Prensa Obrera N° 347

Desde el 25 de noviembre hasta el 10 de enero los militantes del Partido Obrero apelarán a los trabajadores, a los explotados, a la ciudadanía democrática para que ayuden a sostener financieramente la actividad del PARTIDO OBRERO. El PO realiza su Campaña financiera anual. El PO viene librando una dura lucha política contra este gobierno y la coalición política-empresaria del gran capital nativo e imperialista que lo apoya. El PO levanta tribunas y denuncia ante los trabajadores, en las barriadas, puertas de fábrica, colegios la falsedad de la propaganda capitalista. Desnuda los intereses de clase que se ocultan tras las políticas “privatizadoras” y “desreguladoras” y plantea un eje de reagrupamiento político clasista para los trabajadores. El PO participa en primera línea de todo combate que libran las masas contra este régimen antiobrero (Hogar Obrero, Banco Nación, Petroleros de Salta, Movilizaciones contra la Transferencia Educativa, etc.) constituyendo la fracción de lucha más consecuente y reagrupando en torno a su orientación política a los mejores elementos de la vanguardia obrera y estudiantil. En el reciente proceso electoral la firmeza de nuestra lucha ha convertido al PO en varias provincias en la primer fuerza electoral de la izquierda entre los trabajadores (Salta, Tucumán, Neuquén, Santa Cruz, etc.) superando a las corrientes democratizantes y frente populistas de izquierda. El PO quiere producir un reagrupamiento socialista revolucionario, luchando contra el oportunismo democratizante que inficiona las filas del movimiento obrero y antimperialista. Acaba de editar una revista teórica, que —como su nombre lo indica: “En defensa del Marxismo”— libra una aguda lucha ideológica y política contra el revisionismo. Queremos su apoyo para profundizar este rumbo, para construir en torno al PO una gran oposición obrera, socialista, revolucionaria de las masas contra este régimen capitalista que en su crisis amenaza con hundir a toda la nación en el abismo. Aporte compañero y súmese a la Campaña Financiera del PARTIDO OBRERO. “Una campaña política para construir el partido revolucionario” “La Campaña Financiera es por sobre todo una campaña política — nos dice Mario D., responsable del local de Saavedra (Capital)- en la cual la totalidad de los organismos del Partido concentran su actividad en un objetivo central: apelar directamente a los trabajadores y a otras capas explotadas para el SOSTENIMIENTO ECONOMICO DEL PARTIDO OBRERO". Respecto a su efectividad, Mario D. nos responde: “Las campañas Financiera son una tradición clasista de sostenimiento de los partidos obreros que los trabajadores y luchadores democráticos respetan”. El sábado pasado se realizó un Plenario del local de Saavedra, hace poco inaugurado en el centro de la barriada. Allí los compañeros debatieron y aprobaron un plan de trabajo que se basa en "dos principios elementales: 1) Apelar, políticamente, sin reservas a los trabajadores; 2) lograr la movilización partidaria más enérgica posible”. Doce militantes aprobaron un plan que consiste en primer lugar en dar cada uno su propio aporte, que no sería menor al 10% de sus aguinaldos. En segundo lugar decidieron dirigirse a un padrón de más de 80 trabajadores que son simpatizantes —adherentes a la orientación partidaria. “Esta es la periferia más afín, la que se moviliza a actos, marchas y diversas convocatorias de lucha que hace el Partido y con la que combatimos en la mayoría de los casos cotidianamente contra el gobierno y los explotadores”, nos dice Mario. Se destacan en ella particularmente los trabajadores municipales y docentes. Tercero: los compañeros se propusieron realizar una “colecta" en profundidad sobre ciertos frentes donde el Partido viene desarrollando una actividad sistemática. “En primer lugar, está el barrio de Saavedra. Allí tenemos un padrón de 50 vecinos que durante las recorridas que hicimos durante la campaña electoral y en la agitación cotidiana han recibido nuestra prensa. Nos proponemos visitar íntegramente este padrón con la consigna de que se conviertan en aportistas sostenedores de nuestro local”. Para el sábado 30 los militantes de Saavedra harán una “jornada" de recorrida sobre este padrón barrial. “La semana que viene les informamos el resultado de esta actividad política". “En segundo lugar, concentraremos la realización de una colecta en el Cuba, un técnico de la zona, que está a la cabeza de la lucha contra la transferencia". "Estas colectas no son indiscriminadas, ni anónimas, están basadas en un padrón de simpatizantes, compañeros que no vienen a marchas y actos partidarios, y que en esos frentes simpatiza con la lucha que impulsamos y la orientación política partidaria” agrega Mario. Tercero y cuarto. Se realizarán dos colectas en Talleres Centrales y el Hospital Fernández, dos frentes de actividad partidaria. En ambos, hay planificados entre media y una docena de aportes de simpatizantes ligados al Partido. Ahora se quiere obtener con la ayuda de estos “aportistas” la adhesión de una masa más amplia de compañeros. Para ello se recorrerán las secciones y se hará un debate explicando la necesidad de aportar para la construcción de un gran Partido Obrero “La Fiesta Central del sábado 14 de diciembre —organizada por el Comité Capital- fue tomada con entusiasmo por el plenario” nos dice Mario “Nos planteamos movilizarnos con un micro” y “llevar todo”. “En función de estos objetivos nos fijamos dos reuniones semanales en el local: los miércoles y los sábados, en este caso luego de las “jornadas" sobre el barrio y con una charla abierta en el local”. Los simpatizantes que quieran colaborar pueden acercarse al local, García del Rio 4210, frente a la estación Saavedra del Ferrocarril Mitre, a las 18 horas.

Poco antes del inicio del 1° Congreso del partido, el Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores, reunido en el lugar donde se realizó el Congreso resolvió el veto a los delegados pertenecientes a Causa Operaria. La decisión violó las normas establecidas por la propia dirección petista, que establecía como única condición para participar en el Congreso que los delegados hubieran sido elegidos por las convenciones estaduales y municipales del partido, y se sumó a un conjunto de arbitrariedades cometidas por la dirección petista con el objetivo de impedir la presencia de Causa Operaria en el Congreso del partido y en el propio PT. Corriente fundadora del PT, hace once años, Causa Operaría fue la única de las corrientes petistas no reconocidas oficialmente por la dirección del partido como una de sus tendencias internas. En el período de preparación del Congreso petista la corriente fue blanco de una campaña de persecución política comparable a las depuraciones stalinistas. En varios estados dirigentes y militantes de esa corriente fueron despojados de sus puestos dirigentes en el PT e impedidos de participar de las convenciones locales, siendo varios de ellos expulsados del PT. Cumpliendo las normas impuestas por la dirección, Causa Operaría inscribió para el 1° Congreso una tesis con más de 300 firmas de afiliados del PT. La publicación de estas tesis fue vetada por la dirección del partido y fueron prohibidas en los debates de varios encuentros preparatorios del Congreso, solamente fueron discutidas en los lugares en que las bases se rebelaron contra la resolución de la dirección nacional. Todas estas resoluciones tomadas en momentos en que las corrientes mayoritarias de la dirección petista (muchas de ellas oriundas del PC) abusan en sus discursos de la defensa del “pluralismo", de la “democracia como valor universal", de la “necesidad de la apertura del PT", etc., no solo constituía apenas una arbitrariedad sino una intensa campaña política de la dirección petista con determinados objetivos: impedir la manifestación, en el interior del PT, de las corrientes que se oponen a la política de colaboración de clases impuesta al PT por su dirección y que lo ha llevado a una profunda integración con el Estado burgués. Causa Operaria es la única corriente política que ha llevado adelante en el interior del PT una política conciente contra esta regimentación del PT, que lo ha llevado a una política totalmente extraña a los intereses de los trabajadores. Las intendencias conquistadas por el PT en las últimas elecciones fueron transformadas en instrumentos de desmoralización y represión del movimiento obrero, con el despido de activistas y dirigentes de la CUT que lideraban huelgas en los servicios públicos. Al mismo tiempo, sectores de la burguesía fueron llamados a tomar parte de estos gobiernos a los que han demostrado un gran apoyo, como en el caso del presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo —FIESP— que declaró recientemente que el gobierno municipal del PT “lo llena de satisfacción” (Jornal do Brasil, 30/ 10). En los sindicatos la política del PT, hegemónico en la CUT, ha llevado al bloqueo y a la derrota de innumerables huelgas combativas que se enfrentan con la situación de recesión en que se encuentra el país, siempre en nombre de la necesidad de buscar un entendimiento, trasformando el “retome del crecimiento” en bandera, empuñada en conjunto con empresarios y gobernadores de “oposición” al gobierno de Collor en varios foros comunes que se vienen constituyendo. En el Congreso Nacional la bancada del PT llevó la política de entendimiento al punto de apoyar la adopción de una política salarial de profundo congelamiento contra los trabajadores, que incluye un salario mínimo de cerca de 50 dólares, uno de los más bajos del mundo. Junto con estas medidas, los diputados del partido se pronunciaron en favor de la apertura al capital extranjero en el área de informática (una vía de liquidación de la industria nacional). Y de las privatizaciones que el gobierno proimperialista de Collor viene llevando adelante (una verdadera entrega de grandes empresas estatales por precios irrisorios pagados con papeles sin valor). Toda esta política no puede ser impuesta a un partido surgido en medio del ascenso del movimiento obrero brasileño y que agrupó, aunque no en forma orgánica, a la vanguardia de estas movilizaciones, sin una profunda modificación de su funcionamiento interno lo que significa la castración de toda democracia en el PT de manera de impedir que se manifiesten en su interior las tendencias combativas de las masas a chocar con el régimen actual, lo que se encuentra en total oposición a la política de conciliación del PT. La Izquierda y el veto La llamada “izquierda del PT" (Convergencia Socialista, morenistas; O Trabalho, lambertistas, y otros) adoptó frente a la decisión de la dirección del PT, una conducta de casi total abstención. La mayoría de las corrientes se ausentaron del acto de protesta convocado por Causa Operaría, que reunió a 150 delegados y militantes, después de haber participado (todas ellas) de la votación en el Directorio Nacional del PT que resolvió el veto de los delegados de Causa Operaría. Convergencia Socialista, que en el acto de Causa Operaria procuró presentar una autodefensa diciendo que siempre había defendido a Causa Operaría contra la persecusión, al igual que las demás, se negó a defender en el plenario del Congreso un recurso contra la resolución burocrática de la dirección, a pesar de saber que la corriente vetada no tendría derecho a voz en el plenario del Congreso. Esta conducta capituladora de la “Izquierda” fue utilizada por la dirección del partido para imponer con su aval no solo el veto de Causa Operaría sino también una regimentación de las tendencias aún más rígida que la actual, prohibiéndoles tener periódico propio, locales, finanzas y relaciones internacionales no autorizadas por la dirección del PT. En el discurso de cierre del Congreso, el presidente del PT, Lula destacó que a pesar de las divergencias fue posible llegar a un acuerdo con las diversas corrientes de la izquierda a excepción de Causa Operaria, que según él, a pesar de ser “minoritaria quería imponer su voluntad al partido”. Lula tiene razón. Causa Operaría fue la única de las corrientes de la izquierda petista que no capituló ante las posiciones proburguesas de la dirección del PT y que luchó y va a continuar luchando para derrotar esta perspectiva política extraña a los intereses de los trabajadores que representa la colaboración de clases. Para vetar a Causa Operaria Prohibieron todo un estado de la federación La dirección del PT no reparó en medios para prohibir a los delegados de Causa Operaria en su 1er Congreso. Finalizado el encuentro algunas de sus medidas comienzan a salir a la luz. Para evitar la presencia del “peligro” representado por las posiciones revolucionarias de la corriente trotskista brasileña, la dirección del PT prohibió, por telegrama, a toda una delegación estadual, realizando el congreso partidario con un Estado menos. Un día antes de iniciarse el congreso, la dirección estadual del PT de Roraima, estado de la regional amazónica brasileña, fronterizo con Venezuela, donde se desarrollan innumerables conflictos que abarcan a los mineros, indios, trabajadores rurales, etc., fue informada, por medio de un telegrama del Directorio Nacional del PT que la delegación de ese Estado al congreso del partido estaba prohibida y sus pasajes a San Pablo cancelados. O sea los compañeros no solo estaban impedidos de participar en el congreso para el cual fueron elegidos, sino además, por medio del uso del poder económico, puesto en manos de la dirección petista —que disponía de los recursos de adquisición y cancelación de los pasajes aéreos—estaban impertidos de recurrir al plenario del Congreso contra tal decisión. El pretexto presentado por la dirección petista, que había deudas de ese directorio estadual, con la caja nacional del partido, fue destrozado por el más alto dirigente del PT, Lula, que en su discurso de cierre resaltó que para evitar la ausencia de delegados en el congreso se realizaron todo tipo de arreglos con las delegaciones estaduales deudoras en el propio lugar del Congreso, citando como ejemplo a la delegación de Bahía, que entre otras, estaba amenazada de participar en el congreso, por atrasos en sus contribuciones. Lula, como los demás dirigentes del PT que omitieron del Congreso el veto a la delegación de Roraima, tomaron tal resolución por un único y exclusivo motivo: la presencia mayoritaria de las posiciones de Causa Operaria en aquella delegación. El hecho tenía para el encuentro un importante significado. Causa Operaría tenía entre los tres delegados electos por el Estado, al compañero Paulo Tadeu, secretario general del partido en ese Estado y presidente de la Unión Metropolitana de Estudiantes Secundarios de la Capital, Boa Vista, pero otro delegado, el ex-candidato a gobernador por Roraima, Robert Dagon, había votado en el encuentro por las posiciones clasistas sostenidas por los compañeros de Causa Operaría, siendo elegido también con los votos de éstos y habiendo defendido, juntamente con la mayoría del directorio del PT de aquel estado, una resolución aprobada en los encuentros de la capital y del Estado contra la exclusión de Causa Operaria del PT. R.C.

