Prensa Obrera N° 333

Carlos Filizzola, un médico de 31 años, fue electo intendente de Asunción en las primeras elecciones municipales de la historia paraguaya. Filizzola encabezó el movimiento centroizquierdista “Asunción para Todos", derrotando por un amplio margen al candidato del oficialismo y al del PLRA, el principal partido burgués de oposición. Filizzola fue propuesto como candidato por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), y a su alrededor se condensaron distintas tendencias centroizquierdistas —principalmente el apoyo político y financiero de la socialdemocracia europea— y el stalinismo. Aún cuando durante su campaña Filizzola pretendió dejar de lado todo matiz izquierdista o sindicalista y presentarse como un candidato por encima de las clases—algo que se puso en evidencia en la propia denominación de su movimiento— el candidato centroizquierdista es muy popular por su antigua militancia estudiantil y apoyo a las huelgas obreras, que lo llevaron repetidamente a la cárcel bajo el stronismo e incluso bajo la actual presidencia del “general demócrata" Andrés Rodríguez. Aunque Filizzola obtuvo una votación muy pareja en todas las secciones electorales asunceñas, el grueso de su votación provino de la clase media, de la intelectualidad y del activismo sindical nucleario en la CUT. La victoria de Filizzola traduce el hundimiento y descomposición del coloradismo, que fue durante treinta años el sostén civil de la dictadura. En la capital, más del 70% de los asunceños votó por partidos opositores. En el Partido Colorado se ha acentuado, como cabía prever, la violentísima lucha de clanes y camarillas, con acusaciones cruzadas de corrupción y de vinculación con el narcotráfico y el contrabando, entre el sector que responde al presidente Rodríguez (el llamado sector “democrático”) partidario de un entendimiento con la oposición burguesa y los denominados “ortodoxos”. El candidato a la intendencia de Asunción por el coloradismo pertenecía a la fracción opuesta a Rodríguez y se debe dar crédito a los rumores de que el rodriguismo llamó bajo cuerda a votar por el candidato del Partido Febrerista para acabar políticamente con la fracción-“ortodoxa" El presidente Rodríguez rápidamente reconoció la victoria de Filizzola y felicitó al ganador, algo que a diez dias de los comicios aún no ha hecho el candidato oficialista. El PLRA de Domingo Laino, aunque duplicó sus votos y obtuvo una treintena de intendencias en todo el país, sufrió una dura derrota al salir tercero en la capital. La prensa paraguaya caracteriza esta pésima elección liberal como consecuencia de las divisiones partidarias. Sugestivamente, la prensa burguesa saludó calurosamente la victoria del candidato centro-izquierdista a la que calificó nada menos que como “el final de una época” y una muestra de “madurez del electorado frente al autoritarismo”, y lo convocó inmediatamente a “lubricar las relaciones con el poder central” y a mostrar “una alta capacidad de negociación” (Última Hora, 27/5). Con el beneplácito de la prensa y los partidos patronales, pocas horas después se reunieron el intendente electo y el presidente Rodríguez. El triunfo de Filizzola traduce el hundimiento del aparato político stronista y una tendencia hacia la izquierda de las masas dentro del campo de las ilusiones democráticas. Esto acentúa, por un lado, las posibilidades de éxito de las maniobras políticas democratizantes para contener la lucha de los trabajadores, del tipo del “pacto social” o “concertación” como las que propone el propio Filizzola y aislar a la vanguardia de los obreros y a la masa campesina que está luchando por la tierra. Pero de otro lado, la conquista de mayores posibilidades de organización es un factor enorme para potenciar la lucha de clases de los explotados, con la condición de que sea independiente de la pequeñoburguesía colorada, liberal o centroizquierdista. El resultado de las elecciones paraguayas desmiente a los charlatanes de la “ofensiva neoliberal” y de la “derechización de las masas". Al final, Asunción, Montevideo y San Pablo — las tres principales ciudades de sus respectivos países— están en manos de la “Izquierda”. Pero al mismo tiempo, la “gestión izquierdista” de estos centros urbanos ha servido para mostrar su impotencia frente a los gobiernos capitalistas y su rápida evolución a la derecha. Los políticos “modernos" y “post-modernos” fracasan miserablemente, y demuestran con ello la vigencia de la política revolucionaria. MAS: “Revolución democrática” en Paraguay Es conocido que el Mas, al calor de los procesos democratizantes latinoamericanos, había “descubierto” un nuevo tipo de revolución “no previsto por Trotsky, las revoluciones democráticas”, unas “revoluciones (que) tiraban abajo dictaduras”. Pero en realidad se trataba de “revoluciones" dirigidas por la misma clase social que estaba en el poder —los “capitanes de la industria "y fundamentalmente los bancos acreedores— que se transformaban en la base social de la “democracia” luego de haberlo sido de las dictaduras y aún de la “transición” entre una y otra. Esta “modificación" no constituye de ningún modo una "revolución”; su importancia radica en que pone en evidencia el inicio de la desintegración del Estado burgués y la conquista por parte de las masas de un campo más amplio de actuación, que de nada les serviría, por supuesto, si se someten a la política de gobiernos y partidos democratizantes. Ahora, Solidaridad (30/5), al comentar las elecciones municipales paraguayas, no sólo omite los escasos 700 votos de su PT paraguayo (0,4%) sino que aprovecha la oportunidad para ratificar su teoría oficial. “A pesar de haber sido derrocado Stroessner —dice— en el curso de una revolución democrática que llevó al poder a su yerno, el general Andrés Rodríguez, el aparato totalitario de la dictadura no había sido desmantelado”. Así caracteriza el Mas a un típico golpe de Estado motorizado por un sector del ejército, sostenido por la diplomacia norteamericana, la Iglesia y el conjunto de las burguesías latinoamericanas. El aparato totalitario del Estado no fue desmantelado, no “a pesar” de la “revolución democrática" sino gracias precisamente a ella, porque su pretensión fue pegar un viraje en el timón del Estado, nunca destruir el barco. Todo esto revela el carácter democratizante del Mas, que toma como eje para caracterizar a un proceso o etapa política y al régimen que se asienta sobre ella, a la “democracia" como abstracción, sin importarle su carácter de clase ni la base social que lo sustenta.

