Prensa Obrera N° 334

La reciente reunión de partidos de izquierda de América Latina y el Caribe (participó el PO), que se realizó en la ciudad de México entre el 12 y el 15 de junio pasado, sirvió como un registro del acentuado pasaje del conjunto de esos partidos hacia posiciones capitalistas y aun abiertamente proimperialistas. La reunión no osó asumir su nombre original de “Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda”, el cual fue reemplazado sin ninguna clase de inocencia por la tautología de “Encuentro de partidos y Organizaciones del Foro de San Pablo”, en referencia al lugar de la primera reunión, el año pasado. La política impulsada en esta segunda asamblea no toleraba siquiera el calificativo de izquierda, no digamos ya el de revolucionario. A este extremo se definieron sus planteamientos de inconfundible contenido capitalista e incluso reaccionario. La incapacidad del Encuentro para retener su nombre original, o para dotarse de otro con contenido político, es en sí misma una evidencia de la bancarrota de gran parte de la izquierda latinoamericana y en especial de su avanzada desmoralización. Es significativo que direcciones políticas que se ven obligadas a reemplazar su nombre político por un eufemismo geográfico, se hubieran jactado durante todo el Encuentro de representar una “nueva Identidad”, no solamente política sino hasta cultural. Si esto fuera cierto habría que convenir en que la “vieja” izquierda le ha legado a la “nueva” la “cultura” de la sinuosidad. También otras razones, más prosaicas por cierto, ayudan a explicar la mutilación operada en México. Ocurre que pocos días más tarde, una buena parte de los partidos que concurrieron al Encuentro debía trasladarse a otra reunión, esta vez en Santiago de Chile, convocada por la “Coordinadora de partidos políticos de América Latina”, la Coppal, para encontrarse con la mayor parte de los partidos gubernamentales o co-gobernantes de América Latina, empeñados en ejecutar con todo entusiasmo la política “neo-liberal". Líber Seregni, por ejemplo, que asistió a la reunión de México y que es presidente del Frente Amplio de Uruguay, es al mismo tiempo vice-presidente de la Coppal, de modo que puede decirse que la izquierda uruguaya cabalga sobre dos monturas; lo mismo ocurre con el PRD de México, quien tiene un acuerdo político con un ala del partido Demócrata de Estados Unidos; con el PS de Chile, que gobierna con el democristiano Aylwyn y Pinochet; o con el FSLN de Nicaragua, que confesó en el Encuentro que es un pilar del gobierno proimperialista de Chamorro. El PRD de México llegó a invitar al Encuentro “izquierdista” al presidente del partido gubernamental y entreguista de su país, Colosio Murrieta del PRI, precisamente en “su calidad de presidente de turno de la Coppal” (Excelsior, 11/6). A la luz de esta dualidad, la expresión “Foro de San Pablo” tiene los visos de un seudónimo que esconde la presencia de la Coppal, la que con nombre propio representa a los principales partidos burgueses nacionales y oficiales de América Latina. Un agudo comentario aparecido en el diario El Día, de México (14/6), señalaba que el Encuentro “(sugería) no tanto el nacimiento de un movimiento latinoamericano de oposición absoluta a la corriente efectivamente neo-liberal que invade América entera, como la habilitación calculada de un discurso (sic) reformista que vigile los excesos de la globalización capitalista emprendida en esta área por Estados Unidos... (una) función que no podrían hacer, por ejemplo, la Coppal ni mucho menos los partidos comunistas”. Viniendo de un diario oficialista, este comentario equivale a una bendición del Encuentro por parte del gobierno de Salinas de Gortari. Esta caracterización la recoge la declaración final del Encuentro, cuando afirma que a la reunión asistieron “fuerzas (que) tienen identidades (sic) nacionalistas, democráticas y populares” y “otras (que) llevan estos conceptos (sic) hacia identidades (sic) socialistas diversas” (sic), “todas comprometidas con las transformaciones estructurales requeridas para el cumplimiento de... la justicia social, la democracia y la liberación nacional”. Se trata, sin embargo, de una apología históricamente falsa del nacionalismo burgués y de un planteo que borra todas las diferencias de la izquierda con ese nacionalismo, lo cual demuestra que el derrumbe del aparato internacional del stalinismo no es sinónimo de derrota de la política stalinista de seguidismo a las burguesías nacionales. El escapismo político de la declaración hacia la nebulosa de las “identidades" y de los “conceptos”, incluso “diversos” (lo que reduce las estrategias políticas y la acción política a la condición de prejuicios), no hace más que traducir la impotencia de la política nacionalista, democrática e izquierdista para enfrentar al imperialismo y su imperiosa necesidad de arribar a un compromiso con éste. Después de todo, si los asistentes coincidieron con el planteo “¿Es que alguien tiene el monopolio de la verdad?” formulado en la ponencia presentada por Cuba, entonces, esta verdad bien podría estar del otro lado de la barricada. ¡Si no pregúntenle a Gorbachov! “Reestructuración hegemónica” Característica esencial del Encuentro fue el dejar de lado el balance de las luchas populares en América Latina, como la resistencia a la ocupación norteamericana en Panamá, o las huelgas contra los gobiernos democratizantes en Uruguay, Argentina, Brasil, Perú o la Dominicana, para plantear un debate académico sobre lo que se dio en llamar la “reestructuración hegemónica internacional”. Semejante temario constituye una definición política por sí misma, pues excluye, como ocurrió, la posibilidad de elaborar un programa de combate para los explotados, o incluso campañas de movilización política, tarea que fue sustituida por planteos de integración económica dentro de los marcos capitalistas, que en algunos casos llegaron a la propuesta de una alianza con el imperialismo norteamericano. Solamente un exceso de pudor logró evitar que se propusiera el “apoyo crítico” a la “Iniciativa Bush”, a semejanza del “apoyo crítico” del Frente Amplio de Uruguay al Mercosur. La especie de la “reestructuración hegemónica internacional” a cargo del imperialismo supone la posibilidad de un entendimiento “pacífico” y “democrático” entre los grandes monopolios que dominan el planeta. Lo que se verifica es, en cambio, una acentuada guerra comercial e incluso un recrudecimiento de los conflictos militares. La guerra del Golfo, aunque impulsada por un frente único oficial del imperialismo, tuvo como razón esencial la lucha interimperialista vinculada con el abastecimiento energético. En un documento presentado por el PRD de México, que se destaca, sin embargo, por plantear la necesidad de una alianza con el imperialismo norteamericano y que defiende la tesis de la “reestructuración”, se afirma, sin percibir las consecuencias del planteo, que “Las contradicciones entre esos bloques (EE.UU., Japón, Europa) pueden conducir, como en el pasado, a conflictos cuya naturaleza y alcances hoy no es posible prever”, es decir a una guerra mundial. “Son los peligros, sigue el texto, de un orden internacional dominado por grandes potencias con intereses antagónicos y conflictivos. La guerra del Golfo... es un adelanto de lo que puede venir”. Este sorprendente pronóstico de una situación revolucionaria de alcance planetario corresponde a una situación de crisis mundial y no de “reestructuraciones hegemónicas” La política de insertarse en la “reestructuración” y la advertencia contra el peligro de aislarse de ella, no tiene ningún futuro, significa llevar a los pueblos al agujero negro de la barbarie. La catástrofe planteada no puede ser enfrentada ni superada por una política de “inserción independiente” en esos bloques económicos, lo que constituye una contradicción en sus propios términos. Solo una lucha internacional de clases para la reorganización socialista mundial constituye una estrategia realista frente a la catástrofe del capital. “América para los americanos” La declaración final del Encuentro plantea que “la transformación profunda (¿socialista?, ¿capitalista?) de nuestra sociedad” y “la integración política y económica de América Latina y el Caribe” son la “solución de fondo a las dificultades y problemas” y las que pueden “(evitar) la dependencia y la integración subordinada y pasiva con los países desarrollados”. Esta tesis supone que una integración latinoamericana en los marcos capitalistas y bajo la supremacía de los monopolios puede significar una superación del atraso de la región y la posibilidad de conquistar la independencia. Sin embargo, ciento cincuenta años de vida política independiente debieran haber alcanzado para persuadir de que las burguesías y oligarquías latinoamericanas son incapaces de una ruptura estratégica con el imperialismo. La realidad, por otra parte, está demostrando que el México “revolucionario” y el Chile “cristiano-socialista” están firmando acuerdos de libre comercio (entrega total) con el gobierno Bush y que los países del Mercosur acaban de hacer lo mismo en los términos de un “acuerdo-marco”. La reivindicación de la integración en los marcos del monopolio capitalista significa simplemente el ingreso al famoso “bloque económico” norteamericano. Este es el alcance de lo aprobado en México. El PRD de México, saludado como partido anfitrión por todos los asistentes con las excepciones obvias, propone directamente “un pacto continental de desarrollo y comercio, que se conciba como instrumento para la construcción de un orden hemisférico y mundial equitativo y justo... ” (Discurso de Cuauhtémoc Cárdenas, ante la “Coalición Arcoiris” de Estados Unidos, 6/6). Esta propuesta de una alianza con los Estados Unidos está explicada de la siguiente manera en la “contribución” presentada por ese partido al Encuentro: "... nuestros interlocutores económicos y políticos, dice su texto, son Estados Unidos y Canadá y no podemos aislarnos de los profundos entrelazamientos existentes entre esas economías y las nuestras (!!!), ni de las realidades continentales. La negociación, en particular con Estados Unidos, prosigue, es una necesidad ineludible, un dato de la realidad”. Por eso, “La Integración latinoamericana no significa ignorar o excluir esa realidad, sino construir un marco de negociación conjunta... y no una integración subordinada a la hegemonía de Estados Unidos, donde éste negocia separadamente con cada uno de nuestros países”. Realistamente, el documento del PRD señala que ya no se puede volver atrás en los vínculos tejidos por las burguesías nacionales y las economías nacionales con el imperialismo y la economía mundial dominada por éste. Dentro de la sociedad capitalista no hay más remedio que tomarse la cicuta del capital financiero hasta el final. El PRD salta, sin embargo, al campo de la fantasía cuando pretende que la relación desigual con el imperialismo y la dominación político-social que éste ejerce sobre América Latina podría revertirse mediante una negociación global. Se olvida simplemente que está planteando esta posibilidad en el momento de mayor sometimiento económico, financiero y militar de toda la historia. La Declaración de México recoge esta línea política, claro que con cierto pudor. En ningún momento se diferencia de ella o la crítica, ni tampoco ataca sus manifestaciones concretas como los tratados del Mercosur y del Merconor. Desarrolla la tesis de la posibilidad de una negociación de iguales con el imperialismo cuando pretende que una integración capitalista de América Latina podría “contribuir a forjar un nuevo orden internacional que respete nuestros valores nacionales y satisfaga las necesidades de nuestros pueblos”. Semejante “orden”, en las condiciones del imperialismo, no existirá jamás. Los firmantes de la declaración de México simplemente sólo tienen en cuenta el hambreamiento creciente de los pueblos a la hora de los discursos electorales o protocolares, pero de ningún modo como una expresión de la agonía del capitalismo y de la tendencia a la barbarie. Parecen creer que les alcanzaría con su reciente conversión a los principios democráticos más elementales (casi todos vienen del stalinismo o de los partidos nacionalistas “únicos”) para ejercer transformaciones milagrosas en la tendencia reaccionaria internacional del imperialismo. “Economía de mercado” En el primer encuentro realizado en San Pablo los convocantes se habían propuesto ofrecer un “modelo alternativo" de socialismo frente al derrumbe del “socialismo real”. El intento terminó en la nada, esto porque lo único que pudieron ofrecer fue una entelequia: el reconocimiento de “la democracia" como “valor universal”, pero con la seria limitación de que nadie pudo definir a esa “democracia”. A este estéril resultado llegan todos los constructores de “modelos”, que soberbiamente pretenden sacar de la galera las recetas de la felicidad humana. Para superar el trance, el reciente II° Encuentro resolvió englobar en el término “democracia” todo lo que encontró a mano, desde la “solidaridad social” hasta “la promoción de la identidad... nacional de los pueblos originarios de nuestro continente” y “la protección de la naturaleza”. Con lo cual venimos a enterarnos de que la “izquierda” latinoamericana impulsa no sólo la integración de América Latina sino también su desintegración, porque propugna la formación de nuevos estados nacionales allí donde existen agrupamientos indígenas. Que la democracia no es un “valor", ni mucho menos “universal” (esto porque hasta los "valores” van mudando con el tiempo), lo prueba la conducta de varios de los partidos del Encuentro que apoyaron el bloqueo económico-militar a Irak. Los democratizantes latinoamericanos no pudieron conciliar aquí la contradicción entre el “valor universal” de la “democracia” norteamericana y europea (imperialista) y el “valor universal” de la “soberanía nacional” iraquí y de los países árabes en general (democrática). La democracia no es, por cierto, un “valor”, sino una forma históricamente determinada de organización del Estado. Traduce, entonces, la dominación política de la clase que controla los recursos económicos de la sociedad. La democracia constituye, en realidad, el más alto grado de perfeccionamiento que puede alcanzar el Estado como maquinaria de opresión (¡ha superado en el tiempo a las dictaduras y al fascismo!), esto porque representa la forma acabada de separación entre el poder y la sociedad, la etapa histórica en que la división del trabajo entre la política y la producción social alcanza su mayor desarrollo. En oposición a la democracia el socialismo plantea la abolición del Estado y aquella división esencial del trabajo social. El socialismo no es “modelo” ni receta sino el resultado histórico del movimiento de lucha independiente del proletariado contra el capital, que se caracteriza por una constante crítica a sus experiencias y realizaciones. Si la izquierda latinoamericana fuera simplemente capaz de tener en cuenta esto, habría comprendido que la superación del “socialismo real” pasa por el desarrollo independiente del movimiento de lucha de los trabajadores soviéticos contra la burocracia, es decir por la revolución política. La incapacidad de