Prensa Obrera N° 355

A fines de 1923, el gobierno radical de Alvear había decidido impulsar una ley de jubilaciones, la 11.289. Es el “estado paternalista”, dirán sus apologistas. El proyecto, sin embargo, va a encontrar una cerrada oposición en el conjunto del movimiento obrero de la época. La central sindical, la Unión Sindical Argentina (USA), votará en sus congresos la lucha para impedir su efectivización. ¿En qué consistía la 11.289? Básicamente, establecía un régimen jubilatorio que era financiado con el descuento del 5% del salario a cargo de cada obrero y de otro 8% a cargo del empleador. Las cajas estaban regidas por un directorio mixto integrado por representantes del Estado, de los afiliados a las cajas y de la patronal. El conjunto del movimiento obrero se opuso al descuento de los salarios a cargo de los obreros. El 3 de febrero de 1924,30.000 trabajadores realizaron un acto frente al Congreso. El gobierno se vio entonces obligado a postergar por sesenta días la entrada en vigencia de la ley, en un momento en que arreciaban las huelgas obreras (textiles y otros). Pero a mediados de marzo el gobierno anuncia que se empezará con los descuentos desde el 12 de abril. La respuesta obrera no demoró: a fines de abril ya hay numerosos gremios en huelga. Algunas tripulaciones de barcos obligan a las patronales a través de la huelga a devolver los aportes descontados. El congreso de la USA decide encabezar los actos del 12 de Mayo con este reclamo y declarar la huelga por tiempo indeterminado —si el gobierno no retrocede— a partir del 3 de mayo. En el acto del 12 de Mayo que se realiza en la Plaza San Martín, participan más de 40.000 trabajadores. La huelga comienza al día siguiente y el 3 de mayo se hace general. Eldía5de mayo, sorprendentemente, las cámaras empresarias nucleadas en la Asociación Nacional del Trabajo deciden decretar un lock out, en una acción que apunta a terminar de cuajo con el intento de establecer un régimen jubilatorio, ante la perspectiva de que los obreros pudieran imponer uno financiado exclusivamente por los patrones. Ese lock out le ha servido a algunos historiadores como Julio Godio (ex PTP, hoy menemista) para atacar a la USA. “La posición de la USA resultaba sumamente negativa porque estimulaba el ‘antiestatismo’...” dice (página 163 de su Historia del Movimiento Obrero Argentino, 22 tomo). Para el mao-menemista, las ventajas del "estatismo” están fuera de discusión y hasta le resulta sorprendente que la USA no admita la reducción de los salarios. Los trabajadores rechazaron el lock out patronal y profundizaron la movilización. Hubo gran número de detenidos, choques entre huelguistas y policías, locales clausurados. El 8 de mayo, la USA levantó la huelga general — previa libertad de los detenidos— cuando el gobierno posterga la vigencia de la ley y propone al Parlamento que discuta su modificación. Sólo el aporte patronal Los Godio y Cía. presentan a la corriente sindicalista que dominaba el movimiento obrero de la época como “alocados”. “Se negaban... a que el Estado interviniese en forma permanente en las relaciones laborales” (página 156). ¡Qué locura! Para los “sensatos”, la cuestión jubilatoria debía servir para plantear la integración de los sindicatos al Estado (y de paso rebajar los salarios). Pero la USA no rechazaba la jubilación sino solamente el descuento obrero. Sebastián Marotta, en su Historia del Movimiento Sindical Argentino (tomo 3, página 162), señala que la oposición de la USA “no está determinada por el repudio a la jubilación. La contribución a las Cajas, a costa de los salarios, significa reducir “la mezquina pitanza de los hogares proletarios”. Cuando el gobierno ofrece negociar “la USA declara que ya había manifestado cuáles eran las condiciones para aceptar la ley... No aceptarían los descuentos en los salarios, ni traba legal alguna, que menoscabe la personalidad sindical de los asalariados” (página 163). Esto último, para impedir que los afiliados obreros a las Cajas fueran representados al margen de los sindicatos. La USA no se negaba a “discutir la ley”. La Federación Obrera Marítima, uno de los sindicatos más importantes y que tenía discrepancias con la dirección de la USA, había declarado que “prepararía al gremio para que por sus propios medios obligase a los armadores a hacerse cargo de la contribución: trataría, además, que este principio estuviese expresamente consagrado por la ley orgánica” (Marotta, página 161). Esto fue aprobado en la Asamblea General del gremio del 20 de enero de 1924. Los obreros no eran, como se ve, “antiestatistas” en abstracto. Ya en 1912, una Asamblea General de La Fraternidad había incorporado a su Estatuto un artículo que planteaba la necesidad de “El establecimiento de una Caja de Pensiones y Retiros, por parte de las empresas para los empleados y obreros, sin descuento del salario del personal” (Anuario de La Fraternidad, 1937). Los Godio y Cía. no se definen frente a este problema crucial, avalan por lo tanto el descuento obrero en contra del movimiento obrero de la época. Lo que Godio no reconoce, sí lo hace la gran patronal. En un boletín editado por la empresa Techint (año 1986) se reconoce que la ley 11.289 “debió ser derogada por la campaña de las principales centrales obreras que llegaron a declarar y realizar una huelga general para forzar su eliminación. Esta actitud no significaba un rechazo al beneficio jubilatorio sino a la idea del descuento salarial como fuente de financiamiento de la segunda social”. El papel de las Cajas El periódico de la USA, Bandera Proletaria (febrero de 1925), destacaba la autorización que la ley otorgaba para que el 50% de los fondos de las Cajas pudiesen ser invertidos en títulos de rentas nacionales, para denunciar: “Esta es una fuente maravillosa para los gobiernos. Tendrán dinero para muchos años. Tendrán dinero para campañas electorales, para chanchullos y porquerías. En cambio emitirán papeles, títulos asignados sin ningún valor... ” Además, “el Estado siempre irá endeudándose y crecerán los intereses, aumentará la grandísima deuda externa y aquellos (títulos) se desvalorizarán porque se desvaloriza su garantía” (citado por Godio, página 161). Esta es la verdadera causa del interés de Alvear por las jubilaciones, como lo es hoy el de Menem: financiar con el aporte obrero los déficits estatales y ofrecer capital para operaciones especulativas. Lo dice textualmente Bandera Proletaria: “Necesitando dinero el Estado... entonces va a quitárselo al trabajo y, previo estudio largo y perseverante, produce la famosa ley de jubilaciones, el escamoteo más descomunal que se haya visto”. Godio plantea que lo “más lógico era exigir la participación de los sindicatos en la gestión del sistema jubilatorio”, pasando por alto el tema del descuento de los salarios. Godio parece ignorar el contenido capitalista que tienen las Cajas en el sistema financiero del Estado, a pesar de que escribe su Historia luego de la experiencia del hundimiento financiero de las Cajas de Pensión en todos los países capitalistas y bajo todos los gobiernos capitalistas, como consecuencia de su usufructo por parte de la burguesía. Es indudable que Bandera Proletaria acertó en su pronóstico, mientras que Godio se equivoca en su balance. Godio defiende la cogestión obrera en las Cajas pero ni él ni otros apologistas de la ley fueron capaces de definir el carácter que debería tener esa gestión. La deficiencia no es casual, esto porque ese contenido debería ser anticapitalista. Los fondos de las Cajas deberían estar protegidos por una tasa de capitalización garantizada por el Estado a cubierto de la inflación. Una disposición semejante violenta a la larga el financiamiento capitalista, que está sujeto a fluctuaciones en latasade beneficios y en el valor de los capitales. Asegurar el “capital” obrero acumulado en las Cajas lleva, en última instancia, a un choque político entre la clase obrera y el Estado burgués. Reformismo Para Godio, “El único partido que adoptó una posición justa fue el Partido Socialista” (página 163). Juan B. Justo había propuesto compensar el descuento obrero del 5% con un aumento del 5% de los salarios. No se le había ocurrido, parece, proponer aumentar en cinco puntos el aporte patronal. Pero al dirigente socialista no podía escapársele que el aumento proporcional de los salarios no le quitaba en nada al aporte jubilatorio obrero el carácter de un impuesto sobre los salarios. Esto significa que, a la larga, el aumento salarial sería absorbido por una desvalorización directa (reducción) o indirecta (inflación) del salario, sin menoscabo del impuesto. La propuesta era un engaño, por eso Justo no propuso aumentar el aporte patronal. El movimiento sindical no apoyó la propuesta de Justo sino que fue a la huelga reclamando la derogación de todo aporte obrero. En 1926 —y ante amenazas huelguistas— el Congreso archivará el proyecto y votará devolver los aportes descontados a los obreros. El fracaso del gobierno desatará una ofensiva para romper la USA. Rutíens Iscaro, ex dirigente nacional del PC, en su Historia del Movimiento Sindical (tomo 4, página 19) acompaña la tesis de Godio. “La tendencia anarcosindicalista no bregaba, en consecuencia, por la modificación de los aspectos negativos de la ley, sino contra la ley misma,*cosa que favoreció los propósitos patronales destinados a impedir el establecimiento de un cuerpo de leyes que beneficiara a la clase obrera argentina”. Justificaba así la crisis que “Ores-tes Ghioldi provocó, con su rotundo voto de desaprobación, la renuncia del Comité Central de la USA. Desde luego, la posición de dicho Comité Central frente a la ley 11.289 no había sido clara” (página 18). Pérez Leirós, dirigente de la Unión de Obreros Municipales y líder socialista, romperá con la central sindical el 24 de mayo de 1924, apenas unos días después de la triunfante huelga general. La dirección de la USA denunciará que Pérez Leirós recibió la felicitación del intendente por su política rompehuelgas. (El mismo dirigente reconocerá en sus memorias que “No existía fe en la legislación y nadie quería aceptar descuentos que iban a administrar otros...”). En los meses siguientes otros sindicatos romperán con la USA para terminar finalmente formando ladivisionista Confederación Obrera Argentina (COA) dirigida por el PS. Insuficiencia El desenlace de esta gran lucha, a pesar de que hizo retroceder al gobierno capitalista, terminó poniendo en crisis a la propia USA. Esto se debe en gran parte a la insuficiencia del planteamiento de la corriente sindicalista. La USA centró su combate en el problema de la reducción del salario pero no daba ninguna respuesta clara ante el problema jubilatorio. Producto de sus limitaciones políticas no pudo elaborar un programa de transición, un sistema previsional bajo control de los trabajadores, basado en el descuento patronal, cuyos fondos excedentes estuvieran destinados a resolver las necesidades sociales de los trabajadores. Esos fondos serían adelantados al Estado con una tasa de capitalización a cubierto de la inflación. El tema de las Cajas planteaba la cuestión de toda la gestión del Estado. La gestión obrera de las Cajas financiadas por los patrones debía servir no sólo para pagar las jubilaciones y pensiones sino para satisfacer necesidades del desarrollo nacional ligadas al bienestar de las masas trabajadoras. Esto, es inevitable, colocaba al movimiento obrero en un peldaño mayor. Frente a las tendencias rapiñosas del Estado a querer meter la mano en los fondos previsionales era necesaria no una política de integración al Estado sino de completa independencia. Vigencia La lucha de hace setenta años es hoy enormemente actual. El gobierno menemista quiere culminar el desfalco que realizaron los gobiernos burgueses en las Cajas, desde Perón en adelante, para financiar los diversos curros capitalistas. Exprimida la vaca, ahora se quiere privatizar el aporte obrero. En el nuevo régimen jubilatorio de Menem, el aporte patronal desaparece y en forma coactiva se obliga a los trabajadores a “ahorrar” depositando el 10% de sus salarios en las Cajas privadas que servirán para financiar los déficits estatales y la especulación financiera. Como el 19 de Mayo de 1924 es necesario poner en pie de lucha al conjunto de la clase obrera y los explotados: No a la derogación del aporte patronal, por un régimen jubilatorio basado exclusivamente en los aportes empresarios. No a la expropiación de los aportes obreros, cuenta de reconocimiento de todos los aportes y contribuciones ya efectuados a nombre de cada trabajador. No a la privatización de las cajas, administración obrero-jubilados de las mismas. No al aumento de la edad jubilatoria, jubilación automática a los sesenta años y haber jubilatorio del 82% del valor de la canasta familiar.

La aguda recesión que afecta a los países desarrollados ha comenzado a tener sus reflejos sobra el movimiento sindical. Así lo revela, en Japón, la huelga de 60.000 trabajadores da los ferrocarriles privados, seguida luego por otra de los tres sindicato» de la Empresa Ferroviaria japonesa, la propietaria del “Irán bala”. También los portuarios man­tienen una huelga parcial desde mediados de marzo en tanto que se encuentran en conflicto los trabajadores de la Japan Air Lines. Lo posibilidad de que “los sindícalos adopten medidas radicales” —según un analista laboral citado por Ámbito Financiero (16/4) — “ha puesto nerviosas a las empresas”. El director de la principal central empresaria teme que la huelga ferroviaria, la más Importante, “tenga un efecto multiplicador sobre las relaciones laborales en otros sectores” (Ídem). El “endurecimiento” sindical saca a le luz la agudeza de las tensiones sociales acu­muladas durante el “milagro japonés” En las décadas del 70 y del '80 mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores, pero mucho más lentamente que la “explosión” de les ganancias empresarios. Un reciente estudio publicado por el Wall Street Journal demuestra - bien que Interesadamente que, en comparación con los trabajadores norteamericanos, los japoneses gozan de salarlos con un poder de compra notablemente interior, viven en departamentos sin luz ni “verde” y no tienen siquiera la cuarta parte del periodo de vacaciones de los norteamericanos. La crisis económica japonesa está tomando una dimensión y un ritmo algo más que “preocupante”, para los capitalistas y sus Estados. Hace poco el británico The Economist afirmaba que si el índice de la Bolsa de Tokio cala por debajo de los 20.000 puntos “el pala estarla trente a problemas muy graves”: hoy ese índice está por debajo de los 17.000 puntos. La producción y la tasa de beneficios vienen declinando en los últimos meses, el consumo —personal e indus­trial— se ha estancado, las inversiones caen y las quiebras se multiplican. La recesión y la crisis también se manifiestan en la importante huelga de la Caterpillar nortea­mericana —la mayor empresa mundial en la fabricación de equipos pesados Después de cinco meses de una huelga “dura” por la renovación de los convenios, un intento de quebrarla fracasó rotundamente cuando sólo se presentaron 300 carneros entre los 12.000 huelguistas. Las res­tantes empresas que negocian contratos con la UAW (United Auto Workers), principalmente las fábricas automotrices, temen que la huelga de la Caterpillar se convierta en un “ejemplo” (Wall Street Journal, 3/4). Los trabajadores levantaron la huelga a raíz de una intervención federal, aceptando provisoriamente los términos de la última propuesta de la patronal Pero cuando los obreros volvieron al trabajo, la patronal les cerró las puertas de la planta (Financial Times, 16/4). El desarrollo y el desenlace del conflicto de Caterpillar —”el más severo desdé la huelga de controladores aéreos de 1081” (International Herald Tribuna, 7/4) — pone sobre el tapete la enorme dureza y la hostilidad abierta que van tomando las relaciones entre tas clases en Es­tados Unidos. Que se ha abierto una nueva etapa en la relación entre el proletariado y la burguesía en los países imperialistas también lo confir­ma Alemania. Durante meses, en el transcur­so de las negociaciones para la renovación del contrato metalúrgico, la prensa alemana y europea expresó su temor por el estallido de “la” huelga (así llamada por el enorme peso del sindicato metalúrgico). Aunque los metalúrgicos no Regaron a la huelga, los temores no desaparecieron. Pocas semanas después, el empantanamiento de las negociaciones salariales con los empleados esta­tales ha planteado el estallido de otra gran huelga. El ministro de Finanzas alemán, Theo Walgel afirmó que “aplicare una tera­pia financiera de shock, con una morato­ria de loe gastos públicos hasta 1995” (para financiar la reunificación alemana, es decir los subsidios a los capitalistas que se apoderan de las fábricas del “esto”). Para los estatales, este “shock” significará una directa reducción salarial (les ofrecen 3,5% contra una tasa anual de inflación del 4,5% en el primer semestre de 1991). El fracaso de los mecanismos de arbitraje ha abierto el ca­mino a la huelga. Como colofón, los mineros del carbón, en Yorkshire, Inglaterra, se han declarado en estado de huelga, lo que “podría provocar le prueba más dura de las relaciones industriales desde la huelga minera de 1984/85” (Financial Times, 18/4).

