Prensa Obrera N° 354

A “Página 12” no le gusta jactarse de ser el único diario realmente “indepen­diente”, con el entrenamiento que otorgan las muchas horas pasadas en el diván del psicoanalista, simplemente lo insinúa. Pero un reciente artículo sobre el PAMI revela que el capital domina a la prensa, o más prosaicamente, el “curro”, en especial si se trata de un matutino centroizquierdista. Con la firma de Carlos Rodríguez, en su edición del domingo 5 de abril, “Página 12” publica una indecorosa apología, por su­puesto que “exclusiva”, sobre el sistema de prestaciones médicas que se apresta a implementar el PAMI. Así, el periodista escribe que “el PAMI prepara un modelo de prestaciones que se basa, primero, en una política integral de salud y, a la par, el respeto del afilia­do, dándole condiciones de acceso a los servicios de tal manera que le permitan elegir, recibir nuevas y mejores presta­ciones“. Luego agrega que “se incremen­tarán sustancialmente las retribuciones que perciben en la actualidad los médicos de cabecera... con el propósito de lograr una distribución armónica, resol­viendo las zonas críticas (y) evitando el rechazo de pacientes". Además, “en ma­teria de terapia intensiva, unidad coro­naria y terapia intermedia, la atención no reconocerá otra limitante que la nece­sidad del paciente“. Y así de seguido... (Como decía Codovilla). Según “Página 12”, el gobierno que ha congelado las jubilaciones en un 10% de la canasta familiar, que ha “pateado” la deu­da con los jubilados para dentro de veinte años y que se apresta a privatizar comple­tamente el sistema provisional, descono­ciendo los aportes de millones de trabaja­dores y liquidando el 82%, habría logrado el verdadero “milagro" de resolver, de una vez y para siempre, el drama de la atención médica de los jubilados. Y para hacer mayor la "hazaña”, lo habría logrado sin dejar de pagar la deuda externa y, aún más, aumentando sustancialmente el monto de esos pagos. ¿De dónde saca "Página 12” la infor­mación para montar semejante panegírico? Nada más —ni nada menos— que de los pliegos de licitación que está preparando el PAMI! que algún “interesado" en "ven­der” el nuevo sistema “acercó” al periodis­ta. El matutino se ve obligado a reconocer que se desconoce todavía cuál será el monto de la “capitación” que PAMI pagará a los prestadores médicos por cada afiliado y que, además, tampoco se sabe a ciencia cierta cuál será el papel que jugarán en el nuevo sistema los grandes pulpos de la salud. (Aunque ya las organizaciones de jubilados alertaron que “temen que si los grandes sanatorios o clínicas tiene un rol excluyente se estará ante el peligro de ar­bitrariedades... La preocupación es por la incidencia de ese rol hegemónico sobre el funcionamiento global del siste­ma y la cálida del servicio”). Aunque “Página 12”desconoce cuáles el monto que deberá pagar el Estado por las prestaciones ni qué parte de la torta se lle­varán los grandes pulpos privados, nada de esto le impide apoyar fervorosamente el nuevo proyecto. Más aún, el cronista pasa por alto el ataque que éste significa para los profesionales médicos, ya que el nuevo sistema establece que los médicos de cabe­cera deberán ser “designados” por los “subsistemas de salud“, a la cabeza de cada uno de los cuales se encontrará un gran sanatorio o clínica privada... lo que los convierte virtualmente en sus "empleados”. Página 12 titula su panegírico “lo prime­ro es la salud”. ¿Y la verdad en qué lugar queda?

Cuando los apologistas de la ‘'jubila­ción privada" se refieren a las “bondades "del “sistema chileno" sólo tienen en cuenta, naturalmente, los descomunales beneficios que ha reportado a los dueños de los Fondos de Pensión y en especial a los tres primeros del ranking que controlan el 66% del dinero acumulado. Pero nunca hablan del “beneficio" que hubiera signifi­cado para el trabajador o el jubilado ¡Y vaya que tienen sus motivos! Como lo demuestra el cuadro adjunto, las jubilaciones '‘priva­das" en Chile lindan en la miseria. El "sistema” chileno ha sustituido todo tipo de contribución social por parte de la pa­tronal, con lo cual la jubilación y la atención médica son bancadas por medio de un descuento sobre el salario de los trabajado­res. La poda que sufre este último es senci­llamente extraordinaria: un 20%, que se reparte en un 10% para la jubilación privada; un 3% para las comisiones que cobran las Administradoras de los fondos de jubilación y como prima de un seguro por invalidez, y un 7% para un seguro médico también pri­vado. A la fecha de su retiro laboral, el trabaja­dor puede optar por dos tipos de jubilacio­nes: el retiro programado o la renta vitalicia. En este último caso el dinero acumulado en su Jondo de pensión se transfiere a una compañía de seguro que se encarga de abonarles mensualmente una jubilación, con derecho a pensión para su cónyuge. Este haber jubilatorio debe ser “anualmen­te actualizado en base al índice de pre­cios al consumidor” (CFI, Sistemas Provi­sionales Comparados, págs. 43/44), lo que significa que se deteriora a lo largo del año según la magnitud de la inflación. En el caso del retiro programado, la jubilación es administrada por el Fondo de Pensión. “La mecánica se basa en extraer una suma anual del ahorro capitalizado, cuyo monto se determina dividiendo el total depositado por la esperanza de vida del beneficiario y de sus derechohabientes. Esta suma anual puede ser retirada en doce cuotas mensuales” (FIDE, agos­to 1991, pág. 33). También en este caso, la jubilación se deteriora, de acuerdo al nivel que registre el aumento del costo de vida. Pero como, además, este fondo deja de engrosarse con nuevos aportes a partir de la jubilación “este mecanismo—dice un especialista—gene­rará haberes decrecientes al tiempo, sin tener en cuenta causas monetarias (CFI, ídem, pag.44). Según datos de la Superintendencia de AFP de Chile a fines de 1990 el sistema tenía 87.000 beneficiarios que cobraban un haber promedio de 95 dólares. Pero este monto francamente miserable, que repre­senta apenas un 25% del salario promedio, se logró merced a las altas capitalizaciones que tuvieron los fondos en estos 10 años, que fueron del 15% anual real, un porcenta­je que todos los analistas sostienen que no volverá a repetirse. Por esta razón, aquellos 95 dólares, no son un piso sino un tope. El régimen chileno admite también el aporte voluntario para engrosar el fondo obligatorio. Aunque las estadísticas no indi­can el monto de estos aportes voluntarios que tuvieron tugaren los diez años de vigen­cia del “sistema” ellos están incluidos en los 95 dólares a los que ’’asciende" la "Ju­bilación privada". Se puede suponer entonces, que el aporte obrero se incrementó varios puntos por encima de la contribución obligatoria para poder llegar a ese “record” de 95 dólares, que solo representa un 25% del salario. La tendencia decreciente de los habe­res, como consecuencia del progresivo vaciamiento del fondo acumulado, ha lleva­do a establecer un haber mínimo que debe cubrir el Estado “financiando con recur­sos de rentas generales la suma necesa­ria para cubrir dicho mínimo” (FIDE, ídem, pág. 32). Esta garantía del Estado refleja, precisamente, la previsión que los haberes, lejos de crecer en el tiempo, tien­den a decrecer. La "Jubilación privada" representa un gravísimo ataque contra Los trabajadores y la segura condena a un retiro de privaciones y miseria. Haberes jubilatorios en Chile a Diciembre de 1990: Jubilaciones / Número / En dólares Retiros programados / 16.893 / 69 Renta vitalicia / 12.773 / 170 Invalidez /15.777 / 182,50 Sobrevivencia Viudez / 17.214 / 79 Orfandad / 23.079 / 27,15 Otras / 1.325 / 48 87.061 / 94,85 Fuente: superintendencia de las A.F.P.

El golpe del presidente Fujimori en Perú constituye un recurso extremo del Estado capitalista de ese país para poder continuar con la política del FMI, que ha sumido al país en una violenta descomposición social y política. Fujimori ha tenido que recurrir a los medios que tenía a su disposición para poder hacer lo que los Menem, los Collor o los Lacalle hacen en sus res­pectivos países: gobernar por decreto, legislar a gusto gracias a un régimen de diputados truchos, valerse de un poder judicial incondicional y disponer sin limitaciones de los diversos servidos y aparatos de represión. El golpe de Fujimori ha desgarrado el velo de la “democracia". Por eso los Menem y los Bush han reaccionado con declaraciones histéricas, aunque cuidándose bien de que esos “repu­dios" se traduzcan a la práctica. La “democracia” sólo vale para la bur­guesía y el imperialismo cuando tiene capacidad para contener las contradic­ciones y las protestas que provoca el inmisericorde saqueo de la Nación y la superexplotación de los trabajadores. Bajo los distintos gobiernos capita­listas de Perú los salarios se han redu­cido en un 60% desde 1980; el 83% de su población no consume el mínimo necesario de calorías y proteínas; los campesinos han sido expulsados en masa de la zona agraria costeña; mien­tras que la tuberculosis, el paludismo, la lepra blanca —para no hablar del cóle­ra— hacen su agosto en el debilitado cuerpo social de las masas. Los planes fondomonetaristas han hecho subir la Bolsa de Lima, pero han enterrado a los peruanos. Fujimori se ha metido en una empre­sa, necesaria para la defensa del capi­talismo, pero al mismo tiempo harto peligroso. El Estado peruano no tiene condiciones de sobrevivir solamente mediante la represión. Fujimori tendrá que "‘chantajear" al imperialismo para que le dé toda la “ayuda" necesaria para contenerla descomposición social y también buscará poner bajo control a las organizaciones obreras y populares y a los estamentos inferiores de las fuerzas armadas, a través de la dema­gogia, la corrupción y la regimentación. El Partido Obrero repudia el golpe en Perú; denuncia la inviabilidad de la democracia frente a los antagonismos explosivos que está acumulando la explotación capitalista en franca descomposición; denuncia la tendencia a la dic­tadura civil de todos los gobiernos de­mocráticos proimperialistas de Améri­ca Latina; lama a todos los trabajadores a movilizarse en defensa de la libertad de las organizaciones de las masas de Perú, de sus militantes y activistas, y a formar un frente obrero y campesino continental para barrer con la explota­ción de los banqueros, oligarcas y “ca­pitanes” de la industria y de sus gobiernos serviles. Declaración del PO repartida el 8/4/92

