Prensa Obrera N° 351

La decisión del gobierno de Menem de dar a publicidad los archivos poli­ciales sobre los jerarcas nazis que se refugiaron en la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial ha desatado un escándalo internacional que involucra al Vaticano, los gobier­nos de Estados Unidos y Gran Bre­taña y a todos los sectores de la bur­guesía argentina. A más de cuarenta años del genoci­dio perpetrado por el nazismo, la reso­lución de Menem es un hecho “simbólico”: la mayoría de los crimi­nales ya están muertos o su rastro se perdió en el polvo del tiempo, lo que haría materialmente imposible su castigo. Por otra parte, los archivos no fueron dados a conocer en su totali­dad, ya que “faltan” las carpetas de Adolf Eichman (quien fuera ubicado, secuestrado y ejecutado por los servi­cios secretos israelíes en 1960), así como partes enteras (20 páginas) del “dossier” de Josep Mengele (Clarín, 16/2). Lo que ha sido dado a conocer, entonces, pretende ocultar más de lo que revela. Así y todo, la olla destapada con esta apertura restringida está despa­rramando su hedor por todos los costa­dos. Vaticano y Cía. Según detalla el diario italiano “La Reppublica” (ediciones del 13/2, 16/2 y 18/2) de los archivos abiertos en Buenos Aires se desprende claramen­te que varios de los responsables del exterminio nazi fueron ayudados a escapar hacia la Argentina a través de la Iglesia Católica y la Cruz Roja Italiana. Se cita el caso de Mengele, quien obtuvo documentos falsos por gestión directa del cardenal Siri de Génova. También el caso de los cinco hijos de Bormann, lugarteniente de Hitler, que ingresaron a Buenos Aires por gestión directa de documentación falsa del sacerdote Antón Weber. Los nazis Eichmann, Kutschman, Schwammberger, Muller, Bormann, entre otros, “ingresaron al país con documentos falsos y hábitos sa­cerdotales entregados por la Santa Sede”. El encargado de estas operaciones de fuga era el secretario del entonces papa PíoXII, Giovanni Montini, quien luego se convirtió en el Papa Paulo VI. Montini era el enlace de la Santa Sede con la policía política de Mussolini. En 1943 —al comenzar la debacle militar de la alianza nazi-fascista— Montini comenzó a trabajar para la OSS, ofici­na norteamericana de inteligencia precursora de la CIA. “La Reppublica” afirma —sobre la base de varios documentos, entre ellos un estudio del funcionario del Departamento de Justicia norteamericano Joseph Lo­tus — que Estados Unidos controló desde entonces cada paso del Vaticano a través de Montini. El “nazi” Perón Según Le Monde (7/2/92) el gobier­no de Perón aceptó la llegada sistemá­tica de los jerarcas nazis, a cambio de importantes inversiones de capitales alemanes en el país. El dato es corro­borado en otros estudios (Pagina 12, 22/2) que consigna la entrada al país en esa época de 95 empresas alema­nes. En 1933 las inversiones de ese origen en el país eran de 300 millones de pesos, mientras que —a valores constantes— ya en 1944 treparon a 33.000 millones de pesos. Como parte de esas inversiones habría llegado al país el famoso “tesoro nazi”, produc­to de los saqueos de ocupación del ejér­cito y las SS alemanas. Este carga­mento fue transportado en dos sub­marinos hasta las estancias alemanas de la Patagonia, poco después del fin de la guerra (La República, de Monte­video, 13/2). Es cierto que Perón era amigo personal de varios jerarcas nazis (Otto Skorzensky, Hans Rudel y hasta se supone que del propio Mengele por declaraciones que hizo en 1974); que inclusive apañó a notorios genocidas como Ante Pavelic, criminal croata responsable directo del genocidio de miles de serbios en Yugoeslavia; y que estuvo, como enviado militar en el Italia de Mussolini, de cuyo sistema se declaró admirador. Pero no es menos cierto que luego bajo la Libertadora y los más diversos gobiernos, todos estos jerarcas que en muchos casos vivían públicamente con su nombre verdadero, no fueron molestados y hasta se denegaron pedidos de extradición contra ellos (Pavelic, Mengele). A Eichmann se lo secuestró —según alegaron los servi­cios israelíes— por este motivo (Pági­na 12, 22/2). Algunos defensores de la actitud de Perón destacan que la entrada de esos capitales alemanes era vital para la Argentina. Además, la fuga organi­zada y la “reinstalación” de los nazis no fue un rasgo peculiar de algu­nos gobiernos sudamericanos. Formó parte de un “gran acuerdo” realiza­do, bajo el paraguas de la Santa Sede, entre Estados Unidos y Gran Bre­taña, con la jerarquía nazi, en víspe­ras de la rendición. El “New York Times” (12/2) revela que el futuro papa Montini y la OSS —futura CIA ‘‘montaron las fugas sobre la base del pase en bloque de los nazis al trabajo para los servicios secre­tos norteamericanos e ingleses”. Así también de sus científicos en materia de armamentos y particular­mente en la elaboración de bombas nucleares. Muchos de esos criminales de guerra, se instalaron en Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, por la “im­posibilidad de tenerlos en los países que hicieron el acuerdo, debido a la opinión pública con­traria a esta situación” (La Repú­blica, Montevideo, 14/2). Esta información es confirmada por “Ámbito Financiero”, de 13/2, en un artículo del coronel Premoli, quien defiende así a la burguesía argentina en su conjunto de las acusa­ciones que la salpican luego de la apertura de los archivos. Se relata el curioso episodio de Joseph Mengele, que no sólo vivía con su propio nombre sino que en 1956 y 1957 (bajo la Liber­tadora) gestionó su propia partida de nacimiento y renovación de pasaporte en la embajada alemana y éstos le fueron concedidos sin ningún in­conveniente (International Herald Tribune, 13/2). Santa Alianza La apertura de unas pocas carpe­tas revela que la burguesía argentina estuvo encolumnada desde el princi­pio con el “primer mundo” en el salvataje de los nazis. Todos ellos fueron asimilados como grandes gerentes de empresas (Eichmann en Mercedes Benz; Mengele en los laboratorios Fadro Farm; Kutschman en Osram; Hans Rudel en Siemens) lo que revela su naturaleza de clase. La consigna de “Juicio y castigo a todos los culpables” sigue siendo bandera de lucha para los explotados de todo el mundo, de ayer y de hoy.

La campaña de Bush por su reelección presidencial comenzó con un rotundo fraca­so. En las elecciones primarias (internas abiertas) de New Hampshire, apenas logró derrotar por un margen muy estrecho (56 a 44%) a un oponente casi desconocido. Con los mismos guarismos, en 1964, el entonces presidente Johnson se retiró de la campaña por la reelección. El “desastre de New Hampshire” — como lo calificó la prensa mundial—ha pro­fundizado la debilidad del Ejecutivo nortea­mericano y extendido la crisis política. Aho­ra el regimen político imperialista deberá transitar nueve meses hasta las elecciones con un presidente en franca minoría no sólo respecto a los electores sino en su propio partido. La imparable caída de Bush profundizó también la recesión que ya dura más de un año y medio sin que todavía se pueda “ver la luz al final del túnel”. Al contrario, se agudiza paso a paso. Los índices de produc­ción industrial vienen cayendo sistemática­mente, a una tasa cada vez mayor: -0,3% en noviembre, -0,4% en diciembre, -0,9% en enero. Bush no sólo ha fracasado en cada uno de sus intentos para “sacar” al país de la recesión (reducción de la tasa de interés, reducción de los impuestos) sino que, como consecuencia de ellos, se han agravado las tendencias inflacionaria”, al crack bursátil y al aumento del déficit fiscal. Una buena parte de sus asesores sostiene, en consecuencia, que “lo mejor que puede hacer es „ no hacer nada". El Congreso — dominado por el Partido Demócrata—tam­poco ha logrado encontrar el rumbo. Para contrarrestar la debacle nortea­mericana Bush viajó, el mes pasado, a Japón con el objetivo de “abrir" el mercado nipón para la industria automotriz estadou­nidense. El resultado fue un estrepitoso fra­caso, que profundizó la crisis política del coloso yanqui. El viaje a Japón y las ’primarias’ han profundizado la debilidad política del Ejecu­tivo norteamericano, que tiene hoy una reducidísima intención de voto de los electo­res. En noviembre pasado, en oportunidad del encuentro de Menem con Bush dijimos que era la reunión de “el muerto y el dego­llado” y que ambos presidentes estaban “unidos en el fracaso”. Un pronóstico certero. Bush está en la lona y Menem le sigue aceleradamente los pasos (ver PO N° 345 y 346). Ei fin de una era La enorme potencialidad de la crisis— económica y social— explica la hondura de la crisis política y la posible derrota electoral de Bush en las elecciones de noviembre. La crisis financiera ha dejado al siste­ma financiero en una situación de virtual quiebra, con capitales propios extremada­mente pequeños frente a la enormidad de pérdidas y créditos incobrables que han acumulado. La tasa de beneficio industria se ha desplomado —y con ella la inversión. Los grandes pulpos han entrado a una etapa de "reestructuración permanente”, es decir de liquidación de fuerzas productivas y capitales. Pero la actual crisis ha sacado a la luz el enorme mar de fondo popular que se ha ido incubando en los Estados Unidos. “La tendencia más portentosa para la estructura de la futura sociedad norte­americana es fa creciente desigualdad en el ingreso” (Washington Post, 11/2): mien­tras el 1% más rico de la población duplicó sus ingresos bajo Reagan, los salarios hora­rios cayeron un 13% en términos reales desde 1973. La llamada “clase media nor­teamericana” (que incluye a la “aristocra­cia obrera”) ha adelgazado violentamente, del 71% de la población en 1969 al 63% en 1989 En la misma medida crecieron las familias de bajos ingresos: “la posibilidad de que una persona menor de 18 años caiga en el sector de menores ingresos se incrementó casi un tercio entre 1969 y 1989”. Pero esto es sólo un promedio; mien­tras sólo el 19% de los blancos pertenece a tas familias de bajos ingresos, “el porcenta­je aumenta al 40% para los hispanos y al 44% para los negros” (Washington Post, 21/2). Los salarios horarios norteamericanos caído por debajo de los de Japón y Alemania, históricamente inferiores (The Economist, 18/1). Esta reducción salarial es !a consecuencia de la brutal “flexibilidad laboral” impuesta bajo Reagan. Los empleados eventuales y precarios representan el 25% de la fuerza laboral norteamericana y perciben apenas el 60% del salario de los trabajadores efectivos. Estas cifras, sin embargo, no reflejan acabadamente las miserables condiciones sociales de los “flexibilizados”: éstos carecen por completo de seguro social, seguro de desempleo y beneficios jubilatorios (Washington Post, 3/ 4/91). La desocupación ha crecido un 40% en el curso del último año y medio. Se han perdido más de dos millones de empleos y se pronostica una pérdida adicional de otros dos millones en los próximos dos años. Nuevamente, estas cifras son, ape­nas, un promedio nacional: en New Hamps­hire, la desocupación se triplicó desde el inicio de la recesión. De los actuales ocho millones de desocupados, sólo tres reciben el seguro de desempleo, y esto apenas por seis meses; recientemente Bush vetó una ley que establecía la ampliación del seguro al desocupado. Las cifras del gobierno re­gistran 33 millones de pobres. El 10% de la población —23 millones de personas— de­pende de los cupones alimentarios del gobierno para poder comer (Washington Post, 6/11). La miseria de las masas trabajadoras en el “paraíso” capitalista es sencillamente fabulosa. Como la inversión pública prácti­camente ha desaparecido —es de apenas el 1,5% del PBI— el deterioro de la infraes­tructura es generalizado (cloacas, redes de agua, servicios sanitarios etc.) y las ciuda­des, literalmente, se derrumban. “¿Las ciu­dades están obsoletas?” se pregunta Newsweek (9/1). Y responde: “Las redes maestras están totalmente mal. Pero el pronóstico económico y social de largo plazo es todavía peor”. Como consecuen­cia del sideral aumento especulativo de la propiedad inmobiliaria —y de los alquile­res— la masa de “homeless” (sin casa) se extiende rápidamente por todo el país. Bajo la llamada “revolución conser­vadora” de Reagan se llevó adelante una política consciente de liquidación de la salud y la educación públicas. La salud pública se encuentra “en estado de emergencia” (Newsweek, 14/10) como consecuencia de la reducción de presupuesto y del cierre de más de 60 hospitales —el 14% de los exis­tentes— en todo el país en los últimos cinco años. La destrucción de la educación públi­ca primaria y secundaria ha creado una masa de ¡25 millones de analfabetos! (Cla­rín, 19/1). “Algunas compañías como Ford y Motorola están gastando grandes sumas sólo en enseñarle a leer a sus tra­bajadores” (The Economist, 18/1). Esta brutal polarización social ha esta­llado como consecuencia del fin del “auge" ficticio reaganista, desnudando el canibalis­mo social de la burguesía norteamericana. Las condiciones económicas y sociales creadas por la crisis capitalista paralizan al Ejecutivo norteamericano, exactamente en el momento que la burguesía yanqui más necesita “un timón fuerte y seguro. El desarrollo de la crisis norteamericana de­berá, por k) tanto, procesarse a través de violentísimos choques y conmociones so­ciales.