El dirigente de la central sindical uruguaya PIT-CNT, Luis Romero, acaba de declarar su apoyo a la creación del Mercosur, en la línea ya establecida por el Frente Amplio, aunque reconoce al mismo tiempo que el objetivo del acuerdo es atropellar brutalmente las condiciones de trabajo y empleo de los obreros. “Están cortando por el lado económicamente más débil”, “los que van a sufrir más las consecuencias van a ser los trabajadores”; “las empresas para adaptarse y competir... van a abaratar costos despidiendo trabajadores o enviándolos al seguro de paro". Sin embargo, agregó Romero, “aún a pesar de todos los males preferimos estar dentro del Mercosur y no afuera” (La República, 4/6). Para el dirigente del PIT-CNT, como para el FA, es posible un “apoyo crítico" a la integración del Cono Sur bajo la batuta de los monopolios, con lo cual proclama la vigencia de la cuadratura del círculo. Cualquier persona normal puede comprender la contradicción inconciliable, que ninguna “crítica” podría corregir, entre un planteo de cesantías masivas impuestas por la crisis capitalista y la defensa del derecho al trabajo y a la subsistencia de la clase obrera. Romero como el FA dan por consumada la llamada "modernización" del capitalismo, la que no es más que un planteo de destrucción de fuerzas productivas, que se encuentran “en exceso" (sobreproducción) frente a la capacidad de demanda del Estado. Los planteos de “integración” responden, precisamente, a la necesidad de destruir una parte del capital existente y a la necesidad de ofrecer al capital que sobreviva la posibilidad de un mercado mayor y una reestructuración de mayor alcance internacional. El F.A. de Uruguay ha abandonado la reivindicación del no pago de la deuda y está discutiendo también la política que le permita formar gobierno con colorados y/o blancos a partir de las elecciones de 1994. “Previsor”, el F. A. apoya el Mercosur porque éste responde a la política de sus futuros aliados gubernamentales. Un integrante del F.A. (Movimiento 26 de marzo) hizo notar recientemente que el apoyo al Mercosur (quien a su vez se prepara para discutir un acuerdo comercial de 4 + 1 con Bush) equivale a una política de aislamiento de Cuba. Al autor de estas observaciones parece habérsele escapado que la política del “castrista” Frente Amplio, o del “castrista” P.T. de Brasil, se orienta con toda intencionalidad a “reintegrar” a Cuba a América Latina, para lo cual Cuba deberá “adecuar” sus instituciones políticas (restaurar el Estado burgués) para compaginarlas con la de los Estados “hermanos”. Es claro que la respuesta al Mercosur no puede ser “gracias, no fumo”, o limitarse a un voto adverso en el Congreso. La política contra el Mercosur debe consistir en la lucha de defensa de los trabajadores y de la independencia nacional contra la destrucción capitalista mediante la acción directa de las masas y un sistema de reivindicaciones transitorias que desenvuelva las luchas inmediatas en una lucha por el poder. Ahora precisamente los trabajadores uruguayos tienen que enfrentarse a su “Acindar” y a su “Somisa”, como consecuencia de las cesantías masivas de Funsa, el monopolio uruguayo del neumático. Funsa está afectada, en realidad, por una verdadera debacle del mercado mundial de este rubro, como lo prueban las cesantías masivas de Michelin y Firestone y la virtual quiebra de Good Year; o como también lo muestra la guerra comercial entre estos pulpos, que en Argentina se expresa en el intento de acabar con Fate. Es decir que las contradicciones del capital llevan a terribles golpes contra las masas. El “apoyo crítico” al ataque organizado de los monopolios delata la pretensión de “arbitrar" la crisis capitalista, “encauzarla", subsidiarla por sobre todo, a costa de una mayor miseria y superexplotación del pueblo.

