Prensa Obrera N° 353

El día viernes 28 de febrero, tal como estaba previsto, marchamos a la Municipa­lidad de Lomas de Zamora, con la consigna “AGUA POTABLE PARA TODOS”, veci­nos de los distintos barrios del distrito, peti­cionando por la construcción del río sub­terráneo Bernal-Lomas, única solución duradera y efectiva para el aprovisionamiento del agua. Se movilizaron aproximadamente 450 personas, producto de un trabajo previo de invitaciones casa por casa y pegatinas de afiches en los negocios, ya que el problema de la falta de agua involucra a toda la pobla­ción. Acompañados por los gritos de “QUE­REMOS AGUA” una comisión integrada por vecinos de los diferentes barrios (Barrio Laprida, Villa La Perla, Santa Marta, Villa Galicia, Parque Barón, Fiorito), y del presi­dente de la Comisión Agua para Todos, se dirigieron al interior de la Municipalidad para entrevistarse con las autoridades. En la puerta lateral del mismo fueron notifica­dos que la Municipalidad se encontraba vacía por tareas de fumigado. Para todos los presentes quedó claro que se estaba frente a la “borrada” total del Intendente y todos sus funcionarios, generalizándose en forma inmediata un abucheo y escuchándose ex­presiones de “Hay que fumigarlos a ellos”. Ante esta situación la columna marchó hacia las oficinas del diario La Unión donde se entregó un comunicado de prensa, enca­minándose luego hacia la estación de Lomas donde finalizó la movilización con una intervención del presidente de la Comi­sión, quién puso de manifiesto “Que la pre­sencia de los vecinos fue mayor que en las anteriores convocatorias y que era necesario seguir desarrollando el movi­miento”. También agradeció la presencia de par­tidos políticos e invitó al festival del domingo siguiente con el objetivo de recaudar fondos para solventar gastos de la Comisión (afi­ches, volantes, etc.). Se pusieron de relieve los “parches” que están realizando OSM y la Municipalidad (perforación de un nuevo pozo en zona salitrosa) que poco o nada resuelve el problema central que es el apro­visionamiento abundante para todo Lomas. Además se dijo que estas perforaciones son el resultado de la movilización de los veci­nos y su propia organización, ya que estas mínimas tareas paliativas habían sido pedi­das hace más de un año por la Comisión. Por otra parte se quedó en realizar reunio­nes todos los lunes para discutir cómo se continúa la lucha. Sigue planteado el tema fundamental que es extender los reclamos a más barrios y zonas del distrito, sumando al reclamo del agua otras necesidades impostergables (cloacas, tratamiento de efluentes, unida­des sanitarias, etc.) dotando al movimiento de una plataforma propia de reivindicaciones y de una política independiente.

El gobierno menemista está anunciando con aire triunfal que la epidemia de cólera está “controlada”. Pero la bravata oficialista no tiene nin­gún sustento en la realidad: sólo en el curso de seis días —del 18 al 24 de marzo— se produjeron veintiún nuevos casos (un au­mento del 10%), dos de ellos fatales. El cólera en la Argentina menemista sigue ostentando uno de los índices de mortalidad más altos de toda América Latina y éste índice ha aumentado aún en el curso de los últimos días (del 5,2% al 5,6% de los enfer­mos). El gobierno pretende que la higiene y las "dos gotitas de lavandina "bastarían para detener la catástrofe. Nada más falso. To­das las causas que han llevado al estallido de la epidemia siguen en pie... y si ésta no se ha agravado exponencialmente es por razones por completo ajenas al gobierno. Un grupo de expertos entrevistado por Clarín (15/3) revela que una creciente de los ríos Pilcomayo y Bermejo (cuyas nacientes se encuentran en zonas infectadas) llevaría la epidemia a una explosión incontrolable. “Si se produjeran estas crecientes esta­cionales, señalan, que forman parte del funcionamiento habitual de estos ríos, la bacteria se desparramaría sobre una superficie enorme, llena de lagunas con peces contaminables que son la fuente de proteínas de la gente de esos sitios. Y después, sácala de ahí”. Tampoco en el Gran Buenos Aires la acción gubernamental ha producido mejora alguna en la red de agua potable, en los ser­vicios cloacales o sanitarios o en el control de alimentos o aún en el de lavandina (el 50% de las que se venden son “truchas”— Clarín, 18/3). Al contrario, en las últimas semanas el suministro de agua potable en la Capital y el Gran Buenos Aires disminuyó el 15% por la salida de funcionamiento de equipos de Obras Sanitarias con más de sesenta años de uso (Clarín, 12/3). El cólera es algo más que una enferme­dad de la miseria. Es en verdad una enfer­medad de la descomposición capitalista que, después de haber concentrado a millo­nes de trabajadores en grandes ciudades, es incapaz de brindar una infraestructura sanitaria y hasta de mantener la pobre in­fraestructura vigente. En este sentido, el videlo-menemista Juan Alemann fue muy claro: “El anuncio del aumento del gasto social en función de la histeria colectiva que se ha creado con el cólera —dijo— (es una) señal Inflacionaria" (Ámbito Financiero, 16/3). Estas declaraciones de Alemann revelan el monumental abismo, material pero sobre todo "humano”, que se ha abierto entre los explotados y los explotadores. Toda la bur­guesía argentina hace suyas las palabras de aquel explotador salteño que en los pri­meros días de la epidemia protestó porque “hacen tanto ruido porque se murieron cuatro indios de mierda”. Córdoba: Movilización de padres y maestros Más de 45 escuelas de Córdoba no pudieron comenzar las clases por la ausen­cia de condiciones elementales (agua, baños). La situación fue destapada por padres y maestros que en días previos o al iniciar las clases comprobaron que las condicio­nes no existían exigiendo a los funcionarios del gobierno la garantía de los medios necesarios. Las promesas oficiales no fueron muy creíbles ya que en algunos casos los padres ocuparon los establecimientos (escuela Carbó de B° Comercial, o Goyehade Corral de Palo) hasta tanto estuvieran efectuadas las obras. En todas las escue­las en que no empezaron hay comisiones formadas por padres y maestros que veri­fican todos los días el estado de las obras de reparación. La acción de padres y maestros destapó el deterioro de la educación cordobesa y frustró las pretensiones del gobierno de Angeloz de hacer pasar "gato por liebre” y empezar de cualquier forma. El gobierno había gastado una ponchada de pesos en propaganda mostrando la limpieza de tanques y reparación de baños, sin embargo días previos al inicio debió reconocer que en 11 escuelas no comenzarían las clases, sin embargo la cifra llega en la actualidad a 45. Es de destacar que la UEPC había llegado a un acuerdo con el gobierno para no pasar de los 11 casos, tal como lo declaró la ministro de Educación provincial, que habló de listas consensuadas con la organización gremial. Gobierno y UEPC tuvieron que actuar como “bomberos "apagando los innumerables reclamos que comenzaron a aparecer. Corresponsal Movilización en villa 21 El lunes 16, culminando una lu­cha de tres semanas, doscientos cincuenta vecinos de la Villa 21 de Barracas, impulsados por sus dele­gados y el Concejo Vecinal, se movi­lizaron hasta triarte y Vélez Sarsfield donde realizaron una concentración con corte de la avenida durante una hora. Los vecinos reclaman la fumi­gación y eliminación de basurales y la realización de obras de red cloacal y de agua corriente. Hasta el mo­mento la Municipalidad se ha limita­do a mandar algunos camiones para destapar pozos ciegos. Las leyendas “El cólera no es­pera” y “Marcha por la vida” tradu­cían la opinión mayoritaria de que las autoridades son inoperantes y que hay que arrancar las demandas con la lucha. Como próximo paso quedó con­vocada una asamblea del barrio para el sábado 28. Es importante mantener el funcionamiento de la comisión de movilización que duran­te este tiempo protagonizó las tareas de organización del corte y de difu­sión de la lucha a los medios, empre­sas de la zona, etc.