la izquierda para apreciar las perspectivas revolucionarias (potenciales) del movimiento de masas en la URSS, la condena a apoyar la “perestroika” y a someterse al imperialismo. ¡En México, la preocupación por “re-definir” el socialismo se trastocó “mágicamente” en la defensa de la “economía de mercado”! Esto no debe sorprender, ya que está en consonancia con la “integración latinoamericana” y la “Inserción” en la “reestructuración” o “nuevo orden” internacional. “En el campo económico, dice la declaración, se trata de que la organización democrática de la sociedad defina las funciones del mercado y la participación del Estado en la vida económica”. En la “contribución” del PRD de México el planteo se explícita más: “hay que crear condiciones de rentabilidad, dice, para impulsar la capacidad de inversión en sectores claves estratégicos y prioritarios... Se trata de impulsar una liberalización gradual. El problema no reside en la apertura per se, sino en los términos que se puede manejar”. Es el planteamiento típico de los “capitanes de la industria” y de los “clubes de exportadores”, que por otra parte están unidos por mil lazos al imperialismo. La “economía de mercado”, en las condiciones del monopolio capitalista, significa reafirmar la supremacía de este monopolio. Los firmantes de la declaración pretenden “definir las funciones del mercado”, algo que sin embargo no hacen, pero es en realidad la defensa del mercado capitalista la que define la función de los firmantes. Esto se ve claramente en la picante cuestión de la deuda externa, que la declaración cuestiona pero absteniéndose rigurosamente de proponer la medida “anti-mercado” de desconocerla o no pagarla. La declaración constituye un reconocimiento de principios de la obligación de pagar la deuda externa. El PRD de México, el PT de Brasil y el FA de Uruguay, entre otros, ya asumieron oportunamente esta posición. ¡Pero el pago de la deuda externa es ab-so-lu-ta-men-te incompatible con cualquier independencia de América Latina, integrada o como sea! La alternativa al “socialismo real” ha quedado reducida al más crudo, prosaico y vulgar capitalismo. “Sociedad organizada” Pero el asunto de la “definición” de las “funciones del mercado” no termina aquí. El borrador de la declaración traducía más claramente el planteo de sus autores, esto porque hablaba de “(poner) límites consensuales a la acción del mercado”. Esta formulación que los izquierdistas lanzan mirando amenazantes a los monopolios capitalistas, apunta en realidad contra los trabajadores, ya que esos "límites consensuales” no son otra cosa que el recorte de la libertad de los trabajadores para negociar el precio de la fuerza de trabajo en el mercado, sea a través de regulaciones legales, sea a través del “pacto social”. El único límite histórico a la acción del mercado capitalista es el que impone la acción de la clase obrera cuando se organiza como masa; la declaración la sustituye con “definiciones” y “consensos”. Esto le da un definido carácter reaccionario. En oposición a estos planteos patronales, la izquierda debió haber denunciado toda limitación a la acción de los sindicatos y la necesidad de luchar por direcciones clasistas y revolucionarias. La declaración no se limita, sin embargo, a encubrir con eufemismos la regimentación de los sindicatos. Pretenden proyectar esta reglamentación a la organización de la sociedad, de la que reclama que sea “justa, democrática y organizada”. Esta “sociedad organizada” es el sucedáneo de la “comunidad organizada” de Perón, o sea la integración al Estado (burgués) de las organizaciones que responden a las diversas clases sociales, pero en particular a los trabajadores. El planteo está sacado de la ponencia del PRD, el cual sin embargo se anticipa a la acusación de pretender una “opción o tentación corporativa. Hablamos, dice, de sociedad organizada independientemente del aparato estatal y frente a él”. Pero esto es, obviamente, pura verborragia, pues toda organización contra el Estado equivale a un doble poder y a la desorganización, así como la pretensión de unir a explotadores y a explotados en oposición al Estado de los explotadores, tiene ya directamente que ver con el macaneo. Sería poco republicano, por otra parte, que un “demócrata” propugne la organización de la sociedad “frente” al parlamento. La pretendida “sociedad organizada” frente al Estado no puede existir, en la realidad, más que como la regimentación de la sociedad por el Estado o al servicio del Estado. La “contribución” del PRD — un partido que, como se puede ya ver, fue más que un anfitrión un guía— llega a plantear la “obsolescencia... de las organizaciones sindicales, campesinas y populares” (que se habrían convertido en “trabas”) y a proponer en su lugar “nuevas formas organizativas correspondientes a los desafíos actuales”. La vaguedad de la idea y lo que el PRD entiende por “desafíos actuales” llevan a la conclusión de que propone la liquidación lisa y llana de los sindicatos. No es esta una deducción arbitraria cuando se tiene en cuenta que todo el “centro-izquierda” latinoamericano y la mayor parte de la burocracia sindical han estado arremetiendo contra el “reivindicacionismo" y el “sindicalismo reivindicativo”, a los que consideran desactualizados en las condiciones de la crisis capitalista. Esta gente, habla alternativamente de la crisis capitalista y de su “reestructuración”, según las conveniencias. Pero es precisamente la crisis capitalista y la tendencia del Estado a querer superarla por medios que no son para nada de “mercado”, lo que exige más que nunca sindicatos independientes, con el agregado de que deben ser revolucionarios para enfrentar la acción centralizada del Estado. La liquidación de los sindicatos (a eso equivale privarlos de independencia) es una necesidad emergente de la integración y de la “reconversión” que trae aparejada la crisis (cierres, despidos, destrucción de fuerzas productivas). En México, la izquierda ha ¡do muy lejos en su adaptación política al capitalismo y al Estado burgués. ¿“Solidaridad con Cuba”? Los asistentes se jactaron en innumerables oportunidades de que el Encuentro había sido un evento de solidaridad con Cuba. Hubo hasta quienes justificaron por esta razón su voto a favor de la declaración (“sotto voce”, claro). Pero pocas veces fue tan cierto aquello de “dime de lo que te jactas y te diré de lo que adoleces”. Los “cubanistas” de nuestra América India, Echegaray “in testa” se quedaron, en México, en pelotas. La reunión, en primer lugar, aprobó una agenda de actividades que contempla “seminarios”, “reuniones”, “celebraciones” y “foros” (foros especialmente), pero ninguna acción contra el bloqueo norteamericano contra Cuba, ninguna acción contra la violación de la soberanía cubana por parte de radio Martí, ni mucho menos una acción contra el sabotaje gorbachiano de incumplimiento de los compromisos comerciales con Cuba. La “solidaridad con Cuba” (y para el caso con Panamá, Haití, El Salvador, Nicaragua, Malvinas, etc.) fue, como dicen los chilenos, “un saludo a la bandera”. ¡Pero si sólo hubiera sido esto! El conjunto de la resolución aprobada por el Encuentro, en particular el planteo de integración en el marco capitalista, sea con vistas a la negociación con Estados Unidos o al nuevo orden mundial “justo”, lado a lado con el imperialismo, significa la marginalización internacional de Cuba o la exigencia de que liquide las bases sociales establecidas por la Revolución. Los asistentes vivaban a Cuba al mismo tiempo que ponían todo su empeño en cavarle la fosa. La reunión exhortó a Cuba, como ya fue dicho, a que “defina las funciones del mercado” y a que se someta a ese equivalente de terminal de la evolución humana que es el régimen de la democracia (burguesa). Los planteos del Encuentro reclaman a Cuba que se asimile social y políticamente “a la realidad” de la “reestructuración internacional”... sin hegemonía. La delegación cubana aceptó en forma más o menos integral estos planteos... y hasta fue un poquito más allá. En su “contribución” afirma que “La Revolución Científica Técnica... amplió los márgenes para la reproducción del capitalismo como sistema y se convirtió en un elemento determinante en las relaciones internacionales...” Es obvio que un contexto internacional de estas características hace imposible un proceso socialista, pues éste sólo puede prosperar cuando las fuerzas productivas se insurgen contra las relaciones de producción capitalistas, y nunca cuando éstas impulsan a aquéllas. Ciertamente, la delegación cubana presentó una visión distorsionada de la realidad, y por este motivo interesada, ya que los incrementos en la productividad del trabajo (que no es igual a una revolución técnica o industrial) han creado una sobreproducción crónica de capital y mercancías, que se manifiesta en la guerra comercial, las quiebras bancarias, el hundimiento de naciones enteras por el endeudamiento “excesivo” y hasta las guerras “calientes”. A pesar de los lógicos roces prácticos con Gorbachov, el planteo cubano es de cuño gorbachoviano. En otra parte, la ponencia afirma que “el desarrollo económico y científico se caracteriza por su globalización... la creciente interrelación de las economías, mercados, tecnologías, comunicaciones, problemas ecológicos y otros... Globalización e interdependencia empujan y arrastran (sic) al mundo entero hacia la integración”. Traducido al lenguaje de la ciencia social o de la lucha de clases, esto significa que Cuba no tiene alternativa social frente al imperialismo. Pero esta visión también es inadecuada e interesada, esto porque la crisis capitalista mundial, al mismo tiempo que ha profundizado la integración de determinadas ramas y países o regiones a la economía mundial, también ha acentuado la marginación de la inmensa mayoría del mundo del circuito económico internacional, como la revela el creciente distanciamiento económico entre las metrópolis y las periferias y la descomunal caída de la participación de éstas en el comercio mundial. El imperialismo ha mundializado el saqueo económico y ha regionalizado aún más el desarrollo. Por último, el planteo cubano se inscribe en la tesis de la integración (capitalista) de América Latina; "... cómo puede un país pequeño, un mediano o incluso un país grande de América Latina desarrollarse sin la integración económica... ” se pregunta Fidel Castro, citado en el texto. Si esto es así, Cuba no tendría más remedio que asimilarse al régimen social que impera en América latina. La tesis cubana pretende encontrar en la integración latinoamericana el sustituto a la perimida integración en el bloque soviético, sin reparar que las posibilidades de salida en este caso son monumentalmente inferiores a las que ofrecía el otro. En uno y otro caso, el régimen castrista busca una válvula de escape a una crisis que es anterior a la famosa “caída del muro” y que tiene que ver, en primer lugar, con el ahogo que sufren las fuerzas productivas cubanas como consecuencia de los desmanes burocráticos. En lugar del pozo ciego de la integración capitalista, Cuba necesita una revolución política que establezca un verdadero régimen político de los trabajadores y una enérgica liberación de las potencialidades de la pequeña producción. La política de asimilación social de América Latina fue claramente acuñada en la propuesta de solidaridad con Cuba redactada por la delegación de este país. En su párrafo final “exhorta a todos los gobiernos (ojo) de la región a reivindicar, sin condicionamientos, el derecho de la República de Cuba a integrarse al sistema interamericano... ” (La República, Montevideo, 23/6). Se trata nada menos que de una reivindicación de la OEA, el ministerio de colonias de Estados Unidos. “Condicionamientos” o no (¿y cómo los “gobiernos” capitalistas podrían hacer alguna cosa sin “condicionar” a los pueblos ni dejarse “condicionar” por el imperialismo?), se trata de una asimilación a las instituciones políticas creadas por el imperialismo para ejercer la tutela diplomática, política y militar de las naciones latinoamericanas. A la luz de estas evidencias parece claro que la única solidaridad con Cuba y con la revolución cubana estuvo expresada en el único voto en contra que se manifestó en México: el del Partido Obrero de Argentina. “Los gobernantes del 94” A la hora de los brindis y de las congratulaciones, los asistentes al Encuentro festejaron anticipadamente la que estimaron una victoria electoral cierta en 1994/95, al menos en Brasil, Uruguay, México y alguno más. En la reunión, los candidatos a la hazaña actuaron, ciertamente, como partidos de gobierno... Sin embargo, en los informes principales el Encuentro se trazó un balance horripilante de la situación de América latina. “Década perdida”, “la peor crisis desde 1930”, “fantástico retroceso social”, “hambre y pauperización”. Estos habían sido los “logros” de los procesos de democratización y de los regímenes democratizantes de Latinoamérica. Pero en lugar de ver en esto los síntomas de crisis revolucionarias, los expositores prefirieron destacar lo que definieron como incremento de “la participación política”. La deformación de esta conclusión no podría ser más alevosa cuando se piensa que en la mayor parte del sub-continente la democracia gobierna por decreto. Si con una “participación política” en aumento el imperialismo puede saquearnos a escala histórica, lo que sería con una “participación” en disminución. El desprecio de los asistentes al Encuentro por los resultados sociales de los procesos políticos, constituye por sí mismo una expresión del desprecio por el destino social de las grandes mayorías populares. Con toda evidencia, un sector de la pequeña burguesía, por minoritario que sea, parece haber escapado al flagelo por el momento. La aspiración de ser gobierno dentro del marco de los procesos políticos y sociales en crisis y descomposición, solamente puede ser interpretada como un intento supremo de salvar las condiciones políticas y sociales que han engendrado esa descomposición. Como lo dijo la Intendente de San Pablo, Brasil, oriunda del ala izquierda del PT, ella como ciudadana estaba a favor de los choferes de ómnibus en huelga, pero como Intendente debía contratar rompehuelgas para defender la administración del Estado. Para Jaime Pérez, secretario general del PC de Uruguay, una democracia que nos permite ser gobierno no puede ser calificada de tutelada ni restringida (según la versión de uno de los delegados de la delegación frenteamplista uruguaya). En el Encuentro de México se han esbozado las políticas con las que la izquierda pretende ser gobierno, y que en todos los casos pasan por “alianzas” con otros partidos y clases sociales del campo de la gran burguesía, y por sobre todo con el okey del imperialismo. Esto es lo que el Fral y el partido comunista de Argentina votaron y apoyaron con entusiasmo, luego de haber prometido que no se “bajarían” del nivel de definiciones del Encuentro de San Pablo. Pero si finalmente el compañero Echegaray se “bajó” sí, pero los pantalones, esto se debe a que la línea democratizante de México (incluidos sus aspectos francamente contrarrevolucionarios) corresponde al programa y la política de un sector incapaz de dejar de ser staliniano.

