 18/6), los partidos patronales de la oposición destacaron a un diputado del PT, Aloizio Marcadante, a entablar “nego­ciaciones” con los armadores y la burocra­cia sindical para levantar la huelga. Las “modificaciones” que resultaron de la negociación fueron el establecimiento del retiro “voluntariamente” (el cual no sería pagado por los patrones sino median­te un impuesto a la carga y descarga de mercaderías, es decir, por los consumido­res) y de una “comisión de gestión de la mano de obra” de mayoría... patronal. Las “modificaciones” al proyecto collorido no “modificaron” nada y consu­man el proyecto más reaccionario, el de los armadores navieros. El PT traicionó descaradamente a los portuarios al votar una ley que liquida sus conquistas históricas. Esta traición pinta por entero su política contrarrevolucionaria y su descomposición irreversible. Pero la última palabra aún no está dicha. Al cierre de esta edición de Prensa Obrera en varios puertos se estaba discutiendo el relanzamiento de la huelga para la deroga­ción de la ley.

En los primeros días de junio se instaló en el pueblo un grupo de medio centenar de militares norteamerica­nos. La presencia de éstos coincidió con un operativo llevado adelante por la Fuerza Aérea. Se dijo que era un operativo de rutina en el control aéreo de la zona, pero, según los norteamericanos, se trató de un operativo sanitario. La verdad es que como reconocieron diversos funcionarios nacionales y provinciales se trataba de un operativo antidroga con presencia de hombres de la DEA. El hecho provocó la creciente indignación del pueblo que se manifestó en la realización de un acto de repudio al que concurrieron alrededor de 200 personas. Los oradores, en su mayoría radicales, se cuidaron de no denunciar al gobierno y al Parlamento como cómplices de esta penetración militar. El Partido Obrero de Mosconi, a través de los medios de comunicación y de una declaración, señaló, en cambio, que estos operativos eran parte de un operativo más siniestro que va desde la entrega del patrimonio hasta la cesión del control militar directo del país al ejército imperialista En esta línea denunció la responsa­bilidad del gobierno de Ulloa en Salta y de Menem a nivel nacional en este proceso de colonización y desintegra­ción nacional. También se señaló que ya desde el gobierno de Alfonsín comenzó la integración del ejército argentino a los operativos militares del imperialismo, con la partici­pación en los operativos UNITAS. Fueron los radicales los que iniciaron la llamada “desmalvinización”. Nuestro pueblo va a enfrentar en los próximos meses el cierre definitivo de YPF con la entrega a las multina­cionales de los pozos y la destilería de Campo Durán. Esta movilización ha demostrado la existencia de un sentimiento profundo de repudio a la entrega y, como una expresión de ella a la presencia imperialista en la zona. La política del gobierno lleva a la pérdida de 1.500 puestos de trabajo y pone a la región en una situación sin salida. Ahora el gobierno anuncia la llegada de un nuevo contingente de estos “matasanos” del ejército yanqui. Profundizar y extender las iniciativas de movilización fortalecerá la perspectiva de enfrentar con éxito el cierre definitivo de YPF y la defensa de la fuente de trabajo. 20/6

Los trabajadores de la empresa Agua y Energía de Tucumán han estado soportando una dura ofensiva Ahora que se ha concretado la provincialización de la empresa, el Estado provincial está promoviendo una campaña de retiros “voluntarios”. La burocracia del gremio está lanzada a apoyar el plan privatizador. Esto ha provocado una crisis con el cuerpo de delegados, y gran parte de los delegados han conformado un movimiento opositor junto a lo mejor del activismo del 9remio. Este movimiento “Lista Azul, cambio 92” denuncia el plan privatizador y rechaza el retiro voluntario. También ha denunciado que la privatización obligadamente a provocar un aumento de las tarifas. La Lista Azul presentó una lista para las elecciones de Comisión Directiva de Agosto, pero fue impugnada por la Junta Electoral. En este cuadro, en el seno de la Lista Azul, se ha abierto el debate de como resistir esta ofensiva. Un sector de compañeros ha planteado la necesidad de impulsar asambleas por sector para arrancar la convocatoria de una asamblea general, o preparar una autoconvocatoria.

Portuarios y marítimos: Paro activo nacional El “decretazo” 017/92 que derogó 22 conventos de trabajo marítimos y portuarios sorprendió a los trabajadores pero no a los patrones: la “desregulación de activida­des portuarias, declaró Luis Manlis, Presi­dente del Centro Coordinador de Activida­des Portuarias (Clarín, 21/6), es una meta por la que venimos luchando desde hace tiempo”. De los 3200 estibadores registrados las empresas han pasado a “contratar” a sólo 600. Murchison, presidente de uno de los pulpos portuarios más importantes, consi­dera que “1.500 sería más que suficien­te”. Pretende echar al resto, pero... sin pagar las indemnizaciones de ley. Fracaso burocrático Las directivas burocráticas de los gro­mos portuarios sabían lo que se venía en especial luego de que el año pasado se autorizara el cambio de bandera de los barcos nacionales. Por eso, la intrascendencia de su reac­ción actual es un acto de complicidad. Los burócratas se han limitado a presentar re­cursos jurídicos y a aceptar la “concilia­ción obligatoria”. Como si el gobierno pudiera “conciliar” un conflicto que él mis­mo desató. En las semanas de “concilia­ción” el Ministerio ha propuesto que las paritarias refrenden los términos del decreto 817 en un nuevo convenio. El cuerpo de delegados Ante la pasividad de la burocracia un sector del cuerpo de delegados organizó una olla popular que se está convirtiendo en un centro de agitación y organización. Se firmó un petitorio contra el decreto antiobre­ro y se organizó una marcha de unos 300 compañeros al Ministerio de Trabajo. Este activismo reclamó también a las burocra­cias portuarias organizar una marcha que se concretó el viernes 26 con más de 2000 trabajadores a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Economía. El cuerpo de delgados organizó una columna propia para la marcha a partir de la Olla Popular y obligó a la burocracia a compartir la dirección de la manifestación. Otro sector de este cuerpo de delegados boicoteó la marcha en rechazo a Loza y a los otros burócratas. Esta política parece estar aislando a este sector de la masa de estiba­dores. Todo indica que es más conveniente participar de las acciones comunes de masa y criticar a la burocracia por su inconsecuencia. La marcha fue muy combativa: en los gritos se comparaba al gobierno menemista con las dictaduras de Onganía y Videla. A medida que avanzaba la marcha crecía la combatividad. Al final el grito de PARO GENERAL se hizo unánime. El compañero Juan, de la estiba, nos decía: “es necesario un paro de 24 horas con movilización”. Otro compañero, el Vasco, muy conocido entre los estibadores, comentaba a viva voz: “la salida la están marcando los jubilados y los estudiantes”. Para el “Gallego”: “la única manera de hacer retroceder al gobierno, es mediante la movilización creciente y constante”. Se ha extendido entre los estibadores la idea de que para acabar con el “decretazo” hace falta un plan de lucha. Organicemos, entonces, un paro activo nacional marítimo y portuario. Tecnología y explotación en el puerto: Hablan los estibadores Toda la prensa se ha hecho eco de los argumentos de las patronales marítimas y portuarias para justificar al decreto 817/92 como un supuesto avance para la produc­ción y para una mejor organización operati­va en el puerto. Entre los argumentos figura la baja de los “costos “pero hasta ahora no se vio una reducción de las tarifas que se cobran por los servicios, ni mucho menos una rebaja en los precios de las mercancías, esto a pesar de que el puerto ya está funcionando con un 80% menos de trabajadores. Si se tiene en cuenta que Cavallo ya dijo que la baja de costos portuarios debe servir para “mejorar el tipo de cambio real”, está claro que lo que se pretende es engordar el bolsillo de los capitalistas. La “reducción de costos” no responde a mejoras técnicas sino al au­mento del esfuerzo de los trabajadores y a la rebaja de los salarios de los trabajadores que han pasado a la categoría de ocasiona­les, de modo que el mayor beneficio empre­sario no resulta de un incremento de la pro­ductividad, es decir de la explotación relati­va del obrero, sino de la superexplotación física absoluta de éste. Los estibadores tienen una clarísima conciencia de esta situación. A las afirma­ciones de negrero Guillermo Murchison, para quien el decreto “817 permite contra­tar el personal necesario” ya que hasta ahora por ejemplo “para operar una grúa Pórtico que funciona con un solo opera­rio especializado los gremios exigían 14 personas, transamos por la mitad, pero 6 se quedaban mirando como trabajaba el especializado”, los compañeros respon­den que una grúa exige una rotación de personal en su manejo, debido a que cual­quier falla del operador pone en riesgo la vida de los que deben trabajar debajo de la máquina. Lo que no dicen los medios, ni la patronal ni ninguna de sus delfines es que se cuentan por cientos los trabajadores que perdieron sus vidas por la falta de seguri­dad. Con relación a la reducción del personal que plantea una grúa capaz de movilizar miles de toneladas, los compañeros reda­man “compartir” el beneficio tecnológico con una reducción de la jomada de trabajo, y de ningún modo aceptan el despido y la mi­seria. Los compañeros destacan también que los operarios calificados aprendieron el manejo de estas grúas por sí mismos, con todos los gastos correspondientes. Lo mis­mo ocurre con el manejo de las máquinas que levantan contenedores automática­mente; para la patronal hace falta un solo operario pero para los obreros (que en defi­nitiva son los que ponen el pellejo y el es­fuerzo) hacen falta 4 y lo justifican en que un contenedor carga 21.000 bolsas en 24 ho­ras, el equivalente a 1.200 hombres. Para la patronal “el 817 tiene que con­tratar la cantidad de trabajadores nece­sario para cada operación”, por lo cual quiere eliminar la garantía de los 18 jornales de 13 pesos con 80 centavos diarios, que obligaba al trabajador a venir a la “marca da” (presentarse todos los días), lo cual aseguraba a la patronal mano de obra cons­tante. Por último ¿corresponde o no abrir los libros de Murchison y de las patronales portuarias para saber cuánto cobran por la carga y descarga de contenedores? ¿Cuán­to ganaron en el contrataje de personal en negro en las playas containers de carga y descarga? Conclusión: Los trabajadores no se oponen al avance tecnológico, pero sí a que ese avan­ce sea un pretexto para llevarlos al hambre y para engordar parásitos capitalistas. La tecnología tiene la función histórica de ali­viar la carga del trabajador, pero en les con­diciones del capitalismo implica agravar la miseria social del que realmente produce. Por eso los explotados reclaman la reduc­ción de la jomada de trabajo, como la verda­dera consecuencia progresista del progreso técnico. Pero el decreto 817 es más dañino aun, porque al privatizar los puertos favorece el monopolio comercial y el contrabando, per­mitiendo, junto a la superexplotación obre­ra, la ruina de los pequeños productores y el hundimiento financiero de los presupuestos encargados de la salud y de la educación. Al acentuar la dependencia del obrero con respecto al capital, el decreto 817 impulsa la esclavización de los trabajadores, nada menos que en nombre de la ciencia y la técnica.

El 12 de junio se realizaron las eleccio­nes para renovar la Comisión Directiva de los trabajadores judiciales de la departa­mental Morón. Esta departamental siempre se ha caracterizado por su combatividad; sin embargo, la dirección del último período integrada por la lista celeste, representante de los aparatos políticos del peronismo y del radicalismo zonal con ramificaciones en el Colegio de Magistrados y en el Colegio de Abogados, ha cumplido un rol permanente de freno y desorganización de los compañe­ros de Morón. El 12 de junio la lista celeste tuvo que enfrentar a la lista verde formada por un conjunto de compañeros pertene­cientes a distintas corrientes pero unidos en la lucha por recuperar la departamental Morón para los trabajadores judiciales y sus redamos. Prensa Obrera dialogó, conclui­das las elecciones, con Id compañera Ángela Bethuiar, candidata a Secretaria General y con el compañero Femando Tomatore, candidato a vocal titular por la lista verde departamental. PO: ¿Cuál es la situación actual? Ángela En este momento los judiciales bonaerenses hemos perdido nuestra vieja conquista que es la ley porcentual Además tenemos el sueldo congelado desde hace un año, en junio los jueces han recibido del gobierno un aumento desconociendo totalmente e incluso haciéndolo discriminatoriamente entre ellos. Seguimos cobrando el sueldo desdoblado, los primeros días de junio cuando se cobraron esos $ 750 prácti­camente el 80% de los compañeros cobra­ron el sueldo completo. En este momento nosotros estamos en plan de lucha. PO: ¿Cómo se organizó la lista verde depar­tamental Morón? Fernando: Se organizó como una lista de lucha para recuperar esas conquistas que nos fueron quitadas y para ser un canal de expresión de los trabajadores para obtener mejores condiciones de trabajo. Se puso en pie la lista, lo que ya fue para nosotros una victoria. PO: ¿Cuáles fueron las propuestas de la Lista? Ángela.: La bandera que no vamos a aban­donar nunca es nuestra ley porcentual, un aumento de salario ya del 30% igual al que le dieron a los jueces, el repudio absoluto a ese aumento elitista y discriminatorio hacia los jueces y sobre todo en la defensa de los compañeros en su situación laboral. PO: ¿A quiénes representaba la Lista celes­te? Fernando.: La lista celeste está integrada en su mayoría por peronistas y radicales, responde a lo que es el peronismo identificado con el intendente de Merlo, quien produjo hacia fines de año más de 1.000 despidos en la municipalidad. Los integran­tes de la lista son los que estuvieron en el último período al frente de la departamental y además se identifican en el plano sindical con b que fue el ubaldinismo. La lista celes­te tiene ramificaciones en lo que es nuestra patronal, el Colegio de Magistrados y tam­bién en el Colegio de Abogados, es decir en­frentamos a todo ese aparato. PO: ¿Cómo fueron los resultados? Ángela: Rayamos en el 40% de los votos; en Tribunales de Morón, en el edificio cen­tral hemos perdido por una diferencia de 12 votos, lo cual podemos decir que es un triunfo. La lista es continuidad de una pre­sentación anterior de hace dos años, nos hemos consolidado como agrupación y consideramos que es un avance. PO: ¿Qué perspectivas ven de aquí en más? Femando. Evidentemente tener el respal­do de un 40% del gremio nos da un compro­miso para seguir luchando, la tarea es organizar esta lucha. Ahora tenemos un paro para el 1/7, vamos a trabajar para que ese paro sea masivo y en este proceso poner los esfuerzos en la construcción de un cuerpo de delegados que sea verdaderamente combativo.