“Es una práctica normal en un partido de nuestra envergadura”; “somos una organización política oficial”. Con estos argumentos, el secretario de Relaciones Internacionales defendió la hasta entonces desconocida presencia de un representante del gobierno norteamericano en el Congreso del Partido de los Trabajadores, que tuvo lugar entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre. El punto había sido planteado por un delegado, M. Sokol, de la tendencia O Trabalho, que reclamaba la expulsión del hombre enviado por la embajada yanqui. Fue el momento de mayor tensión en las deliberaciones y una prueba, no solamente de la integración del PT al orden burgués. También desnudó a la propia izquierda del PT, que luego de haber amenazado interrumpir sus deliberaciones, aceptó la situación previo registro simbólico de su protesta. El “Incidente" fue abiertamente registrado por la prensa local y por los cables internacionales, que destacaron también las votaciones a favor del rechazo a la tesis de la dictadura del proletariado, de la negativa a lanzar una campaña bajo la consigna “Fuera Collor”, de la supresión de las tendencias opositoras, de la aprobación de alianzas con los partidos burgueses, etc. Ningún realce fue dado a la adaptación de la izquierda a esta política del PT y un insuficiente destaque a la profundización de su crisis interna. ******** Pocas horas antes del inicio de las deliberaciones la Dirección Nacional del Partido había vetado la entrada al Congreso de los delegados democrática y estatutariamente elegidos de “Causa Operaría”, luego de haber prohibido en el período pre-Congreso la divulgación de sus “Tesis”. La dirección del PT se constituyó de este modo en un tribunal inapelable, por encima de la soberanía del propio Congreso, después de haber fracasado en ese intento en los plenarios de base (a pesar de las restricciones, irregularidades y manipulación de los mismos). La proscripción fue absolutamente clandestina, porque no fue informada al Congreso ni sometida a su consideración (la izquierda “trotskista”, incluido el Mas brasileño —Convergencia Socialista— se negaron a plantear el punto a pesar de haber participado en la reunión citada de la Dirección Nacional). Este manejo del Partido forma parte de los reaseguros adoptados por la propia dirección ante las evidencias de una creciente descomposición interna. Por esto mismo, el Congreso no incluyó la renovación de la Dirección, lo cual convierte a la “instancia soberana” del partido en un debate dilate, en una ficción, o peor, en una instancia de deschave de los opositores. Lula debió confesar en su discurso de clausura que hasta una semana antes se consideró su levantamiento. Las evidencias de la crisis interna se revelaron en la propia conformación del Congreso, cuya mayoría estaba compuesta de asesores de diputados, funcionarios de las intendencias, miembros rentados del Partido, etc. Según una encuesta realizada durante el evento el 70% de los delegados tenía formación universitaria; pero aún así el grupo dirigente —Articulación— por primera vez en un década no alcanzó a sumar el 50% de los representantes. Una parte de la Articulación se reveló partidaria de un bloque con el ala más reaccionaria del PT (encabezada por el diputado José Genoino que proclama abiertamente su apoyo a las privatizaciones y a la apertura al capital extranjero). La “derecha” carece de toda posibilidad de maniobra propia en el seno del PT, lo que se revela en su disminuida representación en el Congreso (12%). Su manifiesta intención es transformar a la organización en un puro aparato de funcionarios, diputados y concejales, para lo cual estimula la polarización y la ruptura interna. ****** El Congreso fue precariamente salvado por un compromiso entre la Articulación, la derecha y la izquierda, que se manifestó en la resolución común sobre la coyuntura política. A diferencia de la posición inicial del propio Congreso en favor del respeto al periodo constitucional de Collor (1994) la resolución acepta la posibilidad de promover el juicio político al presidente “si ¡as circunstancias así lo indican". Con esta maniobra la Articulación sumó a una parte de la izquierda (Democracia Socialista, representante del SU de la IV Internacional) en tanto que a la derecha le dio concesiones “ideológicas", en relación al tema “construcción del socialismo" (sic). ***** La conversión del PT en un partido de Estado dominado por las camarillas burocráticas parlamentarias, gubernamentales y sindicales ha ido parejo a su vaciamiento militante y a choques crecientes entre los intereses prebendarios de sus diferentes fracciones. La izquierda representada por O Trabalho —lambertistas— y Convergencia Socialista se adaptó hasta el extremo de lo posible a esta situación, como lo revela su conducta de no impulsar el debate sobre la exclusión de Causa Operaria y no declarar en ningún momento fa incompatibilidad de las posiciones del PT con la clase obrera independiente. El PT se ha agotado como cuadro político para las posibilidades de desarrollo político de una vanguardia obrera, ni qué decir como posibilidad para las masas ante la catástrofe social de Brasil. Está planteada la lucha decidida por la construcción de un partido revolucionario, so pena de frustrar y dispersar a la vanguardia obrera en la próxima etapa.

La crisis del PT reside en su orientación democratizante confrontada con las condiciones de la espantosa crisis económica y política de Brasil. El completo fracaso de los planes económicos capitalistas socavó por completo las bases políticas del gobierno Collor, planteando una crisis política e institucional, en que sectores de la oposición burguesa, y del propio gobierno, proponen el cambio de régimen político (parlamentarismo) como forma extrema de sustentación del propio Collor. El PT, abandonando toda postura de oposición clasista al régimen, entró de lleno en estas maniobras, con lo que el impasse político general se transformó en su propio impasse. Transformado en un factor directo de sustentación del régimen político, toda la crisis política se transfirió al interior del propio PT. Así, la tesis original de la Articulación preveía, sin más ni menos, el respeto del calendario electoral previsto, o sea, el sustento político del gobierno antiobrero y antinacional de Collor por tres años más. El espectacular repudio que suscitó este planteo (reflejado deformadamente en los porcentajes —40%— de las tendencias de izquierda en el Congreso del PT) obligó a la Articulación a modificar sus tesis a último momento, admitiendo la hipótesis del “impeachment" parlamentario de Collor, maniobra “oposicionista" que revela un espíritu de adaptación llevado hasta las últimas consecuencias, pues deja la lucha contra Collor enteramente en manos de un Congreso Nacional dominado por la derecha burguesa. Lo importante es que esta maniobra permitió a la Articulación sellar una alianza con un sector de la “izquierda” del PT (Democracia Socialista, representante del Secretariado Unificado de la IV° Internacional, con el 11% de los mandatos) que abandonó sus propias tesis (democratizantes) para votar por las de Articulación. Esta alianza “por la izquierda" era necesaria para la tendencia dirigente, pues aliarse exclusivamente con la derecha, que apoya también los aspectos más reaccionarios de la política de Collor (privatizaciones y desempleo de los funcionarios estatales), hubiera abierto una dinámica de ruptura (derecha versus izquierda) en el PT. Con esta alianza, y con las maniobras burocráticas (cierre abrupto de votaciones o prohibición de la palabra de los delegados de Causa Operaría, etc.) de la Mesa, permanentemente controlada por la Articulación (y, a diferencia de otros Encuentros, con la presencia sistemática de Lula), la tendencia dirigente consiguió penosamente controlar el Congreso. La cuestión de las tendencias (Lula propuso inicialmente su literal disolución) fue resuelta en base a la misma alianza. Así, la DS (que inicialmente defendía la antigua reglamentación restringida de tendencias) votó una resolución presentada por Articulación en el propio Congreso (esto es, que no fue sometida al previo debate partidario) en la que se admite una existencia clandestina de tendencias (sin periódicos, locales ni reuniones públicas), se las anula en la práctica (“las tendencias no pueden exigir de sus integrantes cualquier tipo de centralismo”) y se introduce la cláusula reaccionaria de que “no habrá representación de tendencias del PT en eventos u organismos internacionales” pues “las relaciones internacionales son atributo exclusivo del Partido, a través de su dirección”. “Dirección" que introdujo oficialmente en el Congreso a representantes oficiales del Estado norteamericano (cónsul y vicecónsul), con el que pretende mantener “relaciones" estrechas (la presencia del representante imperialista fue defendida a los gritos por el Secretario de Relaciones Internacionales del PT, Marco Aurelio García) al tiempo que proscribe a la izquierda revolucionaria: este hecho mide la monstruosidad de lo que votó el SU de la “IV° Internacional”: nada menos que la proscripción del internacionalismo proletario y de la lucha antiimperialista. Cabe señalar que el resto de la “izquierda petista" (básicamente morenistas, lambertistas y grupos como Fuerza Socialista y Tendencia Marxista) siguió una conducta de adaptación a este curso derechista. A) En el punto de resolución política, propuso genéricamente el fin del gobierno Collor, pero no los medios de clase para lograrlo (organización independiente de los trabajadores, acción directa, huelga general) sino “campañas". En la resolución de Convergencia Socialista (el Mas brasileño), que fue retirada, la “independencia de clase” era propuesta... para las elecciones municipales de 1992 (para que el PT no se alíe a partidos burgueses). B) En el punto de tendencias, no defendió su derecho incondicional, sino limitado (en la línea de la anterior reglamentación restrictiva, aprobada por la Articulación), y no defendió el derecho de fracción, violentamente atacado por la derecha y la Articulación, y proscripto en la nueva resolución. C) En la reunión de la Dirección Nacional previa al Congreso, no combatió la proscripción de los delegados de Causa Operarla llegando al extremo de que el informante al Congreso por la Comisión respectiva (el principal dirigente lambertista) no planteó el problema al plenario del Congreso, ni lo sometió a votación de los delegados (medida democrática elemental) con lo que fue cómplice de una proscripción decidida por la burocracia partidaria, a espaldas del Congreso. La “izquierda” acabó cumpliendo el penoso papel de contener a parte de sus delegados, que quisieron retirarse del Congreso cuando se reveló la presencia de representantes oficiales del imperialismo norteamericano. Quedó plenamente confirmado nuestro pronóstico en el sentido de que “con esta política do presión, las tendencias do izquierda se ubican en la perspectiva de reformar la orientación mayoritaria ... y manifiestan, de entrada, su disposición para un acurdo sobre la base de una limitación mayor del derecho de tendencia, o sea, sobre la base de la preservación mutilada de su propio aparato (o aparatito)" (En Defensa del marxismo, N° 2, diciembre 1991). La tendencia dirigente del PT salió de una crisis planteando las bases de una crisis más amplia. Un sector de la Articulación no acompañó la alianza con Democracia Socialista y votó junto con la derecha en el punto de tendencias y en algunos aspectos de la resolución política. La propia “izquierda potista” entra ahora en un proceso de crisis galopante, por su seguidilla de capitulaciones frente a la Articulación, lo que la toma cada vez más inviable (sin siquiera hablar de sus posiciones políticas) como alternativa de dirección a la Articulación dirigente. Todo este proceso evidencia el agotamiento creciente del PT como cuadro político para la vanguardia obrera, en especial frente a las enormes luchas en desarrollo y a las que se avecinan, producto de la catastrófica crisis del capitalismo brasileño.

Un barco petrolero proveniente de Europa arribó a Haití la semana pasada, con el visto bueno de los guardacostas norteamericanos (La República, 30/11). De esta manera llegó a su fin el “bloqueo "impuesto por la OEA, constantemente violado a través de la frontera con la República Dominicana. La llegada del petrolero a Puerto Príncipe significa también el fin de la estrategia de Aristide de retomar al gobierno de la mano de la diplomacia norteamericana. En efecto, “el senado (norteamericano) aprobó una resolución en la cual pidió el levantamiento del bloqueo en forma ‘inmediata y sin condiciones’, exigió el reconocimiento del gobierno provisional y la reparación de los daños causados al país a raíz del embargo” (ídem). La resolución del Senado siguió —en forma inmediata— al fracaso de las negociaciones entre Aristide y parlamentarios haitianos celebrada en Venezuela bajo los auspicios de la OEA, pues no contemplaban la reposición de Aristide, aunque para los representantes de la OEA y el enviado especial de Washington la resolución era “excelente” (Le Monde, 26/11). La causa del “viraje" norteamericano se explica. “La crisis es muy profunda” (Washington Post, 15/11). En efecto, en Haití “la guerra civil es una posibilidad real” (New York Times); “Haití está dividida por una fosa infranqueable” (Le Monde, 5/11). Los golpistas no han logrado restablecer el dictado de clases por el boicot popular (Le Monde, 8/11). La población abandona las ciudades (hacia el campo y hacia el exterior) en una situación que los observadores califican de “pre-hambruna” (Le Monde, 8/11). Todo esto “anticipa los brotes de violencia que se originarían en Haití, cuyo gobierno no logra controlar la situación” (Brecha, 8/11). Haití vive una situación revolucionaria. Los “demócratas” de la OEA y el imperialismo norteamericano corrieron a salvar al Estado haitiano —lo que significa “hundir" a Aristide— hasta que el hundimiento del primero los obligue a salvar al segundo. Aristide capituló ante el imperialismo, al erigirlo en garante de su retomo a Haití. Exactamente en momentos en que los yankis viraban al apoyo irrestricto a los golpistas, el riojano (que se desvive por complacer a Bush) recibía a Aristide en Cartagena y le aseguraba que “nunca reconocería al gobierno militar”. ¿De qué se disfrazará ahora el amigo de Todman?

En Venezuela han tenido lugar cotidianas y masivas movilizaciones estudiantiles contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez — en protesta por el aumento decretado en los combustibles y en las tarifas públicas y la consiguiente ola inflacionaria. La violentísima represión policial (cobró más de 20 muertos y centenares de heridos) no pudo hacer retroceder las movilizaciones. La CTV (Central de Trabajadores de Venezuela) declaró una huelga general que fue seguida de manifestaciones y huelgas de médicos, transportistas, empleados universitarios, etc. Las movilizaciones de Caracas tienen un enorme significado político por la simple razón de que el gobierno de Pérez es típicamente “menemista”. Como Menem, Pérez ha seguido paso a paso las exigencias del FMI (“liberalización do loa precios de todos los productos básicos, de la nafta y de los transportes —que aumentaron el 100%—, eliminación de los subsidios y un proceso de privatizaciones de las empresas públicas deficitarias” (Clarín, 21/11), lo que le ha valido que “arrecien los consensos internacionales sobre la gestión de su gobierno” (La República, 22/11). Las semejanzas no terminan aquí: las denuncias de corrupción alcanzan al propio titular del Ejecutivo y han convertido al país en “un gigantesco Watergate” (ídem). En efecto, “en los últimos meses, la justicia penal absolvió o se abstuvo de pronunciarse en caeos de corrupción que habrían costado al país más de 6.000 millones de dólares” (La Nación, 19/11). Pese a los “elogios" de los supuestos “éxitos" de Pérez, el saqueo de la nación y la movilización popular han llevado al régimen político a una crisis terminal. El ex-ministro de Educación Felipe Montilla declaró que “las protestas y movilizaciones (que) llegan hasta las puertas del Congreso... evidencian la existencia de un proceso de descomposición” (Ámbito Financiero, 21/11). Más drástico, un juez de la Corte Suprema, Gonzalo Rodríguez Corro, “aseguró que 'el sistema político venezolano da la impresión de que se encuentra en el aire, y del aire cualquier cosa se cae" (La Nación, 19/11). No es de extrañar que en este cuadro de descomposición política, un conjunto de intelectuales alertara sobre la inminencia de un golpe militar y convocaran, junto con “personalidades sindicales y políticas a un gobierno de unidad nacional... para evitar una salida anticonstitucional” (ídem). El régimen del “exitoso” Carlos Andrés Pérez se ha agotado, lo que sirve también para observar los límites extremadamente precarios de los “éxitos" menemistas. El “Caracazo" de febrero del '89 fue un “anticipo” de la respuesta que meses más tarde darla un sector de las masas argentinas, desesperadas por el hambre, abandonadas por sus direcciones e instigadas por la burguesía. Las enormes movilizaciones venezolanas en curso ¿son otro “anticipo” del futuro argentino?

El 10 de diciembre retorna Rousselot al frente de la Intendencia de Morón luego de haber sido obligado a retirarse como consecuencia de gravísimas denuncias, que incluían: estafas por decenas de millones de australes con las obras de cloacas que debían realizarse en William Morris; adjudicación directa a la empresa Klia para el bacheo y asfaltado de calles; utilización de fondos de la Comuna para viajes por Europa junto a su esposa... También hay que señalar la formación de un aparato parapolicial denominado “los vigías de la Comunidad". Este rosario de delitos hubiera bastado para confinar a cualquiera en la cárcel salvo allí donde rige la “justicia" menemista, que puso una y otra vez a Rousselot en su cargo. Pero las sucesivas destituciones de Rousselot por parte del Concejo Deliberante, no tuvieron un carácter de principios sino apenas el de un enfrentamiento entre camarillas. Sobre su sucesor Arias también pesaban denuncias de corrupción, como la “desaparición” de camiones de residuos (!!!) desmantelamiento del Hospital de Morón y el funcionamiento de una Mesa de dinero en el Palacio Municipal (!!!) Esto explica en parte el retorno de Rousselot al gobierno comunal. La patria contratista Los “sustitutos" de Rousselot sumaron a su propio desfalco de las finanzas de la comuna, una política de impuestazos permanentes y la nula realización de obras públicas (cloacas o plantas potabilizadoras de agua). La “patria contratista", “salpicada” por sus contratos con Rousselot, boicoteó a las administraciones ulteriores, en busca del “desagravio”, del ex intendente y de ella misma. Además claro está, de buscar la posibilidad de recuperar sus negocios frustrados. Estos intereses intervinieron en la campaña electoral "restauracionista”, primero al impulsar la derrota en las internas de la UCR al que había iniciado las denuncias contra Rousselot (Di Caprio) y postular a Vaccaro, quien archivó las denuncias contra Rousselot para evitar—dijo—las “agresiones personales”. El resto del arco político, además de su impotencia cargaba con un fracaso del cogobierno comunal luego de la destitución de Rousselot. El triunfo de la Democracia El triunfo electoral de Rousselot por cifras aplastantes ha sido la consecuencia del chantaje político mostrado por todo el aparato del Estado y sus partidos, obedeciendo con ello a las órdenes de los “contratistas” Rousselot fue muy claro en este sentido cuando, anticipándose a los resultados, aseguró en un programa de Mauro Víale que la población de Morón ¡¡votaría por “sobreprecios del 50 por ciento"!! La realidad es que el pueblo de Morón está desesperado. Gran parte de las aguas del distrito están contaminadas; empresas como la Cidec arrojan sus desechos venenosos sin potabilizar las aguas; las reservas de agua potable alcanzan para seis años, los residuos se agolpan por falta de recolección. Esto, más la promesa de Rousselot a los empresarios de despedir masivamente empleados Municipales, sólo puede agravar las ya de por sí deplorables condiciones de vida de la mayoría de la población de Morón. Un plan de acción Al cuadro presentado hay que agregar que los impuestos de Morón son de los más altos del Gran Buenos Aires (ya existen amenazas de expropiación contra los vecinos morosos) se impone por lo tanto una lucha de conjunto por la “reducción de los impuestos en un 50%. Paralelamente se debe investigar el desfalco a que ha sido sometida la Comuna, representantes de los vecinos elegidos en asamblea deben ser autorizados a abrir tos libros y se debe imponer el pago de los grandes evasores. Es imprescindible por otra parte la purificación y la potabilización de las aguas y la realización de obras tendientes a prevenir el seguro agotamiento de las napas. Ya Rousselot soportó en el pasado movilizaciones de los estudiantes por el boleto estudiantil de varios miles, y en Morón ha habido luchas contra los impuestazos que reunieron a miles de compañeros. Sólo la acción organizada de los trabajadores, jóvenes y vecinos puede imponer la realización de las obras y evitar el robo de los llamados representantes del pueblo. Para organizar y coordinar las luchas hay que poner en pie delegados por manzana y responsables ante asamblea. La lucha contra el traspaso de escuelas de los secundarios. La lucha de los trabajadores de la Cantábrica por la defensa de la fuente de trabajo marcan el comienzo de una etapa de movilizaciones a las que se sumarán tos municipales y resto de tos afectados por el retorno de Rousselot con el ajuste menemista bajo el brazo.