Quienes plantearon que el proyectado mercado común de América del Sur (Mercosur) era una propuesta de autonomía frente al imperialismo yanqui, tuvieron que tragarse el sapo. La semana pasada, con la firma del “acuerdo marco" entre los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y EE. UU. en el “jardín de las rosas" de la Casa Blanca, quedó definitivamente demostrado quién tiene la batuta de la “integración latinoamericana”. El acuerdo es una declaración de principios en favor de la inversión extranjera; de la eliminación de las barreras aduaneras y de cualquier restricción a los movimientos de capital; del reconocimiento de los derechos de patentes de las empresas imperialistas; de apoyo a EE.UU. en sus litigios comerciales con Japón y Europa en materia agrícola; y finalmente, de reconocimiento a la política global de colonización del imperialismo yanqui, bautizada con el nombre de “Iniciativa para las Américas” por Bush. Sometimiento Los gobiernos burgueses latinoamericanos pretendieron obtener a cambio de este apoyo a la política y a los intereses norteamericanos una actitud más flexible de parte de EE. UU. en relación al pago de la deuda externa, pero fracasaron en toda la línea. El tema de la deuda externa ni siquiera figura en la agenda de los temas a considerar en el futuro. Di Tella, el canciller argentino, intentó que se incluyera alguna condena a la venta de productos subsidiados en el mercado internacional, pero los yanquis dijeron con claridad que no piensan dejar de subsidiar sus exportaciones agrícolas ni su producción en general, en su batalla por desplazar al imperialismo europeo y japonés de los mercados. Más aun, EE.UU. logró que los países del Mercosur se comprometieran a apoyar sus propuestas en las reuniones del GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio) y hacer así un frente común contra Japón y el Mercado Común Europeo. El acuerdo bate en el parche de un tema capital para los grandes pulpos norteamericanos: las patentes. En numerosos países latinoamericanos no están reconocidas las patentes extranjeras, en especial en materia medicinal, informática y tecnología. Prácticamente, el Departamento de Comercio norteamericano ha sido capturado por las compañías norteamericanas con fuertes intereses en América Latina que reclaman el cobro de las patentes. La esposa del embajador norteamericano en Méjico, John Dimitri Negroponte, dijo con claridad que “los sectores farmacéutico, de computadoras y la industria de entretenimiento de EE. UU. están dispuestos a presionar para que se apliquen las medidas de represalias contempladas en la sección 301 de la Ley de Comercio, ...” (El Financiero, Méjico, 14/6). El acuerdo firmado en Washington defiende expresamente el reconocimiento de las patentes extranjeras, algo que de todos modos ya está en curso en Méjico, Brasil y Argentina. De todos modos, el inefable embajador Terence Todman le recordó a Di Tella “que el gobierno argentino debe cumplir con su promesa de enviar antes de setiembre al Congreso un proyecto de ley de patentes de medicamentos...”(Clarín, 20/6/91). Se calcula en más de 100 millones de dólares anuales lo que Argentina tendrá que girar a Nueva York solamente por las patentes medicinales... algo que deberá pagar el pueblo argentino con medicamentos más caros. Desintegración Antes de nacer, el Mercosur es una criatura desintegrada. Los gobiernos burgueses han querido disimular el hecho con el argumento de que se presentaron como “bloque” ante EE. UU. Pero lo real es que la llamada integración de América del Sur transcurre en los moldes del imperialismo. El Mercosur no es más que una división del trabajo entre las grandes empresas imperialistas de la región que dominan el comercio, la tecnología y la inversión en todos sus países. Ahora, al firmar el acuerdo con EE. UU. los países sudamericanos se comprometen a desmantelar todas las trabas que aún existen para un dominio completo del capital imperialista. Este es el significado del Jardín de las Rosas...

Estados Unidos, Méjico y Canadá han decidido formar un mercado común en América del Norte. ¿Por qué dan este paso? ¿Qué significa para Méjico? ¿Por qué la burguesía norteamericana busca “integrarse" con la canadiense y la mejicana?¿Qué perspectiva le abre a la economía mundial? Crisis y reconversión “El núcleo real de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio son las leyes y reglamentaciones de inversión en Méjico”, dice la revista Newsweek (27/5). La observación es correcta porque en los hechos ya existe una zona de libre comercio entre esos países, los cuales han reducido a un mínimo las tarifas aduaneras que gravaban su intercambio. Con el mercado común se busca dar un paso más decisivo: impulsar la reconversión de la industria, en especial por parte de la burguesía de EE.UU., sobre la base de la mano de obra barata y las inmensas reservas energéticas de Méjico, en especial el petróleo. Desde hace tiempo el capital norteamericano ha estado trasladando parte de sus industrias a las ciudades fronterizas mejicanas. Se trata dé las “maquiladoras", así llamadas porque se dedican al armado de subconjuntos electrónicos, autos y productos textiles producidos fuera de Méjico. De este modo, el capital norteamericano respondió a la creciente pérdida de competitividad de su industria tradicional en el mercado mundial, en especial en relación a Japón. En Méjico el costo laboral ronda los 2 ó 3 dólares por día, contra más de 15 dólares la hora en EE.UU. Las “maquiladoras” están también exentas del pago de los impuestos que recaudan y no se ejerce ningún control sobre la incidencia de sus actividades en la contaminación del medio ambiente. Las empresas imperialistas han establecido así una especie de división del trabajo, que reserva a las filiales mejicanas la producción que exige una alta composición de mano de obra y baja composición de capital fijo. De ahí que el aumento que se ha verificado en el comercio exterior de Méjico tenga un carácter ficticio, porque registra las transacciones entre las filiales y sus casas matrices. La consecuencia de esto es que Méjico coloca ahora el 75% de sus “exportaciones" en EE.UU. y que importa también un porcentaje similar. La tradicional balanza comercial superavitaria con EE.UU. va en camino de transformarse en deficitaria: el superávit comercial mejicano con EE.UU. se redujo de 7.000 millones de dólares a cero, entre 1983 y 1990. Para la burguesía norteamericana, la “maquiladora” mejicana y las nuevas áreas de inversión que se abran con el Tratado son una herramienta fundamental para golpear a su clase obrera. El traslado de una parte de sus industrias hacia Méjico, permite a la burguesía norteamericana provocar una competencia hacia la baja entre los trabajadores de ambos países. No es casual que exista una coincidencia en EE.UU. en que el “acuerdo de libre comercio con Méjico reduciría el ingreso real promedio para el 70% de los trabajadores de EE.UU... ” (El Cronista, 24/2). En el caso de los trabajadores mejicanos, las “maquiladoras" han servido para una desvalorización extraordinaria de la fuerza de trabajo, al emplear a niños y mujeres por salarios de hambre —como lo señala un burócrata sindical de EE.UU. en The Wall Street Journal (18/4). Petróleo y más petróleo Pero para EE.UU. el corazón del Tratado es el petróleo mejicano. Y la razón es sencilla: “Se dice, y con un buen fundamento, que Méjico puede llegar a tener una reserva petrolera tan importante —o más - que la de Arabia Saudita... ” (Uno más Uno, 16/ 6). El imperialismo norteamericano exige en consecuencia la eliminación de las restricciones totales o parciales que impiden la inversión extranjera en materia energética, las que en Méjico tiene un rango constitucional La circunstancia de que ya se estén firmando contratos de perforación y de exploración y que se hable de la privatización parcial de Pemex, son síntomas de que el proceso está encarado. Sobre esta base, el capital norteamericano se plantea reestructurar su industria petroquímica. Chantaje y guerra Este Tratado de América del Norte constituye un elemento central para la burguesía yanqui en su lucha con el imperialismo europeo y japonés. A través de la utilización integral de las “ventajas comparativas" de explotación que le ofrece Méjico, la burguesía norteamericana pretende enfrentar los avances de los imperialismos rivales, en especial del imperialismo japonés, en el mercado mundial. “Entreguen las reformas que queremos (especialmente en la política agrícola europea) o vamos por nuestro propio camino”, sería, según la revista inglesa The Economist, la amenaza yanqui a Europa y Japón. Con esto se pone de relieve que Méjico, y parcialmente Canadá, son simples marionetas de los intereses globales del imperialismo de EE.UU. Nuevo endeudamiento Méjico, mientras tanto, ha vuelto a entrar por el sendero del endeudamiento, del cual nunca había salido. Con el Plan Brady y los acuerdos con el FMI, Méjico reconvirtió su deuda externa de más de 100.000 millones de dólares, posponiendo el inicio de los pagos para 1994. Sobre esa base se abrió un nuevo proceso de endeudamiento, sin que se hubiera resuelto el anterior. Como además su comercio exterior ha pasado a ser deficitario, Méjico acumula ahora una mayor deuda comercial. Por esta razón la revista The Economist señala que “algunos analistas preocupados por el creciente déficit en cuenta corriente y los riesgos políticos en Méjico, clasifican a dicho país en el nivel B, o sea igual a la clasificación de ciertos bonos-basura de buena procedencia”. Se calcula que más de 10.000 millones de dólares afluyeron a Méjico en el último año y medio, aunque como era de imaginar, “buena parte de esos fondos son capitales golondrinas... ” (Jornada, 13/6) atraídos por los elevados rendimientos especulativos. Nada menos que 6.000 millones de dólares fueron invertidos en títulos públicos, los cuales aseguran ganancias en dólares entre tres y cuatro veces superiores a las norteamericanas. El carácter explosivo de este endeudamiento interno lo revela el simple hecho de que en 1989 “los gastos por concepto de intereses del sector público presupuestario y extrapresupuestario alcanzaron —según informe del Banco de Méjico — un nivel equivalente al 13,7% del PBI”. Ahora, con los nuevos créditos, el impresionante déficit comercial, (que se calcula este año en 10.000 millones de dólares) y la reanudación de los pagos de la deuda externa “vieja” a partir de 1994, la sangría mejicana va a tener características más explosivas que en el pasado. La entrega completa e incondicional del petróleo sería entonces la única salida para Méjico. El Tratado de Libre Comercio atenaza a Méjico, aunque claro está asocia en este proceso al sector más concentrado de la burguesía mejicana, en especial la llamada patria contratista, que se nutre de los negocios inmobiliarios y las construcciones especulativas. Esta burguesía se está financiando con la banca norteamericana, lo cual revela que ningún eslabón ha quedado fuera del dominio del capital financiero.