El atentado de la semana pasada contra la embajada de Israel en Argen­tina sirvió para sacar de nuevo a la su­perficie a toda esa resaca nacional que apoyó abiertamente a la dictadura mili­tar o fue su cómplice “benevolente ", y que aprovecha la primera oportunidad para proclamar su oposición a “todo tipo" de violencia cuando el blanco político de esa violencia es el símbolo que representa a un Estado opresor, como en este caso el sionismo. El sim­ple hecho de definirse enemigo de “todo tipo" de violencia delata al hipó­crita visceral, y aún más en este caso cuando semejante declaración viene en respaldo del violentísimo Estado sionista. La violencia está instalada en la sociedad como consecuencia de la explotación social de una inmensa mayoría por una ínfima minoría, y de la opresión nacional de la inmensa mayo­ría de los países por un puñado de estados imperialistas. Poncio Pilatos no lo hubiera podido decir mejor; no existe la oposición a “todo tipo” de violencia; c se está con la resistencia y la violencia del oprimido, o se está con la agresión, la explotación y la violencia del opresor. Es a tal punto abstracta la oposición a “todo tipo” de violencia, que incluso las contradicciones entre los propios explotadores se dirimen por medio de la violencia, al extremo de que los enfrentamientos violentos entre los explotadores han sido la causa de las mayores masacres que ha conocido la humanidad —desde las guerras de la religión y de sucesión hasta las guerras mundiales. Los que apoyaron una gue­rra colonial contra Irak, en defensa de menos de una decena de pulpos petro­leros, sin importarles la experiencia de cobayo a la que fue sometida la pobla­ción iraquí, a la que se descargaron las armadas guiadas por medios electróni­cos y rayos láser, han salido a pronun­ciarse contra “todo tipo" de violencia sólo cuando y sólo porque vieron de­rrumbarse el edificio de la embajada de Israel. Delimitarse de esta hipocresía es naturalmente el punto de partida de una definición política clara ante este aten­tado, que es la consecuencia, no sola­mente del sometimiento total y completo del gobierno menemista al imperialismo y al sionismo, sino que es, más que nada, el resultado del oportunismo descarado que caracteriza al régimen corrompido que gobierna Argentina, que procuró por todos los medios hacer negocios con los regímenes árabes más diversos, para luego cambiar de socios, aliados y por sobre todo de divisas, cuando percibió que su propio pellejo estaba en peligro. Que el atentado es una manifesta­ción del conflicto en el Medio Oriente es absolutamente cierto, pero apenas una parte de la realidad. Reducirte a lo pri­mero significaría omitir todas las cone­xiones que el menemismo se vio forza­do a romper con el régimen sirio, con el iraní, con el iraquí, y con los capitales europeos y norteamericanos que inter­venían en el negocio de armas, nuclear e incluso de drogas o lavado de narco- dólares con aquellos países. El gobier­no menemista no es otra cosa que el es­cenario donde se desarrolla la pugna entre toda suerte de camarillas, intere­ses, “lobbys” y pandillas, que se dispu­tan las "cometas” de las privatizacio­nes, el monopolio de los servicios pú­blicos, el control del comercio exterior y, por último pero no menos importante, el dominio sobre el sistema financiero que blanquea dinero de todos los tráficos ilegales, desde armas hasta drogas. Pero si el atentado está vinculado a la crisis meso-oriental, ello no quiere decir que sea una expresión de la lucha nacional del pueblo palestino —ni por su contenido, ni por su dirección, ni por su forma Al lado de la lucha nacional del pueblo palestino, que ya se ha transformado vanas veces en insurrec­ción y guerra nacional, el Medio Oriente conoce la disputa entre otros diversos intereses y políticas, que pretenden condicionar al movimiento nacional palestino. Apoyar la causa palestina, y esto de un modo incondicional, sin importar para el caso los métodos que adopte, no significa apoyar la política y las organizaciones pro-Irán, pro-Irak, pro-Siria— Estados todos que se han opuesto siempre a una victoria nacional palestina, esto porque ellos mismos son Estados opresores, incluso de o- tras nacionalidades, como por ejemplo de los kurdos. El carácter opresor del sionismo no absuelve a ningún otro Estado opresor del Medio Oriente. Siria se ha repartido el Líbano con Israel, como premio por su colaboración en la guerra del Golfo; el atentado indiscriminado de un guerrilla pro-siria, es decir, al servicio de la política de ese Estado, seria reaccionaria. Lo mismo vale si es pro-iraní o pro-iraquí. El atentado contra la embajada is­raelí no goza siquiera de la excusa de una acción selectiva. La matanza inevi­table de decenas de inocentes y la mu­tilación de otros centenares, que no tienen nada que ver con la opresión sionista ni en forma directa ni indirecta, porque no son responsables individua les ni representan a una nación opreso­ra; esta matanza significa un ataque a la unidad Internacional de los pueblos contra el imperialismo y simplemente refleja la "vendetta "de una aparato es­tatal o para estatal contra otro. En la causa internacional de la lucha contra el sionismo es fundamental delimitarse claramente del nacionalismo árabe, que si en ciertas circunstancias puede tener (y tiene efectivamente) un carác­ter progresivo, la mayor parte de las ve­ces aparece con sus aspectos reaccio­narios de opresión nacional, explota­ción social, discriminación y persecución religiosas, opresión contra la mujer y colaboración con el propio imperialis­mo contra otros pueblos o naciones árabes. Así como el menemismo ha conver­tido a Argentina en una víctima propicia del saqueo económico en beneficio del capital financiero internacional, del mismo modo ha transformado a Argen­tina en el terreno de enfrentamiento de camarillas y clanes internacionales, en primer lugar de los representados por el embajador norteamericano Todman en Buenos Aires. El repudio antimperialista al atenta­do indiscriminado contra la embajada sionista es ante todo un repudio político al gobierno proimperialista de Carlos Menem. Las bandas fascistas “Una caravana de autos israelí pene­tra en la aldea de Anabata, en el norte de la Cisjordania y quiebra la quietud de la noche invernal. Si son hombres salgan a defender vuestra ciudad vociferan pobladores judíos por medio de sus alta­voces. Los aldeanos palestinos lanzan piedras como respuesta. Soldados is­raelíes aparecen enseguida para cortar el conflicto, pero no antes de que los pobladores hayan quebrado los vidrios de los autos y disparados las ráfagas de sus rifles al aire. En la aldea de Biddu, los pobladores incendian una tienda palesti­na y dejan un mensaje escrito: cualquier daño que se cometa contra los judíos será vengado 'diez veces'. Y en un acto en la aldea Ar-Ram, al norte de Jerusalén, los pobladores distribuyen volantes advirtiendo a los pobladores árabes que 'SI el derramamiento de sangre continúa, seremos forzados a tomar medidas muy duras contra los perturbadores... Ten­gan en cuenta nuestra advertencia They mean bussiness”, dice el Time, la revista que publica el informe (20/1/92) — va en serio. “Los vigilantes de la Cisjor­dania” es el tibio título que usa la nota del semanario derechista norteamericano, cuyo último sentimiento por los palestinos es la simpatía, para referirse a estas bandas fascistas. El artículo retrata la represión para-militar en un territorio que ninguna ley internacional ha reconocido al Estado de Israel. “En realidad, informa el Time, el ejér­cito tiene que seguir la línea del gobier­no, que manda señales mezcladas a los pobladores al condenar abiertamente la violencia mientras trata con indulgen­cia a los que la perpetran... El gobierno ha condonado tácitamente la táctica re­presiva de los pobladores al permitirles formar 'guardias civiles'— policías ar­madas voluntarias. Al mismo tiempo ha acelerado la construcción en los territo­rios (ocupados)”. El sionismo es sinónimo de terrorismo de estado Producen verdadera repugnan­cia las protestas de pacifismo y los repudios contra "cualquier clase de violencia” que generan a diario los personeros sionistas y sus agentes locales, cuando se observa el terroris­mo masivo de Estado que ejecuta Is­rael en los territorios ocupados e inclu­so más allá de sus fronteras. Luego del atentado a la embajada sionista en Buenos Aires, se ha puesto de moda en algunos analistas israelíes calificar como un “error” el asesinato premedi­tado del jefe de la organización Hezbollah (partido de Dios), un partido libanés de orientación pro-iraní. Sheik Abbas Musawi fue acribillado el pasa­do 17 de febrero en el sur del Libano por helicópteros sionistas, luego de que su auto fuera identificado gracias a los dispositivos electrónicos coloca­dos en el chasis. En el atentado fueron asesinados también su mujer y su hijo de cinco años, así como varios de los partidarios que lo acompañaban. En esa oportunidad, no supimos que Er­nesto Sábato, Klimowsky, Neustadt o cualquiera de los columnistas de moda repudiara esa violencia, o que lo haga ahora. No se trata, sin embargo, de asignarle una importancia política es­pecial al asesinato de un líder, ni de adjudicarle relieve humano al cercena­miento de la vida de un niño. Ocurre que el Estado sionista está desarro­llando un terrorismo integral, nacional y social, contra el pueblo palestino, con la finalidad de expulsarlo del resto de sus tierras, como lo ha venido ha­ciendo, por otra parte, desde media­dos de la década del '30. La diferencia es que ahora tiene características que lo equiparan al terror del apartheid su­dafricano y al nazismo alemán. A pesar de las “conversaciones de par” que se iniciaron a fines del año pasado, y que tendrían como uno de sus objetivos conceder una autonomía política limitada a los palestinos, el ejército sionista anunció que dejaría de hacer disparos de adverten­cia a las piernas de los “sospechosos en fuga” — la orden es ahora tirar a matar. Otra decisión francamente ex­traordinaria del ejército ha sido delegar en los pobladores sionistas de la Cisjordania la tarea de controlar los auto­motores en las rutas y calles y autori­zarlos a patrullar con armas las aldeas y barriadas ocupadas por palestinos. En diciembre pasado, pobladores sio­nistas armados, acompañados por tro­pas del ejército, rastrillaron el barrio Silwan, en Jerusalén oriental, para ex­pulsar a familiar árabes de sus casas, como parte de un plan de sionización que impulsa el ministro de vivienda, Ariel Sharon, un “duro” que comandó al ejército sionista cuando la invasión al Líbano en 1982, y fue principal res­ponsable de las matanzas en los cam­pos palestinos Shabra y Chat Ha. La importancia de esta “colo­nización” de los territorios ocupados puede ser medida por la oposición del gobierno de Bush a otorgar garantías a Israel para la obtención de préstamos por 10.000 millones de dólares para financiar el asentamiento judío en esas zonas. Pero aún si esta política se limitara, como quiere Estados Uni­dos, a completar los asentamientos en marcha, esto significaría un crecimien­to del 50% en el total de los pobladores judíos. Todo aquel que repudie el aten­tado indiscriminado del martes 17 pa­sado en Buenos Aires, concebido para provocar una matanza general y de ningún modo una represalia selectiva, sólo tiene autoridad para hacerlo si mi­lita consecuentemente contra el terror de masas del sionismo contra el pue­blo palestino. Lo mismo vale para el que repudie políticamente el atentado, por ser éste una expresión de la lucha de aparatos controlados por tos Esta­dos reaccionarios árabes o iraniano contra el aparato sionista, y de ningu­na manera una manifestación de la guerra nacional del pueblo palestino. ¿Y la justicia para estos judíos? Apenas cuatro días después del atenta­do a la embajada israelí y aún en medio del interminable desfile televisivo de sionistas —israelíes y argentinos— este pequeño re­cordatorio habitual que aparece en Página (21/3), hacía presente nuevamente el secuestro, tortura y asesinato de miles de compañeros de ascendencia judía en Ar­gentina a manos de la dictadura militar y, aún antes, de la “Triple A”. Pero precisamente Menem y Alfonsín, que indultaron a los genocidas de estos Míos argentinos y de muchos otros miles de argentinos no judíos, no fueron repudia­dos cuando se sumaron a la manifestación de la avenida 9 de Julio. El Estado sionista y las organizaciones judeo-sionistas de Argentina lo subieron al presidente al estra­do. Los cómplices ucedeístas, demoprogresistas, justicialistas y radicales de la dictadura militar, marcharon como un solo hombre “con la gente” que rechazaba la “violencia terrorista”. Todo esto no solamente define el carácter reaccionario del “repudio” oficialista al atentado, sino que da simplemente asco. Embajador Shefi Dixit: La “sinagoga radical cambio de domicilio” El gobierno menemista, que llegó al poder con plata de Khadafi, de Pharaon y de otros clanes árabes, no solo tiene “relaciones carnales" con los Estados Unidos. Es que el atentando contra la embajada de Israel no puede ser desvin­culado de un proceso que ha pasado desapercibido para la opinión pública y para la mayor parte de la prensa: las “relaciones camales" del menemismo con el sionismo. Exactamente un día antes del aten­tado, cuando las palabras del embajador sionista en Argentina no se encontraban condicionadas por la “emoción” del ataque ni por la no menor del apoyo del gobierno argentino, el doctor Itzhak Shefi declaraba en Mar del Plata, en un desayuno de trabajo con los periodistas de la ciudad, que “el viraje que realizó el gobierno de Menem de alejarse del bloque tercermundista y acercarse al Primer Mundo automáticamente fa­voreció la comprensión entre los dos países" (La Capital, 17/3/92). Gruesas palabras, si las hay, cuando van dirigi­das al representante de un partido políti­co que albergó con ayuda del Vaticano y la Curia local a numerosos jefes nazis que lograron escapar de la ocupación aliada. "En estos dos últimos años hay un gran acercamiento entre la Argentina e Israel”, insistió el embajador, quien para borrar cualquier duda sobre su planteo acrecentó que” el gobierno de Raúl Alfonsín estuvo inclinado hacia el Tercer Mundo e Israel nunca estuvo en ese alineamiento''. El tema del pri­mero y tercer mundo es puro palabrerío, por cuanto Israel tuvo fuertes alianzas con los gobiernos tercermundistas no árabes de África. El énfasis del embaja­dor alude, ciertamente, al cese de los proyectos Cóndor II y de investigación nuclear, que tenían por destinatarios a Irak e Irán, respectivamente. El embajador debe saber muy bien de lo que habla, pues fue embajador ante Pinochet entre 1979 y 1983, perío­do, si lo hubo, de asesinatos y crímenes contra la izquierda y el movimiento obre­ro, y también un período... de franco des­arrollo de la industria armamentista chi­lena, la que contó con la complicidad de los servicios de inteligencia sionistas. Periodo también de la guerra de Malvi­nas, cuando desde el Estado de Pino­chet se espiaban los movimientos de tropas argentinas en beneficio de Gran Bretaña—a la que Israel apoyó en todos los “foros”. Este es el hombre que le dijo a los periodistas marplatenses que “Is­rael no encontró un idioma común con los gobiernos argentinos cuando éstos no eren democráticos’’. Las declaraciones de Shefi marcan una “sionización” del gobierno argenti­no que, insistimos, la opinión pública no habla siquiera intuido. Una “»ioniza­ción" que compromete, por supuesto, la independencia política del país y que convierte a Argentina en escenario de los ajustes de cuentas entre los servicios vinculados al Medio Oriente. En esta misma línea insistió el presi­dente de la DAIA, Rubén Beraja, esta vez al día siguiente del atentado. "Me siento mucho más representado por este gobierno que por el anterior en la política relacionada con Medio Orien­te”, le respondió a Página 12 (19/3), que nada la había preguntado sobre el go­bierno de Alfonsín. El giro es grande cuando se piensa que los menemistas de antes de 1989 denostaban a la “sinagoga " radical del alfonsinismo.

La cipayería argentina viene alentando el ingreso del país al “plan Brady”, pero aún desde el punto de vista de la entrega este ingreso es completamente superfluo. Los capitales extranjeros golondrina están entrando a raudales a los países de América Latina, de modo que los dólares sobran para pagar la deuda externa sin necesidad de ningún acuerdo con los bancos. Los propios bancos están obteniendo sus principales beneficios de la intermediación entre esos capitales y los diferentes países, es decir que se trata de un negoción que no van a abandonar por ningún motivo. La tasa de interés de los préstamos que tienen tasas fluctuantes es relativamente baja en el momento actual, por lo que no cabe esperar que los bancos la bajen o la puedan bajar más. En una palabra, Argentina no debería tener ningún apuro en concluir las negocia­ciones con los bancos, y mucho menos en aceptar condiciones desfavorables. Más todavía, a Argentina todo el “plan Brady” le resulta perjudicial, porque transforma a una deuda que se cotiza un 60% por debajo de su valor nominal, en una deuda que se cotizará aproximadamente al ciento por ciento. Cuando la deuda permanece am­pliamente desvalorizada por mucho tiempo, el país deudor puede tener la oportunidad de rescatarla con un descuento fenomenal. Pero precisamente por ofrecer todos estos perjuicios, inconvenientes y desventajas, la cipayería argentina, incluida su burguesía Industrial, está apurada por aceptar el plan de los banqueros. Se le adjudica al “plan Brady” la venta­ja de que reduciría la deuda externa en un 35%, lo cual es falso por varias razones. La primera es que sólo afecta a la deuda con los bancos, que totaliza 23.000 millones de dólares en concepto de capital sobre un total de 55.000 millones—la diferencia es lo que se debe a gobiernos e instituciones oficia- es- En consecuencia esa rebaja queda dis­minuida a un 15%, sí se toma al conjunto de la deuda externa. La segunda razón que desmiente esa reducción es que en el nuevo esquema Argentina debe respaldar el pago de la deuda refinanciada y de sus intereses con una garantía en efectivo que será aproxima­damente de cuatro mil millones de dólares. Esta garantía se consigue por medio de nuevos préstamos del FMI, del Banco Mundial, y de Japón, lo que eleva la deuda externa en un 7,5% y reduce la reducción de la deuda a sólo un 7,5%, aproximadamente vale unos cuatro mil millones de dólares. El monto de reducción es ridículo, y esto expli­ca que Cavallo y compañía aleguen como la única razón para el “plan Brady” la posibi­lidad que ofrece de un arreglo “definitivo“ con los bancos. Pero hay una tercera razón que des­miente toda la versión oficial del asunto, y es que Argentina deberá pagar una parte de los intereses impagos en forma inmediata (entre 600 y mil millones de dólares) y refinanciar el resto (unos ocho mil millones de dólares) con la respectiva garantía (otros 600 millones de dólares). En resumen, con el ingreso al “plan Brady” se pasaría de una deuda externa sin respaldo a otra que estará sostenida por una montaña de ga­rantías en plata. De todos modos, toda la historia de la reducción de la deuda externa no tiene en el fondo ninguna importancia, ya que lo pri­mordial fue siempre la determinación de los intereses. Sobre esto no ha habido acuerdo todavía, pero no hay dudas que terminará siendo la tasa de interés internacional. Y en este punto los banqueros están apurados porque la tasa va a comenzar a subir de un momento a otro y temen que si ello ocurre antes de la firma del acuerdo la negociación entre en un impasse. El pago de los intereses por esta “nue­va” deuda externa resultará una carga insoportable para el pueblo, porque aún con la tasa de interés actual, del 4%, significará unos 2.500 millones de dólares por año, que sumados a los intereses impagos y a la deuda pública interna en dólares, implicará una carga presupuestaria anual de cinco mil millones de dólares. El superávit de caja del gobierno está previsto, sin embargo, con privatizaciones incluidas, en poco más de tres mil millones de dólares — y las privati­zaciones se acaban en el '92. El gobierno menemista va a cometer el crimen político de aceptar el cambio de la deuda actual por una nueva deuda, esta vez garantizada, en las vísperas de un enorme sacudón financiero internacional que, como ocurriera en 1982, va a alterar todas las promesas de pago de las naciones endeu­dadas. Al mismo tiempo, se compromete a pagar una deuda sabiendo que no podrá hacerlo más que trayendo nuevos dólares en concepto de préstamos o capitales golondrinas, es decir aumentando la deuda externa. Por primera vez en mucho tiempo, Argentina no tendrá superávit en su comer­cio exterior y por lo tanto tampoco la posibi­lidad de pagar deuda sin endeudarse.