Mientras la prensa internacional cuenta do los resultados de las encuestas que le dan a Fujimori el 90% del apoyo popular, la realidad que transmite la situación política es que el auto-golpe del advenedizo presidente convertido al putchismo ha fracasado en forma irrevocable. Singular actitud la de esta auto proclamada dictadura, que permite a su vice presidente jurar como titular del ejecutivo ante una gran parte del Congreso reunido a la luz pública en la sede del Colegio de Abogados. Luego de haber disuelto el parlamento, Fujimori ha sucumbido ante la presión, digamos democratizante, del imperialismo que no parece confiar para nada en la capacidad do acción del gobierno oficial Es cierto que Fujimori es el único que cuenta con el apoyo de la fuerza pública y que el “gobierno' 'parlamentario es un caci­que sin indios, pero el sólo hecho de admitir la existencia de una autoridad rival apoyada en la totalidad de los partidos políticos, le quita al régimen implantado por Fujimori las necesarias condiciones de estabilidad. Se ha creado una situación de deliberación y de descomposición política varias veces superior al que existía antes de la disolución del Congreso y de la inter­vención del poder judicial. SI Fujimori no da ahora un segundo golpe de Estado, para lo cual deberá arrestar a los opositores, controlar la prensa y aún establecer el estado de sitio, está condenado a caer a corto plazo. El auto-golpe puso de manifiesto la profunda fractura de la burguesía pe­ruana. Cuando todo el mundo parecía coincidir en las connotaciones fondo- monetaristas del golpe, a partir de la defensa apasionada que realizaba el ministro de Economía (Bolaños) de la acción de Fujimori, este mismo minis­tro anunciaba su renuncia luego de un viaje a Washington y a Nueva York. Todavía más significativa ha sido la renuncia del presidente del Banco Central, Jorge Chávez, quien hace diez días había declarado que impedi­ría cualquier acción del gobierno para utilizar las reservas del Banco Central para reactivar la economía peruana. Esta divergencia dejó en claro que Fujimori pretendía devaluar la moneda para favorecer a la exportación y utili­zar las reservas en divisas para expandir el crédito sin retorno. El estallido de esta crisis ha servi­do para desnudar el completo empantanamiento del régimen peruano en las vísperas del golpe. “Creíamos que con este gobierno hablamos logra­do estabilizarnos y no seguir cayen­do, pero ya vemos que nuevamente vamos hacia abajo” —declaró el economista de la derecha, Jorge González Izquierdo, al diario El Mercurio de Chile (19/4). “A pesar de los veinte meses de gestión del gobierno, explica Izquierdo, no se ha logra­do solucionar en forma concreta al problema de la inflación, que continúa dando muestras de resurgir, como lo revelan los resultados de febrero y marzo. Por otro lado, el proceso recesivo de la economía sigue acen­tuándose y eso complica el apoyo económico de diversos sectores, fundamentalmente de los gremios empresariales. Estos ven en la recesión un grave obstáculo para su desarrollo". Es indudable que Fujimori no hubiera podido dar un solo paso para desatar esta crisis sin provocar una crisis en su dividido gobierno o producir su propia caída –por eso dio el autogolpe. Esta divergencia, que en otros países podría haber sido contenida dentro de los límites de la casa de gobierno, tiene en Perú la dimensión de una crisis del régimen político debido a la completa ruina de la Nación. Sólo hay que tener en cuenta, para medir el nivel de la descomposición económica, que el gasto del gobierno nacional ha descendido al 9% del pro­ducto bruto y aun así tiene déficit fiscal (en Estados Unidos eso gasto os del 48% y en Argentina del 30%), El ingre­so do las masas peruanas ha caído al 16% del nivel de 1971 y la desocupación afecta al 60% de la población activa - datos que resumen, con lo anterior, un cuadro de desintegración nacional. Sólo los frívolos pueden pretender que el auto-golpe se explica por el "apresuramiento" de un hombro “in­experto" y soslayar con ello el empantanamiento mortal del régimen perua­no y de la política que el imperialismo ha impuesto en América Latina. Perú es el espejo en que deben mirarse todos los regímenes democratizantes de este continente, condenados irrevocablemente al derrumbe. Fujimori ha tratado de superar esta situación con un golpe que le dé la capacidad para actuar como árbitro supremo del país, y en especial que le permita hacer valer otra condición ante el imperialismo, pero hasta ahora ha fracasado miserablemente Está preso de las mismas clases sociales que han provocado la desintegración actual y de la crisis de conjunto de las relaciones sociales capitalistas a nivel mundial. Otra división mayúscula entre los explotadores peruanos y con el impe­rialismo es el tema de la droga, que mueve el equivalente al tercio del pro­ducto nacional. El comercio de la coca que producen 250.000 agricultores peruanos beneficia a un conjunto de bancos e Intereses comerciales, y "mola" naturalmente a los mandos de las fuerzas armadas y a varias capas de la burocracia estatal. La exigencia norteamericana de extirpar por la fuer­za los cultivos de coca choca con enormes resistencias, de la cuales no es la menor la guerra civil que provoca­rla la confiscación de los campesinos. Ningún otro cultivo rinde los beneficios de la coca y el imperialismo tampoco está dispuesto a financiar la reconver­sión. En este punto Fujimori no logró ningún "entendimiento" con el go­bierno de Bush, que simplemente pre­tende que el dispositivo militar peruano se lance a una guerra de destrucción, no ya contra Sendero Luminoso sino contra la mayor parte del campesina do El 92% de los campesinos perua­nos carece de los títulos de propiedad de la tierra que labora (Hernando Soto, Financial Times, 16/4), un dato que mide la explosividad del agro del país, tanto de la cosía como del interior. Las crisis de los regímenes políti­cos de Perú y de Venezuela constitu­yen la manifestación de una reversión de la tendencia a los gobiernos demo­cratizantes, algo que en realidad co­menzó con la salida prematura de Alfonsín en 1989. Se trata del estallido de una crisis de alcances históricos, como está demostrado por las expresiones de desintegración de instituciones es­tatales como las fuerzas armadas. En los cuarteles reina un clima de delibe­ración y aún de subversión, algo que no es desconocido en la historia de América latina, en particular en los años '20 y '30. Lo que también la experiencia ha demostrado, confir­mando en esto a la teoría marxista, es que las intentonas militares, aunque respondan a los estratos bajos de los ejércitos y tengan connotaciones po­pulares, no pueden en ninguna cir­cunstancia superar las limitaciones políticas propias de la burguesía o la pequeña burguesía de cada país. Otra cosa es que las masas, con una direc­ción revolucionaria, ganen para su campo a una parte del ejército y pon­gan fin de este modo a la dominación del imperialismo y del régimen capita­lista.

La municipalidad de Avellaneda ha intervenido el hospital de Wilde. Uno de los argumentos esgrimidos es el mal manejo de fondos; nada más falso, pues el hospital no maneja fondos y todas las compras se hacen por suministros, es decir se piden a la municipalidad y esta provee (o debería proveer) lo requerido. Además, si la intervención fuera por problemas administrativos debería intervenirse la Administración y no la dirección médica. ¿A qué apunta la intervención? Aunque el decreto de nombramiento del interventor y subinterventores dice que es “por el término de tres meses” y que el objetivo es, entre otras cosas, “Redimensionar y optimizara”, son conocidas las intenciones del Intendente “Cacho” Álvarez de deshacerse del hospital, ya sea vía privatización o cierre pues, según él, produce muchos gastos. Y los trabajadores sabemos por la experiencia del conjunto de los trabajadores del Estado que cada vez que hay “redimensión” hay despidos. El hospital hace tiempo que viene siendo vaciado. Ya desde los últimos meses del gobierno anterior faltan elementos esenciales (gasas, algodón, alcohol, sueros, medicamentos, etc.) y falta personal (instrumentadoras, mucamas). Lo más notable de este vaciamiento es la no habilitación de los Quirófanos y la Central de Esterilización que fueron construidos por la Sociedad Vecinal (cooperadora) con el aporte de los vecinos y de todas las personas que se atienden en el Hospital, y que la municipalidad no pone en funcionamiento, a pesar de contar con las instalaciones y aparatos necesarios, porque faltan algunos elementos para ponerlo a punto por el valor de cuatro mil pesos ($4.000) aproximadamente. Por cuatro mil pesos la municipalidad mantiene paralizados los quirófanos y la central de esterilización, obligando a las enfermeras a esterilizaren un autoclave obsoleto, sin ningún tipo de garantías. Y obliga a los equipos de cirugía a trabajar en condiciones de emergencia teniendo a su disposición las instalaciones. Es sabido que si el hospital funciona es producto del esfuerzo y la buena voluntad de sus trabajadores. Por supuesto que lo que pasa en Avellaneda no es un hecho aislado sino un eslabón más en una larga cadena de remate de la Salud Pública. Se ha intervenido el Hospital Posadas; el otrora prestigioso Instituto Malbrán, orgullo de las ciencias médicas argentinas, está deteriorado absolutamente; el pabellón Koch del Hospital Muñiz “no tiene remedios para los enfermos de tuberculosis y sólo puede hacer radiografías de torax” (Clarín, 3/4/92). Y así una larga lista de atrocidades. Mientras se garantizan jugosas ganancias a los especuladores de la Bolsa y se subsidia a la Iglesia católica, se condena a la población a la total desprotección en materia de Salud. El Hospital de Wilde es el único hospital dependiente de la Comuna de Avellaneda (ya los radicales en el '84 pasaron el Fiorito a la Provincia). Su presupuesto es de 300.000 pesos mensuales en sueldos del personal (alrededor de 500 agentes) entre profesionales, técnicos, administrativos y de mantenimiento) y según declaraciones de las autoridades hospitalarias salientes se requerirían $100.000 mensuales más para la provisión de los elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano. Él peronista Cacho Álvarez, “siguiendo los pasos hacia el primer mundo de Menem” se quiere deshacer del Hospital de Wilde porque le insume $ 400.000 mensuales, que en realidad es menos, pues el 25% de los pacientes internados tienen obra social que abonan al municipio la prestación. En realidad desde hace nueve meses la Municipalidad se está ahorrando 100.000 mensuales pues no provee de elemental. Por esta suma de dinero se quiere dejar en la total desprotección a miles de trabajadores de las zonas más carenciadas de Avellaneda, Quilmes, Bernal, etc. Hay que movilizarse por la defensa del hospital Los trabajadores del Hospital se han reunido en asamblea y han repudiado la intervención, pronunciándose por la defensa del hospital público y se han planteado denunciar a la población esta situación. También se dirigieron al Sindicato (Municipal de Avellaneda) donde la Comisión Directiva les contestó que “no se metan pues el problema no es de ellos”. El PO de la zona sacó una declaración pública repudiando la intervención y llamando a la población a movilizarse por la defensa del hospital, la que fue muy bien recibida por la población que esperaba turno para los consultorios y por los vecinos en la feria de Wilde, los que manifestaron desconocer este hecho y que iban a difundir esta situación, pues el funcionamiento del hospital es fundamental para la zona. Repudiamos la intervención y llamamos a los trabajadores y al conjunto de la población a movilizarse por la defensa del hospital público. Formar una comisión de vecinos y trabajadores que investigue el porqué del vaciamiento y reclamar su pleno funcionamiento y la provisión de todos los elementos necesarios.