Avelino Porto el “eficiente” hombre de empresa que no había previsto el adecuado abastecimiento de vacunas contra el sarampión, no había dejado aun el Ministerio de Acción Social cuando estalló “el escándalo de la leche contaminada" que lo cuenta como su principal protagonista. En efecto, el Ministerio de Porto se vio obligado a sacar de circulación una partida de 47.000 kilos de leche en polvo que había distribuido en la provincia de Buenos Aires para abastecer el “Plan Materno-lnfantil”, después de que se comprobara la presencia masiva de bacterias que la convertían en “no apta para el consumo humano”. De haber llegado a su destino, los barrios más pobres de Moreno, Morón, Merlo y Matanza, esta leche habría provocado diarreas y dolores agudos a sus consumidores, los niños y las madres embarazadas. “El ministerio se encontraba desde el mes de junio en antecedentes del problema originado con la leche en polvo", señaló Carlos Pacheco del “Programa Materno-lnfantil” bonaerense (Página 12, 24/11). La leche contaminada ha sido provista por Carlos Spadone, amigo y asesor de Menem, un hombre cercano a los servicios de inteligencia y presunto “enlace” entre Zulema Yoma y Seineldín. La empresa de Spadone ganó la licitación para vender leche, en la cual, “casualmente” fue la única oferente. “Sus competidoras —La Serenísima y Sancor— podrían haber resultado fácilmente desalentadas de participar, sensibles al argumento de las deudas fiscales que mantienen con el Estado y que la licitación no haría más que agravar” (Página 12, 21/11). Porto compró los ocho millones de kilos de leche a Spadone a un costo de 2,70 dólares por kilo... cuando “la misma empresa vende el mismo producto a particulares por 1,90 más el IVA” (Página 12, 24/11) Pero el círculo no termina aquí, porque quien le vendía a Spadone la leche contaminada para la reventa era nada menos que Miguel Angel Vicco, secretario personal y verdadero “otro yo” de Menem. Entel-gate, Swift-gate, Yoma-gate, Leche-gate. Siempre el círculo íntimo del presidente está involucrado en la corrupción en gran escala. ¿Menem, acaso, la mira por TV? El “escándalo de la leche" es un síntoma inconfundible de la crisis política del régimen actual, en la medida en que las “revelaciones” han partido de otros sectores del gobierno. Menem aparece, como consecuencia de esto, como un presidente “sitiado" por camarillas y lobbys rivales y en especial por el imperialismo norteamericano. De manera que más allá de sus limitaciones económicas propias, el plan Cavallo tiene la limitación suplementaria de que el gobierno es, por su debilidad, un peligro para la “seguridad” política y jurídica de los negocios capitalistas.

En Tierra del Fuego los electores se las arreglaron para repudiar a todos los partidos políticos. El MOPOF obtuvo mayoría para gobernador, pero perdió la intendencia de Ushuaia a manos del Justicialismo y Río Grande a manos de la UCR. El PJ ganó la intendencia de Ushuaia, no el Concejo Deliberante. La UCR, a pesar de su éxito en Río Grande, sólo sacó el 6,5% de votos para gobernador. Si el MOPOF llegara a obtener la gobernación en la segunda vuelta, deberá gobernar sin el control de las dos ciudades de la Isla. Los intendentes de estas ciudades carecen de mayoría propia de concejales. Este cuadro, que para Clarín reflejaría que los fueguinos privilegiaron a los candidatos por encima de los partidos, representa en realidad una disgregación de estos partidos y eventualmente del poder político, que sólo podrá funcionar como coalición. El PJ incrementó sus votos en relación a las elecciones pasadas gracias a los enormes privilegios y beneficios que Cavallo le otorgó a la burguesía electrónica, con disminución de impuestos y aranceles (35%) y enormes ventajas respecto de los productos importados. La “patria” del “curro" se inclinó por los hombres de Menem y Cavallo, pero esto tiene corta vida, porque el dúo fue obligado en EEUU a terminar con estos “privilegios”. La izquierda tuvo un gran retroceso de 1350 votos de IU de 1989, a los 270 del Mas y 197 del frente del PC, en la actualidad. Esto no es atribuible a la situación de Tierra del Fuego sino que refleja la quiebra política general de ambos partidos. También el PO retrocedió al 0,4% de los votos, una tercera parte de su votación en 1989 y una cuarta parte de la de 1990, lo cual deberá ser objeto de un balance de la política-seguida por el Partido. Tierra del Fuego: “Los héroes de la nueva provincia” En una disertación "reservada” a los partidos políticos, el ministro de Economía de Tierra del Fuego señaló que había que tomar “medidas heroicas" (sic) para “cerrar” el presupuesto provincial. Entre las “medidas", propuso reducir el personal de la administración (de 5.687 empleados a 4.000) a pesar de la efectividad de ¡os trabajadores que componen el plantel. Con relación a la necesidad de aumentar la recaudación, se refirió a toda esa “mucha gente que vive en tierra precarias, que no tributan” (!!). Cuando alguien preguntó qué iba a pasar con la deuda con los trabajadores del Estado, el ministro —previa reflexión— disparó esta respuesta “heroica”: “no se puede pagar antes que asuman las nuevas autoridades, es una deuda que tendría que ser asumida por la nación”. Como lo señaló el PO hace un año atrás, la provincialización es un operativo financiero para pagar a los usureros con mayores impuestos al pueblo y menores servicios.

El triunfo del Frente Cívico en Catamarca no significa que el saadismo haya sido derrotado. En el Senado provincial, “el Frente Cívico y el saadismo podrían empatar ocho a ocho” y hasta Saadi “podrá conseguir un 9 a 7 a su favor” en el escrutinio definitivo (Clarín, 3/12). En la Cámara de Diputados, el Frente Cívico tendrá 19 legisladores, contra 16 de Saadi, pero en el frente pululan varios ex-saadistas y también los hay entre los seis del Frente de la Esperanza. Por último, Saadi se quedó con ocho intendencias, una cantidad igual a la del Frente Cívico. Esta es la consecuencia de la preservación del aparato saadista, en la que se comprometieron desde Menem hasta el Frente. En tales condiciones, el voto no pudo poner en pie a un régimen democrático. Los “demócratas” del Frente Cívico fueron los mayores responsables de este fraude, y más aún los líderes de la movilización popular por el esclarecimiento del crimen de María Soledad. La hermana Pelloni, en declaraciones a La Gaceta de Tucumán (11/10), reconoció que sus expectativas iniciales en la intervención fueron un serio error, pero esto no le sirvió de nada, por cierto, ya que ella fue la verdadera artífice del Frente Cívico. Ahora Saadi volverá a tener el atributo de nombrar a los jueces, sea porque obtuvo mayoría en el Senado, sea porque logre dividir al Frente en caso de empate. Después de todo, el saadismo es muy fuerte dentro de las camarillas que controlan el gobierno nacional. El Frente Cívico, un frente sin programa ni principios tendrá que gobernar con el saadismo a sus espaldas. Castillo ya ha dicho que va a hacer el “ajuste” y que despedirá a los empleados públicos. Sus primeras palabras han sido contra el movimiento obrero, de apoyo al Plan Cavallo y de rescate de la figura de Menem (Clarín, 3/12). Se trata de un frente que va a estallar en pedazos a medida que se acentúe su convergencia con el menemismo y el propio Saadi.

Sobre la defensa de Cuba El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo en Merlo un acto contra el bloqueo a Cuba. Si bien los convocantes parecían muchos y de un amplio abanico de fuerzas, la dirección del mismo y la concurrencia (medio centenar de compañeros) se redujo a gente ligada al Partido Comunista. El “secretario político" de la embajada cubana (“anzuelo” con el que se agitó el acto) no concurrió, y su lugar fue ocupado por un dirigente nacional del PC, Jorge Kreines. La impresión que transmitió Kreines fue desoladora. Es “casi imposible” —dijo— defender la revolución cubana. Sin la colaboración del “campo socialista” todo será ahora “mucho más difícil”. Llamó a confiar en la “sabiduría” de los compañeros cubanos (la dirección castrista) y a acompañar la “solidaridad” que encabezan el Frente Amplio del Uruguay y el Partido de los Trabajadores del Brasil. Con este preludio llamó a concurrir a un festival en Plaza de Mayo a realizarse días después convocado entre otros por diputados radicales, el bloque de los 8 y centroizquierdistas (las mismas fuerzas que el 16 brillaron en Merlo por su ausencia) y en cuya declaración de convocatoria cuestionan el bloqueo a Cuba porque “so opone al derecho internacional”. Al Partido Obrero, que fue la única organización de izquierda con excepción del PC que envió una delegación a difundir sus puntos de vista (periódicos y revistas) en defensa de la revolución cubana, se le permitió hablar brevemente sobre el final. Nuestro compañero destacó el tremendo sacudón que significó la victoria de la revolución cubana para los explotados del continente, y más aún, para las fuerzas de izquierda dominadas mayoritariamente por el stalinismo, enemigo histórico de la revolución. Él PO llamó a conformar un verdadero frente revolucionario en defensa de Cuba, tras los principios, no del “derecho internacional tras el cual se encubren las presiones del imperialismo (¡tras el mismo propósito se masacró a 300.000 irakíes!) ni de la convocatoria a “elecciones”, como formulan el PT y las fuerzas mayoritarias del FA, sino de la movilización independiente de los explotados del continente. El PO llamó a discutir la situación cubana francamente y mostró la descomposición del régimen de partido único burocrático, que lejos de ser una “trinchera" de la lucha por el socialismo, ha abierto las puertas al capital extranjero, siguiendo un esquema similar al de China, ha pisoteado la lucha contra la opresión imperialista en América Latina, “blanqueando” a los regímenes democratizantes, defendiendo a Contadora y Esquipulas frente a Nicaragua y buscando reinsertarse en el “ministerio de colonias yanki" (OEA). El PO reclamó el derecho a la construcción de organizaciones obreras independientes en Cuba, sobre la base de la defensa de las conquistas de la revolución. Cuando al finalizar el acto, quien esto escribe se acercó a Kreines para ofrecerte nuestro periódico, éste quiso cambiárnoslo por “Propuesta", pero nadie lo tenía!! Rodrigo “¿Es licito condicionar la defensa de Cuba?” San Martín, 20 de noviembre de 1991 Estimados compañeros de “Prensa Obrera” Es un hecho incontrastable que el programa de máxima que permite salvar al Estado Obrero Cubano, es la revolución internacional y que los partidos de izquierda argentinos habríamos dado un paso importantísimo si lográramos encauzar la lucha por el poder en la Argentina, como mejor aporte. Pero, mientras tanto, ¿cuáles son las tareas concretas planteadas, hoy por hoy, en la defensa del Estado Obrero Cubano? o, dicho de otro modo, ¿qué carácter debe tener esta defensa?¿es lícito, en síntesis, condicionar la defensa del Estado Obrero Cubano al tipo de política que lleva a cabo su dirección? Sostengo, con Trotsky, que la defensa de un Estado Obrero debe ser incondicional”. ¿Cómo lo planteaba él? “¿Qué quiere decir defensa ‘incondicional de la URSS?”, se preguntaba León Davidovich Y lo explicaba así: “Quiere decir que no pedimos ninguna condición a la burocracia. Quiere decir que, independientemente del motivo y de las causas de la guerra, defendemos las bases sociales de la URSS, si es amenazada por el imperialismo” (En defensa del marxismo, pág. 12, el Yunque Editora, 2a edición, 1975). Un compañero del PO, tomando interesadamente un segmento aislado de esta afirmación (“las causas de la guerra”) ponía en duda la incondicionalidad de la detensa del Estado Obrero Cubano, con las siguientes argumentaciones: 1) “Cuba no está hoy ante la inminencia de una agresión bélica” En toda caso. 2) “la política equivocada de Castro facilita la agresión”. Por último, 3) “Fidel elige hacer acuerdos con los gobiernos burgueses”. Examinemos estos tres puntos: 1) El carácter incondicional de la defensa, está dado, no por el tipo de agresión, sino por la base social del Estado agredido; Cuba es una Estado Obrero. ¿Qué más da caer bajo las garras del imperio por la invasión de marines, por la intromisión de la TV Martí, por el bloqueo económico o por la combinación de las tres formas? Y como el mismo Trotsky decía, al respecto de la URSS: “saber (si la burguesía echa abajo a la Unión Soviética) por medios económicos, políticos o militares o por una combinación de los tres métodos, es ya una cuestión de orden secundario" (La internacional comunista desde la muerte de Lenin, pág. 32, editorial Materiales Sociales, 1973). 2) Tengo mis serían dudas de que esto sea tan asi, pero, en todo caso la política seguida por la Internacional bajo la férula de Stalin, ¿No fue miserablemente peor?¿No fortaleció ai imperialismo, generó en alguna forma, el surgimiento del fascismo y debilitó objetivamente al Estado Obrero soviético, la traición contra las Revoluciones China, Alemana y Española (todos hechos ya definidos en octubre del '39, al momento de pronunciarse Trotsky por la defensa incondicional)? Y nadie en su sano juicio puede equiparar ni siquiera mínimamente, la política de Fidel Castro con la de la Comintern. 3) El hecho mismo de las alianzas episódicas con un Estado burgués o proimperialista, no puede cuestionarse. Sobre esto, decía Trotsky: “Ningún político revolucionario serio negará al Estado soviético el derecho de buscar un apoyo complementario en acuerdos momentáneos con tal o cual Imperialismo. Solamente importa señalar a las masas con franqueza, el sitio que un acuerdo táctico-parcial de este género, tiene en el sistema de conjuntos de las fuerzas históricas”. (La revolución traicionada, pág. 177 Ediciones Cróux). Personalmente, comparto en lo general las apreciaciones del PO sobre China y su pretendida “ayuda". Pero Uds. no podrán negar que Fidel no dejó de señalar el carácter hambreador del capitalismo, su secuela de desnutrición, miseria y muerte y oponer a esta realidad los logros de la Revolución Cubana en salud pública, educación, etc. Todo esto, en el rostro mismo de los gobiernos con que cierra acuerdos contra el bloqueo, en Gaudalajara. Defensa incondicional no significa la prohibición al Partido Obrero de ejercer la crítica a la política cubana. Se trata, sí, de que estas diferencias no impidan la solidaridad concreta, en las actividades que se desarrollan o en las que Uds. pudieran proponer. Él mismo compañero del PO que emitió tan “instructivas" argumentaciones sobre Cuba, definía su visión de la unidad de la izquierda como “unidad en la acción concreta, con un permanente esclarecimiento”. Coincido: ¿Qué tal si, para empezar, nuestra unidad en la acción concreta se da en el marco de la defensa incondicional del Estado Obrero Cubano mientras fraternalmente, discutimos nuestras diferencias? Con saludos revolucionarios. Gerardo Omar Montero Militante del Partido Comunista de San Martin-Pcia. de Buenos Aires En “el reino del revés”: la “otra” pena de muerte de María e. Walsh La Maga, noticias de cultura, es una publicación destinada a la pequeñoburguesía democrática, con eje en los artistas y en los mercaderes de la cultura que la sirven. En su Número 6 (del 27/11) le da la portada y varías páginas (incluido póster) a María Elena Walsh. Como gran hazaña se reedita allí, doce años después, y con gran presentación “antidictatorial” (!) un articulo que la “figura” alfoncinica publicó ¡el 16 de agosto de 1979! en Clarín cultural: “Desventuras en el País—Jardín—de— Infantes”. Se trata, en síntesis, de la protesta (escrita en prosa mediocre, afectada y falsamente ingenua) de quien reclama a la dictadura videliana un poco de espacio democrático tras la “justa” masacre. Oigámosla (y si recorto sólo lo que interesa es porque esas frases hablan a quien quiera oírlas: con la dictadura, sin ambages). "La autora cree haber defendido siempre principios éticos y/o (sic) patrióticos (...) Mira con amor la realidad de su país, por fea y sucia que parezca a veces (...)Ve multitud de familias ilegalmente desarticuladas porque el divorcio no existe (sic) (...) Jamás pensó que iba a vivir en un País-Jardín—de—Infantes (...) que podría llegar a parecerse peligrosamente a la España de Franco si seguimos apañando a sus celadores (. . .) Que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son hechos unánimemente reconocidos No sería justo erigirnos a nuestra vez en censores de una tarea que sabemos intrincada y de la que somos beneficiarios. Pero eso ya no se justifica que a los honrados sobrevivientes del caos se nos encierre en una escuela de monjas... (...) Es verdad que no toda censura procede 'de arriba’, sino que insisto es un antiguo deporte de amanuenses intermediarios (...) Y entre todos embalsamamos las mustias alas de cóndor de la República (sic) (...) Quienes desempeñan fa peliaguda misión (sic) de gobernamos, así como desterraron — y agradecemos— aquellas metralletas que nos apuntaban por doquier en razón de bien atendibles medidas de seguridad"... y sigue así reclamando un poquitín de mesura y digo de reconocimiento para los honestos artistas e intelectuales democráticos, que nada tienen que ver con los (está implícito) deshonestos secuestrados, torturados, asesinados y/o desaparecidos (nonatos incluidos). Y continúa: "Aun la pornografía y las expresiones llamadas de vanguardia, pasado un primer asalto de curiosidad, son naturalmente relegadas a un gueto (sic): barrios, salas, círculos. (...) Se supone que, en cuanto el Censor desaparezca, los primeros en aprovechar el recreo serán los descomedidos de siempre, que reflotarán una grosera contra-cultura Pero a la larga resultarían relegados siempre que una debida promoción llevara a los honestos a ocupar las posiciones más evidentes. El abuso puede ser controlable mediante una coherente reglamentación (...) Querer pensar por nuestra cuenta, asumir la adultez y actualizamos, por peligroso que tes parezca a bienintencionados guardianes. (...) Es un ruego a quienes tienen el honor de gobernamos (. . .) Es la primera condición para preservar la paz: para no fundar otra vez un futuro de adolescentes dementes o estériles” (sic y destacados, míos) Ni Heredes se habría expresado mejor contra “la canalla adolescente”, ex-escuchas de El reino del Revés. Ninguna fraseología democrática podrá acallar jamás (nunca más) semejante declaración de apoyo y complicidad terrorista con la dictadura. Si cito extensamente esa basura democrática reeditada es porque los lectores deben contar con pruebas tajantes de la permanencia dictatorial de una demócrata. En otras épocas, hubo incluso algún nazi que públicamente se arrepintió de sus actos (aunque más no fuera por haber comprendido el guiño salvador). Pero, ¿qué diferencia hay entre Videla, Astiz y María Elena Walsh? Esta es la fundamental: aquellos son la mano armada (en su expresión extrema) de los intereses capitalistas; la última es parte del brazo ideológico (artístico, cultural), apenas democrático, de los mismos intereses. Y, más disimulada, esta “subespecie democrática" (así como sus amos, los grandes beneficiarios de suntuosas mansiones) jamás se arrepentirá. Alberto Arias Nota: Por falta de espacio se publicará en el próximo número la carta del PT (uruguayo) de respuesta a los compañeros de Lucha obrera.