La guerra comercial agrícola entre EE.UU. y los países europeos le ha dado un golpe mortal a la pretensión de la oligarquía y de los exportadores argentinos de tener cautivo el mercado brasileño. Primero fue el anuncio de que EE.UU. había ofrecido venderte a Brasil 700.000 toneladas de trigo a precio subsidiado (30 dólares por tonelada). Luego fue el anuncio de que EE.UU. había ofrecido 400.000 toneladas de arroz a Brasil. Clientes tradicionales de Argentina en aceites, como Méjico y Venezuela, a su vez, “concretaron operaciones con aceites vegetales de EE.UU. utilizando el conocido EEP (Programa de Apoyo de las exportaciones)” (El Cronista Comercial, 31/5). Por último, los países del Mercado Común Europeo concretaron con Brasil la venta de 100.000 toneladas de carne “a un precio preferencial, que desplazó a la oferta argentina” (Diario de Río Negro, 22/5). ¿Mercado cautivo?... las pelotas Uno de los primeros acuerdos establecidos en el Tratado de Integración de Argentina con Brasil fue el relativo al trigo, que establecía el compromiso brasileño de adquirir volúmenes crecientes de ese cereal. En 1991 se debían alcanzar los 2.000.000 de toneladas como mínimo. También se establecieron protocolos de abastecimiento alimentarios, con prioridad de compra por parte de Brasil. La pésima cosecha de granos de Brasil determinó, sin embargo, un fuerte incremento de las necesidades de compra brasileñas. Esto sumado a la crisis agrícola en la URSS determinaron un fuerte aumento en la cotización internacional del trigo, que pasó de 70 dólares la tonelada, a comienzos de año, a más de 110 dólares en las últimas semanas. Para los grandes productores y exportadores argentinos esto fue como un “maná” del cielo, a lo que se sumó la eliminación de las retenciones (impuestos) sobre las exportaciones, todo lo cual configuraba un enorme negoción para Bunge y Born y la oligarquía triguera: en el lapso de unos pocos meses duplicaron sus beneficios en dólares. Pero, negocios son negocios, y entonces EE.UU. decidió ofrecerle a Brasil 700.000 toneladas a un precio de 85 dólares la tonelada. Alemania también ofreció trigo a ese valor. De inmediato Cavallo y su “troupe” se fueron a Brasilia a protestar en defensa de los Bunge y Born y oligarcas, pero volvieron con las valijas vacías. Brasil ratificó su disposición a comprar el trigo argentino... y también el estadounidense, canadiense, europeo ... De esta manera los competidores de Argentina le pusieron un techo a la pretensión de los exportadores y oligarcas de contar con un precio más alto. Superbeneficios Como señala un gran productor de trigo en Clarín Rural, “ya hemos recuperado casi el 60% en los precios si comparamos el actual nivel y el de diciembre último” (1/6). Aconseja no asustarse por las ventas subsidiadas ya que por los mayores fletes de EE.UU., Canadá o Europa a Brasil, el trigo argentino podría seguir siendo colocado en Brasil a unos 115 dólares la tonelada. Pero indudablemente la oligarquía argentina ha debido repartir estos superbeneficios con las oligarquías y grupos exportadores imperialistas, pulverizando así la pretensión de tener cautivo el mercado brasileño. Paradójicamente, el protocolo de integración agrícola argentino-brasileño, el más avanzado, fue el primero en entrar en crisis por estas disputas monopolistas. Si esto sucedió con el trigo ni qué decir de los demás productos, donde las rivalidades y competencias son mucho más intensas. Todo esto revela que las burguesías latinoamericanas no pueden formar ningún mercado autónomo del imperialismo mundial, sencillamente porque el mercado mundial está dominado por los grandes monopolios y porque ese mercado común no elimina las rivalidades entre las burguesías nacionales. Lógicamente ahora EE.UU. hará valer su presencia triguera en el mercado brasileño para arrancarle a ambas burguesías concesiones de todo tipo. A Brasil por haberle puesto un techo al precio del trigo y a Argentina para no bajar aún más ese techo. Que las burguesías que pretenden formar el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur) conocen mejor que nadie su dependencia del imperialismo yanqui lo revela el simple hecho de que el 12 de junio en Washington firmarán un acuerdo con EE.UU., incorporando a éste como socio privilegiado del Mercosur.