El lunes 6 de abril se presentó el ministro Aráoz en el ahora intervenido Hospital Posadas donde declaró que el objetivo de la intervención es “poner orden y transferirlo rápidamente a la Provincia de Buenos Aires” (Clarín, 5/ 4/92). Al día siguiente se realizó una asamblea convocada por ATE y la Asociación de Profesionales. Ambas direcciones se habían reunido previamente “a puertas cerradas” con el flamante interventor “para escuchar e intercambiar opiniones”, aunque ya habían adelantado que “si viene a investigar los ilícitos y a resolver los problemas del hospital vamos a colaborar” (Página 12, 5/4/ 92). A la muy numerosa asamblea, alrededor de 200 compañeros (la mayor parte perteneciente a ATE), se hizo presente el interventor, a quien la dirección gremial le dio inmediatamente la palabra. Este se apresuró a decir que “le parecía fea la palabra interventor”, que “entendía los reclamos de los trabajadores”, “que haría todo lo posible para atenderlo lo antes posible”, “que las puertas de su despacho estarían abiertas a cualquier inquietud, y que llamaría a los representantes sindicales a colaborar con él”. Este “clima” de “convivencia” fue roto cuando algunas enfermeras (que días atrás habían realizado un quite de colaboración por 24 horas) denunciaron su situación salarial (220 pesos por mes) y reclamaron un inmediato aumento. También advirtieron, ante una propuesta de reabrir el sexto piso que “sin aumento de salarios y la incorporación de más personal no abrirán ningún piso más porque no vamos a trabajar el triple por el mismo sueldo”. Otra alteración de la convivencia fue la intervención del Partido Obrero, cuyo representante declaró que “no se puede esperar que un representante del mismo gobierno que desmantela y destruye el hospital sea el que arregle los problemas, la provincialización es un paso más hacia la privatización”; el PO también planteó “la necesidad de conformar una comisión investigadora de los casos de corrupción formada por los mismos trabajadores y el reclamo de un aumento de emergencia del 100%”. Tanto el interventor como las direcciones sindicales evitaron polemizar con el planteo del PO, y la asamblea terminó no resolviendo ni votando nada. Ese mismo día el interventor propuso a los gremios que eligieran representantes para integrarse a su gestión. La propuesta fue aceptada por una asamblea de la Asociación de Profesionales, a instancias de la Comisión Directiva (PC, independientes de izquierda y centroizquierdistas), con el argumento de “comprometerá los futuros colaboradores del interventor con un programa de reclamos”. El PO se opuso, con el reclamo de un plan de lucha. La integración de ATE y de la Asociación de Profesionales a la intervención significa una anulación, o liquidación, de la función sindical, que consiste en forzar al Estado a adoptar soluciones conformes a las reivindicaciones de los trabajadores. El interventor ha logrado desplazar esa responsabilidad del Estado y transferirla a los sindicatos como si éstos pudieran solucionar problemas de presupuesto y de naturaleza estatal; lo que se pretende es que los trabajadores “compartan el sacrificio”. Todo esto deriva en un respaldo al representante del gobierno menemista para que lleve adelante sin oposición política la provincialización, es decir, la privatización del Posadas. Estas direcciones que forman parte del bloque centroizquierdista (con la presencia activa de la izquierda) llevan al pie de la letra la política de integración al Estado propia de los De Gennaro, Mary Sánchez, Piccinini, etc. La experiencia demostrará el acierto de las posiciones del PO y dará impulso a un plan de lucha, contra las direcciones colaboracionistas.

Los 32 muertos y los 27 heridos del terrible accidente de la ruta 2 ocurrido en las primeras horas de la Semana Santa tienen un único responsable: el saqueo capitalista de la nación y la superexplotación de sus trabajadores. El saqueo del peaje La empresa Covisur —concesionaria de la ruta 2—embolsa por el peaje 100.000 dólares diarios en temporada turística (verano y Semana Santa). Uno de los dueños de Covisur, Aldo Roggio, temeroso de que la sangre de los accidentados se le coagulara en los bolsillos, salió inmediatamente a culpar a la “naturaleza” por la tragedia. “Contra la niebla no se puede hacer nada”, declaró el saqueador. La niebla, sin embargo, no es un fenómeno raro en abril. Pero precisamente por eso la obligación de los concesionarios era señalizar la ruta, alertar a sus usuarios, ampliar y consolidar las banquinas y disponer de los servicios de ambulancias y bomberos. Nada de esto se hizo, a pesar de la millonada embolsada regularmente mes a mes. Los choferes han sido unánimes al respecto. “Es mentira que con el peaje haya mejorado la seguridad de la ruta. Ni mejoras en la señalización, ni los mentados teléfonos a lo largo del trayecto. El peaje lo cobran pero las medidas de seguridad no se ven por ningún lado” (Página 12, 18/4). Otro trabajador relató su “bronca e impotencia... cuando vemos que no hacen nada en la ruta y antes de la temporada pintan los puentes para que la gente piense que están haciendo algo” (Clarín, 19/4). Las condiciones de seguridad de las rutas se han incluso deteriorado luego del peaje como lo demuestra el récord de muertes (59) este año en la ruta 2. Pero además “la ruta 9 (a Córdoba) no ofrece la seguridad prometida —declaró otro chofer— porque la empresa concesionaria del peaje sólo hace notar su presencia al momento del cobro” (Página 12, 18/4). La explotación de los choferes Al saqueo del peaje se agrega la superexplotación de los choferes. “El chofer no puede parar aun cuando hay mucha niebla —declaró uno de ellos— (porque) los retrasos son castigados (primero con apercibimiento y después con suspensiones) (y) la niebla no es causa válida para la empresa para justificar el retraso en el horario”. Además, los sueldos de miseria obligan a las extras ya que “una vueltita más aumenta un poco más el sueldo” (Página 12, ídem). La fatiga física y la desconcentración —que son la causa de innumerables accidentes— son la consecuencia directa de la superexplotación. La muerte en la ruta es sólo el “punto final" de esta masacre: el 67% de los colectiveros padece problemas sicológicos y el 46% problemas físicos. Pero para las patronales esto todavía es poco: en el convenio reciente la patronal y la burocracia acordaron —entre otras medidas de “flexibilización”— la reducción del tiempo de descanso en las cabeceras... Esta barbarie no es de ningún modo un “accidente”. El gobierno se apresta a privatizar más rutas y autopistas y no ejerce ningún control sobre las rutas privatizadas. Se prepara incluso para privatizar el servicio de otorgamiento de licencias para los conductores y la revisión de los vehículos. Esto significa mayor dependencia de los choferes de las patronales —y por lo tanto mayor explotación— y menos seguridad para los pasajeros. El menemismo prepara nuevos accidentes de Semana Santa.

Conadu: respuesta al compañero Constantini La carta del compañero Luis Constantini —secretario adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad de Salta—, publicada en el número anterior de Prensa Obrera cuestiona el balance que realizamos del Congreso de CONADU del 5 y 6 de marzo último. El compañero impugna la afirmación de que “existía en CONADU un bloque de oposición, liderado por el PC, que fue incapaz de fijar una política alternativa” a la dirección burocrática del gremio. La “superficialidad" y las “inexactitudes” del mencionado balance consistirían en desconocer que tal bloque —el Frente Gremial Docente—, del cual el compañero forma parte, es “desde sus comienzos” la “única voz opositora a las conducciones claudicantes”. Ahora bien, que una “política alternativa” haya sido formulada por el FGD “desde sus inicios”, nada menos que bajo la dirección del PC, es simplemente falso, o peor. ¡Cómo se puede llegar a semejantes extremos de desvirtuamiento de la realidad cuando el PC y todos sus aliados apoyaron nada menos que la destrucción de la CONADU, al reclamar su ingreso a CTERA, es decir, al sindicato regimentado que bajo el control de una de las peores burocracias sindicales, traicionaba la huelga docente más grande de la historia huelguística en función de un pacto con Cafiero y Alfonsín, con lo cual abrió un periodo de reflujo que afectó al conjunto del movimiento sindical! La “política alternativa” no se reduce al gesto ocasional de oposición, lo cual es inevitable que ocurra incluso dentro de la propia burocracia sindical, cuando estalla un conflicto entre sus fracciones. Debe ser una estrategia, por la cual se lucha tozudamente con todos los medios; no se abandona por temor al “aislamiento” y cuya solidez se pone a prueba en los momentos decisivos, como por ejemplo aquella huelga “histórica”. El FGD (digamos que es un bloque que no tiene una acción continua sino episódica y electoral), el PC y todos y cada uno de sus componentes, ha pertenecido a la corriente ubaldinista, que hoy se encuentra en relativa extinción. Pues bien a esta corriente también pertenecían los burócratas de CONADU y de Ctera, en carácter de alas o fracciones diferentes. Los “26 puntos” de la CGT ubaldinista, que de una u otra manera continúan siendo hoy la línea nacionalista y de colaboración de clases de todos los agrupamientos de “izquierda”; esos “26 puntos” fueron, claro que sí, una “política”, pero para contener, distraer y desviar al movimiento obrero que luchaba contra el capital. Tenemos que desterrar del lenguaje clasista la expresión “política alternativa”, a la cual también he recurrido, claro que en un sentido diferente al de mi detractor. La “alternativa” no puede referirse sino a políticas que aceptan al régimen capitalista y de explotación, pues para cualquiera es claro que ni la burguesía ni el imperialismo pueden apostar a una sola de las diversas variantes o, precisamente, “alternativas” que pueden derivarse, y que efectivamente se derivan de su estrategia. El vocablo “alternativa” es corrientemente usado por stalinistas y reformistas, y con razón! —aunque algunos más pusilánimes prefieren agregarle “alternativa creíble”. De lo que se trata es de tener una política de oposición, sí, pero clasista y revolucionaria. ¿Es cierto o no, compañero Constantini, que el PC, que dirigía el “bloque alternativo” se opuso rotundamente, en 1987 a plantear la renuncia de la dirección de la Conadu que estaba traicionando la huelga, es decir, que apoyaba con sus propios métodos, la sobrevivencia de esa dirección? ¿O que en 1989 se opuso a la no toma de exámenes, reclamada por varias universidades, y apoyó la tregua con el gobierno? El FGD fue manipulado por el PC como un sello y no como un bloque de oposición. Personalmente participé en una reunión con compañeros del FGD, en 1990, en la cual el ex secretario general de la propia asociación docente de Salta criticó al “frente" por su falta de política “alternativa” y hasta por su inexistencia como bloque. En ese momento el Frente se opuso a organizar medidas de boicot a la Asamblea Universitaria Nacional, convocada por el Consejo de Rectores como antesala a la política de “concertación” con el gobierno. Compañero Constantini, ¿en qué consisten entonces, la “superficialidad” y las “inexactitudes” que imputa a nuestra nota en Prensa Obrera. Allí se refiere al bloque de oposición en tiempo pasado porque el PC acabó por disolverlo. No tuvo un balance de conjunto de su actuación. Somos parte del activismo de la Conadu y sabemos qué esfuerzo hacen en Salta y en otras universidades por enfrentar a la conducción burocrática de CONADU. Por eso planteamos trabajar por un “reagrupamiento político independiente” sobre la base de una delimitación clara con la claudicante vieja oposición dirigida por el PC y con su programa político sindical. Pablo Rieznik Ayudín: el remedio peor que la enfermedad El avance del cólera en el norte argentino, los casos ya detectados en el gran Buenos Aires y los diversos rumores de casos encubiertos en varios hospitales del conurbano, dan claras muestras de que la campaña “lavandinista” del gobierno es totalmente ineficaz. En lugar de luchar contra la miseria e indigencia preponderantes en las barriadas bonaerenses y en las provincias del interior del país, Araoz y Cia. lanzaron una intensa campaña que está más dirigida a promover el consumo masivo de productos de limpieza y en especial de lavandina que a la erradicación de la enfermedad en sí. En uno de los avisos televisivos de la campaña aparecía el envase que identifica a los productos Ayudín con el rótulo de “apto para combatir el cólera”. Paralelamente la empresa Ayudín, integrante de la multinacional yanqui Cloros y fabricante de estos productos, gestionaba con el Ministerio de Salud su promoción a la categoría de servicios indispensables. La patronal ha peleado su lugar de “favorita” del gobierno para aprovechar las fabulosas ganancias que representa el envío de lavandina a las provincias del norte argentino. Esto representa un aumento de entre el 30 y 40% en la producción, lo que significó un feroz aumento en los ritmos de producción de los operarios de planta y recargo de horas extra compensado por un aumento por productividad del... 5%. La feroz puja entre los capitalistas del sector químico por acaparar el mercado y así obtener pingües ganancias, ha llevado a las empresas a denunciarse entre ellas por no cumplir con las proporciones de cloro por litro (entre 60 y 80 gramos) de agua, proporciones que ninguna de ellas respeta. Los negociados que Progar mantiene con el gobierno no solo le permiten comercializar mercadería que no cumple con las normas de preparación sino que también le permiten continuar trabajando sin poner en funcionamiento los piletones purificadores de desperdicios tóxicos que arrojan a la cuenca del río Matanza poniendo en serio riesgo la salud de toda la población v en especial la de los vecinos de Aldo Bonzi que, de este modo, extraen con sus bombas agua con mercurio, elemento venenoso de alto poder residual en la sangre. Se suma a esto el reclamo de los vecinos del barrio de la fábrica respecto de una gran montaña de sal (elemento que se utiliza en la obtención del hipoclorito de sodio) instalada en un playón externo sin contención alguna quedando a merced del viento que la volatiliza convirtiéndola en un grave peligro para la vista y esterilizando la tierra de sus jardines. ¿Qué hacer? Los trabajadores de la planta llevan casi un año de insistentes reclamos por aumento salarial, mejora de las condiciones de seguridad e higiene y la implementación de un plan de efectivización de los contratados. Las constantes vacilaciones de su representación gremial mantienen sin resolución estos planteos. El quite de colaboración realizado en diciembre último puso en jaque a la patronal, que desesperada por la merma del 20% en la producción, implementó un plan de acuerdos salariales por sector para abortar la medida de fuerza. Nuevamente las vacilaciones de la Interna (comisión), permitieron el ahogo del conflicto. Resulta ineludible la discusión, a través de asamblea general, de un plan de lucha para toda la fábrica. Por otro lado resulta imprescindible la formación de una comisión vecinal con delegados por manzana que investigue la contaminación del agua de los pozos de la zona; que exija la inmediata puesta en funciones de la planta potabilizadora de residuos tóxicos; y el cierre del predio donde se deposita la sal. La lucha por el salario y las condiciones de seguridad y salud unifica el reclamo de vecinos y trabajadores. La lucha en común es indispensable para combatir a esta patronal negrera y contaminadora. La erradicación del cólera solo es posible si se erradica la miseria. Sergio- La Matanza Alejandro Guastavino (Conejo) El 16 de abril murió de cáncer en el exilio Alejandro Guastavino (Conejo). Un revolucionario. No era militante de nuestro partido pero era un camarada y amigo. Perseguido por la dictadura militar se refugió en Suecia en el año 1979 y siguió luchando desde allí por la emancipación del proletariado mundial. Hasta la victoria siempre Conejo. Mario T. (Capital)

La crisis en la Universidad de Buenos se agravó en los últimos días, confirmando todo lo previsto en estas páginas. Varios decanos acaban de pedir la convocatoria a la Asamblea Universitaria (que reúne a los Consejos Directivos de todas las facultades) porque ‘‘ven la posibilidad de terminar con el mandato del rector” (Clarín, 22/4). Es decir que la cabeza de Shuberoff se ha puesto oficialmente en remate. El descabezamiento de la conducción de la UBA surge como consecuencia de la presión del gobierno y de la adaptación y capitulación del radicalismo y de Franja Morada que detenta la mayoría de los cargos en los órganos directivos. La política de la UCR y de Franja se agotó con la “declaración” de rechazo que efectuó el Consejo Superior contra la intervención de Salonia en los asuntos de la Universidad que legitimó elecciones fraudulentas en Medicina en favor del menemismo. La parálisis e impotencia del radicalismo y de Franja Morada se ha convertido en complicidad con la política oficial de acabar con la enseñanza gratuita, imponer un feroz limitacionismo y despoblar en masa a la Universidad de docentes y estudiantes. La UCR ha reventado las urnas en los Centros de Estudiantes pero no atina a la más mínima medida de movilización contra la menemización de la Universidad. En el conjunto de los claustros, docentes y graduados, la conducta del radicalismo es de parálisis total. Junto a la renuncia de Shuberoff, “Sos hombres del Presidente” plantean sustituir al CBC por un “curso introductorio” y exámenes por facultades, a las cuales serían girados los fondos que ahora retiene el rectorado para el Ciclo Básico. En un intento por salvar al CBC, Shuberoff propuso acentuar sus características limitacionistas y operar una drástica reducción de la planta docente y de la matrícula estudiantil. ¡El puesto de rector lo vale! Bajo la presión del plan Cavallo, es decir de los banqueros, los “demócratas” de la UBA se apresuran a realizar su propio “ajuste”. En el CBC se ha implementado un control casi patronal de la asistencia docente, en Psicología quedaron afuera unos 100 auxiliares docentes. El menemismo es completamente minoritario en la Universidad y carece de toda base en el movimiento estudiantil, pero aun así tiene la iniciativa que le ha cedido el impotente radicalismo. Los decanos radicales se aterran a sus puestos sin importarles Jo que deban ceder para ello. Las únicas medidas de acción directa contra el menemismo han sido tomadas por el activismo docente y estudiantil. El miércoles 8 una clase pública en Ciencias Sociales reunió en la calle a 2.000 estudiantes de esa facultad a pesar del boicot del Centro de Estudiantes, en manos de Franja y la centroizquierda. El jueves 10 una sentada frente a la facultad de Psicología congregó a más de 300 alumnos y docentes. El martes 14 una Asamblea en Filosofía y Letras votó un plan de lucha en rechazo a la política menemista y los ajustes planteados desde el rectorado y los decanatos. Este es el camino. Que la FUA convoque ya mismo aun Congreso con delegados estudiantiles y docentes elegidos en Asamblea para votar un programa y la movilización de conjunto. Fuera Salonia de 1a Universidad, fuera el arancel y todas las medidas de “privatización” universitaria, abajo las medidas de racionalización con los docentes.

