Prensa Obrera N° 336

En medio de una absoluta y mortal indiferencia popular está llegando a su término el juicio a los carapintadas que protagonizaron el levantamiento del 3 de diciembre. El fiscal Moreno Ocampo ha solicitado la condena a prisión perpetua para la inmensa mayoría de los acusados. La indiferencia de la población (conmocionada por la magnitud del saqueo contra sus bolsillos o por la enormidad de los escándalos gubernamentales) ha hecho fracasar el intento oficial de aparecer ante la opinión pública como la “defensora de la democracia frente a los golpistas”. Las apelaciones del fiscal en esta dirección cayeron en el vacío. El juicio, sin embargo, ha servido para demostrar el completo hundimiento político de los carapintadas y para reafirmar la enormidad de los lazos políticos y hasta personales que los unían al régimen político y a los hombres que hoy los condenan. A lo largo de todo el juicio, los “nacionales” fueron absolutamente incapaces de defender un proyecto político que fuera, no ya opuesto sino siquiera diferente, al del menemismo, ni tampoco de denunciar la entrega del país y el hambreamiento de las masas. Durante todo el juicio, la iniciativa política estuvo en manos de la acusación. Los carapintadas fueron elevados a la categoría de “héroes” por la burguesía (¡Alfonsín!) cuando representaban la vanguardia de un planteo común a todos los explotadores: el fin de los juicios a los militares y la amnistía de todos los genocidas. Cuando estos reclamos se agotaron con el indulto, los “carapintadas” dejaron de tener cualquier función para el imperialismo. Este, por otra parte, y los capitalistas en general, no quieren hoy un ejército que reivindique un lugar especial en el Estado o en la historia, sino que se subordine a las “autoridades civiles” que emprenden las privatizaciones y la conversión de la deuda externa. Los planteos antimperialistas o nacionales nunca tuvieron en la fuerza armada una expresión consecuente (para decir lo menos), hoy esta posibilidad es aún menor dado el poco margen de maniobra que deja la explosividad de la crisis y de las contradicciones sociales. Los carapintadas dispondrán ahora de tiempo para convencerse de que la fuerza armada no es una institución que esté por encima de las clases sociales, de que no puede superar las limitaciones de clase del régimen social que defiende y de que, por lo tanto, es absolutamente incapaz (como el conjunto de la burguesía argentina) de protagonizar un "renacimiento nacional". Los carapintadas son la expresión más acabada del fracaso del nacionalismo de corte militar, fracaso anticipado por el del “populista” Perón y el del “liberal” Onganía. Los carapintadas han sido derrotados (en realidad, el 3 de diciembre fue una "cama” tendida por los servicios) pero la crisis militar lejos de atenuarse se ha agudizado. En el Ejército se han producido relevos de jefes intermedios, "superados" (sic) por los reclamos salariales de sus subordinados. En la Armada fue destituido hace pocas semanas su segundo jefe, el vicealmirante Mazzarelli luego de declarar que la política menemista llevaba al país a un “estado de indefensión”. En la Fuerza Aérea, la más “leal” al régimen democratizante, está en curso una crisis política de fondo que puede descabezar a toda la cúpula aeronáutica y que, como no podía ser de otra manera en el régimen menemista, se desató por denuncias de corrupción y por el trabajo de infiltración de la embajada norteamericana. La descomposición de las instituciones militares, en realidad, no obedece como creen los carapintadas al "socialdemocratismo” de Alfonsín o a la “traición” de Menem. Recientemente en Brasil se ha desatado una enorme crisis política entre el presidente y el Congreso cuyo detonante fueron los reclamos salariales de la oficialidad media y la suboficialidad. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno de alcances continentales, que refleja la descomposición misma del Estado. Para el imperialismo el Estado debe ser el vehículo de la exacción económica, con lo cual acelera la creación de situaciones revolucionarias. En este esquema, los ejércitos latinoamericanos deberían limitarse a la represión del tráfico de drogas que se mueve fuera del control y del monopolio de los bancos norteamericanos. El recorte de su capacidad militar (por la vía de la asfixia presupuestaria) está en función de esta “readaptación”. No es de extrañar que el especialista militar de Cavallo, Rosendo Fraga, abogue por la privatización de las empresas del área de defensa (lo mismo ocurre en Brasil) y que un hombre de la banca y de la dictadura como Juan Alemann reclame la reducción de los efectivos en un 80% y la venta inmediata de la mayoría de sus inmuebles. ¡Las FFAA no pueden escapar a la “economía de mercado”! La institución armada —autoerigida en “reserva moral de la nación”—se doblega y capitula ante los intereses de la burguesía de carne y hueso.

Los palestinos de Kuwait han sido sometidos a un verdadero genocidio desde la “liberación” del país por las tropas imperialistas. En los primeros días de la “reconquista” grupos paramilitares y de la “resistencia kuwaití” secuestraron, torturaron y asesinaron, según denunció la organización defensora de los derechos humanos Middle East Wacht, a miles de palestinos y residentes de o-tras nacionalidades. Los cruzados de la “ley internacional” han esgrimido el argumento nazi de las “culpas colectivas de los pueblos” para cometer estos crímenes, como se hiciera en el pasado con millones de judíos, polacos, gitanos y soviéticos. El Tribunal de excepción (que actúa bajo la declaración de la ley marcial) ha dictado, por otra parte, la condena a muerte para una treintena de palestinos. “Los juicios son llevados en violación de todas las normas de justicia ya que han apelado abundantemente al recurso de los testimonios anónimos” (Le Monde, 20/6). Los palestinos condenados a muerte sin prueba alguna son, según Le Monde, los “chivos expiatorios” de una campaña para expulsar a los 170.000 palestinos que aún se encuentran en Kuwait. El ministro kuwaití de justicia, encargado de la instrucción de los sumarios, anunció que aún los palestinos declarados inocentes por los tribunales militares serán expulsado ya que “puede ser que los jueces no hayan podido encontrar las pruebas que los acusen” (Le Monde, 28/6). Como consecuencia de esta campaña, los palestinos están huyendo en masa del país. Le Monde denuncia el perjuicio que esta campaña causa al capitalismo, toda vez que “priva al emirato de una mano de obra calificada de la que tiene necesidad para la reconstrucción”. Antes de la guerra, los 400.000 residentes palestinos constituían la columna vertebral de la clase obrera y percibían salarios muy inferiores a los de los kuwaitíes y carecían de derechos políticos y sindicales, esto a pesar de su alta capacitación laboral. La diplomacia norteamericana ha ¡do muy lejos en el encubrimiento de la masacre, al punto que Bush se negó a condenarla con el pretexto de “desconocer la totalidad de los hechos”(¡pero los conoce en parte!). El genocidio que ejecutan los emires kuwaitíes responde a la necesidad de enfrentar la violentísima crisis del Estado kuwaití. La revista norteamericana U.S. News & World Report señala precisamente que “existe un enojo creciente en todos los sectores sociales; diplomáticos occidentales previnieron que podrían ocurrir disturbios a gran escala porque la prometida democratización está estancada y habría militares del lado de la oposición”. El “nuevo orden mundial" sólo existe en los sueños de Bush... y en las renovadas pesadillas de los pueblos oprimidos del mundo.