Una visión errónea de los sindicatos de EEUU Oakland, USA, 30 de mayo de 1991 Estimados compañeros: Les escribo porque después de leer algunos artículos de “Prensa Obrera” relacionados al vergonzoso intento de huelga ferroviaria en tos E.E.U.U. creo que tienen una visión errónea del estado del movimiento sindical en este país. En los últimos diez años el porcentaje de obreros afiliados a sindicatos cayó de un 27% al 16% actual y sigue en bajada. De este 16% sólo un 5% trabaja en industrias privadas, el resto es parte de la burocracia federal, estatal y municipal. En los lugares donde hay sindicato, muy “democráticamente”, existen las asambleas mensuales o bimensuales, las que en la mayoría de los casos no pueden llevarse a cabo porque no hay quórum, 1% de afiliados ¡Ni la comisión directiva atiende! Los presidentes y tesoreros de las “internacionales”, centrales, ganan de 120.000 a 200.000 dólares al mes, mientras tos miembros reciben desde 15.000 a 35.000. El argumento para justificar esta estafa es que como ellos tienen que sentarse a negociar con los directivos de las empresas deben hacerlo en pie de igualdad. La última plantada de un sindicato en E.E.U.U. la hizo el local P-9 que representaba a los obreros del frigorífico Hornel de Austin, Minnesota. Después de un año en huelga, la “Internacional” del UFCW no sólo no sacó a la huelga a obreros de otros frigoríficos sino que formó otro sindicato con tos carneros que ya estaban trabajando en Hornel. Esto fue en 1985/86. Al mismo tiempo se daba la huelga de tos obreros de las enlatadoras de legumbres de Wetsonville, California, la que fue una semi-victoria debido a que los obreros formaron una comisión de huelga que dirigió el conflicto al margen de la dirección de tos Teamsters. A partir de ahí la mayoría de las huelgas fueron empujadas por las patronales y resultaron en grandes derrotas como las de las Aerolíneas Eastern, Continental y T.W.A., la del periódico “Daily News” de Nueva York y la de los ómnibus “Grey-hound” que ya lleva cerca de dos años y tos ómnibus continúan el servicio. En el año 1989 hubo unas 145 huelgas en todo el país; en el ’90 no llegaron a 50. En cuanto a la fantochada de la “huelga ferroviaria” bastó una orden del gobierno de volver al trabajo para que la burocracia respirase aliviada. ¿Resistencia de abajo?, ni asomo. Hay que tener en cuenta que el 84% de los obreros yanquis no tienen ni el nivel de conciencia de clase mínimo que se requiere para formar una organización para su defensa económica, el sindicato, y el otro 16% que lo tiene no participa para nada en sus decisiones. La caída del nivel adquisitivo del salario ha sido una constante en los últimos 15 años pero la caída del nivel de lucha también. No hay razones para hacerse ilusiones idealistas en el futuro cercano. Gati

El espectro de millones de trabajadores y estudiantes manifestando en todo el país, debatiendo políticamente, levantando un programa de expropiación de las camarillas burocráticas y creando sus propias organizaciones —en definitiva, la idea de la revolución política— aterroriza a la burocracia china. Incapaz de superar su agotamiento político y la lucha despiadada de sus clanes y camarillas, la burocracia china sólo ha estado ganando tiempo. Para ello reforzó su descomunal aparato represivo, en particular contra el proletariado. La policía política se ha convertido en el verdadero amo en las fábricas y talleres; centenares de obreros de vanguardia fueron fusilados; miles están confinados sin juicio; decenas de miles han sido condenados a trabajos forzados en "fábricas de rehabilitación por el trabajo”, ubicadas en zonas rurales, donde se producen bienes para la exportación. Cumplidas sus condenas, los trabajadores son obligados a permanecer en estas “factorías” bajo un régimen militar, donde están prohibidos incluso los sindicatos "oficiales”, con salarios inferiores al promedio y sin jubilación. La burocracia conjugó el “garrote" de la represión despiadada contra la vanguardia con la "zanahoria" de los subsidios para "comprar la paz social en las ciudades En una expresión verdaderamente gráfica del terror burocrático al levantamiento obrero, la tercera parte del presupuesto nacional fue destinada a subsidiar los alimentos, la vivienda y el transporte y a las empresas estatales ineficientes para evitar los despidos en masa. La “política social” de la burocracia, sin embargo chocó rápidamente con el límite impuesto por “su fracaso para recaudar Impuestos” como resultado de “los lobbys de potentados provinciales” (Le Monde, 3/4) que se niegan a pagarlos. “La rapiña de fondos públicos y la evasión fiscal mantienen su actualidad”, revela el corresponsal del diario parisino (ídem). Como consecuencia de los subsidios masivos y de la huelga impositiva —es decir, del temor burocrático a la clase obrera y de su impotencia frente a los clanes provinciales y los “nuevos potentados"— el déficit fiscal se ha disparado. “El Estado no puede pagar la ‘paz social" reconoció el ministro chino de finanzas (ídem). Acto seguido decretó aumentos masivos de hasta el 100% (en el mayor aumento de precios desde 1960) en los productos vitales de la canasta familiar (arroz, trigo, aceite, etc.). La “cólera obrera” que comenzó a extenderse por las fábricas fue recogida por el Washington Post (29/4). Se trata de un síntoma político del callejón sin salida de la burocracia, que recuerda la ola inflacionaria y las numerosas huelgas de 1988 y que fueron algunas de las causas del estallido revolucionario de mediados de 1989. En el campo chino —que no se benefició de la ola de subsidios— la descomposición