La licitación de acciones de Telecom puede ser caratulada como un gran fraude, que por razones de claridad conviene ir denunciando en orden. “Capitalismo popular". Como diría Adelina, las pelotas”. Los candidatos a accionistas minoritarios sólo pudieron invertir unos nueve millones de australes por cabeza, una insignificancia. Sobre el 30% del capital puesto a la venta, 300.000 pequeños inversores se quedaron con un 25%, es decir con un 7,5%, del capital total de Telecom. Con el aumento del abono telefónico para los usuarios residenciales, que va del 40 al 130%, y con la indexación de la tarifa de acuerdo a la inflación norteamericana, prevista para el 1° de abril, esos ahorristas pagarán más por su teléfono de lo que van a cobrar como dividendos. Esto si el precio de la acción no cae y no terminan vendiendo con pérdida. “Privatización". La parte norte de ENTel le fue entregada hace más de un año a Telecom por la cuarta parte del valor de las acciones licitadas la semana pasada (menos de 10 centavos de dólar por acción) Como el consorcio no invirtió un peso ni mejoró la rentabilidad de la explotación, la única explicación da la suba del 300% en las acciones en la licitación (42 centavos por acción) reside en la infravaluación que el gobierno hizo de ENTel al momento de su entrega y en la concertación entre el gobierno y los pulpos beneficiarios de que se aumentarían las tarifas y se brindarían otras ventajas (monopolio de la telefonía celular) a partir de la privatización Se trata de un desfalco de la propiedad pública que debería ser castigado penalmente. “Retorno de capitales" El “Plan Cavallo” no ha provocado el retorno de ningún capital fugado en el pasado y esto tampoco ha ocurrido ahora con Telecom. El $8% de la compra de las acciones lidiadas fue hecha a crédito (Clarín, 26/9), a un 18% de interés en dólares. Este hecho deberá provocar una gran inestabilidad de la Bolsa a la hora en que los prestatarios deben cancelar la deuda. '‘Curro” y Monopolio. Un porcentaje elevado de la licitación lúe acaparado por los integrantes del consorcio Telecom, los que compra ron acciones por medio de testaferros. Según Página 12 (24/3), uno de ellos, Pérez Comparte, se quedó con 250 millones de dólares en acciones, un 20% de la licitación, con lo cual incrementó en un 5% su participación en Telecom. Este tipo de operación se denomina en ingles “córner”, porque se trata de un "arrinconamiento" de la olería, es decir de un acaparamiento. Si se tiene en cuenta el papel que jugó el Banco Rio, filial de Pérez Companc, en la promoción de la licitación, en los créditos de compra e incluso en la oferta de compra que hizo con su cartera muy por encima del valor final, resulta claro que tres o cuatro pulpos se han quedado con el mercado bursátil de la empresa, que ahora está primera en el ranking de las cotizaciones en la Bolsa, Como un vulgar "keiresatsu" japonés, podrán manipular tas cotizaciones a su voluntad. La plata no está más De los 1 .200 millones que recaudó el Tesoro nacional por les acciones que estaban en su podar, 900 millones Kan sido destinados al pago de la deuda externa y 300 mitanes a cancelar con el Banco Nación tos adelantos que otorgó para pagar tas jubilaciones. El patrimonio estatal se esfumó en menos de toque canta un gallo. El gobierno le niega, mientras tanto, a los ferroviarios la posibilidad de aumentarles un salario que está en menos de tres palos, si se refiere al “básico”, en cuatro y medio el del “bolsillo”. Conclusión. Los usuarios, los pequeños accionistas, el Tesoro nacional, el conjunto del comercio e incluso la moneda nacional, han quedado a merced de un reducido grupo de pulpos con capacidad para decidir la ruina o prosperidad de una masa enorme de patrimonios.

El Congreso de la FUA, realizado el 14 y 15 de marzo en Santa Fe, ha revelado el proceso de “menemización” al cual tiende inevitablemente su aparato dirigente. De­trás de las declaraciones formales de “opo­sición” al gobierno existe una política de adaptación del radicalismo universitario en su conjunto a la política de liquidación de la educación pública En las vísperas del pro­pio Congreso el gobierno anunció, precisa­mente, que 1992, será el “año de ajuste” de la Universidad. ¿Oposición? La política sin salida de la dirección fuísta se revela en la respuesta que ha vuelto a ofrecer al ahogo presupuestario y al desmantelamiento de la Universidad en beneficio de la educación privada Para “defender” la universidad la FUA plantea obtener recursos “alternativos” como el “impuesto a los graduados” o la forma­ción de “cooperativas y mutuales estu­diantiles" y la “venta de servicios". Se trata, por un lado de planteos completamen­te inocuos porque ninguna de estas “alter­nativas” puede reemplazar la liquidación del financiamiento estatal y su secuela de drástica reducción del plantel docente y no- docente, limitacionismo, reducción violenta de la matrícula estudiantil y cierre de carre­ras y facultades. Por otro lado se trata de una propuesta de “leasing” de la Universi­dad, que se alquilará por partes al sector privado, en una especie de desguace que condenaría a las instituciones en su conjun­to a un enorme vaciamiento. Esta ofensiva ya fue puesta en marcha con la eliminación del rubro educación superior del presupuesto y la entrega de partidas que figuran como “subsidios" en la finanza oficial, discrecionalmente distribuidas por el Ministerio de Educación según el nivel de “racionali­zación” que emprenda cada casa de estu­dios. La política “alternativa” de arancelizar a los profesionales y acudir al bolsillo de los estudiantes es reaccionaria (mientras se paga a la banca internacional y se regalan los predios de la Rural y la cancha de Polo de Palermo) e inviable para enfrentar la política de ahogo. El llamado “inmovilismo” de la FUA se ha transformado en un tobogán a la destrucción de la educación. En esto la cúpula de la FUA sigue piadosa­mente al Consejo de Rectores —manejado por los hombres del radicalismo—que ha in­tegrado una comisión con el Poder Ejecuti­vo para “concertar“ la política de “ajuste“ en los claustros. Crisis La política de la UCR lleva a la “mene­mización” de la FUA. Una reunión nacional de dirigentes de la Juventud Radical, con­cretada pocos días antes del propio Congre­so, resolvió “unificar el discurso" juvenil partidario para congregarse “detrás de la candidatura de De la Rúa" (“Clarín", 10/3), es decir, de un candidato permanente de la Iglesia y la enseñanza privada para el Minis­terio de Educación, que viene de elogiar el plan económico oficial y explicitar que Cava- lio sería un buen ministro en un gobierno radical. Todo esto explica el proceso de crisis que se ha abierto en Franja Morada. Esta ya se evidenció en un plenario franjista de febrero último, donde varias voces se levantaron para criticar la conducta partidaria y de sus representantes en las universida­des. Precisamente la dirección “organizó” el Congreso de manera súper-burocrática, al punto que en el plenario de apertura y cierre no pudo intervenir ningún delegado. Luego de la inauguración, los congresales fueron divididos en doce comisiones y solo volvie­ron a reunirse para una larga lectura ininte­rrumpida de resoluciones, que no se ponían en discusión. El descontento de muchos delegados de Franja no dejó de manifestarse, como lo prueba la adhesión lograda por un pronun­ciamiento en favor de un plan de lucha, promovido por delegados de la UJS. El pronunciamiento llamaba a organizarse por la “inmediata convocatoria a asambleas estudiantiles-docentes y no docentes” para movilizarse contra los aranceles, los cupos y exámenes de ingreso y la política de “privatización" universitaria. Redamaba, además, el aumento del presupuesto sobre la base del desconocimiento de la deuda externa e interna y de un impuesto a las grandes ganancias. Si se tiene en cuenta que en el Congreso no existía una disidencia organizada como bloque con antelación, la firma del pronunciamiento por más de 40 delegados franjistas constituye un verdade­ro hecho político. Plan de lucha La “menemización " de la FUA, conde­na a Franja Morada a recorrer el mismo camino de desintegración que caracteriza­ron a la Ucedé, de un lado, y a la JP del otro. Por eso el único rumbo que queda en la Franja disidente es darle una proyección nacional y estratégica a esta oposición y galvanizarla junto a la lucha que libran las masas y la clase obrera. Petitorio "Los abajo firmantes, delegados al XVII Congreso de la FUA, consideramos que este Congreso debe votar una plataforma de lucha nacional para el movimiento estudiantil, para derrotar los planes de destrucción de la Universidad pública del gobierno nacional. "Estamos contra el arancel, contra los cupos y exámenes de ingreso, contra la privatización de la universidad, por el aumento del presupuesto educativo sobre la base del desconocimiento de la deuda externa e interna y un impuesto progresivo a las grandes ganancias. "Proponemos la INMEDIATA CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ESTUDIANTILES JUNTO CON DOCENTES Y NO DOCENTES EN TODAS LAS FACULTADES Y UNI­VERSIDADES que resuelva la acción directa para derrotar los planes del gobierno. * Decretar el Estado de Alerta en todo el país. * Jornada nacional de lucha todos los meses. * Paro activo estudiantil junto con los docentes.”

Los '‘especialistas "todavía se están rascando la cabe­za acerca de lo que quiso decir Cavallo cuando anunció que “en el futuro” podría comenzar una política de mini-devaluación del peso. La perplejidad tiene su lógica, porque hasta hace muy poco tiempo el ministro se jactaba de que el cambio fijo seguiría más allá del año 2000 y la propaganda oficial aseguraba que “ahora, Argentina tiene peso”. ¿Se derrumba, entonces, la "estabilidad”? ¿Estabilidad? Para ir aclarando el tema hay que señalar que el nuevo peso se encuentra sometido a una dura contradicción: tiene cada vez menos poder adquisitivo interno mientras su valor sube frente a las principales monedas. Desde que fue esta­blecida la paridad de un dólar por diez mil australes, el austral (ahora peso) perdió el 30% de su capacidad de compra, pero su relación con el dólar no cambió, y por eso su relación con las monedas europeas se revalorizó, en un 20% en los dos últimos meses. Esto significa que a los ex­tranjeros les resulta más caro comprar en Argentina, mien­tras que al comercio y a la industria argentinos les resulta barato comprar en el exterior. Las exportaciones nacionales se estancan o retroceden, en tanto que las importaciones crecen. La consecuencia es una amenaza de depresión económica debido a la imposibilidad de competir en los mercados internacional y nacional. Que Cavallo quiera salir ahora de esta contradicción mediante una devaluación de la moneda, revela simplemen­te el carácter ficticio de la “estabilidad" Por un lado, la relación 1 a 1 con el dólar no tiene sustento en la realidad económica; pero por el otro el propio planteo de la estabili­dad tampoco tiene sustento cuando la economía capitalista mundial se caracteriza en su conjunto por la inflación. Si las principales divisas suben y bajan, el peso nunca podría permanecer estable, aun cuando quede fijo con relación al dólar, ya que estaría cambiando con relación a las otras monedas. Cuando Estados Unidos tiene una deuda pública que se acerca al 50% de su producto nacional y el 15% de ella se financia con emisión monetaria de su Banco Central; cuando la deuda pública de Italia es igual al ciento por ciento de su producto nacional y lo. mismo ocurre con Bélgica;' cuando las deudas públicas de Gran Bretaña, Francia y Alemania han crecido en forma descomunal en 1991; cuan­do todo esto ocurre, la pretensión de un país menor como Argentina, que encima tiene una deuda pública que supera los cien mil millones de dólares, de establecer una estabili­dad monetaria, simplemente corresponde al reinado de la estafa. Al ritmo de una emisión monetaria del 8% mensual, la estabilidad menemista es un cuento chino, o mejor una caldera a presión. No puede devaluar El problema de Cavallo, que ningún “especialista” fue capaz de señalar desde su famosa declaración, es que no puede devaluar ni mini-devaluar aunque quisiera. La afluen­cia de capital golondrina hada los países de América Latina están intensa, que hay un exceso de divisas extranjeras con relación a la demanda Si no fuera por el pago de la deuda externa y por el aumento de las importaciones, el peso habría que revaluarlo en lugar de devaluarlo. La valorización del peso, entonces, no corresponde a las condiciones inter­nas de la economía, que se caracteriza por la inflación y el aumento del costo de vida, sino al movimiento especulativo del capital internacional. El compromiso de la ley de conver­tibilidad de comprar cada dólar que ingresa es una réplica exacta de las necesidades de los especuladores internacio­nales, porque ese compromiso crea una demanda de dóla­res por parte del Estado completamente artificial, que solo sirve para permitir que afluya la moneda extranjera. Esta constatación denuncia el carácter extranjerizante del “plan” Cavallo y de su fuente teórica de inspiración. Chile, Brasil y Perú son un claro ejemplo de la imposibi­lidad que tiene Cavallo de devaluar el peso. En Chile el gobierno cristiano-socialista se vio obligado a revaluar el peso hace más de un mes, precisamente como consecuen­cia del enorme ingreso de dólares a corto plazo, el cual procura aprovechar los mayores intereses y beneficios que se obtienen en Chile. Incluso después de la revaluación, que reduce la cantidad de pesos chilenos necesarios para com­prar un dólar, la emisión de moneda por ingreso de capitales del exterior fue descomunal: subió un 53% en solo 15 días de marzo. Para absorber este exceso de pesos chilenos el gobierno cristiano-socialista emite títulos públicos que están inflando enormemente la carga de intereses que debe pagar el Banco Central de Chile. Con este breve bosquejo uno ya está en condiciones de pronosticar que la crisis chilena será desatada por un crack financiero. En Brasil, el ingreso de dólares es tan intenso, en particular en la Bolsa, que en el mercado negro, el dólar se cotiza por debajo del oficial. Este movimiento especulativo no es frenado por el índice de carestía del 25% mensual ni por el índice de desocupación que llega en Sao Paulo al 15% de la población activa. Son las altas tasas de interés y las privatizaciones a precios de remate las que alientan una especulación que es generalizada en toda Latinoamérica. Lo mismo ocurre en Perú. Derrumbe financiero Si Cavallo devaluara el peso en las actuales condiciones el ingreso de dólares sería mayor aún y lo mismo ocurriría con la emisión de moneda destinada a comprar esos dóla­res. A partir de aquí se produciría un exceso de pesos que deberían ser absorbidos por medio de la emisión de títulos públicos, lo que aumentaría la deuda del Estado y la tasa de interés. Sería claramente un curso catastrófico que obliga­ría... a revaluar el peso. Todo esto ocurriría, naturalmente, como consecuencia de la falta de autonomía de la política económica y de su adaptación pasiva a las exigencias del capital financiero internacional. El interrogante es por qué Cavallo habla de una devalua­ción del peso que no podría realizar aunque quisiera. Un especialista ha hecho notar que la devaluación provocaría una enorme crisis financiera, esto debido a que los présta­mos bancarios se encuentran nominados en su mayoría en pesos mientras que los depósitos bancarios están en dóla­res, y a que aquéllos que están en pesos se encuentran depositados a siete días. Con una devaluación, la devolu­ción de los préstamos no alcanzaría para pagar los depósi­tos y se provocaría una huida de los que estén en moneda nacional. Una devaluación también aumentaría la deuda externa en pesos y por lo tanto los pagos que deben hacerse de acuerdo a lo que establece el plan Brady que está por firmarse. Todo esto explica que Juan Alemann, representante de los banqueros que prestaron en pesos los dólares que recibieron como depósitos, haya pegado el grito en el cielo contra la devaluación. El Citibank, sin embargo, no es de la misma opinión, porque supone que una devaluación dismi­nuirá la cantidad de dólares que, por ley, necesita guardar el Banco Central, lo que permitirá destinar el sobrante al pago de los intereses atrasados de la deuda externa. Alemann, en cambio, viene reclamando que se permita a los bancos prestar el dinero que reciben en cuenta corriente y por el cual no pagan intereses. Dice que de este modo las empresas se podrían financiar sin recurrir a dólares. Pero ahí está el problema, porque sin dólares no se podría pagar la deuda externa y cumplir con el plan Brady; este plan obliga a Argentina a subsidiar el ingreso de dólares con un peso sobrevaluado (esto permite que las ganancias en pesos sean altas en dólares). Por otro lado, autorizar a los bancos a prestar el dinero de cuenta corriente es propiciar una aven­tura financiera, porque los bancos darían ese dinero a sus colaterales para realizar inversiones riesgosas, lo cual plan­tea la perspectiva de volver al crac bancario que provocó la política de Martínez de Hoz. La única es la maxi ¿Entonces Cavallo no devalúa? En efecto, en las actua­les condiciones Cavallo no podría, por decreto, devaluar el peso con el fin de mejorar, por ejemplo, la competitividad de la industria o con el fin de aumentar la recaudación de los impuestos que gravan el comercio exterior. Sería ir contra el mercado... es decir, contra el alineamiento de fuerzas en el mercado favorecido por la actual política económica. La devaluación sólo podría ser provocada por una crisis indus­trial que obligue a salir al “rescate” de bancos e industrias, o por una crisis internacional. Esta última es la que asoma en el horizonte. Efectivamente, existen indicios devaluatorios de la libra esterlina, del franco francés y de la lira, los cuales tendrían una repercusión desfavorable sobre el marco alemán. Gran Bretaña y Francia se encuentran en una gran recesión, sus títulos públicos están cayendo y las tasas de interés suben. El pasado viernes 20 la Bolsa de Londres vivió una ola de ventas de títulos públicos que amenaza llevar a la quiebra a muchos especuladores que compraron bonos del Estado por medio de préstamos bancarios. La caída de tos títulos y la consiguiente suba de los intereses fue un duro revés para el gobierno de Major, que recientemente aumentó el déficit fiscal para reactivar a la economía británica. Una victoria laborista o una acentuación de la crisis de gobierno en Francia podrían llevar a que se disponga una reducción de intereses para reactivar la economía, lo que provocaría una devaluación en cascada de las monedas europeas. Esta devaluación significaría una revaluación para el dólar... y para el peso atado al dólar, agravando su sobrevaluación. Además desestabilizaría los mercados internacionales de capitales y las Bolsas. El probable reflujo de esos capitales hacia los Estados Unidos o a la compra de oro, modificaría enormemente las condiciones de funcionamiento del peso y provocaría su devaluación. Pero no la mini sino la maxi. Es sugestivo, a la luz de esto, que Cavallo hablara de atar el peso a “una cesta de monedas"—y no solamente al dólar; de atar el peso a monedas que van a caer y cuyos Estados están financieramente quebrados, ¡Gran política de estabilidad! Es esta perspectiva de derrumbe monetario en Europa la motivación principal de Cavallo. El ministro dijo precisamente que sí “el dólar se convierte en una moneda extremadamente fuerte con respecto a las monedas eu­ropeas, y esto dificulta las exportaciones argentinas a Europa, el peso podría pasar a ser respaldado por si yen, alguna moneda europea o también de algún país limítrofe si tuviéramos una región estable” (El Cronista, 20/3/92). Pero para que el proyecto tenga consistencia el Banco Central debería contar con esa “cesta de monedas ", lo que daría el resultado absurdo de que el Banco Central tendría que salir a comprar monedas que van a perder su valor. Como nadie va a hacer esto, la cotización del peso en función de esa “cesta" dejaría de estar vinculada a las reservas del Banco Central, lo que vulneraría la ley de convertibilidad. Pero su consecuencia mayor sería que el peso dejaría de tener un precio fijo y empezaría a fluctuar. En toda una primera etapa obligaría al Estado a devaluarlo, acentuando la inflación. La fluctuación de la moneda marca­ría una nueva etapa en el proceso especulativo-parasitario que caracteriza cada vez más a la economía argentina. Pero si la perspectiva que se diseña en Europa es la de una fuerte inestabilidad monetaria, con política de fluctuación o no, los tiempos del “plan” Cavallo estarán igualmente contados.