Lo que sigue es una colaboración de Luciano Avila, un compañero ligado a la Organización Cuarta Internacional de Brasil, que edita el semanario Causa Operaria. Fue publicado en la Revista del Tercer Mundo, de la Facultad de Historia de la Universidad de Sao Paulo . La Liga Internacional de los Trabajadores (LIT) y cada una de sus organizaciones nacionales se encuentran inmersas en una profunda crisis. Si tomamos en cuenta las declaraciones de sus direcciones nacionales y de la dirección internacional, constataremos que, más que una crisis, estamos en presencia de un verdadero proceso de descomposición política. Así, la dirección del Mas (Movimiento al Socialismo) argentino afirmó en febrero de 1991 que “nos hemos alejado del centro de la lucha de clases (lo que produjo) el abandono del Programa de Transición y de la propia construcción del Partido (sustituidos) por un partido de características centristas, con elementos socialdemócratas y movimientistas... nuestro eje fue un propagandismo general y abstracto, políticamente oportunista o reformista ... comenzamos a subvertir el trotskysmo ortodoxo... sufrimos un fuerte desvío nacional-trotskysta, que nos llevó a actuar como sección-madre de la Internacional ... nos adaptamos al régimen democrático-burgués, desviándonos para una política oportunista ... cedimos a las direcciones traidoras, en especial al ubaldinismo, al PC y Vicente... perdimos el centralismo democrático y los métodos burocráticos pasaron a dominar”, etc. Y más todavía: “Es indudable que la vieja dirección fue responsable por los desvíos y por los errores del Partido” (1). Todo indica que la CS (Convergencia Socialista) de Brasil, incluida su dirección, se encuentra en medio de un proceso semejante de auto-flagelación. En relación al Mas, las auto-críticas retoman, al por mayor, muchas de las críticas que hace más de veinticinco años viene realizando el Partido Obrero a la corriente morenista, sin que nada de eso transpire en los documentos de la dirección. Pero el autoretrato de la dirección del Mas pinta a una corriente que se alejó de los principios revolucionarios (leninismo-trotskysmo), esto después de haberlos supuestamente profundizado (“el morenismo”). Para la dirección de la LIT se trataría de un problema táctico, de apreciación de la situación concreta, que consiste en haber insistido unilateralmente en el carácter revolucionario de la situación mundial, subestimando las fuerzas de la reacción imperialista y sobrestimando el crecimiento de las fuerzas revolucionarias (cuestión de grado), lo que consecuentemente habría llevado a despreciar la construcción del factor subjetivo (el partido) por considerarlo metido en el propio crecimiento de la revolución: una especie de reproducción tardía del “objetivismo” pablista (la revolución es tan fuerte que puede prescindir del factor subjetivo) que destruyó a la IV° Internacional en 1952-53. Para la LIT, esos errores de apreciación se habrían producido en los II° y III° Congresos Mundiales (1989 y 1990 respectivamente), habiendo la LIT tomado conciencia de ellos en la reunión del Comité Ejecutivo Internacional de julio de 1990, que elaboró una resolución al respecto (“Precisamos un nuevo documento mundial”), postergando el Congreso Mundial de la organización. Así, mientras en el Mas la conciencia de la ruptura con los principios habría sido en primer lugar responsabilidad de la base (“En el Congreso del Mas se manifestó una violenta reacción de amplios sectores de la base, de los cuadros y de la propia dirección, que derrotaron la tentativa de romper con nuestros principios” —dice el B.I.— ¿tentativa de quién si todo el mundo reaccionó en contra?), en la LIT la conciencia de los errores sería responsabilidad, en primer lugar, de la dirección (el CEI). Esta mayor “responsabilidad” de la dirección del Mas (en el cuadro de una tentativa de des-responsabilizar a todo el mundo) no es casual, porque refleja objetivamente que la dirección del Mas es la dirección de la LIT, o sea, que esta carece de realidad como organización internacional. En 1988, el Partido Obrero —en vísperas del supuesto inicio de la crisis— caracterizaba exactamente eso: “La lectura del ‘Proyecto de Tesis’ de la LIT revela que no es de ninguna manera un movimiento internacional, sino apenas la proyección de los planteos de cuño nacional de la corriente morenista. En esto consiste, si las palabras tienen algún sentido, el ‘nacional-trotskysmo’, es decir el estrangulamiento del trotskysmo por medio de planteos nacionalistas” (2). Esto ahora está confirmado, en toda su extensión práctica, por la dirección de la LIT: “El Congreso (de la LIT de 1989) comenzó sobre una base equivocada, porque el Secretariado Internacional y el Comité Ejecutivo de la sección argentina, sin discusión fundamentada y seria, dejaron de lado el Proyecto de Tesis sobre la situación política mundial (de agosto de 1988) y junto a él toda la elaboración que venía siendo hecha en los organismos de conducción y en las secciones de la Internacional” (3). El eje de la auto-crítica de la LIT es la apreciación de las movilizaciones antiburocráticas en la URSS y en el Este europeo, calificadas en 1989-90 de “revolución política” y reconsideradas ahora a la luz de la “subestimación” y de la “sobrestimación” antes citadas (ausencia de dirección revolucionaria, penetración capitalista): “El derrumbe de los aparatos, producto de la aceleración del proceso revolucionario, hace que hoy las masas movilizadas enfrenten una situación donde la distancia entre las tareas y necesidades de la dirección revolucionaria y del desenvolvimiento de ésta (la IV° Internacional de masas) sea mayor que nunca. Y es esto lo que las Tesis (de 1989) no dicen” (4). Esto habría impedido que las “revoluciones de febrero” de 1989 (democráticas) se transformen en “revoluciones de octubre” (socialistas antiburocráticas). No se trata sólo de un error de apreciación, dice la LIT, sino de principio. “Las Tesis, al idealizar el desenvolvimiento del proletariado, olvidan o minimizan la necesidad de dar una batalla sistemática por el programa y crean las condiciones para adaptarse a la conciencia actual de las masas” dice el documento antes citado. Contradictoriamente con esto, se dice ahora también que “un primer período fue caracterizado por una ofensiva revolucionaria de las masas... después el imperialismo se rearma y lanza una contraofensiva en diversos niveles, en lo económico los planes restauracionistas en el Este, en lo político el nuevo orden mundial encabezado por el imperialismo yanqui” (5) (¿será que los “planes restauracionistas del Este” no son políticos?). Así, lo que era un error estratégico (no lucha por el programa, o sea, ausencia de él) se transforma en un error táctico: hubo una contra-ofensiva imperialista que no fue vista a tiempo (¿será que el imperialismo no hacía nada en 1989?). El morenismo realmente hizo escuela en la LIT: en 1954, Moreno justificó diez años de sectarismo anti-peronista (pro-gorila) de su corriente argentina argumentando no haber apreciado debidamente los “planes recolonizadores” del imperialismo. Hizo esto para alinearse en los siguientes diez años... en el peronismo (o sea, para una política tan anti-principista como la anterior). El morenismo debutó políticamente culpando a la realidad de sus propios errores. Sí a la perestroika El análisis actual (“contra-ofensiva”, “fortalecimiento del imperialismo”) es tan impresionista como el anterior: ahora se dice que Irak hizo la guerra al imperialismo en un cuadro de “relaciones de fuerza desfavorables”. En verdad no hizo ninguna guerra, por responsabilidad directa de Saddam Hussein, saludado inicialmente como “antiimperialista” por la LIT, del cual ahora se dice que “como nacionalista burgués no se dio una política para la extensión revolucionaria del conflicto en el mundo árabe e islámico, impulsando la movilización y el armamento de las masas”: ¡pero ningún nacionalista haría eso! Saddam Hussein ni siquiera organizó la defensa militar de Irak. Y ahora, para la LIT, “nuestra política y consignas deben partir tanto de la derrota de Irak como de la movilización desenvuelta a nivel mundial”, o sea, deben partir de la derrota (“nuevo orden mundial”), “pero no mucho”, porque “la victoria imperialista no significa que desaparecieron los problemas del Medio Oriente y del Magreb (obvio, porque esos problemas subsistirán mientras sobreviva el dominio imperialista) ni que habrá estabilidad en esas regiones. Al contrario, la situación seguirá siendo explosiva, el odio al imperialismo genocida y a sus gobiernos cómplices será cada vez mayor, siendo lo más probable que continúen allí los procesos revolucionarios. Pero, al mismo tiempo, debemos decir que la derrota de Irak es un cambio coyuntural en la relación de fuerzas a favor del imperialismo en la región” (6). “Relación de fuerzas” que ya era favorable al imperialismo antes de la guerra (según la LIT), lo que no impide que “continúen los procesos revolucionarios”: las palabras y los conceptos pierden todo sentido. He aquí el “arte morenista” de la LIT: poner huevos en todas las canastas. En verdad, el carácter supuestamente no revolucionario (democrático) de la lucha antiburocrática en los Estados obreros degenerados fue teorizado y hasta alentado por Moreno: “No creo en las teorizaciones históricas impuestas de afuera, que no surjan de las masas. Creo en la revolución política porque es un proceso objetivo: las masas en la URSS sufren profundamente la falta de democracia, que produce alienación. Todos esos países son el reino de la opresión burocrática y de la alienación, aunque haya desaparecido la explotación directa de las masas trabajadoras por la burguesía. El papel del partido revolucionario es dirigir esa movilización democrática, dotarla de un programa, impedir que degenere en democracia burguesa”. Si el papel de la burocracia es sólo de opresión política, no de destructora, por cuenta del imperialismo, de las conquistas revolucionarias de Octubre (y, en este sentido, de intermediaria en la explotación indirecta del proletariado soviético por la burguesía mundial), la revolución política sería apenas una revolución democrática (parlamentarismo) y se agotaría en los marcos nacionales (burocráticos) no siendo un eje de la revolución proletaria mundial. No en vano Zamora, el 1° de Mayo último en Buenos Aires, defendió treinta años de “estabilidad de precios” (olvidándose naturalmente del mercado negro) en una monstruosa defensa de la burocracia. No por casualidad Andrés Romero (dirigente de la LIT) concluyó que “el fundador de la LIT previó el inicio de la revolución política antes de la resolución de la crisis de dirección revolucionaria, con una primera fase dirigida esencialmente contra el totalitarismo (revolución de febrero)” (7). La consigna de la LIT de “socialismo con democracia” expresó perfectamente este contenido no revolucionario de la lucha antiburocrática, al cual se pretende ahora responsabilizar por todos los males. Febreros y octubres Catalogar las revoluciones del siglo XX como siendo todas objetivamente socialistas, sólo que algunas de manera inconciente (febrero) y otras conciente (octubre), esto es, con o sin partido revolucionario (distinción que comienza por “olvidar” simplemente que el partido bolchevique ya existía en la revolución de febrero) proviene de las Tesis para la actualización del Programa de Transición, escritas por Moreno en 1980, donde se lee que “febrero es una revolución obrera que enfrenta a los explotadores imperialistas, burgueses y latifundistas ligados a la burguesía. Desmantela (sic) el aparato del Estado burgués sin destruirlo (sic) o sustituirlo... La diferencia entre febrero y octubre reside en el factor subjetivo. En resumen, la revolución de febrero es inconcientemente socialista, mientras que la de octubre lo es concientemente” (Tesis XIII). “La burrada que está aquí dicha — señalaban Magri y Altamira hace una década— sirve para medir el intelecto de sus autores. La diferencia entre febrero y octubre no es subjetiva sino objetiva; febrero dio lugar a un régimen burgués operando en condiciones de doble poder; octubre dio lugar a un régimen proletario. Entre uno y otro hay una diferencia de régimen político y no una diferencia de política o de gobierno dentro de un mismo régimen. ¡La revolución subjetiva que se opera en el proletariado entre febrero y octubre no quiere decir que estos acontecimientos históricos se diferencien subjetivamente! Por otro lado, si febrero se caracteriza, según ellos mismos, por no destruir el estado burgués, ¿cómo caracterizar como ‘febreros’ las revoluciones cubana, china, vietnamita, yugoslava, que ciertamente lo destruyeron?” (8). La característica de febrero es que, a pesar de los métodos de movilización proletarios (surgimiento de soviets), “dio el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y organización” (Lenin, Tesis de Abril). El rasgo principal de octubre, en cambio, es que el proletariado desaloja a la burguesía del poder. Lenin es claro a este respecto. “Está madurando claramente en el país una nueva revolución” —dijo en setiembre de 1917— una revolución de otras clases (en comparación con las que realizaron la revolución contra el zarismo). Entonces (en febrero) hubo una revolución del proletariado, del campesinado y de la burguesía, aliada al capital financiero anglo-francés contra el zarismo”. Al generalizar (hasta la revolución política antiburocrática) la concepción de que todas las revoluciones son socialistas (sólo que algunas concientemente y otras no) y todas las movilizaciones son revolucionarias (lo que llevó a la LIT a la barbaridad de teorizar una situación revolucionaria mundial ininterrumpida a lo largo de los últimos veinte años) se otorgó el pase libre para todos los oportunismos políticos y la hoja de parra teóricamente ultraizquierdista para encubrir el oportunismo político. En cuanto a la “adaptación a la conciencia presente de las masas”, ahora criticada, fue teorizada por Moreno, que descubrió que “el arte de la política trotskysta consiste en levantar consignas que se desprendan de las necesidades de las masas y reflejen su verdadero nivel de conciencia"(9). La ciencia de la política marxista (trotskysta) consiste exactamente en lo contrario: partir de las necesidades de las masas para elevar su conciencia al nivel del programa revolucionario, no “reflejar" su conciencia en un momento dado. Como dijo Marx en “La Sagrada Familia”, “no se trata de lo que piensa éste o aquel proletario, ni siquiera de lo que piensan los proletarios en su conjunto: se trata de lo qué es el proletariado y de lo que se verá obligado a hacer por ese ser.” El “arte” de la dirección de la LIT consiste en admitir abstractamente (al por menor) que los problemas de la organización se deben a cuestiones de principios (lo que es una admisión de la profundidad de la crisis) para después, al por mayor, reducir todo a cuestiones tácticas y de apreciación de coyuntura. Pero las cuestiones de principios vuelven a la superficie. La dirección afirma que “la burguesía y el imperialismo utilizan la democracia burguesa para frenar a la vanguardia en su decidido camino para la toma del poder” (10). Pero la LIT se constituyó programáticamente en la apología de esa democracia: “Los explotadores no dieron de regalo siquiera su democracia burguesa. Fueron las masas que la conquistaron y los obligaron a gobernar por medio de regímenes democráticos” (11). Esto es una profunda revisión del marxismo, que nunca consideró que las masas impusiesen sus métodos de dominación política a la burguesía. ¿Qué opinaría la LIT de la afirmación de Engels (en su “Introducción” de 1895 a “La lucha de clases en Francia”) de que la república democrática “es la forma más segura de dominio del capital”? En el Encuentro Nacional del PT de 1980, Convergencia Socialista presentó una tesis definiendo que “la democracia burguesa formal... representa una conquista del movimiento obrero y popular que, ante las amenazas de golpes militares, debemos defender”. Esto, a) falsea la historia: la democracia burguesa fue el producto del estrangulamiento del ala radical de las revoluciones inglesa y francesa y del ahogo en sangre de las revoluciones proletarias de 1848 y 1871 (Comuna de París); b) confunde deliberadamente “conquistas democráticas” (que debemos defender) con “democracia burguesa” (régimen de dominio del capital); c) proclama una solidaridad de principios con el régimen burgués porque siempre (mientras exista el Estado burgués) habrá amenazas de golpe militar. La LIT, un obstáculo La LIT se constituyó sobre la base de la postración teórica ante los hechos. “Parece obvio, pero es necesario decir porque frecuentemente se olvida: sin revoluciones es imposible que se formen direcciones revolucionarias” (12). Parece también obvio que lo que se pretende decir con eso no es la obviedad de que una dirección revolucionaria no puede dirigir revoluciones... sin haber revoluciones. Por otro lado, también es obvio, según esa “ley", que si las revoluciones son objetivamente democráticas, la dirección también lo será. ¡Pobre Marx que fundó la I° Internacional aún bajo los efectos de las derrotas de 1848, en un período de relativa “paz social”! ¡Pobre Engels que fundó la II° Internacional en pleno período de progreso electoral, no revolucionario, de los partidos obreros! ¡Pobre Trotsky, que tuvo la peregrina idea de fundar la IV° Internacional en el cuadro de las peores derrotas (nazismo, fascismo, frente popular) del proletariado a lo largo de su historia! Carente de programa, la LIT basó su crecimiento organizativo en los últimos años en la exigencia inmediatista: “es la hora del trotskysmo”. Según la LIT (1982), “ahora sí, podemos decir que tenemos el camino extraordinariamente limpio. Todas las direcciones burocráticas están en un proceso de descomposición vertiginoso... esta es la característica más importante de la actual situación mundial: las barreras burocráticas entre el trotskysmo y las masas se están derrumbando”. Diferente de la década del '60, cuando “aparecieron dos nuevos obstáculos: el maoísmo y el castrismo. Las nuevas generaciones de vanguardia ya rechazaban a los viejos partidos comunistas. Pero el imán más poderoso no fue el trotskysmo, sino el maoísmo y el castrismo, direcciones de fuertes revoluciones de febrero” (13). Digamos en primer lugar que cuando eso sucedía, cuando maoísmo y castrismo tenían influencia en la vanguardia, Moreno los calificó de “auténticos revolucionarios coloniales ... su revisionismo no sólo es progresivo, revolucionario, sino dinámico. Es un revisionismo pre-trotskysta de auténticos revolucionarios... el castrismo se formó en una etapa directamente revolucionaria ... la teoría maoísta es un enriquecimiento de gran importancia del Programa de Transición” (Las revoluciones china e indochina, 1967). En “La Revolución Latinoamericana” (1967), Moreno llegó a proponer, además de la adopción generalizada de la “estrategia” guerrillera (en la que sólo algunos discípulos, mucho más honestos, fueron consecuentes), la fusión del programa trotskysta con el de Mao y Castro. O sea, cuando los “obstáculos” eran obstáculos, pues tenían autoridad en la vanguardia obrera y luchadora, el morenismo los calificó de revolucionarios casi (y hasta superiores) al trotskysmo. Sólo pasaron a ser llamados “obstáculos”, justamente cuando ya dejaban de serlo; el maoísmo ya no existe siquiera en China, y el castrismo, fracasado el experimento foquista, se diluyó en movimientos burgueses democratizantes en América Latina. La crisis de los "obstáculos” fue decretada cuando éstos estaban en coma irreversible y marcó la adhesión de la corriente morenista al mayor “obstáculo” de los últimos tiempos: la política democratizante impulsada por el imperialismo y la burocracia rusa (“socialismo con democracia”, “defensa de la institucionalidad”, etc.). Claro que ante su propia crisis, la dirección de la LIT declara en documentos (internos) que el PT desenvuelve una estrategia frentepopulista para América Latina, omitiendo, no obstante, que la expresión de esta estrategia en Brasil (Frente Brasil Popular) fue explícitamente apoyada por la sección brasileña de la LIT (Convergencia Socialista). La teoría de que las posibilidades de una dirección revolucionaria dependen, no de su programa y de su política, sino de los “obstáculos” que tiene delante es perfecta para culpar a la realidad por los errores propios. Ahora se dice que “en el proceso de luchas aparecen nuevas direcciones (en muchos casos nacionalistas burguesas, como en Lituania, o religiosas como el fundamentalísimo islámico en el mundo árabe). Reconocer esto nos permite saber que enfrentamos nuevos obstáculos” (14). Las “grandes novedades” que la dirección de la LIT promete para enfrentar la “crisis" son nada más que un recurso a los más viejos engañabobos del baúl morenista. Lo que no le impide a Andrés Romero afirmar simultáneamente que, a pesar de todo, “continuamos viviendo la hora del trotskysmo”. Estaríamos por lo tanto ante una crisis del morenismo que se pretende superar sobre la base del propio morenismo, o sea, de la afirmación simultánea de todo y su contrario, para después escoger el mejor argumento para una adaptación oportunista a la situación dada; la dirección morenista está en un callejón sin salida. Ni siquiera los elementos de la “crisis" que apunta son nuevos, pues ya habían sido indicados por la vilipendiada “vieja dirección” en el también vilipendiado lll° Congreso Mundial: “Debemos elaborar lo nuevo con el problema de que no pudo ser sistematizada por el marxismo, hasta ahora, una teoría de la revolución y, además, sin la presencia de Moreno... Vamos a tener que prepararnos para errores y rectificaciones, a veces pequeños, otras veces grandes” (15). La supuesta inexistencia de una “teoría marxista de la revolución” indica, además de la ignorancia de estos dirigentes (que ceden a los clichés más comunes del pensamiento académico), el rumbo liquidador por el cual se encamina esta dirección. La “crisis” indicada por la dirección de la LIT es una maniobra fabricada con métodos de aparato (pues no se dice, para caracterizarla políticamente, nada que no hubiese sido dicho antes) para intentar salir de un proceso de descomposición. Que estamos ante un proceso de liquidación de la LIT queda probado por el hecho de que la dirección decretó el sálvese quien pueda: “Podemos conseguir (salir de la crisis) compensando nuestras debilidades, mediante la elaboración colectiva de las secciones, de tos cuadros dirigentes y de toda la militancia de la LIT-CI”. Así concluye el documento titulado “Precisamos un nuevo documento mundial”. Una dirección que ante una crisis, no sólo no da respuesta sino convierte a “toda la militancia” en responsable de ella, no es sólo demagógica: decreta también su propia impotencia política. No existe dentro de la LIT, por ahora, la orientación programática que permita la superación revolucionaria del proceso liquidador: deberá surgir de la intervención revolucionaria en la crisis de la LIT-CI. Notas: (1) Mas, Boletín de discusión n° 18, 22/2/91 (2) Jorge Altamira, La estrategia de la izquierda argentina, Ed. Prensa Obrera, 1989, pág. 170 (3) Andrés Romero, La revolución política y la época del trotskysmo, Boletín interno LIT n° 5, noviembre de 1990, pág. 20 (4) LIT (CEI), Precisamos un nuevo documento mundial, pág. 3 (5) Jesús, Informe internacional sobre el CEI, Madrid, marzo de 1991, pág. 2 (6) LIT (CEI), Ante el triunfo imperialista en el Golfo, Boletín interno de discusión n° 6, 2/3/91 (7) Andrés Romero, cit., pág. 4 (8) Jorge Altamira y Julio N. Magri, Las Tesis del Comité Internacional, Internacionalismo n° 3, octubre de 1981 (9) Conversando con Nahuel Moreno, pág. 19 (10) LIT (CEI), Precisamos..., pág. 8 (11) LIT, Manifiesto del I° Congreso Mundial, San Pablo, pág. 15 (12) Tesis de fundación de la LIT-CI, San Pablo, enero de 1982, pág. 4 (13) Ídem, pág. 8 (14) Jesús, cit., pág. 3 (15) Mercedes Paz, Tres interpretaciones del viraje histórico, Correo Internacional n° 7, San Pablo, julio de 1990, pág. 7