económica y las tensiones sociales alcanzan extremos insoportables. Ciento diez millones de campesinos están desocupados y sin ninguna posibilidad de ser absorbidos por la agricultura privatizada o por las industrias rurales estatales. Esta masa de “míseros vagabundos que hormiguean por toda China” (Wall Street Journal, 2/5) está obligada a convivir con los campesinos ricos favorecidos por la privatización de la tierra y las “reformas capitalistas". Para el diario de tos financistas norteamericanos, este ejército de hombres “fuera del sistema (es) enormemente peligroso si encuentra un programa político y una dirección educada”. La perspectiva de una alianza de tos obreros de las ciudades y las masas desposeídas del campo no le quita el sueño sólo a la burocracia china. Después del baño de sangre de Tienanmen, en China se están reuniendo nuevamente las condiciones de una nueva revolución. Trato de “nación más favorecida": China, epicentro del conflicto EEUU-Japón El presidente norteamericano George Bush acaba de proponer la renovación de la cláusula de la “nación más favorecida" en favor de China. Dicho status permite que las exportaciones chinas a Estados Unidos continúen beneficiándose con las menores tarifas aduaneras que se aplican a las importaciones norteamericanas. El mercado estadounidense es el principal destino de las exportaciones chinas, y sobrepasaron a las norteamericanas a China en más de 10.000 millones de dólares en 1990. El superávit comercial chino podría estirarse, según estimaciones, a 15.000 millones de dólares para el año en curso. La resolución de Bush fue objetada por numerosos parlamentarios. El líder de la mayoría demócrata del senado, George Mitchell, acusó a Bush de “usar una norma doble en la cuestión de los derechos humanos, una para China y otra para el resto de las naciones” (International He-rald Tribune, 17/5). Los legisladores también acusan a China de ser un “vendedor irresponsable” de armamento atómico (misiles de corto alcance a Pakistán y de largo alcance a Siria —capaces de alcanzar blancos en Israel) y de pretender fabricar en Argelia un reactor nuclear, capaz de producir plutonio, un condimento básico de las armas nucleares. Algunos congresistas norteamericanos acusan a tos chinos de “deslealtad comercial" ya que desconocen el régimen norteamericano de patentes, violan las cuotas de exportación establecidas en tos acuerdos comerciales y emplean a prisioneros políticos (con costo salarial nulo) para producir bienes destinados a la exportación. Pese a todo, Bush reafirmó su posición y hasta se mostró dispuesto a vetar una posible negativa parlamentaria a su iniciativa. “No debemos aislar a China si queremos influir", argumentó. ¿Qué alcance tiene la influencia que pretende obtener Bush? China es un miembro permanente, con derecho a veto, del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde el territorio chino, Estados Unidos opera una red de espionaje electrónico contra la URSS. Por otra parte, “el papel de China en Asia crece en razón directa de la crisis soviética y de la auto-limitación militar japonesa” (Gazeta Mercantil, 29/12). Todas estas razones son, sin embargo, insuficientes para explicar la decisión de Bush, toda vez que la URSS ha sido un aliado fundamental del imperialismo en la guerra del Golfo y ha jugado un papel "estabilizador" en todo el globo, desde Nicaragua y Chile hasta Sudáfrica y Cambo-ya, y no por ello ha recibido aún el trato de "nación más favorecida”. El objetivo fundamental de la política china de Bush es, sin duda, Japón. Los nipones son los principales proveedores de fondos públicos a China y existe una competencia despiadada entre Japón y Estados Unidos por la radicación de capitales en China, la exportación de alta tecnología (computadoras, electrónicos, aeronáuticos) y la financiación del comercio exterior chino. Esta disputa yanki-japonesa se ha sobrepuesto a las contingencias políticas de todo tipo y a los lamentos oficiales sobre las masacres de Tienanmen y del pueblo tibetano. “El Eximbak (norteamericano) otorgó créditos a China en los meses de la masacre de Tienanmen; nunca se cortaron los créditos comerciales y el presidente Bush aprobó la exportación de tecnología avanzada desde 1989 (año de la masacre de Tienanmen)” (International Herald Tribune, 15/5). El dominio de China es la pieza clave de la lucha entre el imperialismo yanqui y el japonés. Bush no sólo pretende ganar un “mercado” fundamental para la industria norteamericana, sino amputar incluso un “pulmón "decisivo al capitalismo japonés. Paralelamente, un objetivo complementario de los norteamericanos es terminar de desplazar del Asia al imperialismo europeo, en particular al británico que tiene un ingreso privilegiado a China por medio de la colonia de Hong Kong. Jorge Martín