La visita del presidente Menem a los EEUU ahondó la crisis política al reclamar los acreedores internacionales, un ajuste compulsivo “final” contra los trabajadores y contra el pueblo. En consecuencia el acuerdo entre los gobernadores y las provincias para la “transferencia" de escuelas entró en crisis. La salida de una “cláusula gatillo” frente a un descalabro de los gastos por la transferencia es altamente improbable pues los planes del imperialismo son otros. Cavallo propone, Camdesuss dispone... La línea de fondo del FMI es que “en la Argentina se habla hace seis años del ajuste y este nunca se realiza” (Clarín, 27/ 11). Por eso la fecha del 10 de diciembre es clave para el futuro de las provincias. “La cuestión es si los futuros administradores aplicarán la austeridad desde el primer día (de su gestión) o no (Ámbito Financiero, 25/11). En la línea de ir a fondo, Cavallo denunció que “el gasto de las provincias aumentó cuando el de la administración central disminuyó” (Ámbito, 25/11). Estas afirmaciones obligaron por ejemplo a Duhalde a definirse. Es así que anunció el congelamiento salarial para los trabajadores estatales durante el '92, pagos desdoblados de los salarios y achique de personal. En un cuadro de 180.000 empleados de la educación de la provincia de Buenos Aires se propone “reducir sensiblemente a los 25.000 docentes suplentes y a los 32.000 porteros y administrativos como única posibilidad de dar un aumento de salarios, en lo que llama Duhalde tareas que deberán hacer ahorros en el rubro personal” (EI Día, 24/11). Para implementar este ataque existe ya un proyecto de ley de pasar al régimen de disponibilidad a todos los trabajadores estatales para "facilitar" la tarea de “reubicación de personal" y alentar los “retiros voluntarios". Con este negro panorama, el pedido de “transferencia con fondos" ha pasado rápidamente al basurero de la historia. Está planteada una gran lucha. Se han hecho polvo en pocas semanas todas las maniobras de buscarle la vuelta al “traspaso” de escuelas. Ni siquiera bastó la enorme concesión hecha por los gobernadores a la educación privada donde la iglesia es el principal beneficiario. Los estudiantes son la gran vanguardia de esta lucha pues no cesan de luchar en defensa de la escuela pública. A pesar de las advertencias de Prensa Obrera de no dejarse sorprender como en oportunidad de la primera marcha descuidada por todos, la marcha del 27 tuvo un boicot generalizado. Ahora no solo fue desconocida por la gran prensa y los gremios de la educación, sino que también fue boicoteada por el Mas, que dio por cerrado el año, al igual que Mary Sánchez, antes de tiempo. Cuando al terminar la vigorosa marcha del 15 se reunieron nuevamente los estudiantes, el Mas había planteado un “balance” del año para prepararse “para marzo", posición que fue derrotada por los estudiantes. Luego, durante la semana amagó a cambiarle de fecha para el día viernes, introduciendo un factor de confusión entre los estudiantes, para finalmente boicotearla. La nueva marcha, de 800 estudiantes con lo más politizado de los secundarios, despreció un acto paralelo que quisieron montar en el congreso algunos sindicatos docentes reclamando la transferencia “con fondos” y nuevamente recorrió la ciudad desde el Congreso a Plaza de Mayo. Esta culminación de lucha de los estudiantes, lo radicalizado de sus consignas "... en la rosada hay una banda... hay una banda de delincuentes que venden todo a bajo precio... y ahora quieren vender colegios... ” plantea una gran lucha el próximo año. Una recomposición pronunciada del movimiento estudiantil será una gran herramienta en la defensa de la escuela pública ante la entrega descarada de los gremios docentes. Movilización de la Unión Estudiantil El viernes 22, un centenar de estudiantes de colegios de la flamente Unión Estudiantil (Coordinadora de secundarios de la zona norte Capital) interrumpió completamente el tránsito en la avenida Cabildo durante casi una hora, convirtiéndola en una “peatonal”. Muchos transeúntes se acercaban a escuchar las razones de tan drástica medida de lucha, las que eran explicadas por compañeros del Cuba. Liceo 9, Comercial 28, Nacional Reconquista, Liceo 11, Comercial 7, Normal 10 y el Roca. La decisión de cortar Cabildo fue tomada en asamblea. Los jóvenes nos estábamos concentrando en las esquinas con banderas y redoblantes cuando desde un “autito” de la cana nos "recomendaron” quedarnos en “el molde". “Tenemos un problema, planteó un compañero los muchachos del “autito” nos “piden" que cortemos la vereda. ¿Qué hacemos? ¿La vereda o sacamos la protesta a la calle?”. En forma unánime se votó cortar la calle. Durante una hora, Cabildo y Juramento fue un centro de consignas contra la transferencia, contra Salonia, contra Menem, contra el clericalismo, en defensa de la educación pública. Corresponsal

Prensa: Otros “centroizquierdistas" que se pasan el menemismo La dirección “centroizquierdista" de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) llamó a “mantenerse dentro de la ley”, a “estudiar la forma de utilizar a favor de los trabajadores" las nuevas leyes antiobreras de flexibilización, desregulación, congelamiento salarial y regimentación sindical, y dio por concluidas las “viejas recetas de la lucha", porque los “trabajadores han cambiado" ya que la "ofensiva neoliberal e individualista ha ganado su conciencia”. En un más que raquítico y vaciado plenario de delegados (poco más de 10 compañeros), deslizó que “nadie puede afirmar con certeza absoluta que los convenios por rama sean mejores que los realizados por empresa”, adelantándose así a la voluntad oficial de destruir las bases de la unidad sindical de los trabajadores. En una sorprendente mimetización con el discurso menemista afirmó: “debemos reconocer que las leyes tienen el consenso de la población”, como lo demostraría “el resultado de las últimas elecciones*. Es decir que entienden a las elecciones como un “cheque en blanco" para que los gobernantes hagan lo que quieran. Lógico resulta entonces la moción que hicieron aprobar en el plenario para que se les diera “carta blanca” a los efectos de “analizar, con técnicos y especialistas” los “mejores ángulos” para “abordar’’ aquellas leyes antiobreras y el rechazo frontal a realizar una asamblea general del gremio para debatir y organizar las formas de frenar la ofensiva patronal-gubemamental. Este paso hacia el “menemismo crítico” por parte de la dirección “centroizquierdista” de la UTPBA, se basa, simplemente, en que “no tenemos respuesta”, “la nueva legislación nos dejó sin libreto”, “no fuimos capaces de detener la ofensiva”, han afirmado en el plenario. Lo lógico sería, entonces, que renuncien. Pero no. Al burócrata no lo inspira una política sino el puesto. El antecedente de este plenario fue otro realizado 15 días antes donde, a propuesta de los compañeros de la Lista Naranja (integrantes de la minoría en la conducción), se aprobó una serie de iniciativas de movilización del gremio: petitorio salarial único con el reclamo del 25% de aumento y un básico que duplique los actuales salarios de convenio, asambleas en todas las empresas, amplia campaña de agitación en todo el gremio denunciando el carácter antiobrero de las leyes recientemente sancionadas. Como sucediera repetidamente a lo largo de su historia, la mayoría de la conducción desconoció olímpicamente estas resoluciones. Esto en el marco de un reciente triunfo de la lucha de los compañeros de Página 12 y del reclamo de varias asambleas de empresa para que el sindicato organizara una exigencia conjunta de todo el gremio. Es necesaria una amplia campaña de agitación de todo el gremio por el reclamo salarial y por el respeto a nuestras conquistas, y denunciar el carácter antiobrero de la reciente legislación menemista. Es necesario, además, denunciar el alineamiento oficialista de la mayoría “centroizquierdista” de la conducción de la UTPBA. Burda patraña: Una justicia a la medida de Clarín La patronal de Clarín montó una burda provocación contra el secretario general de la Comisión Interna. Con la excusa de un supuesto intento de agresión a un jefe pidió a la Justicia su desafuero como delegado y una medida cautelar para que fuera mantenido fuera de la empresa mientras durara el juicio. Sin más testimonios a favor que el del jefe de personal y el del servicio médico de la empresa (que no estaban presentes) y los testimonios en contra de los demás delegados y el resto del personal de expedición (que sí estaban presentes), un juez hizo lugar al pedido "cautelar” de Clarín y dejó al compañero en la calle. Sin mayor empacho voceros patronales dejaron trascender que por el “favor" se habrían pagado 25.000 dólares. Recusado el juez por los abogados de la defensa, la jueza que recibió el caso falló a favor del compañero, desestimando y poniendo en duda la veracidad de las declaraciones de los testigos patronales. Pero hete aquí que la jueza no se pronunció sobre la medida “cautelar” y la patronal no deja entrar al delegado. Esta Justicia que ha dado motivos variados para ocupar últimamente las primeras páginas de los diarios, aparece ahora moldeada a la medida de las necesidades del más importante monopolio informativo del país. El objetivo de la patronal es avanzar en la liquidación de la organización gremial interna para, según estiman los propios compañeros, profundizar la “flexibilización” y liquidar conquistas históricas de los trabajadores de prensa, entre ella la jomada de seis horas. Pero, además, éste seguramente será tomado como un “caso testigo” por las demás patronales del gremio y más allá de él. Ante esto, que requeriría una amplia movilización del gremio y la opinión pública, la dirección de la UTPBA se limitó, presionada, a realizar una campaña de difusión escrita. Rechazó o saboteó los reclamos de los compañeros de Clarín y de la Naranja de realizar actos en las puertas del diario, descartó cualquier medida solidaria por parte del gremio y hasta se “borró" sistemáticamente de la planta (hay directivos por la mayoría que son delegados allí) dejando “al garete" a los compañeros. Con una directiva que ha puesto un pié en el oficialismo, queda en manos de la oposición y de los activistas del gremio la organización de la defensa del tejido de defensa gremial. Es necesario que tomen en sus manos la tarea de movilizar a los trabajadores por la reincorporación del compañero. Banco Nación: Porque fracasó el paro La Comisión Gremial Interna del Banco de la Nación (una alianza entre el centroizquierda y el Mas) había convocado para el viernes 15 de noviembre a un paro del banco por aumentos salariales. Pese a que no hay ningún aumento desde marzo, el paro fracasó. La propia asamblea, que debía ser el punto de partida del paro, fue sumamente minoritaria. Es necesario tener en claro las causas de este fracaso. En primer lugar, la propia preparación del paro. No se convocó a una asamblea general en los días previos para medir la capacidad de lucha de los compañeros. La gremial hizo abstracción de la situación de reflujo provocada por los retiros. Después de meses de medidas agitativas, sin plantearse la concreción de un paro de actividades, la gremial se planteó parar en el momento donde el desconcierto arreciaba entre las bases. No sólo eso, en la actitud de la gremial durante la semana previa al paro, se hizo caso omiso a todas las apretadas provenientes del directorio. Si realmente se buscaba garantizar el paro se tenía que ir a fondo en la respuesta política a la ofensiva patronal. El silencio fue la tónica. Esta comisión gremial ha conseguido, aun a pesar suyo, profundizar el retroceso dentro del banco. La aventura protagonizada con este paro fue el broche de una política que se basó en la pretensión de mantener el “equilibrio" entre la presión de las bases y el no sacar los pies del plato en relación a la burocracia. Cuando existía la fortaleza entre la bases, se dejó de lado los paros en función de las nuevas y “creativas "medidas de lucha. Cuando el reflujo avanzó se lanzó a una medida sin perspectivas. Ahora que el paro fracasó la responsabilidad del retroceso no sería patrimonio de la gremial, “que se jugó”, sino de que las bases no están a la altura de las circunstancias. La responsabilidad es de todos, en conclusión, nadie es responsable: ésa es la línea de razonamiento que está detrás de la convocatoria al fallido paro. El activismo del banco debe abrir el debate sobre esta situación. El ataque gubernamental no ha cesado y es imprescindible ponerle límites al retroceso. Hay que aprender de los errores. No agrega nada achacarle a Zanola la responsabilidad de aislar los conflictos. Suponer lo contrario sería abrir, como se hizo en estos meses, una ilusión en la burocracia. Frente a este fracaso se trata de ir rearmando las fuerzas de los bancarios frente al proceso de racionalización, flexibilización laboral, despidos y miseria en curso. La única forma de enfrentado es con una política y un programa independiente: coordinar a las comisiones internas, delegados y activistas antiburocráticos. Denunciar con claridad la política del gobierno y sus negociados, la complicidad de la burocracia. El momento oportuno para las luchas va a estar dado por esta necesaria reconstitución del activismo antiburocrático del gremio. La realidad es que durante este tiempo la política de la CGI no ofreció ninguna alternativa concreta para superar el corset de la burocracia. No convocó a un plenario masivo de comisiones internas, agrupaciones, delegados y activistas del gremio. Se autoaisló, salvo en declaraciones, de una política de conjunto. Finalmente esta actitud la dejó grabada en bronce. La placa de conmemoración del centenario del banco la firmó en común con el Secretariado Nacional de la Bancaria. Círculo del PO del Nación Lucha en CASFEC Una importante lucha se está librando en CASFEC (Caja de Asignaciones y Subsidios Familiares de Empleados de Comercio) contra el traslado de este ente autárquico al área del Ministerio de Trabajo (estatización). CASFEC es una caja compensadora que distribuye los aportes patronales por casamientos, nacimientos y asignaciones familiares y otros rubros menores. El control de estos aportes está a cargo de casi 600 inspectores de CASFEC (tiene 1.500 empleados). La “desregulación” pretende reducir el personal a la mitad con un sistema de reubicaciones y “retiros voluntarios". Las patronales han dejado de pagar las cuotas a sabiendas de que el organismo va a ser estatizado. La medida golpea al conjunto de los trabajadores de comercio, que a corto plazo verán disminuir considerablemente sus subsidios. Al calor de la resistencia se han elegido delegados por piso, se hacen asambleas y hay un clima de gran combatividad, pero la resistencia a los planes de "desregulación" tienen una pata floja porque aun la burocracia de Cavalieri controla una parte de los delegados y de la orientación al conflicto. Es necesario profundizar la salida independiente de los burócratas que acaban de enterrar la lucha del Hogar Obrero para que los trabajadores de CASFEC no entremos en un callejón sin salida. Hay un importante sector de compañeros que están dispuestos a llevar una lucha a fondo para defender esta fuente de trabajo y a agruparse con compañeros de otras dependencias como la Junta Nacional de Granos. Carne y CASPI, para resistir los planes de desmantelamiento, hambre y explotación del menemismo. Apelar a ellos, deliberar en asambleas y no confiar en la burocracia es un camino seguro de lucha a buen puerto, ésa es la tarea. Walter Mercedes: Victoria clasista en municipales La lista Violeta que orienta el Partido Obrero de Mercedes, se impuso en las elecciones de delegados del sector de administración del municipio. La connotación política del hecho deja a lo reivindicativo en un segundo plano, cuando se considera que la Violeta estuvo encabezada por el ex candidato a concejal del PO. Los “aprietes” que tuvo que soportar el conjunto de los municipios, en el marco de las elecciones, por parte de los funcionarios y del caudillo que conduce la Comuna, quebraron a algunos sectores que respondían al PJ. La Violeta fue progresando en sus dos años de existencia a un punto que al oficialismo le fue imposible sortear la derrota. Esta se produjo en el centro mismo de la comuna, donde las nominaciones y beneficiarios a personas y puestos de trabajo son efectuados en gran proporción en favor de explotados ligados al “aparato” La victoria de la Violeta si bien se da en un momento de reflujo, abona el camino para un reagrupamiento con un gran número de trabajadores de otras dependencias. A partir de todo esto es necesario redoblar el trabajo con vistas a las elecciones de Comisión Directiva del Sindicato.