La patronal de Celulosa ha hecho circular por las redac­ciones de los diarios un “resumen del programa de saneamiento y reconversión que viene desarrollándose en el último año”. En él, se felicita a sí misma por la “recuperación de la capacidad productiva, el incremento de su integración como grupo empresarial y el marcado creci­miento en su participación en el mercado papelero” (El Cronista, 15/3). El “paper” de la patronal de Celulosa indicaría que por fin la Argentina está al borde del mentado “milagro” del renaci­miento industrial. Desgraciadamente, los directivos de Celulosa no tienen nada de qué felicitarse. Su “resumen” es una perfecta radio­grafía del parasitismo y de la debilidad de la burguesía argentina. “El estudio reseña el proceso de capitalización y con­solidación financiera liderado por el Citicorp que implicó la eliminación de deudas de Celulosa con el BANADE y Gas del Estado”. Pero esta “consolidación" no fue otra cosa que una estafa que permitió al Citi hacerse con parte del paquete accionario de Celulosa y pagar las deudas de ésta con el BANADE y Gas del Estado mediante la entrega de papeles de la deuda externa. El “costo" de la operación, naturalmente, recayó sobre el BANADE y Gas del Estado — que aceptaron a un dólar papeles que no valían más que 25 centavos. La otra fuente de financiamiento —según el “resu­men”— es la emisión de “obligaciones negociables", cuyo agente financiero es la japonesa Yamaichi International. Estos papeles de crédito tienen la particularidad de que a su vencimiento pueden ser canjeados por acciones de la empre­sa deudora. Esto plantea la perspectiva de una nueva penetración del capital extranjero en la empresa y, consecuentemente, de un nuevo debilitamiento de los socios de capital nacional. Pero aunque el “resumen " señala como un éxito “la ra­cionalización de personal y la reestructuración producti­va que llevó a reducir le dotación de personal en un 33% en 19 meses”, este fenomenal aumento de la superexplotación obrera no alcanza para “explicar" el “éxito" de la gestión de Celulosa. Es que Celulosa se ha adherido “a la resolución 71 de le Secretada de Comercio que compen­sa el mantenimiento de precios con un descuento del precio del gas del orden del 18%, Este insumo represen­ta el 21% de los costos variables de producción, lo que significa un ahorro estimado de 300.000 dólares mensuales”. ¡Todo el “secreto” de la "reconversión y saneamientos de Celulosa es, nada menos, que un subsidio estatal de casi cuatro millones de dólares anuales!

Pronunciamiento de trece comisiones internas bancarias “No a la privatización y destrucción, sistema provisional. No a la entrega cajas de los trabajadores a la banca acreedora" Con este título, las Comisiones Internas de los Bancos Nación, Provincia de Buenos Aires Central, Mayo, Mercantil, Credicoop, Alemán, Credit Lyonnais, Holandés, Shaw, (MFC, Patricios, Chaco y la Comisión Cen­tral de Cesantes Bancarios han sacado una declaración pronunciándose contra la reac­cionaria reforma que el gobierno quiere imponer en el régimen previsional. Las internas denuncian que “El gobier­no nos ataca con su objetivo inhumano de destruir el sistema previsional argentino de acuerdo a los dictados del FMI. En este sentido, el veto de la mal llamada Ley de Empleo, del artículo que imponía al empleador el re­quisito de no tener deudas con los orga­nismos de seguridad social, fue el ante­cedente para implementar la liquidación del 16% de aporte patronal. Teniendo en cuenta que más de 140.000 empresas son evasoras, se demuestra que el siste­ma no está en quiebra sino que ha sido saqueado”. Las internas bancarias critican el “siste­ma privado de capitalización for­mado con los aportes obligatorios que harán los trabajadores del 11% a empre­sas privadas, las cuales recibirán entre el 1 y el 3% de comisiones por administrar estos fondos, que se calculan en 4.500 millones de dólares anuales, comple­mentado con la creación de compañías de seguros de retiro”. “Este es el gran negocio codiciado desde hace tiempo por la banca acreedora y otros sectores locales. Téngase en cuenta que el Banco de la Provincia de Buenos Aires junto con el Banco de la Provincia de Mendoza y el Banco Mayo se han asociado a La Fortuna SA (Compañía de Seguros de Retiro)’’. Los bancarios denuncian asimismo que “se eleva la edad jubilatoria a 65 años, se elimina el sistema móvil del 82% y se confisca a los trabajadores 65 mil millo­nes de dólares, pues a los menores de 45 años no se les reconocen los aportes re­alizados, ni a los niveles salariales míni­mos ni máximos”. Esta declaración fue repartida entre los trabajadores de los bancos antes citados, llamando a adherir a la marcha de jubilados que se realizó el 11 de marzo “para reafirmar nuestro recha­zo a la entrega del sistema previsional y la defensa de nuestras Cajas de Jubila­ciones”. Ferroviarios del Mitre Un grupo de trabajadores ferroviarios del PO impulsamos un pronunciamiento en el FFCC Mitre y en el San Martín para repudiar el proyecto de Reforma Jubilatoria que se está cocinando desde el gobierno con Congreso incluido. Este sirvió como instancia de esclarecimiento para muchos compañeros que desconocían puntos cla­ves como la atrocidad de desconocer nues­tros años de aporte, aunque era unánime la sospecha de que nada bueno puede venir de esta reforma. Después de discutir con cada compañe­ro firmaron más de 50 electricistas, señale­ros, maquinistas y foguistas, cambistas, guardas, revisadores y compañeros de ta­reas generales. El pronunciamiento no sólo repudia al gobierno sino que también le contrapone un programa de acción como parte de crear un movimiento que desbarate el más podrido de los proyectos que jamás se haya pensado contra los trabajadores. Felipe Pronunciamiento Los trabajadores Ferroviarios abajo fir­mantes repudiamos el intento del gobierno de reformar el Régimen jubilatorio de mane­ra desfavorable para la clase obrera y el conjunto de los trabajadores. En contraposición a este brutal ataque contra nuestras conquistas exigimos lo si­guiente: -Pago inmediato de la deuda en efectivo a los jubilados. Investigación de la deuda real por una comisión de afectados, con acceso a las computadoras de Acción Social. - Reconocimiento de los aportes jubilatorios propios y patronales en una cuenta para cada trabajador, con sus intereses, recono­cida como deuda del Estado. - Jubilación a los 60 años para tos hombres y a los 55 para las mujeres. Haber jubilatorio mínimo de 500 pesos. Pago en base al 82%. - Jubilación equivalente a los aportes depo­sitados por cada trabajador. (Siguen Firmas) Comisión Gremial Interna del Banco Rio El gobierno nacional está a punto de implementar el mayor robo de la historia a todos los trabajadores. La reforma del régimen previsional que se discutirá en el Con­greso Nacional en breve implica: Aumento en la edad para jubilarse en 5 años, que se llevará a 60 para las mujeres y a 65 para los hombres. A los menores de 45 años les desconocen I los aportes hechos a la fecha y cuando se jubilen tendrán una mínima asistencial y una jubilación privada obligatoria miserable. Se desconoce el 82%. Si hoy no existe seguridad de que el Estado garantice el pago de I las actuales jubilaciones, ¿quién garantiza el pago ante la quiebra de la entidad? NADIE. A los mayores de 45 años les desconocen los aportes hechos a la fecha. Tampoco se reconoce el 82%. El haber que recibirán será de $ 150. Se elimina el aporte patronal. El aporte del trabajador irá ahora a una entidad privada, con lo cual ¿de dónde sacará del Estado los recursos para hacer frente al pago de las actuales jubilaciones? En consecuencia, compañeros, esta reforma ataca a todos los trabajadores sin excepción. Ante este dramático cuadro, la Comisión Gremial Interna de Banco Río denuncia esta brutal expropiación de la propiedad pri­vada de los trabajadores y se solidariza con la convocatoria efectuada por distintas organizaciones de jubilados y la hace exten­siva a todos los trabajadores del país. Para que se mantenga la actual edad para jubilarse. Por una jubilación no menor al 82% móvil del salario en actividad. Por el reconocimiento de la deuda que el Estado tiene con los jubilados y su pago en efectivo. Por el obvio reconocimiento de tos aportes efectuados en todos estos años. Comisión Gremial Interna del Banco Rio de la Plata SA “El negocio es no aportar” — dice Schulthess Walter Schulthess no es solamente el secretario de seguridad social del gobierno menemiano, ni tampoco es exclusivamente uno de los “cerebros" de la “reforma pre­visional" que saquea 150.000 millones de dólares de aportes realizados y desconoci­dos a los trabajadores, eleva la edad para jubilarse y establece la confiscación com­pulsiva de una parte del salario en beneficio de un puñado de Administradoras de Fon­dos de Pensión — que de entrada se que­darán con el 35% de “comisión” sobre el aporte personal obligatorio de los trabajado­res. Walter Schulthess es también uno de los hombres que mejor ha reconocido que esto es una estafa. Obeso y ansioso, come­tió la “gaffe" de admitirlo en un reportaje que le hizo Página 12 (15/3). “Estaría co­metiendo una falta por evasión”, confe­só, si coincidiera con el periodista, como a renglón seguido lo hizo, en que "el consejo para la gente sería (no) aportar”! Según la cándida, o cínica, admisión de Schulthess. “si uno lo mira desde el punto estrictamente Individual (?) a una perso­na le conviene no entrar en el sistema hasta los 30 años, luego aportar el míni­mo hasta los 50 y recién a partir de ese momento contribuir con el monto real" Si esto le “conviene" a una “persona indi­vidual”, ello significa que quien aporta lo que corresponde desde antes de los 30 hasta los 65, pierde como en la guerra. Pero como el aporte es fiscalizado por tos patro­nes, nadie podrá hacerse la “avivada"que aconseja Schulthess. El razonamiento del "secretario” es im­pecable: a los trabajadores les conviene poner la plata (si la tuvieran) en otro lado, porque el nuevo sistema (además de sacar­les el aporte jubilatorio y no reconocerles lo aportado desde los 18 años) les retribuirá por debajo de cualquier otra colocación fi­nanciera. El único atractivo que queda es aportar el mínimo autorizado durante el menor tiempo posible admitido, con la finalidad de mantener el derecho a cobrar la jubilación que seguirá pagando el Estado, y que nunca pasara de 150 pesos mensuales. El hombre que propone transferir a íes espe­culadores capitalistas cuatro mil millones de dólares por año en concepto de confiscación obligatoria del 10% de los salarios, dio» lo más pancho, para concluir, que “si uno deja de lado el principio de la solidaridad y lo mira desde una óptica egoísta a una persona le conviene aportar lo mínimo" Claro que Schulthess ya ha establecido en el proyecto de ley que el que haga eso irá preso por evasor.