Es común escuchar de boca, tanto de peronistas como de gorilas, que las reivindicaciones obreras y sociales conquistadas bajo el peronismo fueron concesiones graciosas otorgadas desde el Estado. La clase obrera simplemente habría acompañado lo que Perón y la Secretaría de Trabajo otorgaban para conseguir un apoyo social o electoral. Cuando hoy en día los Ubaldini, los De Gennaro y Mary Sánchez se “movilizan” al Congreso para pedir a los legisladores que no revean las “banderas históricas del 45” como el medio aguinaldo, actúan como si los parlamentarios (el Estado) y la clase burguesa que los respalda, hubieran sido los artífices de aquellas conquistas. Antecedentes Cuando Perón se vio obligado a presentar su renuncia el 10 de octubre de 1945, por la presión conjunta de un ala militar y de la Unión Democrática (quienes luego lo encarcelan en Martín García) anunció en un discurso ante una concentración pública que dejaba un decreto a la firma del presidente Farrell, el cual crea el Instituto de Remuneraciones y otorga el aguinaldo. Reclamado desde tiempo atrás, Perón anuncia un decreto sin firma el día que es destituido! La movilización del 17 de octubre obtendría la libertad de Perón y el gobierno militar convoca a elecciones democráticas para febrero del 46. Entretanto, el aguinaldo y otros reclamos quedaron postergados. Félix Luna, en su libro “El 45" comenta que “el decreto se había convertido en los medios sindicales, en algo parecido a un mito”... “era materia de las conversaciones cotidianas de centenares de miles de trabajadores durante noviembre y diciembre”. Como consecuencia de esto, “la presión gremial se fue acentuando en el mes de noviembre y el 11 de diciembre se organizó en Plaza de Mayo un acto Instrumentado por la CGT y la Federación de Empleados de Comercio Instando a su pronta sanción”. El decreto, que finalmente se anuncia el 20 de diciembre, establece el salario mínimo, vital y móvil (que nunca llegaría a aplicarse); otorga aumentos de entre el 5 y 25%; y se fija el decimotercer salario (aguinaldo). La reacción patronal-socialistas, comunistas Las cámaras empresarias se opusieron de inmediato. La UIA denunció “la Imposibilidad material de su cumplimiento”. El Colegio y la Asociación de Abogados plantearon la “Inconstitucionalidad” del decreto. Finalmente, en una Asamblea Empresaria en la Bolsa de Comercio, con participación de más de mil delegados de todo el país, se resolvió desconocer el decreto. Félix Luna dice que las patronales tenían condiciones para otorgar los aumentos, esto porque “nada Impedía el traslado de estos aumentos a los precios y la experiencia mundial demostraba que tardaban menos los aguinaldos en salir de las empresas que en retornar”, pero ”que lo Inaceptable para la mentalidad empresarial de aquella época (de todas las épocas) era que rompía la tradicional relación patrono-obrero”. El Partido Comunista y el Partido Socialista rápidamente sacaron resoluciones políticas que se oponían a estas conquistas. Las caracterizaban como “fascistas”. Codovilla planteará que el aumento de salarios debe ser seguido por un aumento de producción. Los sindicatos dirigidos por estos partidos (metalúrgicos, construcción, calzado, etc.) se pronunciarán en contra del aguinaldo y harán frente común con las cámaras empresarias. La reacción obrera Ante la negativa patronal a pagar el aguinaldo, la Secretaria de Trabajo se limitó a sacar un comunicado “recordando que el plazo para pagar el aguinaldo vencía el 7 de enero” (Luna). “Mientras tanto, la negativa patronal a cumplir con el decreto desencadenaba una proliferación de paros espontáneos, desautorizados por la CGT (!!!) en los frigoríficos, el puerto, los ferrocarriles y en varias ciudades del Interior”, dice Hugo del Campo en su libro “Sindicalismo y peronismo’’. “En todas partes menudeaban los Incidentes más o menos violentos”. Félix Luna coincide con esto: el 8 de enero “empieza a extenderse un clima de huelga general”. En Córdoba, la CGT declara un paro por 24 horas; La Plata y Rosario se van paralizando. Los trabajadores rosarinos paralizan el transporte. Al cabo de 48 horas las patronales ceden, pagan el aguinaldo y se reanuda el trabajo. Los paros, sin embargo, se multiplican (Barracas, Berazategui, etc.). En la noche del 8 de enero muchos comercios céntricos son ocupados por sus trabajadores. “La huelga general se extiende a todas partes” (Historia de la legislación del trabajo, Sylvester). Las Cámaras patronales reunidas deciden contragolpear: convocan por primera vez en la historia del país a un “lock-out" (cierre general de empresas) a efectivizarse entre el 14 y 16 de enero. “No hacen las fuerzas productoras (sic) una cuestión de dinero —decía la declaración difundida por las patronales— defienden... principios esenciales”. Denuncian que “se han producido numerosas huelgas; es nutrida la lista de fábricas y negocios ocupados por el personal”. El cierre patronal se cumplió en forma total. La Nación (15/1/46) afirmaba: “Jamás habían realizado las fuerzas vivas (sic) del país una demostración tan elocuente”. El PC, por su lado, opinaba que “El lock out en su conjunto (sic) y en su gran mayoría (sic) tuvo y tiene un contenido de lucha contra el fascismo” (Orientación, 16/1/46 — “Minoritariamente" podría ser que hubiera patronales negreras). Pero las huelgas y ocupaciones consiguen romper el frente patronal y obligan a pagar el aguinaldo. La Cámara de Grandes Tiendas de Buenos Aires, el transporte de la Capital, y las patronales gráficas, pagan. Luz y Fuerza anuncia un acuerdo para cobrar (la patronal eléctrica en 1945/46 es la Chade). Una semana más tarde las entidades y cámaras empresarias otorgan “libertad de acción” con relación al aguinaldo. La conquista había sido arrancada por una virtual huelga general y aún por ocupaciones de empresas, algo que supera al 17 de octubre. La traición de la izquierda contribuyó a que este formidable ascenso de las luchas fuera canalizado electoralmente por el peronismo el 24 de febrero de 1946. Desde entonces los trabajadores han resistido con la lucha cada intento patronal por arrebatar sus conquistas sociales. Hoy, cuando el peronismo avanza en los intentos de liquidar una conquista impuesta por la presión primero, y la acción, después, de las masas, no queda otro camino que el de retomar las históricas movilizaciones de nuestra clase obrera: organizar la huelga general y la movilización política a Plaza de Mayo.