En el curso de la campana electoral que iba a llevarlo a la presidencia de la Repúbli­ca. Alberto Fujimori combatió con saña la política de "shock" fondomonetarista que propugnaba el candidato favorito, Mario Vargas Llosa. Logró de este modo ganarle al novelista la segunda vuelta electoral, aunque gracias también a los votos del Apra y de Izquierda Unida. Cuando el 8 de agosto de 1990 se anun­ció el "Fujishock", el precio de los combus­tibles subía un 2.970% en 24 horas y el del pan en un “modesto " 1.250%. El efecto sobre el conjunto de las mercancías no dejó de hacerse sentir, y en el primer mes del nuevo plan el costo de vida había subido un 450%. El Menem peruano había logrado enroscarle la víbora a todo el electorado y la democracia había hecho gala otra vez más de su congénita capacidad de manipula­ción. Las consecuencias sociales del "shock "fueron caracterizadas de "asusta­doras”. El ingreso salarial de un trabajador agrícola del norte de Perú, por ejemplo, habla caído a siete dólares y medio por mes, el equivalente a una hamburguesa y una gaseosa. Los ingresos reales cayeron un 60% en promedio, y en julio de 1991, un año más tarde, representaban el 15% del ingre­so medio de 1974. El salario medio de los funcionarios públicos cayó un 63% en el primer año de Fujimori y en un 93% cuando se lo coteja con 1980. Todo esto fue parte de un plan de liberalización del comercio, priva­tización de tierras agrícolas, desregulación del sistema bancario y venta de las empre­sas públicas acordado con el FMI. Este es el terreno social fértil que ha permitido el estallido de la epidemia de cólera —con cien mil casos declarados y dos mil fallecimientos registrados en seis meses. Pero al lado del cólera han resurgido el paludismo, el dengue y la lepra blanca; los planes de vacunación oficiales se han hundido por falta de presupuesto y la malnutrición ha hecho el resto. Un aspecto funda­mental de la política de Fujimori ha sido el llevar hasta el fin la reversión de las naciona­lizaciones agrarias del gobierno militar na­cionalista de 1968/74. La completa privati­zación de las grandes plantaciones cos­teñas ha provocado una expulsión masiva de campesinos parcelarios y el estableci­miento de un régimen agrario infinitamente más explotador que el de las haciendas históricas que caracterizaron al Perú en sus primeros ciento cincuenta años de existen­cia. La "desregulación "bancaria ha venido como un anillo al dedo para el lavado de narco-dólares, que inundan el mercado de cambios del Perú, un país que produce el 60% de la hoja de coca de todo el mundo. Esto ha dado lugar a una gran alianza entre los traficantes de drogas y la banca, que tienen en el medio el apoyo imprescindible de los diversos clanes de las fuerzas arma­das. La política monetaria del gobierno de Fujimori no ha consistido en otra cosa que en comprar los dólares narcos para regula­rizar el pago de la deuda externa y luego retirar la moneda nacional emitida por medio de bonos de la deuda pública que llevan adosados elevadas tasas de interés. A esta economía circular de narco-dólares- emisión monetaria-deuda pública-pago de la deuda externa, se reduce todo el genio de la Fuji-economía. La extirpación del cultivo de coca impli­caría la expulsión de 250.000 campesinos — una verdadera guerra civil. No solamen­te Fujimori se opone a semejante erradica­ción, reclamando al imperialismo una ayuda financiera para reconvertir los cultivos hacia otra clase de plantaciones. También Sende­ro Luminoso se ha esforzado por proteger al campesinado contra los designios del impe­rialismo, aunque según algunos investiga­dores se ha transformado al mismo tiempo en intermediario comercial entre los cultiva­dores y los traficantes colombianos. A fines de febrero pasado se realizó una cumbre anti-droga en Texas, en la que Bush y Fujimori chocaron violentamente cuando el peruano se opuso a la reducción forzada de la mitad de la producción peruana (Le Monde, 29/2/92). En un artículo especial publicado en The Wall Street Journal (14/2/92), el ex asesor de Fujimori, Hernando de Soto, denuncio que cuando “los producto­res de coca acordaron en sustituir la coca a un costo muy inferior al uno por ciento del presupuesto anti-droga» de Estados Unidos... observé a las autorida­des antinarcóticos sentadas en fes dos lados de la mesa de negociación y me encontré con miradas en el vacío. Estos bravos hombres tienen varias ideas imaginativas de golpes mejores y más grandes, pero ni la más mínima indica­ción para llevar a cabo lo que es esencia mente un acuerdo de negocias". Solo agrega en el artículo que “uno de los de­fectos de la guerra contra las drogas en el Perú era su completa dependencia de los medios policiales y militares”. Esta denuncia contra la política norteamericana de represión a ultranza proseguía con el señalamiento (o advertencia) por parte de Soto, de que las “corporaciones multina­cionales europeas si estaban colaboran­do en el desarrollo de planes para culti­vos alternativos’'. Es decir que el gobierno fondomonetarista y anti-obrero de Fujimori, en cuyo6 dos años de gobierno se había verificado una violenta expropiación de las masas, apare­cía chocando con el gobierno de Bush en la cuestión de la coca, y esto a pesar de los acuerdos militares entre ambos países para combatir a la guerrilla. Un historiador perua­no entrevistado por O Estado de Sao Pauto (7/4) declaró que “la popularidad de Fuji­mori está alta (antes del golpe; entre otros motivos, por su firme actuación en la cúpula anti-drogas recientemente reali­zada en San Antonio, Texas. En esa ocasión, Fujimori prácticamente destru­yó la política del presidente George Bush de militarización del combate al nar­cotráfico. Ese historiador, Enrique Amayo Zevallos, asegura que Fujimori quiere retirar a las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico y manejarla por medio de in­centivos para que los campesinos sustitu­yan el cultivo. Al igual que otros observado­res señaló que las inversiones norteameri­canas en Perú son casi nulas a pesar de la aplicación de un plan económico yanqui. Las contradicciones de la política de Fujimori, que surgen de esta evaluación, son mortales, porque el gobierno de los grandes terratenientes y capitalistas perua­nos no puede pretender que tenga éxito una política de reconversión de cultivos que afin­que al campesino en la tierra con la piala del imperialismo, que tampoco desea, además, nuevos competidores en un mercado mun­dial deprimido. Si el golpe fue dictado por la necesidad de concentrar el poder de arbitraje del Esta­do en una sola mano, para regular estos explosivos antagonismos sociales, se pude asegurar que Perú sólo acaba de dar, con el auto-golpe, el primer paso hacía catastrales políticas de enorme magnitud.

Buenos Aires, 7 de abril de 1992 El golpe de Fujimori responde a una tendencia común a todos los regímenes democrati­zantes de América Latina; gobernar por decreto, convertir al Parlamento en títere del Ejecutivo, copar el Poder Judicial y violentar la voluntad popular con resoluciones de “emergencia "y de “necesidad”. El objetivo es siempre imponer los planes del FMI y la banca internacional y hundir a los trabajadores en la miseria. Que esto atente contra la “seguridad jurídica" dio las inversiones extranjeras es una contradicción que no podrán superar, de ninguna manera, los gobiernos entreguistas, por más constitucionales que se proclamen.

A un año de la firma del tratado de creación del Mercosur (mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uru­guay), la proyectada “integración” atravie­sa por una abierta crisis. Una manifestación de esta crisis ha sido la decisión de Brasil de subsidiar sus expor­taciones y su producción agrícola, algo na­turalmente prohibido por el Tratado. Pero Brasil ha recurrido a esas medidas, como cuando devaluó el cruceiro en octubre pasa­do, para contrarrestar el desplome de su comercio exterior y compensar los perjui­cios que la recesión económica interna es­taba provocando a su burguesía En una reunión posterior a estas medi­das los tres socios restantes "entendieron” las razones que llevaron a Brasil a estable­cer subsidios, revelando con ello que el espíritu y la letra del Tratado no pueden estar por encima de las necesidades im­puestas por la crisis, y que ellos mismos piensan aplicar sus propios subsidios con­trarrestantes. Argentina, por ejemplo, ya comenzó con esa línea de fijar cuotas de importación de distintas ciases de papel en beneficio de Celulosa-Citibank. De todos modos las decisiones unilate­rales indican que para Brasil el Mercosur no es una vía de salida a su crisis, y no lo puede ser desde el momento en que sus socios ab­sorben tan sólo un 4% de su comercio exterior. Para Brasil, el Mercosur es tan sólo un mercado auxiliar de provisión de mate­rias primas y fuentes energéticas con vistas a la competencia en el mercado mundial. La burguesía brasileña está buscando una salida en los mercados asiáticos, aunque tampoco aquí se vislumbra una perspectiva toda vez que la recesión en Japón amenaza con deshacer los acuerdos alcanzados. Pero, repetimos, los "socios" sureños de Brasil tampoco se chupan el dedo. Du­rante 1989 y parte de 1990, la burguesía ar­gentina elogiaba la integración con Brasil debido a que el dólar, la moneda de expor­tación, estaba recontra-alto, con relación al austral, lo cual le permitía exportar con ganancias fabulosas. Esta “ventaja” cam­biaría desapareció a partir de octubre, cuando se produjo una invasión en Argentina de productos brasileños. Casualmente uno de los sectores que más elogiaba la integra­ción, la rama de alimentos, ahora sostiene que “la adopción (unilateral) por parta da Argentina da un tipo de cambio fijo y convertible por su propia naturaleza tor­na imposible coordinar las políticas mo­netarias y cambiarlas con los otros países” (Jorge Bogo, asesor de la COPAL, Cámara de la industria de la alimentación en Gazeta Mercantil, 7/2/92). Pero el abando­no de la de la convertibilidad no resolvería la cuestión porque un proceso de devaluación permanente y fuga de capitales tampoco permitirla “coordinar las políticas mone­tarias y cambiarias”. En verdad, a la COPAL le preocupa muy poco esta “coor­dinación”; su única preocupación es volver a contar con un dólar alto para exportar con superbeneficios. Todo esto traduce que el Mercosur no avanza hada la creación de un mercado común ni ha podido consolidar un acuerdo comercial. En la actualidad la paridad cam­biaría beneficia a Brasil (el cruzeiro tiene menor poder de compra que el peso) y se espera que este año Argentina Incurra en un déficit de más de 300 millones de dólares, luego de haber tenido superávits en 1989 y 1990. Por eso Bogo insiste en que “preva­leciendo condiciones de tan extrema imprevisibilidad, no cabe esperar que las empresas asuman el alto riesgo de reali­zar inversiones orientadas para satisfa­cer la demanda del otro mercado, objeti­vo último de la integración” (ídem). La ausencia de inversiones y de empresas mixtas o binacionales son evidencias de que las burguesías no ven una perspectiva de mercado común, ni de un bloque inde­pendiente frente al mercado mundial. La crisis no se ha dado sólo en papel y celulosa, donde las exportaciones brasile­ras han estado barriendo con la industria argentina La industria de equipos y maqui­narias argentinas, en especial Pescarmona, ha pegado el grito en el cielo poique la central hidroeléctrica de Pichi Picún Leufu se está construyendo con equipos brasi­leños. Las automotrices de Brasil cuestio­nan que Argentina haya firmado un tratado con EEUU con notorias preferencias para las terminales radicadas en Argentina Otro frente de crisis es la industria del cuero y del calzado porque Brasil pretende que la materia prima argentina (el cuero) sea de libre exportación, de manera que pueda ser aprovechada por su industria del calzado. Los calzadistas argentinos se oponen porque en ese caso desaparecerla su “ventaja comparativa". En Uruguay, los subsidios brasileños a su agricultura han abierto una crisis profun­da porque se esfuman inclusive las posibili­dades de tos orientales como proveedores de lácteos y carnes. El Frente Amplio urugua­yo, que apoya el Mercosur como una salida para la burguesía de su país, ahora propug­na que se le otorguen subsidios, porque “a corto plazo la clave es la protección”. Vázquez Platero, del PC uruguayo, sostuvo que “se Justifica que el Estado subsidie y sea tremendamente generoso con los productoras" (La República, 28/3/92). Cuando la “integración " se transforma en desintegración el stalinismo uruguayo re­clama que los impuestos que pagan los trabajadores se destinen a su oligarquía.

La reciente aprobación de una “reforma impositiva” que sustituyo a otra reforma impositiva velada por los bancos, el FMI y la UIA y la Sociedad Rural constituye un excelente negocio para el gran capital extranjero y nativo, aunque se lo haya querido disimular con un aumento del impuesto a las ganancias del 20 al 30%. ¿Por qué es un negocio? Porque si bien aumenta el porcentaje que grava las ganancias, quedan eximidos del pago de este im­puesto, en primer lugar, los dividendos. Pero lo más importante es que la nueva ley otorga un tratamiento excepcional a las pérdidas que registran las empresas en ejercicios anteriores, y que todo el mundo sabe no fueron otra cosa que manipulacio­nes contables. El reconocimiento de esas pérdidas se manifestará mediante la entre­ga de un título público por el 20% del valor— una friolera de cuatro a cinco mil millones de dólares. Es decir que el gobierno ha engrosado la deuda publica en una cifra fantástica qua loa capitalistas podrán transformar en dinero sin haber agachado el lomo ni Invertido un soto peso. Esos cuatro a cinco mil millones de dólares compensan por diez años cual­quier impuesto a las ganancias que deban pagar los grandes pulpos. En el proyecto anterior, retirado del Parla­mento, el reconocimiento de estos quebran­tos habla sido suspendido por el término de 10 altos. Ahora, en cambio, los Bocon que recibirán las grandes empresas en concepto de “crédito fiscal" podrán ser utilizados para comprar empresas públicas, pagar impuestos vencidos o directamente conver­tirlos en efectivo en el mercado secundario. De este modo, Cavallo convirtió quebrantos fraudulentos que solamente podían com­pensar ganancias futuras en un capital pre­sente. Con razón, se sostiene que "inespe­radamente se entregarían bonos por hasta 4.000 millones de pesos a un con­junto indefinido de empresas deficitarias que, si se dejaran las cosas como están, podrían deducir poco o nada de esas pérdidas en la determinación de ganancias” (Página 12,14/3). Cavallo le ha vuelto a dar al gran capital un subsidio mul­timillonario. ¿Pero por qué Cavallo resolvió darles bonos y no dejar que tos quebrantos se aplicaran sobre las ganancias futuras? Por qué “la utilización de quebrantos prescribe (vence) y puede darse el caso en que loa mismos nunca hubieren resul­tado aplicables" (Clarín, 15/3). Al aprobar los bonos, Cavallo pretende salvar estos quebrantos y evitar que sus titulares puedan ser identificados. La estafado Cavallo, vota­da por el Parlamento, es una monstruosidad jurídica. Pero el desfalco cavallista no termina aquí, porque la ley redujo del 36 al 30% las retenciones por este impuesto a las benefi­ciarios del exterior, como la remisión de utilidades, pago de royalties, licencias, y por supuesto el pago de Intereses. Blanqueo La reforma impositiva aprobó también un blanqueo Impositivo (legalización de operaciones ilegales anteriores) lo cual además promueve nuevas estafas. Ahora las patronales podrán registrar al personal "en negro" sin necesidad de pagar todos los aportes previsionales, subsidios familiares, obras sociales, etc., que evadieron en el pasado, lo que significa que el Estado re­nuncia a cobrar unos 6.000 millones de dólares, que es la suma estimada como evasión de los últimos años. Pero, al mismo tiempo, quedan automáticamente legaliza­dos unos 10.000 millones de dólares, a un costo impositivo y provisional cero. Lo que si queda en firme con la reforma Impositiva es el aumento del IVA del 16 al 18%, algo que Cavallo puso en práctica por decreto utilizando una autorización parla­mentaria anterior. Por este aumento del impuesto al consumo Cavallo espera recau­dar unos 1.500 millones de dólares adicio­nales, que es la nueva sangría que pesa sobre los salarios de los trabajadores.