El periódico del Mas, Solidaridad (4/3) co­mete un error de bulto al tratar el tema de la "reforma previsional" Según el Mas “tene­mos que empezar a organizamos para luchar para que el Estado reconozca los aportes actualizados de cada trabajador... calculados por el mismo gobierno en 65.000 millones de dólares…”. Pero ese cálculo del gobierno se refiere sólo a la con­tribución del trabajador (10% del salario), dejando afuera el aporte patronal (16% del salario). Al reclamar exclusivamente el reco­nocimiento de los aportes personales, el Mas no solamente autoriza a que se confisque el 60% de los aportes registrados a favor de los trabajadores, ni tampoco se limita a plantear una destrucción de las jubilaciones —las cuales no podrían nunca llegar al nivel del salario corriente sí tuvieran por única base ese aporte personal. Además de todo esto, el error del periódico citado consiste en que admite una enorme reducción de los salarios, porque e) aporte patronal no es otra cosa, en definitiva, que una parte del salario que se paga en la forma de un depósito a largo plazo. Los patrones pretenden que por medio del llamado aporte patronal ellos estarían realizando un “gasto social” o casi una “ca­ridad”, esto es falso, simplemente han des­doblado el salario en diferentes rubros. Los patrones insisten en incluir esos aporte y los referidos a obras sociales en lo que llaman “costos laborales extra salariales. Pre­tenden, con este procedimiento, que su recla­mo para que se eliminen esas “contribucio­nes” no sea entendido como una reducción salarial sino como un mejoramiento de la "competitividad" y de la "productividad", Pero para cualquiera es elementalmente claro que si los trabajadores tuvieran que pagarse integralmente la atención médica y medicamentos y tuvieran que ahorrar para asegurarse un ingreso después de los setenta años, su salario efectivo disminuiría significativamente. El salario es el precio de una mercancía, en este caso de la fuerza de trabajo. Como tal remunera el costo de producción de esa mercancía, que en ese caso de la fuerza de trabajo corresponde al precio que se debe pagar para obtener todas las mercancías y servicios que permiten la reproducción del trabajador y de su familia, A LO LARGO DE TODA SU VIDA. Como ocurre con cualquier otra mercancía, ese precio corriente se fija en la pugna entre su vendedor (el trabajador) y su comprador (los patrones). Los trabaja­dores se coaligan en sindicatos para pelear mejor por el precio del esfuerzo humano que entregan, en tanto que los patrones se coa­ligan en sus cámaras con el fin opuesto, además de contar con el apoyo del Estado (jueces, policías, funcionarios). El salario (horario), el jornal (diario) o el sueldo (men­sual), son fracciones del costo general de la fuerza de trabajo a lo largo de su vida, inclu­yendo también, entonces, el período de su retiro. La eliminación del aporte patronal, o lo que es lo mismo, la vertiginosa caída de las jubilaciones, constituyen, ni más ni menos, que una reducción del salario vital del traba­jador activo. Cuando se trata de eliminar el aporte pa­tronal, los patrones dicen que no tienen nada contra los salarios — que sólo están atacan­do el “costo laboral extra-salarial”. Pero cuando quieren obligar a los obreros a apor­tar a las Cajas de Pensión privadas, sin permitirles que hagan con sus salarios lo que les venga en gana, dicen que tienen el deber de cuidar que luego del retiro los trabajado­res puedan continuar recibiendo un sueldo. Por lo tanto, la jubilación no es un “costo extra-salariar sino un pago diferido del salario del trabajador activo. Abolir el aporte patronal significa, entonces, una reducción sin precedentes de los salarios. El robo que se pretende consumar no es de 65 000 millones de dólares sino, como mínimo, de 150.000 millones de dólares.

Sobre el sistema de jubilación privado de Chile se han escrito toda clase de mara­villas, especialmente en la prensa de nues­tro país a instancias de sus impulsores y candidatos a recibir el monopolio de este “curro”. Según estos panegiristas, la jubila­ción privada en Chile resolvió la cuadratura del círculo: beneficiar a los nuevos jubilados y crear, al mismo tiempo, un fondo de acu­mulación que habría servido como nunca antes para incrementar la inversión. Previsión o ahorro El chileno no es un sistema provisional sino de confiscación (“ahorro" obligatorio), porque no incluye un aporte patronal sino solo el compulsivo del trabajador. La contri­bución patronal fue eliminada, mientras que la de los trabajadores fue establecida en el 10% de su salario. Según la ley, esto le da derecho a “prestaciones de vejez resul­tantes del ahorro individual capitalizado proveniente del antedicho 10% del ingre­so imponible, aportado mensualmente a lo largo de la vida activa. Los ahorristas acceden al beneficio al alcanzar los 65 años de edad los varones y 60 las muje­res” (FIDE, agosto 1991, n° 156, pág. 32). Esto no tiene nada que ver con la “pre­visión social" que pretende que el trabaja­dor continúe cobrando su salario luego del retiro. La capitalización de los aportes obre­ros exclusivamente es insuficiente para obtener una jubilación similar al salario. Por ese motivo, ningún país a excepción de Chile tiene una jubilación, sea privada o pública de esas características. En Chile entonces, se ha destruido el sistema provisional, el que ha sido sustitui­do por uno de aportes individuales obligato­rios. Esto significa que el trabajador no puede disponer de su salario como le venga en ganas, sino que debe depositarlo en una compañía de seguros. Para los partidarios acérrimos de la iniciativa privada y de la libertad de los individuos de Chile, el aporte debe ser compulsivo para evitar el “com­portamiento irresponsable de cualquier ciudadano, en el sentido de no ahorrar un mínimo necesario para su subsistencia posterior... "(Alfonso Mujica, El sistema previsional chileno). Pero la obligación “por el futuro” solo alcanza a los trabajadores, los que obligadamente también deben entregarlo a determinadas compañías de seguros, las que lo capitalizarían mejor que el propio trabajador. Los menemistas chile­nos son gente franca: para ellos, la “inicia­tiva privada” es lo que realmente es — el monopolio de la iniciativa para el explotador. Detrás de estas consideraciones “filo­sóficas” hay, claro está, una “sustancia”. Las Administradoras de Pensión, que capi­talizan el “ahorro” obrero, se quedan con suculentas comisiones del orden del 35% de cada cotización (3.5% del salario). De esta manera, por cada 100 pesos que “ahorra” el obrero, la Administradora se lleva 35 de comisión. Estas comisiones, en el caso chileno, variaron del siguiente modo a lo largo de los últimos 10 años: Año / Cotización del Trabajador (En porcentaje sobre la renta imponible) / Comisión 1981 / 10 / 2,44 1982 /10 / 2,69 1983 / 10 / 3.56 1984 / 10 / 3,57 1985 / 10 / 3,56 1986 / 10 / 3,44 1987 / 10 / 3,41 1988 / 10 / 3,56 1989 / 10 / 3,39 1990 / 10 / 3,29 Fuente: Victor Garcia Ossa, Evaluación del sistema previsional chileno De este modo, el “ahorro” del trabaja­dor antes de “capitalizarse” se descapita­liza. Esta comisión supera por completo cualquier rentabilidad que pudiera obtener el trabajador durante, digamos, diez años, suponiendo la tasa corriente de interés del 4% anual. ¡Tendría que pasar una década para que el aportista vuelva a tener el monto original de su aportes! Sí se “capitaliza” la compañía de seguro, pues casi sin poner capital, podrá obtener beneficios muchos mayores que ese 4% de interés corriente por “sus” comisiones. El nuevo sistema ni siquiera tiene venta­jas administrativas, porque “a los gastos administrativos, se suman importantes gastos de promoción, no sólo para infor­mar, sino, fundamentalmente, para constituir una imagen (sic) de seguridad y confianza entre los potenciales afilia­dos” (CFI, sistemas provisionales compa­rados, pág. 47). Hay que retroceder al período de “acu­mulación primitiva" del capitalismo, a la época de la mita y el yanaconazgo para encontrar una forma más directa de confis­cación económica de los trabajadores. Los beneficios Cuando alcanza la edad jubilatoria, el trabajador puede obtener un retiro progra­mado o vitalicio. Por el primero, el trabajador recibe un haber mensual igual al aporte neto capitalizado dividido por la esperanza de vida. En ti vitalicio recibe de una sola vez, como si fuera un seguro de vida ei aporte ori­ginal más las capitalizaciones. La capitalización es anual, según los rendimientos que obtenga la Administrado­ra, lo cual disminuye los beneficios, esto comparado con la capitalización mensual de su aporte a plazo fijo o semestral, como ocurre con los Bonex. En el período 1981/1991, los Fondos arrojaron una rentabilidad real del 15,4% de promedio anual, lo cual constituye todo un “boom”, el cual no pue­de mantenerse a ese nivel en todo el perío­do. Según Amando López, experto previ­sional argentino, "existen estudios basa­dos en ejercicios de simulación que han logrado demostrar cómo, después de 45 años de aportes ininterrumpidos, el haber al momento del cese no podría superar el 35% del último salario” (FIDE, ídem, pág. 31). La razón es que “en un marco de largo plazo... las tasas de inte­rés tienden a ser negativas... (Lo que) restringe la capacidad de aumentar el ahorro y en consecuencia el monto de las prestaciones” (ídem). Los rendimientos de los últimos años, en efecto, no fueron parejos y el elevado pro­medio anual del período se debe a que, par­ticularmente en algunos años (1982,1990), los rendimientos reales se acercaron al 30%. Estos elevados rendimientos son exactamente los que ofrecieron los títulos públicos chilenos, que las Administradoras tuvieron que comprar obligatoriamente para financiar la deuda del Estado de largo plazo. Estos rendimientos no solamente no pue­den mantenerse en el tiempo sino que el valor de los títulos tenderá a caer a medida que se incremente el endeudamiento del Estado. Esta perspectiva ya ha abierto una polémica, porque algunos autores vislum­bran una crisis de las Administradoras de Pensión. De todos modos, aun el rendimien­to anual promedio del 15.4% es inferior a las comisiones que pagan los trabajadores y exige dos años para recuperar el apone original. Pero a diferencia de los trabajado­res, que no ven un peso hasta que se jubilen, no importa lo elevado o no que sea el rendi­miento, las Administradoras usan de él dia­riamente, y esto explica que inviertan en la Bolsa... de Buenos Aires o que compren parte de Segba. Pero este 15,4% solo capitaliza los aportes efectuados bajo el nuevo régimen, ya que las contribuciones anteriores, que en Chile fueron reconocidas y entregadas a las Administradoras de Fondos de Pensión con un bono, solo “devengan un interés del 4% anual” (FIDE, ídem). En el reconocimiento de aportes anteriores no se conside­ró todo el aporte hecho (12% de trabajador y 18%del empresario) sino que se realizó un cálculo estimativo antojadizo, que toma por base el 80% del salario por la esperanza de vida y solo reconoce los aportes a partir de los 35 años. Esto explica "la situación de los ochenta mil nuevos jubilados por invalidez o pensionados de Chile, ya que se les reconoce un monto de unos 160 dólares, una cifra que no puede conside­rarse como una gran solución" (Afelio Viera, subsecretario de previsión social de Córdoba, La Voz del Interior, 28/8/91). En caso de quiebra o vaciamiento de » Administradora, todo se va al diablo, incluida la alta rentabilidad de los últimos años, porque el gobierno solamente garantiza “una renta mínima frente a la eventual quiebra de alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones” (FIDE, I ídem) Mercado de capitales Se han escrito toneladas de papel acerca del impulso que los fondos de pensión chileno le dieron a su mercado de capitales. ¿Pero cuál es la realidad? Los fondos de pensión están colocados, básicamente, en del Estado, letras hipotecarias y bonos del Banco Central. “En efecto la proporción de activos estatales que mantenían en cartera las Administradoras de Fondos de Pensiones eran el 77,6% en 1985 y del 62% en 1990” (CFI, Sistemas previsionales comparados, pág. 48). La dependencia de las AFP del Estado y d este de las AFP es tal que, en 1990, el 99,2% de los bonos de las Tesorería, el 56,1% de las letras hipotecarias y el 38% de los bonos del Banco Central lo habían comprado las AFP. Por este motivo, “Carmelo Mesalago ha afirmado que más de un aumento real de la inversión nacional el nuevo sistema implica una enorme transferencia de fondos del sector público al sector privado y que esta transferencia parece estar fortaleciendo la concentración de capital más bien que un mercado de capital verdaderamente competitivo”(Sistemas previsionales comparados, CFI, pago. 46). Tenemos, entonces, que los fondos de capitalización de los trabajadores van a parar al déficit del Estado, déficit que se creó al mandar los aportes de las cajas públicas a los fondos privados. “Durante un largo periodo de transición, el sector público experimentará un fuerte déficit con moti­vo de esta reforma” (Ídem, CFI), porque los jubilados que estaban en el sistema público se quedaron sin financiamiento. “El efecto conjunto de mayores gastos pre­visionales y menores ingresos ha gene­rado, y lo seguirá haciendo, un significa­tivo déficit presupuestario... (CFI)” que se financia con el dinero de las AFP. Las AFP son entonces una intermediación totalmen­te parasitaria, creadas artificialmente por el Estado, para crear un déficit público y lucrar con él. Es absolutamente cierto que se ha crea­do un mercado de capitales. Pero: 1) Se ha creado sin capitales, mediante la doble confiscación de la eliminación del aporte patronal y la expropiación del 10% de los salarios; y 2) es un mercado real de capita­les ficticios, esto porque financian el déficit fiscal, es decir obtiene un beneficio sin crear riqueza. Precisamente, los “teóricos” del sistema chileno están preocupados por la “alta concentración en instrumentos del Estado” (Victor García Ossa) y reclaman que se fije un tope del 20% a las colocacio­nes en bonos públicos y que se permita a las AFP invertir en el exterior. Pero en ese caso, el déficit público no tendría financiamiento y caerla la cotización de tos bonos del Estado que tienen actualmente las AFP. Estatización Pero un sistema que solo tiene de priva­do las suculentas comisiones y "curros” de las compañías de seguro, garantizados por el Estado es una forma disfrazada de estatización. El mencionado Víctor García Ossa dice, precisamente, "que no es equivoca­do plantear que el sistema chileno podría denominarse como uno estatal con administración privada”, lo cual revela simplemente el tamaño del fraude.