Varela - Berazategui Alegando falta de espacio físico las autoridades anunciaron que en la Escue­la n° 10 de Villa Vatteone (Vareta) se pasaría de dos a tres turnos, lo que significaba disminuir la cantidad y calidad de la enseñanza Ante esto una masiva asamblea de padres, docentes y alum­nos repudió la medida. Como hacía muy poco que se había terminado de construir en la zona la escuela n° 58 y no había sido puesta en funcionamiento por falta de mobiliario, los padres exigieron la inme­diata compra de todo lo necesario para trasladarse allí y resolver el problema. El movimiento fue muy masivo y combativo, entre otras razones porque la Escuela n° 10 está frente aúna escuela privada de la iglesia Católica —”Santa Lucía”— que recibe subsidio del Estado y funciona con todas las comodidades necesarias, mientras la escuela pública es sometida a un plan de derrumbe. Esto fue particu­larmente denunciado por varios padres en la asamblea, en la que se resolvió emplazar al gobierno para poner en pie la Escuela n° 58, lo que se obtuvo una semana después. En la asamblea se hizo presente un representante del Suteba, que llamó a “resistir” luego de no haber aportado a la organización de la asamblea ni de plantear unidad alguna con otros padres movilizados por proble­mas similares a los de esta escuela. Casi al mismo tiempo, en la Escuela diferenciada 501 (centro de Vareta) fue anunciado el cierre del comedor. Los chicos que vienen a esta escuela provie­nen de distintos barrios alejados por lo cual el problema de la comida es prácti­camente insoslayable. A raíz de esto entre docentes y padres de los alumnos se gestó un movimiento que en asamblea resolvió organizar una movilización so­bre la Intendencia y el Consejo Escolar. El mismo día en que se iba a realizar la marcha, los funcionarios aparecieron con la comida y dieron marcha atrás con la resolución de cierre. Recordemos que Duhalde-Farías de Castro tratan de ir al desmantelamiento de las escuelas dife­renciales. En otras escuelas, en las que la fu­sión de grados llevó a cursos de 40 ó 50 chicos y ante movimientos de resistencia de los docentes, se dé marcha atrás vol­viendo a grupos de 20 y 25. No es que se haya derrotado a la reforma en todas partes, por ejemplo, en la Escuela N° 51 se da la irracionalidad de un sexto y séptimo grado funcionando juntos con la misma maestra. Pero allí donde hubo una movilización, a instancias de padres y maestros, y autónoma en relación al sindicato, se hizo retroceder al gobierno. Roberto G. (Varela) Matanza Ante el inminente cierre del primer grado del turno tarde en la Escuela n° 10 de Lomas del Millón, y a iniciativa de los padres, se organizó una movilización en el mismo barrio. La marcha se dirigió a la casa del intendente Cozzi, que vive en la zona, pero un operativo policial impidió continuar y detuvo a un grupo de madres por varias horas. El movimiento de lucha no se interrumpió por esto. Las madres volvieron a convocar a asambleas calle­jeras contra el cierre del grado y se unieron a padres de otras escuelas —en particular de la N° 23, de Ramos Mejía— movilizados por las mismas razones. Así surgió la “Comisión en defensa de la escuela pública de Ramos Mejía”, que llegó a nuclear más de 10 colegios de la zona, y en una numerosa asamblea resolvió movilizarse de conjunto para el 25 de abril. Días después de darse a co­nocer esta resolución, los funcionarios de la Dirección de Escuelas en el distrito anunciaron que se suspendían mo­mentáneamente los cierres de grados y la no afectación de maestros. Dentro de la coordinadora se ha plan­teado la necesidad imperiosa de mante­ner su funcionamiento y extenderla, ya que se ha logrado por ahora sólo la “suspensión momentánea” de las medidas. Esto sería muy importante, así como tomar el conjunto de reclamos planteados contra la reforma educativa y el sustancial tema del salario para los do­centes, a fin de constituir un vasto movi­miento popular contra la destrucción de la enseñanza. Debe repararse que el re­cule del gobierno se dio sólo en las es­cuelas organizadas y movilizadas, pues se han producido cierres de seccio­nes y grados en establecimientos en los cuales hasta ahora no se puso en pie un movimiento de resistencia. Javier (Matanza) La Plata - Resolución 1003: ¡civilización o barbarie! El lunes 12, más de 300 docentes, padres y alumnos se movilizaron a Casa de Gobierno para entregar un pronuncia­miento en defensa de la rama de En­señanza Artística. Como denunciaron los manifestantes, la resolución 1003 de la Dirección General de Escuelas (¡otra vez la Farías!) significa la desaparición virtual de ésta y otras ramas, que pasan a ser, absorbidas por las tres únicas estructu­ras que .quedan en pie - Enseñanza Pri­maria, Enseñanza Media y Enseñanza Superior. Esto significa pérdida de especifici­dad, “supervisión” de los docentes de Artística o Psicología por personal no es­pecializado, desmembramiento y liquida­ción progresiva de los establecimientos y escuelas de Artística y de los Centros Educativos Complementarios en Psico­logía. Se trata ni más ni menos que de un acto de barbarie, porque la 1003 no res­ponde a finalidad pedagógica alguna, sino exclusivamente al propósito de re­cortar el presupuesto cerrando escuelas y “racionalizando” docentes. Los “ideólogos” de la 1003 son los mismos que declaran ia “inutilidad” de la en­señanza para los niños con síndrome de Down, que en el lenguaje nada sutil de la Farías de Castro, “son hijos de prosti­tutas, drogadictos y borrachos”. O los mismos que han congelado los salarios de hambre de Artística y de todas las ramas al punto de poner en peligro la continuidad de las clases. La movilización en La Plata fue pre­parada por reuniones “autoconvocadas” desde las escuelas de docentes, padres y alumnos, al margen de las direc­ciones del Suteba o de la FEB, que mantienen su tregua con Duhalde y la Farías El movimiento “autoconvocado”, que se llama “Comisión en defensa da la Escuela Pública”, planteó dos inicia­tivas. Una, hacer firmar un pronuncia­miento público de repudio al cierre de las ramas, al actual régimen de licencias y al “humillante salario” dicen, que “aleja a los maestros da las aulas”. Dos, convocar a una nueva movilización para al 28. Corresponsal (La Plata)

Las escuelas públicas “son recepto­rías de pobres hijos de borrachos, pros­titutas y drogadictos'' La tamaña frasecita pertenece a una funcionaria de Duhalde, nada menos que la “Directora de Escuelas”, Susana Farías de Castro (una mujer que está acu­sada de ser superñoqui del PJ desde 1983).Con “directoras “ así, están de más los “Albamontes” que predican el desmantelamiento liso y llano de la enseñan­za estatal. Semejante exabrupto (publicado por “Clarln”5/4/) tiene, sin embargo, un “pre­claro “ antecedente: Duhalde ha acusado a los maestros de cobrar sin trabajar. Las “palabras” de la Farlas de Castro forman parte de una campaña terrorista contra los docen­tes, los padres y los alumnos. Pero la campaña c al gobierno de la leche podrida deberá reventar como un grano lleno de pus. El mismo diario Clarín, bajo el mentiroso título de “Crisis del profesorado‘‘( la crisis no es de los profesores sino del Estado ca­pitalista) dice crudamente: “En numerosas escuelas secundarias las clases no se están dictando, aunque ya pasaron tres semanas desde que se inauguró el ciclo lectivo. La falta de profesores (subraya­do nuestro) para cubrir cargos está dejan­do a los alumnos con un alto porcentaje de horas libres; en algunos estableci­mientos, el hueco alcanza al 40 por cien­to de la jornada escolar” (ídem, 5/4). Pero Clarín aporta más datos, “La si­tuación más grave —continúa el diario— la atraviesan los colegios... del conurbano que dependen de la gobernación bonaerense” (Ídem, 5/4).Y sigue: “El pa­norama en buena parte de los 500 esta­blecimientos que pertenecen a la Dirección de Escuelas de Buenos Aires (una “receptoría” para “gente” como la Farías Castro) —donde estudian más de 300.000 estudiantes— es dramático: Los bajos salarios no seducen a los docentes diplomados (lo que implica una descalificación constante de la educación pública) por lo que en algu­nos distritos existe hasta un 40 por ciento de horas de cátedra sin cubrir” (ídem anterior). A todo ello hay que sumar las “modifi­caciones” impuestas por el gobierno en todas las áreas educativas (primaria, se­cundaria, universitaria) que consisten en reducir el plantel docente y aumentar el número de inscriptos por curso, cerrando grados, secciones y hasta escuelas. Siguiendo a Clarín, “esto obliga a fusionar divisiones (en algunas se hacinan hasta 55 chicos por aula) o a desdoblarlas, pero en este caso no se cuenta con la cantidad de profesores requerida” (Ídem). En la Universidad, por su parte, “menos docentes y más inscriptos” lleva el estado de hacinamiento a niveles inimagi­nables, siendo que ya, en lugares como el CBC, los alumnos superan los 100 por curso. Esta realidad bestial, que se vive en la Capital Federal y en cada uno de los distritos bonaerenses y en todo el país ha conducido al extremo de que las cooperadoras consi­deren (Nacional de Pacheco) la posibilidad de pagar, costeado por los padres (acusa­dos por el gobierno de ser drogadictos, putas y borrachos) un 'PLUS', para evitar que los profesores emigren hacia los institutos privados (a los que concurrirían hijos de padres “decentes” o a que “los borra­chos, las prostitutas y los drogadictos” paguen suculentas cuotas de cooperadora que van desde los 50 a los 100 pesos, para sostener las escuelas de sus “pobres hi­jos”. ¡Ahí está el sentido de la “Ley Federal de Educación”, patronal y clerical (ver PO 354), que tanto reclamaban los burócratas de Ctera! La política de esta gente es la de la barbarie y la reacción en toda la línea. Es la política de convertir a los hijos de los traba­jadores en una enorme masa semianalfabeta, “polifuncional” es decir para todo uso. Son los representantes conscien­tes de la destrucción de la escuela pública, al servicio de un puñado de capitalistas y de mercaderes de la educación (¡Porto sena­dor!) y a los que hay que barrer sin ninguna misericordia con la organización consciente de los trabajadores y de la juventud. Capital: Los secundarios manifiestan contra la represión El miércoles 15 se realizó la primera marcha secundaria del año con la par­ticipación de aproximadamente 500 compañeros. La marcha fue convocada contra la represión policial (este mes se cumple un año del asesinato de Walter Bulacio a manos de la policía) incor­porándose la lucha contra la transferen­cia y la Ley General de Educación. H La marcha fue convocada con muy poco tiempo de anticipación. Participa­ron el Pellegrini, el Buenos Aires, el Avellaneda, el Nacional 17, el Rivadavia, la coordinadora del Moreno-Acosta- Escuela de Cerámica y del Enet de Villa Lugano (este colegio viene del triunfo de una huelga estudiantil contra el cierre de aulas y la consiguiente expulsión de alumnos) Corresponsal

Un numeroso grupo de docentes de la Escuela N° 64 de Mar del Plata ha enviado a los diarios marplatenses y distribuido entre los padres de los alumnos un pronunciamiento de repudio contra la reforma reaccionaria del sistema jubilatorio que prepara el gobierno. La reforma del régimen previsional que se discutirá en el Congreso Nacional diseñada por el secretario de Seguridad Social Walter Schulthess implica la expropiación de los aportes jubilatorios efectuados a los trabajadores, elimina el aporte patronal, eleva la edad para jubilarse, no se reconoce el 82% móvil, obliga a entregar un aporte a cajas privadas compulsivamente y sin garantías. Esta reforma ataca a los trabajadores y es el mayor robo de la historia. Se lesionan derechos adquiridos, se confisca la propiedad privada del trabajador, los aportes que se han efectuado a lo largo de la vida. En defensa de nuestro dinero y nuestras conquistas proponemos: Reconocimiento de los aportes jubilatorios propios y patronales en una cuenta para cada trabajador, con sus intereses, reconocida como deuda del Estado. Jubilación a los 55 años para hombres y 50 para mujeres. Pago base sobre el 82%, tantas veces prometido. (Siguen firmas)