Cuando faltaban 15 días para el comien­zo de las clases, el Consejo Directivo de la facultad aprobó la anulación de la Resolu­ción 199/88, que establecía la estabilidad docente hasta la convocatoria a concursos. Con esta medida quedan despedidos alrededor de 150 docentes. El plan menemista para la universidad dio el primer paso en la facultad da Psicología, de la mano del Consejo Directivo abru­madoramente radical. Inmediatamente de conocida la resolución se realizaron asambleas estudiantiles y docentes. En la asamblea estudiantil Franja Morada tuvo que retirarse al no poder defender los despidos y su lógico deterioro para la enseñanza. En ambas asambleas se resolvió realizar una sentada el jueves 9 en la puerta de la facultad e impulsar la formación de cuerpos de delegados y la coordinación entre ambos como primer parte del plan de lucha por la derogación de la decisión el consejo y por la defensa de la universidad pública y gratuita.

El Consejo Superior de la Universidad de Mar del Plata votó, a fines del año pasa­do, la implementación de un examen de in­greso con el objeto de reducir drásticamen­te el número de ingresantes. El primer examen cumplió largamente su “objetivo”: apenas el 22% de los ingresantes logró aprobarlo. Sobre la basa del repudio al carácter abiertamente limitacionista del "examen” creció la organización de los ingresantes: más de 400 alumnos marcharon al rectora­do redamando la anulación del "examen filtro” (y desmintiendo, de paso, a los que justifican su parálisis con el “argumento” de que “la gente no da”). Este fue el inicio de una movilización creciente. Las asamblea masivas, tas denuncias públicas, y las movilizaciones obligaron al rector Rojo a recular y a otorgar un "recuperatorio” que no estaba en sus planes (y que aprobó el 60% de los ingresantes). No se logró, sin embargo, imponer la derogación lisa y llana del filtro limitacionista. La Unión de Juventudes por el Socialismo intervino activamente en la movilización planteando que el Congreso de la Federación Universitaria de Mar del Plata se opu­siera al limitacioniamo y organizara el boicot estudiantil al examen de ingreso. La Franja Morada —que dirige la mayoría de los cen­tros— se opuso a este planteo de lucha planteando medidas, en su opinión, “más realistas" (tales como "reservar” las ener­gías para las votaciones en el Consejo Superior y para los "recursos de amparo” ante la justicia). Ahora, Franja Morada ha dado por con­cluida la lucha cuando ésta aún no ha termi­nado: aún resta organizar a los “bocha­dos” para lograr que nadie quede afuera. En su "balance público", la Franja hace hincapié en que "queramos dejar en claro que estamos de acuerdo y reivindicamos los cursos de nivelación de los aspiran­tes”, en una brutal adaptación al menemis­mo que pretende liquidar de raíz el ingreso irrestricto a la Universidad. No por casuali­dad el diario local “La Capilar caracteriza al “balance” de la Franja como “una admirable autocrítica y un breve adelan­to de las posiciones a asumir en el futu­ro" Hay que abrir los ojos. La base de Franja Morada tiene que sacar las conclusiones porque ahora se viene una lucha contra la arancelización de la Universidad marplatense. El “nivel académico” es un buen negocio Como consecuencia inmediata de la imposición del examen de ingreso hubo una proliferación de “academias” e "institu­tos” que supieron captar el negocio que se venía. Lo sugestivo es que estaban al tanto de los contenidos de dicho examen con lo cual hay que concluir que previamente se habrían filtrado "los mismos, ya que antes de la edición de las guías de estudiantes, había "profesores "que ofrecían sus servi­cios. Entre el grupo de conocedores figura el profesor Aprile, conspicuo político y funcio­nario radical, entre cuyos méritos figura haber tapiado en horas nocturnas la entrada de la casa de la cultura local para impedir el uso que hacían de ella músicos y artistas in­dependientes, así como el despliegue de una política derechista y elitista desde su cargo de secretario de cultura municipal. Esta es la verdadera política de los capos de la UCR: demagogia para la tribuna y enganche con todos los "curros” en la realdad Los ingresantes que se movilizaron la semana pasada deben reflexionar: la ju­ventud trabajadora y estudiantil no tiene futuro con estos políticos que no dudan en lucrar con la necesidad de acceder a su educación y formación.

Se ha abierto en el ámbito universitario una aguda crisis que tiene por protagonistas aparentes al gobierno y al radicalismos indudable que la dique menemista no conforme con el hecho de que la UCR domine el aparato de la mayor parte de las Universidades del país. Así como ha “menemizado” al conjunto de la burocracia del Estado, a una buena cantidad de provincias y al poder judicial, el menemismo intenta meter sus garfios en las universidades contenido social de esta política de copamiento del aparato universitario es acentuar el achicamiento de la Universidad, el despo­blamiento estudiantil, la amputación de los planes de estudio para conformarlos a las exigencias del clero y de los grandes empre­sarios, y en definitiva abrir un amplio campo para la “privatización” de las actividades de las universidades estatales y para desa­rrollar las universidades privadas. La ofensiva menemista no carece de astucia. Para quebrar la hegemonía del radicalismo, el gobierno ha recurrido, por una parte, al grueso apoyo de los grandes intereses patronales y del clero, mientras que por el otro lado ha concentrado sus municiones contra los clanes alfonsinistas de la UCR. Aplicando la regla de que la cadena se rompe por su eslabón más débil el tándem Menem-Saloma (éste ocupa gobierno en representación del episcopa­do) no ha tenido dificultades en ir acercando a su campo a los sectores que responden a Angeloz o De la Rúa, b que se puede apreciar en la "menemización" acelerada, por ejemplo del rector de la Universidad de Córdoba, Francisco Delich. El radicalismo en general y el alfonsinismo en particular se encuentran a la defensiva, a pesar del enorme apoyo electoral que han recibido en todos los claustros universitarios. Pero al razón para semejante inversión en las relaciones de fuerza entre ambos es que tanto la UCR como Franja Morada comparten el contenido de la política universitaria del menemismo, que les ha sido impuesto a uno y otro, lo repetimos, por el imperialismo y el clero. Como a los menemistas se les ha subido a la cabeza al llamado “ingreso si plan Brandy” y quizás todavía más los negocios de la Bolsa, quizás han calculado que po­dían encarar ya una ofensiva final contra el desmoralizado y complaciente radicalismo. Es así qua el ministro Saloma decidió desco­nocer los resultados de las elecciones en la facultad de Medicina y darle la representación a la agrupación estudiantil menemista. No vacilo para ello en negar los votos de los alumnos del ciclo básico, en rechazar una resolución de validación de esas elecciones por parte del Consejo Superior de la Univer­sidad, y en violar, por último, la autonomía universitaria. La medida de Salonia consti­tuye también un ataque por elevación contra el propio ciclo básico, cuya supresión propo­ne en nombre de un examen de ingreso y de la fijación de un cupo de ingresantes. El decano de Medicina, un hombre de las grandes patronales de la salud, pretende Imponer ese cupo limitacionista en su facul­tad de manera unilateral, y ahora se le ha sumado en el propósito el decano de Inge­niería. Los jerarcas radicales no están para nada conformes con el ciclo básico tampoco y desearían que pudiese ser suprimido, pero están limitados en esa posibilidad por el temor a que ello provoque una completa ruptura de Franja Morada con su base estu­diantil. El asunto es ahora saber hasta dónde cada uno quiere llevar la crisis. Los mene- mistas han hecho el eje de la crisis en la Universidad de Buenos Aires, lo que hace sospechar que se quieren llevar como trofeo la cabeza de Schuboroff, algo que no sería despreciable en vísperas de las elecciones para senador por la Capital y cuando el candidato menemista es el rector de la Universidad (privada) de Belgrano. Para conseguir este objetivo el gobierno está apretando cada vez más las clavijas del recorte del presupuesto, lo cual convierte en protagonista central a otro ministro no menos clerical, es decir a Domingo Cavallo. Una declaración del Consejo de Recto­res de las Universidades estatales que re­clama un esfuerzo presupuestario de 300 millones de dólares y la renuncia de los consejeros radicales de los tres claustros en la facultad de Medicina porteña, haría supo­ner que los radicales han decidido salir al combate. Pero nada sería más falso, o mejor, nada sería más cierto, si se hace la salvedad de que ese combate no apunta contra el gobierno del sarampión y del cóle­ra sino contra los docentes y los estudian­tes. Es que la burocracia universitaria radi­cal ha decidido aliviar la presión que el gobierno y los grandes capitalistas ejercen sobre ella mediante una modificación del régimen de trabajo de los docentes, en lo que constituye una aplicación de la “flexibilización laboral" menemiana a la educación. Para salvar la cabeza y el alto salario de Schuberoff, los alfonsinistas de la UBA han decidido cortarle la cabeza a los profe­sores, y en consecuencia a los propios estu­diantes. Como ha ocurrido siempre desde su fundación, la burguesa UCR prefiere "que se doble” pero “que no se rompa”. La resolución de la UBA establece que los profesores no podrán tener a su cargo más de tres "dedicaciones simples", cada una de las cuales es retribuida en la actua­lidad con 50 pesos al mes. Es evidente que a partir de ahora muchos profesores no podrán subsistir con su actividad universita­ria, limitada a un 6ueido de 150 pesos. El propósito de esta disposición es "ajustar” el plantel docente al nivel permitido por el presupuesto, y por consiguiente "ajustar” también la población estudiantil. La "previ­sión" adoptada por Psicología y el Ciclo Básico de autorizar el aumento del número de alumnos por cátedra, es un crimen que no conduce por supuesto a nada, ya que ningún régimen de enseñanza puede fun­cionar con centenares de alumnos por aula Esta "razzia” auténticamente fondomonetarista del personal docente (y de los estu­diantes) es la ofrenda del alfonsinismo al altar del "ajuste” cavallano para salvar el puesto de su rector. Los jerarcas radicales, lejos de enfrentar la destrucción educacio­nal, quieren escaparse "al estilo Massachessi”. Pero se olvidan que el gobernador rionegrino no solamente tuvo que entregar el Banco sino que además ha debido prome­ter el voto de sus senadores y diputados en favor de la reforma reeleccionisia de la Constitución. La dique menemista no soto quiere imponer sus "principios” —por sobre todo le interesan los puestos. Ahora está claro que cuando los recto­res radicales piden un refuerzo presupues­tario de 300 millones de dólares para desti­narlos a los docentes, primero toman la ’precaución” de descabezar a la docencia Al mismo tiempo, los rectores radicales omiten que el menemismo ha inscripto los "refuerzos presupuestarios” en el rubro o cuenta de "subsidios” del presupuesto nacional, lo cual es un artificio que permite al manejo discrecional de ese dinero por el ministro de Educación. Además de atacar al mejor estilo menemista a los docentes universitarios, los radicales tendrán entonces que hacer algo más para conseguir ese refuerzo. El radicalismo está lanzado a una capitulación indisimulada. Así lo prueban tam­bién las "contribuciones" y "aportes” que han establecido, por ejemplo en Córdoba o en Arquitectura de Buenos Aires, para que el famoso "refuerzo” salga del bolsillo de los estudiantes. La experiencia radical en la Universidad ha llegado a su fin y es franca­mente lamentable que se haya tenido que esperar a que llegara a estos extremos, es decir, que no hubiera sido superada política­mente con antelación. Como lo demostró el reciente congreso de la FUA, Franja Morada está dispuesta a tragarse la cicuta hasta el final; los pichones del radicalismo siguen los paso más degenerados de sus mayores. En Psicología (ver nota). FM aspira a ser una punta de lanza del "ajuste” contra los do­centes y los estudiantes. La conclusión que resulta de todo esto es clara, aunque los protagonistas aparen­tes de la crisis universitaria son el menemis­mo y el radicalismo, los que objetivamente son afectados por ella son los estudiantes, los docentes y la educación. Estos deben comprender lo que está en juego detrás de las apariencias y convertirse en los sujetos conscientes de esta crisis. Para arribar a esa comprensión hay que tener simplemente en cuenta que la crisis universitaria y educacio­nal es fundamentalmente un episodio de una crisis y de un combate en escala mayor, que opone al conjunto de los traba­jadores al saqueo, y a la superexplotación sin límites del imperialismo y del gran capi­tal.