Hace dos meses, la asamblea da los gráficos da Atlántica se lanzó al conflicto por un 15% de aumento, negado por la patronal desde enero. La patronal dijo que podía haber aumentos pero sólo como premios a la “productividad”, al tonelaje de papel, número de páginas, etc. En todas las sec­ciones se rechazó de piano este intento de trabajo a destajo: ¿Quién decide el número de páginas o fotos o los tirajes? ¿Qué con­trol tenemos sobra la venta? redamaron los compañeros. El quite de colaboración derivó de esta determinación y sin responder a un plan pre-elaborado coincidió con otros conflictos del gremio (Letta, Abril, FPP, Fabril) y con el inicio de la huelga metalúrgica, reflejando una maduración de la bronca de los trabaja­dores contra el congelamiento menemista. A poco de andar, el “quite”, de cumpli­miento absoluto, se enfrentó con el fuego de todas las armas que este régimen político les ha puesto en la mano a las patronales. Tras los primeros atrasos en la producción, un ejército de contratados y capataces empezó a garantizar la salida de las revis­tas. Con los contratos vino la “multifunción”, los ritmos negreros, la discriminación salarial y la invitación a “retiros forzosos”, creando dos fábricas en una: la de los gráfi­cos en lucha y la de este contingente de carneros involuntarios, víctimas del terror patronal, amenazados con el despido a cada momento. La burocracia sindical de Ongaro —que pese a los 15 meses de congelamiento no coloca la reivindicación salarial en el terreno de un plan de lucha de conjunto— se cruzó de brazos frente al conflicto, ante las denun­cias del taller sobre los trabajos que la editorial mandó afuera (que en la tradición gráfica no se hacen cuando vienen de un taller en conflicto). El ministerio de Trabajo, por su parte, pese a constatar la ilegalidad de los contra­tos realizados por la patronal tampoco inter­vino, anticipando así la actitud que tendría ante una posible profundización del quite hacia paros parciales: declarar la concilia­ción obligatoria con vistas a ¡legalizar la continuidad del combate salaria). Los traba­jadores gambetearon esta posibilidad, man­teniendo la presión en los términos plantea­dos hasta obligar a la patronal a negociar. Una lucha en todos los frenes La Comisión Interna salió a dar la lucha contra cada aspecto del operativo patronal- estatal-burocrático: emitió un volante al gre­mio, logró hacer penetrar la denuncia del conflicto en la TV, y por encima del cordón burocrático, estableció compromisos direc­tos con las internas de Fabril, Perfil y Conforti de no realización de las revistas enviadas por Atlántida. El día del gráfico, el 7 de mayo, convocó a una movilización de todos los turnos y los dos sectores (Garín y Azopardo), bajo la forma de una asamblea general. La patro­nal, temiendo un acto callejero en la puerta de la planta, colocó un dispositivo policial con la participación de la Guardia de Infantería de Tigre. El operativo patronal-policial fue eludido, lo mismo que el intento de infiltración de la asamblea, a la que concu­rrió un núcleo de contratados como primer resultado de una tarea de integración y unidad de clase con ellos. El repudio del taller a la “ley de empleo” se tradujo en un programa hacia los contra­tados: ninguna discriminación salarial ni de condiciones de trabajo, afiliación sindical, integración a la asamblea obrera, efectivización, defensa de los puestos de trabajo a la par de los efectivos, integración a la lucha. La asamblea ratificó, además, una vieja tradición del taller: la resolución de marchar a la huelga general en el caso de despidos, tanto de efectivos como de contratados. Contrapropuesta obrera Cuando transcurría un mes de quite de colaboración, sin poder torcer el brazo de la patronal, pero apoyándose en la presión absolutamente unida de los efectivos, la patronal aceptó negociar, pero trató de imponer un regreso “derrotado” digitando las extras para dividir el taller. El conflicto se reanudó hasta que la patronal retrocedió una semana después. La propuesta obrera, refrendada en asamblea, insistía en el aumento plantean­do la vuelta de las revistas del exterior y de otros talleres y en ese marco discutir la productividad en algunas secciones y .final­mente, introduciendo una 6° jornada fija (en los últimos dos años se trabajaron seis días semanales de hecho) y unificando esa^ jornada para efectivos y contratados Una escuela clasista Los gráficos aprovecharon la discusión sobre productividad para establecer standadrs basados en el estado de las máquinas, en trabajos comprometidos por la empresa, en mejoras de salubridad y en el respeto integral de las conquistas, descan­sos, salubridad, escalafón y dignidad de los ritmos. La garantía de esa defensa es la par­ticipación que tuvieron los compañeros de­signados por cada sector que encabezaron las discusiones a la par de la interna, respal­dados por asambleas de sectores. Es decir un control obrero directo de lo discutido. En el camino quedó el intento patronal de bs premios con topes, del aumento como premio al cumplimiento de standards, de los premios por secciones para destruir la uni­dad obrera y, sobre todo, el intento de última hora de incluir una cláusula general e incondicional de “multifuncionalidad” (que ya le había enchufado a los contratados). La In­terna plantó bandera y el taller respondió en forma terminante que no habría firma con este punto. Desenlace por aclamación La multifuncionalidad fue para atrás y también el intento de llevar los standards al ministerio, rechazado por los trabajadores para no crear el antecedente de una especie de convenio por empresa. En el saldo positivo quedó un aumento promedio del 12% (en tickets canasta), una sexta jornada al 250% (algo menos del 300% conquistado sólo por este taller en todo el gremio) pero estable y extendida a todas las secciones y, más valioso aún, el terreno de unificación logrado con tos contratados, la recuperación de la iniciativa sindical, obligando a la patronal a discutir las reivindicaciones fundamentales con la or­ganización sindical; la preservación de las conquistas del taller y de su cuerpo de activistas. Por eso, la firma del acta fue celebrada con un aplauso por el taller, unido, aguerrido y armado para los próximos combates y más consciente de la naturaleza de la política del Estado capitalista.

El reciente paro activo de la UOM fue masivo, pero la concurrencia a la manifestación fue escuálida: solo 7.000 metalúrgicos. “Aquí no se expresó lo que está pasando en los fábricas’', sintetizó un compañero. El proceso de reclamos y luchas en los lugares de trabajo no se detiene, en tanto la discusión del convenio en el resto de "ramas" está trabada. Las terminales automotrices firmaron el acuerdo sobre la base de seguir protegidas de la importación, incluida la posibilidad de comprar chapa de acero barata. Esta doble protección también la reclama el Centro de Industriales Siderúrgicos para firmar por su rama un miserable 12%.

- Partidos Comité Nacional del Mas Buenos Aires, 25 de junio de 1002 A los compañeros del Partido Obrero: Con la presente queremos hacerte llegar un saludo revolucionarlo y nuestra solidaridad ante la proscripción del Partido Obrero del comido del próximo domingo. El Movimiento al Sodalismo ha denunciado esta proscripción, que es parte de un ataque más general, contra los derechos democráticos de la clase obrera, proscribiendo a varios partidos, centrando en las organizaciones de izquierda en el mismo sentido nuestro partido y sus fiscales denunciarán este fraude el día del comicio, al tiempo que los Invitamos a coordinar una campaña por el derecho a organizarse política mente sin ningún tipo da proscripciones. Con saludos trotskistas. Juan Bautista Cilveti p. COM. NAC. MAS Frente por la Democracia Avanzada Buenos Aires, 26 de junio de 1992. Al Comité Capital A los Compañeros del Partido Obrero Estimados compañeros: El Frente por la Democracia Avanzada quiso hacerse presente en este acto para expresar, junto a los militantes y simpatizantes del Partido Obrero, su total rechazo y su más completo repudio a la proscripción de la que ha sido objeto vuestro partido para estas elecciones, per parte de los sectores más reaccionarios de la Justicia argentina. Por la junta Promotora del Frente por la Democracia Avanzada Norberto Sessano Presidente Jorge Makarz Presidente Partido Comunista Comité Local de Vicente Lopez, Matheu 2581 • Munro SOLIDARIDAD CON EL PARTIDO OBRERO (PO) En el marco en cual se halla encuadrada esta política, hoy le toca a los compañeros del PO, ser las víctimas de una larga lista por venir. Este tipo de injusto avasallamiento de los derechos constitucionales —sabemos— no es casual, sino que formo parte de un proyecto hada todos los sectores combativos, sean políti­cos o no. La represión encuentra — para este siste­ma— cada vez más espacio, y ya es hora de comenzar a cerrarles los caminos. Exigimos la participación del PO, en ostas elecciones, como un acto de estricta justicia. Secretario Resp. de Propaganda - Trabajadores FOETRA Buenos Aires 25/6/92 A la dirección nacional del PO Me solidarizo con la lucha contra la proscrip­ción del Partido Obrero eligiendo qua se respete el derecho democrático elemental a someter su programa político al voto de la ciudadanía, considerando dicha proscripción como una maniobra antidemocrática y violatoria de los derechos políticos. Femado Montero Secretario de Organización Sindicato Sueños Airee - F.O.E.T.R.A Uocra La Plata La Plata, 24 de junio de 1992 Al Comite Nacional del PO La comisión ejecutiva de UOCRA seccional La Plata, se solidariza con el justo redamo de los compañeros del PARTIDO OBRERO, con res­pecto a la proscripción disfrazada de “Ley de loe Partidos Políticos”, expresando su repudio para con esta y cualquier otra medida proscriptiva en contra de quien desee expresarse de­mocráticamente. Como Trabajadores v peronistas, sabemos de este tipio de lucha, de persecuciones y otros tipos de herramientas, que utiliza et sistema para acentuar permanentemente la explotación de los Trabajadores y la entrega del patri­monio nacional Adelante en la lucha ya no bajar los brazos Un abrazo fraternal Hugo Ernesto Romero - Secretario de Prensa y Difusión Daniel Ricardo Fernández- Secretario General Comisión Ejecutiva Uocra seccional La Plata Banco Shaw Los abajo firmantes, militantes sindicales bancarios: denunciamos que el intento de impedir la participación electoral del PO es un acto de proscripción política de extrema gravedad institucional dirigido contra un partido de trabajadores y reclamos el reconocimiento de pleno derecho del Partido Obrero a concurrir a las elecciones del 28 de junio. Buenos Aires. 25 de junio de 1992 Silvia Morales, Ricardo Ciccia, Jorge Martínez, (miembros de la Comisión Gremial Interna del Banco Shaw). Ferroviarios: No a la proscripción del Partido Obrero El Partido Obrero se caracteriza por denunciar los ataques que organizan tos capitana; contra los trabajadores El Partido Obrero está llevando adelante una campaña para organizarse en contra del desconocimiento de nuestros aportes jubílatenos, contra la derogación del 82% móvil, contra el aumento de la edad para jubilarse, y contra el congelamiento salarial. Por eso no permitamos la pros­cripción del partido obrero, Trabajadores Ferroviarios de Retiro. Siguen mes de 40 firmas - Estudiantes Cuerpo de Delegados de la Facultad de Ciencias Sociales A los compañeros del Partido Obrero: El cuerpo de delegados de la Facultad de Ciencias Sociales (USA) repudia la proscripción contra el Partido Obrero al negarse la Junta Elec­toral de la Capital a distribuir sus boletas para las elecciones del 28 de junio próximo. Con independencia de los votos que puedan adjudicarse las fuerzas intervinientes en estas elecciones, la proscripción del Partido Obrero constituye un fraude electoral. Consideramos que todo esto atenta contra las libertades democráticas básicas y constituye un ataque más contra las organizaciones que de­fienden las causas del pueblo. Cefyl Buenos Aires, 29 de junio de 1992. A los compañeros del Partido Obrero El Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Uni­versidad de Buenos Aires, hace llegar nuestra solidaridad y nuestro apoyo frente a la insólita situación preelectoral en que se encuentra su parido La Comisión Directiva del Centro de Estudiantes, ente­rada del intento de proscripción electoral al Partido Obrero, declaró inmediatamente su oposición a una medida que consideramos ilegal, ilegítima y contraria al sentimiento de­mocrático de todos los ciudadanos. Entendemos que este conjunto de hechos, constituyen un precedente sumamen­te grave que no puede ser permitido bajo ningún concepto. Forman parte de los intentos del Poder Ejecutivo Nacional de ahogar e impedir toda manifestación y protesta frente a un plan económico y un modelo social excluyente, antidemocrático y profundamente regresivo. El Centro de Estudiantes, en moción refrendada por a Asamblea estudiantil del día 17 del corriente, expresa su apoyo en la defensa del derecho de presentación que le corresponde al Partido Obrero como organización política, oponiéndose a todo mecanismo de exclusión o proscripción. Mariano Palamides - Presidente del CEFYL Secundarios 20 de junio de 1992 Al Partido Obrero: Los integrantes de la asamblea de escuelas secundarias nos declaramos en contra de la proscripción del Partido Obrero en las elecciones a celebrarse el 28 de junio de 1992 en la dudad de Buenos Aires porque consideramos que aten­ta a los valores democráticos y la libertad de elección de las personas. Asamblea de estudiantes secundarios. “Cuadro de situación' del IFT Compañeros: Él grupo cuadro de situación del teatro IFT, hace llegar su solidaridad militante y llama a organizar una acción conjunta por la derogación de todas las restricciones a los partidos políticos. Héctor Pérez -Abraham Kantor- Elisa- Albert- Ricardo Berardi- Jorge Muller