El gobierno Bush decidió celebrar con un demorado desfile la victoria imperialista en el Golfo, pero todo indica que la ceremonia no logró influir en el decaído ánimo de la opinión pública norteamericana. Los columnistas de prensa más destacados aprovecharon la oportunidad para recordarte a sus mandantes que la guerra del Golfo fue la primera en su historia que los Estados Unidos no pudieron financiar con recursos propios y también para subrayar que el desfile tenía lugar en medio de una impresionante crisis urbana, en la que las veinte principales ciudades de EE.UU. no logran financiar sus servicios básicos. En lo que hace al alcance mundial de la guerra, gran parte de la opinión imperialista cree que “como consecuencia de la guerra... no sólo no se ha instaurado ningún nuevo orden: el viejo desorden se ha consolidado” (Le Nouvel Observateur, 6/6). Crisis general en Medio Oriente La guerra del Golfo fue simplemente una carnicería. La Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos estima en 100.000 el número de soldados iraquíes muertos y en 300.000 el número de heridos, aunque aclara que esta cifra puede llegar a ser un 50% superior (Time, 17/6). Estas cifras no incluyen las enormes pérdidas de vidas civiles durante los “bombardeos de saturación” de Bagdad y de Basora ni las muertes que ocurrieron después de la guerra como consecuencia de las enfermedades, la falta de agua potable y de alimentos. Aunque la masacre le ha servido al imperialismo norteamericano para instalar bases militares permanentes y sus naves de guerra en la región, y aunque también ha servido para imponer un retroceso a la movilización de las masas de la región, en particular a la Intifada palestina, el cuadro general que emerge de la guerra se caracteriza, sin embargo, por la agudización de la crisis política en todos los Estados. “Todos los gobiernos de la región se han debilitado”, es lo que admitió Jeanne Kirkpatrick, diplomática estadounidense, representante del “ala dura” del imperialismo (Cronista Comercial, 10/6). La propia ocupación militar estadounidense no logra estabilizar al Estado kuwaití ni garantiza la reconstrucción del país. Luego de las masacres contra los palestinos y otros trabajadores extranjeros, “existe un enojo creciente en todos los sectores sociales. Diplomáticos occidentales previnieron que podrían ocurrir disturbios a gran escala porque la prometida democratización está estancada y habría militares del lado de la oposición. El profundo descontento entre numerosos militares podría provocar un golpe de Estado”(U.S. News & World Report, reproducido por La Nación, 11/6). Una de las consecuencias de la guerra que se libró por el retorno de la familia Al-Sabbah al trono kuwaití podría ser... la destitución de la familia real. La derrota del ejército iraquí y las rebeliones kurda y shiíta han dejado planteada la desintegración del Estado iraquí, esto a pesar del esfuerzo de los norteamericanos —con la colaboración de la burocracia rusa—para preservarlo. Los norteamericanos se han visto obligados a intervenir militarmente en el Kurdistán, donde han quedado empantanados. La guerra agudizó la crisis económica y política turca, al cortar el suministro del petróleo iraquí (que era exportado a través de Turquía) y al poner sobre el tapete las reivindicaciones de la minoría kurda de Turquía. El régimen jordano ha quedado herido de muerte. La guerra también reveló la enorme debilidad del régimen egipcio, obligado a realizar cuidadosas maniobras para aplacar a los opositores a su participación en la “Tormenta del Desierto”. La cuestión palestina sigue abierta pese al reflujo de la Intifada. Después de la guerra, Siria se anexó el Líbano. En respuesta, Israel reforzó militarmente su frontera norte y aumentó el ritmo de sus asentamientos en Cisjordania. A pesar de sus numerosos viajes por la región, el secretario de Estado James Baker ha fracasado en su pretensión de dar forma a un acuerdo árabe-israelí que liquide la cuestión palestina, en lo que la propia prensa norteamericana califica como “el fiasco de la posguerra”. En su resumen anticipado, Prensa Obrera señalaba a las pocas horas de la finalización de la guerra que “la victoria militar imperialista constituye una salida de crisis... toda vez que la guerra obliga ahora a actuar en medio de una crisis descomunal. Guerra civil en Irak, la cuestión palestina sin solución, el conjunto de Medio Oriente desestabilizado: se abre una etapa de descomposición generalizada, que extiende la crisis mundial, en momentos en que el imperialismo carece de medios para enfrentarla” (Prensa Obrera 324, 12/3). Exacerbación de la crisis interimperialista La recesión mundial, la guerra comercial y los enfrentamientos interimperialistas llevaron a Estados Unidos a encarar la guerra del Golfo también como un medio para disciplinar política, militar y económicamente a los imperialismos competidores, en particular Japón y Alemania. Bajo la presión norteamericana, la “unificación europea” demostró su fragilidad: Alemania (como Japón) rehusaron mandar tropas al Golfo; los británicos y los franceses actuaron según sus particulares intereses, “olvidando” la Comunidad. La principal derrotada fue Francia, obligada a correr detrás de la diplomacia norteamericana, permitir la liquidación de su mercado iraquí de armamentos y resignarse al desplazamiento de sus “influencias” en el Líbano y en el Magreb africano. Como consecuencia de la guerra, los choques interimperialistas se han agudizado, algo que se puso inmediatamente de manifiesto en el fracaso de las negociaciones del GATT sobre el comercio mundial y en la agudización de la guerra comercial. Los choques también se han manifestado en la negativa norteamericana a la participación de los “aliados” europeos en la “Conferencia de Paz” que propugna la diplomacia yanqui para Medio Oriente. Los enfrentamientos interimperialistas repercuten en cada una de las potencias provocando gruesas crisis políticas en ellas. En Francia, la dimisión de Roccard y el ascenso de Edith Cresson revelan que la guerra comercial y el hundimiento del PS han entrado en una etapa más aguda. En Alemania, el empantanamiento de la unificación, el agravamiento de la crisis económica y de la desocupación en el Este y el crecimiento de las movilizaciones populares condujeron a una seguidilla de derrotas de la coalición oficialista en las elecciones regionales que son, apenas, el anuncio de la segura derrota de Kohl en las próximas elecciones nacionales. En Japón, “después de la guerra del Golfo, los expertos ven que las relaciones comerciales y de seguridad trans-Pacífico nunca serán las mismas. La presión de Washington sobre Tokio en el sentido de que una parte mayor de los gastos bélicos sea financiada por Japón, está acelerando el surgimiento de lideranzas políticas japonesas dispuestas a decir ‘no”’ (National Journal, Washington, 23/2, citado por Osvaldo Coggiola, Estudios n° 20). La enorme profundidad de la crisis capitalista mundial, que no cesa de agravarse y extenderse, ha condenado al fracaso al nonato “nuevo orden mundial”.

Con 19 despidos, tres de los cinco delegados y 16 activistas, la patronal de Crónica trata de aplastar la lucha salarial del taller gráfico. Por supuesto, semejante golpe persigue objetivos más profundos de racionalización ante la incorporación de nueva maqui-naria y, en general, imponer una derrota a fondo. La lucha obrera comenzó hace alrededor de un mes, cortando extras y bajando la producción, en reclamo de los índices de costo de vida de los últimos meses incluido un saldo de marzo. El choque, que se produjo también en La Nación, tiene por origen la posición menemo-patronal de desindexar los salarios. En los primeros días de junio el ministerio les enchufa una conciliación obligatoria para “enfriar” a los compañeros, pero el resultado es un fracaso porque la combatividad se incrementa, siguen las asambleas masivas que retrasan el diario, los jefes meten mano, la tensión crece y el sábado 15 y domingo16 estalla la huelga y no salen las ediciones del fin de semana, las que más le duelen a la patronal. Los despidos no se hicieron esperar. Hasta aquí una historia repetida en la clase obrera argentina. Pero en pocas horas se pudo comprobar que el bisturí patronal estuvo guiado por la mano de la burocracia. Los únicos delegados que no echan son los de la Verde de Ongaro, y los 16 activistas son la base de la lista Naranja en Oró-nica. Rápidamente se pudo establecer también que algunos fogoneros del paro quedaron adentro. En cambio fueron a parar a la calle varios activistas que preferían no perder la paciencia y seguir con las medidas que venían complicando a la patronal. El tufillo de una provocación flota en el ambiente, pero la vida no vuelve atrás. Sólo la huelga general puede restituir los despidos. Ahora sí hay que pasar por arriba de toda conciliación o ¡legalidad como los ferroviarios, para reincorporar a los despedidos como ellos. Y esta será la condición ideal desde la que podemos imponerle un plenario de delegados a la burocracia, en función de otros despidos de activistas simultáneos en IPESA y Foto-comp (Perfil) y del salario del gremio. Ni mencionemos el planteo del ongarismo que ahora quiere respetar la conciliación a muerte con la gente en la calle “porque así la ilegal es la patronal”. El problema es que los dos dirigentes del taller, del Mas, tampoco plantean la huelga y más aún, siguen la posición de que los despedidos no “hablan ni votan”, por ética, para que resuelvan los de adentro. Esta política y el suicidio son lo mismo. El problema es que el suicidio de los activistas es imponerle una derrota a la masa del diario y al gremio. La combatividad interna no ha cedido al cierre de estas líneas. Aún se puede corregir el rumbo como lo ha planteado la Naranja: huelga en Crónica, inmediato plenario del gremio y movilización callejera hacia Crónica.