El gobierno se ha lanzado a la liquida­ción de la escuela secundaria. Es esto lo que propone la “Ley Federal de Educa­ción” que está actualmente en debate en el Senado al establecer una “enseñanza general básica” que abarcaría hasta lo que es hoy el segundo año secundario. El gobierno pretende que la extensión de la “enseñanza obligatoria " a diez años consagra el progreso social, cuando lo cier­to es que descuartiza la educación media. La “obligatoriedad” es, en la actualidad, una pura ficción: el fracaso y la deserción escolar se extienden como una mancha de aceite. El nuevo régimen cancela la forma­ción educativa después de los quince años. La entrada a la “modernidad” anun­cia el analfabetismo funcional en masa. Barbarie Luego de cumplida la “enseñanza bási­ca”, la “Ley Federal de Educación” prevé la implantación Je lo que se denomina “enseñanza polimodal”, impartida por “instituciones autónomas”, que “incor­poraría el régimen de alternancia entre la Institución escolar y los ámbitos del tra­bajo y la producción". Es decir que se prevé una educación descalificada en su contenido, carente de horizonte y continuidad, además de una dis­minución de las horas de estudio para per­mitir el trabajo gratuito para la empresa capitalista. Con el eufemismo de “autonomía” se plantea el abandono de toda responsabili­dad política nacional sobre lo que ahora es el tercero, cuarto y quinto año secundario y su sustitución por la educación privada bajo el control de la Iglesia y los capitalistas de la educación. La “polimodalidad” creará una plétora de planes y títulos sin control, caren­tes de calificación y que, por supuesto, no habilitarán para el ingreso a la enseñanza superior. Se “polidispersará” a la masa estudiantil desestimulando los estudios de grado universitario. Es un cuidadoso operati­vo de barbarización cultural. Ley clerical Según “La Nación" (4/3/92) el proyecto menemista conoció su versión final sólo después de un "prolijo" estudio del CON- SUDEC (Consejo Superior de Educación Católica). Una de sus exigencias claves fue la eliminación de las disposiciones del pro­yecto que preveían “establecimiento de los jardines maternales", lo cual pretende que la etapa preescolar sea un coto privado del hogar... y la parroquia. Las prerrogativas del clero valen más que los principios más elementales de la pedagogía contemporá­nea que aconsejan la socialización tempra­na del niño como remedio, justamente con­tra el aislamiento, el abandono y el embrute­cimiento precoz de la infancia La Iglesia hizo incluir además en el proyecto de ley el “destino trascendente de los valores de la formación humana”, una forma de dar rango “legal y cons­titucional" a la introducción de la enseñan­za religiosa que, por otra parte, ya tiene carácter obligatorio en varias provincias. Reacción en toda la línea El desguace de la enseñanza secunda­ria y del conjunto de la educación estatal es análogo al desguace de todos los servicios y empresas públicas acometido en el último período. Desde el punto de vista económico, la educación pública, como la salud, la vivien­da promocional, etc... Son elementos del salario que permiten la reproducción de la familia trabajadora En lugar de cobrar en su jornal las sumas necesarias para cubrir estas necesidades elementales el trabaja­dor disponía de estos recurso por medio del servicio público. Esto está siendo liquidado implacablemente con el único objetivo de concentrar recursos para los negociados financieros, el pago de la deuda externa y las prebendas de todo tipo a los grandes monopolios nacionales y extranjeros. El esfuerzo ilimitado por valorizar las ganan­cias de un capital en bancarrota se traduce en un proceso gigantesco de liquidación de las fuerzas productivas que, en el plano educativo, se expresa en una política de em­brutecimiento y la descalificación general, así como el total desmantelamiento del viejo sistema de enseñanza estatal. La ley general de educación no está guiada por ningún propósito pedagógico o cultural sino por el carácter entreguista y gran capitalista del actual régimen político. Es a partir de esta consideración que la docencia, el movimiento estudiantil y los trabajadores deben encarar un programa general en defensa de sus conquistas y de una plataforma de lucha contra la barbarie educativa en curso.

A los compañeros del Partido Obrero De la lectura de la Prensa Obrera, en su última edición, pude observar con gran sorpresa, la superficialidad y las ine­xactitudes que algún compañero/a se ex­presa sobre la CONADU, su política y futuro de la misma. Soy un ex militante del PC, quien considera haberse retirado por “izquierda" de esta organización política. Soy miembro fundador de ADIUNSa, Asociación de base de los docentes universitarios salteños, y como tal de CO­NADU. Actualmente soy Sec. Adjunto de nuestra Asociación, compartiendo su con­ducción con nuestro Secretario General Pablo Kirschbaum, a su vez Secretario Político del Partido de la Liberación. Desde sus comienzos, hemos for­mado parte del Frente Gremial Docente, única voz opositora a las conducciones claudicantes, que con distintos nombres pasaron por la CONADU y en donde el PC, es cierto, fue en su momento quien perfiló la política de dicho F.G. Pero mientras la Política nacional, repercutía en CONADU, las Asociaciones de base de Luján y Salta fueron ubicadas, por sus propios méritos, como cabeza de ese F.G. que si bien permanecen aún com­pañeros del PC, no son su principal compo­sición. Como resultado de ello, la Secre­tarías de Organización (LUJAN) y la de De­rechos Humanos y Acción Social (SALTA), comparten hace más de un año la mesa ejecutiva de CONADU, representando una verdadera oposición al oficialismo, en la metodología y en su política. Descubrir nuestra política, sería largo y tedioso, pero pienso que todos aquellos que realmente conocen la problemática universitaria po­drán opinar. Es muy poco serio y criticable, hablar de una falta de oposición, sobre todo cuando el mismo columnista del PO, hace mención, como argumentos propios, a infor­mación que justamente fuese impulsada y proporcionada por nosotros. Le recuerdo sino, el Congreso del Nogaró (set. /91) Donde Luján y Salta, proponen el debate a Velázquez, sacando a luz su apoyo a R. Puertas (actual gobernador de Misiones). Más reciente, es el debate que Luján y Salta producen, cuando presentan una documen­tación en el Congreso del 5 y 6 de marzo en Buenos Aires, que termina con la renuncia del propio Velázquez. Ejemplos hay muchos; o quizás no recuerda el columnista del PO, nuestra posición en marzo del ’91 con la huelga de tos ferroviarios, en donde rompimos en dos la Plaza de Mayo, acompañando a los que realmente luchan, reproduciéndose luego el debate en el Congreso de Farmacia. La historia es larga y no pretendo que el Sr/ra columnista recuerde nuestras posiciones en Plenarios, Congresos, me­dios de difusión, trabajo interno de la Mesa Ejecutiva de CONADU o en las mismas Asociaciones de base que representamos. Pero lo que es más curioso y en mi concepción representa un grueso error po­lítico (si es que quien lo escribe es una cuadro político del PO), es negar nuestra condición de oposición dentro de un sector que incluye a compañeros del PO, como lo son: el compañero Marcelo Gea (miembro de la Comisión Directiva de ADIUNSa) o las compañeras de Comahue, que aunque en forma incipiente, compartimos posiciones, como en los Congresos de Vaquerías, Nogaró y Buenos Aires. El camino de la UNIDAD, se real­za NO SOLO CON LOGROS PROPIOS, SINO RECONOCIENDO LOS HECHOS POLITICOS QUE GENERAN NUESTROS ALIADOS. Salvo que algunos compañeros del PO, no nos consideren aliados y en vez de ser un artículo hecho por una persona que desconoce lo que pasa en las universi­dades, se trate de la Línea Política del PO Los compañeros del PO, a mi entender ALIADOS EN NUESTRA LUCHA, tiene la palabra. Luis Costantini - Secretario Adjunto ADIUNSa

El Ministerio de Salud de la Nación intervino el Hospital Posadas, solo después que una serie de denuncias en sede judicial pusieron de relieve el manejo irregular de los 25 millones de dólares de su presupuesto anual. Pero el Hospital Posadas, que atiende una vastísima zona donde viven centenares de miles de personas (en su inmensa mayoría trabajadores), ha sido objeto de un minucioso proceso de desmantelamiento y de privatización parcial de servicios, bajo la directa responsabilidad del Ministerio de Salud. Sorprende naturalmente que durante 1990 los gastos para insumos se cuadruplicaran y los de servicio se multiplicaran por siete luego de la reducción de la capacidad operativa del Hospital y del número de camas. En el área de servicios de vigilancia, limpieza y obras de refacción se fue produciendo una progresiva privatización. En el presupuesto de 1989 los salarios ocupaban el 68,5% del total; en el ‘90 se redujeron al 45,9%. Los sueldos cayeron un 50% y la mitad del personal de enfermería abandonó el hospital debido a esos salarios de hambre (entre 200 y 300 pesos). Por otra parte, en el ‘89 el costo de la internación por paciente rondaba los 82 dólares en tanto que hoy asciende a 331 dólares. Es obligatorio concluir, entonces, que el presupuesto del Hospital fue dedicado a satisfacer prebendas y negociados a la “patria contratista”. El Partido Obrero coloca el acento en la denuncia del propio gobierno menemista y del director del Posadas (Fraschina, reconocido ñoqui además) en todo este proceso. El Hospital Posadas integra la nómina de los que deben ser “provincializados”. Cuando menos es llamativo que el monto de las denuncias efectuadas llegue a sólo un par de cientos de miles de dólares. La provincialización del Posadas ha sido resistida por la gobernación de la provincia que alega que sería gravoso para su presupuesto. Nadie quiere al Posadas, precisamente para privatizarlo. No va a ser la intervención la que acabe con la corrupción. La defensa del Hospital pasa por el esclarecimiento a fondo de todos los negociados y por la organización de médicos, enfermeros, trabajadores de mantenimiento y vecinos para reclamar un presupuesto bajo control popular y la satisfacción de los reclamos salariales.

“Bussines are bussines” es la regla de oro del menemismo. Carlos Grosso, intendente de Buenos Aires, y su Concejo Deliberante (con sólo cuatro votos en contra) autorizaron la construcción de “shopping centers” en los predios ocupados hasta hoy por veinticinco escuelas municipales. Después de la “remodelación”, los alumnos y sus maestros irían a parar a los altillos de los “shoppings”. La escuela Presidente Mitre, de Sarmiento y Pueyrredón, ya ha caído bajo la picota. Las videocasetteras de Taiwán desplazan a los pibes, que fueron a parar a un edificio de oficinas cercano, sin baños, con escaleras peligrosas, y sin patio de juegos (la playa de estacionamiento que se había destinado para ese fin es inutilizable por la falta de baños y de seguridad) (Clarín, 24/3). La destrucción de la escuela pública ha adquirido así un significado físico y directo, en beneficio de un puñado de capitalistas, seguramente “amigos” —que obtendrán enormes beneficios con terrenos ubicados en zonas comerciales de enorme tránsito (el Once, Paraná y Santa Fe, etc.) sin poner un peso—y también de los propietarios de escuelas privadas, que amasarán grandes beneficios monopolizando el “éxodo” que se producirá por la “shoppinización” de las escuelas. Cada clase dominante da a su época sus símbolos y paradigmas culturales; el de la burguesía menemista de la privatización y la “entrada al primer mundo” es... un “shopping center”, lo que es un retrato de su descomposición insuperable.

El gobierno que casi diariamente “cosecha éxitos y reconocimientos” en el exterior y en los “organismos internacionales” ha mantenido el más completo silencio sobre la visita del representante de uno de esos “organismos internacionales”, James Grant, director ejecutivo de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). El motivo del ocultamiento oficial es simple: Grant está realizando una gira por los países que están retrasados en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la “Cumbre mundial por la Niñez” organizada por la UNICEF en setiembre de 1990 (Clarín, 31/3). En esa “cumbre” —en la que Menem intervino personalmente— Argentina se había comprometido a reducir la tasa de mortalidad infantil del 25,8‰ al 20‰; a reducir a menos del 25‰ la tasa de mortalidad en los cinco primeros años de vida y a reducir en un 50% las muertes por diarrea y enfermedades respiratorias agudas (ídem). Desde entonces, la situación empeoró claramente con la epidemia de sarampión (en 1991) y la actual de cólera... La visita que el gobierno prácticamente ocultó sirvió para sacar a la luz la terrible situación de la infancia explotada en nuestro país. Según datos de la UNICEF, diariamente mueren en Argentina 65 niños, “55 (de ellos) por causas evitables. El 70% (de estas muertes “evitables”) son causadas por enfermedades fácilmente evitables y prevenibles mediante vacunas y tratamiento médico” (Clarín, 31/3). Se trata, lógicamente, de “números estadísticos”, que no se distribuyen uniformemente entre toda la población sino que se concentran en los sectores explotados. Eduardo Bustello, director de UNICEF Argentina, denunció que “no hay excusa para que Argentina se quede sin vacunas o sin sales de rehidratación oral” (ídem). Naturalmente, no hay "excusa”, pero sí una razón de enorme peso material: las finanzas públicas están destinadas, en un ciento por ciento, al pago de la deuda externa, de la deuda interna y al mantenimiento de los subsidios a los capitalistas. Así, la falta de vacunas —que produjo el estallido de la epidemia de sarampión el año pasado— fue ocasionada por una deuda impaga de apenas 400.000 dólares con la Organización Mundial de la Salud por la provisión de vacunas en los años anteriores; la falta de sales hidratantes —fundamentales para el tratamiento rápido y eficaz del cólera— no aparecen porque no se ha girado el dinero a su proveedor por “falta de fondos" (¡el costo de cada sobre de sales hidratantes es de sólo nueve centavos de dólar!) (El Cronista, 5/4). La muerte en los primeros años de vida es apenas la expresión más descarnada y brutal del genocidio lento y planificado que el régimen fondomonetarista ejecuta contra la niñez. Según datos de la propia UNICEF, un millón seiscientos mil hogares —con tres millones y medio de pibes en edad escolar, el 40% de la población infantil— tienen “necesidades básicas insatisfechas”, lo que significa que los niños son obligados a vivir en “áreas delimitadas por una combinación de pobreza crítica crónica y de crisis cultural y familiar” (ídem). No es de extrañar, entonces, que estudios sanitarios realizados en la provincia de Buenos Aires y en Formosa revelen que el 50% de la población infantil padece de desnutrición, una enfermedad que, pasado cierto tiempo, es definitivamente irrecuperable. La desnutrición infantil produce retraso del crecimiento, del desarrollo sicomotor y mental, disminución del rendimiento intelectual, menor tamaño cerebral y un menor número de neuronas. Todo esto provoca una rápida deserción del sistema educativo. Docentes de La Matanza acaban de denunciar que sus alumnos “no puede retener las cuatro operaciones elementales” (El Porteño, abril de 1992). Pero precisamente cuando crecen la deserción escolar, los problemas de aprendizaje y de conducta a causa de la desnutrición, el gobierno bonaerense acaba de pasar a disponibilidad —por “superfluos”— a los supervisores sicopedagógicos y asistentes sociales encargados de la “prevención y asistencia del fracaso escolar” (Clarín, 6/ 4). ¿Es posible una demostración más evidente de la barbarie y de la regresión social que significa el régimen fondomonetarista de Menem? Pero al condenar a la niñez explotada a la marginalidad y a la ignorancia, el régimen menemista abre una nueva veta de grandes beneficios para un puñado de explotadores. Según la misma UNICEF, un millón doscientos mil niños están obligados a trabajar en Argentina, la enorme mayoría en el “sector informal” —con jornadas más largas, salarios inferiores y sin ninguna protección legal, social o sindical— e incluso en lo que la UNICEF denomina “sector marginal”—“chicos de la calle”, delito y prostitución infantil—con sus explotadores e incluso sus “custodios” (de azul, claro): ¿“Primero los niños”? En la Argentina de la barbarie menemista los primeros son los banqueros y los capitalistas... aún a costa del genocidio de la infancia.