Es innegable que la reciente campaña electoral del Partido Obrero en la Capital ha constituido una formidable victoria política de nuestro partido contra el gobierno mane­ota y contra el propio Estado. Proscripto por una decisión de fuerza de la Junta Elec­toral desde casi el comienzo de la campaña, el partido logró sin embargo intervenir en ella en los mismos términos formales que los demás partidos, ocupando incluso los espacios de radio y de televisión que en un inicio nos habían sido retirados por una re­solución del ministerio del Interior. Se dio así el caso de que un partido proscripto apare­cía ante la opinión pública ejerciendo con plenitud sus derechos constitucionales, al mismo tiempo que denunciaba, mediante el ejercicio de esos derechos, la proscripción de que era objeto por parte de la dique oficial. Desde cualquier punto de vista, la campaña del Partido Obrero apareció como una “anomalía” jurídica, que reflejaba la capacidad de nuestro partido para enfren­tarse al poder del Estado, como un poder independiente. De todos los partidos, el PO fue el único que tocó las cuerdas vitales de la política del momento, en especial al presentar a la refor­ma previsional como una candente cuestión de Estado. Dimos en el nervio de la crisis cuando Menem tuvo que pedir la cadena de radio y televisión para declarar el estado de sitio contra el congreso, en una acción de chantaje para que le sacaran la ley de la “jubilación privada”. Varios partidos se vieron luego obligados a bailar al compás de la música que estaba tocando el PO, claro que mellando su filo revolucionario y antica­pitalista. La fuerza de la campaña del PO puede medirse por la resolución de último momen­to que se vio obligada a sacar la Corte Suprema, en la que ratifica el retiro de la personería electoral del PO en el distrito. El fallo no tenía ningún alcance en relación a nuestro derecho a participar de las elecciones, garantizado por una sentencia firme de fines de mayo, que la convierte en derecho adquirido, y por nuestra personería en el orden nacional. Pero que la Corte se hu­biera vista obligada a sacar de apuro un fallo que pretendía guardar por largo tiempo en la gaveta, cuando solo faltaban pocas horas para iniciar el comicios y ya habían pasado 24 horas del cierre de la campaña, reflejaba su temor de que las elecciones hubieran podi­do ser impugnadas en un tribunal o en los cuartos de votación. Dentro de un marco todavía reducido, la cuestión de la proscrip­ción del PO se llegó a transformar en una crisis política. Esta crisis explica la mediocridad del fallo de la Corte, que se parece más a un expediente administrativo. Solo el juez Petracchi procura organizar una defensa más amplia de la anulación de la personería del PO, pero solo logra contribuir a poner en duda la constitucionalidad del artículo que exige el 2% de los votos para conservar la personería electoral. La endeblez y la incon­sistencia de los fundamentos de Petracchi se transforman en verdadera debacle cuan­do pretende que la Convención Interamericana de Derechos Humanos autoriza esa medida, para lo cual mutila simplemente el artículo 23 del mencionado tratado. El PO ha puesto en aprietos a la Corte y ha herido de muerte a la ley de partidos, que obligato­riamente deberá pasar a mejor vida Las perspectivas políticas post-electo­rales se perfilan dentro de los grandes con­tornos pronosticados por el PO: crisis del plan Cavallo y del gobierno, movilización popular. El radicalismo y el Frente del Sur no han esperado el cierre de las urnas para pro­clamar su intención de salvar al gobierno y de hundir las movilizaciones a través de una solución “consensuada” al tema educa­cional y la provisional. No ha demorado lo que canta un gallo para que se hayan ago­tado como alternativas populares; el PO se perfila como la única organización con una conciencia clara y una política de conjunto frente a la nueva situación.