Los dirigentes del Partido Comunista de Cuba no se pierden en ambigüedades cuando insisten en calificar como un “derrumbe del socialismo” a la desintegración de los regímenes burocráticos en Europa oriental. Tampoco se expresan confusamente cuando excluyen de esta hecatombe a la URSS, donde aún tienen la esperanza que los llamados “sectores duros" o “conservadores” retomen el control de la situación, inclusive de ser necesario mediante un golpe de Estado por ahora hipotético. Para el castrismo (como para su retrasado eco porteño, el partido comunista) los movimientos obreros de la URSS son simplemente contrarrevolucionarios, debido a que con sus organizaciones y sus luchas asestan los golpes más importantes contra el monopolio político y el privilegio social de la burocracia. Afirman que esos movimientos obreros “le hacen el Juego” al capitalismo, pretendiendo ignorar que la destrucción de la planificación económica, el saqueo de la economía estatizada en beneficio de la acumulación privada y la restauración del capitalismo son tendencias propias de la burocracia gobernante, que se han manifestado incluso con todo su potencial antes de la irrupción de las masivas huelgas obreras y de las grandes movilizaciones nacionales. Los castristas y sus copiones locales escamotean que todas las leyes privatizantes aprobadas por el soviet supremo de la URSS contaron con el voto masivo de sus amigos “duros”. También escamotean que los principales beneficiarlos de las privatizaciones parciales que se han producido hasta el momento, tanto en la URSS como en Polonia y en Hungría, han sido acaparadas por los ex-gerentes “comunistas” de las empresas estatales, quienes usaron para ello sus “conexiones" con los “tradings” capitalistas internacionales y los fondos mal habidos que tenían acumulados en el país y en el exterior. El acaparamiento “comunista” de las privatizaciones ha llegado a un extremo tal, que en Hungría el humor popular asegura que el comité central del viejo PC sigue vivito y coleando, solo que ahora es un “consejo de administración”, en tanto que en Polonia, el anti-comunista Walesa se ha visto obligado a lanzar una campaña de demagogia anticomunista, para desviar la ira popular que se ha desatado contra numerosos propietarios ex “comunistas”. Al poner un signo igual entre socialismo, de un lado, y burocracia y desigualdad social, del otro, el castrismo y sus corifeos atacan las huelgas obreras contra el despotismo y la miseria, e incluso fingen ignorar que la organización independiente del proletariado en la URSS es el único (ú-ni-co) obstáculo potencial a una restauración capitalista. Fidel Castro asegura que Cuba seguirá siendo un baluarte del socialismo. ¿Pero qué significado tiene esta afirmación? En términos rigurosos solo puede querer decir que Cuba pretende impulsar la revolución mundial. El “socialismo en un solo país” es simplemente un espejismo, en razón de que las fuerzas productivas de cualquier país considerado aisladamente son insuficientes para la creación de la riqueza social que supone el socialismo. Pero el gobierno cubano ha reiterado que no existe, a su modo de ver, posibilidades revolucionarias socialistas por más de cincuenta años; que las posibilidades del capitalismo se han ampliado; y que la política cubana es la integración económica y política con los regímenes políticos latinoamericanos. ¿En qué consiste, entonces, el “socialismo cubano”, al cual Fidel Castro se mantendría “irreductible” según la prensa mundial? En realidad, todo indica que el partido comunista de Cuba aprecia el socialismo no desde el punto de vista de la lucha de clases proletaria internacional, sino desde un ángulo geopolítico nacional. Se trata, por lo tanto, no de un planteamiento socialista sino nacionalista. Fidel Castro juzga los acontecimientos internacionales según los efectos que éstos tienen sobre el comercio cubano y sobre su capacidad militar. A la luz de esto, el castrismo demuestra una marcada preferencia por el “viejo orden” y, contra lo que opina la mayoría, un evidente realismo hacia el “nuevo”. ¡Pero la crisis cubana es el producto de aquel “orden viejo”! Los propios dirigentes castristas atribuyen la crisis económica de Cuba a la copia del “modelo soviético” que han importado sin pensarlo dos veces, sin que hubieran importado para el caso los reiterados reclamos de originalidad que se adjudica a sí mismo el régimen cubano. Es decir que en este aspecto habrían actuado como un Honecker, cuya caída en desgracia han sufrido mucho, esto aunque en los foros internacionales no objeten los elogios “a la caída de los muros”. La relación entre la crisis cubana y aquel viejo orden, está probada por la temprana fecha de la política de “rectificación”: 1986/87 — mucho antes del derrumbe del muro y del comercio “socialista”. Ya para esa fecha Cuba tenía una deuda externa relativamente elevada, aproximadamente 6.000 millones de dólares, que le bloqueaba el acceso al crédito internacional y a las importaciones. El mismo proceso habían sufrido los países “hermanos”. La utopía de una autarquía económica que, combinada con la coexistencia pacífica, asegurara para siempre el statu-quo burocrático estaba hecha trizas. El final de este nuevo fenómeno de “plata dulce” trajo a la superficie una crisis aguda del régimen burocrático en Cuba (no resultante de la de la URSS, como se pretende, sino paralela en términos de causas históricas). ¿Qué respuesta está elaborando Fidel Castro para esta crisis? ¿Un régimen indefinido de austeridad y racionamiento?¿Una política de fortaleza sitiada? El descubrimiento de China Una reciente declaración de Fidel Castro, reivindicando nada menos que el “socialismo" chino, puede servir para elaborar una respuesta. Esta declaración cobra incluso una importancia especial si se toma en cuenta el largo enfrentamiento entre los partidos comunistas de ambos países, a partir de cuando Cuba comenzó a girar en la órbita soviética y China en la norteamericana. Pues bien, para Fidel Castro “no se puede firmar el acta de defunción del socialismo (en el mundo, PO) porque en China viven 1.100 millones de personas bajo el socialismo”. El centroizquierdista Pagina 12 (23/6), que transcribe este concepto en un reportaje, un mes después no ha encontrado aún la oportunidad de comentarlo. El planteo de Fidel Castro es desde todo punto de vista excepcional, porque se produce dos años después de la masacre de Tiananmén y se refiere a un régimen que ha ido más lejos que nadie (sí, más lejos que Polonia o Hungría) en su transformación en colonia del imperialismo. A partir de aquí debería entenderse que para Castro el socialismo es Igual al capitalismo más partido único o más el mantenimiento del monopolio político por el partido único y por la burocracia. La declaración es importante también porque está referida a un aliado de EEUU y de Japón en el continente asiático. Pero está claro que después de la masacre de Tiananmén, el régimen político chino es un régimen de guerra civil contra las masas, una dictadura apoyada en forma directa en el aparato policíaco-militar. A la fina sensibilidad de Fidel Castro con respecto a los sentimientos populares, no puede habérsele escapado que su afirmación desprestigia al socialismo miles de veces más que cualquier cosa que haga Yeltsin, que por otra parte se declara anticomunista (algo que seguramente fue toda su vida). Pero Fidel Castro está hablando aquí especialmente para los burócratas y para el imperialismo. Las afirmaciones de Castro son, por supuesto, aún más significativas porque a través de la dictadura China se está procesando el intento más osado, más profundo y más prolongado de restauración capitalista en todo el planeta. La penetración imperialista en China ha ido mucho más lejos que las “tímidas” (en comparación) medidas pro capitalistas de Gorbachov y Walesa. La burocracia estableció hace ya más de diez años “zonas francas” en las regiones costeras (algo que Gorbachov no pudo hacer en el Báltico) hacia las cuales fluyen miles de millones de dólares de capitales estadounidenses y japoneses (amén de una fracción de los “ahorros" —robos— de la burocracia). Estas “zonas" se han convertido en el corazón económico del país y en el motor de su “integración al mercado mundial" (la provincia de Guang-dong, por ejemplo, con apenas el 8% de la población, produce más de un tercio de las exportaciones chinas). El “entrelazamiento” con los intereses capitalistas que se forjó a la sombra de estas inversiones, ha convertido a los burócratas en guardianes de un orden social progresivamente capitalista. La acumulación capitalista de los burócratas ha crecido como consecuencia de ello, y así lo revela el hecho de que el comercio mundial de la seda esté dominado por un consorcio propiedad de la familia de Deng Xiao Ping, el “hombre fuerte” chino (O Estado de Sao Paulo, 2/7/89). Esto explica la diferencia de trato que el imperialismo mundial dispensa a China por referencia a la URSS e incluso a los demás países de Europa Oriental. En efecto, Gorbachov puede asistir a las reuniones del G-7 y Walesa puede comer con la reina de Inglaterra... pero no hay inversiones, ni “auxilio financiero” ni ventajas comerciales para ellos. En cambio, la banca no ha cesado de otorgarle créditos a la burocracia china y el presidente Bush le impuso al Congreso —incluso a costa de una crisis— la renovación a China del status comercial de “nación más favorecida”. El mismísimo Wall Street Journal se puso del lado de Bush en esta crisis contra los pulpos que reclamaban protección contra las importaciones chinas y contra los liberales que protestaban por la represión, defendiendo precisamente la penetración de las mercancías y capitales norteamericanos en China y las posibilidades del comercio exterior de... Hong Kong (Editorial, 3/6. “Revocar el trato preferencial, dice, va a perjudicar profundamente al Hong Kong de libre mercado, el cual maneja el 70% de las exportaciones chinas”). Otra manifestación del carácter de la evolución social de China, es el acuerdo suscripto entre la corona británica y la burocracia china, que le transfiere a ésta el control de Hong Kong a partir de 1997. ¿Cómo explica Fidel Castro que el imperialismo, que desató largas guerras para no “perder” a los paupérrimos Nicaragua y El Salvador, entregue su colonia de Hong Kong, corazón comercial de Asía, territorio con mayor proporción de capital por metro cuadrado y “el mayor monumento en Asia para el beneficio del comercio” (The Wall Street Journal, dixit)? El acuerdo sobre Hong Kong revela el enorme grado que ha alcanzado la asimilación de la burocracia china al imperialismo. Las principales compañías estatales chinas, por ejemplo, son socias de las principales empresas de Hong Kong (como los teléfonos, su línea aérea o la hotelería) luego de haber comprado parte de sus paquetes accionarios con las divisas de su comercio de exportación, por un monto que supera los 10.000 millones de dólares. “De ser cierto esto -dice el International Herald Tribune (13/7)- China se transformaría en el mayor inversor extranjero en la colonia, por delante de EE.UU. y Japón” (!!). El autor de este artículo saca de todo esto una conclusión que si Castro no la desconoce por lo menos se la calla: “Para los empresarios comunistas (!!!) chinos la tentación de Hong Kong es obvia. Las pequeñas compañías municipales o provinciales escapan a la intratable burocracia continental, ganan acceso a la alta tecnología, aprenden los métodos de los negocios modernos y, no menos importante, consiguen la oportunidad de hacer mucho dinero”. ¿Qué se puede objetar a esta descripción del pasaje social de la burocracia al capitalismo? En todo caso muestra un proceso considerablemente más avanzado que el de la URSS. ¡Y esto ocurre, señores echegarayanos, porque la clase obrera china, a diferencia de la soviética, ha sufrido una derrota; porque no hay huelgas; y porque el monopolio de los “comunistas” chinos es más sólido (mucho más) que el de los moscovitas. ¿Y ustedes abogan por el reforzamiento de ese monopolio, con el objetivo de salvar al “socialismo"? Al revés, cuanto más débil es la burocracia; cuanto menos garantía puede dar al capital; cuanto más huelgas y sindicatos independientes hay ; cuanto exista esto, menores son las posibilidades de una restauración capitalista y del propio capitalismo. ¡Pero también (¡por sobre todo!) “Las compañías más grandes y sofisticadas, agrega el IHT, como la CITIC, la China Resources o la China Merchants (la compañía naviera estatal); también están buscando beneficios”! “Pero sus grandes Inversiones en las compañías de primer nivel tienen el beneficio adicional de permitir a Pekín mantener sus ojos sobre la elite de los negocios de Hong Kong en los años previos a 1997. Para los dirigentes empresariales, capitalistas, especialmente para aquellos cuyos intereses van más allá de 1997... tener al Banco de China en su directorio es como tener una garantía de Pekín”. ¡La burocracia es presentada por los propios capitalistas como la garante social de su propiedad y de su derecho a la explotación! En estas condiciones, la burocracia obrera se transforma en burocracia capitalista y sus núcleos “empresariales” tienden a convertirse, progresivamente, en capitalistas. Claro que un proceso de estas características lleva en sus entrañas la guerra civil, algo que estalló en varias oportunidades en China, obligando a la burocracia a recules y reajustes. Pero insistimos: el “secreto” de estas relaciones privilegiadas de la burocracia china con el imperialismo reside en que mientras en China las masas están aplastadas por una burocracia terrorista, en la URSS los trabajadores manifiestan en las calles, van a la huelga, levantan reivindicaciones políticas y ponen en pie sus propias organizaciones independientes del Estado. Movimientos como el encabezado por tos estudiantes chinos ponen en jaque aquellas relaciones. La práctica confirma que las libertades democráticas y de organización que conquistan las masas con su lucha son una valla al retorno al capitalismo, y no una pasarela hacia él. La restauración —por las violentas contradicciones sociales que engendra— es inviable sin el concurso de una dictadura contra las masas, una conclusión a la que tuvieron que llegar los “libreempresistas” soviéticos que volvieron de Chile rescatando el “modelo pinochetista” de libre mercado. El “modelo chino” (y no la perestroika gorbachoviana) ha demostrado ser una vía más segura para el capital. Esto es, precisamente, lo que le da su importancia a los elogios de Castro. La política castrista Antes de fin de año deberá reunirse el 4° congreso del PC cubano para trazar un balance de la política de “rectificación "iniciada en 1987 y establecer un curso de acción frente al agravamiento de la crisis política y social. Al respecto, uno de sus dirigentes, Arturo Rodríguez, viceministro de Educación Superior, pero se declaró “inflexible ante la posibilidad de que en Cuba se propicie el pluripartidismo”, afirmó que “la necesidad obliga a Cuba a reorientar su comercio exterior y sus producciones con el objetivo de encontrar un lugar en el mercado mundial con el fortalecimiento del capital extranjero”(La República, 14/ 7). La proyección hacia el suelo cubano de la reivindicación de China por parte de Castro, cobra en estos conceptos toda su dimensión. La fórmula castrista será partido único más capital extranjero. ¿Qué dirá el “magnánimo” Wall Street Journal con respecto a la versión caribeña de lo que está apoyando en Asia? Los países latinoamericanos, Argentina en primera fila, que le reclaman a Cuba la “democratización” de la isla, apuntan a este proceso capitalista, de ninguna manera a un desmantelamiento del estado que podría provocar una terrible guerra civil. Después de todo, la Chamorro gobierna, no con el estado somocista, sino con el estado sandinista. Wayne Smith, representante de Estados Unidos en La Habana desde hace quince años, le dijo a Página 12 (21/7) que en Cuba “hay cambios significativos”, “Se produce un flujo Importante del capital privado extranjero y se han firmado contratos para 55 empresas mixtas. En comestibles se introducen cada vez más mecanismos de mercado”. Al mismo tiempo, “no hay alternativas políticas” a Castro. “Es un error pensar que todos los reformistas quieren derrocar a Fidel. Los reformistas tienen miedo a un futuro desconocido”. El yanqui, él también, prevé un “socialismo a la china”: penetración capitalista más partido único. El régimen de partido único delata la existencia de un régimen burocrático cristalizado. El PC es una simple extensión del aparato estatal, que le transfiere sus métodos característicos (jerarquías, mandonismos, obsecuencia). La pretensión de la “rectificación" de separar al partido del estado en el marco del partido único está condenado al fracaso. “Entre el paquete de medidas que aprobaría el próximo congreso figura la inclusión del voto secreto y directo para elegir a los miembros de la Asamblea del Poder Popular, quienes no tendrán que ser obligatoriamente miembros del PC” (Página 12, 10/7), pero esto en nada podría alterar el monopolio del poder por parte de la burocracia y del PC. La medida pondría a éste en la picota y confesaría vergonzosamente su responsabilidad en la crisis, al mismo tiempo que pretende seguir justificando su “papel dirigente”. Se trata, no de una contradicción sino de un contrasentido, que esconde un potencial enorme de estallido político. Es necesaria la libertad partidaria sobre la base de la defensa de las conquistas de la Revolución. En el plano económico, la “rectificación” impulsó el ingreso de capitales externos mediante la formación de empresas mixtas. Bajo el paraguas de una ley que asegura a los inversores externos reducciones impositivas y tarifarias y la posibilidad de tener una participación superior al 50%, se produjo un masivo ingreso de capitales, con destino fundamentalmente al turismo (al punto que el 70% de las construcciones hoteleras se realizan con capital externo). Pero frente a la crisis cambiaría, la dirección castrista está dispuesta a ir más lejos. “Los contratos recientemente firmados Incluyen cláusulas que garantizan la libertad de remitir ganancias (en un país que sufre escasez de divisas) y que no se nacionalizarán los consorcios extranjeros” (Clarín, 9/3). En estas condiciones, la francesa Total obtuvo un contrato para explorar y explotar la cuenca petrolífera costera. “(El próximo congreso), informa Página 12 (10/7) desde La Habana, ampliará (el ingreso de capitales externos) a otras áreas e incluso al canje de deuda externa por inversión, para recuperar las posibilidades de acceder al crédito entre los grandes bancos europeos” ¡Esta alternativa capitalista ciertamente no la tiene aún la URSS, ya que su estado de desintegración es incapaz de asegurar el equilibrio de las cuentas monetarias que exige una política de inversiones extranjeras por medio de títulos de la deuda externa! Pero todo este planteamiento de política (económica) deberá coronar políticamente (en el plano del Estado) pero a la china. Es así que el corresponsal de Página 12 (10/7), informa que “como contrapartida a los cambios internos, se dice que en la cumbre de Guadalajara Cuba encontrará un puente tendido por las principales naciones del continente... para propiciar un acercamiento con EE.UU.”. La “estación terminal" de la “integración” es, no hay otra, la Casa Blanca. Bush, por su parte, condicionó su asistencia a la URSS a que reduzca aún más su comercio con Cuba para arrancarle a ésta mayores concesiones y garantías. El PC cubano en la reunión de partidos de izquierda, en México reclamó “el ingreso de Cuba a la OEA”. Revolución política La revolución cubana enfrenta así una disyuntiva histórica, capital para los explotados de América Latina. En lugar de las pavadas de autosatisfacción de los panegiristas y de los viajeros con estadía completa, mostramos las contradicciones brutales provocadas por el régimen burocrático y el alcance de las políticas oficiales en curso. En oposición a las catástrofes que preparan el imperialismo con su presión y la burocracia con su incapacidad, prepotencia y derrotismo, señalamos el camino de la revolución política, es decir, la recuperación del poder por las masas. En lugar de una política de concesiones sin límites al capital extranjero planteamos la dictadura del proletariado (significa expropiación de las prerrogativas políticas y de los privilegios sociales de la burocracia); libertad partidaria para los que defienden las conquistas de la revolución; libertad e independencia sindicales; eliminación de las prohibiciones burocráticas al pequeño comercio; libertad económica para los consumidores; planificación económica democrática; alianza internacionalista de la clase obrera mundial.