Uno de los temas que se debatió en el Congreso de la Asociación Bancaria realiza­do la semana pasada en Tanti, Córdoba, fue la cuestión previsional. En uno de los polos del debate se ubicó el oficialismo; en el otro, la oposición antiburocrática de la Seccional Buenos Aires. El despacho presentado por la burocra­cia era un rosario de lugares comunes y de posiciones claramente antiobreras. Afirmaba entre otras cosas que la crisis del sistema jubilatorio se debía a la existencia de la Caja de Autónomos o a las jubilaciones por invalidez. Los reiterados saqueos gubernamentales a las Cajas los encuadraban como “manejos desafortunados”. Pero lo más significativo de todo el despacho era la vinculación que establecía entre el sistema previsional y lo que denominaba “el principal problema de la economía argentina... la inexistencia de un mercado de capitales”. Conclusión: hay que usar la plata de los aportes obreros para superar esa carencia. De ahí la necesidad de “estudiar” el “sistema de capitalización chileno”. La oposición puso los puntos sobre las les. Rebatió todos los argumentos del zanolismo, señaló al saqueo sistemático de las cajas por parte de los gobiernos y a la evasión patronal como fuente de quebranto del siste­ma y caracterizó a la crisis argentina como una crisis de la economía capitalista y una consecuencia del sometimiento al capital fi­nanciero internacional. Desnudó punto por punto la “reforma previsional” menemista en cuanto a robo de todos los aportes, man­tenimiento en la miseria de los actuales jubi­lados y a los futuros. Desmitificó el “mode­lo chileno”, señalando que confisca el sala­rio de los trabajadores, paga jubilaciones de indigencia y sirve para enriquecer a unos pocos que especulan con la deuda pública. Denunció el actual sistema de pago en bo­nos de la deuda a los jubilados y planteó como curso de acción unificar al gremio con las movilizaciones de los jubilados, levantar un programa de lucha que defienda los aportes como propiedad de los trabajadores y reclame un haber jubilatorio mínimo de $500, que las Cajas sean dirigidas por la gestión democrática de sus afiliados, que se inicien acciones de amparo patrocinadas por el sindicato en todos los bancos ante el despojo que se viene. Tras esta intervención el zanolismo quedó duro. Si bien la votación era conocida de antemano, por el carácter absolutamente regimentado del Congreso, fue la única oportunidad donde la minoría recogió votos ajenos, como el caso de los congresales de Santa Fe. No sólo eso, al término de las deliberaciones distintos congresales se acercaron para pedir la copia del despacho de la minoría, porque “el oficial no servía para nada”. En realidad, lo que no sirve para nada es el conjunto de la política burocrática, tanto para las jubilaciones, como para el salario, como para cualquier tema. El impacto que causó esta posición de la minoría porteña en el Congreso de un gremio con más de cien mil afiliados es significativo.

El lunes 27 de abril se inaugura en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires un seminario internacional sobre la reforma previsional y la creación de los Fondos de Pensión. Figuran como panelistas del mismo Martin Redrado, Schuthess, el mi­nistro Díaz, Amadeo (ex Banco Pro­vincia), Naveyra (ex Banco Nación) y los representantes de los Fondos de Pensión chilenos y mejicanos. El seminario es auspiciado por grupos bancarios aseguradores y estudios jurídicos internacionales. En sínte­sis, en el santuario porteño de los es­peculadores, sus “teóricos” se van a reunir para discutir y prolijar la or­ganización del “robo del siglo” contra el sistema previsional, contra los aportes de los trabajadores en favor de un puñado de capitalistas y banqueros. La Comisión Interna del Banco Patricios ha realizado un llamamien­to a todas las internas de oposición para concretar un acto público en la puerta de la Bolsa ese mismo día, para repudiar este atentado a los trabajadores. Al cierre de esta edi­ción de. Prensa Obrera se estaba discutiendo la organización del acto, que ya contaba con la adhesión de las gremiales del Tomquist, Río, Alemán, Boston, BCRA, Chaco, Credicoop, Holandés, IMFC, Mayo, Mercantil, Nación, Provincia de Buenos Aires y Shaw.

La presidenta del PAMI, Matilde Menéndez (ex secretaria de Salud del ministro Bauza y ex interventora en Tierra del Fuego, mujer del aparato menemista), ha lanzado una campaña que anuncia una nueva polí­tica de salud para la obra social de los jubilados. El nuevo proyecto, promovido desde las páginas de “Página 12” y caracterizado simultáneamente como “progresista” por Carlos Imicoz (hombre del partido comunis­ta y jefe de la Coordinadora de Jubilados) viene a reemplazar los contratos que el ex interventor Nazur habla realizado con una serle de empresas truchas encargadas de subcontratar servicios de terceros (sanato­rios, laboratorios, etc.) a cambio de comisio­nes millonarias. Durante enero y febrero pasado, el diario “Clarín'’ atacó a Nazur y a sus contra­tos en una campaña furibunda que precedió a la llegada de Aráoz a Salud Pública y de Menéndez al PAMI. A dicha campaña no fueron ajenos algunos pulpos de la medicina privada (Italiano) que no hablan entrado en el negocio de Nazur, como si habla ocurrido con el Antártida y el Metropolitano. Matilde Menéndez y el propio Aráoz, entretanto, se “normalizaron”el PAMI, que recobró su di­rectorio, con amplia mayoría estatal y de la burocracia sindical menemista, incluyendo a representantes de organizaciones de jubi­lados nombradas a dedo, la Coordinadora de Imicoz entre ellas. Miguel Nazur y los responsables de las empresas truchas (Asersa, Ute, Cerner, Fecliba) no fueron presos ni se conocen causas penales contra ellos. Dichas empre­sas siguen operando y cosechando dólares a paladas, ¡¡porque sus contratos fueron prorrogados hasta la vigencia de tos nuevos sistemas!! De acuerdo a lo que se conoce, el nuevo plan es una vuelta al viejo sistema “capitado” de PAMI por el cual se contratan pres­taciones de sanatorios, laboratorios, etc. mediante el pago fijo de una cuota mensual por cada afiliado que entre en la cobertura. Este tipo de sistema siempre induce a la infraprestación porque las empresas con­tratadas procuran reducir y abaratar las prestaciones. Para contrarrestar este “vicio” del sistema, Matilde ha prometido sanciones económicas cuando caiga la cantidad o calidad de la atención. Imicoz, en cambio, confía en el “papel de los representantes de los jubilados, desde los cuatro directores hasta los jubilados asesores en las delegaciones, distritos, etc.” (Página 12,15/4). Pero el mecanismo de “premios y sanciones” ya existía en el sistema anterior, sin poder impedir que la auditoria de calidad de atención muriese en las gerencias, que siempre han estado en connivencia con las camarillas médicas y empresarias prestadoras Al punto que los auditores de “terreno” eran desplazados mediante un golpe de teléfono cuando se ponían “cargosos”. En cuanto a los jubilados “asesores” en los distritos, no son representantes genuinos de las organizaciones de base de jubilados. Imicoz sabe que son cooptados arbitrariamente y corrompidos mediante sueldos y otras prebendas. La “originalidad” del proyecto estaría en la subdivisión en zonas (de 50 a 100.000 afiliados en la Capital) cuya cobertura esta­ría comandada por un gran sanatorio o Institución madre, de la que dependerían los prestadores menores. ¿En lugar de la empresa intermediaria de Nazur, varias para repartirse la facturación? Esto está por verse, pero podría encajar con la futura ley de Obras Sociales, que también propone un sistema de capitación. Sanatorios como el Güemes, Italiano, etc. podrían “posicionarse” mediante la captación, desde ya, de la facturación del PAMI. En el país del plan Brady y la liquidación del sistema previsional no hay “progresividad” que valga en las manos de las Matildes y Araoz, es decir del gobierno menemista. Vienen a achicar los servicios y a privatizar. Hay que luchar por la gestión democrática total del PAMI, a cargo de los jubilados y de los trabajadores del instituto. El directorio debe ser elegido y revocable por la base sin injerencia del estado ni de la burocracia. La totalidad de los recursos deben estar a disposición del sistema global con instalaciones y servicios propios, que integre el primer nivel, especialidades, internaciones, y geriátricos. Eliminar la contratación de empresas capitalistas que lucran con la enfermedad. Medicamentos gratuitos subvencionados por el Estado.

Está absolutamente claro que la llamada “jubilación privada”, que se pretende sancionar luego de las elec­ciones de la capital, constituye un nego­cio capitalista de características harto especiales pues se basa en la liquida­ción de los aportes patronales, en el desconocimiento de los aportes reali­zados hasta el presente en beneficio de los trabajadores activos y por último en la confiscación de los aportes obreros que deberán realizarse obligatoria­mente de aquí en más por parte de las llamadas Cajas o Fondos de Pensión organizados por consorcios capitalis­tas. De acuerdo a los lineamientos del” nuevo régimen los trabajadores se­guirán aportando obligatoriamente el 10% de sus salarios, pero solamente el 7% de éstos engrosaría su fondo de jubilación: el otro 3 % “desaparecerá” en concepto de las comisiones que es­tarán autorizadas a embolsarse las Administradoras de los Fondos de Pen­sión (AFP) por “administrar” el dinero de los trabajadores. Según el “espe­cialista” Miguel Angel Broda (Clarín, 19/4), las AFP recaudarían compulsi­vamente de los trabajadores unos 208 millones de dólares por mes, pero los trabajadores capitalizarían en sus cuentas solamente 145 millones de dólares: la diferencia, nada menos que 63 millones de dólares mensuales, irá a otros bolsillos en carácter de “comisiones” de las AFP. Se trata, entonces, del único sistema de ahorro en que el depo­sitante tiene que pagar por su depósito y nada menos que el 30% de lo que aporta, no la primera vez sino en opor­tunidad de cada aporte mensual. Capitalización negativa Es indudable que si los trabajadores deben aportar 100 para que solamente les acrediten 70 en sus cuentas, la ca­pitalización (rendimiento) de esos 70 será siempre inferior al aporte, es decir, ¡negativa! Supongamos que esos fon­dos reciben por año un 10% de rendi­miento real, al final del primer año el trabajador tendrá 77, 23 pesos menos que su aporte de 100. Los voceros del oficialismo dicen que este nivel de comisiones será tran­sfirió y que a medida que se desarrolló el sistema de jubilación privada la competencia entre las AFP obligará a una baja Puto cuento. En Chile, el sistema de jubilación privado tiene más do 10 años de antigüedad y las comisio­nes de las AFP superan incluso el 3%. La razón es que sólo dos o tres AFP tienen el control de más del 70% de los fondos y que los trabajadores están obligados por ley a aportar a las AFP, todo lo cual convierte a los “aportistas” forzosos en una presa cautiva de un sistema de monopolio. Este sistema de determinación de las comisiones es un fraude completo. Grava el aporte en lugar de ser un des­cuento sobre el rendimiento generado por el aporte. Si 100 pesos rinden 10, la comisión debería ser, por ejemplo, del 30%de esos 10, o sea 3 pesos, y no del 30% sobre el aporte original. El sistema expropiatorio que se va a lanzar signifi­ca que el Fondo de Pensión ya obtiene un beneficio con la recepción del apor­te, es decir, antes de haber logrado cualquier rendimiento para éste. ¡No es así como funcionan los bancos con las gestiones que realizan para sus clien­tes! Las AFP argentinas se quedarán de este modo con más de 800 millones de dólares por año, una cifra que supera el actual déficit previsional. Al sustraerles a los trabajadores de sus cuentas, 800 millones de dólares por año, no hay ninguna posibilidad de que la jubilación futura sea significativa, incluso si se la compara con los bajos salarios actua­les. En Chile, el promedio ronda los 150 dólares mensuales. En Argentina la cifra podría ser menor aún porque, no olvidemos, el proyecto oficial descono­ce los aportes ya hechos a favor de los trabajadores por parte de éstos y de los patrones a las cajas oficiales. La “reforma previsional” es en­tonces simplemente un desfalco que deberá condenar a la clase obrera a una reducción del salario presente (al eliminarse el aporte patronal) y a una jubilación estructuralmente miserable. Los bancos y compañías de seguro, en cambio, se embolsarán anticipada­mente mes por mes 63 millones de dólares.

A tres meses de haber asumi­do, el gobierno del menemista Reutemann atraviesa por una inocultable crisis política: a la re­nuncia del Ministro de Educa­ción, se acaba de sumar el “des­pido” del presidente del Banco Provincial de Santa Fe, un hom­bre de la “estricta confianza” del ministro Cavallo. En la base de esta crisis, está la violenta lucha que se ha desatado entre diferentes clanes capitalistas por el reparto de la provincia. El “programa” de Reute­mann —aplaudido desde Estévez Boero hasta Usandizaga— consistía en la entrega al capital privado —en venta o “conce­sión”— de los bancos oficiales, los puertos, las empresas provin­ciales de agua y electricidad, y el desmantelamiento —y también privatización— de la educación y salud públicas. A la hora de su concreción, el “plan” divide a los capitalistas y a sus políticos, y co­mienza a despertar la resistencia de los trabajadores. Bancos y puertos, en venta El gabinete de Reutemann está dominado por elementos del aparato provincial del PJ, alimen­tados por capitalistas del norte santafesino ligados al propio go­bernador. En las últimas sema­nas, esta camarilla viene siendo acusada por sus vinculaciones... con el juego clandestino en la provincia. Sus detractores están encabezados por la oligarquía agropecuaria y los pulpos indus­triales de la zona de Rosario, a quien defendía el ahora renun­ciado presidente del Banco Pro­vincial. Además de la lucha por el directorio de este banco, este bloque se ha lanzado a una campaña por el control del puerto de Rosario, ante la inminente descentralización de los grandes puertos nacionales que prepara el gobierno menemista. Los abanderados de esta campaña son los “socialistas”. Estévez Boero y el “demoprocesista” Natale, y participan de la misma desde los changuicaceristas hasta la burocracia sindical de Rosario. Pero sus “Inspiradores” son otros: “em­presas integrantes del grupo Minetti, Macri, Pérez Companc, están interesadas en un negocio muy importante: la explotación de una zona tranca Industrial, comercial y de almacenamiento en torno del puerto local” (La Capital, 12/3). Las patronales y sus políticos quieren luz verde para el ingreso “libre” del contrabando por el Paraná, y la liquidación de cual­quier convenio laboral en el puerto. (La campaña por el puer­to ha vuelto a la palestra al birla­dor de “bonos solidarlos” Rubén Cardozo, ahora embaja­dor en Paraguay: acaba de anunciar el interés de... inverso­res paraguayos en la zona fran­ca rosarina. Los principales con­trabandistas del continente... ¡se postulan para “reactivar” a la ciudad!). Pero ocurre que —a pedido de Acindar— Reute­mann ha decretado que la zona franca que le corresponde a la región estará en Villa Constitu­ción... De socialistas a justicialistas, esta lucha de rapiña revela a los políticos provinciales como meros gestores de los negocios capitalistas. Los trabajadores Mientras éstos discuten cómo se “rifan” el presupuesto provincial, los bancos y los puer­tos, la educación y la salud públi­cas continúan en picada. Reute­mann llamó a “concertación” a las burocracias sindicales esta­tales, prometiendo que una “ra­cionalización inteligente” del presupuesto permitiría un au­mento salarial. Pero la “racio­nalización” consistía en au­mentar el desquicio de hospita­les y escuelas. Mientras tanto — y sólo por la transferencia de los servicios educativos naciona­les— los gastos educativos se incrementaron en cuatro veces por referencia a las “economías realizadas”. Impotente para dar la menor respuesta a esta situa­ción, el Ministro de Educación debió renunciar, mientras la docencia discute la aprobación de un plan de lucha y aumenta la inquietud salarial en los hospita­les públicos. Mal que le pese a los Reutemann, Estévez Boero o Natale, ni Santa Fe ni sus tra­bajadores admiten sin lucha transformarse en “objetos de subasta”: abajo el despedaza­miento menemista de la provin­cial Defender la educación y salud pública estatales: ni un solo despido. Salario básico de 600 pesos. Impidamos la entre­ga de los puertos a tos “capita­nes” de la superexplotación y el contrabando: por la nacionaliza­ción del sistema de puertos bajo control integral de los trabajado­res.