La legislatura cordobesa acaba de aprobar una ley que elimina la estabilidad de los trabajadores bancarios, deroga el estatuto y disminuye la participación de los trabajadores en las ganancias del Banco de Córdoba (así como la modificación también a las normas de reparto, que quedan sujetas ahora a la llamada productividad y a la calificación de la patronal). El Banco de Córdoba ha sido un coto privado del radicalismo para beneficio de los grupos empresariales más importantes de la provincia: Roggio, Whelan, Arcor, Mediterránea, Zanello, Aceitera Deheza, Forja. La mayor parte de ellos no ha pagado provocando una cartera de morosos de 250 millones de dólares. La aprobación de la ley fue precedida por el quite de horas extras por parte de la patronal, el congelamiento salarial y los trasladores arbitrarios. Ahora se han establecido los retiros “voluntarios” y la amenaza de despidos. Esta situación ha provocado dos masivas movilizaciones (el 14 y el 20) y el estado de asamblea permanente de delegados y activistas. Sin embargo el secretario general de la Asociación Bancaria, Faustino López, dijo ya en la primera movilización que la lucha ya estaba perdida, porque el poder real lo tenían los legisladores los que votarían favorablemente el proyecto de Angeloz. El abucheo que siguió a estas palabras fue colosal; sin embargo ningún sector ha tomado todavía la posta que la burocracia públicamente abandonó. Prensa Obrera entrevistó a Jorge Ferreyra, ex delegado y activista destacado, quien viene participando intensamente en las asambleas y movilizaciones: PO: Que balance haces de esta movilización. R: Esta ley ya ha comenzado en parte a practicarse dentro del Banco con el quite de horas extras, y por lo tanto la reducción salarial y el desdoblamiento de horarios y diversos cambios internos. La gente ha empezado a darse cuenta de que no solo corre el peligro de ser echada, sino que comienza un ataque contra todas las conquistas. Por eso se inicia esta resistencia, que se refleja en la movilización del jueves (14/11). La movilización fue convocada por la Asociación Bancaria y activistas pero cuando la movilización llega a la legislatura el secretario general López dice que esta lucha es una lucha perdida. La directiva ha colocado todo el problema en la aprobación de la ley, para terminar la lucha no bien esta fuese aprobada. Mientras tanto hay varios compañeros que comienzan a darse cuenta que la aprobación de la ley en el parlamento no es todo sino que la lucha pasa por desarrollar un movimiento que impida su implementación en los bancos en conflicto (el Córdoba, el Social y la Caja de jubilaciones). PO: ¿La directiva acuerda con la reestructuración? R: Si, es por eso que es una traba al desarrollo del movimiento. La directiva trata de disimular su complicidad, pero ellos están a favor de la “reestructuración". Por supuesto cuando dijo esto fue totalmente abucheado. Toda esta política ha llevado a que el gremio se está planteando una desafiliación masiva. La política de la Directiva, de buscar la salida en la ley de entidades financieras y ahora hace pasar todo por el parlamento, ha colaborado para ocultar las verdaderas causas de la crisis bancaria. Aquí lo que está faltando es una dirección que le explique a la gente el verdadero significado de la reestructuración; disminuir los gastos de personal y achicar las conquistas de los trabajadores mientras se perdona con más créditos a los responsables del desfalco. La burocracia ha apoyado la reestructuración y por eso no ha habido una política de denuncia y pedido de ejecución de los desfalcos cometidos al banco, no hay una política de lucha por el salario y no hay una política de resistencia al ataque del gobierno. Cuando intentamos a través del activismo y de sectores de la junta interna poner en práctica esta política, ella dio resultado y esto se vio en la última movilización y en las asambleas que se pudieron hacer en los lugares de trabajo. PO: ¿Que hay que hace ahora? R: Las bancarios veníamos de un nivel pobre, con un arrastre de luchas que no fueron buenas, y que la gente vivía como derrotas. Para superar esto la movilización del jueves es un inicio pero es necesario un programa concreto de resistencia a la política que quiere implementarse. Hay que trabajar un programa que sea: Aumento salarial. Contra la restructuración. Investigación de todos los ilícitos y juzgamiento de los directores involucrados, en manos de los trabajadores. Hay que sacar a la calle todo lo que se negocia, ocultamente en los pasillos del parlamento. "Bolcheviques" en posición de banqueros El conflicto de los bancarios cordobeses ha servido para que el Mas hiciera gala nuevamente de sus nuevas posiciones “revolucionarias”. Entre sus propuestas “alternativas” en el conflicto bancario plantea -“que se forma una comisión investigadora integrada por legisladores y trabajadores bancarios”. - “que en función de la publicidad de los dictámenes de esta Comisión se elabore una nueva ley de entidades financieras” En lugar de una política para profundizar la lucha, el Mas se lanza a una maniobra distraccionista que desarma a los trabajadores y que alimenta absurdas ilusiones en la posición de los legisladores. ¿Qué diferencia hay entre esta posición y la de la burocracia de Zanola? En todo caso podríamos decir que Faustino López ha ¡do más lejos que el Mas, pues para él los legisladores están todos vendidos y son siervos del gobierno provincial. Para peor, la corresponsabilidad sindical en una nueva ley de entidades financieras compromete a los trabajadores en la defensa del negocio capitalista bancario y del capitalismo en general, cuando no en el “blanqueo” de la patronal “en mora”. Cuanto más pretende girar a la izquierda, el Más se derechiza más.

El pasado martes 19, en horas de la madrugada, un grupo de matones de la burocracia nacional de la UOCRA al mando del interventor Leiva violentó los accesos a la Obra Social y se apoderó del edificio de la UOCRA Neuquén, para dejar luego las instalaciones en “custodia” a la policía provincial. Hace dos años una provocación similar culminó con una gran reacción obrera que expulsó a patadas a los matones del sindicato, lo que no ocurrió esta vez. Hubo una reducida asamblea de medio centenar de compañeros que decidió marchar al sindicato y reingresar al edificio, que después abandonó a manos del Juez. Existe un evidente acuerdo entre la burocracia y el gobierno provincial para que el gremio vuelva a manos de la gente de Gerardo Martínez. El gobernador Sobisch viene negociando una serie de pactos con las directivas de estatales, docentes, legislativos, bancarios para implementar despidos y congelamientos salariales. La UOCRA no puede quedar afuera de estas tratativas y por eso Leiva decidió dar el golpe ahora, en especial ante el próximo inicio de las obras de Pichi Picun y la posibilidad de una reactivación en la construcción (planta separadora de gases, Polo petroquímico). Leiva también acaba de firmar un convenio con el ministerio de Salud provincial para que los hospitales brinden su servicio a la Obra social del gremio. En el gremio el repudio a los matones se mantiene vivo. Para enfrentar el atropello de Leiva se requiere una política contra la burocracia: asamblea general del gremio para votar un pliego mínimo de reclamos y elegir una comisión de lucha para dirigir el combate contra la burocracia. Christiansen se escribió su epitafio La política del Mas de abandonar la UOCRA Neuquén, que ella dirige, para constituir un sindicato paralelo denominado Sitrac, cayó como un anillo al dedo a la burocracia. “Si quieren hacer un gremio provincial —dijo el burócrata Leiva, que acababa de asaltar el sindicato—tienen toda la libertad, pero no en el edificio de la UOCRA” (Rio Negro, 20/11). El usurpador de la patronal y el gobierno se da así el lujo de reclamar como propia la sede de la que fue echado a trompada limpia por los trabajadores cuando intentó la primera ocupación. El Mas no tiene para esto ninguna respuesta. Simplemente repite “venga al Sitrac”, “abandone la mugre de la UOCRA”, “no tenemos nada que hacer en ese sindicato” y “la verdadera salida es formar un nuevo sindicato” por lo que su reclamo de recuperación de la sede aparece ante los ojos de los compañeros como totalmente incomprensible. El Mas ha dilapidado las energías de los compañeros en una política capituladora y desmovilizadora (permitió a los burócratas levantar cabeza). Por eso la reacción de los obreros frente al nuevo atropello de Leiva no tuvo ni remotamente la amplitud de la vez anterior. En vez de mirar esta realidad de frente y extraer un balance de su política, el Mas escabulle el bulto y encubre su fracaso con la aventura. Incapaz de encabezar una resistencia a Leiva, Christiansen declaró al abandonar el edificio y entregarlo al juez: “de última si no queda nada para nosotros que tampoco quede para ellos” (Neuquén, 20/11). Esta declaración es un verdadero epitafio: el Mas no crea nada real ni nuevo, simplemente entrega la UOCRA. Ninguna asamblea del gremio aprobó la creación del Sitrac ni nadie le dio mandato a Christiansen para proseguir con la construcción de un aparato completamente artificial. Es necesaria una asamblea general que incluya a los desocupados, que vote un pliego de reivindicaciones y que encare la defensa de la UOCRA sin ningún tipo de aventuras. Norberto Calducci

El viernes 22, la Comisión Directiva del Sindicato Telefónico de Córdoba convocó a dos asambleas, una extraordinaria para discutir la situación financiera del sindicato, y la otra ordinaria, para considerar la Memoria y Balance. En la asamblea extraordinaria, a la que asistieron apenas sesenta compañeros, la mayoría de la Comisión Directiva mocionó para que se le autorizara a solicitar préstamos, negociar sus condiciones, determinar su uso sin necesidad de solicitar autorización de asambleas como lo señalan los estatutos. La moción triunfó por 36 votos contra 25 sobre la impulsada por la lista Naranja que planteaba que la Comisión Directiva debía respetar el estatuto y presentar un presupuesto de gastos para ser debatido por el conjunto del gremio. En la segunda asamblea, la mayoría de la Directiva impuso la aprobación de la Memoria y Balance a libro cerrado por 40 votos a 16. Las resoluciones acentúan el rumbo adoptado por la mayoría de la conducción "izquierdista’’ desde el primer día en que entró en funciones. Se aleja del control de los trabajadores, y aleja a éstos del gremio. Los anteriores hitos de esta política fueron su capitulación frente a la burocracia de Foetra en el Congreso de Jujuy, donde también en dos minutos se aprobó la Memoria y Balance; parálisis frente a los conflictos planteados por la aplicación del nuevo convenio; total adaptación a la política salarial de Telecom al punto que la comisión directiva está discutiendo con la empresa un premio a la productividad, en el mismo momento en que los pulpos telefónicos conseguían un aumento de las tarifas y tomaba estado publico sus fabulosas ganancias (170 millones de dólares). Las resoluciones de la asamblea tiran por la borda la pretensión de caracterizar a esta conducción como antiburocrática. El stalinismo se trasladó a Córdoba Como complemento lógico de esta política la mayoría de la conducción decidió el lunes 25 sancionar a los integrantes que pertenecen a la Lista Naranja. El motivo: que los compañeros (Guillermo Gómez, secretario de organización y Claudio Sosa, vocal) habían estado distribuyendo una declaración de la lista Naranja que impugnaba el balance presentado (al encontrar entre otras cosas que las cuentas no están claras, que existen abultados gastos que no se especifican, que se blanquean 5 meses de manejo de los fondos de la Azul, etc.) y reclamaba una Memoria, donde se plantearan la política seguida y a seguir frente al salario, el nuevo convenio y la situación general de los telefónicos. La sanción (todavía no determinada) fue aplicada por falta de "lealtad”, hacia el resto de la Directiva. El argumento de las “lealtad”, en estas circunstancias es (ni que decir que los sancionadores son partidarios a “muerte" del “pluralismo" y del “sindicalismo de liberación") típica de la maffia (solo le falta las ceremonias rituales del “pacto de silencio"). El concepto de una “unidad de la Directiva” diferente a la unidad sindical u obrera, es burocrática y típica manifestación de corruptela. La disciplina gremial vale con referencia a las resoluciones de lucha de la base, no a los enjuagues de la cúpula. La unidad de los trabajadores sólo es posible con el imperio de la democracia obrera. La mayoría de la conducción decidió quitar los permisos gremiales al compañero Gómez y a dos miembros de la secretaria gremial por pertenecer a la lista Verde (Mas). La directiva usa los mismos recursos que la burocracia de Foetra que estuvo retaceando fondos económicos al sindicato de Córdoba para "disciplinarla", algo que logró en el congreso de Jujuy.