La burocracia zanolista fue derrotada en forma aplastante en las elecciones de internas en los tres principales bancos del país: el Nación, el Provincia de Buenos Aires y el Ciudad — en este último caso apeló a un fraude de último momento para impedir la caída de sus agentes. Perdió por 2.500 votos contra 1.500 en el Nación, y en el Provincia por 3.300 votos contra 1.300. El derrumbe estaba anunciado. Tanto en el Nación como en el Provincia, en las luchas de los últimos meses los trabajadores tuvieron que enfrentar a las internas oficialistas y eligieron comités de lucha. Ya el año pasado la burocracia había ganado penosamente las elecciones de seccional gracias al divisionismo de una lista de burócratas desplazados, al voto de los jubilados y a la profunda desafiliación producida en la Bancaria (oportunidad en que la antiburocrática 90 Bordó obtuvo el 31% de los votos). Estos obstáculos no se presentaban en esta oportunidad, pues en la elección de comisiones internas votan todos los trabajadores y no participan los pasivos. Nación La gestación de las listas, tanto en el Nación como en el Provincia, dió lugar a una aguda lucha política. En el Banco Nación el frente opositor de la Lista 100 se constituyó entre un sector centroizquierdista (agrupación “Encuentro”) y el Mas. “Encuentro” tiene una historia que habla por sí misma, pues fue sistemáticamente opositor al comité de lucha y a la asamblea general. A pesar de esta trayectoria. “Encuentro” obtuvo casi el 90% de las candidaturas de la lista —17 cargos sobre 21. En oposición a este engendro, la Lista Naranja—impulsada por el PO— reclamó la formación de una lista unitaria fundada en la defensa de la asamblea general y en plenarios abiertos donde se discutieran programas y candidaturas. Al día siguiente de la victoria, la Lista 100 se apresuró a declarar que se estaba en presencia de “un triunfo de todos”, incluida la burocracia. Anunció al mismo tiempo que su línea de trabajo, sería volcar a los compañeros “propuestas” para ser discutidas en oficinas y sucursales, aunque negándose a la convocatoria a una asamblea general. Estas “propuestas” —señala la declaración de la 100— “deberían ser escuchadas por el Directorio, evitando la toma de decisiones apre-suradas...” Esta línea de conciliación con la patronal con que debuta la 100 se corresponde por entero con el objetivo declarado por “Encuentro” en la campaña electoral: “una actitud gremial no sólo contestarla sino fundamentalmente de propuesta y gestión” Provincia Aquí triunfó la lista antiburocrática 25, que es la expresión a nivel del banco de la lista 90 Bordó. En este caso no prosperó la política planteada por el Mas similar a la aplicada en el Nación, de formar una lista en beneficio y bajo el dominio del Pl y la UCR. La mayoría de la 25 resolvió otorgar una cantidad ínfima de cargos a los eventuales aliados, en relación con el ínfimo peso de estos partidos en el activismo. Radicales y alendistas renunciaron a integrar la lista en estas condiciones, con lo que quedó en claro que su propósito (como la propuesta del Mas) no era constitutir un frente único de la oposición sino confiscar el capital político de la 25. La UCR reconoció al Mas su función política al saludarlo en una declaración pública en la que al mismo tiempo repudia a los "minúsculos de mente” que no aceptaron convertirse en sus furgones de cola. Perspectivas Las elecciones de internas revelan la total descomposición de la burocracia y la tendencia profunda de los trabajadores a barrerla de los sindicatos. Esta tendencia enfrenta el obstáculo de las políticas contrarrevolucionarias como las del centroizquierda y el Mas, los cuales impulsan una política de conciliación con la patronal y con el aparato de la burocracia. Como consecuencia de esto, las flamantes internas del Nación y del Provincia habran de conocer muy rápidamente una situación de crisis política. En el Nación ya han entregado la bandera de la democracia sindical, esto al renunciar a la asamblea general. Con esta política no podrán encarar la ofensiva de despidos y cierres que está por largar la gran patronal bancaria, y que afectará a fondo a los bancos oficiales. Por eso importa desde ya señalar las limitaciones insalvables de los centroizquierdas y sus promotores y lanzar a la discusión un plan de acción. Fraude en el Banco Ciudad En el Banco Ciudad la burocracia montó un escandaloso fraude. Tradicionalmente la oposición antiburocrática ganaba en las urnas “volantes” y de las sucursales, pero perdía en las urnas “fijas” instaladas en las sedes centrales, esto por la presencia de “recomendados” y de funcionarios ligados a los comités y al zanolismo. Pero esta vez la oposición nucleada en la lista 90, se impuso con total claridad en la sumatoria de urnas fijas, por 754 votos a 568. La “sorpresa" se produjo al comprobarse que en las urnas “volantes” la burocracia ganaba por 1.220 contra 982, y que la 90 no había ganado ni uno sólo de los recorridos. En una declaración al gremio, la 90 Bordó denunció “que las urnas habían sido guardadas en un cuarto ‘rigurosamente lacrado’... ¿Qué pasó en ese cuarto?¿Qué pasó en las horas que duró el escrutinio?¿Por qué los compañeros de las sucursales nos dicen que votaron de otra forma?” La presunción generalizada es que las urnas fueron violentadas en el cuarto en que fueron depositadas antes de su recuento. La 90 del Ciudad está llamando a realizar asambleas para que se repitan las votaciones en las sucursales supervisadas por una Junta Electoral electa en asamblea del banco.

La movilización de 800 trabajadores de Somisa a Buenos Aires tuvo por objeto reclamar el 40% de aumento salarial que corresponde al convenio de la UOM, y que Triaca se niega a aplicar en San Nicolás. La convocatoria a la marcha reivindicaba también la “defensa de la fuente de trabajo”. Pero las gestiones de Naldo Brunelli —líder de la UOM nicoleña—tuvieron otro sentido: en primer lugar, reclamar “una mayor participación (del sindicato) en las decisiones que se tomen respecto de Somisa”, aludiendo naturalmente a las tratativas por su privatización. Al mismo tiempo, Brunelli reclamó “la instrumentación de mecanismos antidumping en defensa de la industria nacional” (Pág. 12, 12/6), y trajo desde San Nicolás un “féretro” que simbolizaba “la muerte de la industria siderúrgica nacional”. Para Brunelli, los obreros metalúrgicos y las patronales que “flexibilizan” y cesantean en masa tendrían ahora intereses comunes que defender frente al gobierno. Pero para las patronales, la precondición para quedarse con Somisa es un “piso” de cinco mil despidos; lo mismo plantean sus acreedores. Resulta claro que, detrás de los empresarios “nacionales” no puede haber una defensa real del salario, el convenio colectivo o la estabilidad laboral. Hay que oponer a esta orientación propatronal el reclamo de un plan de lucha común de todos los obreros siderúrgicos; preparar la ocupación de plantas frente a los despidos que se vienen; junto al reclamo por echar a los Rapanelli y Triaca de Somisa, hay que plantear la expropiación de los pulpos Acindar y Techint, y la reorganización de toda la industria siderúrgica bajo control obrero. UOM Capital: Un “loro” de las patronales El 12 de junio la burocracia de Lorenzo Miguel llamó a un congreso de delegados, nada menos que para expulsar a tres delegados de la fábrica Decker que se habían opuesto a un acuerdo de “flexibilización laboral” firmado por la empresa, la directiva de la UOM y una parte de la Comisión Interna. La patronal había absorbido, con el aumento de diciembre último, todos los rubros salariales complementarios. Esto en la práctica equivalía a perder conquistas y a una reducción salarial. Con el apoyo de los compañeros de fábrica, estos tres delegados habían enviado cartas-documento impugnando tal “acuerdo”, que forzó a un recule parcial de la patronal. Todo esto explica la expulsión de estos compañeros, que integran la lista Blanca opositora. Lorenzo Miguel, es evidente, no tolera la más mínima oposición. Sin embargo, más de cincuenta delegados no acompañaron la “moción” del "loro”. Es necesaria una coordinación de delegados y activistas para impulsar el levantamiento de estas sanciones y la lucha real y efectiva por nuestro salario la lucha contra la “flexibilización” (accidentes, indemnizaciones. etc.) debe ser encarada por la masa del gremio y no dejar en manos del “loro” la defensa de nuestras conquistas. Para que no nos pase lo que a los trabajadores de Decker, vio... Delegado metalúrgico Corresponsal

El viernes 7 de julio, ante la noticia de la postergación del pago de haberes, la dirección de Suteba llamó al “paro continuado hasta obtener el cobro”. Los docentes pararon masivamente y en numerosos distritos se concentraron en los Consejos Escolares, ocuparon los bancos y cortaron las rutas. La reacción fue profunda: hubo, por ejemplo, un paro masivo en La Plata, Berisso y Ensenada a pesar que el gobierno pagó en regla en estos lugares para evitar la movilización de los docentes sobre las sedes del poder político. El mismo viernes 7, ante la huelga activa y en el marco de una crisis política del gobierno provincial en la que el Director de Escuelas amenazó con su renuncia, Cafiero dio marcha atrás y los docentes arrancaron el cobro. El llamado a la huelga indefinida frente al retraso y el paso atrás del gobierno dejó planteado el problema de por qué no se aplica el mismo criterio frente a la destrucción del salario y el desmantelamiento de las escuelas. Pero la conducción del Suteba no tiene una política de huelga indefinida y lo que se presentó ahora de este modo no iba más allá de las horas o días en que se postergara el cobro. Fue una acción limitada en tiempo y perspectiva, para "mejorar Imagen” en vísperas electorales y a sabiendas, incluso, de lo ocurrido en febrero, cuando los maestros ocuparon los bancos y cortaron las rutas junto a los estatales en una situación similar. La burocracia no sólo se apresuró a levantar la medida de fuerza cuando aún no habían cobrado los docentes del interior, impuso de inmediato un plan de lucha trucho, consistente en paros de 24 horas por región -un día paran distritos de Oeste, otro los de Norte y así sucesivamente. En vez de unificar la luchar con los docentes de la FEB, impulsando un plan de acción común, se fragmenta aún más la lucha — la FEB para un día por semana. Los paros aislados y divididos encubren la ausencia de una política frente a la catástrofe educativa. La burocracia reclama ahora la creación de un “fondo de financiamiento educativo provincial” para garantizar la incorporación al básico de las “sumas fijas” y un “mínimo” (no un básico) de 2.500.000 australes retroactivos al 1° de febrero pasado. Pero aún arrancar estos limita dos objetivos exige una acción que no está en la mira de la burocracia. El “fondo educativo nacional” que Mary Sánchez proclamara como un “logro” a inicios del ciclo lectivo no ha resuelto nada porque, como reconoció Fernandino -Director de Escuelas-“en el mejor de los casos a Buenos Aires le corresponderían 6 millones de dólares y sólo en salarios se van 66 millones” (Pag. 12, 2/5) ¿Fondo educativo provincial? “No es posible aumentar más la presión tributaria” acaba de declarar Remes Lenicov, ministro de Economía de la provincia (Ámbito, 10/6), proponiendo una vez más la "racionalización”. Los recursos aparecerán, como esta vez, sólo sobre la base de una lucha a fondo que la dirección del Suteba no está dispuesta a encarar. No es cierto que la “gente no da”, pues cuando la docencia es convocada a una iniciativa que interpreta que puede tener algún porvenir responde como lo hizo el viernes 7 en el lapso de pocas horas. Asambleas de escuela para pronunciarse por la huelga activa, continuada hasta arrancar un básico de 4.000.000 de australes, el pago completo del medio aguinaldo y el pago a los suplentes en fecha. Asambleas de escuela para pronunciarse e impulsar asambleas soberanas de toda la docencia en los distritos. Los dolores de Mary Sánchez no anuncian un parto Confesando “dolor, asombro y vergüenza”, Mary Sánchez presentó la renuncia al consejo directivo de la CGT Azopardo al conocerse el acuerdo de Ubaldini con Miguel y Barrionuevo. La dirigente de CTERA denunció la “tramposa y falsa unidad” con los "sindicalistas amigos del gobierno”, pero no dijo una palabra sobre la "unidad” que ella mantuvo hasta ahora con los Ubaldini y Cía., la que sólo sirvió para vaciar a la CGT y usar a los sindicatos para estrangular la lucha obrera. Si el “dolor”, el “asombro” y la “vergüenza” fueran algo más que un síntoma de desarreglo espiritual, Mary S. debería poner a consideración de los docentes un balance sobre la CGT Azopardo y plantear una crítica a su política de complicidad con los chupa sillones y los tragamonedas de los fondos sindicales, quienes mientras hundían las luchas y dejaban el campo libre al gobierno entreguista, posaban de "combativos” para la tribuna. Pero Mary S. no pretende otra cosa que un portazo que le ayude a despegarse de una burocracia en descomposición. De paso trata de blanquearse entre los maestros bonaerenses a días de los comicios del Suteba, mientras la política que llevó al entierro de reclamos y huelgas docentes sigue enteramente en pie. La caricatura de plan de lucha que han lanzado en la provincia de Buenos Aires —paritos de 24 horas por “región”— es la continuidad de todo lo conocido. Según la prensa, Mary S. habría impulsado decididamente la constitución de un “frente social" centroizquierdista que debía ser encabezado por el “Tata”, y el fracaso de este proyecto precipitó su renuncia. En realidad, la burocracia miguelista —a la que Ubaldini nunca dejó de responder— impulsó hasta hace poco la candidatura de Duhalde y ahora está al garete ante el desmoronamiento del gobierno, que va a una segura derrota en las elecciones y no puede ofrecerle nada. Mary S. sería partidaria de romper esta impasse impulsando una alianza con el aún difuso frente centroizquierdista, que bajo la denominación de “campo popular" reune a hombres probados de la burguesía y es tan sólo un engranaje político de salvataje del gobierno y el régimen. A esto se refiere Mary S. cuando sostiene que “el PJ ya no representa a los trabajadores”, y llama a construir un “frente por fuera”. Para la dirigente docente es la herramienta política necesaria en un período en el que “la lucha reivindicativa no sirve”, por lo que su perspectiva es convertir a los sindicatos en instituciones de beneficencia y permitir una que otra dieta parlamentaria.