La rebelión militar en Venezuela puso de relieve la bancarrota política y económica de un régimen “modelo" del FMI en Lati­noamérica, que tiene enormes parecidos con el menemismo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez refinanció la deuda externa con los bancos, ingresó en el Brady hace más de un año, hizo los “deberes ”de las pri­vatizaciones, y registró en los últimos dos años tasas de crecimiento muy superiores a las que prometió Cavallo para la Argentina. Con todas estas medidas, en vez de avanzar hacia el “primer mundo "precipitó un incremento sin precedentes de la miseria popular: más de la mitad de la población se alimenta una sola vez por día, el 65% ha caído en la pobreza extrema y el 20% care­ce de trabajo. Al igual que Menem, a Pérez se lo cono­ce por el tiempo que despilfarra en diversio­nes y frivolidades internacionales, por su amistad con Bush y por la corrupción gene­ralizada de su gobierno. Además, el régi­men que presentan como una de las "demo­cracias más antiguas" de la región, se sostiene en la represión sangrienta de los explotadores. Después de los 2.000 muer­tos que hubo en el “caracazo”, se compu­taron decenas de asesinatos de obreros y estudiantes en huelgas y manifestaciones. Siguiendo con esta línea, la primera reac­ción de Pérez después del golpe fue sus­pender las garantías constitucionales y lan­zar una impresionante oleada de detencio­nes y allanamientos en las barriadas popu­lares. Por donde se lo mire el levantamiento militar ha desnudado la total descomposi­ción del régimen democratizante. Mientras la gran burguesía y el imperia­lismo se alinearon con Pérez contra los golpistas, todos los periodistas destacaron signos de simpatía popular hacia los rebel­des. Obviamente Pérez no pudo convocar a ninguna manifestación “en defensa de la democracia” porque todas las encuestas coinciden en señalar que es el hombre más odiado del país. Para colmo, luego del golpe repitió una y otra vez que “seguiría con el ajuste y el pago puntual de los intereses de la deuda externa. Los sublevados no levantaron un pro­grama político preciso, sino una genérica proclama “contra la corrupción”. Se pre­sentan como “bolivarianos” y nacionalis­tas, pero no dieron a conocer ninguna reivin­dicación antimperialista precisa, sino por el contrario una denuncia genérica y chauvi­nista (de “entrega limítrofe” a Colombia). Tanto la prensa como el propio Seineldín los califican de “carapintadas”. Todo indica que el movimiento tiene fuertes raíces en la mayoría de la oficialidad y sub-oficialidad, que sufren un deterioro salarial equivalente al conjunto de la población. Es un hecho que aunque la rebelión no triunfó, el ejército está completamente fracturado, y la crisis militar recién ha comenzado, como lo prueba por ejemplo la deserción masiva de un regi­miento con todo su armamento. Con el golpe se inició la cuenta regresi­va del gobierno de Pérez, como se eviden­cia en que la burguesía discute la necesidad de un recambio, el cual deberá pasar por un acuerdo con el imperialismo. De todos modos en medio de la fractura militar, las presiones de los bancos acreedores, cual­quier salida se enfrenta a la perspectiva de una gran crisis política. El derrumbe del menemista Pérez con­firma que la supuesta ola “neoliberal” en América Latina se está pulverizando, acom­pañando la debacle “reaganiana” y “thatcheriana". Pero además en Venezuela ha salido a luz el creciente agotamiento del régimen democratizante como instrumento de dominación política de la burguesía sobre las masas. De las ilusiones populares en la “democracia” —que predominaron en la década de los Alfonsín, los Aylwin y los Sarney—se está pasando al repudio y la insurgencia popular hada las dictaduras civi­les pro-imperialistas, que gobiernan bajo la fachada del constitucionalismo. La descom­posición de los regímenes democratizantes —que anteriormente sustituyeron en varios países a gobiernos militares en crisis— se proyecta ahora sobre las fuerzas armadas, fracturando el ejército y haciendo trastabillar —como ocurre en Venezuela— las estruc­turas del Estado. El llamado nacionalismo militar es, a su vez, impotente para dar una salida como se evidencia en que carece de programa. Los trabajadores y estudiantes venezolanos —que vienen protagonizando grandes luchas y movilizaciones—asisten a esta crisis de características históricas sin una política propia. La necesidad de un partido revolucionario está a la orden del día.

El acuerdo que acaban de firmar —bajo el patrocinio de la OEA— Jean Baptiste Aristide —el derrocado presidente haitiano apodado “titide" por sus seguidores— y los represen­tantes del régimen golpista restituye al primero en la presi­dencia sobre la base del respeto de las resoluciones, decretos y leyes establecidos desde el golpe del 30 de setiembre. Además, el jefe de los golpistas, Raoul Cedrás, permanece en la comandancia del Ejército y un protocolo adicional garantiza la intangibilidad de toda la cúpula militar. También se declara una amnistía para los golpistas que han masacrado a más de 1.500 haitianos y obligaron al exilio a otros 15.000. A partir de la ratifi­cación del acuerdo se levantará el embargo comercial decretado por la OEA a partir del golpe de setiembre. La “restitución” de Aristide, sin embargo, no es inmediata ni tiene fecha fija. Mientras tanto, y para preparar el “retomo” se ha establecido que el gobierno será ejercido por René Théodore... principal dirigente del partido comunis­ta haitiano. Se ha apodado a este acuerdo como “la salida chile­na” porque establece la subordi­nación de los “demócratas” al régimen de los golpistas. Tan sólo días atrás (El Mercurio, 9/2) Aristide declaraba que “no es posible que (la crisis) se re­suelve a la chilena. Cedrás ha masacrado a miles de personas... es la parte visible de los 'tontón macuotes' (paramilitares duvalieristas) y de la cúpula de la corrupción, el robo y la droga... dejarlo como Jefe de las Fuerzas Armadas es pre­servar el sistema oligárquico en el país". Este es el nivel del crimen político cometido por Aristide. El ex-sacerdote se ha convertido así en un rehén vo­luntario del régimen militar, un presidente “títere” como el actual, Joseph Nerette. La política del imperialismo El principal impulsor del acuerdo fue el imperialismo norteamericano, a través de su "ministerio de colonias”, la OEA. El portavoz de Bush declaró inmediatamente después de la firma de Aristide su “pleno apoyo” al acuerdo. Y no es para menos ya que éste consagra la victoria de la política del imperia­lismo norteamericano. El golpe de Cedrás y su permanencia a la cabeza del gobierno eran un factor de "desestabilización” de la política norteamericana en América Central cuyo eje es la integración de las fuerzas guerri­lleras e izquierdistas al sosteni­miento del orden imperialista y la propiedad privada (Nicaragua, El Salvador). Desde el mismo momen­to del golpe, el imperialismo nor­teamericano pretendió forzar a los militares y a Aristide a llegar a un acuerdo político que sostu­viera la fachada del régimen democratizante, claro está que ga­rantizando la intangibilidad de los altos mandos y del aparato represivo que éstos montaron. Es por eso que el imperialismo estableció un embargo comercial sobre Haití para forzar a los golpistas a una negociación (el embargo, naturalmente, fue violado repetidamente por las empresas imperialistas porque “bussines are bussines”). La política de Aristide fue la de entregarse a las manos de Washington, por lo que ahora su “restitución” es una obra im­perialista. Después de ganar la presidencia el año pasado con una avalancha de votos, Aristide regresaría ahora como el rehén no sólo de los militares sino también del imperialismo, al que le debe su puesto. Aristide regresa como un funcionario de la OEA, no como un presidente surgido del sufragio universal.

A fines de diciembre, se realizó en Burzaco un “Encuentro de Organizaciones y dirigentes sindicales”. Sus principales animadores fueron los ex-ubaldinistas de ATE (De Gennaro), la dirección de telefóni­cos de Capital, Mary Sánchez, y sindicalis­tas de “centroizquierda” como Piccinini, el sindicato del neumático y dirigentes de la UTPBA (periodistas). También participaron —y suscribieron el documento final— diri­gentes sindicales del partido comunista. En su declaración final, el encuentro se califica a sí mismo como un “balbuceo que empezamos a esbozar”. Los firmantes, sin embargo, nada tienen de “primerizos”: dirigen organizaciones sindicales de alcan­ce nacional y regional y, en ese carácter, son responsables de las derrotas más significa­tivas del movimiento obrero en el último periodo. Mary Sánchez ha estrangulado la lucha docente y vaciado a SUTEBA; Piccinini acaba de suscribir un “acta-acuerdo” que dejará fuera de la planta de Vida Cons­titución a 700 metalúrgicos durante 1992; dirigentes del neumático vienen de aislar «la huelga de FATE. La declaración de Burzaco omite el menor balance respecto este “derrotero” ¿En qué consiste, entonces, el “nuevo modelo sindicar que Propugnan los centroizquierdistas? “Autonomía sindical" El encuentro se pronuncia por la “auto­nomía sindical respecto del Estado, los patrones y los partidos políticos”. Pero la autonomía no existe en el Estado capitalis­ta actual, caracterizado por la tendencia a la regimentación de los sindicatos, y aún de los partidos — por medios económicos y jurídi­cos. Una política de independencia sindical frente al Estado sólo puede partir de la denuncia y la lucha contra el Estado capita­lista y de una orientación consecuente en la defensa de las reivindicaciones obreras contra el capital, como parte de la lucha por el gobierno de los trabajadores. Nada de esto aparece en la declaración centroizquierdista, donde la “autonomía" sindical es una petición “Jurídica”, es decir, contra­ria a la autonomía. La pretensión de autonomía sindical frente a los partidos es, por una parte, una adaptación frente a los redamos menemistas de “asepsia” sindical y, a la vez, un ar­gumento persecutorio contra el activismo de izquierda. ¡Esto, después que Mary Sán­chez se desviviera por “peronizar” a la CTERA, y modificar el régimen de ésta según el modelo de la burocrática CGT! La declaración propugna la “democra­cia sindical rechazando las estériles divisiones y el sectarismo”. Pero la lucha por la democracia obrera es la lucha contra la regimentación del Estado, que se mete en los sindicatos para reprimir y expulsar a los elementos y tendencias de combate. Para los centroizquierdistas, en cambio, la demo­cracia es. “acabar con loe sectarios", es decir, imponer el monopolio de las actuales direcciones contra el activismo combativo revolucionario . Es esta persecución la que, precisamente, rige en la UOM de Vida o en SUTEBA. “Apertura social” Los centroizquierdistas han evitado, en su práctica sindical, la extensión de cual­quier lucha parcial, calificando de “locura" a la menor pretensión de darle un carácter de conjunto a las distintas manifestaciones de la resistencia obrera. Ahora, plantean extenderse, sí, pero “hacia otras organiza­ciones sociales”, es decir, patronales: la Federación Agraria del capitalista Votando, o las cámaras patronales de Villa Constitu­ción, San Nicolás o Sierra Grande, que aceptaron los despidos obreros luego de algún resarcimiento económico (zonas fran­cas, exenciones de impuestos). El docu­mento de Burzaco constata el “remate vil del patrimonio nacional” sin plantear, en consecuencia, la lucha por la expropiación de las empresas privatizadas; es que parte de sus dirigentes se han insertado en el “remate vil” a través del curro de la “pro­piedad participada”, que dejará suculen­tas comisiones a los administradoras sino­cales de las acciones “obreras”. “Acumulación política" Luego de rechazar “la política " en los sindicatos, los firmantes de Burzaco se reservan te actuación política para sí, y plantean “darle forma” a “una herramienta” de acumulación política que permita instalar en los escenarios de las decisiones los distintos conflictos parciales”. Esto no es otra cosa que propugnar su “instalación” en los diferentes estamentos del aparato estatal. Los sindicalistas de centro- izquierda confiesan, en este punto, que han fracasado en tos “conflictos parciales’’ que les cupo dirigir y quieren repetir la ha­zaña en una escala mayor. Pretenden transformarse en “gestores” parlamenta­rios o estatales de las luchas obreras. Pero este es el camino ya recorrido con anterioridad por la “vieja "burocracia sindical: de la conciliación con el Estado y los capitalistas desde los sindicatos a la cooptación — como funcionarios o parlamentarios— al propio aparato estatal. Esta integración se revela también en la posición del Encuentro frente al Mercosur: en un momento en que luchas cruciales — portuarios y Funsa en Uruguay, metalúrgi­cos en San Pablo, Fate en Argentina- ponen a la orden del día una acción obrara común contra la flexibilización y en defensa de las conquistas laborales, los centroizquierdistas propugnan “’intercambiar Ideas e informaciones", y la “planificación y coordinación de actividades refe­ridas a las iniciativas regionales”, es decir, “diplomacia” sindical. El encuentro centroizquierdista conto con la presencia orgánica del partido comunista, que apoyo desde su periodo su realización. Después de haber lamentado las “claudicaciones” sindicales del centroizquierda, los echegaraistas se han pasado abiertamente al campo de los “claudicadores”. Los seguidores de Echegaray se han subido a un salvavidas de plomo.