El gobierno termina de lanzar con bombos y platillos la tantas veces postergada campaña contra el SIDA. En un acto que contó con la presencia del francés Luc Montagner—el científico que aisló el virus HIV— el ministro Araoz anunció que se realizarán exámenes gratuitos de detección en los hospitales públicos (dentro de tres meses) y que se comenzarán a controlar los bancos de sangre para transfusiones. La campaña se “completa” con un mensaje publicitario que se destaca por su neto corte clerical: baste decir que el director de la campaña, Alfredo Miroli, al presentarla propuso “nunca más contactos sexuales (aunque) sí hay que relaciones sexuales”. El individuo pretende nada menos que reglamentar la vida íntima y la psiquis humana... mientras los capitalistas se divierten con la desregulación económica. La injerencia de la Iglesia se revela en el abandono del reparto gratuito de preservativos, algo que se preveía en los anteriores “diseños” de la campaña y que la cuña criticó abiertamente. Pero “sin condones (preservativos) no hay campaña” declaró sin medias tintas el invitado Luc Montagner (Página 12,7/4), quién basándose en la experiencia francesa señaló que “evaluamos desde el primer momento que no podría haber información a la población sin la recomendación del uso de condones”. La “campaña” oficial, sin embargo, no se limita a “ignorar” el uso de preservativos —lo que ya sería un crimen— sino que va mucho más lejos al afirmar que éstos “no brindan total seguridad” (es decir que daría casi lo mismo usarlos que no, según la “óptica” oficial). Cuando Menem cínicamente afirma que “sería hora que el Estado se independice de la Iglesia”, la “campaña” oficial se limita a repetir las barbaridades puestas en circulación por la curia para oponerse al reparto de preservativos. La “campaña” ni siquiera es tal. La realización de exámenes gratuitos en los hospitales públicos y el control estatal de los bancos de sangre debiera ser una obligación permanente del estado, sin necesidad de esperar a las epidemias. Que se anuncie recién ahora —cuando ya hay más de cien mil infectados en nuestro país— que se podrán realizar exámenes y que se controlará la sangre revela el enorme grado que ha alcanzado la destrucción del sistema de salud público. Que la campaña es un fraude lo demuestra la pequeñez de los recursos puestos en juego, apenas cinco millones de dólares... el equivalente a un día de pago de la deuda externa “reducida”. Las “Organizaciones no gubernamentales” (ONG) que vienen luchando contra el SIDA, algunas de las cuales agrupan a los enfermos y sus familiares, han denunciado la “campaña "oficial y han convocado a una marcha de repudio. Las ONG —que no han sido consultadas en la diagramación de la campaña, algo que no debería extrañar en el gobierno del “decretazo”— denuncian que “la supuesta campaña no es otra cosa que un programa de detección masiva” cuyo único objetivo es “marcar” a los enfermos “para luego no ofrecerles ni un mínimo apoyo” (La Nación, 3/4). En efecto, el intendente Grosso —en cuyo distrito se encuentra el 70% de los infectados— ya anunció que la Municipalidad porteña no entregará gratuitamente el AZT (un medicamento que aumenta las defensa de los infectados) “porque no han recibido nuevas partidas presupuestarias” (Ámbito Financiero, 6/4). ¡Ni que hablar de los presos sidosos que fueron encadenados a sus camas como animales! “Este tipo de vigilancia epidemiológica —continúan denunciando las ONG— carece de sentido alguno, pero demanda grandes presupuestos” (ídem)... En el régimen que ha “currado” con los “bonos solidarios”, con los guardapolvos, con la leche para los “planes materno-infantiles” y los comedores escolares, la denuncia de las ONG es el alerta de nuevos negociados. La “campaña” publicitaria oficial pretende aterrorizar a la población con las consecuencias de la enfermedad pero no explica de qué modo se evita el contagio, sea por el uso de preservativos en las relaciones sexuales, sea por la utilización no compartida de jeringas descartables para los drogadictos. La “campaña” oficial es un monumento al totalitarismo porque no pone en conocimiento de la población las formas de que ésta dispone para ejercer libremente su sexualidad sin riesgos de contagio (o con riesgos mucho menores) sino que pretende que la “solución” es la adopción de conductas sexuales decretadas (Miroli habló de “mantener relaciones sexuales basadas en el amor” lo cual demuestra que el personaje no tiene idea de lo que habla —¡Cómo si se pudiera reconocer al amor fuera de las relaciones humanas concretas, principalmente el sexo!). La “campaña” oficial contra el SIDA es un fraude. El régimen que ha destruido el hospital público en beneficio del FMI y los banqueros internacionales, que ha puesto la salud en manos privadas y el monopolio de la cultura y de la educación en las manos de la Iglesia, que encubre a los narcotraficantes y narcolavadores no tiene condiciones políticas ni materiales para enfrentar al SIDA.

Después de semanas anunciando que “el cólera está controlado” el ministro Araoz ha debido rendirse ante las evidencias y reconocer “que la situación es explosiva en la frontera con Bolivia” (La Nación, 28/3). Apenas en los últimos días se han producido una decena de nuevos casos en Salta, una situación que puede agravarse en los próximos días y que el gobierno pretende atribuir al ingreso de trabajadores desde Bolivia para la zafra azucarera. El ministro, sin embargo, sigue engañando a la población. Un reciente informe publicado por La Nación (28/3) revela que la situación en el Gran Buenos Aires es “explosiva”. El informe señala que 150.000 familias —casi un millón de personas—vive en las cercanías de basurales o directamente sobre ellos. La existencia de basurales se ha multiplicado en los últimos años en el Gran Buenos Aires como consecuencia de la privatización de los servicios de recolección domiciliaria de basura y la consiguiente desregulación y falta de control sobre el destino de los desechos por parte de las municipalidades del Gran Buenos Aires. Estos basurales —que contaminan las napas subterráneas, de las cuales obtiene el agua para consumo una enorme proporción de la población del conurbano— han prosperado porque se han convertido en un gigantesco “negociado” para los “amigos” de los intendentes que se han alzado con la privatización de los servicios de recolección. Los desechos domiciliarios son, con todo, una pequeña parte de las enormes fuentes de contaminación bonaerense. La otra fuente de contaminación son los desechos industriales. Estos han “sembrado” el Río de la Plata de fenoles, cianuro, mercurio, cadmio, cromo, plomo, fósforo, fosfatos, hierro, manganeso y plaguicidas varios y el Reconquista de plomo y aluminio (“Ciudad Abierta”, publicación de la Controladuría General Comunal). Los capitalistas, que arrojan a los ríos los desechos industriales sin ningún tipo de tratamiento, son “intocables” tanto para los municipios como para el gobierno provincial y el nacional, pese a ser conocido el hecho de que “si las industrias siguen arrojando a las aguas esos metales, Obras Sanitarias tendrá problemas para depurar el agua, cuyo consumo para todo Buenos Aires se verá afectado” (ídem). Pero esto no es todo. “Pasada la primera gran epidemia de cólera en 1867, Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en estrenar una red de agua potable. Hoy, en ese rubro, Argentina ocupa el puesto 14 dentro de la región. Según el censo de 1980, catorce millones de personas (48% de la población) deben procurarse el líquido elemento por sus propios medios, mientras que veintiún millones (70% de la población) carecían de cloacas. En el decenio transcurrido (desde 1980), la situación sufrió el deterioro más agudo por obra y gracia de una brutal desinversión: en 1975 se destinaba al área el 3,4% del PBl, en tanto que en 1990 el porcentaje arañó el 0,4%” (ídem). “El pasado 26 de abril (de 1991), cuando el fantasma del cólera se erguía amenazante, los técnicos de Obras Sanitarias denunciaban que ‘hoy tenemos cloro para tres días y es crítico el abastecimiento de sulfato de aluminio, cal y polielectrolitos’, insumos esenciales para el proceso de potabilización. Continuaban diciendo que ‘si llegara a romperse un par de equipos de bombeo, Buenos Aires quedaría sin agua por falta de máquinas de repuesto”’ (ídem). Pero “según la Cámara Argentina de la Construcción, la meta de lograr niveles aceptables de cobertura sanitaria en el año 2000 —90% en agua potable y 60% en desagües urbanos— requeriría partidas de 300 millones de dólares al año” (ídem), es decir apenas una pequeñísima fracción de lo que se ha comprometido a pagar Cavallo a los banqueros después de la "reducción de la deuda externa”. Y como “sobre llovido mojado”, el menemismo planea la privatización de OSN “sin ninguna contraprestación inicial... ni dinero, ni títulos de deuda, ni nada... Una vez a cargo del servicio, los concesionarios se dedicarían a cobrar la tarifa (que sería) sustancialmente elevada” (ídem). El avance del cólera, como se ve, no está ocasionado por el ingreso de inmigrantes bolivianos.

La “docente” Mary Sánchez se ha tomado el hábito de elegir como blanco de sus provocaciones no solamente a los do­centes sino también, y con un cuidado muy especial, a los ferroviarios. En oportunidad de la huelga fraternal de 45 días del año pasado, eligió una tribuna levantada en la Plaza de Mayo para agredirlos en forma directa, cuando estaban reunidas todas las condiciones para una lucha común del sin­dicato docente y las “seccionales rebeldes” contra el gobierno menemista. Ahora, en el Encuentro de la buro­cracia centroizquierdista en Rosario volvió a las andadas. En la más infame defensa de la política anti-sindical de Menem y Cavallo, la Mary Sánchez se atrevió a decir que “si los compañeros del Roca estuvieran aquí junto a sus dirigentes gremiales, al Roca no lo cerraban, ni estaríamos vi­viendo esta situación que lleva al usua­rio a gastar cinco veces más en viajar". Manzano o Cavallo no podrían haberlo dicho mejor: los usuarios pagan más... por culpa de los ferroviarios. Seme­jante planteo, cuando viene de una dirigen­te sindical, retrata al rompehuelgas. Para la Mary, los “fraternales” tendrían que seguir sólidamente atados a “sus dirigen­tes gremiales”, es decir a Ernesto Jaime, otro rompe-huelgas, agente directo del menemismo y de los privatizadores. Ernes­to Jaime está esperando el “desguace "del ferrocarril para proceder, él, al completo “desguace” de La Fraternidad. El planteo de la señora delata el carácter anti-obrero de la dirigencia del Encuentro y los infinitos lazos que la unen a la pandilla de Parque Norte. Delata también que este centroizquierdismo sindical es una fuerza de cho­que contra la vanguardia de la clase obrera porque, después de todo, la Mary podía haberse callado lo que piensa, y sustituido con la “diplomacia” a la agresión directa. Pero los que ciertamente “viajan muy mal” son los docentes, quienes sim­plemente han tenido que dejar sus puestos de trabajo debido a los salarios miserables. Pero la Mary no lo mencionó por la simple razón de que el hundimiento de la docencia de Argentina tiene por responsable princi­pal, absolutamente principal, a la gran trai­dora Mary Sánchez, que pactó la entrega de la huelga docente de 1988 con Cafiero y Alfonsín —para favorecer, entre otras por­querías, la candidatura del primero. La amiga del ministro Salviolo quebró la mayor movilización de los maestros de toda la historia para asegurarse el apoyo del Esta­do para su monopolio de CTERA y para la integración de ésta a la CGT "peronista ” La traición de la gran huelga docente es la responsable de este gigantesco hundi­miento social de los maestros y profesores y del monumental derrumbe de la educación y de las posibilidades de formación de la niñez y de la juventud. La política de la burocracia de CTERA desde aquella traición ha sido la de proseguir con la demolición del sindicalismo docente y de sus reclamos.