Una “reforma” de último momento en la “ley de empleo" ha legalizado la evasión patronal con los aportes y contribuciones de los trabajadores, no solo con relación al pasado, sino también respecto al futuro (!!). Por eso, luego de haber recibido innumerables "críticas” fue recibida "sobre la hora" con tantos elogios por la clase “evasora”. La ley “blanquea” en primer lugar toda la evasión de aportes ya efectuada por las patronales por un monto, según los cálculos oficiales, de 5.000 millones de dólares anuales. La ley otorga un plazo de 90 días para que las patronales registren a los trabajadores que figuren “en negro”, quedando automáticamente “eximidos del pago de los aportes, contribuciones multas y recargos adeudados, incluyendo las correspondientes a las obras sociales” (Clarín, 24/11). Los funcionarios, legisladores y patrones, que se rasgan hipócritamente las vestiduras por la quiebra de las cajas previsionales y las obras sociales aprueban al mismo tiempo el “blanqueo” de las acciones que provocaron esa quiebra. En 10 años, la clase capitalista sustrajo de la cajas y de las obras sociales unos 50.000 millones de dólares, que son precisamente los fondos con los que el régimen previsional podría pagar holgadamente una jubilación igual a la canasta familiar. Según un cálculo publicado recientemente (Clarín, 1/12), las Cajas privadas que el menemismo pretende establecer en forma compulsiva, no lograría “capitalizar" en la próxima década más de 36.000 millones de dólares, incluidos los beneficios y rentas correspondientes. Sin embargo, luego de este “blanqueo" la ley autoriza a seguir con la evasión, esto al establecer que en caso de que una empresa aun tuviese “trabajadores que no estuviesen registrados o figuren con una remuneración inferior a la real o tuviesen consignada una fecha de ingreso posterior a la real” podrá “regularizar la situación” dentro de los 30 días de efectuada la intimación” (Clarín, ídem). De esta manera se podrá seguir con el delito de registrar “en negro" y evadir aportes, porque los evasores siempre tendrán 30 días para regularizarse ¡La ley autoriza su violación! Pero aunque pueda parecer increíble la "nueva” ley de empleo incentiva el registro “en negro” al establecer que “computado como tiempo efectivo de servicio” del trabajador será el período no registrado por la patronal, pero que “no (se) acreditarán aportes ni monto de remuneraciones”, con lo cual se disminuyen las futuras indemnizaciones por despido, o el haber jubilatorio al momento del cese laboral. El trabajador es castigado por la fechoría de la patronal. La ley de empleo es, entonces insistimos ella misma un delito. Pero hay más. El ministro de trabajo le dijo a la Unión Industrial que iba a ser “comprensivo” a la hora de "reglamentar" la ley, una arbitrariedad que la Constitución otorga al Ejecutivo. Ni lento ni perezoso Rodolfo Díaz “adelantó anoche que algunos artículos de la ley de empleo recientemente sancionada por el Congreso van a ser reglamentados por decreto, para adecuarlos a la desregulación de la economía” (Ámbito, 29/11). Esto significa que aún habrá “novedades” con esta ley en todos aquellos puntos que aun reclaman las patronales (seguramente eliminará la necesidad de un acuerdo previo del sindicato para aplicar la “flexibilización laboral”). La versión definitiva de la ley aún está por definirse, ¡¡a pesar de haber sido sancionada por el Congreso!! Los parlamentarios no han abierto la boca por este ataque a su función legislativa, porque ellos también son "comprensivos” de las reales necesidades de los explotadores.

Para principios de diciembre, Menem y Cavallo pretenden anunciar la "reforma previsional”, dando con ello satisfacción a un viejo reclamo del “lobby” de los banqueros. La “reforma” —cuyo “modelo" es el sistema instaurado por Pinochet en 1981— deroga, por un lado, el 82% (y cualquier relación entre el haber jubilatorio y los salarios) y eleva la edad jubilatoria “entre 60 y 62 años para las mujeres, 65 años para los hombres” (Clarín, 27/11). Por otro lado, transfiere y sustituye a las Cajas por un “sistema mixto" (en el cual entrarán obligatoriamente todos los trabajadores menores de 50 años) que estará integrado, de una parte, por el Estado —que pagará una “jubilación mínima garantizada”, igual para todos los trabajadores, que rondaría los 125 dólares— y, por otra parte, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), instituciones financieras privadas sin garantía estatal. Estas AFP recaudarán los actuales aportes obreros (hoy del 11%), cuyo monto estimado ronda los 125 millones de dólares mensuales. La jubilación consistirá en el reintegro de estos aportes más la renta de las inversiones que se hubieran realizado con ellos. Los haberes de los actuales jubilados, mientras tanto, como los de los trabajadores que se jubilen en los próximos quince años, así como las futuras “jubilaciones mínimas garantizadas" serían financiadas con los aportes jubilatorios patronales, que son hoy del 15%. Exterminio de los jubilados El punto de partida de la “reforma" es la derogación del 82%, con lo cual, “se procura blanquear el actual nivel de haberes” (Clarín, 27/11) y dejar establecido para las próximas décadas un nivel mínimo de inanición, ya que no guardará ninguna relación con los salarios. Pero, además, “la falta de los aportes de los trabajadores que pasen al sistema por crearse provocaría una pérdida del 25% de los recursos del sistema previsional... (lo que obligaría a que) los haberes se redujeran en la misma proporción” (ídem). La “reforma menemo-pinochetista" debutará, por lo tanto, con una reducción estructural de los haberes y, aun así, con un crecimiento enorme del déficit previsional. Es por este motivo que la “desregulación" cavalliana unificó las cajas jubilatorias con las de los subsidios familiares, con el indisimulado propósito de meter la mano en estas últimas para cubrir el previsto déficit previsional y justificar el cese, también previsto del actual aporte patronal. Robo a los activos La “retoma menemo-pinochetista” también mete la mano en el bolsillo de los trabajadores activos, que serán obligados a entregar una parte de sus salarios a instituciones financieras que no tienen ninguna garantía estatal y sobre las cuales no tienen ningún control. Los trabajadores pasarán de un régimen legal que les reconocía el derecho a una jubilación del 82% de su sueldo, a otro que no les garantiza nada, pues el monto de esos reintegros dependerá del “éxito" financiero de las mismas y del “rendimiento” de las inversiones que éstas realicen. ¿Qué pasa si las AFP quiebran como consecuencia del fracaso de operaciones especulativas o fraudulentas, como ha sucedido en Chile en los primeros años de vigencia del sistema? En tal eventualidad, los trabajadores pierden todos los ahorros “forzosos" de su vida, salvo que el Estado corra al salvataje de las privadas, cargando el costo de la operación a los contribuyentes. Y aun cuando no quiebren, la “privatización" tampoco asegura nada, porque los trabajadores no tienen ningún control sobre las operaciones, los beneficios o los libros contables de las AFP. En el “ejemplar” Chile, las jubilaciones privadas (95 dólares) son inferiores a las argentinas y apenas un 35% superior a las “asistenciales" que paga el Estado. Aunque el trabajador aporte el 11% de su sueldo a los fondos de pensión, éstos sólo considerarán como “ahorro" el 8%; el resto —casi 40 millones de dólares al mes— será embolsado directamente por las privadas en concepto de “comisiones” y “seguros" (Clarín, 14/11). En Chile, las “comisiones” fueron aumentando conforme avanzó la monopolización del negocio hasta alcanzar el 47%, ¡la mitad de los fondos que los trabajadores son obligados a depositar! (La Voz del Interior, 12/11). El gobierno aún no definió que hará con los aportes a las cajas jubilatorias ya realizados por los trabajadores en actividad que de aquí en más deberán aportar a los Fondos. Si decide “transferirlos” a las privadas (como se ha hecho en Chile), habrá creado de la noche a la mañana una nueva deuda pública, ya que el gobierno se ha gastado todos los aportes y sólo podría ofrecer “bonos”. Los nuevos curros no anulan los viejos. Como ahora, las patronales seguirán encargadas del descuento y del depósito de los aportes de los trabajadores que seguirán aportando a las Cajas (mayores de 45 años). La tolerada evasión patronal —hoy del 60% de los aportes, 5.000 millones de dólares al año— lejos de desaparecer, crecerá como ha sucedido en Chile, según se hizo saber en un reciente congreso iberoamericano de seguridad social (Folha de Sao Paulo, 7/5). La “reforma" no pretende resolver la crisis previsional sino que es simplemente un negociado de cara al pasado (blanqueo de evasores) y al futuro (obligado aporte a fondos privados especulativos). Ilegalidad La “reforma menemo-pinochetista" es, sin embargo, enteramente ilegal!! Es que pretende, nada menos, que legislar hacia atrás derogando los derechos irrevocables de los actuales jubilados y los de los propios activos que han aportado, y aún aportan, a un régimen que les garantizaba y les garantiza el 82%. La ilegalidad de todo el emprendimiento la reconocen los propios privatistas. En efecto, el actual titular de Seguridad Social, Walter Schultess, escribía en enero de este año que “la jurisprudencia no se ha expedido sobre los derechos adquiridos de los aportantes en caso de un intento de modificar el sistema al cual aportan. En general, ha fallado sobre los derechos de los beneficiarios, que gozan de un derecho adquirido de ejecución individual”. Por eso, recomendaba “una definición previa con respecto a quienes y en qué medida pueden ser transferidos de un sistema a otro”. (Realidad Económica, n° 120, enero/marzo 1991). El gobierno menemista que se desvive por las “seguridades jurídicas” y los “derechos adquiridos” de los capitalistas (al punto de firmar en Washington el reconocimiento de la soberanía de los tribunales norteamericanos en caso de litigio con los inversores estadounidenses) no tiene ningún empacho en violar los derechos y las seguridades de los trabajadores. La dictadura patronal no puede ser más descarada. Especulación y deuda pública El verdadero objetivo de la “reforma” es poner en manos de los Fondos de Pensión —es decir, de los bancos y en particular de los bancos acreedores— una masa de recursos financieros “baratos”, que supera los 1.500 millones de dólares al año. Se producirá, así, una enorme concentración de la riqueza y del ahorro nacional en un puñado de manos; en Chile, por ejemplo, “nueve de las doce AFP son propiedad de los grandes grupos económicos y dos de ellas habían captado más de la mitad de los asegurados. El capital de la AFP puede elevarse al 65% del PBI” (La Voz del Interior, 12/11). ¿Adónde irán esos fondos? En el caso de Chile, según el especialista Carmelo Mesa Lago “casi las tres cuartas partes de la inversión de los fondos están en valores estatales o en depósitos de corto plazo en bancos estatales o comerciales intervenidos por el Estado” (La Voz del Interior, 12/11). Otra “aplicación” particularmente parasitaria de estas “inversiones” la constituyen “los empréstitos que hacen los fondos de pensión al sistema jubilatorio estatal (en quiebra y encargado de pagar a los antiguos beneficiarios) que algunos analistas estiman en más de 20.000 millones de dólares” (ldem). La hipocresía de la “reforma” es completa: como antes, “reforma" mediante, la misma plata, de los mismos aportistas obreros, irá a los mismos jubilados, con la diferencia que entre la Caja actual y el beneficiario se interpondrá un monopolio, que recogerá los aportes, se los prestará al Estado a cambio de un interés. El especialista chileno ya mencionado traza un balance demoledor del “modelo" de los “reformadores” argentinos: jubilaciones de 95 dólares (con aportes superiores a los argentinos), “las obligaciones estatales aumentan en lugar de disminuir... se genera un déficit enorme con la disminución de la recaudación de la seguridad social... antes que un mercado de capital verdaderamente competitivo se está fortaleciendo la concentración del capital” (ídem). Contra esta perspectiva de auténtica barbarie social, el Partido Obrero plantea el cobro compulsivo de la evasión patronal, el no pago de la deuda externa y el control obrero de los aportes previsionales para proceder a reponer la plena vigencia del 82%, una jubilación mínima equivalente al costo de la canasta familiar y el cobro en efectivo de las deudas previsionales. Deudas previsionales Contratistas sí; jubilados, no Menem acaba de vetar la ley que establece el pago en efectivo de las deudas previsionales con sentencia judicial firme dictada antes de junio de 1988. Esta decisión representa un doble o triple desfalco contra los jubilados, pues en los casos afectados ya se habían producido desagio, descuentos o rebajas con relación a la deuda original. Pagada ahora en bonos representa una nueva confiscación, así como la violación de acuerdos entre partes. El veto afecta a diez mil jubilados porque el millón ochocientos mil cuyas sentencias quedaron firmes con posterioridad a esa fecha o que tienen deudas reconocidas sin sentencia firme (Clarín, 20/11) ni siquiera están contemplados en la posibilidad de cobrar en efectivo. Quienes aducen, sin embargo, que el gobierno menemista carece de "sensibilidad social" se equivocan. Esta política es la consecuencia de su fina “sensibilidad social”... capitalista. En efecto, poco antes de vetar el pago en efectivo a los jubilados, Menem-Cavallo promulgaron una serie de decretos que modifican la ley de Consolidación de Deudas (¡otro acto ilegal, y van ...!) para autorizar a los contratistas del Estado (Techint, Pescarmona, UCASA, Cartellone) y a los acreedores de la ex-ENTel (Siemmens) —quienes debía cobrar sus deudas con BOCON, como los jubilados— a hacerlo en "BOTE”, títulos a sólo 5 años de plazo (y no a 16 como los jubilados) y cuya primera amortización es a los 6 meses de la emisión (y no a los 72 como los jubilados) y con una renta superior (Página 12, 29/10). Para la “patria contratista", sí; para los jubilados, no. Dos pesas, dos medidas, una dictadura patronal. Ética y política capitalista El congreso ratificó sus jubilaciones de privilegio El primer día del 992 entrará en vigencia el nuevo “régimen de Jubilaciones especiales" para la burocracia estatal, judicial y parlamentaria. La ley —que ha sido “consensuada" por los bloques mayoritarios de ambas cámaras—viene a reemplazar a la que fuera “derogada" por Menem y el Congreso antes de las elecciones. La nueva ley establece que los funcionarios gozarán de una jubilación equivalente al 82% del sueldo vigente al cumplir 60 años, si han realizado aportes por 30 años y permanecido en su cargo dos años (para los funcionarios del Ejecutivo) o cuatro (para tos del Legislativo o la Corte Suprema). La Nación (21/11) sostiene en una editorial que la ley es “un paso adelante”, porque “desaparece el privilegio de acceder a la jubilación habiendo ejercido el cargo aún por un sólo día”. ¡Que descaro! No será un día, serán cuatro años, que se componen de seis meses de sesiones, un día por semana y la posibilidad de estar siempre ausente sin aviso. La ley no elimina “los beneficios notoriamente superiores a los de las jubilaciones comunes”, como se ve obligado a reconocer el editorialista de tos Mitre. Los burócratas se autoasignan el 82% (que cobrarán efectivamente) mientras desconocen, pisotean y se aprestan a anular el derecho de los jubilados a cobrar un haber del 82% de su salario de cese. Los burócratas, por supuesto, no derogan sus “derechos adquiridos”, pero se aprestan a violentar tos de tos jubilados y tos de tos trabajadores activos con la “reforma previsional”. Todo esto sin mencionar que son ellos los que se fijan sus propios sueldos, dietas y “adicionales” (como las dos cuotas de 3.000 dólares por “gastos extras" o tos 1.700 por “seguro de desempleo" que se auto-votó el Congreso). El único resultado concreto que ha tenido esta “comedia" es la derogación efectiva de más de 40 regímenes de jubilaciones “especiales" para trabajadores que realizan tareas penosas, riesgosas, insalubres o que determinan un envejecimiento prematuro (trabajadores de la industria gasífera y petrolera, tos que están en contacto con los enfermos infecto-contagiosos, maquinistas ferroviarios; elaboradores de combustibles, mineros, etc.). Todos estos trabajadores quedarán comprendidos a partir de ahora en “las generales de la ley", es decir, en una jubilación “asistencial”, a los 65 años de trabajo. El pueblo ya hará tronar el escarmiento.