El gobierno de Santa Cruz luego de aumentar la jornada laboral, desdoblar el horario, y suprimir los convenios, promulgó un “decretazo" posponiendo sin fecha el pago de los sueldos de diciembre y el aguinaldo y rebajó los salarios entre un 10 y un 15%, según las categorías. Además cerró jardines de infantes, farmacias sociales, recortó el 40% del presupuesto de la universidad y anuló servicios médicos, Al conocerse este atropello fondomonetarista a principio de año hubo una inmediata movilización de 1.500 compañeros en Caleta Olivia, que fue especialmente promovida por el sindicato docente. En Gallegos, la CGT se limitó a convocar primero una asamblea, a la que concurrió sin ninguna propuesta y de la que surgió una manifestación que la directiva intento bombear. En la marcha participaron 800 trabajadores, lo que hubiera sido un buen punto de partida para organizar la resistencia al “decretazo”. Pero en vez de fijar un curso de movilización, los burócratas plantearon la ‘necesidad de consensuar el ajuste. En la marcha participaron fracciones mayoritarias del radicalismo y del justicialismo que están enemistadas con el gobernador Kirchner, y también con la política de “consensuar” el “decretazo". No hay que olvidar que los radicales y justicialistas apoyaron en la Legislatura muchas de las medidas antiobreras. Las reacciones iniciales de Caleta y Gallegos demuestran que no falta voluntad de resistencia, sino una política para derrotar a Kirchner. El gobernador ganó la última elección con una importante votación, y está quemando aceleradamente este capital político. Los docentes pueden ser la punta de recomposición de la movilización contra los “decrete­ros”, ya que ante el comienzo de las clases están convocando asambleas intergremiales de base para discutir una plataforma salarial. El programa que ha nucleado a los activistas es: emulación de los decretos, pago de las deudas salariales, incremento de sueldos, control de los trabajadores de las finanzas públicas.

Kantec es una prestación de manteni­miento que Techint tiene en YPF: en ella trabajan alrededor de 170 compañeros de la construcción. El lunes 17 de enero, en las elecciones de Comisión Interna, la lista “1 ” —en la cual participan compañeros de la Agrupación Clasista Lista Morada— se impuso por paliza a los “hombres de Techint". Con el 82% de los votos sobre casi el 100% del padrón de votantes (131a 39), el triunfo de la “1” fue una derrota por partida doble: de la burocracia y la patronal. Como dicen los compañeros de Kantec: “le ganamos al aparato de Techint”. Y así es, porque la “lista” de la burocracia, que responde a nivel seccional a un agente de sueldo de Techint (Bonicatto); fue con­feccionada directamente por la empresa y responde a un proyecto de la patronal de copar la UOCRA-La Plata para convertirla en un títere de la “patria contratista”. Como también denuncia la Comisión Inter­na electa, en su boletín a los trabajadores de Kantec: “pasadas las elecciones, los ‘hombros do Techint' renunciaron y ya están probando fortuna en otra obra de la empresa, a ver si ‘con la mano de dios’ salen ‘delegados’...'’ La victoria de la lista antiburocrática fue una verdadera proeza: una semana antes de las elecciones, todos los integrantes de la “1” fueron cesanteados para que ganase sin oposición “el caballo del comisario”. Pero el tiro salió por la culata y la maniobra patronal-burocrática terminó en un papelón: los compañeros tuvieron que ser reincorpo­rados a las 48 horas, por la bronca genera­lizada de la obra en repudio a los despidos y al entongue entre Techint y Bonicatto. ¡Ahí terminó por definirse la elección! Además para dificultar la votación masi­va por la “1" —que ya se olía en los zonales— la patronal se puso de acuerdo con la jefatura de YPF para impedir que las elecciones se realizaran dentro de la obra. Tan burda fue la maniobra y tan grande la desesperación de Techint, que el propio jefe de personal de Kantec andaba haciendo campaña por la lista patronal, preguntando compañero por compañero a quien iba a votar, y de acuerdo al voto lo subía en una camioneta de la empresa, para llevarlo al lugar de votación... Pero, como sucediera con los despidos, la arbitrariedad de la em­presa fue como un “boomerang”: en vez de amilanarlos, “calentó” a los compañeros que caminando o “peleando la camione­ta” y aun bajo la lluvia, fueron en masa a votar contra la burocracia “techinista”. El triunfo en Techint-Kantec, y así se ha hecho sentir en otras prestaciones de YPF, ha abierto una nueva perspectiva para el movimiento antiburocrático de la Construc­ción. Como antes en SAOE y en Techint- PGM y ahora Kantec, la Agrupación Clasis­ta Lista Morada ha jugado un papel de vanguardia en la organización del activismo seccional. 5/2/92

En su reciente estadía en Europa Menem vio fracasar algo más que su deseado match de tenis con Boris Becker. De entrada nomás, se hundió el promocionado “golpe de efecto” de traer “cien, doscientos o trescientos mil europeos del Este” a la Argentina... a cambio de un subsidio de la CEE de 80.000 dólares por cabeza, nada menos que entre ¡8.000 y 24.000 millones de dólares! Semejante “propuesta” entra, naturalmente, en el terreno del completo dislate, toda vez que la tendencia demográfica dominante en la Argentina es la emigración, y que incluso la inmigración de tos países limítrofes se ha estancado por completo. Tampoco hay que olvidar que las grandes oleadas inmigratorias de fines de siglo pasado y de principios de siglo coincidieron con la expansión capitalista de la Argentina. La crisis económica liquidó la base material para una inmigración de esa escala a nuestro país. El proyecto, que —según La República, 16/2—pertenecería a Roberto Alemann, tendría por objeto atraer mano de obra calificada y barata para mantener por el suelo tos salarios en nuestro país. En un reciente reportaje televisivo, en una verdadera “cumbre” de la hipocresía, Alemann sostuvo que el “peligro” del “plan de convertibilidad” son los salarios demasiado elevados. No hay que olvidar, por otro lado, que Cavallo anunció hace unos meses la “importación de mano de obra calificada” para “reducir el costo laboral”. Pero con salarios como quieren Menem-Cavallo no hay importación de mano de obra, menos aún la calificada. Pero a poco de formular su propuesta con bombos y platillos, Menem tuvo que meter el violín en la bolsa después de que el propio Jacques Delors, titular del Consejo político de la CEE, le aconsejara “reducir la publicidad de la iniciativa para estudiar su factibilidad... luego de que las máximas autoridades de la Comunidad le advirtieran de la escasa seriedad de su propuesta” (La República, 16/2). Peor aún fue el fracaso de Menem en París, donde se presentó como el abogado de tos intereses norteamericanos en las negociaciones del GATT (Acuerdo General de Comercio y Aranceles) sobre los subsidios agrícolas. La llamada “Ronda Uruguay” del GATT está al borde del fracaso por el violento enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y Europa, particularmente Francia. Es que como Madame Cresson, primera ministro francesa, le explicó a Menem, lo que está en discusión en el GATT “no es el precio del trigo sino reconocer (si existe o no) un único liderazgo mundial” (Página 12, 19/2). En París, Menem debe haber aprendido que el mítico “nuevo orden mundial” no es más que una frase de la propaganda electoral de Bush; lo que está a la orden del día no es el “dominio unidireccional” norteamericano sino la violenta disputa de intereses interimperialistas, agudizada por la crisis mundial. Cuando en el curso de la entrevista con la primera ministra francesa, Menem argumentó sobre la “necesidad de reducir los subsidios”, la Cresson le respondió criticando la práctica norteamericana de involucrar en tos conflictos entre Europa y Estados Unidos a terceros países. La primera ministra francesa le dio “un mensaje sutil pero claro: no se haga cargo de la política norteamericana” (La República, 19/2) o, más directamente, “advirtiéndole que si la opción por Estados Unidos era absoluta iba a encontrarse indubitablemente enfrentado a Europa en más de una ocasión” (Página 12, 19/2). Después de reiterar que Francia no realizaría ninguna concesión comercial unilateral, la Cresson le ofreció irónicamente a Menem convertirse en “mediador” en la disputa comercié! entre Estados Unidos y Europa. El gobierno argentino, y hasta un sector de la prensa, presentaron el ofrecimiento como un reconocimiento al “papel internacional” de Menem. No se percataron, sencillamente, que el ofrecimiento fue una manera elegante de Madame Cresson de mandarlo a pasear. “Usted tiene evidentemente más contacto que nosotros con el gobierno de Estados Unidos —le dijo Cresson a Menem—, así que quizás lo mejor que puede hacer para ayudar a la posición de su país es explicarle al presidente Bush que Francia hará esfuerzos por encontrar fórmulas de negociación en tanto y en cuanto encuentre la misma predisposición de parte de ellos” Después de rechazar de plano cualquier reclamo de Menem referido a los subsidios agrícolas, el imperialismo francés impuso al riojano sobre preocupaciones en las privatizaciones en las que las empresas francesas han puesto el ojo (Obras Sanitarias, Correos, subterráneos, altos hornos), que serán otro campo de violentas disputas con el imperialismo norteamericano, como lo fue la lucha entre la Bell y Telecom en la privatización de ENTel. En este cuadro, las abundantes “palmadas en la espalda” por el “éxito del plan económico” no reflejan otra cosa que el beneplácito del imperialismo francés por la política menemista de liquidación del patrimonio nacional, siempre y cuando consiga alguna tajada.

El 18 de febrero, estuvo paralizado por un par de horas el tránsito del tren a Mardel, los “Frate” de Kilo 1 del Roca, quitaron la colaboración por la evidente falta de salubridad en su lugar de trabajo. Allí hay cañerías que transportan sarro y óxido junto con el agua de dudosa potabilidad para consumo del personal y un perimido sistema de higiene. La decidida acción de los ferroviarios obligó a los funcionarios a comprometerse a poner en condiciones el lugar.