Dos mil telefónicos marcharon por las calles de Buenos Aires y se concentraron luego frente a las sedes de Telefónica y Telecom para reclamar un aumento salarial. Esta marcha surgió por resolución de un plenario de delegados que votó la reivindicación de un mínimo de $1.000 y el restablecimiento de la jomada de 7 horas. El próximo 1° de mayo vence el acuerdo que fir­mara la burocracia de Rogelio Rodríguez extendiendo el horario de trabajo en una hora. El alarga­miento de la jomada laboral ha permitido a las empresas trabajar con 7 000 compañeros menos y aun así sacar más líneas, gracias también al incremento de los rit­mos. Las ganancias de Telefónica y Telecom superan lo previsto, pero los trabajadores no ven un mango. El plenario de delegados decidió también convocar a una Asamblea General para el 28 de abra. La dirección esquivelista ha anunciado que llevará este reclamo al Plenario de Secretarios Genera­les que se realizará el 24 de abril. Pero Rogelio Rodríguez, el secre­tario general de la Federación está “negociando” la prórroga del acuerdo que estableció las 8 horas y aún nuevas entregadas y aún del convenio. La Lista Naranja ha planteado en una declaración que es necesa­rio volver a las 7 horas (sin aceptar descuentos) y un mínimo de $1.000. Esta es la responsabilidad de la Asamblea General.

En las últimas semanas el gremio banca rio asistió a la multiplicación de redamos por aumento salarial. Pararon los compañeros del Banco de la Provincia de Córdoba, pararon también los compañeros del Banco Central, se realizaron olías popula­res en las puertas del Credicoop, del Boston, del Provincia de Buenos Aires. En el Banco de Quilmes se suspendió un paro ante la intimación de ilegalidad efectuada por el Ministerio de Trabajo; en el Río está comendo un petitorio que ya cuenta más de 1.500 firmas. En Banco Nación hace dos semanas se realizó una asamblea general que reivindi­co el pedido de un básico de $500. En el Patricios se obtuvo un aumento del 10% y está planteado reabrir la discusión para el mes en curso. La gremial del Tornquist también pre- redamo de re-escalafonamiento de todo el personal. Y así, en mayor o menor medida, en casi to­dos los bancos. La burocracia zanolista es cons­ciente del incremento de esta pre­sión. Los aumentos conseguidos no responden a conquistas por parte del sindicato sino a la acción de las CG1 de cada banco. En el reciente Congreso de la Asociación Bancada la burocracia tomó como propios los redamos de la oposición ($ 540 de básico inicial, denunciar el no cum­plimiento del convenio, un salario único para todo el gremio) pero no fijó ningún curso práctico de acción. La inquietud que surge de la base bancaria le plantea a la oposición la necesidad de coordinar los reda­mos y las luchas y exigir un plan de lucha para conseguir los reclamos aprobados en el Congreso.

Daniel Sánchez, secretario general del Sindicato Telefónico de Córdoba, es miembro del Comité Central del Partido Comu­nista, elegido en su 17° Congreso. Sánchez adoptó en los últimos meses una conducta antiobrera, antidemocrática, policial y patoteril, una política de alianza con la patronal de Telecom y con la buro­cracia menemista de FOETRA, sin que todo esto fuera suficiente, sin embargo, para que el PC lo expul­se de sus filas. Hacemos respon­sable a la dirección del Partido Comunista por la conducta política de Sánchez y en caso de que este personaje no sea expulsado en términos perentorios, apelaremos a la base del PC para que expulse a su dirección por encubridora de una política canallesca. Al servicio de la patronal Sánchez asumió la conduc­ción del sindicato telefónico en una lista única de oposición a la burocracia de Venencia. Esa lista se constituyó con militantes del PO, Mas, PC, radicales, sobre la base del rechazo de las privatiza­ciones, del repudio a la decisión de la burocracia de convertirse en accionista de las empresas a tra­vés del “programa de propiedad participada” y en favor de un sindicato independiente de la pa­tronal y del estado. Apenas se hizo cargo del sindi­cato, Sánchez y la mayoría de la Comisión Directiva armaron una “fracción” para expulsar de la comisión directiva a los militantes del PO, Gómez y Sosa, secretario de organización y vocal titular, res­pectivamente. Primero se los se­paró de la comisión directiva, se suspendió el permiso gremial a Gómez, se violó su oficina del local sindical. Esta fue la respuesta de Sánchez y su fracción a la negativa de los compañeros a aprobar la memoria y balance (¡qué incluía una parte del período en que el sindicato estuvo en manos del bu­rócrata Venencia!) por las graves irregularidades en el manejo de los fondos sindicales. Inmediata­mente después, Sánchez y su fracción expulsaron a los com­pañeros del sindicato y ratificaron esas expulsiones en una asamblea minoritaria, llena de irregula­ridades, legalizadas, claro está, por el veedor del Ministerio de Trabajo. La fechoría de Sánchez se completó con el retiro del permiso gremial al secretario gremial, Piñón, que pertenece al Mas, y la sanción a un vocal, también del Mas. Para coronar toda esta “obra”, la patronal de Telecom pidió el desafuero de Piñón y de cuatro delegados de la sección tráfico por haber realizado una asamblea, alegando que no te­nían autorización de la patronal. Casualmente Telecom presentó el pedido de desafuero después de que Sánchez expulsara a Gómez y a Sosa y sancionara a Piñón. La sincronización de la patronal con Sánchez no termina aquí, porque Sánchez argumentó k> mismo que Telecom para sancionar a los compañeros: que no se pueden hacer asambleas sin consenti­miento de la patronal y que los delegados que actuaron de esa manera son “alocados”. Sán­chez se reveló así no sólo como un agente de la patronal sino como un típico alcahuete que actúa como policía de los compañeros para permitir que éstos sean despedi­dos. ¿Y por qué hicieron los com­pañeros una asamblea? Porque los atropellos patronales son cosa cotidiana y el silencio y el consen­timiento del sindicato absolutos. Pero mientras no hace nada por el salario ni nada contra los crecien­tes ritmos de trabajo, Sánchez re­colecta firmas para la burocracia de Foetra Nacional con el objetivo de que estos burócratas sean au­torizados a manejar el negocio de las acciones de “te propiedad participada “, en lugar de denun­ciarla: a) como una estafa para asociar a los trabajadores a su propia explotación y a la explota­ción de tos usuarios; b) como una política de integración de los sindi­catos a la patronal imperialista; c) como una corruptela descomunal de la burocracia, que cobrará una comisión usuraria por la “admi­nistración “ de esas acciones. Sánchez pactó con la burocracia de Rodríguez en el congreso de Foetra Nacional, a mediados del año pasado, la firma del convenio arreglado con Menem y las patro­nales de Telefónica y Telecom. Sánchez ha logrado acumular todo este prontuario en el corto lapso de 6 meses, un verdadero “récord”, todo lo cual no alcanzó para que el PC, no sólo no lo ex­pulsara sino que tampoco se diera por aludido. El periódico del PC hace rato que no habla de telefónicos de Córdoba, lo cual es una manera como cualquier otra de ocultar a su base las fechorías de quien ocupa un sitio en su Comité Central. Sánchez es un elemento in­compatible con el movimiento obrero. Es un elemento orgánico de la burocracia sindical, en las peores de sus variantes. El PC tiene la obligación de expulsado como un traidor de la causa obrera y como un agente del Ministerio de Trabajo y de la patronal, o recibir él mismo esa misma caracteriza­ción.

Dos números atrás se dijo en un artículo que la lista Marrón Gráfica (en la que milita al PC) apoyaba a la Verde de Ongaro. La reali­dad es que el 9 de abril pasado la Marrón se presentó a la Lista Naranja para darte su apoyo público, circunstancia que corresponde aclarar desde estas páginas. Pero también corresponde destacar que en la Asamblea da Junta Electoral, el pasado 20 de Diciembre, la Marrón Gráfica no aceptó integrar una Lista con la Naranja para disputar la junta electoral. Que en cuatro meses de trabajo para la formación de la lista no acudie­ron al local Naranja a pesar de sucesivas invi­taciones, que no trabajaron por la formación de la lista a nivel da avales ni da candidatos y menos aún en el movimiento de jubilados donde tienen militancia. No debe olvidarse que el PC apoya a la burocracia del Encuentro de Burzaco, profun­damente hostil a cualquier perspectiva clasista. Los militantes del PC que pretenden defen­der esa perspectiva, es hora ya de que sa­quen conclusiones.

A medida que avanza la campaña con vista a las próximas elecciones del 24, se van uniendo los hilos de dos grandes ten­dencias en la masa del gremio: la bronca contra el congelamiento salarial y el reagru­pamiento antiburocrático del activismo. El congelamiento durante un año ente­ro, en el cuadro de una reactivación de la industria, ha madurado a fuego lento la des­ilusión en las promesas menemianas de mejora del salario real como resultado mágico de una “estabilidad” que ha signifi­cado un aumento del 30% en el costo de la canasta familiar. Los reclamos salariales se extienden en todos los talleres gráficos por todas partes, más allá de los que han estado o aún se encuentran en conflicto abierto. El gremio está envuelto en este debate, cons­ciente de las visibles súper-ganancias patro­nales. Está envuelto también en el debate de la “productividad” que las patronales plan­tean como condición de cualquier mejora económica, recibiendo como respuesta la aceptación del planteo por parle de la buro­cracia del sindicato, que envía un “ingenie­ro en salubridad” para “elaborar planes de productividad” que presentaron a las patronales, disfrazados ante los obreros como política de “autogestión” La buro­cracia de Ongaro se coloca en esto a la derecha de la declaración de la burocracia de la CGT que critica el decreto de “produc­tividad'“. El programa Naranja y sus posiciones concretas reclamando cifras de actualiza­ción, repudiando los premios y topes de superexplotación, ofreciendo una salida de reagrupamiento de conjunto en el gremio, difundiendo las luchas en curso, organizan­do el reclamo salarial explica su ascen­diente creciente en la base del gremio. Esta acción ha impulsado el surgimien­to de nuevas internas y ha servido para ofrecer un programa a otras, acentuando el desprestigio que tiene el conjunto de la burocracia y el ongarismo en particular después de cuatro años de vaciamiento del sindicato. La manifestación del ascenso Naranja tiene expresiones como la reciente incorporación a la lista de Rubén Sanabria, varias veces Secretario General de Clarín, y de un conjunto de internas que se han sumado después de la presentación de la lista. El nivel de penetración de la lista puede servir para alcanzar el triunfo si se superan las barreras del fraude, de la manipulación del voto de los jubilados y de la activación de una tercera lista burocrática, que aparece con una propaganda desproporcionada con relación al número de sus integrantes y a su influencia gremial. La Naranja ha denunciado al Ministerio la no entrega de padrones a los talleres y a las listas opositoras, la autorización para votar en las sede6 sin recibo de sueldo, y la computación del voto de los jubilados para el conjunto de puestos directivos (lo que no corresponde), entre otras maniobras de fraude. Reunir la cantidad de fiscales necesa­rios, llevar la propaganda hasta tos últimos rincones, volcar el apoyo masivo en las tareas para mostrar al gremio la posibilidad cierta de expulsar ata burocracia sindical de gráficos, ha sido al esfuerzo al que convocó nuestro partido en el gremio y fuera de él para conquistar una nueva dirección conse­cuente con la clase obrera.