Desde fines del año pasado se vienen registrando importantes luchas y movilizaciones en Caleta Olivia. Tuvo lugar una gran marcha en defensa de la educación y en solidaridad con la huelga docente. La participación de estudiantes y trabajadores en estas movilizaciones desembocó en la formación de una Asamblea Popular. Luego de un cierto reflujo se reavivó la lucha en abril de este año, esta vez centrada en la exigencia del pago en fecha de los salarios. Como consecuencia de una huelga de la policía, las esposas de los agentes marcharon junto a los gremios. En junio tampoco se cobraron los salarios a tiempo, lo cual motivó un plan de lucha a instancias de la “Intergremial”, que agrupa a Soem, Apap, judiciales y docentes. Esto provocó el llamado a una asamblea popular, a la cual fueron invitados funcionarios y diputados para que dieran respuesta a los reclamos. Algunos sindicatos de la Intergremial están dirigidos por la burocracia tradicional y en otros confluyen sectores independientes y combativos. La asamblea fue relativamente minoritaria, pero una segunda convocatoria logró una gran masividad. Entonces, se resolvió cortar la ruta y exigir la presencia de los responsables del gobierno. Ante más de un millar de trabajadores y vecinos se presentaron varios funcionarios y diputados que se ganaron el repudio de los presentes al no dar ninguna respuesta a los reclamos salariales. No se los dejó hablar y varios candidatos perdieron allí todas sus posibilidades en las próximas elecciones. La Asamblea adoptó resoluciones muy valiosas, como el reclamo que los diputados ganen el mismo sueldo que la categoría 24 del escalafón público provincial; la declaración de la ciudad en estado de rebeldía contra el plan económico nacional; y la necesidad de extender la Asamblea Popular. Sin embargo, el eje de los reclamos de la Asamblea fue solicitar la adopción de una ley de la cámara provincial que “autorice a cortar el gas y el petróleo, si la nación no paga en tiempo y forma las regaifas. Este reclamo fue como “darles una nueva oportunidad”, al decir de una de las oradoras centrales, a los mismos diputados que fueron repudiados en la Asamblea. La Asamblea no eligió una dirección responsable de su continuidad, lo cual en la práctica dejó el manejo en manos de la “Intergremial” cuya mayoría es burocrática. Esto explica que en los días siguientes no fuera respondida la campaña de agravios del gobierno contra la Asamblea Popular. También se fue postergando la fijación de la fecha de una nueva reunión, lo que concluyó con el indisimulado boicot de la burocracia a la Asamblea. Cuando la Legislatura dejó sin tratar el salario de los empleados públicos y los otros reclamos, la Asamblea se volvió a reunir con la presencia de 250 compañeros. Allí la intervención del secretario general de ATE Río Turbio sirvió para plantear la necesidad de una coordinación de las luchas y la convocatoria a un plenario abierto de gremios de toda la provincia para el 19 y 20 de julio en Río Gallegos. También se votó el no pago de impuestos y un paro unitario hasta el cobro de todos los gremios. Pero en definitiva la asamblea tendió a diluirse, porque los principales gremios levantaron el paro apenas se cobró y la lucha contra los impuestos no se llevó a cabo. Nuestro planteo Para que la Asamblea Popular pueda convertirse en un reagrupamiento del conjunto de los explotados y trabajadores en oposición al poder político antipopular, es necesario un planteamiento de conjunto. Aunque por su nombre y por las fuerzas que le dan origen la Asamblea Popular pretende ser una representación directa del pueblo en lucha, en realidad constituye un bloque de aparatos sindicales, la mayor parte de los cuales está dominado por la vieja burocracia. Estos aparatos carecen de independencia respecto al Estado patronal y a los partidos y se cuidan mucho de que la intervención de los trabajadores sea estrictamente “orgánica” (nula). Actúan en función de las presiones del momento, salariales o de otro orden, y no tienen interés en la existencia de organizaciones masivas que puedan rivalizar con ellos o aún cuestionarlos como dirección. Para superar esta situación la Asamblea Popular debe adoptar un programa de conjunto, que tenga en cuenta no solamente las reivindicaciones inmediatas de los sindicatos sino por sobre todo las cuestiones que afectan a la clase obrera y a otras clases intermedias en el plano social y político provincial. Mediante una intensa agitación de estos objetivos la Asamblea Popular podrá atraer a su lucha a la masa de explotados y a otros sectores cuya organización es sistemáticamente dejada de lado por los aparatos burocráticos. La reducción de los impuestos al consumo y a la pequeña propiedad, la renacionalización del petróleo; el no pago de la deuda externa y la participación de las provincias en sus recursos; el control obrero de las cuentas de gastos y recursos del Estado y el control obrero del Banco provincial; la aplicación de un plan de obras públicas y de construcción de viviendas elaborado por las organizaciones populares; y por último pero fundamental, la reivindicación de un salario y jubilación mínimos ¡guales al costo de la canasta familiar en la Patagonia; éste es el tipo de reivindicaciones de carácter político-social que puede darle posibilidades de desarrollo a una Asamblea Popular. Naturalmente que sobre la base de un plan de lucha fundado en ese programa, resultará necesario llamar a las bases a organizarse en sus lugares de trabajo o vivienda, sin temer entrar en colisión con las organizaciones existentes que tengan un carácter burocrático. La aparición de una Asamblea Popular significa que los explotados están buscando reestructurarse y reorganizarse sobre nuevas bases, esto como consecuencia de la traición de los viejos aparatos y también como consecuencia de las nuevas condiciones en que hay que luchar. Del éxito de semejante tentativa depende la suerte de la clase obrera y aún del propio país en las condiciones de la inmensa catástrofe capitalista actual. Los hombres y mujeres que se encuentran a la vanguardia de esta tentativa deben tomar concienca de los alcances de la lucha que están impulsando, pues es la única forma de actuar en forma consecuente. La comprensión de esta situación, de los alcances revolucionarios que tiene la lucha popular y el señalamiento de la responsabilidad que le cabe a los luchadores — esto es lo que distingue al PO de los otros partidos y en especial de la izquierda.