Una política de proscripción P: La proscripción del Partido Obrero, ¿cree que es una medida contra Ud. o contra Partido Obrero en general? J.A.: Bueno, no hay tal división, el candida­to es inseparable del partido. Lo que yo transmito como candidato son las elabora­dnos políticas y las ideas del partido. Na­turalmente que en una campaña política de­terminada las ideas se personifican, enton­ces la gente tiende a ver a determinados hombres. No niego esto, nosotros somos socialistas, no románticos; las organizacio­nes tienen líderes. Lo importante es que esos líderes sean reconocidos por la gente sobre la base de la trayectoria que han tenido, por su capacidad de lucha, que no sean digitados; pero los líderes existen. Bueno, entonces un líder expresa la orienta­ción de un partido, pero la proscripción es contra el partido. En una audiencia con Adelina de Viola ella admitió que como propagandistas, (la expresión que ella usó fue “comunicadores sociales”) realmen­te éramos buenos. Ella planteó que el Minis­terio del Interior no tenía interés en nuestra proscripción porque los votos del P.O. se los sacaríamos a la oposición, no al oficialismo; que entonces no había intencionalidad polí­tica. Pero antes de votar hay que escuchar a los candidatos, ahí está el problema. Ya una vez, por escucharnos, después de escucharnos, fuimos en cana en la Casa Rosada. Además, en Ámbito Financiero, el 12 de mayo de 1989, Neustadt escribió en una columna: por fin termina la campaña electoral, por fin no vamos a tener que escuchar más a Altamira. Doce de mayo. Ámbito Financiero, 1989. P: Es decir que más que como una proscrip­ción política Uds. lo toman como un acto de censura. J.A.: Bueno, no, porque un acto de censura estaría referido a individuos, pero está refe­rido a una fuerza política. No es meramente un acto de censura, porque se entiende que la propaganda política tiende, en la medida que es aceptada por la población, a conver­tirse en fuerza política. Entonces no es un problema simplemente de derecho o no a la opinión. Hicimos una serie de denuncias con alcances y profundidad que otras fuerzas políticas reducen a una cuestión legal (lo de Aerolíneas). Nosotros lo vemos como un proceso de descomposición capi­talista, es decir, donde el derecho de propie­dad particular no está avalado por una tran­sacción de compra-venta, sino por una de­cisión despótica del Estado. Advierta que el Estado está manteniendo en general vigen­te un derecho de propiedad que los capita­listas en este país perdieron hace mucho, Porque sólo con la deuda externa que con­trajeron su propiedad no vale nada. Cuando un régimen social se sostiene no por el pro­greso social que implica sino por decisiones fuerza, (el Estado es una fuerza), esto para nosotros es un síntoma inconfundible de descomposición. El tema de la jubilación privada, por ejemplo se mantuvo en el más completo sigilo. Ustedes en Ámbito Financiero publicaron en la página de atrás, ¿diálogos se llama?; a un banquero que se enojó por el discurso de Menem porque rompió el sigilo con que estaba siendo tratada la cosa. Es decir que nosotros hicimos una denuncia pública de la jubilación privada que chocaba con un muro de silencio porque el gobierno se manejaba en el sigilo. Somos una amenaza, por lo menos en esos términos, para los poderes constituidos, yo creo que la proscripción sí apunta a eso. Le voy a decir una cosa importante, nosotros impugnamos la ley de los partidos políticos en lo que hace al 2% por inconsti­tucional, porque el derecho a elegir y a ser elegido no puede estar condicionado a nin­guna disposición sobre cantidad de votos. Los resultados no significan nada, finalmen­te Menem ganó la elección con una platafor­ma y nosotros la perdimos denunciado que su plataforma era otra, nosotros teníamos razón y perdimos, el mintió y ganó. Adelina de Viola nos dijo que el 2% es inconstitucio­nal. La Corte Suprema ha evadido la cues­tión de fondo planteada por la apelación del PO en otros recursos, no quiere pronunciar­se sobre el fondo en un caso concreto de litigio. El 2% es inconstitucional y nosotros hemos dicho además que es ley de la Na­ción, porque hay un tratado, el tratado de Costa ñica que prohíbe el establecimiento de ese tipo de limitaciones y restricciones a la presentación; bueno nos estamos yendo un poco de la pregunta original. P: Ahora es la excusa que usa el gobierno, ¿no? el 2% por lo menos eso es lo que dice J.A.: Eso es nada más que una excusa, porque hay dos problemas, ellos pueden objetar la Capital, pero ésta es una elección nacional, tenemos personería nacional, pri­mero. Segundo acá hay una sentencia firme de la Junta Electoral, oficializando, por lo tanto es un derecho adquirido y después aparece una resolución judicial que tiene efectos posteriores a este derecho adquiri­do. Luego hay una campaña contra el PO. Nosotros tenemos parada la legalización en Jujuy y Rio Negro por una exigencia increí­ble: que nuestra gente tiene que presentar­se con un escribano, cada uno de los mil tipos tiene que ir con el escribano al juez. Aparte del costo, está el problema de la intimidación. El tipo de gente que está en el Partido Obrero no frecuenta los tribunales como un ámbito natural (AF— está la fanta­sía de la persecución), lógico, entonces tenemos que en Jujuy no somos partido legal (AF— “y trescientos pesos de hono­rarios al escribano”) bueno ya lo dije, aparte del problema económico (AF— “quince millones son”) entonces fíjate, tenemos trabado lo de Jujuy, tenemos tra­bado lo de Río Negro, con esto creo que tenemos una cantidad de distritos vigentes que nos da nivel nacional, nos traban allá, después dan la excusa del 2%, esto es una cosa intolerable. La crisis del régimen y la izquierda P: Ahora a su modo de ver el Partido Obrero ¿es la única y verdadera oposición al gobier­no de Menem? J.A.: No. Esto conceptualmente me interesa. Nosotros simplemente decimos que somos una oposición consecuente, la más conse­cuente, porque es indudable que una crisis no sería realmente tal si sólo engendrara una sola oposición. Una crisis que no gene­ra oposiciones no puede llamarse crisis. Una verdadera crisis es tal cuando hasta los oficialistas son opositores. Por ejemplo el gobierno tiene oficialistas y opositores den­tro del oficialismo, entonces sería restarle entidad al concepto de crisis. Pero somos la oposición más consecuente en el sentido que nuestra gente va a la raíz de la situación, que es que el capitalismo no es capaz de desarrollar las fuerzas productivas. No está vigente; no es cierto lo que se dice de que el capitalismo está en una etapa juvenil o de desenvolvimiento, no es as!. Este es el resultado de la quiebra de un régimen so­cial. Otros hacen críticas morales que pode­mos compartir, naturalmente, pero no van a la raíz, la nuestra es una oposición conse­cuente. P: Digamos que se parecen a la del Mas, por ejemplo, en cuanto que ellos también criti­can el sistema. J.A.: Bueno. El Mas, en toda la trayectoria de esta Izquierda Unida ha revelado no criticar al sistema. La esencia del programa de Izquierda Unida, era admitir, con esa consigna de “democracia con justicia so­cial”, que era posible un equilibrio entre las distintas clases sin terminar con el capitalis­mo. Esa era la gran divergencia; a la demo­cracia como la que tenemos, introduz­cámosle “justicia social”. Era casi un plan­teamiento socialcristiano. El concepto “Justicia social” es de ori­gen, digamos, teológico. Inclusive en el mo­vimiento socialista viene de ahí; los fabianos en Inglaterra, ¿no es cierto? introdujeron lo de “justicia social”. Pero, ¿a qué régimen se le introduce “justicia social’? A un régi­men que se caracteriza por el antagonismo social; entonces, si frente al antagonismo social se plantea la “Justicia social” y no la erradicación del antagonismo social, tene­mos una posición ni siquiera reformista, tenemos una posición conciliadora frente al sistema imperante. Si no el Mas no tendría la crisis que tiene; el Mas ni sospecha que tiene una crisis espantosa. ¿No sospecha por qué? Creen que es por Zamora, pero en realidad habían llegado a un grado muy grande de compromiso con el sistema capitalista en términos ideológicos. P: ¿Esos son los motivos por los cuales no hubo alianza con el Mas? J.A.: No, nosotros, por encima de eso quería­mos una alianza con el Mas. ¿Por qué? Porque en una elección donde se va a poner mucha plata para polarizar entre los candi­datos burgueses, la posibilidad de romper esa polarización está también relacionada con poder presentar candidatos más fuer­tes. Esta posibilidad coloca en un segundo plano, relativamente, las divergencias que podamos tener. Por eso nosotros en abril les propusimos un frente al Mas. Divergencias de este tipo no pueden ser un obstáculo para que partidos que se reclutan básica­mente en la clase trabajadora actúen en común frente a partidos políticos que repre­sentan a la clase explotadora; esto tiene que ser una norma, es históricamente una nor­ma de conducta de los partidos políticos socialistas. Y ellos no nos contestaron, nunca conocimos una respuesta, un texto. Al mismo tiempo les propusimos un acto el 1° de mayo en común. P: Finalmente se hizo con el sector del zamorismo. J.A.: Claro, pero que ellos rechazaron cuan­do podríamos haber sido ejes de convocato­ria y por lo tanto evitar provocaciones que se hicieron contra ellos y una convocatoria más clara que la que se hizo. Pero nuestra polí­tica de hacer un 18 de mayo que fuera masivo y que no fuera sectario o aislado, se reveló que a pesar de lo del Mas logramos imponer nuestra estrategia Nosotros hu­biéramos querido ir con el Mas, el Mas no nos respondió. Fuimos reiterativos e Insis­tentes. Ahora, naturalmente en estas condi­ciones, ante al cuadro de crisis del Mas lla­mamos a la gente del Mas a que nos vote, bueno, una parte enorme del Mas ya nos vota. Eso está hecho. ¿Por qué? Porque los dirigentes del Mas no se dan cuenta que están provocando una desmoralización en sus filas. Con nuestro llamado a votar al PO no es que queremos incrementar 2000 vo­tos más, es una lucha contra la desmoralización provocada por un aparato político oportunista, esa es nuestra preocupación. Es mucho menos mezquina de lo que pue­den pensar algunas personas. P.: Y además de la del Mas, ¿se conoció alguna otra muestra de solidaridad de las fuerzas políticas que participan de esta contienda, con respecto a la proscripción? J.A.: Ah, no, no, no, con relación a este tema el Mas tuvo una solidaridad, pero no fue el Mas el que se destacó. Por ejemplo, el Dr. Ricardo Molinas, intervino con mucha ener­gía en una reunión con Levene. Él fue quien le dijo que las elecciones del 28 iban a ser un fraude por el solo hecho de que no estuviera el P.O.; el ex fiscal Aníbal Ibarra, que pertenece al frente de Solanas, fue muy claro: en la hipótesis de una controversia, la Corte debe inclinarse hacia el P.O. En esa oportunidad, Silvia Díaz también tuvo una destacada intervención, porque le dijo a Levene un concepto que me llamó la aten­ción, por eso se lo señalo. Le dijo a Levenne que ella veía que era una proscripción a la ciudadanía dispuesta a votar al P.O., es decir que sacó el problema del P.O. para transformarlo en un problema de un sector de la ciudadanía. Estuvo también Pino Bru­no. Bueno, Bravo tenía una gripe, y apenas superó la gripe, nos acompañó a la entrevis­ta con Adelina de Viola. Frente a eso reivin­dico dos cosas: primero, en la defensa de un derecho democrático, nos han apoyado. Y también reivindico lo siguiente: el P.O. ha sido muy duro con cada uno de ellos en distintas instancias polémicas. Esta solida­ridad prueba que ellos reconocen que nues­tra actitud es de un espíritu objetivo y no sectario, independientemente de que dis­crepen. El P.O. supo demostrar que la unidad en defensa de principios democráti­cos básicos no tiene ni el desmedro del derecho y la libertad de crítica, de la claridad en las opiniones. Que no es cierto que la acción en común sea sinónimo de franela, oportunismo y abyección. P: ¿Y fuera del arco —básicamente las personas que Ud. nombró pertenecen a lo que se conoce como centroizquierda—, y fuera de la centroizquierda? Digamos los partidos mayoritarios. J.A.: Fuera de esos partidos, nosotros ahora estamos tratando de movilizar a la UCR. Nos parece importante que De la Rúa se pronuncie. P: Pero todavía no hubo ningún pronuncia­miento, tampoco del PJ. J.A.: No, pero el PJ no va a hacer un pronun­ciamiento contra sus propias instituciones. Por agua uno va al río, ¿no es cierto?, no va a una fuente seca. Una política de reagrupamiento P: Volviendo al tema anterior del Mas, Ud. ha llamado a la gente del Mas a que lo voten. Digamos que desde el Mas eso está visto como que de alguna manera, aprovechando la crisis que vive ese partido, Ud. quiere sacarle votos. J.A.: ¿Pero qué significa aprovechar? Por­que acá la palabra aprovechar es sacar provecho, normalmente la palabra sacar provecho tiene un sentido mezquino. ¿Pero qué significa la crisis de un partido? En realidad es la crisis de su concepción, la crisis de su estrategia. El Mas no sólo tiene una crisis; en esta campaña electoral, prác­ticamente está llevando una política de autoaislamiento, no es una fuerza que se esté movilizando. Entonces ¿tenemos que ser complacientes con ese hecho? Nuestro partido se moviliza, ellos no, ellos nos recha­zan un frente, sus concepciones políticas se han quebrado, la gente los abandona, ¿qué queremos? ¿Qué se vayan de la política? ¿Qué se dejen crecer las patillas? Los llama­mos a una posición militante. Entonces, si lo sacamos del sentido estrecho, nosotros estamos haciendo lo mismo, con dos fuer­zas políticas más, con el Socialismo De­mocrático, con la Franja Morada, porque la Franja Morada está en una crisis total. Las autoridades radicales están capitulando abiertamente ante la política educacional del gobierno; hay una rebeldía en Franja Morada, entonces queremos que los chicos de Franja Morada saquen una conclusión progresiva, de ruptura. Estamos aprove­chando. El Socialismo Democrático; un cír­culo proscribió la candidatura de Bravo; el hombre más popular del Socialismo De­mocrático. ¿Qué círculo?, el círculo que está en la privatización del puerto de Rosario, el círculo que está en la estafa del Hogar Obrero. Entonces le decimos; (a la base de Bravo), ustedes ya no están reflejados en la candidatura de la US. ¿Por qué no vienen con nosotros? Naturalmente que pueden estar en desacuerdo, pero ¿por qué no vamos a sacar conclusiones de experiencias? ¿Y no lo hace todo el mundo con el electorado que históricamente votó al peronismo? Si Menem se fue con los enemi­gos históricos del peronismo, ¿cómo están Uds.? ¡Voten a los trabajadores, voten por un partido de trabajadores! es una ley de la política. Ahora, como no estamos imponien­do nada a nadie, no estamos chantajeando a ninguno del Mas ni a ningún peronista, ni nada, simplemente formulando nuestras ideas, y todo el mundo tiene la libertad para decidir por su propia cuenta y riesgo, bueno, ¿dónde está la ilegitimidad? Los jefes y la organización P. ¿Y qué le responde a la gente de la izquierda que le critica a Ud. que siempre sea candidato, tanto en la Capital como en la provincia, y que lo caracteriza como un personalista? J.A.: En todo caso lo siguiente: la condición de un personalista es que no se caracterice por la construcción de una organización. Yo ya llevo 30 años en la actividad política, en 30 años es muy reciente mi actividad electoral, siempre he luchado por construir un partido. Entonces ¿en qué consiste el personalismo? No puedo negar lo siguiente: yo había comentado con los compañeros que en esta campaña, no hacía falta que yo fuera candidato, simplemente podía partici­par. Pero la oportunidad del acto del 1° de Mayo, ante la política destructiva de los demás partidos de izquierda frente al acto, nosotros tuvimos una política de unir a la gente en el acto detrás de una política pro­pia. Me tocó a mí decirlo; la conclusión inevitable era que la figura del P.O. que había encamado ese esfuerzo por unir a la izquierda, para que no se vaya con un candidato de la industria del espectáculo, era conveniente que él continuara en los días siguientes, apenas horas siguientes simbolizando esa política. Entonces decidi­mos todos que otra vez más fuera candida­to; otra cosa más ¿qué significa que yo sea candidato? Significa que no tenemos un doble liderazgo; un liderazgo que nadie conoce fuera del que presentamos. De manera que en este mentado personalismo, en lugar de crear un cenáculo Interno, me somato a la vindicta popular. Si el pueblo considera que soy un cretino, naturalmente mina la autoridad que tengo en mi propio partido, ¿En qué consiste el valor de los procesos democráticos? En que los lideraz­gos no se cocinan en el ámbito interno de un partido, sino que se cocinan abiertamente en la experiencia con el pueblo; esto lo dijo Lenin. Cuando Lenin justificó cierto tipo de organización, decía: esto es porque vivimos bajo el zar y et pueblo no nos puede selec­cionar en una confrontación democrática abierta, pero apenas consigamos condicio­nes de libertad política, el proceso de selec­ción va a ser abierto como ocurre en Alema­nia, es decir, como ocurría en Alemania de aquella época en que los dirigentes tenían que ir a la charla, ponerse en la calle y discutir. Entonces, ¿no es positivo? No es el líder de una secta. Si no sirve ante el pueblo, el pueblo va a decir: ¿este tipo quién es?, no se explica, no se juega. Nosotros estamos sentando liderazgos sobre bases mucha más sólida que el mero aparato partidario. Los ritmos políticos P.: Y los resultados electorales que obtuvo Ud. hasta ahora como candidato, ¿a qué conclusión lo lleva? J.A.: ¿A qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la conclusión de que el proceso político de crear una dirección revolucionaria no es fácil. Es más difícil que en otras épocas, pero nosotros tenemos dos juicios sobre el tema resultados: en primer lugar, ¿nos hemos equivocado en la apreciación de los acontecimientos, en el rumbo que iban a tomar? No nos hemos equivocado; el elec­torado, muy lentamente, muy lentamente nos acompaña, somos un partido que cre­cemos a pesar de todo, muy lentamente nos acompaña; si ese acompañamiento lento estuviera motivado por desaciertos políti­cos, está claro que tendríamos que corregir eso para conseguir una respuesta mayor del electorado. Pero nosotros realmente, desde el punto de vista de pronósticos polí­ticos, de ajustar nuestra conducta a la reali­dad, creemos que efectivamente hemos acertado mucho. Entonces creemos que acá se va a dar lo siguiente: hay partidos que llegan muy rápido, por ejemplo el sandinismo, y tan rápido como llegan se van. Noso­tros pagamos con un largo período de opo­sitor el precio que nos va a permitir ser una sólida fuerza de gobierno; es evidente a esta altura del partido que no vamos a llegar al poder como un grupo de improvisados. P.: Digamos que a este ritmo va a ser difícil que sea Ud. el que gobierne por ese tiempo. J.A.: Bueno, a este ritmo electoral, pero no al ritmo de la crisis política. Estas elecciones ya se dan en un marco de una crisis política Usted fíjese, porque aún no hemos hablado de la propia elección; mire que circunstan­cias: el gobierno tiene un candidato débil, muy débil, va a perder como en la guerra! Ahora, un gobierno que tiene un candidato débil, es un gobierno débil; el candidato de la oposición es fuerte, porque tiene todo el apoyo. Sin embargo proclama cada vez que puede su oficialismo; dice que facilitó el Plan de Convertibilidad, que facilitó esto, que facilitó lo otro. La oposición, que es fuerte numéricamente, no puede jugar un papel de oposición, y el gobierno no puede consagrar a su propio candidato; es una crisis política. Si no mete la estafa de la jubilación privada, la Bolsa se va al diablo; para subsistir tienen que confiscar 200.000 millones de dólares de aportistas y establecer un sistema des­pótico que le saque 4.000 millones de dóla­res al año a los aportistas, si no la Bolsa se va al diablo. Si la Bolsa se va al diablo, si hay fuga de capitales, el que va a tener que buscar la jubilación con el 82% móvil es el ministro de economía. Entonces, nuestro desarrollo actual es lento» pero bruscamen­te va a ser un desarrollo acelerado. Noso­tros, por ejemplo enfrentamos un adversa­rio que obstaculizaba nuestro desarrollo; era I.U. y Frepu ¿qué quedó de nuestro adversario? No quedó nada, está en ruinas, y nuestra posición política y nuestra militancia quedaron reforzadas. Yo le puedo ase­gurar que una parte muy grande de I.U. va a votar al P.O. el otro día fui a un acto convo­cado por gente que estuvo en I.U., y la gente que vino va a votar al PO y tenemos electo­res de I.U.: profesores universitarios, direc­tores de institutos de estudio, hay un progreso. La descomposición del capitalismo P.: Y más allá de los slogans de campaña, ¿cuáles son las propuestas del P.O. para la banca del Congreso? J.A.: Bueno, esta es una campaña en la que en el fondo todavía no hemos logrado acuñar un slogan. En realidad nuestra campaña se ha caracterizado por las pro­puestas. P.: Digamos, uno camina por la calle y da la impresión que son slogans. JA: Pero, ¿por qué? En primer lugar, hay un afiche; todo afiche tiene que tener un título. Uno no puede decir que es un slogan porque tiene un título, porque eso es una obligación. ¿Y luego que viene? parece un bando de los patriotas en la Revolución de Mayo, es todo conceptual. ¿Quién ha ido al pueblo a explicarle con afiches lo que es una jubilación privada? Nosotros hemos hecho de este tema jubilatorio un tema central, porque creemos que tiene una proyección política muy grande en la confiscación del pueblo y en el tema del futuro del gobierno. Y Menem nos dio la razón; cuando él pone en cadena a la radio y a la televisión para defenderlo, lo que él está diciendo es que este tema es un problema de Estado. Los primeros que lo dijimos fuimos nosotros; por eso hemos hecho el tema central de esto. Entonces, propuestas: contra la jubilación privada podemos pagar el 82% móvil, si abolimos los secretos comerciales y banca- nos y terminamos con la evasión provisio­nal. Le podemos pagar a todo el mundo, a los docentes, etc., si en lugar de que los salarios estén gravados en un 50% como consecuencia de los impuestos al consumo, y los beneficios estén en un 2%, porque lo que pagan de ganancias después están todos los subsidios y exenciones, y descar­gas de los créditos. Por ejemplo, ahora, le metieron los impuestos a los préstamos banca nos; es una forma para que descar­guen el crédito fiscal de las compras de los bancos. Mira vos, le han metido un impuesto para que dejen de pagar; ¡esto es una per­fidia! Nosotros decimos lo siguiente: elimi­nar tos impuestos al consumo y gravar ex­clusivamente los beneficios capitalistas; después no podemos pagar la deuda exter­na, la refinanciación de Cavallo fracasó. El hizo una refinanciación a una tasa de interés del 4% y la tasa de interés en el mercado internacional está en un 3,5%; no hay reduc­ción de deuda. Fracasó hasta en sus térmi­nos, fracasó en las privatizaciones; lo de Aerolíneas va a terminar muy grave. Ya están diciendo que YPF es Aerolíneas II; todas las privatizaciones son Aerolíneas y en ninguna nadie ha puesto patrimonio propio. Pérez Companc compró áreas de petróleo con eurobonos, ASTRA con euro- bonos. Es un fracaso; nosotros decimos que hay que renacionalizar; a los de Iberia no hay que pagarles absolutamente nada. Es decir, se verificó que no hay política de privatizaciones; una cosa es privatizar, es decir, transformar una propiedad pública en una propiedad privada adquirida con et patrimonio del propietario, y otra cosa es hipotecar los activos de la empresa pública para comprársela ¡Eso es una estafa! ¡Ojo! Esto es un delito; el gobierno nacional está redamando un segundo delito. Bueno, muy bien, un delito es un delito; ahora disimulen el balance, les dice, es decir que está lla­mando a falsificar un documento público. Es una cosa que decía Engels: —en la socie­dad burguesa, un pecado es un pecado, dos pecados son una virtud—; mira vos que de actuales que están los maestros. P.: Lo que nadie se hubiera imaginado ere que Altamira le iba a decir a Cavallo como se privatiza J.A.: Claro, porque ocurre lo siguiente: nosotros no podemos negar absolutamente el concurso del capital privado. Somos marxistas y las posibilidades de socialización están ligadas a un cierto nivel de desarrollo económico; cuando uno quiere violentar esa ley de desarrollo económico tiene resulta, dos perversos, ¿está claro? Pero el hecho de que el capitalismo fracase en privatizar demuestra que como organización social inviable, éste es el punto, éste es el punto nodal. Esto no va, se está produciendo el vaciamiento de un patrimonio. Por ejemplo en relación a nación, nosotros somos inter­nacionalistas. ¿Pero quién defiende la na­ción? Nosotros. A nosotros, como nación, nos están sacando un patrimonio público, nos van a sacar una línea de bandera, estamos entregando las rutas. Cuando Ibe­ria quiebre se la va a comprar Lufthansa; Aerolíneas Argentinas va a tener nombre alemán. Pero no es que le enseñe a privati­zar, él no podría privatizar; es un proceso de confiscación económica, es la expropiación de la propiedad pública en beneficio de un capitalista privado. Es la única forma que puede tener la privatización. Alienación P.: Es decir, que a su modo de ver, por ejemplo, no es contradictorio ser de un partido trotskista y usar Movicom o fumar cigarrillos importados. JA: Bueno, pasa lo siguiente, esto ya lo dijo Marx: —lo que en la sociedad se presenta como una creación del capital, es en reali­dad el producto del trabajo obrero, confisca­do por el capital. Yo creo que el dueño de la empresa Movicom no debe saber cuál es la función de una antena en el aparato; el que lo sabe es un laburante de la empresa Movicom. Nosotros estamos disfrutando el esfuerzo de trabajadores y estamos siendo aniquilados por la ley del beneficio capitalis­ta, que es la deuda externa. Eso sí que es del capitalismo, la deuda externa, la patria contratista, un plan perverso que obliga a gastar todo el superávit fiscal en comprar dólares. Por ejemplo, el gobierno se jacta de tener 10.000 millones de dólares en di Banco Central; un horror! Según las normas internacionales, las reservas monetarias deberían cubrir 3 meses de importaciones; nosotros cubrimos un año. Es decir, que tenemos esterilizado el dinero al divino botón; eso es dilapidación de riqueza. P.: ¿Usted no se siente culpable cuando usa el Movicom, sabe bien que cuando se pague la cuenta de lo que se pague seguramente ni la décima a lo mejor llega al trabajador que hizo el aparato o que trabaja en la empresa? JA: No, no; seguro que ni la décima parte llega a él. Esta es la organización social en que vivimos pero ¿por qué el Movicom? ¿y cuando me como un bife de hígado o un churrasco? Me estoy comiendo un producto que el 10%, ¿que 10%? ¡El 5%! vayan a ver lo que le pagan a un trabajador (AF ¿El 5%”?), me explico, a un trabajador agropecuario no sé cuál es el sentido de la pregunta?.... Pero obvio, yo ¿con qué pago # churrasco, el bife o el Movicom? con ese 10%, que es de lo que me pagan a mi donde trabajo. P: Bueno digamos que el churrasco cubre las necesidades básicas de la gente, el Movicom. J.A.: Ah, no ¡ojo! Esto del punto de vista personal, esto para mí no significa nada porque a mí el punto de vista personal no me sirve para nada. Si este Movicom fuera mío está apagado el día entero. ¿Quién me puede llamar a mí en un Movicom? Esto es para la campaña electoral. Gracias a esto yo estoy de golpe en un acto o entrevistándome con gente y una radio FMI me llama, entonces aprovecho y el lugar de coimear a los dueños de una FM para que me dé un espacio pago mucho menos por el alquiles de un Movicom y hago una entrevista, eso ha hecho con el Movicom. (AF – “entonces no le voy a poder cobrar la entrevista tampoco”) Claro, tampoco.