En la Argentina del primer mundo, tenemos el "huésped” más importante, para recordamos que la política capitalista, que nos impone el menemismo, nos hunde en la miseria más cruel: ¡llegó el colera!. En todos los medios de comunicación nos bombardean cómo debemos prevenir la enfermedad, pero ningún funcionario dice que ya mismo en Budge y todo Lomas de Zamora solucionarán el problema de la falta de agua potable, elemento principal para combatir el cólera. Por eso, yo pregunto ¿hasta cuando ¡vecinos de Budge!, esperamos para reaccionar?, ¿Que se muera alguno de nuestros hijos? Como habitante de Budge, creo que es hora de pensar en lo grave del problema y organizamos para poder luchar por nuestros derechos y exigir que los señores funcionarios que ganaron con el voto de quienes tuvieron confianza en ellos, se dejen de macanear y se pongan a trabajar seriamente y recuerden que el gobernador Duhalde, antes de las elecciones decía ¡todo por mi provincia! Nosotros sólo queremos que ¡comience las obras para la red cloacal! no queremos tener caca, dentro de nuestra casa cuando llueve y nos inundamos y queremos tener agua suficiente, para poder higienizar los alimentos y poder bañarnos y así poder combatir el cólera. ¡Sólo eso! En este momento pedimos por nuestra provincia y al intendente Tavano yo le digo que cuando el COC (Centro Organizador Comunitario) empiece a funcionar en Budge, la función más adecuada para ese organismo, será juntar el excremento que navega por las calles del barrio cuando lluevo, ya que por lo visto solo tiene planeado seguir saqueando al pueblo, sin devolvernos la plata de los impuestos, en obras, como debe ser, para poder evitar el cólera en Budge. 8/2/1992 - Norma

Las cifras oficiales informan de la existencia, hasta el momento, de 192 casos de cólera en todo el país, de los cuales 12 han muerto. Según el minis­tro de Bienestar Social Araoz, el "bro­te" estaña controlado y “existen los medios para evitar el crecimiento de la enfermedad” (Clarín, 16/2). La bacteria —según el gobierno— se introdujo en el país a través de Bolivia, adonde habría llegado desde Perú. Contra estos informes se alzan otros datos. El tipo de bacteria que llegó a la provincia de Buenos Aires (Bella Vista) no es igual a la de Bolivia y Perú (Pág. 12,17/2) lo que contradice la tesis del contagio desde el Norte. Las cifras sobre el número de enfermos y muertos es "sumamente confuso” (Clarín, 19/ 2) Se ha llegado a sospechar que va­rios indígenas que el gobierno dio como “emigrados" a Formosa habrían muerto A esto se suma la reciente epidemia declarada en el vuelo de Ae­rolíneas con escala en Lima, donde murió un pasajero “contagiado en Buenos Aires, según las autorida­des peruanas" (Clarín, 22/2). Estos datos ponen en tela de juicio la preci­sión de los informes oficiales, tanto sobre los orígenes como los alcances de la enfermedad. Hechos Los informes médicos (Clarín, Ámbito, Página 12, Cronista, del 16,17 y 19/2) indican que una vez que co­mienza a deshidratarse el enfermo, se pierden 7 litros de líquido corporal cada 24 horas. Si la persona no es tratada con un proceso de hidratación y los antibióticos adecuados, en dos o tres días se muere. La enfermedad no es mortal, entonces, si se la trata con los medios correspondientes y a tiempo. Esto pone en evidencia que las muertes ocurridas hasta el momento “pudieron ser evitadas”, ci ministro Araoz atribuyó esta falta de previsión en el control de la epidemia al hecho de que “las autoridades de Bolivia nos mintieron, nos ocultaron la Informa­ción sobre los casos de cólera en la frontera” (Clarín, 15/2). Sin embargo, el doctor Julio Pletrafaccia, director de Sanidad de Santa Victoria, en Salta, de­nunció que ya en agosto del año pasa­do la dirección de Epidemiología envió un Informe “explicando que el cólera entraría por donde entró y en la for­ma que sucedió” y que “nunca me contestaron” (Clarín, 21/2). Por su parte, el presidente de la Sociedad Ar­gentina de Epidemiología, Carlos Ferreyra Núñez declaró que hace UN AÑO y advirtió al propio ex ministro Porto y a Menem que la enfermedad entraría al país y qué era lo que había que hacer para evitarlo, no siendo es­cuchado y —peor aún— siendo “ame­nazado para que no difundiese esa Información a la que se tildaba de ‘alarmista’ ” (Cronista Comercial, 16/ 2). Tenemos así que el gobierno — desmintiendo a Araoz— sabía perfec­tamente lo que iba a ocurrir y no tomó ninguna medida para evitar la epide­mia. Esto explica que Argentina haya debutado con la más alta tasa de mor­talidad de América Latina (10 por ciento), lo que no hubiera sucedido con haber efectuado las inversiones nece­sarias y destacar los medios corres­pondientes. Diez años más Desde el sur del Río Bravo hasta el canal de Beagle el cólera ya se ha instalado en toda América Latina. Por la falta de medidas preventivas, Ar­gentina aparece como la región más expuesta. El propio presidente de la Comisión Nacional para la Prevención y Control del Cólera, Santos Depine, denunció que duerme en el Congreso hace largo tiempo un proyecto de ley de fumigación con biocidas que de haberse aplicado a tiempo hubiese evitado la formación de la bacteria en las hortalizas. El mismo especialista reconoce que 10 millones de perso­nas están sujetas ya mismo a ser por­tadoras de la bacteria, dado que debi­do a su mala nutrición y condiciones de existencia (cloacas, agua potable) no tienen defensa alguna contra el mal. Esto equivale al 27,7% de la población total. La misma fuente declaró que la epidemia se convertirá en ende­mia, es decir que se mantendrá en el país por un lapso no menor a los diez años. Como en el resto de América La­tina, el surgimiento de esta enferme­dad, que desde hace más de cien años no aparecía como epidemia en el mundo, tiene una fuente fulminante: la miseria. Es la baja de todos los presu­puestos de salud implementados por la deuda externa, su pago puntual y los planes de los usureros de la banca in­ternacional los que alimentaron el có­lera. La bacteria —señalan los médi­cos— crece en los estómagos desnu­tridos con pasmosa velocidad Pero en la Argentina existen otras causas concretas que agravan la ex­pansión de la epidemia. Más de dos tercios de la población carece de cloa­cas y agua potable lo que se ha agra­vado con la “descentralización" de escuelas y hospitales. Días atrás, Julio Carpirlotti, intendente de Florencio Vareta, uno de los municipios más populosos del Gran Buenos Aires, tuvo que reconocer que el 78% de los habitantes carecen de cloacas, que el agua está contaminada porque se largan al Río de la Plata los efluentes cloacales sin tratamiento químico previo (Ámbito. 19/2). Esta situación es igual en todas las barriadas popula­res del cordón bonaerense. A ello se le suma que en la propia capital, decenas de miles viven en “villas”, cercanas a los basurales, sin agua potable ni cloa­cas. Para el Dr. Depine, ya citado, el principal foco infeccioso es el pro­pio Rio de la Plata donde reposan como corriente fluvial toneladas de desechos cloacales En Bella Vista, primer lugar con cólera en Buenos Ar­res, nuestro Partido vino denunciando y movilizándose con los vecinos desde hace tiempo por la existencia de camio­nes atmosféricos que desagotan en el río, quintas y baldíos de la zona A todo esto se agregan las recien­tes denuncias de vecinos de barrios bonaerenses sobre la contaminación de los tanques de agua de las escue­las, inminente foco infeccioso ante el comienzo de las clases. El actual presupuesto de salud bonaerense —mayor concentración hu­mana del país— es de 27 dólares pro­medio por persona. De acuerdo a los informes médicos citados, sería nece­sario aplicar 40 dólares por enfermo sólo para tratar el cólera, lo que da una idea de la magnitud del desfasaje Dinero La epidemia que se está desarrollando pudo ser evitada, ocurrió porque no se invirtió el dinero necesario. Ahora se anuncia que se hará “dentro del presupuesto existente, que es supermagro” Pero en Salta, el mayor foco actual de la epidemia, el dinero del Estado no está volcado ni un ahora en enfrentar el cólera. El gobernador Ulloa acaba de anunciar, que se rescatarán, en los próximos días, los bonos emitidos por la provincia, que están en manos de los pulpos oligárquicos, por valor de 59 millones de dólares (Ámbito, 19/2). Antes de la llegada del cólera, todos los recursos del banco provincial salteño fueron desfalcados al otorgar préstamos fraudulentamente evadidos por los principales ingenios de Salta, tos que los obtuvieron sin garantías de ningún tipo. Esto revela que la suerte de cien­tos de miles y millones de ciudadanos está en manos de camarillas de espe­culadores que no sólo no hicieron nada, sino que tampoco se aprestan realmen­te a hacer nada efectivo para enfrentar el flagelo. El ministro Araoz llevó, como gran cosa, un millón de dólares para el norte “para luchar contra el proble­ma”. Pero mientras tanto el Cronista (31/1) anunció que el gobierno subsi­diará en ¡¡160 millones de dólares a los pulpos que quieren alzarse con tre­nes y subterráneos!! Cavallo, por su parte, continúa negociando, como si tal cosa, el pago de seis mil millones de dólares para la banca usuraria. Sólo en la provincia de Buenos Aires sería necesaria la Inmediata remesa de 400 millones de dólares para un mínimo presupuesto de prevención del cual hasta ahora solo se enviaron ¡4 millo­nes! (Ámbito, 20/2). El gobernador Duhalde, a todo esto, ha manifestado que el principal problema provincial es la existencia de 50 mil maestros que “so­bran” (Ámbito, 20/2). Respecto del cólera, sólo atinó a decir que está estudiando con Cavallo un “refuerzo futu­ro de fondos”. ¡¡Bolivianos!!! En el colmo de la desfachatez, y como verdadera cortina de humo del problema los funcionarios del gobierno han lanzado una “caza de brujas” contra tos ciudadanos bolivianos que habitan o trabajan en el país. Crónica (20/2) publica que gendarmería y la policía federal han sido instruidas para deportar masivamente a tos bolivia­nos que ingresan o trabajan como “golondrinas" en el norte. Esta fran­ja de explotados históricamente en condiciones infra-humanas por los Patrón Costas y demás chupasangres norteños, pretenden ser ahora expues­tos como los “causantes del mal”; algo similar a las declaraciones (Clarín, 15/2) de la menemista Irma Roy, que quiso atribuir la enfermedad a la “ignorancia de los indios matacos”. El “paquetismo” y “culto” pasaje del reciente vuelo de Aerolíneas a EEUU hizo aterrizar sus declaraciones racistas en el más completo de los ridículos. Control popular La trama de esta grave situación retrata de cuerpo entero a este régimen político. Estamos asistiendo, como en el robo de los depósitos jubilatorios, de los salarios, del presupuesto popular, a una crisis social mayúscula que irá cre­ciendo con los días del gobierno mene­mista y del parlamento "pluripartidista" de las dietas gordas y tos oídos sordos a tos problemas nacionales. Hay que organizarse en cada ba­rrio, fábrica, escuela y hospital para que se tomen las medidas que preserven a nuestras familias. ¡Manos a la obra! Santa Fe: Las escuelas son focos infecciosos A dos semanas del comienzo de las ciases, la escuela pública de Santa Fe carece de loa medios más elementales para luchar contra el cólera. Tanques de agua sucos, falta de cloacas, de agua potable, es el panorama que impera en numerosas escuelas. En la mayoría, no existe el personal necesario para tareas de limpieza. En el “orto del coloro", un embargo, este panorama se agravará., por la reducción del presupuesto El gobierno de Reutemann viene ejecutando una política de “racionalización del gasto educativo" Como resultado de la misma, se han “congelado” las asignaciones para comedores escolares, a pesar de la carestía incesante. En estas condiciones, las escuelas no serán “bastión de lucha contra al cólera”, sino un grave foco Infeccioso. Cuando comenzó sus “ahorros” educativos, Reutemann señalo qua al dinero se utilizarla para aumentar los salarios docentes. La directiva de AMSAFE se tragó, ló­gicamente, el sapo. Ahora, han anunciado un “aumento" de... 33 pesos de suma lija, que no recupera ni siquiera la inflación del verano. Con el reingreso de los docentes a las escuelas, ha comenzado un Intenso debate sobre el salario y el cólera Tribuna Docente plantea plan de lucha por el salario — 5 millones de básico, triplicación del presupuesto educativo para afrontar la situación de los comedores y la lucha contra el cólera, formación de comisiones conjuntas con los padres para levantar un pliego de reclamos común de los barrios y las secuelas. Corresponsal Lomas en movilización por “agua para todos” En Lomas de Zamora se está desarrollando un movimiento de diferentes barrios detrás de una reivindicación fundamental: tener agua potable para todos. En momentos que el cólera aparece en la provincia de Buenos Aires, este planteamiento adquiere mayor transcendencia. Para explicamos la base de esta organización entrevistamos a la compañera Candela, integrante de la Comisión de Prensa del movimiento. P. ¿Quiénes integran la Comisión “Agua para Todos"? R.: En su comienzo se conformó con distintas sociedades de fomento (La Perla, Villa Galicia, Bartolomé Mitre, San Martín), luego en la medida que creció la lucha se fueron agregando otras y comenzaron a participar también vecinos de diferentes barrios de Lomas de Zamora, a la luz de las distintas movilizaciones que se realizaron desde principio de año. P.: ¿Cuándo surge el problema del agua? R.: Este problema data de 40 años. La población fue creciendo en el distrito y no se realizaron desde entonces obras de infraestructura. El problema es que en los barrios donde hay cañerías no hay directa­mente agua ya que no existe presión ni caudal que pueda abastecer en forma normal el consumo. El agua que llega a Lomas lo hace desde Lanús y Almirante Brown y los pozos que nos abastecen centralmen­te en Lomas están salín izados o contaminados en su gran mayoría. Por otra parte, hay una gran porción de la población que carece de red domiciliaria y se abastece de su propio pozo, que según denuncian los vecinos (mostrando certificados de análisis efectuados) está contami­nada con diversos productos químicos (por ejemplo arsénico), por lo que esta forma de aprovisionamiento tampoco es apta para consumo humano. Esto se debe a que empresas radicadas en la zona (Com­pañía Química, Algodonera y otras) vierten sus desechos industriales en los arroyos, lo que a lo largo del tiempo se traduce en una contami­nación de las diferentes napas de agua. También hay que sumar a esto que tanques atmosféricos vacían su carga en distintos lugares del distrito, aumentando así los riesgos sanitarios para la población, y hoy más que nunca, ya que tenemos el cólera instalado en el Gran Buenos Aires. P.: ¿Cuáles son los reclamos que efectúan? R.: En principio fue el reclamo de la obra llamada “Tercer Refuer­zo” (es una cañería de 70 cm. de diámetro que vendría de Lanús y que de realizarse serviría para paliar la falta de agua sólo en las zonas más altas de Lomas, quedando la mayoría de la población en la misma situación anterior). En el transcurso de las discusiones, en asambleas, tomó cuerpo que la solución integral del problema de Lomas, Esteban Echeverría y Almirante Brown se podía resolver con un proyecto que data del año f 947, que es la construcción del río subterráneo Bernal- Lomas (cuyo costo de 80 millones de dólares y el del Tercer Refuerzo es de 20 millones). Con estos dos puntos centrales y otras reivindica­ciones se elaboró un petitorio, al que posteriormente se agregó otro, donde se muestra la estrecha relación de la propagación del cólera con las condiciones miserables en que vive gran parte de la población del municipio. Estos petitorios fueron entregados a la Intendencia median­te una movilización. P.: ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? R.: Fue de rechazo por ser “un documento poli tico” En el recinto donde nos encontrábamos, además del Intendente estaban re­presentados los cuatro bloques del Concejo (PJ, UCD.UCR y MODIN) y la respuesta de los vecinos no se hizo esperar gritándole a Tavano que era un ladrón a lo que “nuestro intendente” sin inmutarse respondió “lo del agua son boludeces y que si queríamos hacer oposición nos presentáramos a elecciones en el ’93”, acto seguido dijo que el Ministerio de Economía había aprobado... ¡¡3 millones de dólares!! Para la renegociación del Tercer Refuerzo. Después de la enérgica respuesta de los vecinos presentes donde se le exigió que mostrase los contrastes de renegociación, fuimos expulsados del recinto a trompadas y empujones por varios “guardaespaldas ’’entre los cuales se encontraba el Concejal por el PJ, “Chino" Navarro (ex- PI). P.: ¿Cómo continuaron la lucha? R.: En la Asamblea siguiente se votó por unanimidad el repudio a la actitud de las autoridades (que fue publicado en los medios locales de prensa) y se votaron una serie de resoluciones que a mi juicio marcan un principio de clarificación del movimiento. Se hizo un llama­miento para que participen las sociedades intermedias, vecinos y par­tidos políticos, se votó para que se realicen asambleas en los distintos barrios y que se acoplen a nuestra lucha, se aprobó un volante denunciando que hay plata para pagar la deuda externa y no para el agua, se aceptó una invitación de los concejales para una futura audiencia con Cavallo. También se aprobó realizar análisis de agua de los distintos barrios para dar más peso a nuestras denuncias. Pero fun­damentalmente se está trabajando para realizar la marcha votada para el día 6 de marzo al Municipio, para lo cual se confeccionó un afiche con el redamo del río subterráneo Bernal-Lomas. Personalmente creo que el fortalecimiento de este movimiento va a estar dado en nuestra capacidad de ligamos a otros barrios que aún no intervienen, y en la posibilidad de dar cabida a sus reclamos no solamente de agua potable sino todo lo relacionado a la inexistencia de servicios esenciales para la población, como ser cloacas, desa­gües, etc., que toma hoy una característica de necesidades imprescin­dibles dada la epidemia de cólera que está extendiéndose por la República. Tampoco debemos olvidar los reclamos de salud pública gratuita y aprovisionamiento de elementos para los hospitales que hoy se encuentran trabajando en total precariedad. Plan de emergencia 1- Inmediato aumento del ciento por ciento del presupuesto de salud en todas las provincias. 2- Formación de comisiones por barrio, escuela, fábrica y hospitales que investiguen e impulsen conjuntamente la provisión de los medios necesarios para enfrentar la enfermedad en cada lugar. 3- Llamar a los docentes y padres a unirse para exigir la limpieza de los tanques de agua y baños escolares así como el financiamiento en regla de los comedores escolares antes del inicio de las clases. 4- Inmediato plan de obras públicas, financiado con un impuesto de emergen­cia a las grandes fábricas de cada zona, para realizar ya mismo cloacas, red de agua potable y tratamiento de afluentes cloacales en todos los ríos. 5 - Exigir puestos sanitarios y entrega de sales hidratantes preventivas en cada barrio, bajo control de tos vecinos, docentes y trabajadores de tos hospitales de la zona. Asamblea del pueblo de Cornejo Coronel Cornejo, es una localidad de unos 2.000 habitantes pertenecientes al municipio de Gral. Mosconi, a unos 8 kms de Tartagal que ya tiene varios casos de cólera. El pueblo está sin agua desde hace meses y solo recibe el fluido por medio de un camión de YPF una o dos veces por semana. La amenaza de cólera motivó la preocupación de los pobladores que se autoconvocaron en Asamblea para discutir un plan para exigir la provisión de agua, recolección de residuos y otros puntos indispensables para frenar la enfermedad. La falta de agua, ya en otra oportunidad, motivó un corte de la Ruta nacional 34 como medida de fuerza. La asamblea fue transmitida en directo por la radio de Mosconi y tuvo gran repercusión. Mosconi Numerosas denuncias de barrios por la existencia de focos infecciosos, falta de cloacas y también la exigencia de distribución gratuita de lavandina dan la nota del estado de ánimo de los pobladores de Mosconi. En Barrio Pueblo Nuevo, que fue construido por el Fonavi, pero que carece de cloacas en sus 500 viviendas, un grupo de vecinos impulsó una asamblea general. El Partido Obrero está promoviendo la formación de comités populares de lucha contra el cólera que asuman la lucha por la satisfacción inmediata de las reivindicaciones. Uno de los reclamos fundamentales es el control popular de la utilización de los fondos (hasta ahora no se contempla la inversión de un sólo peso en Mosconi — pueblo de 15.000 habitantes) a pesar de que es segura la llegada de la enfermedad.