Casi un centenar de trabajadores, activistas y dirigentes sindicales participaron el 19 y 20 de julio, en Río Gallegos del Plenario Intersindical Provincial. En representación de la Intersindical de la capital concurrieron 50 compañeros de docentes, judiciales, ATE, empleados públicos y delegados de base de Soem y Supe. De Rio Turbio, en el tren carbonero, llegaron 30 compañeros en representación de la inter-sindical local que agrupa a ATE (mineros), Adosac (docentes), Luz y Fuerza, Apap y Soem. De la Asamblea Popular de Caleta Olivia, distante unos 700 Kms participaron 15 representantes. La CGT local (de Azopardo) desbordada por la iniciativa de las Intersindicales, se presentó a la apertura del Congreso, pero se retiró luego que fuera elegida la mesa con compañeros de base. La iniciativa del plenario corrió por cuenta de ATE Río Turbio, organizadora de la Intersindical local, luego del fracaso de sus intentos por salvar a YCF mediante pactos con diputados, entrevistas con Menem y tentativas de comprometer al gobierno de Santa Cruz. La iniciativa de Río Turbio confluyó con el proceso de las Asambleas Populares de Caleta y con las resoluciones en favor de un plenario provincial votadas en el congreso provincial de Adosac (docentes). Todo esto indica que responde a un proceso profundo del movimiento sindical y que constituye un intento por reconstruirlo sobre nuevas bases políticas. El funcionamiento del plenario fue totalmente democrático y su primera resolución fue la creación de un Frente Intersindical Provincial permanente. La resolución deja claro que las Intersindicales son organizaciones de base y tienen carácter abierto, y que la instancia suprema del Frente Provincial es el Plenario de Intersindicales. La tendencia política de las intervenciones se caracterizó por el planteo de la urgencia para adoptar medidas concretas de acción. Los oradores fustigaron la experiencia de congresos patagónicos y provinciales realizados el año pasado, que se limitaron a sacar documentos políticos (burocráticos al principio, más radicalizados en el Cuarto patagónico), pero que fueron incapaces de generar un movimiento real. El plenario votó un documento final sobre la base del trabajo de cuatro comisiones que abordaron toda la situación provincial. El documento plantea el no pago de la deuda externa; la coordinación de la lucha contra el plan económico; el control de los trabajadores de los recursos provinciales, de las empresas del estado y del presupuesto provincial; el impulso a las asambleas populares como medio de deliberación directa del pueblo; la renacionalización de las áreas petroleras entregadas; la exigencia de impuestos a los sectores capitalistas; y la necesidad de extender regionalmente la lucha. La mayoría de los oradores señaló el agotamiento del parlamentarismo; denunció la complicidad abierta de los diputados con la política nacional pero también la impotencia ante el centralismo del Estado nacional que funciona como correa del imperialismo. La mayoría de los delegados presentes reconoció que los trabajadores deben gobernar y construir su propia herramienta política, pero esto no fue puesto a votación. Se resolvió una jornada de lucha para el 8 de agosto, precedida de asambleas de base y un nuevo plenario para el 23 / 24 de agosto en Río Gallegos. Se definió como objetivo de todo este movimiento la extensión de la Asamblea Popular a toda la provincia. Se adoptaron medidas para organizar las intersindicales en los pueblos restantes y extenderlas en los lugares en que ya funciona. En estas Intersindicales participaron dirigentes burocráticos y centristas, al lado de los dirigentes y activistas más consecuentes. En esta fase de la crisis esta gente se adapta sin dar batalla política a los planteos más radicalizados. Las dos tareas centrales que plantea el plenario son: 1) Garantizar el cumplimiento de las resoluciones de lucha y organización; 2) superar el lastre de los sectores burocráticos. El antiparlamentarismo de los principales activistas y dirigentes sindicales se manifestó en la negativa a participar del proceso electoral del 8 de setiembre, pero esto deberá retrasar la evolución política del movimiento y la diferenciación con la burocracia sindical; es indudable que sirve para no romper con esta casta parasitaria que está destruyendo las organizaciones obreras. Se ve mejor ahora el carácter reaccionario del rechazo, por parte del PC y del Mas, al planteo del P.O. de constituir un frente político de trabajadores.

Luego de un prolongado almuerzo con Menem y Duhalde, Lorenzo Miguel decidió por sí y ante sí levantar el paro metalúrgico, hecho del cual los trabajadores de la UOM se notificaron, una vez más, horas antes y por los medios de difusión. El “acuerdo” por Somisa ni siquiera deja las cosas como están, esto porque obliga ahora a la burocracia a forzar a los trabajadores a acogerse a los "retiros voluntarios”, es decir a impulsar las cesantías encubiertas. De todos modos como ya anticipó Lorenzo Miguel “el acuerdo llega más o menos hasta setiembre” La posibilidad de este levantamiento del paro estaba planteada desde el mismo momento de su convocatoria. En los congresos de delegados, los directivos subrayaron que a pesar de la medida “la UOM sigue siendo oficialista”, e incluso que “no estamos en contra de las privatizaciones y aún en caso de despidos queremos que sean consensuados”, lo que ya revelaba el carácter de las tratativas en marcha. La burocracia se había opuesto al planteo de algunos delegados —en Capital y otras seccionales— de movilizarse el día de paro junto a los trabajadores de Somisa, con el argumento de que el paro era “exclusivamente” por Somisa y que el tema salarial debía “circunscribirse” a una acción judicial de Inconstitucionalidad del decreto del gobierno que prohíbe los aumentos por inflación. El paro de 24 horas, a pesar de su carácter aislado y regimentado, iba a cumplirse masivamente. El callejón sin salida de la política miguelista aflora en todos los terrenos. En Somisa la pregonada “privatización con participación” de los trabajadores es tan solo un slogan para cubrir la retirada frente al plan de Triaca, porque las características de las "privatizaciones” las fijarán los bancos acreedores en compromiso, a lo sumo, con los "capitanes de la industria” nacionales. Los sueldos siguen congelados y las cámaras patronales no han querido siquiera reunirse para considerar el pedido de un 25% hecho por la UOM. Las empresas están lanzadas a eliminar las claúsulas indexatorias de los salarios establecidas en los acuerdos de taller o fábrica. Incluso la Obra Social, de cuya gratuidad se envanecía el aparato, ha entrado en colapso, como consecuencia entre otras cosas de “la deuda empresarial de 350.000 dólares” (Crónica, 8/ 7/91). El déficit llega a los 180 millones de dólares, fruto del desfalco y del negociado a favor de los pulpos privados de la salud, que esperan ser los beneficiarios de la Obra Social, una vez “saneada” La burocracia alega que el déficit nació con la intervención de la dictadura, pero en cualquier caso sus hombres fueron los cómplices, al integrar las comisiones “asesoras” y “normalizadoras” desde el 76 en adelante. Ante el derrumbe, la burocracia ha pactado la arancelización de los servicios hasta niveles prohibitivos y anunció el cierre de consultorios externos en varias seccionales y 500 despidos. En respuesta a esta crisis de la UOM, varias fábricas han lanzado planes de lucha en defensa de la indexación salarial. “¿Podemos seguir siendo 'oficialistas' frente a este ataque en todos los frentes? ¿Hasta cuándo sostener a este gobierno?” Esto lo plantearon varios representantes en los plenarios de delegados. La dirección de la UOM enfrenta un estado de deliberación creciente, y por la misma razón ha acentuado el matonaje en sus filas —expulsión de los delegados de Decker en Capital.

Lorenzo Miguel, Triaca y el gobierno han presentado al acuerdo alcanzado en SOMISA como una “tregua”. Lo cierto, sin embargo, es que el gobierno ha logrado avanzar decisivamente, sin renunciar a su objetivo final de rematar SOMISA. Los retiros voluntarios El acuerdo entre Triaca, Brunelli y Miguel prorroga la vigencia de los “retiros voluntarios” que Triaca puso en vigencia al asumir. El “plan Triaca” involucra al 40% del personal, el cual percibirá una indemnización en cuotas que terminará de cobrarse... el primero de mayo de 1992. El cálculo de la indemnización se hará sobre el salario actual medido en dólares, pero que no tiene incorporado el 40% de aumento pactado por la UOM en mayo para todo el país. El sentido del acuerdo es harto sencillo: la dirección de la UOM se compromete a impulsar los “retiros”, es decir, a presionar a los trabajadores a aceptar una cesantía masiva consentida. El “mensaje” de la burocracia es claro: los trabajadores no tienen otra salida, porque la UOM no está dispuesta a luchar. Como consecuencia de esta labor desmoralizante, los retiros voluntarios se duplicaron en los últimos días, hasta llegar a 1800. Con esta cifra en la mano, Miguel y Brunelli lograron que los cesanteadores prorroguen los despidos hasta setiembre (es decir, ¡hasta después de las elecciones!). Miguel y Triaca "esperan" se completen los 4.500 retiros. La política de la "privatización consensuada” se ha revelado como una operación conjunta de la burocracia y el gobierno para quebrar a los obreros de San Nicolás. Pero la cosa no termina aquí. Luego del acuerdo con Miguel y Brunelli fue anunciada la cesantía de 1.000 trabajadores contratados, así como la completa eliminación de las horas extras. Los puestos de trabajo caído confesaban fuentes gremiales de San Nicolás “los van a querer cubrir con flexibilidad laboral y multiplicidad de tareas” (Página 12, 24/7). Es la victoria completa de los privatizadores y superexplotadores. A cambio de esta traición, Miguel ha recibido en pago una participación “protagónica” en la lista de diputados del peronismo bonaerense, y la promesa de una mayor “injerencia” (coimas) en la privatización (o liquidación) de SOMISA. Los obreros nicoleños, en cambio, no han conseguido nada. Llamamos a los trabajadores y al pueblo de San Nicolás a rechazar este acuerdo destructivo. ¡Ni un sólo contratado afuera! ¡Defender el convenio colectivo y el 40% de aumento no homologado en SOMISA! Asambleas por sección para parar las renuncias forzadas, y asamblea general de todos los trabajadores de SOMISA (estables y contratados) para votar un plan de acción común.