La semana pasada la Bolsa cayó, en sólo 3 jomadas, un 20%. El desplo­me encontró desprevenidos a miles de inversores pero no al grupo de bancos y grupos económicos extranjeros que provocaron la caída. El semanario El Economista (26/6) no pudo ser más claro al respecto: “no cabe mayor duda de que los Inversores extranje­ros (o los capitales externos, si se desea) han quedado como respon­sables de la Iniciación del retiro de fondos”. Al vender masivamente las acciones que tenían en sus carteras provocaron un quebranto del orden de los 10.000 malones de dólares, si se tiene presente que el precio de merca­do de las acciones que se cotizan en la Bolsa había trepado a los 50.000 millo­nes de dólares. El “capitalismo popu­lar” en este juego de la Bolsa, consiste en que “quienes soportan las pérdi­das más importantes son los pe­queños y medianos ahorristas” (Página 12, 28/6). ¿La culpa es de Perot? Casi al unísono, la inmensa mayoría de los analistas atribuyó una caída si­multánea que se verificó en las Bolsas de Japón, EEUU, Brasil, Méjico, etc., al llamado “efecto Perot”—en alusión a la política que preconizaría el Fujimori texano de favorecer al capital industrial en perjuicio de la Bolsa y de acentuar la guerra comercial contra los “aliados” de los Estados Unidos. En consecuen­cia, la Bolsa argentina habría seguido los pasos de Wall Street y Tokio, ahora que Menem “nos” integró al “primer mundo”. En verdad la Bolsa de Tokio está en caída libre desde mediados de 1989, con una pérdida superior al 60% (lo que equivale a una desvalorización de va­rios billones de dólares). La de Nueva York también ha comenzado a retroce­der en las últimas semanas a pesar de la política deliberada del gobierno de disminuir la tasa de interés, lo cual llevó el dinero de los Bancos a la Bolsa. “Los 1000 puntos recobrados por la Bolsa en el último arto y medio Indican que la Reserva Federal tuvo más éxito en estimular el frenesí es­peculativo en los mercados financie­ros que en fomentar una actividad económica real” (U.S. News & World Report, citado por El Cronista, 7/6). En las últimas dos semanas, sin embargo Wall Street cayó un 3.3%. “El clima en el mercado ha sufrido un giro pro­fundo con relación a los seis meses pasados. La anticipación optimista acerca de un relanzamiento económico y ganancias en suba ha dado paso al temor de que los próximos informes económicos empujen al mercado de acciones a otra zambu­llida al fondo” (The Wall Street Jour­nal, 22/6/92). El resultado es que la Bolsa norteamericana descubre ahora que se han emitido un exceso de nue­vas acciones desde principios de 1992 en la expectativa de una recuperación de la economía (ídem). El desplome bursátil en Méjico no tiene tampoco nada de sorprendente: lo que lama la atención es que no hubiese ocurrido antes, si se tiene en cuenta que el país azteca ha acumula­do un déficit en su balanza comercial (y por lo tanto un aumento de la deuda externa) del orden de los 25.000 millo­nes de dólares en tan solo dos años. Este déficit fue provocado por un en­deudamiento de igual orden que sirvió, especulación bursátil mediante, para provocar una colosal demanda de im­portaciones, especialmente de los Es­tados Unidos. Es natural que Perot haya desmentido que pretende abrogar el tratado de comercio de su país con Canadá y México, a la vista de este boom de exportaciones norteamerica­nas. La pretensión de Perot es otra: que ni los japoneses ni los alemanes se instalen en Cariada, México o incluso Estados Unidos para aprovechar estos “beneficios” del tratado del Merconorte. La bolsa argentina Los que hasta la semana pasada aconsejaban seguir invirtiendo en la Bolsa 'descubrieron” con toda “lógi­ca” luego del desplome que “algunos papeles estaban sobrevaluados” (Clarín, 28/6). También se acordaron que las acciones se compraban en un 40 % a crédito: “se compraban accio­nes y no las abonaban, endeudándo­se y dejando acciones en garantía” (ídem). Sin embargo, lo que estos ana­listas (después de los acontecimientos) no quieren reconocer es que el Plan Cavallo no es otra cosa que toda esta bicicleta especulativa. Según el econo­mista Ricardo Ferrucci “el 85% de la entrada de capitales (unos 10.000 millones de dólares) no se utiliza para ampliar la capacidad productiva y más del 50% tiene una finalidad ex­clusivamente especulativa” (EI Cro­nista, 17/6). Habiendo cuadruplicado su valor, (“han obtenido tasas de rentabilidad del 100% anual o más en acciones o bienes inmuebles”) y aleccionados por lo que ocurre en México, estos capitales están obser­vando también que Argentina comien­za a tener un déficit de comercio exte­rior como consecuencia del incremento artificial de importaciones provocado por el masivo ingreso de capitales es­peculativos (deuda). Ante esto temen la posibilidad de una devaluación, que les podría quitar gran parte de lo “gana­do”, en especial si el ciclo de beneficios siderales en la Bolsa se detiene o dismi­nuye. Aquí viene la cuestión esencial que señaló Altamira en el discurso de cierre de la campaña electoral del P.O.: la Bolsa cae y plantea el peligro de una fuga de capitales, porque la creación de la “Jubilación privada” se ha empan­tanado en el Congreso y porque ese empantanamiento puede acentuarse como consecuencia del ascenso de luchas iniciado por la movilización estu­diantil y educacional. “La Bolsa baja cuando la lucha sube”—se dijo en la Federación de Box. Los capitalistas esperaban una ley, que no sale, que les debe dar 4000 millones de dólares al año y 40.000 en una década, para destinarlos a las acciones y a títulos de deuda del Estado. Es en lo que coincide el presidente del mercado de acciones que controlan los bancos, el MAE. “Rodolfo Lanús de la Sema, presidente del Mercado Abierto Electrónico aseguró que la volatilidad del mercado solo que­dará superada una vez que se aprue­be la ley de fondos de pensión, que posibilitará el ingreso de fondos na­cionales a la inversión en acciones” (Clarín, 25/6). Aquí está la cuestión central. A través del retiro de fondos, la quiebra de pequeños inversores etc., el gran capital ha lanzado una adverten­cia: los fondos de jubilación o el hundi­miento del plan Cavallo. El gobierno no tiene alternativas: debe sacar la ley de confiscación de la jubilación, para lo cual deberá llegar a un acuerdo con los radicales. La Bolsa volverá entonces a “vi­brar”, pero solo cuando además quede resuelto quién controlará las Cajas Pri­vadas. La feroz lucha actual por el control del negocio bursátil entre el mencionado MAE y la Bolsa, por una parte, y entre los bancos extranjeros (ABRA) y los nacionales, por otra parte, son un indicio de la crisis que puede desatar el tema de la confiscación de miles de millones de dólares a los traba­jadores en actividad en concepto de “aportes” jubilatorios compulsivos. La Bolsa y la lucha de clases Pero no solo se trata de las contra­dicciones, insuperables en última in­stancia, del propio capitalismo, en especial en una época de descomposi­ción. La calda de la Bolsa refleja la gran resistencia popular que tiene su epi­centro en la lucha de la comunidad educativa. Es lo que preocupa al sema­nario El Economista cuando se interro­ga acerca de si los grandes especula­dores “ven a la Argentina como un mercado exento de riesgos, cuando en la calle hay ostensibles reclamos (docentes), que apuntan al esquema de distribución de Ingreso que surge del modelo” (26/6). (Pero no es un problema de “mode­lo”, señores “economistas'. Es un problema de disolución o descomposi­ción de un determinado régimen social —el capitalista— y de sus respectivas instituciones políticas. Un “modelo” puede ser sustituido por otro de carac­terísticas superiores sin necesidad de recurrir más que a un cambio de minis­tros. En Argentina, sin embargo, cam­biar al “ministro” eriza la piel de los es­peculadores, de manera que está en juego algo más que un “modelo”. El régimen menemista ha ligado su desti­no político a la Bolsa, de modo que un derrumbe de ésta seguido de una fuga de capitales signarla el fin anticipado de este gobierno. Digamos, de paso, que estas “cuestiones de Estado” están presentes en la cabeza de los burócra­tas miguelistas y de los burócratas centroizquierdistas que ya se están complotando para estrangular las moviliza­ciones en curso. Entre el “Chacho” (?) Álvarez y De la Rúa ya ha comenzado el complot para “consensuar” una ley de educación que pueda ser aceptada por el FMI y el episcopado. La Bolsa ha comenzado a crujir por la lucha de clases. La Bolsa, para re­montar vuelo necesita que se destruya la educación, la salud, la jubilación, el salario... Por eso, las grandes manifes­taciones populares han comenzado a meter miedo entre los especuladores. El PO planteó el dilema de la Bolsa o la Vida. Entre el pequeño recinto de los especuladores y su gobierno, y las calles y las luchas se resolverá esta gran contradicción nacional.