El próximo 30 de abril, el flamante PO de Catamarca reali­zará por primera vez un acto público en la provincia, lo cual no es más que el reflejo del importante desarrollo que está alcanzando su trabajo político. Catamarca ha vivido la experiencia del estrangulamiento de un proceso excepcional de movilización democrática que el P0 advirtió con mucha anticipación y sobre cuya base libró una lucha política que fue lanío más enérgica cuanto que los recursos organizativos y las fuerzas regionales eran muy débiles. En contraste, la bancarrota política de tildas las organizaciones y partidos llamados democráticos, Incluida la izquierda democratizante, no puede ser más patente. Todas estas corrientes redamaron y luego apoyaron la Intervención Federal y en ese marco pusieron en Pie al Frente Cívico detrás del cual se encolumnó toda la centroizquierda y los sectores llamados progresistas de la Iglesia catamarqueña, con la monja Pelloni a la cabeza. La Izquierda no denuncié al Frente Cívico como una coalición patronal que tenía por finalidad acabar con el movimiento de masas como contrapartida de su acceso al gobierno y a los recursos de éste. Esto explica que hoy la izquierda haya prácticamente desaparecido del escena­rio político provincial. El PO en este proceso logró abrirse camino. En la desigual lucha política que libró nuestro Partido, en cuanto a medios, se destacaron con inusitado relieve los artículos del periódico que analizaban el desarrollo de la crisis provincial. Esta experiencia, en particular como fue seguida en la Comisión de Derechos Humanos llevó a Elsa Ponce, una de sus dirigentes, vinculada a Patria Libre, a reforzar el trabajo de construcción del PO en Catamarca. Más adelante conclusiones políticas similares permitieron al PO crecer con la presencia de Enrique Traverso, compañero que habla militado en el FREPU de Córdoba, y más recientemente a Liten Modilani, compañera también vinculada a Patria Libre. A estos tres compañeros que hoy dirigen el trabajo partidario en la provincia, Prensa Obrera les efectuó el siguiente reportaje. P. El 30 de Abril el PO de Catamarca tiene previsto la realización de un acto, público para conmemorar el día de los traba­jadores. ¿Cuáles son las definiciones políti­cas que se van a volcar en ese acto? E.T. Tenemos que poner de relieve que la provincia ha vivido un proceso extraordi­nario de movilización popular por el caso de María Soledad, que terminó estrangulado porque las masas carecían de política pro­pia, y fueron manipuladas por organizacio­nes y personalidades que terminaron con el proceso de lucha. E.P: Mientras se desarrollaron las Mar­chas del Silencio hubo diversas maniobras; la misión Patti, la intervención del Poder Judicial, la propia intervención de la provin­cia, que tenía por función desmontar el proceso de movilización. Finalmente en el terreno de las elecciones a través del Frente Cívico, apoyado por los sectores que diri­gían las Marchas, incluso por la monja Pelloni y toda la centro izquierda pudieron mani­pular a las masas haciéndoles creer que los problemas de la corrupción, la impunidad y la miseria se iban a solucionar con el simple relevo de Saadi del Gobierno. P: ¿Y qué pasó? L.M: El triunfo de Castillo, candidato del Frente Cívico, fue el pretexto que usaron todos esos sectores para justificar el levan­tamiento de las marchas. E.T: O sea que las masas fueron llevadas a una trampa política porque no tenían una política propia independiente, o sea que no tenían una dirección que representara sus intereses. La hipocresía de los políticos que impulsaron a Castillo ha sido formida­ble, pues enarbolaban la bandera de la democracia y la justicia social postulando a un ex-gobernador del “proceso”. P: ¿Y ahora cuál es la situación? E.P: Rápidamente se están desmoro­nando las expectativas, porque la gente ve que hay una continuidad con la política que ejecutaba Saadi y que incluso se están anunciando medidas muy graves contra los trabajadores. Por ejemplo el gobierno ha anunciado un “plan de ajuste” consistente en el despido de 6500 trabajadores, a lo cual debemos sumar los despidos que se produ­cen el Parque Industrial, luego que hizo campaña diciendo que no iba a haber nin­gún despido. E.T: La gobernación en realidad se ha transformado en una agenda del gobierno nacional, como lo demuestra que Castillo, un radical, apoya la reforma constitucional a cambio de lo cual el gobierna de Menem le acaba de entregar 10 millones de pesos de subsidios con motivo de las últimas inundaciones, pero en las cuales el pueblo que sufrió las inundaciones no ha visto un peso. P: ¿Y con el caso María Soledad? E.T: Sigue siendo una cuestión política de primer orden en la provincia. Ahora, apro­vechando el proceso de desmovilización, los saadistas han logrado que el caso sea tomado por la Suprema Corte de la Nación, que podría legar a decretar la libertad de Luque. L.M: Quiero aclarar que Castillo ha apoyado la remisión del caso a la Corte, y que se ha pronunciado sobre la inconve­niencia de que se retomen las marchas, incluso los sectores que antes organizaron y convocaban a las marchas, también esta­ban frenando, usando como pretexto de que soto lo hartan si la intervención de la Corte no fuera legal. Entonces la cuestión está planteada, si se quiere evitar que el gobierno imponga la impunidad en este crimen, es precisamente reabrir el proceso de las Marchas. E.T: Claro, y en esto por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos tendría que ser un factor, que por otra parte empal­maría, como ya ocurrió en el pasado, con otros procesos de lucha como el que están dando los cesanteados de la DECA {direc­ción de Energía), los trabajadores ambulan­tes que fueron desalojados de la peatonal o los propios empleados públicos amenaza­dos con cesantías masivas. P: Entonces va a ser un 1° de Mayo fuerte en definiciones. E.T: El acto que tenemos previsto para el 30 de Abril, va ser nuestro primer desafío público, para el cual deberemos hacer un intenso trabajo. Ya tenemos una sede en la dudad con un núcleo organizado y una periferia de trabajadores, artistas, artesa­nos y jóvenes a quienes nos vamos a dirigir para convocarlos. En Valle Viejo tenemos otro núcleo que está interviniendo en una zona barrial, donde han logrado que se instalara el agua potable, y ahora con la cuestión del cólera se está impulsando la instalación de una posta sanitaria. Tenemos también un trabajo incipiente en Belén y Ancasti. Entonces el acto, desde el punto de vista del partido, será un hito para reforzar todo este agrupamiento y avanzar así en la construcción de una vanguardia revolucio­naria en la provincia.

El pasado martes 21, los ferroviarios de las “secciónalas rebeldes” de La Fraternidad del Roca y del Sarmiento tuvieron que admitir la realidad de la derrota y levantar la huelga. Lo hicieron con dignidad y con entereza, y con la certeza por sobre todo de que el gobier­no menemista no va a gozar por mucho tiempo de los resultados de su “victo­ria”. La huelga de los fraternales, que comenzó hace cuarenta días, fue una lucha absolutamente obligada, que un conjunto de activistas empeñaron como un último recurso para impedir la definitiva liquidación de sus derechos y la ani­quilación de sus baluartes sindicales — las seccionales. Fue una batalla de reta­guardia, porque fue librada en un marco de enorme aislamiento, debido al boicot descarado de todas las burocracias sin­dicales, no ya de la CGT y de su propio sindicato, La Fraternidad, sino en espe­cial de los “izquierdistas” del Encuen­tro de Burzaco, que se negaron a apoyar la huelga en su última reunión en Rosa­rio. La conducta rompehuelga de la burocracia de Burzaco ante la lucha de los fraternales define en forma contun­dente su carácter de corriente anti-obrera y de ladera política del “plan” Cavallo. Con excepción del puñado dirigente de la huelga, y del Partido Obrero, no existió ante las corrientes políticas que “participaron de ella la menor conciencia sobre el carácter obligado de esta lucha” y sobre su naturaleza de último recurso para defender las conquistas históricas últimas de La Fraternidad. En el caso del Mas, los dirigentes que responden a su fracción interna mayoritaria se dieron como único propósito levantar la huelga lo antes posible y en cualquier condi­ción. En esta huelga se pudo apreciar el carácter fundamental de la crisis del Mas, que es el de la quiebra política y completa desmoralización. Estos “trotskistas” simplemente se han venido abajo bajo la presión de las tuer­zas hostiles a la clase obrera y a la revo­lución, tanto nacionales como interna­cionales. El partido comunista no tuvo política como partido, porque en reali­dad estaba haciendo “méritos” con el grupo de Burzaco y con las “estrellas” que quieren subir al escenario con “Pino” Solanas. SI jugaron un gran papel de lucha los activistas y dirigentes que han roto con el partido comunista y con el Fral. Los fraternales y los ferroviarios en general han pagado un tributo a la demora con que iniciaron la lucha con­tra los gobiernos “democráticos” y a las características parciales de los pri­meros enfrentamientos. Durante el gobierno de Alfonsín, el planteo de huelga indefinida era entendido como fuera de lugar en los tres gremios ferro­viarios, que confiaban en arrancar “pla­nes de lucha” de huelgas parciales a las burocracias de Pedraza y de Jaime, las que por su lado se cuidaban de pre­sentarse como “ubaldinistas”. En el caso de la Unión Ferroviaria, la desmo­ralización llegó mucho antes de que se esbozaran los primeros planes de “pri­vatización”. En La Fraternidad, en cambio, la Ofensiva menemista acentuó la radicalización de la base, en lo que deben haber influido un conjunto de factores, pero uno de los cuales era la composición Izquierdista de sus activis­tas. Sin embargo, fueron estos propios izquierdistas los que impidieron que las huelgas de marzo de 1990, con la for­mación de la inter-seccional, llevaran a la formación de una dirección indepen­diente para acabar con la burocracia de Jaime. A la luz de esta experiencia, la huelga que acaba de ser derrotada fue también un esfuerzo final de los activis­tas más conscientes para recuperar al gremio de las consecuencias de todos los errores pasados. Lo más grave de una derrota no son las pérdidas de conquistas frente a la clase enemiga sino la ausencia de en­señanzas. La vanguardia de los lucha­dores debe empeñarse en sacar las conclusiones políticas hasta el final — que no son otras que la necesidad de una estrategia y de una organización jugada a la lucha de clases consecuen­te. Es decir a construir un partido propio revolucionario. La derrota de la huelga no significa para nada el fin de los grandes conflictos de clase que tendrán por eje a tos ferro­viarios Por delante hay un plan de supe­rexplotación y de cierre de estaciones, es decir, de avivamiento de las contra­dicciones entre el gobierno y sus capita­listas con el pueblo explotado. La política oficial enriquece naturalmente a unos pocos usureros, pero amplia la base social que sufre los perjuicios. Se trata, entonces, de defender lo que la victoria de los explotadores no ha logra­dos destruir, de reorganizar las filas con un trabajo concebido en profundidad y de dar batalla organizada contra el más mínimo de los atropellos para ir reconstruyendo la fuerza del gremio y de las masas, y preparar las nuevas condicio­nes para una lucha decisiva. ¿Qué pasó en Remedios de Escalada? Desde el comienzo del conflicto el Mas y particularmente Poeto, de la Ejecuti­va, tuvieron una política de derrota de la huelga. De entrada lucharon a brazo partido contra la decisión de ir al paro votando conjuntamente con la burocracia —que todavía concurría a las asambleas. Declarada la huelga, aceptaron realizar una asambleas con 20 futuros carneros ante una “apretada” de la burocracia, a sabiendas de que la masa fraternal no iba a estar presente. Esta asamblea trucha “Votó” el levantamiento y Remedios sólo volvió a la huelga cuando los trabajado­res se enteraron de la maniobra, concurrieron en masa y revirtieron la situación. Fue de esta crisis que surgió la propuesta de hacer asambleas conjuntas de los fraternales del Roca, cuya función era “fortalecer a Escalada y 'vigilar' a Poeto”, en palabras de cualquier activista. En la asamblea conjunta del 12 de abril la huelga estaba en una encrucijada — 24 horas después se resolverla su “suspensión”. Pero aún en estas circunstan­cias la asamblea votó continuar y fue Poeto quien, cuando los trabajadores en su gran mayoría se hablan retirado, desconoció lo resuelto y llamó a una asamblea de la seccional para el día siguiente, donde informarla, para “apurar” el levantamiento, que Tolosa había levantado el paro, lo que era absolutamente falso. El retome de la huelga encontró a las seccionales sin asambleas conjuntas, f ruto de todas estas maniobras y manoseos, que revelan no solo una política de derrota y una total carencia de principios, sino por sobre todo un cuadro de completa quiebra política. Eduardo B. (corresponsal)

La sospecha de que el Departamento legal del Banco Central habría demorado la tramitación del cobro de las deudas del amigo de Menem, Miguel Ángel Vicco, por valor de 40 millones de dólares, para que éste pudiera beneficiarse con la “prescrip­ción “de su pago que se produce al cabo de tres años del inicio de la gestión de cobro, motivó la intervención del poder judicial y el estallido de un nuevo escándalo que tiene por protagonista al ex secretario privado del presidente. La ofensiva contra Vicco fue desalada desde los ministerios de Economía y de Interior, dentro de la batalla que tiene em­peñada la embajada norteamericana para desmantelar el clan íntimo del presidente y el equipo del ministerio de Defensa que resiste la entrega de Ezeiza a una empresa de correos norteamericana. El paso siguien­te de este plan preveía un ataque al dan Alsogaray con denuncias acerca de fas manifiestas irregularidades que existen en la gestión de Somisa y que podrían superar holgadamente los curros y coimas que signaron la gestión de Entel con anterioridad a la “privatización”. Esta feroz lucha de clanes y de intere­ses, en la que están en juego las “cometas “ de 20.000 millones de dólares previstos para el resto de las “privatizaciones”, explica la reacción de Menem de decidir la publicación de la lista de todos los que se encuentran en la misma situación que Vicco. Esos deudores morosos del Banco Central, incobrables o “prescriptos”, tota­lizan un perjuicio de 15.000 millones de dólares. La cuenta no la pagó el Banco Cen­tral, que no tiene capital real, ni el Tesoro nacional, que nunca contó con una cuenta para prevenir el pago de semejantes pérdi­das. La cuenta fue integralmente pagada con emisión de moneda, es decir con infla­ción e hiperinflación, las cuales permitieron transferir miles de millones de dólares de los trabajadores a los capitalistas. Lo que nin­gún diario explicó al pueblo fue, precisa­mente, esto: que la inflación no está causa­da, como arguyen los charlatanes a sueldo, Por los “elevados” salarios, o por los gastos en salud y en educación, siempre decre­cientes, sino por el usufructo de créditos que nunca devolvieron, por parte de los grandes grupos capitalistas. Se dio, así, el fenómeno, que puede extrañar a más de uno, de que los deudores que alegaban una situación de quiebra para 00 cancelar lo que debían, en jugar dejarse a la quiebra y desaparecer del escenario económico se transformaran en más ricos todavía, Vicco tiene hoy más plata que cuando alegó su quiebra — y podría perfec­tamente cancelar la deuda de 40 millones. Lo mismo vale para Macri, el dueño de Sevel, Manliba, empresas constructoras; o Bulgheroni, que gana licitaciones de petró­leo mientras deja sin pagar sus cuentas al Central. Si según Marx la acumulación origi­naria del capital fue un proceso de “sangre y lodo”, la acumulación capitalista de la clase que gobierna Argentina no le va en zaga; es un proceso de fraude, estafa, des­integración económica y rapiña. Mientras protestaban una incapacidad para hacer frente a sus deudas, estos grupos capitalis­tas desataron la mayor fuga de capitales que haya conocido el país: unos 40.000 millones de dólares. Los créditos que se negaban a pagar se iban, convertidos en divisas, al exterior. De estos fraudes salió la deuda externa que Argentina aún debe pagar, exactamente a quienes se niegan a pagarle a ella, a los Techint, Pérez Com­parte, Macri, Bulgheroni, Banca Robarte, etc. que tienen en su poder gran parte de los títulos correspondientes. A estos grupos les sobra el dinero para pagar sus deudas al Banco Central — no lo van a hacer porque el Estado los protege. La publicación de las listas, una maniobra de Menem para salvar a su clan contra la acción de Todman-Cavallo, constituye al mismo tiempo una manio­bra para “inocentar” al gobierno y al Esta­do argentinos de su responsabilidad como protector de los intereses de esos grupos capitalistas. En realidad, los deudores frau­dulentos gobiernan la Argentina; sus hom­bres son los que ocupan los ministerios, son ellos los que elaboran los planes de gobier­no, son ellos los que se benefician con la política oficial. Pero la burguesía argentina y los gran­des capitales internacionales no sólo adeu­dan a la Argentina el dinero que no le devuel­ven al Banco Central o el que fugaron al exterior; también le deben el que correspon­de a la extraordinaria evasión impositiva y previsional, que el descarado Alemann habla evaluado en 12.000 millones de dóla­res anuales en su conjunto. Aquí tenemos otra fuente de fuga de capitales. Pero una reciente disposición de Cavallo, en realidad la cuarta en menos de un año, autoriza al blanqueo de capitales y al blanqueo imposi­tivo y previsional, es decir condona todas las deudas por evasión y hasta por indemnización por despidos de trabajadores registrados parcial o totalmente en negro. ¡Cómo va a empeñarse en cobrar las deudas al Banco Central, el mismo gobierno que “perdona” las contraídas con el Fisco! Pero hay una diferencia entre el “lodo y la sangre” al que aludía Marx y el lodo y la sangre de los Cavallo. La acumulación origi­naria del capital, que caracterizó a los siglos XIV al XVIII, fue la forma inhumana y dolorosa que tomó el despegue de las fuerzas productivas modernas. La exacción del capital internacional y nacional actual ha servido en lo fundamental para consolidar una riqueza parasitaria y para provocar el derrumbe nacional en el conjunto de los países de América Latina. La suma de los fraudes de la burguesía en Argentina supera holgadamente los 200.000 millones de dólares Una de las funciones de la ''privatización'' es borrar los rastros y registros de este enriqueci­miento de piratas. Toda esta historia permi­te entender por qué los capitalistas no quieren abrir sus libros al escrutinio público, ni la abolición del secreto comercial. Convertirla al proceso económico en un proceso de justicia popular. Esta gente hace la apología del mercado para ocultar la realidad de la explotación fabril, un lugar en donde no se admite libertad de comercio ni de otro tipo, sino que sólo entiende el lenguaje del capa­taz o del control de tos ritmos de producción. Del mismo modo defiende la democracia para echar un veto sobre el secreto de sus espurias fortunas.