En una declaración difundida en el Banco Nación a raíz de la campaña por la elección de interna, el Mas sostuvo que “desde su fundación el BNA significó en los hechos un bastión contra el avance de los monopolios' tal como lo imaginó Carlos Pellegrini en su discurso al fundarlo”. La afirmación traduce en un grado extraordinario el pasaje del Mas a las posiciones del capitalismo. “Desde su fundación", el BNA benefició a la oligarquía terrateniente, en particular la porteña, como que fue creado para eso, y por lo tanto para perpetuar la estructura agropecuaria basada en el latifundio. Creado luego de la crisis del '90, sirvió para que los grandes estancieros tuvieran una fuente de crédito similar al viejo Banco de la Provincia, el cual en la época juarista había desviado sus fondos hacia la especulación en beneficio de la suboligarquía gestora”, es decir hacia la “patria financiera” de aquel entonces (Peña). Bajo su forma de institución estatal, la oligarquía terrateniente dispuso en cuanto a la composición de su directorio y, lo más importante, sobre el destino de sus recursos. Difícilmente Carlos Pellegrini lo haya concebido como un “bastión contra el avance de los monopolios”, siendo el hombre que encarnaba el “ajuste” de esos monopolios contra los trabajadores luego de la crisis del '90 y que significó para el capital inglés cuadruplicar la deuda pública del Estado en su favor, apoderarse del grueso de la red ferroviaria o hipotecar medio país. Es más, el Banco Nación nació como banco puramente estatal sólo porque el capital internacional no tuvo interés en crearlo; “Se buscó el capital por todas las formas posibles, ofreciendo todos los halagos que podía solicitar, se llegó a declarar que si el capital extranjero venía a fundar Bancos se le darían los privilegios que pidiera... pero todo fue inútil”, sostuvo el mismo Carlos Pellegrini por ese tiempo (“Discursos y escritos”). No son precisamente las palabras de un “luchador” contra los “monopolios". Estas mismas posiciones sobre la raigambre "nacional” y “antimperialista” de los Pellegrini fueron levantadas, entre mucho otros por el actual funcionario menemista Abelardo Ramos. En el caso del Mas, se trata simplemente de un “nuevo" aporte a la defensa del capitalismo.

La presencia de Menem en Rosario para el día de la bandera, ha tenido un significado político que va mucho más allá del mero protocolo. El jefe del gobierno entreguista fue recibido con bombos y platillos por el intendente “centroizquierdista” Cavallero, que le preparó una “parada cívico-militar”. A juicio del comandante del 2° Cuerpo, “el mayor y más grande (desfile) de los últimos años” (La Capital, 18/6). Antes del desfile, Menem se reunió con los principales pulpos exportadores de la región. El objetivo: impulsar el desarrollo de puertos privados y de una “zona franca” en el puerto de Rosario. Todo eso significa “flexibilidad” para los trabajadores portuarios y vía libre a los fraudes aduaneros e impositivos. Pero la comisión de legisladores que auspicia esta pretensión de los pulpos tiene una composición “significativa”: sus puntuales son el procesista Natale... junto al “socialista” Estevez Boero, quien acompaña al exfiscal Molinas en su “cruzada” electoral. ¡Contra la corrupción! Un conjunto de organizaciones democráticas, de jubilados y partidos de izquierda organizaron una marcha de repudio a la presencia de Menem en Rosario. En la reunión de donde se organizó esta marcha, el PO planteó que se denunciara la conducta del intendente “socialista”, lo que fue rechazado por los otros convocantes. Allegados al Fral y al PC sostuvieron la “conveniencia de no aludir a Cavallero” para “no perjudicar la amplitud de la convocatoria” (sic). El PC quiere un frente con los amigos de Menem.

El adelantamiento de las elecciones provinciales precipitó el vencimiento de la inscripción de alianzas. Vencidos los plazos, no hubo frente de izquierda; no por “falta de tiempo”, sino de voluntad política. En la única reunión de fuerzas de izquierda que se concretó para tratar el punto, ya hubo un ausente “con aviso”: el representante del Mas, que se retiró antes del inicio de la reunión luego de anunciar que “vamos solos”. La decisión no mereció la menor explicación política, ni antes ni después de la reunión. El PC concurrió a la misma acompañado del ML 29, fuerza que, en todo el país, actúa en el campo del centroizquierda. Como para no disgustar a su acompañante, los representantes del PC señalaron que un frente puntano debía albergar a personalidades “independientes”, a peronistas y cristianos en lugares centrales de la lista electoral. Se refería obviamente, a la política del “frente democrático” que, en esos mismos días, su partido difundía a través de pronunciamientos y solicitadas. Pretendía de este modo que la izquierda y los trabajadores concurrieran como furgón de cola de algunos arribistas de la burguesía y la pequeño burguesía, sucesivamente despechados por el alfonsinismo, el cafierismo y el menemismo. Luego que el PO rechazó este “perfil” de frente — reclamando un reagrupamiento independiente de la izquierda y los luchadores obreros— el PC desistió de nuevos contactos con el PO. Horas más tarde, inscribía en el Juzgado provincial la “Alianza de Izquierda Democrática”, uniendo su personería... a la del Partido Humanista. Al igual que el ML 29, el PH es “habitué” infaltable de toda convocatoria que formule el centroizquierda y se “destaca” por ser una organización completamente ajena a la clase obrera y sus luchas. Ante este desenlace, y en una carta abierta al Mas, el PO denunció el carácter oportunista de la “sigilosa” deserción de éste, así como la “salida” frentista que preparaba el PC: “Como ustedes bien saben, somos concientes de la pretensión de los stalinistas de mantener a salvo la línea del Frente Democrático, es decir, de colocar a la izquierda como furgón de cola de la política burguesa y pequeño burguesa. Pero esa política debe ser enfrentada por medio de una lucha franca, de cara a los trabajadores y su vanguardia. Eso significa oponer al frentismo democratizante un frente independiente de los obreros y la Izquierda. En cambio, la negativa a dar esta batalla delata por parte de ustedes una ruptura ocasional que no supera los límites de la política democratizante”. El PO concluía convocando al Mas a batallar por un frente independiente, a reclamar al PC la ruptura con los centroizquierdistas y —en caso que esto no sucediera— a sostener esa perspectiva bajo la forma de una alianza Mas-PO. Por diferentes caminos, el Mas y el PC han contribuido, en San Luis, a la misma estrategia de dividir a la vanguardia obrera, en defensa de una política democratizante y electorera. Ya vencido el plazo de las alianzas, el PO ha difundido un llamamiento hacia los luchadores y la izquierda puntanos, llamando a sacar las conclusiones de este proceso político y a obrar en consecuencia: sumarse activamente a la campaña electoral del PO, que convocará a la lucha y a la organización obrera contra el clan capitalista de Rodríguez Saá, gestor de los Acindar, los Massuh y todos los grandes pulpos “promocionados”.

Solución para los jubilados Mar del Plata, en el día de nuestras Malvinas, 1991 A todos mis compañeros jubilados: Yo soy un jubilado más, de 72 años, pero que le puedo decir a este ministro muy sentimental, pero bastante incapaz, de donde puede sacar los fondos necesarios, para poder aumentar haberes hasta 5.000.000 de mínima y de máxima, o sea para todos igual, porque todos tenemos el mismo estómago, y que además, en beneficio de la mayoría más necesitada, los que tengamos alguna renta, o que todavía podamos trabajar, como yo que soy artesano y mientras mi salud me lo permita y me dejen salir a vender lo que elaboro, deberíamos renunciar como San Martín o Belgrano, a nuestras jubilaciones. Yo calculo, que entre los rentistas, los que podamos trabajar y las viudas que con 5.000.000 están jubiladas, ya no necesitarían también la del que fue su marido, podríamos reducir la cantidad de jubilados, en solo 2.500.000. 1) Despedir por decreto, a todos los ñoquis del país. 2) Anular terminantemente, todas las jubilaciones de privilegio, futuras y también las ya concedidas. 3) Decretar que ningún legislador del país pueda tener una dieta superior, al sueldo del presidente de la Nación. 4) Despedir al 90 por ciento de todos sus asesores y secretarios politiqueros. 5) Autorizar a todos nuestros acreedores internacionales, que se cobren nuestra dudosa deuda externa, confiscando todos los fondos que los malos argentinos tienen depositados o invertidos en el exterior, muchos de los cuales, los sacaron de la propia deuda externa, y que ellos y los malos legisladores, se la endilgaron al gran pueblo argentino. 6) Si el ministro, quiere saber de dónde puede sacar otro tanto de fondos para los jubilados, que me lo pregunte oficialmente y públicamente yo se lo diré. Ruego publicarlo, y hacerles llegar fotocopias a todos los jubilados del país, para que así, no aflojen en su lucha reivindicatoria, por el cuento del ministro “de que no hay plata'. Y además los jubilados nunca podríamos causar inflación, porque ya no incidimos en los costos de ninguna producción. Muy por el contrario los jubilados con un haber de 5.000.000, dejaríamos de ser una carga social para el país y para nuestros familiares para pasar a ser el principal factor de una reactivación comercial e industrial del país y con ello, la recuperación de los sueldos bajísimos de todos los obreros en actividad. Jorge Leandro Martin - L.E. 0.409.349 Ituzaingo 7680 -Mar del Plata ¿Las agencias internacionales de noticias no pagan impuestos? “De mi consideración. En conocimiento de una situación irregular que se viene arrastrando de hace años y no pudiendo por otros medios más idóneos, dada mi situación de inspector de la D.G.I, vengo a efectuar esta denuncia contra las agencias internacionales de noticias que no pagan el impuesto sobre sus ganancias en su justa medida, efectuando una interpretación antojadiza aplicando una norma del año 1956 que ha quedado obsoleta como se explicará. En el año 1956 el entonces ministro Blanco, vaya a saber en pago de qué, dictó una Resolución n° 1305/56 curiosamente sin difusión ni publicación por la cual se reducía el impuesto que debían pagar las agencias de noticias internacionales que por la ley de impuesto es sobre el 10% del ingreso bruto (ley 11682- art. 11) al 2 y 1/2 %. Pese al cambio de legislación al reemplazarse el impuesto a los réditos creándose el de ganancias, se modifica sucesivamente la reglamentación hasta que el decreto 830/78 retira la facultad a la Secretaría de Hacienda para reducir el impuesto. Concluyendo, a partir de la vigencia del Decreto 830/78 tácitamente habría perdido vigencia y virtualidad la resolución n° 1305/56 ya que otra norma -el Decreto reglamentario- por su superior jerarquía y por ser cronológicamente posterior, sustituyó a la primera, ratificando el porciento legal de ganancias de fuente argentina. Lamentablemente todo esto quedó en la nebulosa pues las agencias de noticias internacionales continúan pagando sobre el 2 y 1/2 % en lugar del 10% que rige actualmente. En la D.G.I. hay una mano negra que ha frenado la fiscalización de las agencias internacionales de noticias y tal es la denuncia concreta que formulo para que alguien con suficiente poder de decisión haga cumplir la ley. Será justicia. M. H. (La carta está resumida)

El gobierno que afirma no tener dinero para aumentar los haberes jubilatorios ni para sostener la educación o la salud públicas, acaba de comprometerse con el FMI a pagar 4.200 millones de dólares en los próximos nueve meses a la banca acreedora, a los organismos de crédito internacionales y a los tenedores de Bonex. Otros 800 millones, se destinarán, según el mismo compromiso, al pago de los títulos de la deuda interna", que en buena parte se encuentran en manos de las sucursales locales de la banca acreedora (Clarín, 24/6). Para pagar esta “factura”, el ministro se ha comprometido a obtener un “superávit de caja” de 2.400 millones de dólares, o sea 200 millones mensuales, el doble del actual, lo que significará reducir aún más los gastos de salud y educación, y producir más impuestos y nuevos despidos de trabajadores estatales. El ministro también se ha compro-metido a que las empresas públicas obtengan ganancias por 600 millones de dólares en los próximos nueve meses. Si se considera que “los resultados operativos de las once principales empresas públicas fueron negativos en 29 millones de dólares en mayo y se esperan 39 millones para junio y que... la pauta de 600 millones es absolutamente irrealizable’ — según dijo un economista que prefiere ser anónimo” (El Cronista Comercial, 25/ 6), es evidente que el ministro se ha comprometido a pegar un violento tarifazo. Final-monto, Cavallo también se comprometió a entregar a los acreedores externos 1.200 millones de dólares provenientes de las privatizaciones de empresas públicas y áreas petroleras, es decir, el 100% de los ingresos en efectivo. El acuerdo desnuda el carácter confiscatorio de las privatizaciones, que no servirán (como pretenden los Neustadt) para mejorar los servicios públicos ni el sueldo de los maestros sino para que la banca y el gran capital se apropien de las empresas estatales sin poner un cobre. Solamente en estas condiciones el FMI otorgaría al gobierno argentino un préstamo que se destinaría a pagar las deudas pendientes... con el FMI. Pero este "acuerdo" (en realidad una imposición) no ha logrado sacar, a pesar de todo, a las negociaciones del estancamiento, debido a que el FMI entiende que el compromiso del gobierno es incumplible sin un nuevo aumento del IVA, el restablecimiento del impuesto a los combustibles y de las retenciones (impuestos) a las exportaciones, y sin reducción de la participación de las provincias en la coparticipación federal. Pero para Cavallo semejantes medidas significarían quebrar los “acuerdos de precios” firmados con distintas cámaras capitalistas y ponerle fin, por lo tanto, a su “plan de convertibilidad". De ahí que en un “compromiso adicional” al acuerdo se compromete a adoptar medidas necesarias para obtener el superávit de 4.200 millones de dólares (Clarín, 20/6), pensando por sobre todo en impuestos como el inmobiliario en Capital y en despidos masivos de trabajadores en provincias y empresas públicas. Naturalmente el FMI quiere ver para creer y por esto "Michel Camdessus (presidente del FMI) condicionó la nueva discusión a que la Argentina cumpla estrictamente las metas fiscales de mayo y junio. No avanzará el diálogo en caso de que existan desvíos en esas pautas” (Clarín, 20/6). Esta crisis entre el gobierno y el FMI refleja el choque entre la banca acreedora, que quiere cobrar la deuda, y los “capitanes de la industria”, que no admiten mayores impuestos en los marcos del “plan de convertibilidad”. Una conciliación posible entre estas posiciones podría estar dada por una devaluación del austral, que permita establecer impuestos a la exportación y que conforme a los intereses del “club de exportadores”. Los bancos pretenden que se les entregue una parte de las reservas en dólares en poder del Banco Central, que sirven de respaldo a la conversión del austral, para hacer frente al atraso en el pago de la deuda externa. El atraso es de cerca de 10.000 millones de dólares, de los cuales los bancos quieren cobrar de entrada el 25% ó 2.500 millones de dólares —lo cual eleva la factura total que re ama el FMI a 6.500 millones de dólares. Una devaluación conciliaría también esta divergencia, esto al reducir la cantidad de moneda extranjera necesaria para sostener el valor de la circulación de la moneda nacional. Ni qué decir que otra devaluación del austral desatará una espiral inflacionaria, así como una nueva caída de la actividad económica.