La semana iniciada el lunes 22 ha sido particularmente “movida” en Cór­doba. El lunes los docentes provinciales hicieron un paro de 24 horas con un altísi­mo acatamiento reconocido por el propio gobierno. El miércoles pararon tos em­pleados públicos en sus lugares de traba­jo realizando asambleas en los hospita­les, con “abrazos solidarios” (manifes­tación alrededor del establecimiento) en defensa del hospital público. El jueves y el viernes pararon los trabajadores de EPEC (energía) y EPOS (obras sanitarias) con movilizaciones callejeras y tomas de edifi­cios. El viernes 26 se realizó una asam­blea conjunta de los trabajadores de Luz y Fuerza, EPOS y el SEP (empleados públi­cos) que resolvió un paro y movilización conjunta para el martes 30 a partir de las 10 horas. El cuadro fue completado por la Movilización de 500 metalúrgicos el martes 23 y de más de 2000 estudiantes secundarios, con sus padres y docentes, de las escuelas nacionales. Esta generalizada lucha que se ha abierto en Córdoba a partir de la movilización del 14 de mayo pasado es la expresión del brutal deterioro de la situación que vive el conjunto de los trabajadores. Los médicos y personal de salud de la Maternidad Provincial han denunciado no sólo los bajos salarios sino también el deterioro de las condiciones del hospital ante la duplicación de los partos atendi­dos (la Maternidad concebida para 3000 partos anuales, está atendiendo cerca de 8000, contra los 4000 de años anteriores), un síntoma inconfundible del deterioro económico de la población que ya no pue­de pagar los plus de las clínicas, y de la quiebra de las obras sociales. Esta denuncia, que completa la del personal de TODOS los hospitales pro­vinciales, fue respondida por el gobierno radical con el proyecto de arancelizar los servicios hospitalarios, es decir, apagar el incendio con nafta. Al congelamiento sa­larial los docentes agregan tos reclamos en defensa de la escuela pública que está en ruinas, coincidiendo así con sus pares de las escuelas nacionales. El gobierno pretende “solucionar” esta situación municipalizando la enseñanza. Pero a su vez el municipio de Córdoba ha decidido pasar las escuelas municipales a la órbita de los consejos vecinales, es decir, dejar en manos de los padres y vecinos el sos­tenimiento de la educación. La miseria salarial completa la situación de dislocamiento que viven tos cordobeses: los empleados públicos no superan los 250 pesos mensuales y el gobierno pre­tende además dejar a 10.000 de ellos en la calle a través de los retiros “volunta­rios”. Las luchas abiertas ponen de ma­nifiesto los límites insalvables de la políti­ca capitalista del gobierno. La UCR de la provincia ha dado a conocer un documen­to que todos los diarios decidieron carac­terizar como un “duro ataque de Angeloz al gobierno (de Menem)” (Clarín 14/6). Sin embargo Angeloz está aplicando a rajatablas las exigencias de Cavallo y del FMI para las provincias: privatización del Banco Provincia, de EPOS y de EPEC, despido de empleados públicos, modifi­cación de la política de crédito hacia sec­tores de la pequeña y mediana Industria, e Incluso a capitalistas autóctonos que son mandados a la quiebra (Rigazzio). Es de­cir, el radicalismo cordobés responde a la política del gobierno menemista porque lo cierto es que ambos gobiernos profundi­zan la miseria de las masas y la liquida­ción de la economía provincial, y ambos actúan a cuenta del capital financiero in­ternacional. Angeloz ha elegido el camino de meterse a fondo en la destrucción de las condiciones de vida de las masas y con esto no hace más que agravar la situación y tos enfrentamientos sociales en la provincia. Los dirigentes sindicales no tienen ninguna política porque quieren a toda costa “consensuar” con el gobierno pro­vincial la forma de llevar adelante el remate de la provincia. Pero la decisión del gobierno de seguir adelante y la de los trabajadores de oponerse los ha colocado entre dos fuegos al que tratan de apagar con maniobras y paños fríos, pero que fracasan rápidamente por la envergadura que está adquiriendo la resistencia obrera y popular. Las tendencias a una lucha gene­ralizada de todos los sectores son cada vez más fuertes y requieren para su desa­rrollo de la coordinación de los activistas de los distintos gremios, e incluso fuera de los gremios (como los padres y los estudiantes de las escuelas nacionales, o grupos de pacientes de hospitales). Esto es el camino que está transitando Córdo­ba.

Asamblea del 26 de junio (F. Varela) Desde muchas escuelas so ha plantea­do la exigencia da plegamos a los paros y movilizaciones de los nacionales. La burocracia, en cambio, propone dividir a la pro­vincia en pantos regionales, con la ausencia notable de un reclamo salarial. Los celestes, en sus escuelas no hicieron asambleas, no promovieron la deliberación y simplemente, como en la escuela 29 del barrio Pepsi, amedrentaban a los docentes, mediante preguntas tales como “¿vos te bancas un paro por tiempo Indeterminado y loa des­cuentos?”. En este cuadro se llegó a la asamblea del 26. Del escrutinio de lo resuelto en las “consultas” escolares surgía que 24 es­cuelas aceptaron la propuesta de la buro­cracia (con algunos casos de crisis como en la 14 y la 29), contra 21 escuelas que plan­teaban desde paros progresivos de 48, 72 horas, etc., hasta paros continuados de una semana o paro por tiempo indeterminado. Varios docentes señalaron que la marcha del día anterior expresaba una tendencia profunda a la lucha, en el marco de la creciente debilidad del gobierno. El planteo de la equiparación con los municipales de Capital ($300 de básico) fue rechazado en varias intervenciones con la exigencia de $500 de básico. Las diversas posiciones contrarias a las de la burocracia se unificaron, lo que permitió, votar paros progresivos hasta el paro por tiempo indeterminado y $500 de básico. Roberto Gellert Ciudad Evita Luego de la gran movilización realizada el jueves 18 y encabezada por el Colegio Nacional Malvinas en contra de la transfe­rencia y por aumento salarial, los colegios de la zona llamaron a una concentración el día 24 para repudiar la Ley federal de Edu­cación y la política de destrucción de la escuela pública implementada desde el gobierno. Docentes, padres y alumnos cortaron las avenidas principales de ciudad Evita y repartieron volantes. Los colegios presen­tes (147, 918, 148, 149, media N°8, Etchegaray y Malvinas entre otros) repudiaron la presencia policial que intentaba custodiar de cerca a los manifestantes. Los docentes expresaron su profundo repudio a la dirección marysanchista y la necesidad de autoconvocarse en asam­bleas con colegios de la zona y de Villa Celina. Además se convocó a todos los presentes para la marcha del Congreso a Plaza de Mayo que se realizó al día siguien­te. “Yasky debe renunciar” El 5 de junio denuncié en la asamblea el acuerdo refrendado por Yasky con Farlas de Castro en el sentido de llegar a un aumento salarial sobre la base de ahorros presu­puestarios (disminución de licencias, etc.). No todas las escuelas estaban enteradas de este acuerdo, firmado en marzo. El 26 de junio poco antes de comenzar otra asam­blea, tres compañeros me llamaron para preguntarme si no correspondía exigir la renuncia de Yasky por ese motivo. Me sor­prendió la rapidez con que estos compañe­ros llegaron a la conclusión de que una traición de esta magnitud debe pagarse con la renuncia inmediata. Y aunque éste fue un planteo previo a la asamblea, que ésta no discutió, expresa el carácter profundo de la lucha que se está desarrollando. Roberto Gellert Moreno Un comunicado del ministerio de Educa­ción anunciando el cierre del magisterio y el pasaje a la órbita provincial del primario y secundario del colegio nacional Mariano Moreno, provocó una ola de repudio que en 24 horas se transformó en una de las más vigorosas movilizaciones que hayan recorri­do las calles de Moreno. Más de 400 personas, en su mayoría estudiantes, junto a docentes y padres se concentraron en la plaza San Martín al grito de que “en el gobierno hay una banda de delincuentes...” La movilización se dirigió a otros colegios de la zona como el R. Rojas y el Manuel Belgrano, transformándose en un verdadero piquete que impuso el aban­dono de clases. La dirección de este movimiento ha quedado virtualmente en manos de los estu­diantes, ya que la dirección de la seccional Moreno del SUTEBA que se declara oposi­tora al marisanchÍ8mo no ha jugado ningún rol. Los manifestantes han planteado poner en pie una coordinadora de docentes y estudiantes en lucha. Esteban Echeverría de Ramos Mejía Menemistas buscan aquietar las aguas La acción de padres y docentes de un lado y de estudiantes del otro, ha tomado por distintos carriles. Mientras los estudian­tes han logrado reunir a su centro con dele­gados votados por división y revocables por asamblea, las comisiones de padres han sufrido el desgaste que implica el trabajo burocrático de reclamos al ministerio de educación. El ministerio ha designado dos veedores que han actuado como verdaderos interven­tores, impulsando la licencia de la rectora Norma Ferré, quien protagonizara la despó­tica expulsión de Julián de la Fuente y pos­teriormente el ingreso de la policía para reprimir a los estudiantes que manifestaban contra la medida. El accionar de estos “vee­dores” es acompañado por un reducido grupo de padres, entre los que se encuentra un funcionario gubernamental, militantes del radicalismo y del PC, que han creado una “comisión de convivencia ’’que traba­ja en asociación con los “enviados” del ministerio. Paralelamente, el centro de estudiantes resolvió intervenir en la sentada que se realizó el miércoles 24, en una marcha que recorrió la avenida Rivadavia y en la marcha del 25. General Sarmiento Los mandatos de escuela que llegaron a SUTEBA el 19/6 eran implacables: ¡paro con los nacionales ya! Los dirigentes trataron de bicicletear con la cuestión de la “organización”, “nada fuera del sacrosanto sindica­to Suteba” y se impuso entonces por la presión de los delegados presentes una nueva reunión para el 23/6. Todos los mandatos que lle­garon allí establecían moción propia de cada escuela, en general consistente en 500 pesos de básico y reclamo de huelga nacional. Nadie voto por la moción de SUTEBA, FEB y SADOP que consistía»“ proponer paros regionales! Del 6 al 17 de julio. De igual manera las escuelas expresaron su oposición a que el jueves fuera abandono de tareas como lo presentó la dirección de SUTEBA y se impuso en la reunión de delegados que hasta ahora no podían resolver nada porque eran consultivas, que el jueves 25, en sarmiento fuera paro. La asamblea general del 26/6 ratifico esta tendencia: ganó la moción de paros progresivos nacionales de 24, 48 y 27 horas y discutir el no inicio después de las vacaciones. Se repudió la actitud de la dirección de CTERA y SUTEBA de haber dividido la marcha del 25. Luchan y se organizan El ascenso crece en el interior del país La movilización de la comunidad educativa en el interior del país es masiva y profunda. En todas las ciuda­des de Rio Negro se han formado comisiones de padres. El pasado sába­do 27 un Encuentro Provincial reunió en la ciudad de Roca a 1.500 padres, do­centes y estudiantes, conformándose una coordinadora. El Encuentro adoptó como lema “la defensa de la escuela pública y la supresión de los subsi­dios a las escuelas privadas con fi­nes de lucro”. Además, se aprobó un programa que reclama el aumento del presupuesto educativo y la publicidad de las cuentas fiscales, para conocer cómo la gobernación usa los recursos. La exigencia de que se supriman los subsidios a las escuelas privadas fue in­troducida por los delegados de Alíen, sin discriminar entre privados “con” o “sin fines de lucro”, pues es sabido que el grueso de las escuelas privadas encubren la subvención estatal con esta última denominación. La Coordi­nadora resolvió realizar marchas el pró­ximo 8 en toda la provincia. En Neuquén la movilización se ini­ció a partir de una asamblea de 300 padres en Plottier. El viernes 19 mar­charon más de 1.000 padres, docentes y estudiantes 18 kilómetros hasta la capital, engrosándose la columna en Senillosa. En Neuquén se sumaron otros miles, por lo que la marcha llegó al centro de la ciudad con 2.500 manifes­tantes. Sin embargo, la dirección de ATEN provincial dio a conocer un docu­mento donde señala que la ley de Edu­cación, con media sanción del Senado, contiene “algunos aciertos’’^ enuncia objetivos “loables” por lo que propone que la comunidad educativa se dedique a elaborar “mejoras”. Por esta razón, en algunas asambleas en Neuquén Capital está prosperando la posición de que la directiva de ATEN Provincial no dirija las reuniones, sino que lo hagan los dirigentes de ATEN Capital. En Córdoba la iniciativa de movili­zación partió de la Escuela Normal Carbó, de Dean Funes y del Colegio Manuel Belgrano, que marcharon el martes 23 por el centro de la ciudad. A los pocos días este ejemplo fue seguido por las escuelas técnicas. Un paso muy importante dio, a su vez, una asamblea de delegados docentes de la Capital que mandató a sus delegados departa­mentales a votar un paro y movilización coordinada con los docentes naciona­les, antes de las vacaciones. En Rosario, el puntapié de la movi­lización lo dieron los docentes naciona­les que formaron el Movimiento de Do­centes Autoconvocados, y los secunda­rios, que luego de una movilización que congregó a 1.000 jóvenes, constituye­ron la ESU (Estudiantes Secundarios Unidos), con el objetivo de conformar una federación estudiantil. Estas dos flamantes organizaciones fueron las que convocaron a concentrarse el 20 de junio frente al Monumento a la Bandera (por la visita de Menem), lo que obligó al presidente a faltar a la cita, y “sobrevo­lar las zonas inundadas...”.También en Santa Fe, el jueves 26, tuvo lugar una gran marcha. En Tucumán la iniciativa vino de los secundarios del interior de Monteros, Aguilares, Simoca, donde tuvieron lu­gar las primeras marchas. Rápidamen­te la agitación llegó a la Capital y el jueves 26 unos 1.000 secundarios se concentraron en la Plaza Independen­cia. En la Universidad, la iniciativa partió de la Facultad de Artes que convocó junto a la Federación Docente Universi­taria (FEDIUNT) a una marcha el vier­nes 19, a la que concurrieron más de 500 estudiantes, más de la mitad de la Facultad de Artes. La insurgencia educativa tuvo una acogida en Catamarca porque a los 1.500 que marcharon en la Capital, se sumaron otros cientos en Belén, Tino gasta, Andalgalá. Los docentes provin­ciales resolvieron paros de 24 y 48 ho­ras. En La Plata la movilización universitaria superó a la conducción de la FULP que se había limitado a poner algunos micros para la marcha en Buenos Aires del viernes 19. Unos 500 estudiantes “coparon” un tren y de esta forma se armó la gran columna platense que marchó junto a miles de estudiantes en la Capital Federal. Berazategui En la primera jornada de paro de los estudiantes nacionales, los preceptores del Tristán Achával no se presentaron a traba­jar y presionaron de ese modo a que los pro­fesores hicieran una asamblea a las 7.30 horas para decidir si adherían al paro. Los estudiantes se retiraron y decidieron elegir delegados por curso para formar el Centro de Estudiantes. El primer día de paro decidieron no en­trar a clase y ante las presiones del Vice­director, los profesores y los pibes decidie­ron quebrarlo con consignas y cortar la Avenida Mitre. No conformes con esto, se movilizaron diez cuadras a buscar a los estudiantes del Politécnico (la otra escuela nacional). Allí fueron recibidos con algara­bía por los alumnos, pero el director sólo permitió la salida a los delegados. Luego se movilizaron hasta la municipalidad para hacer una sentada Los recibió el intenden­te y los delegados les presentaron sus re­damos. El jueves (día de la marcha), salieron de la puerta de la escuela junto con muchos profesores, hacia la Plaza de Mayo. Graciela Ferraud – Berazategui Quilmes, Varela, Berazategui El miércoles 24/6, docentes, padres y estudiantes de la E.N.E.T. N° 3 y del Cole­gio Perpetuo Socorro de Quilmes Oeste marcharon hacia el Consejo Escolar por la Defensa de la Escuela Pública y gratuita y aumento de salario para los docentes, a la sé que sumó el Normal y Nacional de Quil­mes. En San Francisco Solano padres, docentes y alumnos del Colegio Piedrabuena, Técnica y Norma) realizaron una con­centración y corte de la calle 844 con la consigna “No a la Privatización de la Educación”, donde plantean la formación de una coordinadora de todos los sectores. Florencio Varela: El jueves 26/6 unos 800 estudiantes y docentes del Comercial N° 1, N° 2; de la Técnica N° 1 y de los cole­gios de la Curva, Nacional y Técnica y se movilizaron a la Plaza San Martín de Varela. La movilización terminó en el marco de la confusión. Entre los estudiantes se abrió el debate sobre la necesidad de organizarse en forma independiente. San Fernando: marcha y represión El 16/6 se movilizaron 2000 alumnos, padres y docentes del Normal de San Fer­nando frente a la municipalidad. En ese momento, una patota de matones “munici­pales” se agarraron a golpes con los estudiantes y los padres, dejando heridos a 2 alumnos, con contusiones y hemorragias. Viviant (intendente de San Fernando) es responsable de esta provocación que fue repudiada por toda la juventud y la comunidad educativa. Pronunciamiento de la es­cuela n°54 de Hurlingham Hurlingham, 23/06/92 En el día de la fecha se reúnen en la escuela N° 54 padres y docentes. Se pronuncian por: Contra la Ley Federal de Educación, porque: -Liquida la escuela secundaria, eliminando sus tres últimos atas. -Liquida la educación inicial públi­ca, pasando los jardines a Acción Social, previo a la privatización. -Aranceliza la educación superior y se considera su eventual aplicación en la secundaria. -Implementa a partir del tercer año de la escuela secundaria lo que se denomina “enseñanza polimodal”, de la cual el Estado no se hace responsable. -En síntesis, la Ley Federal de Educación es llevar a la escuela pública a su privatización. Como parte de la lucha por la defensa de la escuela pública, planteamos: -Inmediato aumento de sueldo que lleve el básico a $500. -Inmediato aumento del presupuesto educativo. La lucha de las escuelas nacionales por el aumento de salario y contra la Ley Fede­ral de Educación es nuestra misma lucha como docentes provinciales. Siguen más de 80 firmas de padres y docentes reunidos en la asamblea. Mary (docente), escuela N° 54 Hurlingham Lanús en movimiento El jueves 25 a las 10 horas la dirección de SUTEBA de Lanús convocó a una asam­blea informativa, a la que concurrieron más de 200 docentes. De entrada la burocracia propuso que no se discutiese ningún tipo de aumento salarial porque “serla egoísta pensar en eso en este momento” y anunció que la asamblea no era resolutiva. Varios representantes de escuelas plantearon la necesidad de un reclamo salarial concreto de $500 de básico, el rechazo a la ley de educación y la necesi­dad de medidas conjuntas de los docentes provinciales en oposición a los desgastan­tes paros rotativos que proponía SUTEBA. Al día siguiente se realizó la reunión de afiliados donde se votó una medida provin­cial y se planteó en algunas escuelas el paro por tiempo indeterminado. Secundarios de San Martin El martes 16 tuvo lugar en la plaza San Martín una importante concentración de dos horas de más de 600 padres, docentes y estudiantes (como dato significativo mencionaremos la presencia de un grupo de estudiantes del colegio privado Lassalle). Otro hecho destacable es la revitalización o puesta en pie de numerosos centro« de estudiantes (Tomás Guido, E.E.U.U ENET Emilio Mitré, y la formación de i¡¡ “coordinadora de Estudiantes secunda­rios de San Martin y 3 de Febrero”. A la gran marcha del 25 asistieron unos mil estudiantes, profesores y padres de 17 colegios de San Martín, Ballester y Tres de Febrero. Miguel - San Martin Suteba San Martin La Asamblea de Docentes y padres convocada por el SUTEBA San Martín el pasado jueves 25 no solo fue numerosa (quinientas personas) sino que adoptaron decisiones trascendentes. Se dieron un carácter resolutivo, en oposición al planteo de la burocracia y a los estatutos del SUTE­BA; criticaron el planteo de “paros rotati­vos” por desgastantes, y aprobaron las siguientes reivindicaciones: 1) por un paro nacional de la CTERA ya. 2) no a los paros regio­nales. Por paros provinciales progresivos con o sin resolución de CTERA. Unificación con los paros que resuelvan los nacionales. Unidad con la docen­cia de toda la provincia 3) por 500 pesos de básico para el inicial. 4) no a la ley general de educación. 5) no a los subsidios a la escuela privada. Merlo En Merlo el movimiento comenzó acompañando en forma dispar los paros de Capital. Tal el caso de los colegios de Pontevedra y Padua. La onda expansiva alcanzó a las “privadas” asistidas por el Estado. El Sarmiento de Padua protagoni­zó la última semana una impresionante mo­vilización callejera contra la duplicación de los aranceles dispuesta por las autorida­des. Un día antes de la gran movilización del jueves 25 en Capital, una importante asamblea de más de 60 docentes “auto- convocados”, fundamentalmente de es­cuelas medias, resolvió marchar en forma conjunta previamente por las calles céntricas del distrito. Hicieron punta aquí los compañeros del Centro de Estudiantes de la Media de Liber­tad, turno noche, convergiendo con más de 10 escuelas del distrito en el Mástil. Este movimiento de lucha recién se inicia. A diferencia de la gran traición del '88 la burocracia sindical está completamente desprestigiada. El movimiento de “autoconvocados” de Merlo, debe establecer claramente un programa de reivindicaciones y tiene que establecer una política hacia las organiza­ciones gremiales docentes. Sería un error despreciar esta cuestión. Corresponsal Rebelión en el Moreno Capital En el Colegio Mariano Moreno se ha producido una verdadera sublevación. En el término de 10 días se han realizado dos asambleas de toda la comunidad escolar, con la presencia de docentes, alumnos y padres; tres cortes de calle; y la concurrencia a la multitudinaria marcha del jueves 25 de junio. La realización de la segunda asamblea dio lugar a la formación de una comisión, de padres y a la formación de un organismo tripartito. El Centro de Estudiantes plantea las siguientes consignas: -No a la Ley de Menem y Salonia -No a la privatización de la escuela pública -Por un salario docente igual a la canasta familiar. -25 % del presupuesto para educación en base al no pago de la deuda externa. Corresponsal