Adolfo Ortiz es coordinador del cuerpo de delegados de los es­tibadores, encargado de velar por el cumplimiento del convenio en lo que se refiere a las dotaciones mínimas que se utilizan para descargar los buques. Este puesto estaba ocupado hasta hace muy poco por un hombre de César Loza, que fue desalojado por los delegados porque no cumplía con sus funciones. Cuando Ortiz verificó que en un barco (el Río Assu) faltaban 16 “manos"(hombres) y reclamó por ello se encontró con una patota de Loza que había hecho un “arreglo” con la patronal. Ortiz fue ale­vosamente atacado por la patota de Loza, la que luego de pegarle un tiro siguió pegándole cuando se hallaba tirado en el piso hasta casi desangrarlo. El cuerpo de delegados de los estibadores viene luchando contra la burocracia de Loza, que como puede apreciarse está pro­fundamente corrompida y actúa en forma cada vez más abierta a cuenta de los capataces y patrones. Los matones están identificados. Es necesario que una Asam­blea General reclame el juicio y castigo de los mismos y de sus mandantes y tome las medidas para garantizar la defensa de las condiciones de trabajo contra los negociados patronal-burocráticos.

Pancho Montiel fue candidato a secretario general en las recientes elecciones del sindicato de estibadores —SUPA— por el frente antiburocrático Azul-Grana. Participó con una delegación de estibadores en el Encuentro Sindical del fin de semana pasado en Rosario del llamado grupo de “Burzaco”. “Fuimos allí para denunciar la agresión sufrida por un delegado de nuestro gremio (ver nota) a manos de la patota de Loza y para ver si podíamos tomar contacto con sectores combativos del movimiento obrero”. “Pero íbamos con desconfianza”, nos dice Pancho. PO: ¿Qué pasó en el Plenario? PM: Nos entregaron un programa para la discusión que se pronuncia por un “capitalismo humanizado". Cuando yo propuse una crítica a este planteo los “secretarios generales” que presidian se volvieron “locos”. Muchos tra­bajadores allí presentes tenían un sentimiento combativo, expresaban repudio contra la burocracia sindical. Luego que yo terminé de hablar, me llamó De Gennaro (dirigente de Ate) para decirme que no se proponía crear una nueva CGT y que tampoco planteaba un acto del 1° de Mayo en la Plata de Mayo porque la correlación de fuerzas no era favorable. Me dijo que había dos formas de solucionar el entredicho entre mi posición y la de ellos: o consensuábamos o deba­tíamos. Pero al final ni se consensuó ni se debatió; después del receso todos los secretarios generales que hablaron se dedicaron a cuestionar la posición de un 19 de Mayo clasista y combativo en la Capital Federal. PO: ¿Por qué? PM: Nuestra posición era convocar el 1° a un acto en la Plaza contra el gobierno, tomando como eje la lucha ferrovia­ria y llamando a movilizarse a todos los trabajadores. Ellos no quieren el acto porque sería enfrentar al gobierno de Menen e iniciar un proceso de lucha por encima de las actuales es­tructuras de la burocracia sindical. Esto pasa también porque ellos están en definitiva de acuerdo con el plan económico, aunque lo quieren “más humano”. Cuando en realidad, de lo que se trata, es de oponer una tenaz resistencia organiza­da para enfrentar este Plan y derrotarlo. PO: ¿Para Ud. la Mesa de Burzaco puede llegar a ser una dirección legítima de la clase obrera? PM: NO. Es imposible; la dirección legítima de la clase obrera son los que luchan cotidianamente. Los que hoy son burócratas mañana no pueden ser combativos. Por ejemplo Garcetti, Mary Sánchez, Brunelli, etc. La expresión genuina del combativismo clasista es obra de los propios trabajadores y no de las burocracias sindica­les supuestamente arrepentidas. Necesitamos la construc­ción de un sindicalismo que demuestre en la lucha la contun­dencia de su organización. Lo de Rosario no es más que otra variante de la socialdemocracia que ha tomado como tarea ser un dique de contención contra la clase obrera. No permi­tirlo es también una tarea de los trabajadores conscientes y combativos.

Se acaba de realizar en Rosario el II° Encuentro sindical del llamado “Grupo de Burzaco”. Integran esta tendencia el viejo sector ubaldinista de ATE-Ctera-Telefónicos de Buenos Aires, de un lado, y el también viejo sector centroizquierdista de Piccinini y los dirigentes del Neumático y de Periodistas, del otro. Pero a la reciente reunión se añadieron dirigentes sindicales del PC, compañeros de ruta de la ex-lU, como Bazán de Córdoba; dirigentes del interior de Luz y Fuerza; y hasta el radical Ediberto Sánchez, del sindicato de docen­tes de Santa Fe. Este bloque de burócratas sindicales se encuentra empeñado desde hace tiempo en encontrar un remedio al descomunal fracaso de la experiencia ubaldinista y en homogeneizar a sus componentes. Aun­que hasta ahora no han logrado avanzar un paso en semejantes propósitos, la “reuni­ficación" de la burocracia menemista en Parque Norte le ha servido como oportuno pretexto para presentarse como su “alter­nativa”. Daría la impresión que muchos se apresuraron en hacerse presentes en este Encuentro a partir de la idea, precisamente, de que éste sería una especie de "réplica” o “respuesta" al congreso cegetista. El recurso de contraponer uno y otro sirvió a quienes pretenden caracterizar al Encuen­tro como "progresista”. Pero esos supuestos e ilusorios alcances “progresistas "del Encuentro se pusieron de manifiesto casi de inmediato cuando los asistentes se negaron a apoyar la huelga que vienen sosteniendo las “sec­cionales rebeldes” de La Fraternidad — y esto a pesar de que algunos dirigentes del Encuentro, como el “fraternal" Tronconi, participan de la huelga. En menos de lo que canta un gallo el Encuentro se encontró “a la derecha” de la burocracia sindical me­nemista, que no había demorado en formar una comisión para “mediar” en el conflicto ferroviario y denunciar la “intransigencia” del ministro de Trabajo. En tanto que realidad social, los dirigen­tes del Encuentro no se diferencian en nada de sus “rivales” menemistas: son burócra­tas sindicales —“comen”, al igual que lo hacen sus “colegas”, de la misma “mano” estatal que los autoriza a manejar sin nin­gún control los fondos de los sindicatos y de las obras sociales (más la “yapa” de los “arreglos” que realizan con las patrona­les). Pero aún si esta semejanza fuera “se­cundaria” con relación a los problemas que plantea la realidad política concreta, hay que añadir que los fundadores del Encuentro son activos socios del Estado en materia de privatizaciones y no menos socios de las patronales en lo que se refiere a la “flexibilidad laboral”. ¿Qué separa a la “combativa” Foetra de Buenos Aires de los “traidores” de Luz y Fuerza, cuando leemos a diario sus “solicitadas” que re­claman la “propiedad participativa” en el capital accionario de las ex-empresas estatales? ¿Qué separa a un José Rodrí­guez del Smata “menemista”, de un Piccinini o de los “pichones” del Neumático, cuando todos ellos han firmado las cláusu­las de "productividad” que condicionan los aumentos salariales? Existe una perfec­ta igualdad entre menemistas y anti-menemistas a la hora de correr detrás de las migajas que les ofrece la política de entrega de Menem. En Córdoba, los "comunistas” de la burocracia sindical de la seccional de Foetra han hecho un bloque con Telecom para expulsar del Sindicato y despedir del trabajo a dirigentes sindicales reconocidos del Mas y del PO. A partir de aquí: ¿Sobre la base de qué principios políticos podrían fundarse los miembros del Encuentro, en el caso de que lo quisieran, para hacer una política de oposición al gobierno y a las patronales? En la declaración que aprobó el Encuentro se hacen continuas referencias a “las políticas de ajuste salvaje de este gobierno”, como si los autores del texto pretendieran convertirse en los garantes de un “ajuste” civilizado. ¿Pero cómo podría haber un “ajuste” civilizado cuando la propia “civilización” que produce estos ajustes es salvaje? Salvo que se suponga que los integrantes del Encuentro son unos ingenuos, las “ingenuidades” de su decla­ración son la evidencia de una pérfida demagogia y de una política de disimulo. En un párrafo que seguramente fue inspirado por ATE, se denuncia el “desmantelamiento del Sistema de Defensa Nacional” y se lo vincula a “la desintegración... geográfica de nuestro territorio”. Pero plantear en semejantes términos la oposición a la privatización de Fabricacio­nes Militares es peor que la propia enferme­dad. El “sistema de Defensa "es el aparato de las fuerzas armadas y la “desintegra­ción geográfica” son los conflictos de límites con Chile, de lo que resulta que nuestros sindicalistas progresistas han tomado para sí las banderas de Rico y Seineldin y de que su antiimperialismo se confunde con un nacionalismo anti-chileno reaccionario. El Encuentro, por lo que se ve, está muy lejos de ser la “alternativa” de Parque Norte; simplemente refleja la completa divi­sión de la burocracia sindical en su conjunto frente a la política menemista, más el agre­gado, en el caso del Encuentro, de la com­pleta bancarrota política y moral de la iz­quierda stalinista o tributaria del stalinismo. Del mismo modo que la “reunificación” no es la última palabra en las peripecias que sufren los sectores “menemistas”, esta "alternativa” o réplica centroizquierdista tampoco es el punto final en las viejas relaciones de ésta con el oficialismo. Las perspectivas de un re-acercamien­to entre el “oficialismo” y su “réplica” se encuentran incluso bien apuntadas en la declaración del Encuentro. El "nuevo espacio” de De Gennaro, Piccinini y Mary Sánchez propone "definir una estratega con los sectores del empresariado na­cional (para) afrontar las actuales políticas de apertura global sobre nuestras economías" y "evitar los efectos negati­vos que una pseudo integración pueda tener”. El planteo, pretende “vincularla organización de los trabajadores con tos bloques productivos que presenta la economía nacional tomando en cuenta a su vez el carácter diversificado e internacionalizado de los grupos Empresariales”; este planteo calza como un zapato con los intereses del Club de Exportadores, de Techint y Acindar, y hasta del propio Citibank —que convertido en dueño de Celulosa logró “afrontar” la “apertura global sobre” la industria del papel al conseguir que el gobierno estableciera cupos de importación contra los brasileños que se aprovechan de la “seudo integra­ción . A los organizadores del Encuentro no se les puede escapar el significado que tiene el planteo contenido en la declaración, ya que sus principales jefes están ligados, precisamente, a esos pulpos industriales. Recientemente, la patronal de Propulsora le advirtió a la Comisión Interna que no debía esperar un aumento salarial hasta que Cavallo no devaluara el peso —“una estrategia”, válida como cualquier otra, para "afrontar las actuales políticas de apertura global”. Semejante acercamien­to a las grandes patronales, que dicho sea de paso se encuentran ahora enfrentadas al Banco Mundial, que no les permite aso­ciarse para la privatización de Somisa; constituye un puente natural con muchos otros sectores de la burocracia sindical, también empeñados en defender a los "bloques productivos que presenta la economía nacional”. También se lo puede considerar un puente, y esto sin exagerar los tantos, con Rico y con Julio Ramos de Ámbito Financiero, si se tiene en cuenta que este último publicó hace tres semanas un artículo firmado donde reclama contra el desplazamiento del capital nacional en el campo de las privatizaciones. ¿Por qué sorprenderse, a la luz de todo k> anterior, que el Encuentro no. haya satis­fecho la ilusión de algunos de sus concu­rrentes de impulsar la formación de un "partido de trabajadores”? No solo esto; la declaración, un monumento a las vague­dades en el 90% de su desarrollo, es bien precisa en este punto, pues no solamente se opone a la formación de un partido propio del movimiento obrero sino que ela­bora con el mayor cuidado la alternativa política opuesta. En efecto, el texto votado por el Encuen­tro declara que “Este nuevo espacio de unidad de los trabajadores... lo ofrecemos... al conjunto de los sectores comunitarios como espacio de referen­cia sindical para una estrategia de poder nacional”, o como se dice en otro párrafo “como aporte a la conformación del movimiento político y social”. Hay que convenir que el planteo de subordinación de los sindicatos y del movimiento obrero a las otras clases de la “comunidad” (y no solo las clases sociales, porque después de todo el clero y los generales también for­man parte de la "comunidad") no podía estar más nítidamente formulado, como tampoco el sometimiento al “poder nacional” —que choca naturalmente con el sometimiento a sus respectivos “poderes nacionales” que deberían impulsar los trabajadores peruanos, cubanos, brasi­leños, uruguayos, británicos, etc.; Es así como los partícipes del Encuentro tuvieron en cuenta la “internacionalización "de las empresas “nacionales’ 1 El Encuentro se propone ser el apéndice "sindical", o más precisamente burocrático, de un partido o movimiento políticos de contenido capita­lista. La conclusión mínima que se puede extraer de las conclusiones del Encuentro es que el “espacio” no ofrece nada “nuevo”, lo cual es un “defecto” realmente mortal. El informe político del V° Congreso sobre el “nuevo espacio” “Los centroizquierdistas han justifi­cado su política de adaptación al régi­men con el pérfido argumento de que luego de las masacres de la dictadura la masa trabajadora y su vanguardia “no son lo que habían sido”; que el régi­men militar en realidad habría triunfado al haber impuesto una especie de "lobotomía en la memoria popular”. No se han percatado, parece, que la “vanguardia” de los 70, los llamados “combativos'’ incluidos los foquistas, lejos de haber desaparecido del escenario político se encuentran hoy, to­dos, en posiciones oficiales, y que a su modo “han conquistado al poder”. Mary Sánchez; Piccinini; Guillán y luego los disidentes de Guillán; los tosquistas de Luz y Fuerza de Córdoba (y también en telefónicos); los Caamaño en perio­distas; los Ongaro y Goldar; los Dighon de Tabaco; los burócratas de las regio­nales del interior que en su momento representó Ubaldini; Gdansky de Ma­tanza; los Villavicencio de Fotia; y hasta tos “hostilizados” De Gennaro, Abdala o Brunelli; los piccininistas del Sindi­cato del Neumático, que entregaron la huelga de Fate, todos estos opositores, disidentes o combativos del pasado, junto a la “nueva camada” del Mas y hasta del acabado y nunca combativo PC; todos éstos tienen hoy posiciones oficiales, y no solo esto, son los respon­sables políticos directos de todas las entregadas y derrotas del período de­mocratizante, y particularmente de las que facilitaron la salida del ascenso de Menem y prepararon el “plan” Cavallo. “La vieja oposición a la burocracia Regó a la dirección de los sindicatos, casi en un ciento por ciento, las bases sindi­cales pudieron realizar una experiencia política novedosa, que por momentos pareció consagrar la democracia en los sindicatos. Esta experiencia mostró las descomunales limitaciones del centro- izquierdismo, su rápida asimilación al régimen burocrático en los sindicatos y principalmente, su veloz adaptación a las exigencias de superexplotación eco­nómica de los trabajadores que les eran presentadas en nombre de la inevitable “modernización” y de la defensa de la "democracia” “La política centro-izquierdista ha sido un mayúsculo fracaso: en ningún lu­gar, absolutamente ninguno, ha podido conciliar su política de colaboración de clases con la defensa de las conquistas anteriores del movimiento obrero, ni su política de adaptación y defensa del Estado con la preservación de la autonomía, independencia o democracia en los sindicatos. En Ctera la propia burocracia "combativa” ha abolido la democracia e independencia sindicales; en Villa el sindicato se ha tomado un año de vaca­ciones con la firma de la “paz social” en Sanidad, la política de desmoralización del Mas condujo a la entregada pactada del sindicato a la intervención estatal (lo mismo en la UOCRA Neuquén). La si­tuación social de los docentes se ha con­vertido en miserable; los metalúrgicos de Acindar y Somisa han perdido em­pleos y la vigencia de sus conventos; los plenarios en Gráficos han desaparecido al mismo ritmo en que se fueron achican­do los salarios; los “combativos” de Foetra están rivalizando por ingresar al directorio de las empresas telefónicas para sentarse junto al Citibank y al Mor­gan. Para toda esta gente, la destruc­ción de las fuerzas productivas propias de la crisis capitalista, representa nada menos que la ’’modernidad”, sin percibir lo inconsecuentes que son al presen­tar al imperialismo con una faceta eco­nómica civilizadora; de un lado, y con una faceta política bárbara, del otro por ejemplo cuando agrede a Panamá. Pero muchos centroizquierdistas que ya nota­ron esta contradicción, en oportunidad de la guerra del Golfo apoyaron...a las Naciones Unidas.”