El 20 de diciembre, en vísperas de las fiestas, el ongarismo convocó a una asamblea con el fin de asegurarse una Junta Electoral adicta para los comi­cios del 24 de abril próximo. Lo logró pero a lo Pirro. Tuvo que valerse de una asamblea trucha, en horario de trabajo, en el saloncito de la CGT y con el exclusivo temario de Junta Electoral y memoria y balance. Plagada de jubilados y de elementos del aparato sindica), sin embargo la reunión fue transformada por el activismo de la lista Naranja en un campo de lucha política por el salario y las jubilaciones (redamo de otra asamblea) y por una Junta Electoral compartida por todas las listas, moción que Ongaro no dejó votar apelando incluso al patoterismo. La Verde logró unos 300 votos, la Naranja 70, hubo unas 100 abstenciones y Nucleamiento, una fractura menemiana de la burocracia, sólo 6. En estos números de un evento de aparato, se prefiguraron, sin embargo, las tendencias políticas que se expresan en los días previos a la presentación de listas. La Verde se manifiesta como un aparato en crisis con el activismo genuino del gremio, desprestigiado ante la masa, y la Naranja protagonizando un importan­te reagrupamiento a nivel de candidatos representati­vos y avales de base. El empantanamiento en la cuestión salarial —con­gelamiento de casi un año— el apoyo a la flexibilización laboral votada por los diputados “gremiales "y las traiciones a las luchas del gremio son un cóctel explo­sivo para mantener el control del sindicato de los gráfi­cos. Esta crisis que es vertebral en toda la burocracia sindical agrava las tendencias al fraude y la impugna­ción, de manera que la gran tarea de los activistas es ahogar en avales y candidatos incuestionables a tos persone ros del oficialismo. La tarea debe expresar la bronca de la base, y constituirá una escuela de forma­ción política y organizativa de tos nuevos delegados en la lucha por la expulsión de la burocracia.