El lunes 2, una numerosa, combativa y extraordinaria asamblea de estudiantes de Medicina resolvió tomar la facultad para impedirle la entrada a la trenza profesoral “fassista" que está “parando" para reimplantar el examen de ingreso. La radicalización del movimiento estudiantil, que fue creciendo como respuesta al acuerdo limitacionista entre Fassi y el “democrático" y radical rector Plastino, ha pegado un nuevo salto después de que una minoritaria reunión de la camarilla derechista ratificara la continuidad del paro reaccionario. La ocupación de la facultad, impulsada ahora por la Franja Morada (anteriormente se había opuesto), fue votada unánimemente por los 500 compañeros presentes en la asamblea, con la sola excepción de un dirigente del "centro-izquierda" socialista popular de Estévez Boero, el que fue silbado y repudiado por carnero. Pero la toma, es decir, la acción directa de los estudiantes, no es otra cosa que la confesión inequívoca del fracaso e impotencia de la "Comisión negociadora" que fue constituida por el Consejo Superior (que preside Plastino) y apoyada por los franjistas para "convencer” a los limitacionistas de que vuelvan a la “legalidad"... A medida que se profundiza la lucha estudiantil, la camarilla “fassista" se desmorona. Bajo presión de los estudiantes movilizados, ya son varias las cátedras que en los últimos días están dictando clases, lo que ha llevado al propio Fassi a amenazar con su renuncia si el "paro” pierde aire. El testimonio más concluyente de que la trensa está desmoralizada, dividida y en crisis es la actitud de la Upau (Ucedé) que, siendo partidaria del examen de ingreso, ha tomado distancia de los "fassistas” porque los considera una causa definitivamente perdida. La lucha de los estudiantes de Medicina se está convirtiendo en una lucha de toda la comunidad universitaria. La Unión de Juventudes por el Socialismo, que apoya activamente la lucha, propone: 1 - Generalizar la ocupación a todos los estudiantes de la Facultad, organizándola curso por curso para garantizar su masividad y contundencia; 2 - Que se convoque a todo el movimiento estudiantil, docente y no docente a pronunciarse en apoyo a la toma ya enviar delegaciones que marchen sobre la facultad de Medicina para solidarizarse con la ocupación; 3 - Reclamarle a la FULP la convocatoria a una gran marcha de todos los Centros de Estudiantes para ganar la calle “a lo Catamarca" hasta la derrota incondicional de tos “fassistas”. ¡Abajo el plan Fassi-Plastino! ¡Fuera tos limitacionistas de la Facultad! ¡No al examen de ingreso! ¡Aumento inmediato del presupuesto universitario! ¡Aumento salarial de emergencia para docentes y no docentes! Último momento: Traición de Franja Morada El viernes 7 el Consejo de Medicina aprobó una resolución, con el voto de Franja Morada, instaurando el examen de ingreso para 1992. Los radicales habían impulsado el levantamiento de la ocupación para facilitar un “arreglo” negociado pero el resultado fue le reimplantación del examen, que los franjistas pretenden presentar como una victoria porque en lugar de aplicarse este año se postergó para el próximo. Es necesario rechazar la reaccionaria resolución e impulsar una nueva ocupación de la facultad para rechazar definitivamente el examen de ingreso.

Apenas reabrió la planta, la patronal de Acindar reanudó su ofensiva contra los trabajadores. En una de las secciones —decapado— los obreros se encontraron con que la planta había sido “alquilada" a una “empresa" (testaferro de la propia Acindar, según denunciaron luego fuentes gremiales). Obreros suspendidos comenzaron a ser citados para proponerles comenzar a trabajar en caso que pidieran el retiro “voluntario" (!) a Acindar y conchabarse luego en la empresa “trucha"... como personal contratado. La patronal comenzaba a explotar, de este modo, todas las condiciones del “acta-acuerdo" que firmó la UOM-Villa, donde se instituyen los retiros voluntarios y se condena al 80% de los obreros a permanecer suspendidos cobrando un subsidio miserable. En asambleas realizadas en Rosario y en Villa se reveló una creciente desconfianza obrera hacia este “acta-acuerdo". Piccinini y Paulón la defendieron y llamaron a que “cada trabajador” rechace las provocaciones de la patronal para no quebrar la “tregua" impuesta por el acta. De este modo, la directiva de la UOM-Villa se ha declarado “cesante" frente a los despidos que se vienen y ante cada una de las provocaciones patronales en curso. Pero la convicción de que el "acta-acuerdo" es una hipoteca está ganado terreno entre tos metalúrgicos de Villa. Hay que apoyarse en esta tendencia para exigir a los sindicatos una respuesta colectiva frente a la patronal cesanteadora y preparar la lucha por el reingreso de todos a la planta. Corresponsal Somisa: Los pulpos al acecho Según reza el decreto de su designación, Jorge Triaca asumió la intervención de Somisa para “racionalizar, renegociar las condiciones de trabajo y tomar decisiones convergentes con la privatización de la compañía”. Poro la primera de estas “decisiones convergentes” fue adoptada por el gobierno con