Prensa Obrera se acercó al local de Kilo 1 y se entrevistó con tres compañe­ros de base, Roberto S., golpeado por una “patota desconocida", Domingo C. quien está suspendido 75 días por adherir a la huelga y Carlos U., también suspendido por la misma causa. PO: Ustedes llevan 23 días de huelga, ¿en qué estado se encuentra actualmen­te? Roberto: La huelga está fuerte, nos mantenemos a todo tren, a mí que soy un activista de base me hicieron más fuerte porque me golpearon (“una patota descono­cida") dictándome que era “rebelde” cosa que no es así ya que acatamos la concilia­ción obligatoria y el aparato formado por el gobierno (por los hechos producidos en Constitución, por todos conocidos) produjo las cesantías de compañeros, es por eso que no somos rebeldes, peleamos por compañeros echados sin causa. PO: ¿Por qué te golpearon? Roberto: Porque soy un activista de base, doy la cara para convencer a la gente de que fuimos cesanteados injustamente. Domingo: La golpiza tiene la intención de hacer arrugar a los compañeros por parte de tas que manejan el aparato. En cuanto a la huelga sabemos que es difícil y sabemos que podemos revertir la situación con la ayuda de los trabajadores que se acercan al local a dar solidaridad tanto económica como anímica. Además no nos queda otra salida, si perdemos nos parten al medio y perdemos todos los trabajadores. Estamos convencidos de nuestra fuerza porque la causa es justa y tenemos el compromiso moral con los cesantes que hoy son ellos y mañana nosotros. Carlos: La huelga se mantiene por el convencimiento de los compañeros en la arbitrariedad de la medida. Te cuento que en mi caso fueron a mi casa (tos personas jóvenes cuando yo no estaba porque estoy trabajando por la huelga en juntar fondos y le dijeron a mi esposa que si no me presen­taba a trabajar me iban a echar. Mi señora les contestó de que estamos convencidos de la arbitrariedad del gobierno por lo cual sigo en la huelga Tal vez si me hubieran encontrado hubiese sucedido algo. PO: ¿Cómo la siguen? Domingo: Con el aporte de los trabaja­dores, tratando de extender el conflicto, que se entienda que esto no es joda, que te está luchando por algo justo. Por eso convoca­mos al conjunto de los trabajadores de las fábricas, gremios a que se prendan en esta lucha. Roberto: El local está abierto las 24 horas para recibir a los compañeros trabaja­dores. PO: ¿Esta lucha se combina con la privatización? Carlos: ¡Sí!, quieren cambiar el conve­nio, quieren descabezar esta lucha para lograr una privatización más fácil, para cambiar las condiciones de trabajo, lo com­paro con el cambio de banderas en lo6 buques. Roberto: Por ejemplo los carneros tra­bajan 12 horas, hacen el trabajo de peones te da la pauta de cómo es la base de este trabajo, esto es lo que proponen los Pedraza etc., son todos aparatos de la burocracia Domingo: Quiero tocar el tema de los cameros, ellos dicen no que tienen para comer, pero piensen, que los que estamos aquí en nuestro local las 24 horas trabajan­do por el fondo de huelga para bancar a los compañeros y sus familias. Por eso digo que los carneros carnereen porque son cameros. Por eso tenemos una organiza­ción obrera y si perdemos vamos a ir con la frente alta. PO: Para explicar sus puntos de vista ¿los medios le dan espacios? R: Algunos medios si otros no. las FM truchas y Aliberti sí, pero en otros cuando salimos en directo podemos decir algo, explicar más o menos, pero cuando salimos grabados te cortan y mandan por parte para tergiversar los conceptos que realmente queríamos explicar. PO: ¿Cómo se puede sanar según su opinión? Roberto: Con la unión de los trabajado­res y el pueblo. Carlos: Pido a los legisladores que es­tán mediando que no lo hagan para la loto porque ya los conocemos a todos, que empleen cosas prácticas. Además estamos preparando una asamblea abierta con vecinos de la zona, jubilados, sociedades de fomento y partidos políticos. Roberto: Quiero agregar que la lucha nuestra es de todos los trabajadoras y que no somos rebeldes, luchamos por lo justo. Domingo: Quiero decir que la burocra­cia de Jaime es cómplice de este ataque porque está comprometida con tas privatizacio­nes y sabe que con este sector en pie se iba a tener que enfrentar. Por eso quiere entre­gar esto limpio de compañeros de lucha para poder dejar a 500 fraternales de los 1200 que somos.

La huelga de las seccionales de La Fraternidad ya está por cumplir el mes. El gobierno no ha podido quebrarla entre los sectores que la lanzaron desde el primer momento (eléctricos del Roca, Haedo-Castelar del Sarmiento) y ha debido recurrir a los diagramas de emergencia. La burocracia sindical de Jaime ha intervenido activamen­te en romper la huelga, pero solo logró su propósito en la línea vapor del Roca. Los compañeros fraternales en huelga están li­brando una verdadera lucha de retaguardia, aislados, porque saben que la aceptación de una derrota y de los despidos provoca­dos por el gobierno, entrañaría despidos masivos, “flexibilidad (superexplotación) laboral” y la completa destrucción de la in­dependencia sindical y de la autonomía de las seccionales. Han sufrido un retroceso con el levantamiento de la huelga en Inge­niero White y en Mar del Plata, que habían entrado a la lucha divididos. La experiencia de lo ocurrido con la privatización del ramal Bahía Blanca-Rosa­rio es elocuente al respecto. De los seis mil trabajadores registrados sólo han quedado setecientos, a pesar del compromiso de los “adquirentes"(no fue una compra sino un robo) de mantener un plantel de 1.500 obre­ros. Con la eliminación completa de las especialidades el personal debe realizar cualquier tipo de tarea y rotar en los horarios cuando así lo reclama la empresa. En "Ferro-Expreso Pampeano" ha sido liqui­dada prácticamente la organización gre­mial, que ha quedado reducida a una comi­sión interna, de “difícil ubicación”, para toda la línea La nueva CGT menemista pretendió “mediar" en el conflicto, pero no fue acep­tada por el gobierno, que no quiere verla ocupando “espacios políticos” en cone­xión con las luchas. Un “Encuentro” sindi­cal de centroizquierdistas, que se realizó en Rosario, rechazó cualquier acción de soli­daridad con la huelga. El aislamiento de la huelga es, en primer lugar, un "aislamiento" respecto a los aparatos que dominan los sindicatos. Este "aislamiento" es inevitable porque esos aparatos están completamente jugados al sacrificio de las conquistas más importantes de la clase obrera. Pretender que no exista esta dase de “aislamiento" significa impo­sibilitar cualquier tipo de lucha y resignarse a la superexplotación y aún a la desocupa­ción. Pero la huelga sufre de un segundo tipo de aislamiento, que tiene que ver con el completo inmovilismo político de su direc­ción. Los compañeros coordinadores de esta lucha no la orientan con pronuncia­mientos periódicos ni tampoco tienen una política frente al resto del gremio, que en su mayor parte se siente impotente para inter­venir o actuar en forma solidaria. El peso de tener que sostener una huelga tan sacrifica­da puede haber influido en reducir las miras de sus dirigentes, pero no hay que olvidar que en esta lucha actúan también experi­mentadas corrientes políticas (el PO entre ellas) que no aportan nada para superar esta situación, más bien la profundizan. Para empezar, la burocracia sindical de La Fraternidad está mucho más aislada que la propia huelga en relación a las bases. Han pasado cinco meses largos desde que se inició la discusión del convenio y el tema salarial no ha avanzado un milímetro. Jaime aseguró que la directiva resolvería satisfac­toriamente las reivindicaciones y que esto jamás podrían lograrlo los activistas y trabajadores en huelga. Pero hasta ahora no hay nada, y los plazos entre los afiliados se han agotado. Lamentablemente, el inmovilismo político de la coordinación huelguista no ha permitido aprovechar mínimamente esta crisis en desarrollo. Pensamos que es necesario debatir una caracterización de la situación y establecer una activa línea de pronunciamientos y agitación dirigido al conjunto del gremio y de los trabajadores, con sus conclusiones y reivindicaciones.

Los trabajadores de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro están sufriendo un agudo ata­que por parte del gobierno, lo cual se manifiesta en la pérdida de conquistas, como el Estatuto del Personal, en la masiva sangría de trabajadores a través de "retiros voluntarios" y en la miseria salarial. Todo esto en la perspectiva de una privatiza­ción que va a dejar al mercado asegurador total­mente controlado por un puñado de pulpos. Este proceso de liquidación contó con el apoyo incondicional de la burocracia sindical — Zanola en el sindicato y Castillo en la Caja. Luego que la mitad de la Comisión Interna se fuera de la Caja con indemnizaciones que son el doble de lo que le toca a un trabajador normal, Castillo convocó a elecciones anticipadas con sólo una semana de antelación para la presentación de listas. “Centroizquierda " La oposición a Castillo estuvo tradicional­mente liderada por sectores vinculados al partido comunista, al partido Intransigente y al peronismo “de izquierda", Ante el llamado a elecciones, las principales cabezas de esta co­rriente (ex lista 75) se pasaron al oficialismo. El sector que no entró a la lista oficial terminó planteando el voto en blanco, luego de que les fracasara un acuerdo con los radicales y luego de rechazar un frente con la clasista Naranja. El voto en blanco del “nuevo sindicalismo", como se califica a sí misma la centroizquierda, significa un apoyo vergonzante a Castillo y, por lo tanto, a la privatización. La Lista 4 La Naranja (PO e independientes) pudo, pese al escasísimo tiempo, conformar una lista con compañeros independientes y simpatizantes del Mas. Luego se sumaron nuevos compañeros como fiscales, algunos de ellos se acercaron rompiendo con la 75. Castillo y sus nuevos aliados obtuvieron el 49% de los votos, pero un tercio de estos correspon­de a los altos funcionarios. Los radicales tuvieron un 33% y la Lista 4 un 15% de la votación. Doscientos compañeros dieron, de este modo, su aval a una lista clasista y antiburocrática.