Se acaba de constituir un frente antiburocrático con vistas a las próximas elecciones en el sin­dicato docente santafesino: el “Frente para la Lucha Docente” está integrado por Tribuna (PO) y Alternativa docente (Mas), y por delega­dos de escuela independientes. El Frente deberá dar batalla a la UCR que dirige AMSAFE, y a las expresiones “centroizquierdlstas" y marysanchistas. En un manifiesto, el frente denuncia la políti­ca anti-educativa del menemismo y de los gobiernos provinciales, señalando que “el recorte de Orados y carreras enteras y la miseria salarial configuran un único plan de superexplota­ción docente, donde se procura empujar a éste al agobio de las jornadas de doble y triple turno“. Luego, se caracteriza la política de las burocracias docentes, “el pacto de la dirección de AMSAFE con el gobierno Reutemann diri­gido a maniatar al sindicato docente", así como “el compromiso que une a la burocracia marysanchista de CTERA con el gobierno menemista. La confederación ha sido vaciada —señala el manifiesto— mientras el aparato burocrático "consensua” con los gobiernos provinciales la destrucción educa­tiva“. En las pasadas elecciones del gremio (1990) el activismo de izquierda también concurrió en un frente, dominado por Izquierda Unida (Mas y Fral). En esta oportunidad, varias de las corrien­tes del Fral se han sumado al trabajo por una lista de centroizquierda. Sin embargo, en el plenario constitutivo de la lista Frente para la Lucha, en Rosario, se hizo presente una dirigente de la “Aníbal Ponce” (PC) para solicitar el ingreso de su agrupación a la lista y su completo acuerdo con el manifiesto del Frente. El plenario de Rosario aprobó una campaña para completar las casi noventa candidaturas necesarias para presentar batalla a nivel provin­cial y en tos tres departamentos principales (Rosario. la Capital y San Lorenzo) En estas duda- des, las recientes votaciones masivas del gremio a favor de un plan de lucha, revelan que hay un importante campo para desarropar la política del frente antiburocrático. En el gremio en su conjun­to se expresan serias tendencias de lucha. Precisamente, el llamamiento frentista destaca que “contra el bloqueo burocrático, los trabajado­res y la docencia quieren abrirte un camino a la lucha salarial: es el caso de los compañe­ros de te Fraternidad, de UTA y también de nuestro gremio”.

La mayoría de la Comisión Directiva de SOETC (Sindicato Telefónicos de Córdoba) expulsó del sindicato a los compañeros Gómez y Sosa. Ambos habían sido elegidos para ocupar la secretaría de Organización y una vocalía, respectivamente, en las últi­mas elecciones del gremio (diciembre '90). En aquella oportunidad, una lista única de la oposición (encabezada por el PC, con mili­tantes del Mas, PO y radicales) derrotó a Ve­nencia, un ex guillanista-menemista. La directiva “izquierdista" expulsó a los compañeros, argumentando "deslealtad” por no haber aprobado un balance plagado de irregularidades. En el breve plazo trans­currido desde su elección, esta directiva se ha transformado en abiertamente pro-patronal, aceptando que los salarios queden supeditados a los premios a la productividad y al apoyar la política de la “propiedad par­ticipada” (que pretende la colaboración permanente de los trabajadores con la patronal del Morgan y el Citibank) con el agregado de haberse incorporado al recla­mo de que el sindicato asuma el carácter de propietario y de que la burocracia maneje los fondos de las acciones obreras —con una comisión del 2%. Con la expulsión, la Comisión Directiva sirve en bandeja a los compañeros a la patronal para su despido. Coincidentemente con la expulsión de Gómez y Sosa, la empresa inició en la Justicia el pedido de desafuero para despedir al secretario gre­mial, Piñón (Mas), y a cuatro delegados de Tráfico por haber realizado una asamblea de 10 minutos frente a los atropellos e inti­midaciones de los supervisores. El sindica­to colaboró en la querella al suspender a Piñón en sus funciones, quitarle el permiso gremial y desautorizar públicamente la asamblea de Tráfico, calificada como “una medida 'petardista'”. La Comisión Direc­tiva izquierdista ha pasado a cumplir las funciones policiales típicas de una burocra­cia. Días antes de la asamblea convocada para expulsar a los compañeros, la Comi­sión Directiva fue recibida en audiencia por el gobernador Angeloz (algo que éste le niega a los empleados públicos desde hace dos años), por el bloque de diputados del PJ y hasta por el cardenal Primatesta. El motivo alegado fue solicitar apoyo para un reclamo salarial, pero el recibimien­to fue un claro apoyo político a esta burocra­cia, en particular cuando se piensa que el gobierno es más “duro” contra el aumento salarial que la propia patronal. El secretario general de los represores, Daniel Sánchez, es miembro del Comité Central del partido comunista. Pero tampo­co el PC, Patria Libre o cualquier otro grupo de “centroizquierda” rechazó las expul­siones ni tampoco lo hicieron los “sindica­tos combativos”. Para una corriente políti­ca que lucha contra la posibilidad de un go­bierno de trabajadores y de la dictadura del proletariado en nombre de los “valores uni­versales” de la “democracia”, esta con­ducta no deja de ser reveladora. Daniel Sánchez y sus cómplices de la Comisión Directiva convocaron a una asamblea para legitimar la expulsión previa­mente ejecutada de Gómez y Sosa. Para asegurarse el resultado de la asamblea, los burócratas izquierdistas la convocaron en forma antiestatutaria y además compraron el voto de muchos asistentes mediante el otorgamiento de préstamos personales y mayores licencias gremiales. A la asamblea solo concurrieron 182 afiliados (muchos menos de los estatutariamente necesarios), de los cuales 99 votaron la moción de expul­sión, 28 se abstuvieron y 54 votaron en contra (los votos en contra y las abstencio­nes reunieron al 45% de los asistentes). El ministerio de Trabajo menemista además de aceptar la irregularidad de la convocato­ria envió tres veedores que permanente­mente le indicaban a Sánchez como debía actuar. El “comunista” Sánchez y sus secua­ces se han convertido en una herramienta de la patronal y la burocracia central de Foetra. Sin embargo, la asamblea, las expresiones de repudio, como la firma de un repudio por más de 200 compañeros y la condena posterior revelaron que la base de la fracción de Sánchez y López (radical) ha quedado reducida a dos secciones, a ex­azules y a elementos corrompidos. El acti­vismo, los delegados antipatronales y anti­burocráticos se alinearon contra la directiva.

Con 1309 avales de 72 talleres se presentó la Lista Naranja para las elecciones gráficas del 24/4/92. Sus candidatos son más de 40 delegados en representación de 25 Comisiones Internas. La legalización fue inmediata» ya que superaba en un 250% el mínimo de avales requerido, de 390. Se triplicó esa cifra alcan­zando una cantidad que constituye el 23% de los votantes de la elección anterior. Los candidatos, por su parte, además de reunir los requisitos representan a las distintas ramas del gremio. En resumen, es una lista “inimpugnable El dato no es menor, cuando se tiene presente que el objetivo declarado de la burocracia ongarista fue arribar a estas elecciones con una Naranja aniquilada por los despidos y los descabezamientos de Comisiones Internas en los talleres. Los recientes despidos en Crónica y Fotocom (Perfil) son un ejemplo de esta política armada en común por la burocracia con las patronales. Aunque no existe un ascenso de luchas, la Naranja ha podido calar en la conciencia de la vanguardia del gremio por su política ante la estrategia de derrota de la burocra­cia, reorganizando cada taller después de una derrota u ofreciendo siempre una pers­pectiva en cada fase de la resistencia contra la ofensiva de las patronales y contra la cre­ciente destrucción de la independencia del Sindicato y de la democracia sindical. En cuatro años, no hubo un solo plenario de delegados, implacablemente evitados por el ongarismo para impedir la expresión de las tendencias de luchas de las bases. La Naranja ha basado su desarrollo en sus boletines, en la intervención en las luchas y, más que eso, en los movimientos subterráneos y moleculares que protagoni­zan miles de trabajadores. Con relación a los partidos de izquierda, digamos que el PC apoya a la Verde de Ongaro y que el Mas solo se decidió a apoyar a la Naranja 24 horas antes de la oficialización, es decir cuando todo el es­fuerzo de reagrupamiento de fuerzas había sido hecho. Se abre ahora una nueva etapa: con­quistar a la masa de talleres a los que va urna (140) (la mitad de esta masa firmó los avales); conseguir los 150 fiscales necesa­rios para controlar la elección, en fin, derro­tar la segunda carta clásica de la burocracia sindical: el fraude y el apoyo del Estado a través del ministerio de trabajo. La lucha de Quela La campaña electoral comenzó para la Naranja “en su ley": interviniendo en la lucha de este gran taller, cerrado con suspensión masiva de los gráficos. Desde la primera asamblea, el primer día, la Naranja intervino con una política clara: fondo de huelga masivo; plenario de delegados; unión del conflicto con el redamo salarial de todo el gremio, con la lucha de Fabril en quite por salario; redamo para que los patrones de Queta respondan con sus fortunas personales por los sueldos impagos de una fábrica que están vaciando. La Naranja denunció que la patronal pretende reducir personal efectivo y sustituirlo por contratados. De esta manera podría incrementar los ritmos de producción, lo que hoy no puede hacer por la organización del taller. La complicidad del Sindicato con la patronal se fue haciendo clara con el correr de los días. Los trabajadores de Quela denunciaron a Ongaro en las movilizaciones callejeras, a las que no asistió.