En la escuela 6 del Barrio de Saavedra de Capital Federal se organizó un debate sobre la Ley General de Educa­ción con panelistas de distintos partidos y la asistencia de 150 padres y docentes de escuelas primarias y jardines. Todos los oradores se pronunciaron contra la ley (que sólo fue defendida desde la mesa por una asesora del senador Romero Feris). Pero, como balance, se puede decir que de las expo­siciones y de la Intervención del público se vislumbraron dos grandes tenden­cias, tanto en lo referido a la caracteriza­ción de la misma como a la política que corresponde adoptar para enfrentarla. Por un lado, la crítica de la centroizquierda (Chacho Álvarez, Bravo, Ana Di Lorenzo del Frente solanista y hasta re­presentantes radicales) a la media san­ción del Senado tenía el rasgo común de eximir de cualquier responsabilidad polí­tica a los partidos que la votaron. Ana Lorenzo, de Solanas, la hacía aparecer como enfrentada a proyectos constitu­cionales del justicialismo, pero para eso se tenía que ir olvidando incluso que la reforma del '49 incorporara la educación religiosa obligatoria, por ejemplo. Por otra parte, Jorge Altamira carac­terizó que la sanción del Senado forma­ba parte, precisamente, de una tendencia “constitucional”, como lo evidenciaron las reformas en Córdoba, Tucumán, Salta e incluso en la propues­ta derrotada por el plebiscito en 1990 en la Provincia de Buenos Aires. Altamira señaló que el contenido financiero de la ley habla sido impuesto por el FMI. Yendo al fondo, nuestro compañero señaló que la destrucción de la educa­ción y de la salud públicas formaba parte de una tendencia de conjunto del capita­lismo, el cual necesita Incorporar a los “servicios” al modo de producción di­rectamente capitalista (privatización) y reducir el componente social (gratuidad) del salarlo. En función de todo esto Altamira ex­trajo la conclusión clave de que las rei­vindicaciones educativas son incompati­bles con el “plan Cavallo” y, en última instancia, con el actual régimen social. Respecto a la política a adoptar contra la ley, la tendencia centroizquierdista adoptó un enfoque derrotista que chocaba con la combatividad reinante. Para este sector la resistencia pasa por el Parlamento, donde la posición de “máxima” sería lograr una ley “consen­suada” y la de “mínima” frenar algunos nos puntos. El problema es, según los panelistas centroizquierdistas, que oficialismo lograría quórum propio en la Cámara de Diputados. El “Chacho” Álvarez del Fredejupo llegó a recomendé que los asistentes telefonearan a los diputados oficialistas para presionarlos a un “cambio de voto”. No se podría pedir una confesión más clara de impotencia política de este sector. Jorge Altamira planteó en cambio que era posible acabar con la Ley. Pronosticó (antes del jueves 25) que la movilización crecería en profundidad y extensión y plantó que sólo ésta “rebelión” de la comunidad educativa llevada hasta la huelga general podría imponer una derrota al gobierno y al clero. “Consensuar”: una aberración gramatical y política La CTERA ha lanzado un operativo político destinado a salvar la ley de educación menemista. La dirección encabezada por Mary Sánchez no pide el rechazo del pro­yecto aprobado en el Senado sino que se incluyan en su articulado disposiciones sobre el “financiamiento” de la enseñanza. Los dirigentes de CTERA repiten que son necesarios “recursos ’’para que la ley no sea una “mera declaración de principios'' y para que se puedan concretar sus “aciertos “y “objetivos loables “ (Rio Negro. 29/6/92). La ley del clero y los capitalistas de la educación es un planteamiento de conjunto dirigido a demoler la enseñanza pública. La pretensión de “corregirla” es inevitable y va en contra de los reclamos populares. En lugar de convocar a los diputados que dicen oponerse a la ley a apoyar la rebelión educativa, la CTERA pretende conseguir una ley “consensuada” en un Par­lamento dominado por las tendencias políticas y sociales de la reacción y el gran capital.