Al mismo tiempo que continúa “bicicleteando" el miserable aumento de 300.000 australes para los tres millones de jubilados con el argumento de que “ya no se puede emitir como antes", el ministro Cavallo se ha lanzado a una verdadera “orgía emisionista” con el único objeto de salvar a un puñado de banqueros en dificultades. Tal es la implacable lógica de este régimen político clasista que se llama democracia. En la primera quincena del mes, según informan los medios “especializados", la emisión de moneda por el BCRA aumentó en 600 millones de dólares, lo que equivale al 11% de toda la circulación monetaria. Esto significa que bajo el imperio de la “ley antiemisión”, la emisión es diez veces superior a la carestía mensual. Esta monumental “inyección” de dinero es una causa adicional de la inflación. Para llevar adelante esta emisión, el ministro viola su propia ley de convertibilidad, que prohíbe la emisión de australes sin el ingreso de su contrapartida en divisas. La ley a esta altura no es más que un espantajo para los reclamos populares. En efecto, sólo en la primera quincena del mes el BCRA emitió 700.000 millones de dólares mediante “redescuentos”, (préstamos a los bancos a cortísimo plazo) que son, en realidad, “una emisión sin respaldo alguno” (Clarín, 16/7). En el mismo período, el BCRA otorgó préstamos al sistema financiero por 1,6 billones de australes “contra garantía de Bonex”, es decir que también carecen de respaldo por la sencilla razón de que esos Bonex han sido emitidos igualmente por el Estado por carencia de recursos propios. La prensa patronal barrunta que todo este festín inflacionario se hace con el objeto de “evitar la venta de dólares (al Banco Central) que significaría emisión” (Ámbito Financiero, 18/7). Pero la razón es muy otra: el BCRA no puede desprenderse de sus reservas exactamente en el momento en que su presidente Roque Fernández ha viajado a EE.UU. a negociar con la banca acreedora el pago de los intereses atrasados de la deuda externa, el cual se hará, como en Brasil, precisamente con la entrega de esas reservas. Todo este mecanismo emisionista e inflacionario cuya única función es salvar a los bancos (¡lo que explica que el “anti-emisionista” Alsogaray arrugue el hocico!) ha desquiciado la “convertibilidad". Según informa Ámbito Financiero (9/7), las reservas en oro y divisas equivalen a 4.500 millones de dólares contra una circulación monetaria de 6.000 millones. La “diferencia" (equivalente al 25% de toda la base monetaria) está "cubierta" contablemente con Bonex, es decir con deuda del estado, una proporción que irá subiendo como consecuencia de la emisión encubierta. Pero aún este balance es “trucho” ya que para “cerrar” junio Cavallo contabilizó ingresos por adelantado por 146 millones de dólares, difirió pagos por otros 180 y redujo el pasivo del BCRA en 300 con el simple expediente de diferir el pago de jubilaciones y sueldos a los estatales (Ámbito Financiero, 18/ 7). ¡La “convertibilidad” está “inflada" nada menos que en 600 millones de dólares! Pero para superar esta “¡liquidez”? la “crisis de beneficios" Roberto Alemán sigue proponiendo que las reservas que deben guardar los bancos en australes sean reemplazadas por títulos, lo que permitirá a los bancos cobrar un interés sobre su dinero inmovilizado. Que el “plan Cavallo" está en ruinas lo prueba la discusión entablada en la burguesía para salir de él. La emisión clandestina (que la propia ley autoriza, algo que denunciamos oportunamente en PO), el boicot impositivo de la burguesía nacional y la enorme presión imperialista lo han tornado inviable. Se vuelve a revelar una vez más la impotencia del estado burgués para superar por medio de su intervención las contradicciones y los enfrentamientos interburgueses que explotan como consecuencia del agravamiento de la crisis capitalista.

La necesidad de emitir un nuevo bono, al que ya han bautizado “de consolidación”, por la friolera de 20.000 millones de dólares, ha desatado una feroz crisis política. El mentado “acuerdo nacional” que procuran radicales y peronistas, no sería otra cosa en definitiva que un pacto relativo a las características que debería tener el título. La insistencia de Alfonsín y del Departamento de Estado norteamericano en la necesidad de un compromiso que garantice la “seguridad Jurídica” (algo que, por lo que se puede deducir, no otorgarían ni las leyes ni las instituciones del Estado), apunta por sobre todas las cosas a garantizar el pago de la deuda pública del Estado. Es que con el proyectado bono, y con los que se piensan emitir el próximo año en reemplazo de la actual deuda externa (plan Brady), los títulos de la deuda argentina que circularían en el mercado internacional podrían llegar a cerca de 100.000 millones de dólares. El astuto Cavallo quiere convertir en bonos a diez años la deuda que el Estado tiene con los jubilados y los empleados públicos, de una parte, y con sus proveedores y los titulares de los depósitos de los bancos quebrados, de la otra. Dada la completa insolvencia del Tesoro nacional, esos títulos serán en realidad “bonos-basura” —así llamados porque al otro día de emitidos se cotizan a la mitad de su valor nominal. Esta circunstancia ha llevado a los grandes contratistas del Estado, tipo Techint o Perez Companc, a reclamar que en lugar de un bono se dicte una ley que comprometa por un período indefinido de años un porcentaje de los ingresos de la DGI y de la Aduana al pago de esta deuda con sus debidos intereses. El presupuesto nacional, que ya se encuentra comprometido en el 20/25% de sus ingresos al pago de los intereses de la deuda externa (un monto que aumentará luego de las negociaciones con los bancos extranjeros), y que tiene otro porcentaje levemente inferior destinado a los bonos que se encuentran en circulación; el presupuesto nacional, entonces, sería cargado, de aceptarse la propuesta, con otro 25% de obligaciones de pago de deuda, lo cual lo convertiría en un mecanismo exclusivamente dedicado a sacarle el dinero al contribuyente para pasarlo a los acreedores. En este caso el Estado podría quedar reducido a un par de ventanillas: una de cobro y la otra de pago. Para otorgarle “seguridad jurídica” a un planteo de este tipo, los contratistas reclaman al pie del texto la firma de Menem y de Alfonsín. Pero los capitalistas no ponen sus huevos en una sola canasta. Por eso ha surgido un planteo paralelo que reclama que el bono pueda ser usado para pagar las tarifas, los impuestos, los aportes previsionales, las privatizaciones, y los créditos bancarios. Exigen también que se nominen en dólares y que el interés que rindan no sea inferior al de los depósitos a plazo fijo. Para garantizar estas cláusulas, los acreedores reclaman igualmente el explícito respaldo de un acuerdo nacional. La función más importante del Acuerdo Nacional parecería, sin embargo, ser todavía más amplia. Por el lado de los contratistas se ha descubierto que la deuda no documentada “alcanzaba niveles desproporcionados” (Noticias, 21/7/91), de modo que su canje por un bono transformaría en irrevocable lo que podría ser un “curro”. Por el lado de los jubilados y de los empleados públicos, una gran parte de sus reclamos aún se encuentran en litigio judicial. Si en el caso de la deuda indocumentada de los capitalistas la función del acuerdo nacional sería ponerle el sello de la legitimidad, en el caso de los jubilados su función sería ordenar, mediante una ley, el cese de los procesos judiciales entablados. A la generalidad de la opinión pública le ha pasado desapercibido este gigantesco conflicto. Incluso si para la mayoría de la burguesía la salida del bono es satisfactoria con relación a jubilados y empleados públicos, porque esto le permitirá comprar esos bonos a la mitad de su valor y luego aplicarlos a pagos o inversiones al cien por cien, el conflicto se plantea a partir de que los bonos que se entreguen a los contratistas entrarían en competencia con los que ya están circulando (Bonex, etc.), lo que derrumbaría las cotizaciones de todos ellos y haría difícil su negociación en los mercados internacionales o incluso su canje con el propio Estado. ¡¡Las privatizaciones del Estado no llegan ni a una mínima parte del monto de esta deuda pública titularizada!! La solución a este impasse podría darla un arbitraje del Estado que otorgara jerarquías diferentes a los diversos bonos. Algunos tendrían derecho a sar canjeados por privatizaciones; otros podrían servir para cancelar deudas con los bancos oficiales, pero solo en determinada proporción; una restricción similar se aplicaría al pago de impuestos o de tarifas. En la categoría más baja se pondría al bono para los jubilados. Naturalmente que un fracaso en este arbitraje desataría en poco tiempo una crisis de proporciones colosales. La “consolidación” de una deuda pública que fue constituida en gran medida mediante fraudes y sobreprecios, e incluso indocumentada, significa una monumental confiscación económica de varias generaciones futuras de ciudadanos, fundamentalmente los trabajadores. En el caso de los jubilados y de los empleados públicos significa, al revés, privarlos de lo que les corresponde por derecho (nos referimos al derecho actual, al derecho burgués), porque al canjear los bonos por dinero perderían enseguida la mayor parte de su patrimonio. Este patrimonio sería comprado, desvalorizado, por los especuladores capitalistas, que lo usarían para pagar sus propias deudas al Estado pero a su valor pleno. El Estado terminaría pagando de este modo el equivalente al ciento por ciento de la deuda que dice no poder pagar a los jubilados, pero en beneficio de los capitalistas, en un porcentaje enorme. Este es el significado real, es decir despojado de todo encubrimiento, de las expresiones “acuerdo nacional", “convivencia republicana”, “garantías jurídicas” o “cultura de la juridicidad”. Ni más ni menos que la confiscación y el robo.

El Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados se han lanzado a una loca carrera para aparecer ante la opinión pública como los campeones de la derogación de las “jubilaciones de privilegio”. Esta competencia es muy llamativa pues sus protagonistas han defendido furiosamente el sistema que permite a los altos funcionarios del Estado (incluidos los militares y el alto clero) jubilarse con pocos años de “trabajo” y con sueldos multimillonarios. Naturalmente que se trata de una enorme cortina de humo “para que todo siga igual” ¡o peor! porque, de paso, ataca conquistas históricas del movimiento obrero. El decreto de Menem que anula las jubilaciones de privilegio no tiene valor legal ¡y aun así exceptúa a los militares, policías y miembros de los servicios de inteligencia y deja también en pie los “privilegios adquiridos"!... Como ningún decreto puede derogar una ley... se trata de pura demagogia electoral o, lo que es más grave, de nuevas fuentes de litigio contra el Estado. La ley que, que por su parte, aprobaron los diputados en realidad no deroga ningún “privilegio", porque no sólo mantiene los existentes sino que forma una Comisión bicameral para “estudiar" un nuevo régimen de jubilaciones privilegiadas, naturalmente luego de consumadas las elecciones. Luego de rapiñado el voto popular podrán ratificar sin temores la vigencia plena de "sus "jubilaciones. El septuagenario Pugliese, ya opinó que “necesitaba los 50 millones de australes para poder vivir” y Menem anticipó que vetará la ley si deroga las jubilaciones militares. Lo realmente grave de toda esta farsa es que tanto el decreto como la ley coinciden en anular los regímenes jubilatorios especiales para trabajadores que realizan tareas riesgosas, penosas, insalubres o determinantes de un envejecimiento prematuro (trabajadores de la industria petrolera y gasífera; los que están en contacto con personas que sufren enfermedades infecto-contagiosas o alienadas, maquinistas ferroviarios; elaboradores de combustibles líquidos, mineros y maestros de frontera). La liquidación de estos regímenes jubilatorios sí se tornará efectiva en la intención de Menem y los diputados, porque ello forma parte de toda una ofensiva de anulación de la legislación laboral, como la estabilidad en el empleo, el respeto a los convenios, la ley de accidentes de trabajo o el aumento de la edad para jubilarse. Este es el verdadero rostro de la farsa.

Luego de que la dirección del sindicato del personal aeronáutico (APA) aprobara un preacuerdo donde se pierden conquistas del convenio (horario, licencias, más sanciones, etc.) a cambio de un 30 % de aumento salarial, una Asamblea General de 400 compañeros repudió este preacuerdo y eligió una comisión paritaria para negociar con la empresa. La patronal planteó entonces que si no se aprobaba el acuerdo no había aumento. La dirección sindical se montó en este chantaje. Y en un pseudo plenario de delegados forzó la aprobación del preacuerdo. Pero el edificio de Perú 2 rechazó nuevamente esta apretada, y ha comenzado a circular un petitorio que repudia el preacuerdo y exige una asamblea general resolutiva. La comisión directiva, que responde al ubaldinismo, armó todo esto desde el principio. Hay que impulsar con todo el petitorio por la Asamblea General resolutiva. Pero hay que tener presente la imperiosa necesidad de formar una corriente de activistas y luchadores que defiendan la lucha y las decisiones de la base en forma consecuente.