El presente informe se realizó sobre la base de información aportada por compañeros trabajadores de La Fraternidad, UF y Apdefa de Ingeniero White y de otras seccionales afectadas laboralmente por el ramal Rosario-Bahía Blanca, entregado a Techint y a un pulpo norteamericano, previo pago de una “generosa” “cometa” a “la corona”. 1. En diciembre del ’91, antes de iniciarse el operativo para transportar el cereal, los compañeros de White consideraron que Ferroexpreso Pampeano (Fepsa) no estaba en condiciones de garantizar el transporte. Los últimos datos obtenidos les dan la razón. A esta altura de la temporada, Ferrocarriles Argentinos normalmente había corrido ya 250 trenes, la empresa privada sólo ha corrido 50 trenes. 2. No se ha realizado ningún tipo de inversión (al taller de Spur ubicado en la zona local, lo único que le hicieron fue pintarlo), ni se ha hecho ningún tipo de mejoras en las vías, a tal punto que, en el primer mes, de 10 trenes vacíos que se corrieron, siete se quedaron por “patinaje”, causado por los pastizales sobre la vía. Tampoco se realizaron las modificaciones en el sistema de enganche (mandíbula) a los vagones, es decir que se mantiene el enganche “tradicional", que pasó a ser realizado por personal inexperto (conductores) con la consiguiente pérdida de tiempo y mayor riesgo de accidentes al haberse eliminado al cambista y pasar a ser obligación del maquinista realizar el enganche y armado del tren. Dos cosas que tardan como 4 horas aproximadamente en armar una formación en la playa de Ingeniero White, el doble de tiempo que en el período anterior. No se efectuaron las modificaciones en sistema de frenos a los vagones: se sacó el furgón y el guarda con el argumento del freno continuo y automático. Sin embargo, esto todavía no se efectivizó, y según denuncian algunos compañeros los pocos vagones con freno no alcanzarían a hacerlo en caso de que un tren cargado se corte, cosa común en una vía accidentada como ésta. 3. Como lo denunciara públicamente APD-DEFA y el PO en mayo del 91, las tarifas que cobra Fepsa por cada tonelada por 100 Km es de u$s 6,70. Es decir, que se triplicó la tarifa. Esto ha ocasionado roces con otros grupos capitalistas que durante años se enriquecieron a costa de las tarifas subsidiadas de FA, como por ejemplo la Aceitera Daireux, que acaba de comprar una flota de camiones para evitar los fletes de Fepsa. 4. Tanto los compañeros fraternales como agentes de APDEFA consideran inseguro el sistema de bloqueo y de comunicación que se utiliza, y que ya se han producido fallas en el mismo. El grupo Techint cuenta con la asistencia operativa de la firma yanki IOWA Interstate Railroad, que en su momento fue cuestionada por la comisión bicameral por “su dudosa situación patrimonial”, en criollo, quiere decir que es una empresa quebrada. 5. En mayo del 91 el PO denunció esta concesión como “una gran estafa” porque por 89 millones de dólares a pagar a lo largo de 30 años se les daba la concesión de 5800 km. de vía en la pampa húmeda. Dicho y hecho. Hemos podido confirmar que Ferrocarriles Argentinos está pagando “mensualmente* a la privada Fepsa la suma de: 585.000 dólares en concepto de peaje, piloto, etc. es decir que en el transcurso de un año FA le pagará a Fepsa 7 millones de dólares. Es decir, en el lapso de 30 años Fepsa se embolsará 210 millones de dólares, ¡más del doble de lo que les costó la concesión! Como nos expresara un viejo ferroviario: “estando parada, Techint igual gana plata” por los trenes de Ferrocarriles Argentinos que deben pagar peaje. 6. Ligado al punto anterior está toda la cuestión de los trenes generales (interurbanos) de pasajeros porque todos los trenes que se dirijan hacia el sur (Bariloche, Neuquén, Zapala, Carmen de Patagones, etc.) deben pasar obligadamente por Bahía Blanca y por lo tanto... pagar peaje a Techint. Se llega al extremo en el caso del tren a Bolívar: las vías de FA llegan hasta la “señal de entrada”. Para entrar a la estación FA debe pagar “peaje” por utilizar vía de Fepsa y debe pagar piloto quien trae el tren desde la señal de entrada hasta la estación ubicada a 200 metros. Son numerosas las denuncias de un claro y evidente boicot y demoras a los trenes de pasajeros de FA por parte de Fepsa pues mientras más tiempo esté en vías concesionadas más paga. Compañeros de Pringles denunciaron las maniobras que realizan los productores y/o exportadores de cereal que teniendo más cerca a Fepsa, transportan en camiones el cereal hasta una estación de FA porque el flete que le pagan a éste cuesta menos; lo ridículo es que a su vez FA debe pagar más en peaje que lo que cobra por flete. Es decir, que sigue subsidiando por partida doble a productores y a Techint. 7. Fepsa-Techint se habían comprometido a incorporar 1212 agentes de los casi 6.000 trabajadores de FA. Al día de hoy solo han incorporado 700. Han eliminado una serie de especialidades: guarda tren, cambistas, apuntador, personal de estación, etc. y han acabado también con la carrera de conducción al lograr con la complicidad de la burocracia sindical fraternal, desconocer el convenio colectivo 26/75. Se eliminó el aspirante y los foguistas (ayudantes) y se aplica la multiplicidad de tareas. El personal debe realizar cualquier tipo de tareas, cambistas, guarda, peón, etc. y no se puede negar a ninguna y además están obligados a recargarse con horas de trabajo, si así lo reclama la empresa. A cambio reciben un conformado de 800 pesos. El resto lo cubren con viáticos (35 por día) que finalizada la temporada de cosecha, casi desaparece. 8. Como parte de la concesión Fepsa recibió una vía de acceso a puerto Rosario (desde Villa Diego hasta una de las terminales portuarias) que podrá operar hasta que se privatice la línea Mitre; entonces deberá negociar los nuevos términos con el privado del Mitre... lo interesante de esta cláusula, casi desconocida, es que en caso de no ponerse de acuerdo ambas empresas privadas, Ferro expreso Pampeano puede completar la construcción de un acceso al puerto Rosario, correspondiéndole su manejo operativo. En este caso “Ferrocarriles Argentinos" suministrará vías, durmientes, cambios, elementos de fijación usado o en buen estado que sean necesarios para la ejecución del trazado faltante” ( (Memoria y balance La Fraternidad -1991) - En síntesis, la “privatización” se hará íntegramente con recursos y fondos públicos. 9. Dos meses atrás fue incendiada intencionalmente la estación de I. White: el objetivo del siniestro parece que fue el de destruir documentación relacionada con el pago de fletes o impedir la investigación de maniobras con el cereal que llega al puerto, cuyos volúmenes de facturación llegan a cifras millonarias, para evadir los impuestos (cuestión que la “justicia venía investigando” según informa el diario La Nueva Provincia 9/2/92). 10. Es público el interés que tiene Techint por apoderarse por completo de las instalaciones portuarias de I. White, y de los silos y elevadores en primer lugar. A Techint le interesa tener el control absoluto del transporte, almacenamiento y descarga del cereal. Así lograría tener atados a los productores agropecuarios y podría fijar las tarifas que se le cante. Esto ya ha generado una reacción de las organizaciones agropecuarias quienes se quieren quedar con los silos. “Las entidades del agro pujan por una cláusula que deje afuera a los dueños del corredor cerealero: temen que les carguen el aire que respiran si poseen el negocio completo” (Clarín, 18/2/92). ¿Razonabilidad operativa? ¿Eficiencia? ¿lnversión?¿Mejora de servicio? ¿Seguridad? Estamos en presencia de un gran negociado que beneficia a un pulpo de la patria contratista que se está enriqueciendo con la superexplotación del personal y con los sobreprecios pagados por el estado quien a su turno sigue descargando su déficit sobre las espaldas del pueblo.

Para el 26 de marzo, las distintas fracciones de la burocracia han convocado a un congreso de unidad, con la sola excepción de los dirigentes nucleados en el “Encuentro de Burzaco” (centroizquiedistas). Las gestiones de unidad comenzaron a plantearse cuando el gobierno tomó a su cargo la recaudación de los fondos de las Obras Sociales. El superoficialista West Ocampo denunció al nuevo sistema de recaudación como “un plan que ni la dictadura se animó a poner en práctica” (Diario Gremial, 12/3/92) y el “tibio” Lorenzo Miguel dijo que “una cosa es ser oficialista y otra cosa que nos toquen las obras sociales” (Ámbito, 6/2). Los burócratas volvieron a protestar más o menos de conjunto ante los anteproyectos de leyes referidos a paritarias y sindicatos, a los que caracterizaron como un intento de “debilitar las estructuras del movimiento obrero”. No objetaron ni la liquidación de los convenios de trabajo por industria, ni el establecimiento de convenios por empresa o rama, sino la posibilidad de formar sindicatos por empresa o rama. Estas escaramuzas de la burocracia con el gobierno han sido interpretadas como el gran motor de la “unidad” de la CGT. La idea dominante es que la burocracia se une para defender sus privilegios contra el gobierno. Negocios ¿Pero acaso el gobierno amenaza la estabilidad o los “negocios” de la burocracia? Si ha tomado en sus manos la recaudación de las Obras Sociales, le ha ofrecido a la burocracia una compensación mayúscula: la posibilidad de asociarse con los monopolios del negocio médico. Por eso, “lo que se imaginaba como un férreo rechazo del gremialismo al proyecto... se transformó primero en cautela y luego en oposición selectiva y hasta simpatía” (La Nación, 10/1), porque “existen grandes obras sociales que por su amplia estructura y por simple acumulación de bonos —de valor aproximado a 22,5 dólares por afiliado— podrán competir en excelentes condiciones” (ídem). La burocracia aguarda, además, los más de 400 millones de dólares prometidos por el gobierno para “sanear” las obras sociales, “cuando los diputados obreros admitieron las leyes laborales a cambio de los bonos que licuarían estas deudas” (Ámbito, 4/2). Tiene otra gigantesca fuente de recursos al participar de las privatizaciones, sea de modo directo o a través de los “programas de propiedad participada”. Está pendiente, por otra parte, la creación del “Consejo de empleo, productividad y salario mínimo, vital y móvil”, que integrará a 15 miembros de la futura “nueva” CGT. “Si bien al equipo de consejeros no le tocará administrar los suculentos fondos destinados al desempleo, sí tendrá oportunidad de orientar su rumbo, con la significación política que eso conlleva... las sumas que manejará, indirectamente, ese Consejo, hacen que la tan codiciada Ansaal se convierta en una pálida alcancía" (Ámbito, 19/12). Ni los “negocios” ni el control de los aparatos sindicales por la burocracia están amenazados por el gobierno. “El gobierno habría hecho concesiones en los proyectos laborales, a cambio de que los diputados sindicales no se opongan a la reforma impositiva” (La Nación, 2/2) ni, agreguemos, a la reforma jubilatoria. “Para ayudar al Presidente Menem” Ni un solo funcionario del gobierno se ha pronunciado contra la “unidad” de la burocracia. La “unidad” de la burocracia es “para ayudar al Presidente Menem”, planteó Amin en el Plenario de Secretarios preparatorio del Congreso sin hallar respuesta, y servirá entre otras cosas, para impulsar la campaña por la reelección presidencial. El “congelamiento” transitorio del proyecto de Obras Sociales estuvo dirigido a “no complicar dentro del peronismo los esfuerzos menemistas para encolumnar al partido tras la reelección” (Clarín, 23/3).

Los trabajadores del Expreso Quilmes —una de las líneas más importan­tes de la zona sur del conurbano— vienen aplicando un masivo “retiro de colaboración". El rechazo a las horas extras respalda un pedido de aumento salarial y enfrenta el apriete patronal para ampliar los servicios y socavar la huelga ferroviaria. Al mismo tiempo ha surgido un movimiento de delegados y activistas “autoconvocados” que se oponen al acuerdo firmado por la direc­ción de UTA con las patronales, y que se expresó en particular en cabeceras de línea de la zona norte. Ese acuerdo es toda una entregada. El básico conformado (básico, presentismo y boletera) pasa a ser de 373,40 a partir del 1a de enero, un aumento ape­nas del 6% (4% sobre el básico). Como la inflación “oficial" acumula­da desde noviembre, cuando se inició el reclamo, hasta febrero, estará por enci­ma de esta cifra, la UTA ha firmado una nueva reducción del salario y sin fecha para una nueva discusión. El acuerdo establece un aumento del presentismo en cuotas que se cobrará desde abril hasta setiembre, y que significa menos del 1% mensual en el total del sueldo. La burocracia pacto, además, una alteración perjudicial “fundado en ra­zones de estacionalidad o tempora­da y con el fin de mejorar la produc­tividad del sector a través del mejor aprovechamiento de equipos, unida­des de transporte e instalaciones puede resultar necesario otorgar vacaciones anuales al personal en períodos distintos a los indicados en el artículo 154 de la ley 20.744 (t.o)”. Se ha formado una comisión donde las patronales pretenden “consen­suar” la liquidación de otros aspectos del convenio, como los dos choferes por micro en larga distancia o la modifica­ción de horarios y jornadas. “Autoconvocados” En los plenarios de delegados y activistas de una docena de líneas de distintas zonas que se han realizado para discutir la política a seguir ante esta situación, con la presencia de re­presentantes, se han enfrentado dos posturas. Una de ellas afirma que la oportunidad de organizar un reclamo salarial y la defensa de las condiciones de trabajo está condicionada a la recu­peración previa de la UTA de manos de sus actuales dirigentes. Pero esta “re­cuperación" también es condicionada a “la próxima modificación de la ley de asociaciones profesionales (que) plantea una lucha entra Menem y la burocracia sindical que debe ser aprovechada", según dijo uno de sus mentores. Varios delegados enfrentaron esta postura, al redamar la coordinación de la lucha por el salario y el convenio, lo cual exige una política y una organización independiente de la burocracia. Mientras se discute el camino a seguir frente a la infamia firmada por la burocracia, es fundamental oponerse a cualquier trabajo extra que perjudique a la huelga ferroviaria.

“Al cabo de una semana y de haber sufrido en carne propia una persecución policial, lo único que me cabe pensar es que acá había algo preparado para descabezar el activismo, para amedrentar a todos, por lo que fue la lucha de los compañeros de base, para que vayan viendo lo que les espera El gobierno tenía preparada una represión, una persecución, ya que ni si­quiera intentamos una medida de fuerza. Ya estaba todo orquestado. La provocación fue orquestada para descabezar a las orga­nizaciones de base de las seccionales, que seguro iban a luchar en contra de la privatización y por aumento de salario. Ese era el objetivo, porque el gobierno se vería impo­sibilitado de privatizar, congelar los salarios con toda la resistencia de los compañeros organizados. Aprovecha de paso el gobier­no para eliminar cualquier posibilidad que esto se propague a otros gremios por la lucha por el salario, que esto vaya como advertencia a otros gremios que intenten salir a la lucha como ferroviarios, por el salario... "El gobierno no esperaba esta reacción de parte de los fraternales. Me quedé asombrado por la fuerza de lucha que salió de las seccionales y después al sumarse otros ferrocarriles, los compañeros salieron a la lucha, perdieron ese miedo. Al gobierno le salió un martes 13, creyendo que iba a encontrar a las seccionales derrotadas y quebradas. Los compañeros salieron a la lucha... “Desde ya, ganar el conflicto es muy difícil, es muy duro, el gobierno apela a su última carta, amenaza con cerrar el ferrocarril, es una medida que se puede decir salvaje, y a nosotros lo que nos queda es seguir con la lucha, no claudi­car, porque eso terminaría con nuestro convenio y daríamos paso a que el go­bierno pueda hacer lo que quiera con no­sotros, con la privatización y el congela­miento de salarios. Lo que tenemos que hacer con todos los compañeros de las seccionales es extender el conflicto a otros gremios, a la UTA, que están con el mismo problema que nosotros, y a otros gremios, que están frenados por la buro­cracia, y un esclarecimiento al usuario y al trabajador ya que la campaña del gobierno es muy agresiva contra noso­tros ... “Ha quedado demostrado claramen­te lo que es la burocracia ubaldinista, jugar a frenar cualquier conflicto gremial por el salario. Los maestros fueron controlados por la burocracia de Mary Sánchez, pero Jaime, se quedó sin po­der controlar a las seccionales. Es un evidente fracaso, el ubaldinismo. Lleva a la clase obrera a la derrota...