Un rejunte indiscriminado de perso­nas, detrás del cual está presente el aparato, y por sobre todo el dinero, del partido comunista, está impulsando la candidatura a senador de “Pino” Sola­nas. Como parte de la campaña, están difundiendo una carta de “Pino” que, curiosamente, llama a no promover “figuras providenciales ni meras sumatorias de grupos”. Pero “Pino” es para los stalinistas y para los pocos emigrados del peronismo que apoyan al PC, precisamente una figura “providencial”. Conscientes de que nadie va a votar por la decrépita perspectiva staliniana, los seguidores de Echegaray creen que van a recoger los votos de los espectadores del “Exilio de Gardel”. Pretender que con esta política del disimulo y de la confusión “otro país es posible”, delata la mala inten­ción y el fraude. El manifiesto de “Pino” es un com­pendio de lugares comunes que ni si­quiera superficialmente se refieren a la política. “Una nueva oposición, reclama “Pino”, que llame a la unidad en la diversidad”, sin aparentemente sospechar que está convocando al amontonamiento y al confusionismo. La condición de una fuerza política debe ser la homogeneidad basada en un programa y en objetivos comunes; el país ya ha hecho la experiencia de las “bolsas de gatos”, el peronismo y el radicalismo, que sólo pueden ser con­ducidas por caudillos que valen por una vez. Los movimientos pluriclasistas, pluriideológicos y pluripolíticos termi­na siempre en masacres como las de Ezeiza y de la triple A y en la capitula­ción ante el imperialismo. “La magni­tud de la crisis”, señalada por Sola­nas, tiene un responsable histórico, el capitalismo, que él sin embargo no menciona. El “otro país” que vislum­bra como “posible” no sería otro, en­tonces, que un país capitalista. La carta de “Pino” Solanas no se molesta en plantear un programa, lo cual equivale a decir “síganme que no los voy a defraudar”. No se puede saber si Solanas propugna la renacio­nalización sin indemnización de las empresas privatizadas y el no pago de la deuda externa, o si se resigna, quizás con algunas salvedades, a los hechos consumados. Entre los que firman el apoyo a Solanas hay stalinistas que' apoyaron a la dictadura militar y socialis­tas y maoístas que apoyaron a Menem hasta hace muy poco. Los que engaña­ron de tal modo a la opinión pública no tienen derecho a efectuar ninguna demanda política de apoyo al pueblo sin antes rendir cuentas o hacer el ba­lance de sus desastres políticos. “Pino” Solanas y sus patrocinado­res están disputando el llamado “espacio político del centroizquierda”, un lugar al que han caldo por descarte todos aquellos que culpan a la realidad por sus descomunales fracasos políti­cos. Están los “socialistas” que inte­graron, como Bravo, el gobierno de Alfonsín y que hoy, desde la Unidad Socialista, son responsables del vacia­miento del Hogar Obrero y que integran el “lobby” de la oligarquía rosarina que reclama la privatización de los puertos. Están los que, como “chacho” Álvarez, votaron el copamiento de la Corte Suprema por parte de Menem, y que a pesar de esto insisten en dar cátedra de política. De todos modos, “Pino” nada dice acerca de sus diferencias políticas con estas expresiones. Creador cine­matográfico, al fin, Solanas, cree que la penumbra y el claro-oscuro tienen en la política la misma fuerza evocadora que suscita en la pantalla. “Pino” Solanas no es un hombre político y esto podría excusar su confu­sionismo — un verdadero crimen dada “la magnitud de la crisis”. Su denun­cia de la corruptela y de la entrega del petróleo, en el pasado reciente, así como su valentía ante las intimidacio­nes armadas, lo ponen por encima del promedio de los que lo apoyan. Lo que no puede pasarse por alto es la política del partido comunista, de los maoístas y de los otros democratizantes, que siguen empeñados más que nunca en luchar contra la emergencia de la clase obrera como vanguardia política de los explotados.

Sería ciertamente abusivo afir­mar que la crisis del Mas se inició cuando Zamora decidió utilizar la tribuna del 19 de Mayo del año pasa­do para lanzar la “consigna” Hagamos grande al Mas', pero es indudable que la aceleró bastante. En un sentido estricto, la “con­signa” fundamental del Mas no es para nada una consigna, que acer­tada o no debe tener por referencia a la tendencia de las masas y a las situación del momento en su con­junto, algo a lo que esa “consigna” no le presta el menor cuidado. Hagamos grande al Mas' no sirve, indudablemente, para ganar las huelgas de ferroviarios o de Fate, y ciertamente que sí para sabotear­las, porque opone el aparato parti­dario a la necesidad de organización de los luchadores que intervienen en la huelga. La “consigna” men­cionada puede hacer suponer que el Mas pretendió con ella diferenciarse del PC, con el cual había decidido romper en la coalición Izquierda Unida, pera la verdad es exacta­mente la contraria. Hagamos grande al Mas' es la copia literal de la “consigna” staliniana Haga­mos grande a Izquierda Unida', de inconfundible cuño electorero y de aparato. Hagamos grande...' es un slogan que revela un complejo de enanismo y de onanismo incura­bles. Sorprende esta extraña “con­signa” de parte de una dirección que caracteriza a la situación del Mas como una “crisis de método, de principios y de programa”, y a su pasado reciente como de neto carácter oportunista. ¿Cómo se puede reclamar al pueblo, con esta caracterización, que “haga gran­de” a semejante desastre? Está claro que la “consigna” tiene por exclusivo propósito imponer a los militantes del Mas una solidaridad de aparato previa a cualquier balan­ce de su fracaso político. Ni qué decir que ello debe condenar a la es­terilidad cualquier clase de balance, si es que éste llega a ver algún día la luz. El carácter reaccionario de la “consigna” ha quedado en eviden­cia en oportunidad de la moviliza­ción del próximo 1° de Mayo, es decir en las vísperas de su aniversa­rio. El Partido Obrero le propuso al Mas, desde la primera semana de abril, un acuerdo político para cele­brar con un acto único la jornada internacional del proletariado y coin­cidir con una candidatura común para las elecciones de Senador en la Capital. La dirección del Mas no se molestó en dar una respuesta, que siempre prometía para una reunión siguiente. El significado político concreto de esta negativa a un frente para el acto y la candidatu­ra es levantar una oposición a unir a los luchadores obreros y clasistas, unir políticamente al proletariado que combate, con una plataforma internacionalista, frente al gobierno y el Estado burgués. Para esta política de unidad el escenario debía ser la Plaza de Mayo, para la política de “hacer grande’’ — la plaza Once. Una perspectiva era de moviliza­ción, la otra la autocomplacencia o el harakiri, como se prefiera. La regresión del Mas hacia posi­ciones liquidacionistas y reacciona­rias (naturalmente debe entenderse esto con relación a las necesidades de desarrollo político que reclama la clase obrera) es extraordinariamen­te instructiva, porque sirve para probar una tesis esencial para la comprensión del actual momento histórico: el reflujo de la “Izquier­da” es considerablemente superior al que puede registrar el movimien­to obrero en tal o cual país; es ideo­lógico y hasta moral, mientras que el de la clase allí donde se manifiesta, es político y organizativo. La “iz­quierda “invoca un retroceso inter­nacional de la clase obrera para justificar sus posiciones políticas, sin percibir que el retroceso obrero es coyuntural en su naturaleza, mientras que el de la “izquierda” es histórico y oscila entre la adopción de las posiciones del enemigo de clase y el liquidacionismo. La dirección del Mas, en función de su malhadada “consigna”, saboteó la lucha que el PO libró para que las seccionales ferrovia­rias acompañaran el llamado a un acto obrero único, de reivindicación de la lucha obreras contra el capital y por el socialismo. Para esa direc­ción, impulsar un acto de clase en la Plaza era “hacerle el juego” a la candidatura de “Pino” Solanas, que el PC manipula entre bambali­nas. El cadáver pútrido del stalinismo asusta al Mas mucho más que cuando todavía era una realidad política con la que se hermanaba en el Frepu e IU. Pero cualquier perso­na con dos dedos de frente sabe que la deshilachada corte de Echegaray no podría, ni se animaría, a disputarle la Plaza a un acto convo­cado por el Mas, el PO y otras orga­nizaciones obreras. La posición de sabotaje político del Mas frente a la posibilidad de un acto de unidad política de la van­guardia obrera, ha acentuado su crisis interna, al provocar que nu­merosos militantes del Mas y aún de organizaciones regionales tuvieran que votar la concurrencia a la Plaza si un acto de esas características tuviera lugar. El hecho es positivo, pero con una salvedad: que no vengan a buscar una “nueva “van­guardia obrera disfrazada de obre­ros o de activistas sin partido. Solo una política trotskista puede abrir una perspectiva revolucionaria, y de ningún modo los “luchadores” sin política ni estrategia, y la una y la otra están en el PO. La actual dirección “izquierdista” del Mas fue a buscar esa vanguardia en la reunión realizada en Rosario por el Encuentro de Burzaco, convencida de que de allí podría salir, como lo adelantó, con similares ilusiones, el periodista Rodolfo Colángelo en las páginas del Informador Público. La dirección del Mas cree superar al electoralismo que le atribuyen a Zamora (en realidad es morenista), con el sindicalerismo, y caen en las fauces de la burocracia, sentados al lado de su primo-enemigo: el PC, decididamente embarcado con Piccinini y Mary Sánchez.

A la hora de tener que cerrar esta edición parecían desvanecerse las posibilidades de que las seccionales ferroviarias que protagonizan la reciente huelga, los partidos de izquierda y otras organizaciones obreras celebraran el 1° de Mayo con una movilización política de unidad obrera contra el gobierno entregador y capitalista en la Plaza de Mayo. El Mas procuró por todos los modos impedir que se concretara un acto de uni­dad obrera en la Plaza, en función de su “consigna” de “hacer grande al Mas” con un acto aislado en Plaza Once. Esta posición motivó el repudio de militantes y orga­nizaciones del Mas, que prometieron a voz pública que concurrirán a Plaza de Mayo si tenía lugar un acto unitario de ludia con la participación de las seccionales ferrovia­rias. El sabotaje político del partido comunis­ta, embarcado en un frente patronal de centro-izquierda, fue más sibilino. En lugar de oponerse a una convocatoria a Plaza de Mayo, planteó que no tuviera la forma de un acto; que por lo tanto no se expresaran posiciones políticas: en definitiva que el 1° de Mayo se perdiera como posibilidad de movilización unitaria de clase y de ámbito para formular las perspectivas que ayudaran al reagrupamiento de la vanguardia obrera contra la burocracia sindical en todas sus tendencias. Los dirigentes de la huelga ferroviaria, luego de haber planteado su apoyo a un acto de organizaciones luchadoras, parecen haber dado un considerable paso atrás, bajo la presión del partido comunista y, a su modo, del Mas. Al momento de cerrar esta edición planteaban (reducidos a una decena de re­presentantes) realizar un acto convocado por las seccionales, que se arrogarían la re­presentación del conjunto de los luchadores y organizaciones obreras, sin que nadie sepa con qué política, con qué objetivos, ni con Qué programa. O más claramente: qué dase de política puede salir de la oposición a formar un frente único de lucha, por parte de activistas que, aunque militantes ferro­viarios, han sido y son miembros de parti­dos o coaliciones de izquierda. Una cosa es un acto político unitario obrero, otra cosa es una farsa, o peor una aventura o una manobra. La radiografía de este abanico de posiciones de oposi­ción o de desnaturalización de la necesi­dad de hacer un acto de unidad obrera contra ¡a patronal y su Estado, muestra hartamente que la regresión política, ideo­lógica e histórica de la 'izquierda “demo­cratizante” supera por lejos cualquier reflujo de! movimiento obrero, que por su propia naturaleza sólo puede ser coyuntural. Para esta izquierda “democratizan­te” el capitalismo internacional habría obtenido una victoria y consagración históri­cas, precisamente cuando se encuentra en el punto más elevado de su descomposi­ción, esta si tostonea El derrumbe de la burocracia staliniana y su pasaje al capitalismo no han entenado las posibilidades del socialismo sino que han ampliado el campo internacional de una lucha de cla­ses realmente feroz. El Partido Obrero lama a luchar y a movilizarse por un acto del 18 de Mayo de independencia clasista; de solidaridad de dase del proletariado internacional, en especial con tos trabajadores que luchan en la tierra de Lenin y Trotsky contra la bu­rocracia restauracionista, por la expropia­ción del capital y el control obrero, por la in­dependería de las repúblicas. De solidari­dad de dase internacional con la Revolu­ción Cubana, contra el boicot del imperialis­mo y de la burocracia rusa y por la vigencia de la democracia y el control obreros en Cuba. Llamamos a los militantes sindicales de la izquierda y del Mas a defender esta po­sición política junto al Partido Obrero para concretar un 1° de Mayo que sirva para darle una política y abrirle un rumbo a los trabajadores.