El planteo del Consejo Ejecutivo del Suteba a la Presidencia de la FEB para “emplazar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y en caso de no obtener soluciones no reiniciar el ciclo lectivo tras el receso de invierno” recogió un anhelo profundo de la docencia bonaerense. No hay maestro o profesor que no esté convencido de la necesidad de una huelga indefinida convocada unitariamente. La carta del Suteba no encontró respuesta en la cúpula de la FEB ni tampoco fue promovida en la base. Luego del receso de invierno, el Suteba paró del 22 al 26, la FEB para un día por semana hasta su congreso previsto para el 31 de julio y el sindicato de docentes privados (Sadop) decidió un paro de 48 horas que puede prorrogarse. No hubo un “no inicio” en común, ni un planteamiento de lucha unitario, pero la gravedad de la situación y las medidas de fuerza se ha acentuado en forma considerable. La dirección de la FEB ignoró el llamado del Suteba porque está interesada, no en enfrentar, sino en apoyar al gobierno de Cafiero en sus reclamos de unos puntos más del fondo educativo al Estado nacional. ¿Y ahora? Las asambleas del Suteba realizadas el lunes 22 fueron las más concurridas en todo lo que va del ciclo lectivo. La conducción fue con la propuesta de un paro de cinco días y luego asambleas para “evaluar” anticipando que luego “habrá que pensar en otras medidas de acción desde las aulas”, porque “no podemos repetir lo del 88”. Con el pretexto de la ausencia de unidad, Suteba plantea tina caricatura de plan de lucha ya harto conocida por la docencia bonaerense. Tribuna Docente—impulsada por el PO—planteó la huelga indefinida, la elección de comisiones de organización de la huelga en la propia asamblea y la convocatoria a asambleas abiertas en los distritos y sigue creyendo que es el único camino.

Los ferroviarios y fraternales de los ramales eléctricos Suárez y Mitre (FC. Mitre) salieron al paro por tiempo indeterminado hasta obtener la libertad de un guarda detenido e incomunicado a raíz de la investigación del atentado que derivó en la amputación de las piernas a la joven Ángeles López. Días antes, los fraternales de la sección Suárez, de la misma línea, habían lanzado un “trabajo a reglamento” en reclamo de un adicional salarial y de condiciones mínimas para el funcionamiento de los servicios, afectados por los “retiros voluntarios”. De hecho, todas las líneas urbanas y suburbanas están con sus frecuencias disminuidas por la baja de personal. Esta situación, más el virtual congelamiento salarial, ha creado una situación de creciente tensión, que anuncia el estallido de nuevos conflictos en las seccionales y especialidades. Estas tendencias chocan con una mayúscula crisis de dirección. Las direcciones de la UF, Fraternidad y Señaleros ofician de “garantes” de la política del gobierno y de “comisionistas” de las privatizaciones. Por otro lado el plenario de seccionales rebeldes ha dejado de existir, por una decisión de la mayoría de la Comisión de Enlace (incluidos el PC y el Mas) de dedicarse a participar en la renovación estatutaria del 50% de directivos y miembros de comisiones de reclamos en La Fraternidad. Los “centroizquierdistas” son incapaces de manejar sus contradicciones en un marco de unidad para la lucha, o mejor, la necesidad de organizar la lucha choca con la política y las contradicciones del “centroizquierda” gremial y político. Pero la situación exasperante lleva al replanteo de la lucha por el salario y la defensa de la fuente de trabajo y colocará en debate la reconstitución del plenario de seccionales rebeldes. Ya están surgiendo iniciativas de todos lados para impulsar un petitorio de un 100% de aumento salarial, el paso al básico del adicional por comida y el reemplazo de las vacantes producidas por los “retiros” en defensa de los servicios. ¡Habrá novedades dentro de poco!

La “súbita” aparición en escena del sirio Kalhil Dib, un “testigo clave” del escándalo del narco-gate, ha puesto al rojo vivo la crisis política. Ha alcanzado a la propia cabeza del Estado... y no sólo por las declaraciones de su ex-esposa. Kalhil Dib, que se desempeñó como colaborador de Ibrahim en la Aduana de Ezeiza, confirmó las denuncias del “arrepentido” narco-traficante detenido en España, según las cuales Casería, Amira, Emir, Karim Yoma y Alí Ibrahim habían puesto sus altos cargos en el aparato estatal y sus “Influencias” a disposición de una organización dedicada al tráfico de drogas en gran escala y al lavado de narcodólares. La cosa, sin embargo, no se detiene acá, porque “en noviembre de 1990 (Kalhil) se habría reunido con Miguel Ángel Vico y Ramón Hernández (secretarios privados de Menem). Allí les dijo — según su declaración—‘yo quiero hablar con Presidente’ (sic). Más adelante en su declaración cuenta que (sic) ‘volvió a reunirse con ellos y me dijeron que el Presidente necesitaba una grabación (sic)... La plata la vamos a dar en nombre del Presidente, no te preocupés’... ” (Noticias, 21/7). Estas declaraciones de Dib implicando directamente a la Casa Rosada obligaron al siempre locuaz presidente Menem (y a toda su comitiva) a guardar una “cuarentena periodística” durante su estada en la cumbre de Guadalajara y a retrasar en un día su retorno al país. La prensa española, ha puesto, por su parte, al descubierto las relaciones entre la “conexión argentina” de narcolavadores y el BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional), cuyas operaciones han sido recientemente canceladas en todo el mundo por su implicación en el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico y de la venta ilegal de armas. Gaith Pharaom, uno de los principales accionistas del BCCI, “apoyó económicamente a Menem durante la campaña electoral” (Página 12, 17/7). Como retribución, Pharaom recibió las licencias para construir un gran hotel en Buenos Aires y una planta de procesamiento de jojoba en Salta, operaciones financiadas mediante capitalización de deuda externa (uno de los mecanismos preferidos por los lavadores de dólares “sucios”). El Wall Street Journal vincula a Javier González Fraga, ex presidente del BCRA, con Pharaon. Clarín, en diciembre pasado (durante la presidencia de González Fraga en el BCRA), había revelado que la presencia de una verdadera inundación de dólares “sucios” “era un secreto a voces entre los operadores de las mesas de dinero de los bancos y las casas de cambio”. Precisamente, Gaith Pharaom fue el hombre que trajo a Dib a Buenos Aires y lo puso en contacto con Ibrahim y el clan Yoma. Si no fuera por su congénita genuflexión, el parlamento estaría obligado, sin excusas, a iniciar el juicio político al presidente y a todo su gabinete. El conjunto de las instituciones del Estado se han largado a una violenta campaña de encubrimiento del narco-gate. La prensa informó, sin ser desmentida, que existe un acuerdo entre Menem y Felipe González para demorar la extradición de los Yoma y Caserta hasta después de las elecciones, esto para evitar un derrumbe electoral del gobierno. El español puede tener sus buenos motivos para evitar esta caída ya que han sido empresas españolas (Iberia, Telefónica, Renfé) las principales beneficiarías de la privatización menemista. El poder ejecutivo, además, ejerció una violenta presión para obtener la libertad de Mario Casería, temeroso de las revelaciones que éste podría hacer en caso de sentirse “abandonado por sus amigos”. La jueza Servini de Cubría, por su parte, ha ocultado las pruebas reunidas por la justicia española y se ha negado a dar curso a la orden de detención contra Amira que le solicitó el juez español Garzón. Fue denunciada por “obstrucción” por el Consejo General del Poder Judicial español y directamente por “encubrimiento” por la prensa. El propio “testigo clave” declaró que “los Yoma y Carlos (Menem) la tienen arreglada” (a la jueza) (Noticias, 21/7). La intervención directa de la Corte Suprema menemista en el caso es un recurso desesperado por salvar a la cabeza del Estado de la crisis abierta con el narco-gate. Ninguna de las camarillas que “cohabitan” el poder del Estado está a salvo del escándalo. Duhalde ha sido alcanzado por haber designado a Ibrahim en Ezeiza y ahora se pone al descubierto que Cavallo, en su paso por la Cancillería, le otorgó, en completa violación de la legislación vigente, pasaportes diplomáticos a Amira y a Ibrahim, los cuales, lógicamente, se habrán servido enormemente de ellos para sus “tareas ”. “Y... algo hay”, fue la confesión de uno de los ministros!!, que La Nación (19/7) no vaciló en reproducir a pesar de no poder citar la fuente. La diplomacia y los organismos de seguridad estadounidenses han sido las verdaderas “usinas” de este narco-gate: la prensa española reveló que las informaciones sobre la “conexión argentina” fueron recogidas por la CIA y el Mossad (servicios israelíes) y elevados al juez Garzón, un hombre con “buenas relaciones” con la DEA norteamericana. No hay que olvidar que el Swift-gate desatado por la embajada norteamericana también tuvo como blanco a otro de los miembros del clan Yoma. Ahora, distintas versiones señalan que el “testigo clave” Kalhil Dib sería un hombre de los servicios de inteligencia yanki (o al menos otro “arrepentido" que habría llegado a un acuerdo con ellos). Frente a la liberación de Caserta, al completo empantanamiento de las investigaciones y al abierto encubrimiento del aparato estatal a los narcolavadores, la “aparlclón”de Kalhil sería la señal de que la diplomacia estadounidense está dispuesta a intervenir a fondo en la crisis política para forzar el desplazamiento de lo que ella misma define como “clanes salvajes”, potencialmente hostiles a sus intereses. La presión norteamericana no se reduce, sin embargo, al terreno de las revelaciones criminales: el desmantelamiento del Cóndor II y la venta de trigo subsidiado al Brasil son otras de sus brutales expresiones, las cuales están muy próximas de las “relaciones carnales” que pregona el gobierno porque se asemejan, como dos gotas de agua, a una violación. Esta violentísima presión imperialista amenaza con disolver el “pacto de silencio” entre los mafiosos: pocas horas después de la aparición de Kalhil, Menem “licenció” a Amira y un juez allanó sus mansiones. En respuesta, Zulema Yoma atacó violentamente a Menem y a Duhalde. La brutalidad de los choques entre las camarillas capitalistas, que han convertido al estado “democrático” en su botín, lleva directamente a la caída del gobierno.