P.O.: Luis ¿cómo explicas el ataque del gobierno, cuál es la función de este ataque, por qué esta provoca­ción? Luis: Está muy claro, en lo que respecta a esta provocación, que el gobierno en complicidad con la policía y con la empresa (y con la directiva que “nos representa"; es una forma de decir), están tratando de eliminar un movimien­to que fue creado para la lucha por la defensa del salario del trabajador ferro­viario y en sí de todos los trabajadores, dado que un triunfo nuestro serla un triunfo de todos los trabajadores. El go­bierno no vio, tal vez, mejor oportuni­dad, pensando que estábamos débiles, al ponerse en manifiesto la jugarreta que nos hizo la directiva de pasar el paro del día 9 al 13 y que horas antes del viernes 13 lo levanta y que tuvimos que levantarlo, mediante resolución de asambleas, nosotros también. Creo que el gobierno se dijo, estos están débiles, les partimos la cabeza, no es­tán preparados y en esto se equivocó raudamente en lo que respecta a las seccionales del Roca, ya que fue una lisa y llana provocación a la que esta­mos acostumbrados y que le sabemos hacer frente. Atacamos con nuestra mejor y única arma, que es la huelga que comenzamos el domingo 15. PO: Este movimiento de las seccio­nales ¿creé» que le pone un límite a toda (a política del gobierno? Luis: Yo creo que sí, porque pone un límite a todo este asunto y la maraña entre el gobierno y los directivos que quieren privatizar sin dolor. Lo mejor que se les ha ocurrido es usar esta' artimaña de los disturbios del jueves, descabezar y liberarse de aquellos compañeros que somos activistas y que somos la inmensa mayoría. El senti­miento es uno solo; al gobierno, al tener­nos a nosotros, se le hace imposible tratar de imponer un convenio como el del torro- expreso pampeano, que son aberraciones sindicales para el trabaja­dor. También le pone un tope al querer descabezar a las seccionales, que el gremio no se mueva a través de comi­siones, de tratar de dejar solamente delegados, que no servirían para nada, que serían manejados por la comisión de reclamo que son los mismos o peo­res que la comisión directiva. Es decir, nosotros sí le ponemos un límite, una pared, al gobierno, a la empresa y a los directivos. Es difícil para los directivos atravesar, usan ardides, mañas, para tratar de romper esta muralla que se les ha creado en el Roca. PO: ¿Qué pensás del cierre de la línea Roca? Luis: Bueno, empiezo por atrás, real­mente al el gobierno quisiera cerrar el ferrocarril, directamente cerrada todo y no suspenderla solo a los fraternales, suspendería a todo el personal y no dejarla a ninguno trabajar y que cobra­ran, como es la medida que anunciaran. Esto no es una muestra de fuerza del gobierno, sino que es una muestra para contundir a los compañeros, a que no se sientan seguros con respecto a lo que significa el cierre del ramal Roca y la su­puesta pérdida de la fuente de trabajo. Hasta ahora le han hecho creer al públi­co que la culpa es de los fraternales, de que está parado el ferrocarril y están viajando mal por culpa de los fraternales. Hoy en día se están volviendo contra el propio gobierno, que somos nosotros los zurdos o los fundamentalistas que deja­mos a los usuarios de a pie y él con esta decisión de cerrarlo está haciendo exac­tamente lo mismo. Está dejando a miles de trabajadores en la calle, por así decir­lo, no pensando racionalmente, cuando esto se podía solucionar con la sola reincorporación de los 15 que están cesanteados o dejados en disponibili­dad. PO: ¿Qué tareas falta para ganar esta lucha? Luís: Hace falta un trabajo de extensión, no solo a los demás ferrocarriles, sino a otras especialidades del ferrocarril y hacia otros gremios. Demás está decir que se pueden utilizar las peleas inter­nas que hay en la UTA, reivindicaciones salariales para poder nosotros aprove­char todo este tipo de luchas. Se debería trabajar con la gente, hablar con el usua­rio, con toda la población, esclarecer el porqué de la huelga, de que no fuimos nosotros los que iniciamos la huelga, sino que fue el gobierno el que inició esta huelga, que no se ha reflejado muy claramente en los comentarios. Ir a las sociedades de fomento, a las comisiones, a los partidos políticos, extender como sea esta huelga, con una buena dirección.

Al cierre de esta edición el gobierno estaba fracasando miserablemente en el intento de aplastar la huelga de fra­ternales del ferrocarril Roca. Los “ma­quinistas" que iban a sustituir a los huelguistas no han aparecido; la pre­tensión del rompehuelgas Ernesto Jai­me, secretario general del Sindicato, de que los huelguistas son una minoría resultó una mera patraña. La posibilidad de acelerar la "privatización" tampoco ha dado resultados y podría resultar en un enorme escándalo, si se tiene en cuen­ta que el gobierno debería en ese caso realizar una adjudicación directa en una concesión que viene acompañada de subsidios estatales. La demagogia oficial con los usuarios también se vino abajo a partir del aumento del precio en los colectivos y de la decisión de "cerrar" ramales. En el Sarmiento los trenes corren a un promedio de tres cada dos horas, y esto solamente entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. En esta línea, los usuarios de muchas estaciones están protestantes por el cierre de ellas, prevista para después de la "privatización". A pesar de los descomunales es­fuerzos de capitalistas y funcionarios, y del enorme sabotaje y la enorme pre­sión de la burocracia sindical de la CGT “unida", la huelga no ha podido ser quebrada. Las promesas efectua­das a los trabajadores de otras líneas, en el sentido de que si no se adhieren facilitarán la firma de un convenio de aumentos salariales, ha quedado en la nada —como no podía ser de otro modo. A medida que la huelga del Roca, y en parte del Sarmiento, se mantiene, crece la posibilidad de una huelga general. En esa dirección de­ben dirigirse los principales esfuerzos. La gran lucha fraternal tiene una peculiaridad: es el combate final que impulsa un conjunto de activistas para impedir la definitiva destrucción del sindicato y la liquidación de sus últimas conquistas. El año pasado ese impulso partió de las llamadas seccionales rebeldes, que arrastraron al conjunto del gremio, contra la posición de la burocracia sindical. Ahora la iniciativa ha partido de una parte de aquellas seccionales, que se tuvieron que en­frentar con la oposición de una izquier­da (Mas) y centro-izquierda desmorali­zadas, que ha abandonado cualquier convicción sobre la necesidad y las po­sibilidades de la lucha de los trabajado­res. El sector combativo pudo hasta ahora vencer esa oposición porque en los momentos decisivos contó con una profundización de la lucha de las bases o de activistas de otras líneas. El tema estratégico que está en juego aquí es que el gobierno quiere “limpiar” a la mitad de los fraternales por medio de la privatización, y esta­blecer la “flexibilidad laboraren una actividad que se caracteriza por la ob­solescencia y el derrumbe del parque rodante y del material técnico. Con la “privatización "por delante, el gobierno decidió no aumentar nunca más los salarios y hasta practicar una política de abandono de los ferrocarriles En función de esta política pretende tam­bién, junto con la burocracia, acabar con la organización tradicional del gremio en seccionales ejecutivas, y transformar a todos los sectores de conducción en simples dependientes de la Comisión Directiva Seria la liquidación, no ya de la democracia sindical, sino del histórico sindicato como tal. Cuando los alcahuetes del gobierno te Informaron a éste que el gremio estaba dividida entre la burocracia, de un lado, y el Roca del otro, y dentro del Roca entre todo un sector de activistas, por un lado, y el Mas y los centroizquierdistas (aunque no todos), del otro, gobierno decidió montar la provocación de Plaza Constitución y los posteriores despidos. La burocracia tenía el manejo de la discusión paritaria y el Mas y compañía no querían sacar los pies del plato de la política de Jaime. Fue por eso que estos últimos, se opusieron, con éxito, a un paro del Roca para el lunes 9, y que aceptaran el levantamiento del paro por parte de Jaime para el viernes 13. Para este sector de izquierda se trataba de llegar como se pudiera a la “privatización”, para “después” pelear. Esta perspec­tiva capituladora e irrealista fracasó cuando la provocación policial en Pla­za desató la huelga, y cuando un inten­to de levantarla a las 72 horas de su inicio fue frustrado por la declaración de huelga del Sarmiento. Ahora se plantea el gran problema de cómo aprovechar la leve pero im­portante ventaja que significa el man­tenimiento de la huelga a pesar de la utilización por parte del gobierno de sus recursos máximos, el cierre y el reemplazo de huelguistas. No cabe duda que la reivindicación inconmovi­ble sigue siendo la reincorporación de los despedidos, pero ella solo no alcan­za, porque no da una perspectiva al conjunto de los fraternales de todas las líneas, que siguen sin ver una salida salarial por parte del gobierno y de Jaime. De ahí que la cuestión política más importante sea explicar que no hay tal salida salarial, que ésta no exis­te, que el gobierno quiere dejar el sala­rio bien abajo para facilitar a las privatizadoras el canje de un aumento sobre el bajo salario actual por la introducción de la “flexibilización". Solo tomando una perspectiva más amplia, que pasa por el salario, se podrá explotar el inmovilismo en que ha entrado el gobierno a partir del fracaso de su política, y hacer entrar en lucha al conjunto, o a la mayoría, de los frater­nales. La victoria pasa por la extensión de la huelga. Por la formación de piquetes de explicación y agitación, en todo el gremio ferroviario. Hay que desconocer a los Ravitti, Pedraza y compañía Los compañeros electricistas de la base Retiro del FF.CC San Martín decidieron no ir a alistar los trenes que se encontraban en Pilar, como se les había exigido para poder carnerear el paro de los Fraternales. Ravitti, secretario general de la UF, se opuso a este tipo de actitud, (“no ir es antidisciplinario”, dijo) aduciendo que nadie se puede negar a salir a trabajar fuera de la base correspondiente ya que la empresa paga un viático (plus). Una vez más la dirección de la UF hace de bombero y de camera. Esta actitud demuestra una vez más la necesidad de superar la dirección de la UF. Necesitamos elegir representantes de bases para formar comisiones que tomen en sus manos el apoyo a los fraternales y que se liguen a esta lucha para golpear todos juntos y derrotar de una vez por todas estas políticas de hambre que ya no da para más. Corresponsal Retiro Provocación premeditada en plaza constitución Miles de trabajadores que volvían a sus hogares por el FFCC Roca fueron sal­vajemente reprimidos por la Policía Federal en la estación Plaza Constitución. En este operativo participaron decenas de policías de civil, carros de asalto y grupos lanza-gases, que golpearon ancianos, niños y mujeres embarazadas con patas, gases y balas de gomas, como lo atestiguaron todos los medios periodísticos. Provocación Este enorme operativo que no registra antecedentes en el último tiempo, denota la existencia de una gran provocación. Policías de civil hacían de “enfurecidos usuarios “ante tos trenes parados por la medida de fuerza de tos guardas de Plaza. La reacción de público, sin embargo, no era la que esperaba la policía, pues enorme cantidad de gente reclamaba que se hicieran presentes autoridades de la empresa para dar explicaciones. La policía comenzó a reprimir entonces a tos verdaderos usuarios. Ante esta represión, centenares de personas violentamente indignadas se enfrentaron con la policía que huyó hacia sus propias dependencias. En ese instante, tos grupos “especiales” gasearon la estación y desataron un ataque indiscriminado, procediendo, después de casi dos horas, al desalojo del hall central de la estación. Los mismos “usuarios enfurecidos”, ahora en declaradas funciones de policía de civil, procedían a detener a guardas, fraternales y público en general. La provocación no dio resultados. No logró abortar la lucha ferroviaria, la profun­dizó.

Todas las estadísticas patro­nales (FIEL, UIA) señalan que el salario ha llegado al punto más bajo, ya no sólo en lo que va del gobierno de Menem sino de todo el período “democrático” y de su antecesor la dictadura militar. "Estabilidad” mediante, el salario industrial real es inferior al de los años de las hiperinflaciones. Ni qué hablar del sueldo de los empleados públicos, que se redujo en un 50% en el curso de los últimos dos años. La fenomenal carestía de los últimos meses ha vuelto a triturar el salario en aproximadamente otro 10%. Pero la estadística no pondera adecuadamente el peso de los rubros de mayor consumo, Que fueron los que más aumen­taron de precio, como es el caso de alimentos (50% por encima de la inflación promedio) y el alquiler (35% arriba). El ministro Cavallo dice que la caída del salario real no importa Porque lo que cuenta es el poder Inquisitivo de ese salario, que no y sería mayor como conse­cuencia de la reducción de la in­flación. No es cierto; el poder de compra del salario de febrero tuvo un índice de 74.3, según la patronímica Fundación FIEL, mientras que en abril del año pasado era de 78.0, lo que repre­senta una caída del 5%. Pero todos estos índices no dicen qué pasó con la participa­ción del salario en la producción total. Como la producción indus­trial aumentó en 1991 un 6% y el salario real cayó un 10%, la par­ticipación del salario en la pro­ducción industrial sufrió una pér­dida del 15% en un solo año. Por el lado que se lo mire, el salario fue "reventado" por el plan de convertibilidad de Menem-Cavallo (congelamiento) y por la traición de la burocracia sindical. Es la gran razón que lleva a los capitalistas a elogiar la “eficiencia” cavallista. ¿Pero tiene esto visos de cambiar? De ningún modo; la in­flación vuelve a cobrar bríos y Cavallo ha dado directivas claras de que el salario no puede ser aumentado. A su vez, por razo­nes biológicas los obreros no pueden seguir compensando la caída del salario con mayor número de horas de trabajo. De todos modos se pronostica que es más o menos inmediata una tendencia recesiva, con lo cual desparecerán las horas extras. La clase capitalista y su go­bierno han firmado un verdadero pacto contra el salario; ésta es la apuesta de Cavallo, que de ser necesario espera reforzar con una devaluación del peso. El aumento salarial es pues la consigna que agrupa a todo el movimiento obrero. Es la consig­na por la que han salido a pelear los ferroviarios que con 300 pe­sos por mes les alcanza para vivir 7 días, porque la canasta oficial del INDEC, que es lo que el propio gobierno reconoce que necesita una familia para vivir los 30 días, suma más de 1.200 mensuales. El PARTIDO OBRERO pro­pone a las comisiones internas, a los delegados y activistas del movimiento obrero iniciar una campaña por el aumento salarial y por el aumento de las jubilacio­nes, congeladas miserablemen­te en 150 pesos mensuales (el equivalente a 4 días del valor de la canasta familiar). En todos lados, iniciar un petitorio, convo­car a asambleas, porque el aumento salarial será la gran lucha de 1992.