Telecom ha solicitado judicialmente el desafuero y la autorización para despedir a cuatro delegados de la sección Tráfico, algu­nos militantes del PO, y al secretario gremial del Sindicato, militante del Mas. La patronal acusa a los representantes gremiales por haber "Instigado" al personal a hacer una huelga "salvaje” que “paralizó totalmente las comunicaciones del norte y centro del país”, esto en relación con una asamblea que no afectó la prestación del servido. La asamblea se realizó para tratar las condicio­nes infernales de trabajo que ha introducido el nuevo convenio colectivo (firmado en la Casa Rosada con la presencia de Menem, María J. Alsogaray, el Citibank, etc. y señala­do como un ejemplo de la “flexibilización laboral" que en los sectores operativos — como Tráfico— se hacen sentir aún más). Las supervisoras venían sancionando operadoras a diestra y siniestra bajo cual­quier excusa con el objetivo de imponer los aumentos brutales de los ritmos de trabajo; la respuesta fue la asamblea que obligó a la patronal a recular con las sanciones. La patronal es consciente que el nuevo convenio ha potenciado e inflamado los ele­mentos de conflicto con los obreros (en los primeros seis meses la secretaria gremial recibió más de 1200 redamos relacionados con las nuevas normas de trabajo). Es por eso que busca debilitar la organización de los trabajadores y ataca a los elementos más combativos del gremio. La empresa obtuvo ganancias fabulosas en el primer año (70 millones de dólares declarados) a costa del aumento de las horas de trabajo, del conge­lamiento salarial, del esfuerzo de los trabaja­dores, de la reducción de personal a través de los "retiros voluntarios” y, por supuesto, del aumento de tarifas. Esta misma política se está profundizando, la empresa piensa cerrar centrales del interior de la provincia y de esta manera recargar, entre otros, al sector de Tráfico y despedir personal. Sánchez y la directiva del Soetc con la patronal La patronal tiene en la actual directiva del Sindicato a un aliado estratégico. No es casual que el pedido de desafuero se haya manifestado apenas una horas después de la expulsión “trucha" de la Comisión Directi­va de los militantes de la lista Naranja, Gui­llermo Gómez y Claudio Sosa; que son de esta manera servidos en bandeja a la patro­nal, por parte de la dirección del gremio, para que los despida. No sólo esto; la directiva acaba de hacer un reconocimiento expreso y público de la comisión paritaria que elaboró el convenio antiobrero y que viene "negociando" el congelamiento salarial. Previamente Sánchez había hecho suya la política salarial de la Foetra y la empresa reclamando un premio a la productividad. Pero en el pedido de desafuero, la colabora­ción de la burocracia izquierdista ha sido más expresa aún; en octubre, cuando se realizó la asamblea, la calificó como una medida “alo­cada”, como un “irresponsable espontaneismo”; rápidamente decidió separar al secretario gremial de las “tratativas” con la patronal, más tarde le quitó el permiso gre­mial y por último lo desplazaron de la secre­taría gremial; la fundón de “alcahueta" y colaborador de la patronal que realiza la directiva “izquierdista f en nada difiere de la cumplida por la burocracia de Venencia. Rodríguez o, incluso, Lorenzo Miguel. La "limpieza” de Telecom es un operativo compartido por la patronal y el Sindicato. Sin embargo ésta es una política de patas cortas porque la fuente de conflictos no son los activistas sino el nuevo convenio y tas pretensiones patronales de ganancia a través de tarifazos, congelamiento salarial y su per explotación obrera, lo que impulsa la resistencia y la lucha de los trabajadores. Una política en defensa de los trabajadores tele­fónicos debe partir del rechazo al nuevo convenio colectivo, a los ritmos de trabajo y de la defensa de la organización de los traba­jadores.

En las horas previas al Congreso de "unidad” de la CGT, el gobierno envió al Parlamento los proyectos de leyes referidos a convenios colectivos y sindicatos. En ambos casos, los textos fueron “mejorados en las conversaciones mantenidas con los sindicalistas” (Enrique Rodríguez, secretario de Trabajo). La burocracia apoya sin fisuras el régi­men de convenios por empresa, por rama y por profesión u oficio e incluso los convenios diferentes dentro de una misma empresa. El tipo de negociación deberá ser resuelto “de común acuerdo” entre patrones y burócra­tas pero “no podrán establecerse cláusu­las... que resulten contrarias a normas de orden público o dictadas en protección del Interés general"(artículo 13) (como el "plan de convertibilidad" que congela los salarios). El Ministerio de Trabajo puede “suspender la homologación y devolver el convenio a la comisión nego­ciadora para que subsane los defectos” (artículo 20). Que negocie la burocracia La burocracia puso un gran empeño, sí, en modificar el proyecto de ley sindical. A instancias suyas, el gobierno decidió prohi­bir el otorgamiento de personería gremial a los sindicatos por empresa. La burocracia queda como única autorizada a suscribir los convenios de distinto tipo y, por lo tanto, a pasar por encima de las comisiones inter­nas. El texto no dice una palabra sobre el número de delegados que debería haber por establecimiento o cantidad de trabaja­dores, pero la patronal metalúrgica y varios directivos de la UIA ya han reclamado su reducción, lo que también quedará en manos del "común acuerdo" con las patro­nales. “El ejemplo es la AOT” El Ministerio de Trabajo puso como ejemplo de lo que se quiere el reciente convenio de la AOT, “el mejor convenio logrado”, según Anselmo Riva, subsecre­tario de Relaciones Laborales (Diario Gre­mial, 24/2). El "acuerdo" textil incorpora todas las modalidades de trabajo temporario previs­tas en la Ley de Empleo, elimina la obliga­ción patronal de otorgar vacaciones anuales en el período octubre-abril y adopta los "turnos rotativos"—lo que significa pasar de 6.400 horas de trabajo anuales a 8.200 con el mismo personal. El funcionario del gobier­no hizo especial hincapié en destacar que “la AOT y las cámaras negocian aspec­tos básicos y queda para las comisiones internas de fábrica la discusión de as­pectos puntuales. En caso de desacuer­do en la negociación por planta o fábrica, la discusión vuelve al ámbito de la parita­ria nacional” (Diario Gremial, ídem). El gobierno está obligado a sostener una burocracia que le rinde estos servicios, y por supuesto que lo hará en un año de eleccio­nes sindicales. En relación con esto el se­cretario Enrique Rodríguez destacó que “la llave de los comicios en los sindicatos está en el manejo del padrón sindical y sobre esto no hay ningún control”. Toda esta "concertación” no resuelve, sin embargo, la cuestión salarial. El gobier­no no tiene para ofrecer más que los aumen­tos por "productividad".

Mientras la bronca salarial se extiende a todos los rincones del gremio, el ongarismo está preparando un escandaloso fraude para las elecciones sindicales del próximo 24 de abril. Ambas cosas tienen relación directa porque la lista Naranja ha planteado a las elecciones como un plebiscito contra el con­gelamiento salarial y la pérdida de conquis­tas sociales. Algunos talleres como Letta, Papeles Pintados y Fabril están en quite de colabo­ración por el aumento. Son una avanzada de un movimiento más general de rechazo a tos intentos patronales de imponer premios, topes y todo tipo de sistemas de trabajo a destajo. Los patrones pretenden canjear migajas por regímenes de superexplotación que destruyen física y moralmente a los trabajadores. Esta es hoy la gran pulseada. En Bolpa la dirección sindical hizo pasar un premio que nunca se cobra debido a la manipula­ción de la producción por parte de la patro­nal. Se comienza a disipar entre los trabaja­dores la ilusión de que el “premio” puede sustituir al aumento salarial. Este escenario ha descolocado a la burocracia de Ongaro que se había jugado con todo a discutir "productividad" empresa por empresa a través de un documento público y de "pro­puestas" en cada empresa. Un síntoma inconfundible de la prepara­ción del fraude es la negativa de Ongaro a hacer públicos los padrones e impedir su verificación y control. La junta electoral gráfica, controlada por Ongaro, tiene como siempre su principal aliado en el Ministerio de Trabajo, en especial ahora que Menem vuelve a "cortejar" a la burocracia sindical por el temor al “estallido social” a la venezolana. Sólo una gran movilización política del activismo puede quebrar el fraude en el que está interesado todo el frente burocracia- estado-patronal. Esa es la tarea de la hora; reunir los fiscales; impulsar petitorios a la junta electo­ral pidiendo los padrones y difundir las posiciones de la Naranja que constituyan por sí mismas un factor de organización y da lucha para los gráficos.

El auto-golpe de Fujimori en Perú, que se produce casi si­multáneamente con el hundi­miento del gobierno de Pérez en Venezuela, constituye un sínto­ma inconfundible del agotamien­to de una experiencia política continental. Los regímenes democratizantes que aparecie­ron en América Latina en la última década son incapaces de dar cuenta de las contradicciones 'explosivas del régimen de explo­tación social que sostienen. Sus instituciones políticas no resisten los embates sociales ni los feno­menales sacudones de un capi­talismo en completa descompo­sición. Para mantener en pie al Estado se ven obligados a vio­lentar sus propias normas y su propia legalidad e incluso asistir azorados al levantamiento de sus propios cuerpos armados, incluso allí donde han llevado a los explotados a condiciones ine­narrables de miseria y elevado como nunca la tasa de explota­ción y de beneficios, perciben que no han logrado reestructurar a la sociedad sobre una base estable que reinicie un desenvol­vimiento capitalista. No sólo se trata de una cues­tión de tendencia, también es una cuestión de ritmo. Los Alfonsín, los Alan García, los Sanguinetti e incluso los Samey demora­ron poco más de cuatro años en poner en evidencia su incurable descomposición. Los Collor, los Lacalle, los Pérez, los Fujimori e incluso los Menem marchan por la misma vía pero con mayor rapi­dez. Aquellos jugaron a fondo la carta de la “democracia”, estos últimos la de la “economía de mercado”, pero los resultados no sólo son catastróficamente los mismos sino aún más contunden­tes. El parasitismo económico crece en forma exponencial, al igual que el saqueo de las masas, pero en la misma medida avanza la crisis política. Una crisis que no es sólo de régimen sino del propio Estado, como lo prueba el hecho de que alcanza también a las fuerzas del recambio (armadas y políticas). Entre un Fujimori y un Menem sólo hay una diferencia de grado. Fondomonetaristas ambos, los dos se jactan también de haber yugulado la inflación y de haber reactivado la producción, o todavía más, de haber hecho saltar la Bolsa. Pero mientras que estos “éxitos” han obligado al peruano a copar los poderes legislativo y judicial mediante el franco camino del golpe, Menem ha hecho lo mismo con procedimientos más sinuosos, que en todo caso lo co­locan por debajo de su colega en términos de claridad, de au­dacia y por sobre todo de tem­peramento. Con verdadera in­justicia se ha tachado de trucho al viejito que usurpó la banca de un diputado para lograr el quórum que permitiera votar la en­trega del gas en el parlamento. Ese hombre ha sido, en reali­dad, el primer y único diputado auténtico que ha tenido el Con­greso, porque no escondió para nada que no pretendía repre­sentar la voluntad popular y que su única misión en el recinto había sido votar como se lo indicaron los pulpos capitalis­tas. Los truchos son los restan­tes doscientos y pico de sena­dores y diputados que fingen ser lo contrario. Cavallo ha vuelto de Santo Domingo con las mejillas rosa­das de alegría, pero escondien­do en realidad un resultado ca­tastrófico. Fue el único negocia­dor de la deuda externa de toda América Latina que no logró reducir en un solo dólar esa hi­poteca; peor, sólo consiguió au­mentaría. Uno de los bonos que los acreedores pueden elegir para la nueva deuda (bono par) no reconoce reducción de capi­tal ni de intereses. Pero por otro lado, Cavallo ha tenido que aceptar el desembolso de millones de dólares en concepto de intereses atrasados, luego de haber jurado con machismo cordobés que no pagaría un peso. Según el Cronista Comercial, solo en el año 1992 Argentina deberá pagar más de diez mil millones de dólares. Lo que na­die cuenta, además, son todas las nuevas deudas que Argenti­na ha acumulado desde que subió Cavallo y que deberán ser canceladas en los próximos tres años. Los acontecimientos se ace­leran y ello obliga a los trabajado­res a una reflexión de conjunto. Se aceleran los acontecimientos a escala del mundo entero. El de­rrumbe de las Bolsas europeas, de Nueva York y Tokio, y las derrotas electorales de los go­biernos europeos que han fraca­sado en revertir la crisis econó­mica y el hundimiento financiero de sus países, anuncian un sacu­dón financiero y político mundial. El conjunto de este proceso pondrá de relieve que los “planes” de Menem, Cavado y “tanti altri’’son meros castillos de nai­pes. Esta crisis mundial es la parte­ra de una nueva etapa de alcan­ces históricos.