Desde el inicio del plan de convertibilidad ha tenido lugar una reactivación industrial relativamente importante. Según datos de institutos patronales el aumento de la producción fabril se situaría en el orden del 30% con respecto a marzo de 1991. Se trata de una reactivación de características irregulares, al punto que hay ramas que registran caídas significativas. La mayoría de las estimaciones aseguran que esta tendencia ascendente continuarla en los próximos meses. Todos los planes de “estabilización” de los últimos tiempos (austral, australitos, primavera, Bunge y Born) debutaron con una reactivación industrial. En caso del plan B y B (julio a diciembre de 1989) la producción industrial aumentó un 12%. Más espectacular fue lo que ocurrió con Erman González cuando la actividad fabril aumentó un 20% entre enero y agosto de 1990. Nada superó hasta ahora, sin embargo, al plan Austral que, con algunos leves altibajos, registró un aumento sostenido de la producción industrial del orden del 40%, desde julio de 1985 hasta bien entrado el año 1987. El plan primavera, que duró pocos meses, produjo un crecimiento del 10%. Como se puede ver, la reactivación de Cavallo no constituye una reversión de tendencia con respecto al pasado, pues hasta ahora se ha limitado a repetir los ciclos cortos de retroceso y aumento de la producción. La reactivación de Cavallo se encuentra todavía por debajo de los niveles del plan Austral. El incremento del 30% de la producción se da con relación al índice de actividad de marzo, el más bajo de toda la década. Si la comparación se efectuara, en cambio, con el promedio de 1990, la producción fabril de octubre de 1991 solo sería un 6,5 % y un 7% superior. Si la actual reactivación industrial se conforma con los parámetros de los últimos quince años (1976/ 91) queda por ver sus causas, su naturaleza y por sobre todos sus perspectivas. Desde el punto de vista de la demanda la reactivación industrial no está alentada por las exportaciones que, según las estadísticas oficiales, no variarían respecto al año pasado. Tampoco se puede atribuir a un aumento del poder adquisitivo de la población o a una mejora del salario real, que simplemente, no ha sucedido. FIEL estima que el salario real industrial entre marzo y octubre cayó un 10% y el de la administración pública un 15%. La ocupación laboral también descendió, incluso en el caso del sector privado, al punto que FIEL sostiene que “le industria manufacturera Informó reducciones en el personal ocupado..." y “planee continuar reduciendo sus planteles" (indicadores de Coyuntura, octubre de 1991). Tampoco se registraron inversiones sean externas o internas. Por ejemplo, el oficialista Enrique Szewach sostuvo que “la demanda de sectores de bienes de capital indica que todavía no hay un movimiento de inversión fuerte. Existen movimientos de reactivación pero no de inversión. Se ha utilizado mejor la capacidad instalada, pero no se ha incorporado tecnología” (Diario de Río Negro, 2/11/ 91). Prácticamente la inversión pública ha desaparecido y la privada ni siquiera asoma. El equipo de Cavallo espera que la inversión en 1992 se ubique “en torno del 12% del PBI”, cuando la media histórica argentina fue del 20%. Una tasa del 12% solamente sirve para reponer el capital que naturalmente se desgasta, es decir, que en las propias estimaciones oficiales el año próximo el stock de capital permanecería invariable. Por este motivo, oficialistas como Miguel A. Broda dicen que hay un proceso reactivante “pero crecimiento económico es otra cosa” (Revista Reporte N° 35, octubre 1991). Llach, secretario de programación económica, admite que no hay inversiones cuando afirma “que a partir de 1992 los factores que van a impulsar el crecimiento no va a ser solo el aumento del consumo sino también la inversión"(ídem). ¿Si la exportación no aumentó, si el salario y la ocupación descendieron y no hubo inversión, a dónde fue la mayor producción industrial? La mayor producción se concentró básicamente en automotores, artefactos para el hogar, cemento y alimentos. En los demás las subas no son significativas, y en otros, como petroquímicos, tractores, siderurgia, insumos y bienes de capital, prosigue el descenso de la producción. A la luz de estos datos cobra significado el diagnóstico de Deborah Giorgi, del equipo del menemista González Fraga, de que la demanda ha crecido en esa oportunidad como consecuencia del llamado “efecto riqueza”. Se entiende por tal a la parte destinada a la adquisición de bienes del total de las ganancias especulativas propiciada por el plan Cavallo. La revalorización de acciones y de inmuebles, que beneficia tanto a los capitales ya instalados como a los “golondrinas" genera una demanda de consumo de las clases “altas” y parte de la “media” que reactiva a la producción y puede favorecer como consecuencia de esto a los trabajadores empleados en esas ramas y en los servicios que las atienden. En el caso de las viviendas, por ejemplo, El Cronista informa que “los proyectos en ejecución o de inminente inicio están conformados por unidades de gran categoría, superiores a las 100 m2 propios en lugares especiales de la ciudad... ” (8/ 11/91). El gobierno ha acentuado estas características de su plan al desgravar los beneficios y transacciones financieras y aumentar los impuestos al consumo masivo. El plan austral produjo además del “efecto riqueza" un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y hasta cierto punto del salario real. Bajo la "economía de guerra” de Alfonsín la reactivación tuvo en cuenta un mayor consumo de la población. Ahora, en cambio, se trata de una reactivación socialmente regresiva, pues su alcance para los trabajadores depende del consumo ostentoso de tos “ejecutivos” y de los explotadores y sus familias. Otro factor de recuperación de la demanda ha sido el crecimiento del crédito, también en provecho de los “mejor situados”, como consecuencia de la emisión de moneda que no se desvaloriza debido a que el dólar está fijo. Este mecanismo de reactivación hipoteca la demanda de consumo en el futuro, al gravar tos ingresos de sus usuarios. Pero, por esto mismo, la reactivación presente tiene bases más frágiles que las pasadas, al depender estrictamente del mecanismo de la especulación. Por su propia naturaleza, ésta es convulsiva, toca un techo antes de reanimarse. Por ejemplo, en el caso de tos inmuebles ahora “los proyectos no son rentables porque, precisamente la Incidencia del valor del lote es tan alta que un departamento de dos ambientes... tendría un costo de 35.000 dólares... o sea 35.000 dólares para su posterior venta en 40/ 45.000 dólares, un valor muy alto en estos momentos que encontraría muy pocos compradores. De tal manera, ninguna empresa so ocuparía hoy de un proyecto de tal naturaleza"(EI Cronista, 8/ 11). En el caso de los automotores y de tos artefactos para el hogar el aumento de la producción nacional ha sido “protegido" por los altos aranceles a la importación, pues de lo contrario el “efecto riqueza” se hubiese trasladado enteramente a la importación. La industria automotriz tiene un arancel del 35% y cuotas de importación, y los bienes electrónicos un arancel del 35% y precios de referencia elevados para el cálculo de tos derechos de importación; es decir, que son industrias protegidas, o reguladas, que chocan con el resto de los sectores “desregulados” Aún así, la producción en ambos casos está un 40% por debajo de tos niveles históricos, 140.000 autos contra los 280.000 de ...1980. Crédito Algunos economistas atribuyen la mayor producción a la reaparición ya mencionada del crédito. Pero aún este crédito depende de que se sigan inflando tos balances y los activos de las empresas, porque es esto lo que aumenta su capacidad de obtener préstamos, y lo mismo ocurre con las propiedades de tos “altos” consumidores en general, ejecutivos y directores de empresas. El presidente de la Comisión de Valores, Martín Redrado, acaba de declarar (Clarín, 1/12) que las emisiones de nuevas acciones sirven precisamente, para aumentar la garantía de las empresas para obtener préstamos del exterior. El crédito funciona sobre la base del crecimiento del capital "ficticio”, del capital que crece en tos libros sin que ocurra lo mismo con la inversión real en máquinas y edificios. Esto significa que solamente puede funcionar mientras se mantenga la valorización especulativa de los activos. Si éstos se desploman — y la tendencia a la caída se ve todos los días en los vaivenes en la Bolsa— esos créditos quedarían en el aire porque no tendrían un respaldo real equivalente. Para mantener la reactivación, Cavallo necesita, como el pez al agua, la valorización ficticia del capital, pero eso mismo aleja cada vez más la inversión productiva, cuya condición es la existencia de capitales líquidos (en dinero) baratos. Otro problema es la perspectiva de que el comercio exterior argentino sea en 1992 deficitario. "Si la evaporación del superávit se consuma sin ingresos de capital de riesgo, ni repatriación de residentes, la brecha externa que interrumpió nuestra expansión durante los '60 y los '70 puede interrumpir el crecimiento posible”, según el asesor de la UIA, Marcelo Lascano (Revista Reporte, ídem). Debido a eso, Lascano prevé “una severa depresión" en el plazo de unos pocos meses. Privatizaciones No faltan quienes atribuyen la reactivación a las privatizaciones sin comprender su función puramente especulativa; juzgan que han dado lugar a una nueva inversión cuando solamente han producido un traspaso de activos. Las inversiones podrían venir en caso de que los nuevos dueños decidieran traer capital del exterior o reinvertir las utilidades. Lo primero está descartado porque tos acreedores han sido claros en no aumentar el grado de exposición de sus capitales en la Argentina. La reinversión de las utilidades, por su lado, está condicionada por tos dividendos ya comprometidos con el exterior, por tos distintos grupos tenedores de las acciones. Ni siquiera los grupos capitalistas locales están adquiriendo las empresas públicas con fondos propios, ya que todos han lanzado emisiones de bonos o títulos en el exterior para adquirir empresas del Estado o reservas comprobadas de petróleo. El caso petrolero es ilustrativo, esto porque a pesar del aumento de la renta petrolera en un 60% en dólares, el barril pasó de 14 a 24 dólares, la producción de este año será igual a la del año pasado, con el agravante de que las reservas disminuyeron, lo cual indica que en materia exploratoria no se ha hecho absolutamente nada. Perspectivas La mayor producción se alcanzó, entonces, en base a una mayor explotación obrera, sin inversiones, ni tecnología, dentro de los límites de sectores específicos. Es una mayor producción en base a una prolongación de la jornada de trabajo, y con descenso del salario. En el caso automotor las empresas informaron a la prensa que tienen cuellos de producción porque los obreros abandonan las líneas de producción o directamente la empresa debido a los salarios miserables que reciben. Estamos ante una reactivación que refleja el proceso de especulación desatado por el “plan de convertibilidad”, cuyos límites se hacen ver cotidianamente en el plano social y en el económico.

Transcurrido un año de la “privatización" de Aerolíneas, sus “dueños" manejan la empresa sin haberla pagado. Han consumado el fraude del fraude, al apropiarse de la compañía sin entregar siquiera los desvalorizados títulos de la deuda externa que hablan comprometido. Adeudan 550 millones de dólares en títulos, cuyo desembolso fue bicicleteado mes tras mes, violando todos los plazos estipulados en los pliegos de licitación. Tampoco presentaron las garantías y avales requeridos para respaldar los planes de inversión que prometieron. Inventaron el pretexto de una deuda del estado con Aerolíneas (que fueron inflando ininterrumpidamente) para justificar la estafa. Mientras declaraba que “no vamos a perdonar lo que deben porque es dinero de la comunidad”, Cavallo terminó reconociendo parcialmente la existencia de esta deuda ficticia. Últimamente el gobierno ha considerado la alternativa de retener como represalia el 10% de las acciones de la compañía, que aún tiene en sus manos. Pero este porcentaje minoritario del paquete accionario es completamente irrelevante para influir en la conducción de la empresa. Este punto es esencial, porque existen numerosos indicios de un vaciamiento en marcha. Iberia no sólo demora la entrega de títulos, tampoco ha concretado ninguna de las inversiones previstas. No incorporó nuevos aviones y pospuso un relanzamiento comercial repetidamente anunciado. Lo más interesante es que sus “ejecutivos no la están administrando como para quedarse”, no tienen “un plan de acción”, “nadie controla su funcionamiento” y preocupa que “esta situación lleve a la quiebra” (Clarín, 21/11). Aerolíneas es apenas una pieza del quebranto mayor de Iberia. La compañía estatal española declarará pérdidas por 400-500 millones de dólares en 1991, y está buscando salvarse ingresando en alguna de las mega-fusiones que concentrarán el negocio aeronáutico en cinco o seis monopolios internacionales. Aerolíneas es una prenda de esta negociación, y sus apetecidas rutas internacionales serán digeridas en este proceso de absorciones. Iberia está repitiendo la misma aventura que realizó en la Argentina, en Venezuela y Perú, para poner el mercado latinoamericano en la mesa de negociación con los grupos europeos y norteamericanos. La American Airlines (que desertó de la licitación de Aerolíneas) podría llegar a reingresar al país por esta vía. Si, en cambio, fracasa esta repartija internacional de la empresa, Menem terminará re-estatizándola con una renovada montaña de deudas. La “privatización” de Aerolíneas es simplemente el extremo de la política de confiscaciones del patrimonio nacional que se oculta detrás de esa denominación y de su calidad de medio para descargar los títulos de la deuda externa. A través de Iberia se procesa la liquidación de Aerolíneas y la concentración del tráfico aéreo en menos manos. Se trata de un episodio de la crisis económica mundial, no de una reactivación de las fuerzas productivas. No es una excepción “desprolija" ni un ejemplo de tos “errores que no se deben repetir". Demuestra que las “privatizaciones realmente existentes" son un fraude.

Desesperado por conseguir el dinero para cumplir con las metas acordadas con el FMI, el gobierno se apresta a otorgarle más prebendas a las super-subvencionadas Telefónica y Telecom. El “superávit fiscal" comprometido con los acreedores para el último trimestre del año depende por entero de la colocación de las acciones de las compañías telefónicas que quedaron en manos del Estado luego de la privatización de Entel. Cavallo está obligado a garantizar la venta de estos títulos, ya que tiene computados parte de estos fondos como ingresos de Tesorería y hasta recibió un adelanto de 300 millones de dólares en efectivo de tos bancos que realizan la colocación. Pero como se trata de acciones emitidas en nombre de Telefónica y Telecom, se necesita la aprobación de ambas empresas, que están aprovechando la urgencia del gobierno para exigir más subvenciones. Los beneficiarios de las mayores tarifas por el manejo del peor servicio del mundo reclaman la ampliación de la lucrativa “área urbana” y un nuevo tarifazo en esta zona. Como no tienen ni un gramo de confianza en la estabilidad del plan Cavallo, piden que los ajustes futuros incluyan la inflación y no sólo la evolución del dólar, y una indemnización en caso de devaluación. El gobierno aceptó las exigencias de Telefónica, pero debió postergar hasta marzo la colocación de tos títulos de Telecom. Los bancos que comandan la operación, y que cobran el usurario 11% de comisión, intimaron al gobierno a devolver el dinero adelantado si se posponía el negocio en su totalidad. Telecom quiere tarifazos bien estipulados, y no por nada está buscando los medios para reducir su deuda internacional de 120.000 millones de francos, o 2.500 millones de dólares. La realidad financiera de Telecom y Telefónica en Argentina es un misterio total porque no existe ningún control gubernamental, y porque al verse obligadas a presentar balances para el lanzamiento de las acciones, aparecieron evidentes truchajes contables (los españoles declararon el doble de ganancias que tos franco-italianos). El segundo acto de la privatización de ENTel sufre la amenaza de naufragio por todos los costados: crisis bursátil, presión del FMI, tarifazos inflacionarios, apetitos de tos comisionistas. Mientras el gobierno anuncia que concluirá el remate de todas las empresas públicas en 1992, el negociado de su primera privatización aún no ha concluido.