El proyecto de reforma de las Obras Sociales del gobierno significa el dete­rioro de las coberturas de salud y la pér­dida de beneficios para la inmensa mayoría de los trabajadores. El objetivo es favorecer el negocio capitalista de la medicina privada, mediante la concen­tración de tos recursos de tos trabaja­dores en manos de tos pulpos médicos y farmacéuticos y entidades financie­ras. El proyecto establece la financia­ción del sistema mediante el reparto de la actual recaudación de Obras Socia­les (9% de la masa salarial) entre los prestadores de salud que adhieran al sistema, según su número de afiliados. A cambio, estas empresas deberán brindar a los afiliados un “régimen de atención básica”, cuyo carácter “básico” nos da ya una pista de lo que se pretende. Además, en todos los re­gímenes de cuota fija por afiliado o “ca­pitación”, las empresas tienden a infraprestar, es decir bajar todo tos posi­ble la cantidad y calidad de las presta­ciones para aumentar el beneficio. Entre un régimen “básico” y la infra- prestación asistiremos, entonces, a una caída generalizada de la calidad de la cobertura de salud, en relación a la ya deplorable que hoy se brinda. Por eso el propio proyecto establece que “los prestatarios podrán ofrecer la ampliación de estos servicios a través de un aporte adicional y vo­luntario de los afiliados” (El Cronista, 3/2). Está claro que la atención “bási­ca” no contemplará los servicios como de alta complejidad, terapia, material descartable, etc., por los que se exigirá el “aporte adicional”. La misma fuen­te agrega, “lo que no está claro son los alcances reales del Régimen de Atención básica, pues si se espera que los desempleados o los jubila­dos, que requieran por ejemplo ciru­gía cardiovascular, hagan aportes voluntarios para completar su co­bertura, veremos en estos grupos profundizarse las inequidades. En este sentido y hasta hoy la cobertura de la seguridad social, con todos sus defectos, es más amplia y protecto­ra. ¿Libre competencia o monopolio? El proyecto establece la “libre elección” de prestadores por parte de tos afiliados. Esto es presentado como un aporte al mejoramiento de las presta­ciones de salud por medio de la compe­tencia que se establecería. Pero no es así. En primer lugar un número de Obras Sociales, calculado en la mitad de las 300 actuales, desaparecerán por la imposibilidad de financiar las presta­ciones. Los recursos se concentrarán en las más poderosas, como Comercio, con mayor cantidad de afiliados, y mayor capacidad de negociación, o las que ya tienen capacidad instalada pro­pia como bancarios, grandes sanato­rios, etc. Una vez capturado el mercado, los capitalistas de la salud, impondrán sus condiciones de adicionales, sistemas de regulación de demanda, etc. Habrá una creciente privatización y monopoli­zación del sistema. El hospital público, no incluido como prestatario por la ley, se deteriora más aún porque hoy se financia, en buena medida, con la factu­ración a las Obras Sociales. Se elimina un competidor de las privadas en el preciado campo de la calidad científica y quedará marginado como depósito de enfermos crónicos, seniles y misera­bles. Pérdida de beneficios y mayor estratificación Desde ya una serie de beneficios que hoy se otorgan como turismo, colonias de vacaciones, reintegros, etc., desaparecerán. Ya en enero de 1991 la Asociación de Bancos Argenti­nos recomendaba “concentrar a las obras Sociales en el objetivo de sa­lud, eliminando los objetivos secundarios como el turismo”, cosa que íntegramente recoge el proyecto. Por otra parte la imposición de cre­cientes aranceles extras para las pres­taciones que excedan el “régimen básico”, dará como resultado una cobertura más amplia para la franja minoritaria de sueldos “jerárquicos”, y minoritaria de sueldos “jerárquicos” y otra, de segunda, para la inmensa mayoría de los trabajadores. Luchar contra la reforma El proyecto no apunta a terminar con la corrupción de la burocracia en el manejo de las obras sociales sino cap­turar los grandes beneficios de la salud, en asociación con la burocracia. El resultado será un régimen de aten­ción “asistencial” y una concentración monopólica sin límites. El Partido Obrero denuncia esta “reforma" como un ataque a las condi­ciones de vida del pueblo trabajador. Plantea que no debe existir ninguna in­tromisión del Estado ni los capitalistas en la recaudación y destino de tos aportes a las Obras Sociales. Deben ser tos trabajadores usuarios y los de la Salud los que decidan y dirijan sus obras sociales y defender las prestacio­nes no médicas. Para eso el PO plantea duplicar el presupuesto estatal para la salud pública mediante impuestos especiales al capital, expropiar los pul­pos sanatoriales y farmacéuticos y poner todos los recursos al servicio de un plan de salud único, gratuito e igua­litario. Negocio para burócratas Los burócratas se preparan para participar del nuevo festín de las obras sociales. Después de haber lucrado con su manejo, ahora se disponen a hacer lo mismo con el nuevo sistema que propugna el gobierno. Es así que Cavalieri de Comercio, que maneja los 17 millones de dólares mensuales de OSECAC dijo que: '‘nosotros sólo pedimos tiempo para revertir nuestro déficit... pero bajar los costos administrativos supone incorpo­rar tecnología, reducir personal o sea que el ajuste de las Obras Sociales también necesita inversión o exenciones impositivas, para un sistema que atiende a más de 10 millones de personas"(EI Cronista, 21/2). “Varios dirigentes de grandes gremios comenzaron a sondear la posibilidad de rubricar acuerdos con grandes bancos para depositar allí los fondos de los obras sociales” (La Nación, 17/1). La preocupación de los burócratas es “que se cumpla con el ‘Pacto Negro' sellado cuando los diputados obreros (sic) admitieron las leyes laborales a cambio de los bonos que licuarían las deudas de las obras sociales” (Ámbito, 4/2). Para la UOM, por ejemplo, significa la friolera de 40 millones de dólares. La reforma de Obras Sociales, contemplaría un período de 18 meses para “sanear” las mismas y permitir la asociación con grupos capitalistas. Catástrofe para los jubilados Para los jubilados el nuevo sistema de Obras Sociales significará una verdade­ra catástrofe. Al pasar en masa al “régimen de atención básica” perderán un sinnúmero de prestaciones que hoy incluye el PAMI sin pago de ningún adicional como cuidados intensivos, estudios de alta complejidad, rehabilitación, materiales descartables, asistencia social, reintegros, etc. Siendo una población “de riesgo", es decir, con mayor incidencia de enferme­dades y por lo tanto con mayor necesidad de cobertura, el nuevo sistema implica dejar directamente sin salud a la población de la tercera edad. Este proceso de liquidación del PAMI está en marcha. Para eso se transfirieron sus recursos a empresas intermediarias, manejadas por camarillas de sanatorios privados, encargadas de contratar los servicios. La medida fue tan escandalosa e ¡legal que obligó a que Araoz y Matilde Menéndez a anular los contratos a pesar de lo cual dichas empresas siguen operando mediante convenios que prorrogaron su vínculo con PAMI. El nuevo directorio de PAMI, cuya función, a la luz del nuevo proyecto, es liquidar el Instituto, cuenta en sus filas con miembros destacados de la Coordinadora de Jubilados y miembros del Partido Comunista, que actúan como apañadores de esta política de liquidación de la salud de los jubilados. P.M.

Una importantísima deliberación inter­na recorre a la Juventud Radical. Esto se puso en evidencia en el reciente plenario que Franja Morada acaba de realizar en Viedma con la asistencia de más de 200 delegados de todo el país. La relevancia del debate, que se pro­longó durante tres días, reside en el carác­ter de los planteamientos y definiciones que afloraron en el evento. Los jóvenes radica­les denunciaron la inmovilidad de la UCR y no ahorraron críticas frente a la totalidad de los referentes de la UCR que “piden proli­jidad para este modelo económico de exclusión social o directamente lo apoyan” (Página 12, 11/2). Los palos no sólo fueron dirigidos a los que identifican como el ala "conservadora” partidaria de Angeloz y De la Rúa —que era la postura tradicional de la J.R. hasta el momento— sino que, esta vez, se hicieron extensivas al alfonsinismo y a la izquierda radical. Esto se puso particularmente de mani­fiesto a la hora de abordar la cuestión uni­versitaria. ‘El compromiso de los rectores con el Poder Ejecutivo para realizar la reforma administrativa de las casas de altos estudios en el marco de la Reforma del Estado también provocó duras críticas de los militantes’' (Ídem). Fue infructuoso el intento del rector de la UBA Schuberoff, presente en el plenario, por convencer a los jóvenes de respaldar la política radical de adaptación y sometimiento al menemismo. Los rectores provenien­tes mayoritariamente del riñón alfonsinista de Fredy Storani, vienen apoyando la arancelización, los exámenes de ingreso y el “desguace” de la Universidad. El rector de la UBA hizo una defensa integral de esta conducta frente a un auditorio que conclu­yó por darle la espalda. “Si la universidad — afirmó Schuberoff— lo único que hace es asumir una actitud contestarla, pero mientras tanto seguimos igual, en poco tiempo nos quedamos sin universidad”. Planteó además "la posibilidad de instru­mentar aportes voluntarios (que es lo que ya se viene aplicando en Córdoba y que fue rechazado, precisamente por la Franja, como una arancelización encubierta) y advirtió sobre “el riesgo de terminar defen­diendo una caja vacía, la gente se está yendo” (ídem). La definición de los delegados avanzó hacia un cuestionamiento de conjunto del partido radical. “El partido está lejos de ser una organización: la diputada Ángela Sureda, vicepresidente de la Comi­sión de Educación, apoya el ingreso irrestricto, defiende el arancelamiento y el radicalismo no abre la boca. SI se respetaran las instancias orgánicas le tendría que decir váyase o revea sus posturas”, sostuvo un delegado. El Encuentro habla por sí solo de la crisis que recorre el radicalismo. El proble­ma de la UCR es que, aunque pretenda explotar su condición de oposición, es menemista porque éste es el punto de vista actual de la burguesía nativa y el imperialis­mo. En todos los momentos políticos decisi­vos, como ocurre, ahora, con la reforma tributaria y previsional, la UCR ya ha dado su compromiso de facilitar el rápido trata­miento y aprobación de estas leyes en d Congreso, tal cual lo viene reclamando el Fondo y el gobierno norteamericano. Estas posiciones de la juventud radical le plantean a los jóvenes radicales un dilema: la fidelidad a las reivindicaciones estu­diantiles y populares que reclaman defen­der o la fidelidad a la UCR. Lo que resulta claro es que la bigamia no funciona, por lo menos en política.

El corazón de la camarilla menemista ha sido sacudido nuevamente por las denuncias de corrupción. Se trata, esta vez, de Armando Gostanián, presiden­te de la Casa de la Moneda o “el gordo b…", según la particular definición de su “amigo” Carlos Menem. Gostanian está acusado de emisión duplicada de billetes (con la misma nu­meración), irregularidades en la impre­sión (excesiva “merma" o descarte de papel en la impresión de billetes) y hasta de la emisión de billetes ilegales, los famosos “menemtruchos". Se trata, obviamente, de un gigantesco negociado “particular Gostanián es un auténtico retrato del régimen político o sea de su descomposición. Su única “aptitud" para desempeñar un papel clave en la es­tructura del Estado —así como también hasta para hacer la apología de sus violaciones de la ley— es su “amistad” con el presidente. En un régimen que gobierna por de­creto, la camarilla está fuera de todo control, y “se controla a sí misma”. Así fue como Gostanián obtuvo, en menos de 24 horas, una declaración de inocencia de la menemista Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Sin embargo, Gostanián está “bajo fuego" porque pertenece a una cama­rilla en extinción, la de los Yoma, Vicco, Spadone, etc., golpeada por la embaja­da norteamericana. La campana “moralizadora" con­tra Gostanián se desató varios meses después de los “curros” pero exacta­mente en las vísperas de la privatiza­ción de la Casa de la Moneda. Se trata, por lo tanto, de un arma de otra camarilla para desplazar a la “competen­cia”. El indudable origen oficial de las denuncias contra Gostanián, además de la “antigüedad” de las acusaciones (datan de julio-setiembre del año pasa­do) revelan que en las altas esferas menemistas se ha abierto una nueva y violenta lucha por el poder o, lo que es lo mismo, por el monopolio de las coi­mas de las privatizaciones y negocios que surgen a la sombra de la Rosada. Se trata, por eso mismo, de un síntoma de la crisis política.

“El Informador Público” —un vo­cero pro-riquista— dice en su edición del pasado 21 de febrero que Rico “consolidó un presunto pacto con Eduardo Duhalde gracias al cual su agrupación no se convertirá en un agresivo fiscal de la gestión peronis­ta en Buenos Aires y, como contra­partida, la administración duhaldista facilitaría que hombres cercanos a Rico accedan a cargos intermedios en la administración provincial y de varías importantes comunas del Gran Buenos Aires”. En otras pala­bras, los riquistas dicen que están dis­puestos a callarse la boca de los "cu­rros”... siempre y cuando obtengan una tajada de ellos. ¿Todo esto no desnuda la impotencia, el oportunismo y la impostura del “nacionalismo" riquista? Aunque “El informador Público” no lo diga, el acuerdo naturalmente va más allá de la provincia de Buenos Aires porque encaja con los reiterados anuncios de Duhalde de intentar llevar adelante la reforma constitucional —y la reelección de Menem— sin pasar por una negociación con la UCR. Es decir, que Rico no sólo es un “duhaldista" sino, por sobre todo, un “menemista”. El acuerdo Duhalde-Rico tiene un antecedente reciente en el voto de los diputados provinciales riquistas —junto con los del PJ y la Ucedé— a la ley que pasa “a disponibilidad" a decenas de miles de empleados provinciales y municipales bonaerenses, paso previo a su despido liso y llano. Gracias al despido de miles de empleados, do­centes y enfermeras, las finanzas mu­nicipales y provinciales permitirán la continuidad —y aún el engrosamiento—de los fabulosos negociados de los contratos municipales y las concesiones fraudulentas. El voto de Rico a la ley de despido manifiesta su dependencia de la “patria contratista", lo que se pone en evidencia aún más cuando lo que espe­ra obtener de su acuerdo con Duhalde es la ubicación de sus hombres “en importantes comunas del Gran Buenos Aires”, naturalmente, para “favorecer" a sus “clientes".