¿Qué tiene que ver el centro-izquierda argentino con la detención y el encarcelamiento de un grupo de terroristas portugueses de extrema derecha en el sur de Francia? Ocurre que el centro-izquierda vernáculo, e incluso el latinoamericano, gustan presentar a Felipe González, el presidente del gobierno del Reino de España, como el modelo de “estadista democrático y moderno". Y es precisamente el gobierno de este “demócrata" el que financió y organizó al “grupo portugués de asesinos a sueldo”, según la definición utilizada por el fiscal francés, que formaba parte del grupo terrorista GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una réplica ibérica de la “Triple A "cuyo objetivo es el asesinato de miembros de la ETA y de simpatizantes del movimiento independentistas vasco. Entre 1983 y 1987, las GAL fueron responsables por el asesinato de 26 militantes vascos, incluso de nacionalidad francesa, en más de cincuenta atentados, tanto en el País Vasco como en el sur de Francia. La investigación comenzó en Francia con la detención de los pistoleros portugueses v se extendió luego a España donde puso en descubierto la llamada “política antiterrorista encubierta” del gobierno “socialista”. Las investigaciones demostraron que las GAL fueron organizadas por la policía española —cuyos miembros utilizaban nombres falsos— y financiadas por fondos secretos del Ministerio de Interior, dirigido por José Barrionuevo, ex-dirigente de la UGT (central sindical socialista) y hombre de confianza de Felipe González. La investigación ha llevado al banquillo de los acusados a dos “superpolicías”, José Amedo y Michel Domínguez, quienes fueron reconocidos por los pistoleros portugueses como los “patrones" que los proveían de fondos y “objetivos". En el curso de la investigación, Amedo reconoció que viajó a Portugal —donde contrató a los pistoleros— con “conocimiento y autorización de sus superiores” (La República, 20/6) mientras que el ex-director general de la Policía Española admitió que “fondos secretos del Ministerio del Interior sufragaron el viaje del subcomisario Amedo a Portugal” (La República, 18/6). El propio Felipe González, quien debió declarar como testigo en la causa que se sustancia en Madrid, se negó a dar a conocer el destino de los "fondos reservados" del Ministerio del Interior amparándose en “razones de Estado” (La República, 15/6). El proceso judicial ha desatado un escándalo político de grandes proporciones en Madrid porque implica directamente al gobierno “socialista" español en el terrorismo de Estado, algo que nuestros centroizquierdistas conciben sólo como propio de los regímenes uniformados.

Con la aprobación de la ley de “seguridad interior” (a los pocos días de haber votado la ley de “edictos policiales”, que permite a la Federal detener arbitrariamiente y aplicar penas de prisión a cualquier ciudadano) la Cámara de Diputados ha dado forma a un verdadero Estado policial. La ley —“consensuada” entre el PJ, la UCR y la Ucedé y a la que “nuestros” legisladores presentan como una herramienta indispensable para la “defensa de la democracia”— se basa en una norma no derogada de la dictadura videliana (la ley 18.711 “contra la subversión”, Clarín, 14/ 6). Como aquélla, la ley de la “democracia” amplía las facultades de la Policía Federal — a la que se autoriza a actuar en todo el territorio nacional, incluso en las investigaciones provinciales— y unifica a todas las fuerzas represivas, incluidas las policías provinciales, la Gendarmería y la Prefectura, con sus respectivos servicios de inteligencia, bajo el comando directo del Poder Ejecutivo nacional. Como su antecedente videliano, la ley que acaban de aprobar los diputados no pone límites ni determina las facultades para la actuación de las fuerzas represivas y, por lo tanto, consagra la arbitrariedad y aún la provocación policial y hasta parapolicial. Por si esta catarata represiva fuera insuficiente, los diputados han autorizado al presidente a utilizar a las Fuerzas Armadas y a poner a todas las fuerzas represivas bajo el comando militar en “casos excepcionales”, que la ley no define cuáles son. El poder discrecional del Ejecutivo para decidir la intervención policial, parapolicial y militar sobre cualquier zona del país equivale a una declaración permanente del estado de sitio. Crisis política y “seguridad interior” La ley de “seguridad interior” generó una serie de choques entre el parlamento y el ministro Mera Figueroa, lo que la colocó en el centro de la crisis política exactamente en el momento en que arreciaban las presiones para obtener la renuncia del ministro del Interior. Mera Figueroa, con el apoyo del presidente Menem, propugnaba la aprobación del proyecto de ley presentado por el diputado Vallejos —cuya redacción se atribuye a la Policía Federal— mientras que el parlamento propugnaba la aprobación de un proyecto “consensuado” entre el PJ, la UCR, el Pl, la Democracia Cristiana y la Ucedé (El Cronista Comercial, 7/6). La diferencia entre uno y otro proyecto se ciscunscribía a las facultades de intervención parlamentaria: mientras los diputados exigían participar del “Consejo de Seguridad” creado por la ley, el proyecto Vallejos-Federal excluía a los congresistas. Estas diferencias mantuvieron a la ley “cajoneada” por dos años. En medio de la crisis del ministerio del Interior —por la denuncia del negociado “francés” del ministro con los DNI— Mera Figueroa y los parlamentarios llegaron a un rápido acuerdo para “reconsensuar” la ley creando una “comisión de fiscalización parlamentaria” de la seguridad interior, similar a la conformada para el “seguimiento” de las privatizaciones. Como esta comisión —y como el propio parlamento— la “comisión fiscalizadora” será un organismo estéril e impotente, que sólo servirá para legalizar las decisiones y arbitrariedades del Ejecutivo. Pero, aún esta ley aprobada en Diputados —violentamente antidemocrática— parece “poco” a los ojos del Ejecutivo y de las fuerzas represivas, por lo que no se descarta el veto presidencial a la “comisión fiscalizadora parlamentaria” (Clarín, 14/6). Los choques entre el congreso y el ejecutivo y, también, la rapidez con que uno y otro “reconsensuaron” la ley represiva son una expresión de la descomposición del régimen político, que ha perdido su capacidad de “demagogia democrática” y necesita crecientemente de la represión para enfrentar el descontento popular.

El canciller norteamericano James Baker recibió en Washington a Guido Di Tella para señalarle que “coincidía en la necesidad de un gran consenso nacional después de las elecciones entre los partidos mayoritarios” (Clarín, 25/6). Sugestivamente, el canciller norteamericano pasó por alto el supuesto “obstruccionismo” radical para diferir el pago del medio aguinaldo, lo cual reclamaba, sin embargo, el FMI! La función del acuerdo sería “hacer más gobernable” al país y avanzar en “la reforma del Estado y la apertura económica”. El imperialismo pretende apadrinar un “gobierno de unidad nacional” radical-justicialista para ir aún más a fondo en lo que el gobierno de Menem —por su debilidad— no pudo imponer: privatizaciones en masa, acuerdo con los bancos, pago de los intereses atrasados a la banca acreedora, liquidación de la legislación laboral y privatización del sistema previsional. El bufonesco Di Tella fue aún más lejos que el propio Baker. “La oposición (UCR) —dijo— tiene que ganar (las elecciones) y gobernar para estar de acuerdo con nuestras políticas" (ídem). Como lo señaláramos reiteradamente en Prensa Obrera, el “gobierno de unidad nacional” (incluido el centroizquierda) es un recurso excepcional, de emergencia, de la Casa Blanca, la burguesía y aún el propio oficialismo ante la imparable descomposición gubernamental y su inevitable bancarrota electoral.

Luis Luque, a quien la población de Catamarca sindica como uno de los asesinos de María Soledad Morales, puede quedar en libertad en cualquier momento ya que la Cámara Penal — intervenida por el gobierno nacional—estudia el pedido de nulidad de su prisión preventiva. El pedido de libertad de Luque fue presentado por el representante del poder ejecutivo, el fiscal Carlos Iglesias, “después de una serie increíble de fracasos del abogado defensor Luis Darritchon” (La Nación, 25/6). El argumento del delegado del interventor Luis Prol —el hombre enviado por Menem para “moralizar" Catamarca— es “que el fallo contra el hijo del diputado Ángel Luque posee ‘fallas y faltas de consideración” (ídem). La liberación de Luque (hijo) será la culminación de un operativo oficial que “consiguió paralizar la investigación desde hace más de sesenta días” (ídem), tal como pronosticábamos en Prensa Obrera cuando el enviado de Menem asumió la intervención. El ex-montonero Prol, sin embargo, no sólo se destacó como un eximio encubridor. También se destacó por el violentísimo ataque que descargó sobre los trabajadores catamarqueños desde el mismo día de su llegada: despidió a miles de estatales (y no precisamente a los ñoquis saadistas) y pretende liquidar sus condiciones laborales. El hombre de Menem ya anunció que “no tiene fondos” para pagar los aguinaldos. El pedido del fiscal de liberar a Luque desnuda el carácter de la intervención federal, que fue reclamada por los radicales, el centroizquierda, la oposición catamarqueña y la iglesia. Esta política de confianza en el interventor menemista condujo a la movilización popular a un callejón sin salida. Otra vez, como en setiembre, el crimen de María Soledad y la lucha contra la impunidad de sus asesinos está en el centro de la crisis provincial.