Luego de que el joven rosarino Fabian Begnini fuera muerto a quemarropa por un suboficial de la Policía, todos los voceros del Estado levantaron su voz para reclamar “que se diferencie al hombre de la institución” (policial). Lo cierto es que, a partir de entonces, comenzó a desplegarse un vasto operativo de encubrimiento del “hombre" por parte de las “instituciones”. Luego de ser herido —según declaró un testigo del crimen— Begnini fue “paseado” en una chata por la patrulla policial actuante y “sólo dos horas después (de ser baleado) llegó al hospital de Emergencias” (La Capital, 22/11). Sin embargo, el juez interviniente “no imputa a los acompañantes de Orrego” (el sargento inculpado) (ídem). La “morosidad” judicial tiene sus razones: cuando el crimen tomó estado público, el jefe de la Unidad Regional II amenazó con su renuncia, por “las críticas de algunos medios a la institución policial a raíz de la muerte de Begnini” (LC, 20/11). En la noche del 19 de noviembre, la cúpula policial de Rosario se autoacuarteló y se reunió en un acto —a la vista de la prensa —donde se vivó “a la policía y a sus hombres”. Luego de una reunión con autoridades del gobierno y la justicia, el jefe policial retiró su renuncia. Pero a partir de allí, el caso Begnini comenzó a tomarse —según la justicia— “complejo e intrincado”. Al cabo de diez días de versiones contradictorias, el informa forense sobre la autopsia de Begnini “descartaría la presencia del orificio de entrada de la bala”. La causa de la muerte sería, ahora, una “hemorragia intracraneana”, causada “por doce golpes leves”. Más aún, los golpes “no habrían sido determinantes del deceso, al estar calificados como leves, sino que la muerte fue causada por la propia presión de los huesos sobre el cráneo” (sic) (LC, 26/11). Todo este galimatías apunta a caratular a la causa como homicidio no intencional, lo que permitiría proceder luego a la excarcelación del suboficial Orrego. Si continúan en esta “línea argumenta”, ¡terminarán calificando al caso Begnini como suicidio!

La UJS (Lista Naranja) realizó una muy buena elección en la facultad de Humanidades. Con 425 votos —el 10% del padrón de votantes— la UJS salió tercera detrás de la Franja y a sólo 15 votos del MNR, un crecimiento del 40% con respecto al año pasado. La UJS (lista Naranja) aventajó al PTS, al Pl (que se presentó camuflado como la “independiente Lista 100”), al PC y al Mas, que se ubicó a la cola. Si bien la Franja volvió a ganar y mantuvo su caudal del 50%, fue significativo el crecimiento general de la izquierda, que llegó al 20%, y el retroceso del Pl y el MNR. Dentro de la izquierda, solo la UJS (lista Naranja) hizo una campaña altamente politizada y de oposición militante al gobierno. Mientras el PTS se dedicó a promover la formación de “cátedras paralelas marxistas”... “para terminar con la miseria de esta sociedad a través de una práctica profesional al servicio de la clase obrera...” (¡increíble no?!), la UJS concentró su denuncia del “ajuste universitario” de Menem y Salonia (con el encubrimiento del rectorado, el Consejo Superior y la dirección de la FULP (Franja-MNR). La UJS destacó el carácter social y no “académico” de la lucha por la defensa de la universidad y la necesidad de reconstruir las organizaciones del movimiento estudiantil vaciadas por los burócratas fulpistas , para hacer de las aulas una trinchera de resistencia a la política capitalista y proimperialista del gobierno.

El gobierno ha derribado una puerta abierta. La “desarticulación de la banda de los comisarios" puede reducirse a lo siguiente: Menem y Manzano han “descubierto” algo ya sabido por la “comunidad de inteligencia": que el secuestro de Macri era la obra de los mismos policías y militares responsables por decenas de secuestros extorsivos desde 1978 y de la desaparición y torturas de miles de personas. Por eso, Ámbito Financiero (29/11) duda de si estamos en presencia del “escándalo criminal más importante de los últimos años o tan sólo (ante) un ‘bluff’ con determinadas motivaciones políticas”. El ahora detenido subcomisario Ahmed y el ahora prófugo subcomisario “Poroto ’’ Vidal ya estuvieron detenidos en 1979 por el primer secuestro de Sivak y compartieron la cárcel con el “servicio" Raúl Guglielminetti. Las “revelaciones” del gobierno no revelan nada, excepto la monumental impunidad del aparato represivo. Los miembros de la “banda de los comisarios" formaron parte de los “grupos de tareas” de la dictadura. Los detenidos Ahmed, Arza y Biyarri y el prófugo Vidal pertenecieron a la Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación Federal) de la Policía; el detenido comisario González fue lugarteniente del “Pajarito” Suárez Masón; Guglielminetti revistó en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, junto con Leandro Sánchez Reisse y el “japonés" Martínez, secuestradores de Fernando Combal y David Koldosky entre otros. “Fue en esos primeros años (de la dictadura) que el Batallón 601 (al mando del futuro "demócrata" Reynaldo Bignone), la SIDE del general Otto Paladino y la Superintendencia de Seguridad Federal comandada por el coronel Arias Duval llegaron a un acuerdo sobre el nuevo método a implementar para la guerra contra la insurrección armada: secuestrar a empresarios privados de protección (oficial) y obtener fondos para sus operaciones” (Página 12, 30/11). Estas “operaciones" contaron con el “apoyo logístico "del Banco Central, dirigido por ese entonces por otro sector de empresarios, encabezado por Cristian Zimerman (Banco de Negocios, Salomón Brothers) y Martínez de Hoz. El secuestrado Fernando Combal recuerda que los secuestradores tenían “datos precisos” sobre los bienes de los secuestrados y que "reclamaban el 10% del descubierto que la entidad financiera de varios de ellos podía conseguir en el BCRA” (Ámbito Financiero, 29/11). “Los secuestros de aquella época demuestran que la División Bancos de la Policía Federal y la Superintendencia de Bancos del BCRA cruzaban ‘demasiada’ información” (ídem). Es decir que para asegurar que se ha desmontado el aparato de los “secuestros extorsivos" hay que remontar más alto, mucho más alto, todavía. Algo totalmente imposible para el régimen menemista, como ya lo había sido para el alfonsinista. La detención de la "superbanda" es apenas un episodio de una “guerra” entre clanes represivos afirman los abogados de Arza y González. “González —dicen— tiene documentos que incriminan a ministros en grandes negociados y si lo tocan, los dará a conocer. ¿Chantaje? Es posible: el comisario, vale recordarlo, controlaba las comunicaciones policiales y desde allí, el poder pedía el mítico “pinchado" de los teléfonos” (La República, 30/11). Ámbito Financiero (26/11) identifica nada menos que a Leandro Sánchez Reisse, ex miembro del Batallón 601, actual colaborador de la CIA y secuestrador de Combal, Koldosky y Jaime Prisang como el “buchón" que permitió capturar a la “banda". Después del secuestro de Macri, según AF, “Sánchez Reisse volvió al país (a pesar de sus procesos en la Justicia) y se entrevistó con varios funcionarios a los que les contó cómo operaba la banda, cuántos secuestros habían hecho a lo largo de estos diez artos y, fundamental, el nombre del cabecilla”. El “precio" de la información habría sido la renuncia oficial a reclamar su extradición a la Argentina. La detención de Ahmed y su banda es, entonces, la impunidad para Sánchez Reisse y la suya. ¿Seguridad? ¡Las pelotas! ¿Sánchez Reisse y su banda quedaron fuera de la investigación porque podían llegar a destapar las conexiones de los secuestradores con el Banco Central? Combal recuerda que la esposa de Sánchez Reisse es la nieta del primer presidente del Central bajo el proceso (Cronista, 26/11). Ámbito Financiero y El Cronista — ambos el 26/11 —aseguraron que hay cuatro militares detenidos a pesar de las afirmaciones en contrario de Manzano. ¿El “silencio" sobre la participación de los militares fue el contenido de la “entrevista protocolar" que sostuvieron Menem y el general Balza pocas horas después de las primeras detenciones? Las Madres de Plaza de Mayo han denunciado que un hombre que tiene un papel clave en toda esta historia es el coronal Alejandro Arias Duval, el jefe de Ahmed y sus cómplices en Coordinación Federal y, precisamente, participante en esa reunión con el Batallón 601 y el Side que dio inicio a la ola de secuestros extorsivos. En su declaración ante el juez, el detenido Ahmed señaló que fue un tal “Luis" (perteneciente al grupo “Los Socios", hasta ahora ignorado) quien le ofreció el “trabajo”de Macri. Es decir, que Ahmed — a quien se sindica como el “cerebro" de la banda— es sólo un “perejil”. ¿Quiénes son los verdaderos “cerebros"? ¿Quién financiaba a la “banda”? ¿Quién le fijaba los “blancos” y determinaba el monto de los rescates? La investigación no ha respondido ninguna de estas preguntas. En realidad, no puede hacerlo porque ha cerrado los caminos para responderlas. En estas condiciones, el trámite judicial del “caso Macri" puede ser para el gobierno un calvario todavía mayor que el “Yomagate”. ¿Seguridad para todos? Según Manzano, “la democracia pagó una deuda con la seguridad de los ciudadanos”. ¿Seguridad para todos? Pocos días antes de la detención de los comisarios, dos ciudadanos (Benini en Rosario y Bulgherone en Capital) fueron asesinados a sangre fría por la policía sin que el ministro se preocupase por su “seguridad”. Los asesinos de Benini y de Bulgherone fueron encubiertos y defendidos por la “Institución". Aquí no estuvo presente la mentada “auto-depuración”. ¿Una contradicción? No; Macri no es un “ciudadano "como Benini o Bulgherone; ni siquiera es un "millonario” como Combal o Sivak. Macri es un hombre de la gran burguesía, de la elite de los “capitanes de la industria”, con sólidas vinculaciones con el capital extranjero (¡Fiat y Peugeot!) y con los propios servicios de inteligencia imperialistas (Macri padre puso en conocimiento del secuestro de su hijo al FBI antes que a la Federal). Los Macri —como los Techint, los Pérez Companc o los Alchourrón— son el verdadero poder, son los que gobernaron con los militares, con Alfonsín y lo siguien haciendo con Menem; el Estado argentino les “pertenece". Aunque la importación de autos japoneses que autorizaría el gobierno bien podría convertir, en poco tiempo, a Macri en, apenas, un Meller. Se desarticuló una banda que todos conocían porque secuestró a un “intocable” y porque tenía planeado secuestrar a otro (Roque Maccarone, presidente del Banco Rio y de Adeba). Ni “se terminó la impunidad” ni hay “seguridad para todos”. Esta operación quirúrgica pretende salvar al aparato represivo y, en primer lugar, a sus servicios de inteligencia. Menem, Alfonsín: ¿y los 30.000 desaparecidos? Cuando los detenidos de la “superbanda” sean sometidos a juicio por el secuestro de Macri y el de Meller, el juez no podrá considerar los secuestros, las torturas, las violaciones o los asesinatos que estos represores ejecutaron contra miles de trabajadores y jóvenes en los campos de concentración del Vesubio, El Banco, Olimpo, Club Atlético y Omega. Todos ellos están incluidos en los informes de la Conadep y en las denuncias de los organismos de derechos humanos; todos ellos tuvieron destino en la tristemente célebre División de Investigaciones Políticas Antidemocráticas (DIPA), que controlaba e infiltraba partidos, sindicatos y centros de estudiantes; incluso el detenido comisario Anderssen —con una “foja intachable" según un jefe de policía— tenía a su cargo el seguimiento de jóvenes universitarios. Todos ellos fueron amnistiados con la Obediencia Debida, el Punto Final y aún con el indulto menemista. Uno de los que no pudo “acogerse a estos beneficios”, el comisario Miara —que saltó a la notoriedad por el secuestro de dos bebés mellizos nacidos en cautiverio— fue dejado en “libertad bajo palabra”. “Con vida los llevaron..." es la consigna histórica de las Madres. ¡Que digan que hicieron con la vida de cada uno de los desaparecidos! ¡Y no sólo con los de los campos de concentración de la Capital Federal! Guglielminetti sería uno de los cinco represores que contaría con las llaves de los cofres de seguridad suizos donde el Ejército guarda sus registros de la “guerra sucia” (Página 12, 29/11). Pero es precisamente esto lo que el menemismo —y todo el régimen político— quieren evitar a toda costa. Y es por eso que los indultó, los amnistió y aún continúa encubriéndolos. ¿Se terminó la impunidad? Pamplinas. El juicio por “extorsiones" a la “superbanda” significará el encubrimiento de miles de secuestros y asesinatos. "Juicio y Castigo a los Culpables”, sigue siendo la consigna.

En los pocos meses de vigencia del “plan Cavallo” la gran patronal ha obtenido beneficios inusitados. Es esto, más que la “filosofía liberal”, lo que tiene a la burguesía sólidamente aliada al menemismo. Apenas por monedas los pulpos petroleros se quedaron con las áreas rentables de YPF. Telefónica y Telecom acaban de anunciar beneficios extraordinarios como consecuencia de las tarifas super altas que les ha asegurado el Estado. En la Bolsa, los rendimientos han sido del 100 y del 200% en dólares. También por monedas los grandes pulpos se quedarán en pocas semanas más con las usinas eléctricas, Segba y Gas. Iberia y el Banco de Boston están retirando enormes beneficios de Aerolíneas, sin siquiera haberla comprado. Pero también las grandes industrias han obtenido ganancias fabulosas como consecuencia del aumento de la demanda provocado por el ingreso de “plata dulce” y por las rebajas de impuestos otorgadas por Cavallo a la electrónica, automotores, alimentación, etc. Los trabajadores no han recibido un solo austral de todo este jolgorio menemista. ¡El salario real, según las propias estadísticas patronales, cayó un 12% desde el inicio de la “reactivación”! Hoy los trabajadores producen mucho más que hace seis meses, pero con un salario notoriamente inferior. El incremento que esta situación ha producido en la tasa de beneficios y de explotación de las patronales es sencillamente fabuloso. Cavallo dice que el único camino que tienen las patronales para mejorar la “competitividad” y la “productividad” es reducir los salarios “que estén por encima de lo que se puede pagar”. ¡Es lo que pasó hasta ahora! ¿No aumentó la producción, con igual o menor número de obreros, con menor salario y sin nuevas inversiones? ¿Las fábricas automotrices no aumentaron un 40% la producción sin poner un peso propio? ¿No ha ocurrido lo mismo con las metalmecánicas y electrodomésticas? La burocracia sindical se hace la distraída, dice que está discutiendo aumentos salariales por productividad, mientras la inflación hace estragos con el salario. Pero el salario no tiene nada que ver con la productividad. Hace doscientos años que la burguesía pretende ligar una cosa con la otra para no aumentar los salarios y para incrementar la intensidad del esfuerzo de los obreros. La productividad es una función de las técnicas y de la organización de la producción. Japón es más productivo que Argentina por su técnica industrial, no por el nivel de los salarios japoneses que son más altos que los argentinos. En Estados Unidos, los salarios altos impulsaron a los capitalistas, durante el siglo pasado, a revolucionar las técnicas de producción, lo que convirtió al país en el más poderoso del mundo. El salario debe reponer el valor de la fuerza de trabajo, algo que hoy no ocurre, porque sólo cubre menos de la mitad de la canasta familiar, valuada oficialmente en más de once millones de australes. La burocracia, quebrada política y moralmente, es incapaz de defender los salarios de los trabajadores. El derrumbe salarial es tan grande que las patronales se quejan por la falta de mano de obra especializada. La política del gobierno está destruyendo el llamado “capital humano” del país—y esto se refleja en el hundimiento de la educación. El reclamo salarial está a la orden del día. En Renault, en Fate, los trabajadores reclaman el aumento salarial. Es una necesidad profunda de todo el movimiento obrero y de la propia situación económica. La consigna debe ser un aumento inmediato del 50% y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.