El gobierno efectuó un reconocimiento de la deuda que mantiene con tos jubilados al 19 de abril de 1991, por un monto total, de 7.000 millones de dólares. Este reconoci­miento como es sabido se pagará en bonos a 7 y 10 años, que no pagarán intereses durante los 6 primeros años. Sin embargo, el secretario de Previsión Social, Walter Schultless para "fundamentar” el proyecto oficial de dero­gar el 70-82% móvil dijo que mensualmen­te las Cajas abonan a los actuales jubilados haberes inferiores por un total de 300 millo­nes de dólares, es decir, unos 3900 mitones de dólares anuales. Esto significa que el re­conocimiento de deuda por 7000 millones de dólares es un fraude porque las deudas con tos jubilados se arrastran desde hace ocho y diez años. A razón de 3900 millones de dólares anuales, esa deuda debería rondar entre ¡30 y 40 mil millones de dólares! El “reconocimiento menemista" le roba a los jubilados las tres cuartas partes de la deuda Por eso en el formulario de reconocimiento de deuda, se dice que la firma del jubilado implica que acuerda con el monto reconocido y renuncia a todo tipo de reclamo futuro. Disfraces La grosera estafa gubernamental se pretende presentar maquillada y disfrazada de “ofrecimiento objetivo”. Los cálculos de deuda —aduce el gobierno— fueron “efectuados por tos computadoras del ministerio”, como si a esas máquinas las hubieses cargado de datos el Espíritu San­to, y no el señor Schultiess, el mismo que reconoció una deuda anual de 3900 millo­nes, cuando ese dato le convenía para derogar el 82%. La forma de pago de esta deuda es una variante delictiva, contenida en el Código Penal bajo el capítulo de las estafas, en este caso agravadas por ser funcionarios públi­cos. En la “propuesta" del gobierno el jubi­lado tiene que “optar” por cobrar en pesos o en bonos a valor pesos o dólar o una fórmula mixta. En pesos, el jubilado cobrará al contado sólo si se le deben menos de 100 pesos o —si la cifra es superior— de lo que le toque, luego de que el congreso vote una partida de dinero, cada año, para ese fin. Para este año votó 120 millones de dólares, lo que equivale un promedio entre ¡¡5 y 10 pesos por mes!! Para cada jubilado que opte por el cobro en pesos. Si en lugar de esta miseria se opta por bonos, se comenzará a cobrar dentro de seis años y ello, aún, en parte (intereses). A esto se agrega que, en el caso del bono dólar, el gobierno cotiza cada dólar a menos de un peso, es decir que no respeta ni la mentada “convertibilidad”. Otra estafa. Chantaje En cualquiera de las variantes el jubilado ha sido puesto ante un chantaje. Cualquie­ra de las opciones importa un desfalco, sea por cuenta gotas del cobro en pesos o la suma en bonos, a cobrar dentro de añares. A esto último, el gobierno le contrapone que los bonos se podrán vender anticipadamen­te, claro que al valor que fijen los pulpos bancarios, que nunca pagarán —según se anuncia— más del 30 o 40 por ciento del valor de la deuda. Además, Cavallo anunció ahora que por las deudas de abril de 1991 a abril de1992, emitirá un nuevo bono. Es decir, el pago en bonos se ha convertido en el “mecanismo permanente de pago” a los jubilados. “¡Si, quiero cobrar!” Con este título el gobierno publicó una solicitada (2112) en donde advierte que la no presentación o la presentación da sus formularios da reconocimiento da te deuda con condicionamientos, reservas o agregados se considera “exclusión del cobro", lisa y llana. De este modo se vino a tierra toda la estrategia de la “Mesa Coordinadora de Jubilados”, que en lugar de llamar a inves­tigar, primero que nada, el origen trucho de la forma en que el gobierno calculó la deuda, y a movilizarse para repudiar el reconoci­miento chantajista se dedicó a aconsejar "leguleyadas " a los jubilados, llamando a poner “sellos” con “reservas” o “agregados”. El gobierno ya ha tirado esas “sutilezas” jurídicas al tacho de basura, lo cual no impide que los hombre de la “Mesa” desig­nados en el Pami, sigan colaborando con los estafadores. ¡Movilización! Es necesario entonces poner en pie de urgente movilización a todos los jubilados para organizar la resistencia a este chantaje miserable. Hay que exigir la formación de una Comisión de control de Jubilados de tas computadoras del Ministerio de Bienestar Social, para que se efectúen los cálculos correctos de toda la deuda. Hay que exigir el pago íntegro y el cumplimiento del 82 por ciento móvil (¡Nada de bonos y de bonos sobre bonos!). Como ya ocurriera con el decreto 648 de Alfonsín, con los famosos “pagos en cuo­tas" de Menem y demás maniobras dilato­rias, ninguna de estas promesas se cum­plieron (¡ni aún con quitas!) ni solucionaron la situación de los Jubilados. Sólo la movili­zación y organización de tos jubilados junto a todo el movimiento obrero logrará derrotar esas maniobras. Hay que seguir por ese camino.

El robo de las contribuciones y aportes jubilatorios —pronosticado hace dos meses por Prensa Obrera — fue confirmado por Cavallo en la conferencia que convocó de urgencia para precisar” el anuncio que horas antes había hecho su segundón Walter Schulthess. Cavallo fue muy claro en que los trabajadores menores de 45 años pasarán compulsivamente a un régimen jubilatorio privado con derecho a una jubila­ción oficial asistencial (125 pesos), pero sin que se transfieran a las futuras cuentas privadas las contribuciones y aportes efec­tuados hasta ese momento al actual régi­men público. De este modo, un trabajador de 45 años se jubilará con un haber total equivalente al 30% de su salario, precisa­mente porque no le reconocerán los aportes y contribuciones de sus 27 años anteriores. El Cronista (miércoles 26) calculó que “un trabajador de 45 años que gana 500 pesos mensuales, a los 65 años, se jubi­laría con un haber público de 125 pesos y un haber privado de $ 77.=, lo que hace un total de $ 202. Quienes perciben un sueldo de $ 1.000 se jubilarán con un haber público de 125 pesos y otros priva­do de $ 155, un total de $ 280”. Las jubila­ciones como se ve oscilarían entre el 28 y 40% del salario, una cifra inferior al misera­ble actual haber medio que está en el 40% del sueldo medio. ¿Y los mayores de 45 años? Seguirán en el régimen actual pero derogándose la garantía de un haber equivalente al 75/82% móvil, desconociéndose las contribuciones y aportes patronales hechos en su nombre. La anulación del 82% fue confirmado por Jorge Matzkin, titular de la bancada de dipu­tados justicialistas, el domingo pasado en Clarín. Entonces los mayores de 45 años recibirán, cuando se jubilen, un haber asistencial como el que hoy perciben los jubila­dos, a quienes en los hechos no les recono­cen el 82% móvil. ¿Y los jubilados? Seguirán cobrando el haber mínimo, de 150 pesos, por la sencilla razón de que el dúo Cavallo-Schulthess sostiene que las jubilaciones dependerán de la marcha de la recaudación previsional. Pero sucede que los que proponen robarse los aportes también impulsan la caída de la recaudación previsional porque el aporte del 10% de los trabajadores menores de 45 años dejará de ir a las Cajas oficiales para engrosar las arcas de las compañías de seguro. “De este modo —dice El Cronista (26/2) — el actual régimen previsional público dejará de percibir esos 4.500 mi­llones de dólar (anuales)”. Un robo descarado El desconocimiento de las contribuciones y aportes jubilatorios es un robo descarado, Schulthess justificó su propuesta delictiva con el argumento de que el dinero se había evaporado en el “agujero negro del siste­ma previsional y que el Estado, además, carecía de registros de la deuda. Sin embar­go, rapidito, Schulthess estimó lo que se pretende desconocer en 65.000 millones de dólares, algo que resulta imposible de cal­cular si se carece de registros. La ausencia de registros oficiales carece, sin embargo, de importancia. Tampoco hay registros de la deuda externa por lo que asistimos ahora al bochornoso espectáculo de que el Banco Central le demandará un año verificar los títulos y bonos presentados por Iberia por la compra o el regalo de Ae­rolíneas. Los trabajadores y las empre­sas tienen recibos de sueldos, certifica­dos de trabajo para reconstruir el “archi­vo perdido” de Schulthess. Surgirá de esos comprobantes que la deuda supera holgadamente los 150.000 millones de dólares. En relación a los fondos que se evapora­ron, habría que formar una comisión inves­tigadora independiente que determine cómo y quienes fueron sus beneficiarios y rematarles sus bienes y confiscarles sus propiedades y activos. Tampoco los fondos que originaron la deuda externa están en las arcas del Estado y, sin embargo, se armó una verdadera sangría popular para cumplir con una deuda fraudulenta y usuraria. En el caso de los aportes y contribuciones jubilatorias habría que registrar los fondos apor­tados, debidamente capitalizados, como un reconocimiento de deuda a efectivizarse al momento del retiro. El proyecto delictivo oficial lógicamente es ilegal porque significa una estafa. Consciente de esto, Schulthess sostuvo que no lo era (“no es una estafa”, Clarín 21/2), porque “la ley de jubilaciones no recono­ce obligaciones hasta el momento de la jubilación”, según la particular visión del apologético del robo. Pero el experto previ­sional está equivocado. Los aportes y con­tribuciones son propiedad privada de los trabajadores, además de tener un "bene­ficio adquirido" (el 82% móvil), pues en eso consiste precisamente el derecho previ­sional. Los trabajadores, desde que ingre­saron al primer empleo, fueron obligados a contribuir al sistema previsional, sobre la base de que recibirían al momento de jubi­larse el 82%. Un abogado especialista pre­visional escribió en La Nación que si se aprobara el proyecto “se estarla ejercien­do de una manera discrecional e ilegítima un acto que excede las facultades de la administración y que constituye un avasallamiento de claros derechos constitucionales de los afiliados, ello aun cuando se dictara una ley, ya que ésta serla manifiestamente inconstitu­cional” (21/2). En síntesis, los autores del proyecto y los que lo voten deberían ir en “cana”. Cinismo Cavado, en la conferencia de prensa, sostuvo que se reconocerá la antigüedad de los años aportados, lo cual no quiere decir absolutamente nada, porque lo único que interesa para determinar el monto de la jubilación es la cantidad de dinero acumula­do por cada trabajador por sus contribucio­nes y aportes. La antigüedad es un elemen­to, el otro es tener la edad para el retiro, para acogerse a la jubilación (30 años de traba­jo), pero el haber no está en función de la antigüedad sino de los aportes (dinero) acumulados. Con toda la intencionalidad, propia de los que pretenden consumar un delito, Cavallo anunció el reconocimiento de los años aportados, lo cual es una confesión de que pretende desconocer los aportes hechos durante esos años. El PARTIDO OBRERO propone a los trabajadores y jubilados organizar un único movimiento contra esta reforma estafadora sobre la base del programa que enuncia­mos en la portada de esta edición.