El verdadero “congreso pedagógico” recién se está realizando en Argentina. No a puertas cerradas como el que “organizó” el gobierno alfonsinista en 1988, con una mayoría digitada de delegados del clero reaccionario, que sentó las “premisas” de la “ley de educación” que acaba de aprobar el Senado. El “congreso” que se está realizando ahora a lo largo y a lo ancho del país, tiene las puertas abiertas, convoca a miles de escuelas, se mani­fiesta en sentadas, en cortes de aveni­das, y en marchas en los distritos y a Plaza de Mayo (centro del poder políti­co). Las decenas de notas que nos han llegado de todo el Gran Buenos Aires revelan que el cordón industrial es un epicentro de esta vasta movilización. De nuevo en pie Al calor de los actuales reclamos se están poniendo de nuevo en pie los docentes del Gran Buenos Aires, cuyos sindicatos habían sido vaciados des­pués de la gran huelga del ‘88. A las asambleas donde antes concurrían una decena de maestros asisten ahora centenares, y en ellas, como si se calca­ran, impugnan en la mayoría de los casos la política de la burocracia de SUTEBA. Las Asambleas de San Martín, Morón, Berazategui, Moreno y General Sarmiento han rechazado la propuesta de la dirección del sindicato de realizar paros rotativos regionales para votar en cambio la realización de paros nacionales de 24,48, y 72 horas. En algunos distritos se comienza in­cluso a reclamar el no inicio de las clases después de las vacaciones de invierno, en el previsible caso de que no hubiera respuestas satisfactorias del gobierno. En la casi totalidad de los distritos se ha impugnado también la estrategia sa­larial de la CTERA, que consiste en reclamar la equiparación con los 300 pesos de básico de las escuelas municipales de Capital, y se ha impuesto casi en forma unánime la exigencia de un mínimo inicial de 500 pesos. La inmensa mayoría de las asam­bleas repudió igualmente la conducta divisionista del gremio en la moviliza­ción del día 25 a la Plaza de Mayo, cuando la burocracia de CTERA se retiró antes de que llegara el 75% de los asistentes. En las asambleas donde la com­prensión política de las cuestiones edu­cacionales en juego se ha demostrado más amplia, como ocurriera en una asamblea de 500 docentes en San Martin, fue criticada la política de CTERA de impulsar una corrección de la media sanción del proyecto de ley de Educación en el Senado, por miedo de un acuerdo con los bloques justicialista y radical en Diputados. La burocracia de CTERA, recordemos, ha apoyado las conclusiones del Congreso Peda­gógico de 1988, es partidaria de la educación privada y también apoya los fines ideológicos del proyecto, como la función educativa de la familia o el obje­tivo de desarrollar la “identidad na­cional”. Esta burocracia solo objeta la ambigüedad de algunos artículos (por ejemplo en lo que se refiere a la conti­nuación del ciclo de “educación básica”) y la ausencia de referencias al financiamiento educativo, en el cual incluyen el financiamiento a la educa­ción privada. Aun con estas severas limitaciones el reclamo financiero es vago, esto porque el 6% del PBI o el 30% del presupuesto constituyen montos indefinidos y variables, que pueden ser manipulados a gusto y que no cubren las necesidades del gasto educacional. En oposición a todo esto, la asam­blea de San Martín ha votado el rechazo al proyecto de ley de educación, el cese de los subsidios a la educación privada y los mencionados 500 pesos de salarlo básico inicial. Este programa que tiene un significado histórico para el distrito que siempre fue dominado por la bu­rocracia, hace trizas toda la estrategia de Mary Sánchez y muestra a las claras en qué situación y con qué condiciona­mientos previos convoca la CTERA a la marcha del próximo viernes 3. La juventud de pie El movimiento de la juventud tam­bién ha iniciado un gran ascenso. En San Martín se ha formado una coordi­nadora de 18 colegios, a la que se están sumando incluso los colegios privados. La coordinadora ha discutido un progra­ma que contempla el repudio a la ley de educación, un salario básico de 500 pesos para los docentes y la “libertad de organización”. Esta coordinadora ya realizó varias marchas y sentadas en el distrito y concurrió con más de 1000 jóvenes a la Plaza de Mayo, con micros financiados a través de colectas masivas entre alumnos, padres y profesores. Movilizaciones similares se están dando en la Zona Norte del Gran Bue­nos Aires, por ejemplo en los colegios nacionales de Vicente López, con sen­tadas y cortadas de avenidas. En San Femando, 2000 estudiantes y padres realizaron una gran movilización hasta la municipalidad, donde fueron enfren­tados por matones del Intendente Viviant. El colegio nacional de General Pacheco está también movilizado. Una movilización con sentadas y marcha se produjo en San Miguel (Ge­neral Sarmiento), a la que concurrieron 1000 estudiantes de los principales colegios de la zona; el ultra-menemista Ortega (hermano de Palito) tuvo que atender a una delegación de padres y alumnos nombrada en asamblea du­rante la propia marcha. Al salir de la entrevista con Ortega, sin que éste hubiera dado respuesta alguna, se votó allí mismo una marcha de repudio a la visita que hará el gober­nador Duhalde al distrito. En la Zona Oeste del Gran Buenos Aires la movilización también crece. Más de 1000 padres y estudiantes de seis colegios de la Ciudad Evita, de la Matanza, realizaron una movilización que terminó en corte de rutas y senta­das, y en la puesta en pie de una coor­dinadora. Los alumnos del Esteban Echeve­rría se siguen movilizando, y el gobier­no se vio obligado a otorgar licencia “obligada” a la directora que mandó la policía al colegio, y a reincorporar al alumno expulsado (ver Prensa Obrera N° 358). Hubo una asamblea de 600 padres y alumnos en el Nacional Dorrego, de Morón, y se realizaron marchas en Merlo, donde varios colegios asistieron masivamente a la Plaza de Mayo, con varios profesores a la cabeza de las columnas. Comienzan también movili­zaciones en Moreno y Paso del Rey organizadas por los nuevos centros de estudiantes. En la zona Sur, en Quilmes y Fran­cisco Solano, Esteban Echeverría, Lo­mas de Zamora y Varela existe un cuadro similar, con movilizaciones a la municipalidad en Berazategui, corta­das y sentadas en Lomas, en Lanús, y asambleas para determinar las accio­nes a seguir. Los miles de estudiantes que se movilizaron el año pasado contra la “transferencia”, ahora están forman­do decenas y decenas de centros de estudiantes. En muchos casos (Tristán Achával de Berazategui), esto obliga a que los profesores también se organi­cen y comiencen a moverse. No existen por ahora signos de ago­tamiento en estas movilizaciones sino una tendencia a sumar más colegios, y más alumnos, docentes y padres al movimiento. Una muestra clara de esto es la irrupción de los privados (docen­tes y alumnos) en San Martín, y San Isidro. No todas son flores Los principales obstáculos que en­contrará el movimiento ya se están di­señando. El reclamo de Salonia contral planteos “corporativos” significa que el gobierno ofrece una negociación parlamentaria para terminar con la presión de la calle y de la masa. Es precisamente lo que está buscando la burocracia sindical, el grupo de los 8 y el Frente del Sur. Es la posición del clero y de las patronales de la educa­ción. Para encaminar esta negociación la burocracia de Mary Sánchez está preparando un “proyecto alternati­vo”. Pero para el pueblo la necesidad del momento no es una ley sino liquidar de raíz el proyecto clerical y fondomonetarista, para el cual no existen alternativas que se puedan mejorar o “consensuar”. Lo que el pueblo ne­cesita es el salario inicial de 500 pesos, triplicar el presupuesto educacional y la libre organización de los estudiantes y de los jóvenes. El gobierno se en­cuentra por ahora desconcertado por la magnitud de la crisis y por la descon­fianza de los “buitres” de la Bolsa de Comercio que temen que esto sea el principio del fin de su agosto en materia de especulación. La caída de la Bolsa es una confesión del carácter irrecon­ciliable del antagonismo entre la edu­cación pública y gratuita con la espe­culación y la entrega. Una nueva ley será la tarea de un nuevo gobierno no de los explotadores sino de tos trabaja­dores.

Los alcances de las elecciones del pasado domingo 28 no pueden ser circunscriptas al ámbito de la Capital. Después de todo la Capital Federal es la que más se ha beneficiado con las superganancias especulativas fabrica­das por el “plan” Cavallo, algo que con­trasta con la situación de tierra arrasada que caracteriza al interior del país. Aun en alianza con la Ucede, el menemismo per­dió nada menos que el 25% del caudal electoral que obtuvo en 1991. El propio Menem “nacionalizó” la campaña elec­toral cuando con todo su equipo ministe­rial salió a la calle vanamente a levantar al candidato oficialista. La debacle del menemismo no se ha transformado aun en una crisis política abierta por la política de contención que es propia de De la Rúa. El flamante sena­dor se propone “buscar un diálogo en serio, que sirva para encontrar deno­minadores comunes” (Clarín, 30/6), y para “que alguien recomponga el diá­logo con los sectores de la educa­ción”. De la Rúa—hombre de la iglesia— propone un “esfuerzo” bipartidario que saque a la reaccionaria reforma educati­va del pantano, y en especial que saque a los docentes, padres y estudiantes. De la Rúa volvió a repetir, como lo hizo durante toda la campaña electoral, “que nadie cuestiona la estabilidad económi­ca...”, otra indicación de que pretende colaborar para sacar al “plan” Cavallo de su presente crisis, esto a costa de los trabajadores. Estas claras definiciones de De la Rúa tienen el muy intencionado objetivo de vaciar de contenido al desastre electoral sufrido por el clan menemista, y evitar una crisis generalizada al estilo de lo que ocurre en Brasil o Venezuela. Todas las fracciones de la UCR comparten la posi­ción de De la Rúa, como lo demuestra el caso de los dirigentes de la FUBA, que luego de haber prometido un paro univer­sitario, no concurrieron a la marcha del 26 de junio ni llamaron a parar el 3 de julio. Frente del Sur El Frente del Sur fracasó en toda la línea, aunque haya tenido éxito el mez­quino intento de mantener la personería electoral por parte de la decena de grupejos que se escondió durante un mes detrás de la pantalla cinematográfica de Solanas. “Pino” Solanas sacó menos votos que el que obtuvieron separada­mente en 1991, las fuerzas que lo apoya­ron el domingo pasado. Una parte de los votantes del Fredejuso, de la Alianza Frente Popular o del PC, del año pasado, emigró esta vez directamente hacia el radicalismo. En lugar de romper la polarización bipartidista el Frente del Sur retrocedió en beneficio de ella. Lo que unió en verdad a ex-moscovitas, ex- maoistas, ex-menemistas y ex- alfonsinistas, no fue un programa ni si­quiera una plataforma electoral, de la que el Frente del Sur aún carece y que no podrá tener nunca, sino el espanto del 2%. Echegaray, del PC, fue por eso el más exultante con los resultados, en contraste con la decepción del comando electoral del Frente del Sur. También la Unidad Socialista quedó pulverizada, pues era sabido que el menemismo fue el verdadero artífice de la candidatura de Polino a expensas de Alfredo Bravo. Se ha pretendido desde el centroizquierda destacar la performance electoral del Modin, algo que no debe sorprender pues el parásito centroizquierdista se ali­menta de los cucos fascistas. El lugarteniente de Rico recogió los votos de Fuerza Republicana, que no se presentó, y del Movimiento Nacionalista Constitucionalista, que a último momento de­sertó de la elección, más algunos restos del aparato descompuesto del me­nemismo. Para esta centroizquierda, en especial la de cuño stalinista, todo lo que exagere de palabra el “peligro” riquista le sirve para seguir con la cantinela vacía de la unidad contra la derecha, sin comprender que el mayor obstáculo para la unidad revolucionaria es ella misma. Gobierno en crisis Las elecciones porteñas reflejaron el inmenso repudio popular al menemismo y la inmensa crisis de éste. El radicalismo y también el centroizquierda pretenden aprovechar esta circunstancia para po­tenciarse ante la burguesía y el imperia­lismo como una alternativa capaz de contener y llevar a la vía muerta los gran­des reclamos obreros y populares que se están expresando por todo el país. Esta es la gran cuestión que se plan­tea ya abiertamente en la juventud y en el gremio docente. “Consensuar”, “reto­car algunos puntos de la ley educativa en Diputados”, “consensuar la refor­ma provisional”, y “emparchar el ga­binete de Menem” con este programa actúa la UCR y la burocracia “sudaca” de CTERA. Significa sacrificar los reclamos populares para rescatar al menemismo. El radicalismo entrará rápidamente así en una nueva crisis política sin haber salido aun de la anterior.

Desde la huelga del Bernasconi ha pasado poco más de un mes; desde la concentración de secundarios frente al Pizzurno apenas unas dos semanas. La movilización de algunos miles se ha transformado ahora en una huelga nacional; la marcha convocada para el 3 de julio reunirá a decenas y decenas de miles de personas. Esta lucha, que ya abarca al país entero, ha sorprendido a “los de arriba” con una mano adelante y otra atrás. Esto vale para los charlatanes que fingen creer que Argentina entró en un nuevo milenio de “estabilidad”, como a los burócratas sindicales de CTERA que, según su propia versión, se negaron sistemáticamente a organizar cualquier clase de lucha “para demostrar al país que la educación se paraliza sola, sin necesidad, de que lo haga una huelga”. ¡Cómo si el derrumbe escolar organizado por el gobierno pudiera colocarse en el mismo plano que la lucha para salvar a la escuela pública de la destrucción! En pocas semanas la comunidad educativa ha pasado, entonces, de la escaramuza aislada a un paro nacional – un paro nacional arrancado “desde abajo”. Porque aquí también es verdad que la huelga general ya marchaba sola. En el gran Buenos Aires, la propuesta de “paros rotativos” por región, efectua­da por la burocracia de Mary Sánchez fue rechazada en todas las asambleas, que sí redamaban los “paros naciona­les progresivos” hasta la huelga indefinida. La consigna general de los “de arri­ba’’ para hacer frente a esta situación, ha sido formulada, aunque no se pueda creer, por el itinerante ministro Salonia. La presión de la calle, dijo el ministro del episcopado, no puede imponerse a la voluntad del parlamento. Las enti­dades educacionales privadas sacaron, entonces, una solicitada en tamaño re­ducido para no despertar las iras, es que llaman a distinguir los reclamos sociales de las “agresiones ideológi­cas’’. En suma, algunos pesos para los docentes, sí —de paso se aumentan los subsidios a los privados, pero nada de tocar el “contenido” del proyecto de ley de educación votado por el Congreso. Así ha quedado definido el contorno general de la salida “consensuada” que deberá tener lugar en Diputados, para lo cual se necesita el concurso del radicalismo y de la burocracia de CTERA y de los diputados que le responden. Este centroizquierda también piensa que la calle no debe imponerse al Congreso – razón por la que CTERA no se detiene frente a la Casa Rosada y por la que se empeña en evacuar la Plaza de Mayo apresuradamente. Pero no hay que olvidar que la “sali­da consensuada” tiene ya cuatro años de antigüedad. En 1988 todos los parti­dos patronales respondieron al llamado del clero y junto con él fraguaron el Congreso Pedagógico. De este “con­greso” salió el proyecto bárbaro que se quiere transformar ahora en ley, así como el lustro que hemos sufrido de derrumbe de la escuela pública. El movimiento popular debe ser advertido de esta estrategia diseñada para derrotarlo, y también de que los encargados de llevarla a cabo, o los responsables de la tarea principal de su implementación, son la burocra­cia de CTERA, el radicalismo y los re­bautizados en el Frente del Sur. Fren­te a esto el Partido Obrero dice: La ley, a la basura. Ninguna ley es la menos mala de las leyes. Necesitamos medi­das prácticas: 500 pesos de mínimo salarial inicial, plata para las escuelas, cese de los subsidios a la educación privada y confesional. La cuestión educacional es esencialmente social e ideológica —debe armar al pueblo para luchar contra la explotación y for­mar a la juventud y a los trabajadores en el espíritu y en el método de la ciencia. La burocracia de CTERA propone ofrecer un proyecto de ley alternativo, que hasta ahora nunca elaboró! Lo quiere sacar de la manga para facilitar la puesta en escena de una negociación para el “consenso”. Pero esa buro­cracia defiende la privatización de las escuelas, defiende la injerencia del clero, caracteriza a la iglesia como un factor nacional cuando en realidad es antinacional. Improvisar entre nosotros un debate acerca de un proyecto alternativo solo apunta a divi­dimos, de un lado, y a buscar una conci­liación imposible con el proyecto reac­cionarlo, del otro. No basta que comprendamos el con­junto de esta situación para evitar que nos traicionen; es necesario, además, actuar en consecuencia. Esto significa lo siguiente: desarrollar más y más el método de asambleas resolutivas en los sindicatos de CTERA; desarrollar el movimiento de docentes autoconvocados; desarrollar los centros y coordinadoras estudiantiles; preparar a fondo un congreso de beses nacio­nal de los estudiantes secundarios, por distrito, provincial y nacional. El pueblo a la lucha; la ley, a basura.