La quiebra del Bank of Credit and Commerce International, más conocido como BCCI, ha desatado una crisis política y financiera internacional, en uno de cuyos eslabones está Carlos Saúl Menem. El principal testaferro del BCCI, Gaith Pharaon, ingresó a las privatizaciones argentinas de la mano de Alfonsín y de Sourrouille, pero luego Pharaon financió la campaña electoral de Menem en 1989 y mantuvo fluidas relaciones con el gobierno argentino a través de Alberto Kohan, ex-secretario General de la Presidencia, ex-ministro de Acción Social y un “íntimo” del clan menemista. Uno de los secretarios de Pharaon fue nada menos que Khalil Husseim Dib, el libanés que la semana pasada se presentó ante los Tribunales argentinos para destapar el tráfico de narco-dólares que se le atribuye a la familia Yoma. Según algunas versiones, Dib sería un infiltrado de la CIA en la “corte” de Pharaon y estaría actuando de este modo a cuenta de la DEA, la agencia norteamericana antidrogas. Crisis bancaria El BCCI, cuyas actividades internacionales fueron clausuradas a principio de mes, fue fundado en 1972 en asociación con el Bank of América y con la CIA, la que financió a través de la casa central del Banco en Pakistán la guerra de Afganistán. El BCCI fue clausurado con pérdidas del orden de los 15.000/ 30.000 millones de dólares, las más de toda la historia bancaria. Uno de los mayores implicados en esta quiebra es el Banco de Inglaterra, el “glorioso" Bank of England), que ocultó los fraudes del BGCI durante varios arios en complicidad con los servicios de Inteligencia británicos. Además, "hay numerosos bancos centrales de países del Tercer Mundo que depositaron sus reservas en el BCCI y que pueden quebrar. En el catálogo de los desgraciados figuran Nigeria, Perú y algunos países del Caribe" (Clarín, 23/7). Pero The Wall Street Journal (17/7) señala que incluso las reservas del Banco Central de Argentina pueden haber sido depositadas en el BCCI, en virtud de que nada menos que Javier González Fraga, dos veces presidente del BCRA bajo la presidencia de Menem, fue asesor del BCCI y de Pharaon. Gracias a los oficios de González Fraga, precisamente, Pharaon logró que se le otorgara la capitalización de deuda para construir en Buenos Aires un hotel de 5 estrellas, que había sido calificado previamente como “no adjudicable” por otras autoridades del Banco Central (El Cronista Comercial, 30/3/88). El BCCI comenzó a ascender en la banca mundial a través de su asociación con el Bank of America, hasta hace poco tiempo el principal banco del mundo, pero golpeado luego por una severa crisis financiera. De modo que el ingreso del BCCI a la finanza internacional estuvo ligado a la bancarrota de la banca norteamericana. Su posición en el mercado árabe lo transformó en el canal de importantes fondos de EEUU e Inglaterra destinados a financiar proyectos petroleros y turísticos en el Medio Oriente. Por disputas que no están esclarecidas el Bank of America se desvinculó del BCCI, ante lo cual éste decidió entrar directamente en EEUU, mediante la absorción de varios bancos. Este ingreso es otro testimonio de la necesidad de fondos que urgía a la banca norteamericana, al punto que fue facilitado por miembros del gobierno norteamericano, entre ellos nada menos que Jimmy Carter. Bert Lance, director de presupuesto de Carter, ayudó a Pharaon a tomar el control “clandestino” del First American Bank of Washington, el décimo en el ranking de los bancos norteamericanos El BCCI pasó a controlar también el National Bank of Georgia y el First American Bank of Virginia. Para esto, utilizó los favores de Clark Clifford, asesor presidencial desde 1945 y ministro de defensa durante la guerra de Vietnam! El BCCI financió al Comité de Campaña senatorial del Partido Demócrata, presidido por el senador John Kerry (The Wall Street Journal, 13/6/ 91), el cual fue luego elegido presidente de la Comisión del Senado que investiga el terrorismo y la droga!! El enlace del BCCI con el senador Kerry era David Paul, cuya sociedad de ahorro y préstamo en Miami fue intentada rescatar de la quiebra por Pharaon sin resultado, lo cual dejó en la lona a trescientas casas financieras en Miami, acusan al senador Kerry de ser un agente del BCCI, la revista Time (29/7/ 91) lo presenta como un investigador de los fondos del BCCI cuyo trabajo estaría siendo bloqueado por el Departamento de Justicia. Estas contradicciones de la prensa norteamericana tienen relación directa con una lucha despiadada que se ha entablado en el “establishment” de EEUU con relación al BCCI y a sus negocios de armas y drogas, aunque expresa de un modo general una lucha entre la banca de inversión y los corredores de Bolsa, de un lado, y la banca comercial, del otro. El BCCI sufrió su primera gran crisis con la caída de los precios del petróleo a mediados de la década del 80, lo cual inviabilizó varios emprendimientos en construcciones petroleras a cargo de empresas vinculadas en Arabia Saudita. Redec, una compañía de Pharaon, fue a la quiebra en 1985, deteriorando las relaciones de Pharaon con la monarquía saudita. Pero la gran crisis se produjo en EEUU “por las altas pérdidas en el mercado especulativo de bonos del Tesoro Norteamericano. En ese momento, los funcionarios del BCCI admitieron pérdidas por 150 millones de dólares; ahora ex funcionarios y otras fuentes dicen que habrían totalizado 450 millones” (The Wall Street Journal). ¡Los alcances de la crisis de las Bolsas de 1987 están lejos de haberse agotado! A partir de estos sacudones financieros, de alcance internacional, el BCCI se lanzó aún más abiertamente a canalizar por sus cofres los suculentos dineros del narcotráfico. Se dice que en estos menesteres su filial en Panamá fue una pieza clave. El BCCI se especializó también en la evasión de impuestos y fugas de capitales a través de operaciones cruzadas entre varios países. Pero esto lo hacen también y por sobre todo los bancos “respetables”. Esta incursión en el negocio del narco-dólar le valió rápidamente el choque con los bancos norteamericanos (y probablemente suizos (“Suiza lava más blanco”), que lógicamente querían tener el monopolio financiero de la droga. Es así que se empezaron a destapar algunos de los negocios de Pharaon, que sus “Influencias” lograron volver a tapar. Nada menos que Price Waterhouse, 2o en el ranking mundial, se convirtió, a partir de 1987, en la auditora del BCCI en Inglaterra, en lo que pudo haber sido un “doble” juego, puesto que los primeros informes de Price Waterhouse certificaban la corrección de los estados contables del BCCI. Inclusive cuando se descubrió que el BCCI en EEUU lavaba dólares y que varios de sus ejecutivos habían sido detenidos, el Banco de Inglaterra “le ordenó a Price Waterhouse realizar una Investigación sobre sus operaciones en Gran Bretaña. La conclusión fue que el sistema del banco era adecuado y no estaba lavado, incluso en el mismo momento en que el BCCl era nombrado como banco ‘lavador en tribunales ingleses” (Financial Times, 20/7). Pero informes posteriores de Price, prosigue el Financial Times, “revelaron la existencia de malos préstamos enormes... y de transacciones inapropiadas que envolvían a altos ejecutivos del grupo”. Todo fue puesto en conocimiento de las autoridades del Banco de Inglaterra, las que, sin embargo, no tomaron ninguna medida. Todo esto ha abierto una crisis política mayúscula en Inglaterra, pues ha quedado al descubierto que varios funcionarios de la época de Margareth Thatcher, y posiblemente el propio presidente del “respetadísimo” Bank of England, estarían involucrados en operaciones ficticias, en algunos casos con préstamos registrados a “nombres tomados al azar de la guía telefónica” (Ámbito, 22/7), como los bultos que entraban a la Aduana argentina a nombre de Juan Culo! La filial inglesa del BCCI, centro operativo del holding, estaba en quiebra desde hacía diez años, lo cual era conocido por el Presidente del Banco Central de Inglaterra y por el entonces secretario de Finanzas y hoy primer ministro, John Mayor. El faltante de fondos del BCCI era cubierto con “depósitos de fuentes tales como traficantes de armas y evasores impositivos”. También pusieron su plata en el BCCI miles de “pequeños y medianos empresarios que acudieron al BCCI seducidos por un plan que les permitía evadir el IVA” (Clarín, 23/7). Mister Robín Leigh-Pamberton, presidente del Bank of England, ya habría incursionado en el pasado en operaciones de rescate dudosas, que desataron una “furiosa crisis política” (The Financial Times, 20/7/91). La quiebra del BCCI ha dejado en el limbo a más de un millón de depositantes y de acreedores. En Inglaterra puede desatar una corrida bancaria. Los Tesoros de la mayoría de los municipios británicos pueden quedar vacíos en razón de que sus “cajas” están depositadas en el banco pakistaní. El Parlamento se ha visto obligado a intervenir para nombrar una comisión investigadora independiente, algo que significa la desautorización formal del histórico Bank of England — supervisor constitucional de la banca y de las finanzas británicas. El sistema financiero como consecuencia de esta crisis de autoridad, ha quedado al garete. La City de Londres puede haber recibido un golpe decisivo a su supremacía. Conjugado con la crisis de la Bolsa de Tokyo, este hecho amenaza la solidez de los valores capitalistas a nivel mundial. Lo mismo ocurre con los Estados y con los gobiernos. Muchos Menems, en diferentes países, pueden despeñarse en menos de 24 horas. A solo una semana de finalizada la reunión del “grupo de los 7” (G-7), el imperialismo está obligado a rever de nuevo toda la situación... La guerra del Golfo Pérsico El golpe de gracia al BCCI lo produjo la guerra del golfo pérsico. Antes de la guerra, el servicio secreto israelí habría detectado que el BCCI estaba financiando la compra de armamento por parte de Irak (Tiempo de Madrid). Inclusive, ahora, se dice que el BCCI habría hecho lo mismo con Argentina durante la guerra de Malvinas. Al concluir la guerra, la CIA habría confirmado la información israelí. El gobierno norteamericano se lanzó entonces a desmantelar la red bancaria utilizada por Husseim, lo que puso al BCCI en la cuenta regresiva. La Argentina ocupaba una posición clave en todo este negocio, aun desde antes del gobierno de Alfonsín. El servicio israelí había detectado que la Fuerza Aérea había provisto armamento a Husseim (como por otra parte lo habían hecho Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia), y que el misil Condor se construía en colaboración con países árabes. El gobierno norteamericano (alertado por la CIA), instruyó a su embajador Todman a golpear al grupo proiraquí metido en el gobierno de Menem. Menem trató de salvar la situación mandando naves al golfo. En diciembre, Todman lanzó, sin embargo, el “Swift-gate”, que le costó la cabeza a un miembro de la familia Yoma y al mismísimo Alberto Kohan, enlace de Pharaon con Menem. Meses después, la CIA, a través del juez español Garzón, “un hombre de buena sintonía con la DEA” (Clarín, 4/4), desmanteló el lavado de dinero a cargo de Amira Yoma, Ibrahim Al Ibrahim y Mario Caserta. Cuando todo hacía suponer que la causa judicial contra ellos podía quedar en la nada (Casería salió en libertad), entró en escena Khalil Dib, quien confirmó todos los cargos contra los Yoma, los Casería y Cía. La agonía del capital El negocio de los narcodólares moviliza “unos 350.000/500.000 millones de dólares y las utilidades trepan los 100.000 millones de dólares anuales” (Clarín, 26/5), una cifra algo menos le corresponde a las armas. El capitalismo, que se construyó “con la sangre, el dolor y el barro”, no podría sobrevivir ni un instante sin el último negocio disponible, el negocio de la destrucción y de la muerte. La crisis mundial del capitalismo empuja por este camino a los explotadores con la fuerza de una exigencia vieja.

El escándalo del lavado de los narco-dólares ha llegado a la antesala del despacho presidencial. La única incógnita que aún permanece sin respuesta es qué o cuánto sabía Menem de las actividades de los miembros de su “familia política” y de varios de sus operadores. Planea la hipótesis de un encubrimiento ejecutado desde la más alta esfera del poder. No se trata sólo de un Yoma-gate. La crisis internacional que se ha producido en torno a la clausura del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) proyectó una luz más intensa acerca de las relaciones entre el testaferro de ese Banco y Menem, las cuales habrían sido inducidas o impulsadas, según el propio Menem, por un hombre de su círculo más íntimo y ex ministro, líder de la fracción rojo-punzó del menemismo, Alberto Kohan. Estas revelaciones constituyen un golpe descomunal contra la autoridad de la cabeza del Estado nacional. ¿Acaso un golpe decisivo? De cualquier manera, debilita hasta extremos insospechados la capacidad de acción de un gobierno al que el imperialismo y la burguesía nativa le han encargado la enorme tarea de entregar por completo al país, proceder a la descarnada confiscación económica del pueblo y destruir cualquier posibilidad de resistencia de las organizaciones obreras y de la clase obrera misma. Ciertamente, en todo esto hay una lucha feroz de clanes, pero más allá de esto está en curso una crisis internacional que puede llegar a voltear al gobierno conservador de Inglaterra. La desintegración del gobierno menemista ha dado lugar a la formulación de un planteo de acuerdo nacional, impulsado por el Departamento de Estado norteamericano, por Kissinger y por Alfonsín. La realización de este acuerdo habrá de significar no solamente la liquidación del clan de la “familia política”, sino también la del clan Alsogaray. Los comisionistas de la droga y los comisionistas de las “privatizaciones” podrían terminar en la cárcel. El planteo del acuerdo nacional constituye una propuesta de recambio político, cuya urgencia responde indistintamente a la necesidad de hacer frente a la desintegración del poder como a la crisis económica. El gobierno está paralizado en la sanción del “bono de consolidación” de deudas, debido a que sus cláusulas, que afectan capitales por más de 20.000 millones de dólares, son cuestionadas, ora por los bancos acreedores, ora por la “patria contratista”. Lo mismo ocurre con la reforma impositiva, que la burguesía nacional elogia porque prevé reducciones en los impuestos a las ganancias y a los cheques, pero que el FMI critica porque disminuye los recursos del Estado para pagar la deuda externa. Cavallo, por más que lo niegue, está en la cuerda floja. La constante emisión monetaria que efectúa con la contrapartida de Bonex, ha llevado a Ricardo Zinn, ex socio de la interventora de ENTel, a asegurar que cuando esos bonos lleguen al 30% del valor de la circulación monetaria se volverá a la hiperinflación. ¿Tiene el gobierno la autoridad para enfrentar semejante crisis? El asunto del narcotráfico ya ha comprometido las posibilidades de Duhalde de ganar en la provincia de Buenos Aires. Después de las elecciones, Menem se habrá quedado sin diputados ni gobernadores, y con el hundimiento del plan económico. ¿Un escombro semejante podría ser denominado gobierno? Los acontecimientos de Somisa son otra prueba de la debilidad mortal del menemismo, pues aunque consiguió arrancar que la burocracia sindical impulse los “retiros voluntarios”, la privatización sufrió un nuevo retraso y Menem apareció negociando con Miguel un asunto clave para el capital financiero a cambio... del apoyo de la UOM a Duhalde. Para el imperialismo, esta incapacidad amenaza la posibilidad de sus planes de colonización completa del país. El gobierno Bush y los radicales harán lo imposible para mantener a Menem en el gobierno hasta las elecciones, como lo hizo Menem con Alfonsín en 1989. Luego se planteará la necesidad de un nuevo gabinete y la reforma de la Constitución con vistas a crear la figura del primer ministro. Esta es la vía preferida de los explotadores y de sus representantes políticos, y la menos dolorosa. Todavía tendrían una chance, pero nada más. Contra todas estas artimañas antidemocráticas el Partido Obrero denuncia la maniobra encubridora del imperialismo y llama a movilizarse contra la política de entrega y de hambre, a luchar por las reivindicaciones por medio de la huelga general y a oponer al fraudulento y anti-popular acuerdo nacional el derecho del pueblo a elegir nuevamente a la totalidad de sus gobernantes, desde los diputados hasta el presidente.