La alianza entre Barrionuevo, Miguel y Ubaldini es otra de las expresiones del desmoronamiento político del gobierno, y no como lo pretenden los nombrados, una “voluntad da defender todos los derechos de los trabajadores” (Solicitada, 17/6). La previsible derrota del menemismo y del PJ en las elecciones de este año minará la base parlamentaria del gobierno, agravará su debilidad y potenciará aún más las contradicciones de su base social, es decir la lucha entre los pulpos. La burocracia se hallaría así ante la “misión imposible” de defender a un gobierno en bancarrota y sin puestos en el aparato del Estado que les permitan defender sus propias prebendas. Los “dirigentes" sindicales no son enemigos de las privatizaciones, de cuyos beneficios pretender participar, pero este gobierno carece de la autoridad política y de la cohesión para llevarlas adelante. Al constatar que no puede esperar nada del gobierno que sostuvo a rajatablas, la burocracia se ha declarado virtualmente en “estado de asamblea”. Nadie como Luis Barrionuevo puede definir mejor la naturaleza del nuevo re-agrupamiento burocrático: “hemos permitido todo tipo de privatizaciones, concesiones, reformulación del Estado... el movimiento obrero ha votado todo, ha dicho saludo uno, saludo dos... Diego Ibáñez ha permitido que le reformulen el estatuto y han impuesto los Interventores en ypf... a Miguel le están echando gente todos los días... ahora, estamos asociados en la desgracia” (Ámbito Financiero, 14/6). La inmensa colaboración de la burocracia sindical con la inmensa confiscación de los trabajadores y el pueblo no ha permitido salvar al gobierno de su desmoronamiento. Las nacientes “62” constituyen la “unidad en la desgracia” de un conjunto de burócratas que ven amenazadas sus posiciones en el Estado burgués por el descalabro del menemismo y en los sindicatos por la acción persistente de los trabajadores para recuperarlos (¡bancarios!). La burocracia está obligada a mudar de barco y buscar su salvataje en función de las alternativas que se están procesando en la política burguesa. En esta búsqueda “se manifestaron prescindentes en la interna del justicialismo bonaerense” (Cronista, 13/ 6) y se plantea que “si el gobierno sigue marginando al sector, se lanzaría, además de una propia CGT para contener a sus fieles, una especie de partido laborista para pelear espacios entre las bases peronistas” (La Nación, 21/6). Ni la “prescindencia” en las internas, ni aún una candidatura de Ubaldini por fuera del PJ, tendrían un carácter político Independiente para los trabajadores. La naturaleza de un dirigente o de una dirección está determinada por el conjunto de su política y por la posición que ocupa en la lucha de clases. Ubaldini es una de las llaves maestras que ha llevado al movimiento obrero a su catástrofe actual, porque lo sometió al menemismo y lo forzó a aceptar el retroceso proveniente de las hiperinflaciones y de los planes fondomonetaristas. Al día de hoy, junto al resto de la burocracia sindical es rehén de las combinaciones capitalistas frente a la crisis política y en particular de los sectores que reclaman una pronta devaluación y un conjunto de subsidios a la industria — Club de Exportadores, dirección de la UIA. Pacto radical-sindical Es altamente sugestivo que Lorenzo Miguel haya saludado la “oportuna” decisión de los legisladores radicales que no prestaron quórum para tratar el aguinaldo escalonado, lo que está en línea con los planteos del Departamento de Estado norteamericano sobre la necesidad de “buscar un consenso nacional después de las elecciones entre los partidos mayoritarios sobre la reforma del Estado y la apertura de la economía”. La burocracia prepara el terreno para convertirse en rueda auxiliar del cogobierno radical-justicialista, destinado a superar el “vacío de poder” del menemismo. No hay en el operativo de relanzamiento de las “62” un solo gramo de compromiso con la defensa de las conquistas obreras. Un mes atrás los mismos promotores de esta iniciativa, con alguna que otra ausencia, dieron vida al “Consejo Gremial del Trabajo” y en su debut público coincidieron con el ministro Díaz “en la necesidad de firmar convenios por períodos de seis meses... y en el proyecto de ley para fijar el tope indemnizatorio, proponiendo que la modificación en el pago del aguinaldo se aplique después del 30 de junio” (Crónica, 24/5). Un mes atrás, Lorenzo Miguel no abría la boca sobre el laudo oficial para los metalúrgicos que, con su firma, establecía el “aumento por un año, hasta febrero de 1992” (Clarín, 14/6). Luego del colapso del gobierno en el tema aguinaldo, los diputados gremiales que responden a las “62” han planteado su plena “colaboración” para “consensuar" las leyes de empleo, la rebaja del tope indemnizatorio y de accidentes de trabajo. La “unidad de acción” planteada por Barrionuevo-Miguel-Ubaldini está orientada a la defensa de las coimas y prebendas propias dentro de los límites fijados por la crisis del Estado y las patronales. La burocracia sindical está en la encrucijada de los grupos políticos terminados: pude adaptar lenta y dificultosamente su lenguaje al estado de ánimo que prende en las masas, pero si entra en la demagogia, los trabajadores le pasan por encima. Hoy está obligada a “tomar distancia" de un gobierno en descomposición y a buscar un nuevo ancla en la política burguesa, tratando de cubrirse del inmenso fracaso de la experiencia menemista. Por esta situación de debilidad, se trata de golpear más que nunca en la misma dirección: petitorios y asambleas en todos lados por el aumento salarial y el pago en fecha del aguinaldo, enfrentar los despidos y la desocupación, impulsar los comités de huelga y las coordinadoras de lucha.

El radicalismo decapitó el proyecto del ministro Cavallo de diferimiento del aguinaldo al negarse a dar quórum para su tratamiento sobre tablas en Diputados. El PJ no podía garantizar ese quórum por las manifiestas disidencias en su bancada. La reunión urgente de gabinete que tuvo que convocarse de inmediato desnudó la magnitud de la derrota gubernamental. Después de todo, la liquidación del medio aguinaldo había sido un compromiso solemne contraído con el FMI. La posición del radicalismo —que hasta el momento había brindado número para la aprobación de todos los impuestazos—fue interpretada como “una jugada electoral" capaz de provocar una “escalada de hostilidades” entre el gobierno y la oposición y hasta eventuales “represalias” gubernamentales contra el radicalismo. La temida “escalada", sin embargo, no se produjo y pocas horas después, los radicales y los justicialistas votaban en conjunto —y en medio de un gran escándalo en la Cámara de Diputados— las modificaciones a la ley electoral que legaliza el escalona-miento de los comicios en las provincias y la reducción de los plazos para su convocatoria, exactamente como lo reclamaba el oficialismo para sus propias “Jugadas electorales" Al mismo tiempo, César Jaroslavsky anunció que su bloque se aprestaba a un “tratamiento serio" del paquete fiscal de Cavallo, que incluye el blanqueo de los capitales fugados, la reducción del impuesto a las ganancias, el aumento del IVA y el bono de “consolidación”de la deuda estatal que, entre otras, difiere por dieciséis años el pago de las deudas con los jubilados. Los radicales, que afirman haber rechazado el diferimiento del aguinaldo “en defensa del bolsillo de la gente” se aprestan ahora a saquearlo, con creces, con el tratamiento “serio” del paquete fiscal cavalliano. Unidad nacional Es indiscutible que la UCR no sólo sostiene al régimen político menemista votando la ley de seguridad interior, las modificaciones a la ley electoral o, simplemente, “no tirando de la cuerda" como gráfico Juan Manuel Casella. El radicalismo, además, se apresta a “un gran acuerdo nacional" para después de las elecciones —como el que acaba de reclamar el canciller Baker en Washington— en el caso de verificarse un “vacío de gobernabilidad” como consecuencia de un desastre electoral menemista. Lejos de desmentir esta presunción, el rechazo radical al escalonamiento del aguinaldo la confirma. Los diputados radicales han reiterado que la negativa a dar quórum en el parlamento fue “excepcional”. El radicalismo rechazó el escalonamiento no para hundir el “acuerdo nacional" sino, contradictoriamente, para salvarlo. “‘La repercusión social que tuvo el proyecto motivó que el radicalismo se negara a dar el quórum’, explicó un vocero del bloque de diputados” (El Cronista Comercial, 25/6). Ocurre que si el radicalismo hubiera posibilitado el diferimiento se habría ganado el instantáneo odio popular a mismo título que el oficialismo, lo que se habría traducido en las urnas en el debilitamiento conjunto de ambos partidos y en el socavamiento de la perspectiva del “acuerdo" postelectoral. Por otra parte, si la UCR hubiera permitido con su presencia la aprobación de un proyecto desesperado de un gobierno débil, incapaz de disciplinar a su propia bancada, habría desnudado su propia debilidad y su inviabilidad como reaseguro o alternativa para la “gobernabilidad" del Estado. La justificación esgrimida por la UCR para no dar el quórum constituye una confesión de que el cobro del medio aguinaldo fue un triunfo popular. El propio Alfonsín trató, dentro de ciertos límites, de que la UCR facilitara la postergación. Pero detrás de la acción de los radicales se esconde un a-cuerdo entre Alfonsín y Cavallo para hacerle pagar con creces al pueblo la derrota del proyecto sobre el medio aguinaldo, por medio de un nuevo paquetazo de impuestos. Para que el “pacto nacional” que se programa desde Washington tenga una base sólida, las elecciones deberían registrar una recuperación de la UCR. Casella fue muy explícito cuando afirmó que “todavía no (hay margen para un acuerdo con el gobierno). Las condiciones se van a presentar después de las elecciones” (Clarín, 12/6). Un “acuerdo nacional” debería traducir algún tipo de componenda entre los dos sectores fundamentales de los explotadores: los capitanes de la industria (“Club de Exportadores”) y la banca acreedora. Este acuerdo lleva a la devaluación del austral, el cual serviría para beneficiar a la exportación y también para asignar una parte de las reservas en divisas al pago de la deuda atrasada con los bancos. Sourruille, en consonancia con el “Club de Exportadores” ha reclamado abiertamente “un tipo de cambio alto”. Los propios técnicos del FMI han comparado el plan Cavallo (y su pretensión de mantener estable el tipo de cambio) como “encerrarse en una jaula y tirar la llave” (Clarín, 24/6). Otro socio seguro del “consenso nacional” será el centro-izquierda. No sólo por su origen político (todos ellos son ex-alfonsinistas y ex-menemistas) sino, y por sobretodo, porque su programa se limita a reclamar el "protagonismo del parlamento", es decir la entrega mediante “acuerdos”. En 1989, el PO pronosticó correctamente que “si vota a Menem le va a salir un Alsogaray”. En 1991 votar por el centroizquierda es votar por el imperialismo.

Cuando los radicales se vieron obligados a bloquear la postergación del medio aguinaldo, presentaron sus excusas a las patronales y al imperialismo alegando que el tema había alcanzado “una enorme repercusión social”. Los seguidores de Alfonsín confesaron de este modo que la lucha popular había forzado a los explotadores a morder el polvo de la derrota, pero le prometieron a Cavallo enmendar el desastre con la aplicación de un “pacto fiscal”. Cuando el ministro se tomó en serio el compromiso anunció un Impuesto inmobiliario en la Capital, que volvió a desatar la tormenta. El pago del medio aguinaldo no ha terminado con los sufrimientos del pueblo, como lo prueba entre otras cosas que la inmensa mayoría de las provincias no piensa pagarlo. Pero el desenlace de este conflicto es una prueba de la inmensa debilidad política del gobierno y de los límites de sus planes. Por eso el Secretario de Estado norteamericano, Baker, respondió de inmediato con un llamamiento a formar un gobierno de coalición para después de las próximas elecciones, que no sólo deberá incluir a radicales y peronistas. Pero probablemente el vocero imperialista se haya equivocado en los tiempos de la presente crisis. El ‘‘plan" Cavallo está prácticamente terminado y así lo demuestra la exigencia de la banca internacional para que utilice las reservas existentes para pagar los atrasos de la deuda externa, o que en su defecto emita moneda. Los chupasangres abogan directamente por la inflación y la hiperinflación. En este cuadro de desmoronamiento no debe sorprender que el gobierno de Menem se encuentre a la deriva. El presidente riojano se propone intervenir la provincia de La Rioja, donde sus viejos correligionarios han vaciado la banca estatal. Pero para eso Menem pretende que la firma de la intervención la ponga Duhalde, quien naturalmente se ha negado para no cargar con la hipoteca de violador de las autonomías federales. Mera Figueroa quiere entonces montar el atropello con una resolución ministerial... En vísperas de las elecciones, el menemismo no tiene representantes propios en ningún lado, o mejor dicho, sus socios se afanan por desmarcarse del presidente. Duhalde va acompañado por un cafierista, mientras Cafiero denuncia a Menem por retener los fondos para su provincia. Los burócratas gerontocráticos de las “62” abandonan el barco, husmeando su inminente hundimiento. El desastre puede apresurar la formación del gobierno de emergencia reclamado por Baker que incluya a varios partidos. Será naturalmente un recambio para cumplir más decididamente con los planes del FMI. En esta política se inscriben, como alternativos y también complementarios, la derecha de los Bussi y el centroizquierda de Molinas y Alende, sin por esto olvidar al resto del elenco. La política tradicional argentina, la de los partidos y corrientes que defienden el sistema capitalista, se caracteriza en el momento actual por la selección del personal que deberá sacar al actual gobierno del pozo, o directamente reemplazarlo. En las elecciones pretenden contar los porotos de cada uno, para hacer la distribución proporcional de los puestos. Contra este único partido de defensa del oprobioso orden actual, el Partido Obrero llama a los trabajadores a luchar y organizarse en forma independiente y a la vanguardia obrera a formar un frente revolucionario que actúe en el plano electoral y en la lucha y organización cotidianos, para acabar con la dominación de la burguesía y del imperialismo y conquistar un gobierno de los explotados.