A pocas semanas de anunciar que la infla­ción de todo el año no superaría el 6%, Cavallo reconoció que la mitad de ese porcentaje se registró solamente en enero. Con el 2% de febre­ro se alcanzará la “meta" de todo el año. Con estos índices y a este ritmo. Argentina “vuelve a perder peso". Sin embargo, es sabido que la ca­restía de los alimentos, remedos y otros produc­tos de consumo popular no fue del 3% sino del 10-20%, pero además, como el gobierno se dis­pone a “garantizar la rentabilidad" de los pró­ximos servidos a privatizarse (gas, electricidad, obras sanitarias) otra oleada de “tarifazos” continuará empujando la inflación, además de un nuevo “ajuste" telefónico, Por otro lado, es inminente la rediscusión de los “acuerdos de precios" que Cavallo firmó con los grandes grupos capitalistas al comienzo de la convertibi­lidad, lo que elevará aún más la carestía Algunos economistas dicen que el 3% de enero “no es dramático” comparado con la altísima inflación que prevaleció en los últimos años, pero si se recuerda que al lanzar su plan, Cavallo anuncio que los precios retrocederían un 45% —es decir a (os niveles de mayo de 1990— y que en vez de esta “deflación " se registró una carestía del 25%, la inflación de la "conver­tibilidad'' es del ¡127% en dólares! Despiste Cavallo recurrió a interpretaciones de todo tipo para justificar la inflación de enero. Primero dijo que se debió a “factores estacionales”, luego a causas “internacionales”, después a la “insuficiencia de la oferta'’, luego a la “mejora del poder adquisitivo” que habría provocado un incremento de la demanda. Tantas explicaciones revela que el propuesto para el Nobel de Economía no sabe dónde está parado. Por su­puesto el ministro repitió este cuento de la “infla­ción de demanda” para volver a señalar que el aguinaldo produce carestía y que es necesario fraccionarlo. Como los trabajadores serían los culpables de la inflación también alertó contra la “indexación salarial”, insistiendo en que la “sa­lud" de la convertibilidad depende del sufrimien­to de los asalariados. Cavallo destacó que piensa corregir el “des­borde inflacionario" de enero con medidas “desregulatorias” como la mayor apertura de importaciones (que solo refuerza la perspectiva de déficit comercial) o los subsidios a las expor­taciones (que sólo reducen la recaudación de impuestos), lo cual agravarían el cuadro de la crisis económica y del propio plan. Lo que obviamente no puede reconocer Cavallo es que su plan es estructuralmente inflacionario, y que por lo tanto no tiene en sus manos ninguna mecida para frenar la suba de precios. La convertibilidad se sostiene en el in­greso de capitales golondrinas que aportan los fondos de inversión internacionales, que vienen hada Latinoamérica para lucrar con la valoriza­ción de las acciones o las propiedades. Esta inflación bursátil e inmobiliaria (200%) —que sostiene el gobierno mediante el endeudamiento externo, el incremento de las reservas en divisas como garantía de los préstamos y la gran emisión monetaria— provoca una inflación generalizada de los demás precios. Por eso cuando Cavallo afirma que no hay razones inflacionarias estruc­turales revela una completa ignorancia en mate­ria económica. El financiamiento de la especulación bursátil e inmobiliaria y la creación inflacionaria de reser­vas explican la gran emisión de pesos que el ex ministro Alemman interpreta como la causa y no el efecto del actual “rebrote inflacionario”. Cavallo, en cambio, dice que la emisión no le preocupa porque habría logrado superávit en las cuentas públicas y el dinero creado al no desti­narse a solventar el déficit fiscal no generaría inflación. Simplemente oculta con esta afirmación que el superávit está totalmente dibujado, que el déficit acumulado es creciente y descomunal, y que cuando se agote el refinanciamiento con créditos volverá a tener un impacto inflacionario. Hasta ahora la emisión mensual varias veces superior al incremento de los precios no tuvo un efecto mayor sobre los precios porque es absor­bida por los circuitos especulativos. Una vez saturado este ciclo toda la creación inflacionaria de dinero repercutirá con mayor fuerza en los precios de consumo popular. En todas las salidas que discuten los econo­mistas de la burguesía para contener el ascenso de precios —y que dividen al propio equipo de Cavallo —el remedio es peor que la enferme­dad Un sector reconoce que no hay forma de parar la inflación y propone convalidarla median­te la devaluación del peso, para salvar a los exportadores de la pérdida que ocasionaría el continuado ascenso de los precios con el dólar fijo. Pero si se devalúa la convertibilidad queda sepultada en la misma tumba que el Austral, y Cavallo se acabó. Otro sector propugna frenar la inflación mediante la venta de dólares acumu­lados en las reservas. Pero esta medida produciría una revalorización del peso, agravando la caída de exportaciones y la perspectiva de déficit comercial, además de re valorizar en forma ficti­cia en dólares las acciones y la propiedad. Final­mente Cavallo es partidario de no hacer nada, pero no porque ese sea el remedio sino porque está parado sobre un barril de pólvora. Las tres alternativas que la burguesía discute trente a la Inflación en curso son tres salidas de crisis, todas ellas inflacionarias.

El sector mayoritario de la comisión directiva del SOETC (Sindícalo de Telefónicos de Córdoba) desplazó de las se­cretarias y de la comisión directiva a cuatro de sus miembros: tos compañeros Guillermo Gómez (secretario de Orga­nización) y Claudio Sosa (vocal) ambos de la Lista Naranja, y a Norberto Piñón (secretario gremial) y Víctor Varas (vo­cal) estos dos de la Lista Verde (Mas)- La medida se completa con la pretensión de convocar a una asamblea para expulsar del gremio a tos compañeros Gómez y Sosa, con el argumento de haber sido desleales al resto de la Comisión Directi­va al hacer puerteo su rechazo a la Memo­ria y Balance que la conducción llevó a votación en una asamblea del 22/11 91. Los compañeros actuaron lealmente con tos trabajadores telefónicos al de­nunciar tas evidentes irregularidades que existen en el manejo de las finanzas sin­dicales. La acción del grupo mayoritario de la conducción es una violación expresa a la voluntad de los telefónicos que han vota­do a los compañeros hoy “sanciona­das" para que ocupen esas secretan as, y que bajo ningún punió de vista han revocado esa decisión. El secretario general, Daniel Sánchez (PC), y el resto de tos miembros cómplices con estos hechos han superado con su procedi­miento a tos antecesores en la conduc­ción del sindicato, la repudiada burocra­cia de Venencia, la cual fue barrida en las últimas elecciones justamente por su carácter patronal, por su permanente violación a la voluntad de las bases, por haber convertido al gremio en un coto para sus propios negocios y chanchuyos alejando a los trabajadores de cualquier control sobre sus actos. La actual con­ducción (de mayoría “izquierdista”) no sólo ha heredado todas las característi­cas de sus predecesores, sino que además comete un verdadero fraude ya que fue elegida, justamente, contra toda esa política Lejos quedaron las pretensio­nes de pluralismo (invocadas de pala­bras una y otra vez), tos "pluralistas” han actuado con la política del partido único, de la persecución stalinista To­dos estos evidentes signos de burocra­tización e inclusive de descomposición (¡la plata está en el centro de la “polémi­ca”!) tienen obligadamente su expre­sión en la política general del gremio. La conducción carece de una política de discusión de los salarios, o mejor dicho, está adaptada totalmente a la patronal y a la FOETRA nacional: mientras tanto algunas secciones debieron emprender la lucha por el salario a través de quites de colaboración o trabajo a desgano. La conducción se ha reservado el rol de negociador y de responsable de las rela­ciones públicas, mientras tos trabajado­res deben organizar y llevar adelante sus propias acciones (entonces, ¿para que “corno” está la "conducción”?). El intento de expulsión de los com­pañeros de la Naranja y el desplaza­miento de los miembros de la comisión Directiva responden a la pretensión de congraciarse frente a la patronal y a la burocracia de FOETRA, a la par que asegurarse un manejo discrecional del aparato sindical. Algunas secciones han comenzado a pronunciarse en petitorios contra las ilegales y antiobreras resolu­ciones de la mayoría de la Comisión Directiva Ese es el camino. El Mas y el PC se tienen que pronunciar La actual comisión directiva del SOETC está integrada por miembros del PC, del Mas y del PO. El intento de expulsión de tos compañeros del PO (Gómez y Sosa) está federado por el secretario general del gremio, Daniel Sánchez, que es miembro del Comité Nacional del Partido Comunista (elegido en el 17° Congreso). El Partido Co­munista ha hecho oídos sordos a los reiterados reclamos del Comité Provincial del PO de que hiciera público su repudio a la determinación arbitraria y antidemocrá­tica de sancionar a los compañeros y se juzgara la conducta burocrática y propatronal de Sánchez. En el caso del Mas, la agrupación que responde a ese partido (Lista Verde) repartió volantes en el gremio repudiando el intento de expulsión y el quite de las secretarías (incluida la dirigida por ellos). Sin embargo, uno de sus dirigentes (y vocal de la CD) concurrió a una reunión de Comisión (citada a espaldas de los miembros de la Naranja) y firmó el acta de la misma convocando a una asamblea cuyo temario en el segundo punto es el pedido de expulsión de los compañeros Sosa y Gómez. El compañero firmante invocó más tarde un “error” que, sin embargo, el Mas y el compañero se negaron a reconocer públicamente, lo que abre la sospecha de que pretenden salvarse de ser expulsados por Sánchez si dejan pasar la expulsión de los compañeros del PO. Las direcciones del Mas y del PC de Córdoba se han hecho cómplices de la burocratización y descomposición de la actual directiva del SOETC, revelando como entienden que se deben “recuperar los sindicatos de manos de la burocracia”. Las direcciones del Mas y del PC deben pronunciarse.

El gobierno acaba de anun­ciar su decisión de descono­cer los aportes jubilatorios que corresponden a los traba­jadores en actividad. Se trata de la mayor confiscación de propiedad privada de toda la historia del país. El anuncio oficial esconde, sin embargo, el 90 por ciento de la verdad. Es que el pro­yecto de ley respectivo expro­pia no solamente los aportes de los trabajadores menores de 45 años, sino todos los aportes sin excepción. Los que tengan más de 45 años deberán retirarse, a los 65 años de edad, con una jubila­ción asistencial de 125 pesos por mes, que equivale al 25 por ciento del salario, y no con una jubilación que correspon­da a la capitalización de los aportes efectuados durante la vida productiva. La otra verdad que se ocul­ta es la confiscación de los aportes patronales que se han efectuado a nombre de cada trabajador. El gobierno estimó los aportes de los tra­bajadores menores de 45 años en 65.000 millones de dólares; si a esto se suma la confiscación de los aportes patronales y la confiscación de las contribuciones de los mayores de 45 años, la con­fiscación global supera los 200.000 millones de dóla­res. A los banqueros internacio­nales, a los Techint, Pérez Companc o Bridas, la dupla Menem-Cavallo les reconoce una Deuda Externa Usuraria; al pueblo argentino, ese mis­mo Estado Capitalista le des­conoce una Deuda Legítima. El Congreso argentino se apresta a convalidar este cri­men social, porque es un simple títere de los capitalis­tas y porque los “honora­bles” legisladores han toma­do cuidado de que no se afec­ten sus jubilaciones de privile­gio. Pero este delito social no termina aquí, ya que de aquí en más los trabajadores (menores de 45 años) estarán obligados a entregar un aporte jubilatorio del 10% del salario a Cajas Privadas, pero perdiendo el beneficio del aporte patronal. Es decir que millones de trabajadores ar­gentinos quedarán converti­dos en el único sector del país que no podrá hacer con su plata lo que le venga en gana, pues deberá entregarla compulsivamente a una Caja privada, que por la sola “gestión” de ese Fondo se quedará con el 20% de los aportes. Ni qué decir de la plata que se embolsarán “bajo cuerda” manejando los cinco mil millones de dólares anuales que suman esos aportes. Con el exclusivo aporte obrero, la jubilación podrá lle­gar para la inmensa mayoría a apenas un 30% del último salario (¡inferior a lo que gana el jubilado de hoy!). Sustraído este aporte obrero a las actua­les Cajas del Estado, las jubi­laciones corrientes seguirán siendo de menos de un palo y medio. Dos puntas tienen el camino capitalista, una pri­vada y otra estatal, pero ambas son de miseria. El Partido Obrero exige: Reconocimiento integral de la propiedad privada de los trabajadores sobre los aportes y contribuciones efectuados a su nombre: que se abra una cuenta personal para cada trabajador donde se registren los aportes pa­tronales y los propios hasta la fecha, más los debidos inte­reses capitalizados. Esta cuenta quedará como un re­conocimiento de deu­da por parte del estado. Una Jubilación equivalente al rendimiento de la cuenta de cada trabajador, que nunca podrá ser inferior al 82% del último salario. Gestión obrera democrá­tica de las Cajas de Jubilacio­nes, con representantes ele­gidos y revocables mediante el voto anual. Jubilación a los 60 años para el hombre y 55 años para la mujer. Estas medidas deben ir acompañadas de la renuncia inmediata del Secretario de Seguridad Social, Walter Schulthess, y del presidente del Mercado de Valores, Mar­tín Redrado. Este último es un ex funcionario de los Fondos de Inversión norteamericanos y ha sido puesto en el gobier­no para llevar adelante el plan criminal mencionado. Es el hombre de las Cajas Priva­das y de los grandes espe­culadores bursátiles. Un pueblo que no defiende sus derechos y el fruto de su esfuerzo corre el riesgo de vivir para siempre esclavo. 20/2/92