anterioridad al nombramiento de Triaca: la banca oficial le retiró a Somisa avales y créditos para la compra de insumos, colocando a la empresa ante la perspectiva de su paralización en 30 o 45 días. Como lo explicó Erman González a gremialistas nicoleños, la designación de Triaca podría significar “la potabilidad del auxilio financiero a Somisa” (El Norte, 30/ 5). Pero Triaca “significa” cesantías, “desprenderse de entre 3000 y 5000 operarios” (El Cronista, 19/5), flexibilidad y miseria salarial y ya ha debutado con la negativa a otorgar el 40% de aumento salarial que pactó la UOM en el orden nacional. El ultimátum del gobierno es claro: “o el plan de Triaca, o se baja la cortina”. Al acecho “Se habla de una combinación Citicorp-Techint, y de otra Morgan-Acindar como los más firmes candidatos”, dice El Cronista (20/5) al referirse a la privatización de Somisa, la cual se efectivizaría con títulos desvalorizados de la deuda ,es decir, sin poner capital. Techint o Acindar integrarían su producción con aquellas líneas de Somisa que actualmente abastecen a sus plantas. Al mismo tiempo, procederían a liquidar aquellas actividades de la planta nicoleña que hoy compiten con sus productos finales, con lo que quedaría reducida a una sección de las acerías de Rocca o Acevedo. Luego de haberle comprado por años chapa y palanquilla a precios irrisorios, estos grupos completarían ahora el negociado, comiéndosela. Cualquiera de estas variantes implicaría la cesantía del 70% de los obreros de Somisa y en general, de la siderurgia argentina. El ultimátum de Menem, es por lo tanto, trucho: el plan Triaca es la liquidación de Somisa. Los buitres revolotean sobre Somisa. El saqueo sólo puede ser impedido mediante una gran acción obrera. UOM – Villa: La patota continúa El pasado jueves 30, José Zárate — activista despedido de Acindar y militante del Mas— fue agredido en el local de la UOM de Villa, por integrantes de la comisión interna adictos a la dirección de Piccinini. El ataque a Zárate —que fue precedido por diferentes provocaciones y amenazas verbales contra él y sus familiares— no constituye un hecho aislado. Semanas atrás, Miguel Osuna — militante del PO— fue atacado por una “patota” piccininista mientras difundía “Prensa Obrera” en un barrio villense. Un ataque similar se produjo contra otro militante del PO cuando volanteaba la puerta de Acindar. El “pluralismo centroizquierdista” es una farsa, cuando se trata de someter a las organizaciones obreras a las pretensiones patronales. Hay que encarar una enérgica campaña de denuncias y pronunciamientos frente a estas agresiones piccininistas contra el activismo obrero y la izquierda.

Hace 15 días el gobierno nacional dio a conocer una serie de pautas para la próxima zafra, entre otras el cupo anual de producción establecido en un 30% por debajo del potencial de producción de caña, para impedir la caída del precio del azúcar; y la libre negociación entre cañeros e ingenios sobre la remuneración de la caña, con lo cual se pretendía reducir el precio de ésta a favor de la sobreproducción existente. Pero ahora el gobierno nacional anunció otra medida más que autoriza a los ingenios a comercializar el azúcar de las cañas abastecidas por los cañeros, en reemplazo del régimen actual que los obligaba a entregar parte de ese azúcar, en concepto de pago de la caña, para que los cañeros lo comercializaran a través de cooperativas. Con el nuevo régimen los ingenios exigirán quedarse con el azúcar y le pagaran a los cañeros cuando la hayan vendido, obteniendo así una financiación a tasa cero de interés. Tanto la CACTU (grandes cañeros), como la UCIT (pequeños y medianos cañeros) denunciaron estas medidas, y pidieron la renuncia de Dionisi, Director de la Dirección Nacional del Azúcar, un hombre de la Fundación del Tucumán. Para los cañeros esta disposición acaba con las cooperativas cañeras, que habían crecido al amparo del anterior sistema de comercialización del azúcar. Con la disposición se cumple un viejo reclamo de los ingenios, que podrán volver a monopolizar la parte más rentable de la producción azucarera que es la intermediación. Por otro lado, tanto la CACTU como la UCIT denunciaron que el Ministerio de Economía se aprestaba a establecer un sistema que autorizaría la molienda de todo el cañaveral excedente, para evitar que el precio del azúcar suba por encima de determinada franja, ofreciendo la exportación de azúcar compensada con reembolsos en el caso de una caída “excesiva” del precio. Los cañeros han señalado que estas medidas borrarían el acuerdo base, pues ya no habría un cupo anual ni tampoco ninguna cupificación de la producción cañera Se pondría en marcha de este modo la “desregulación” por la que abogan los grandes monopolios, en perjuicio de los cañeros medianos y pequeños. En ese marco las organizaciones cañeras han planteado que hasta que no se aclaren todas estas pautas no piensan contratar la caña, no van a firmar los acuerdos salariales y en el caso de la UCIT impulsaría una movilización. Pero los doce ingenios tucumanos acordaron, por su lado, un sistema de regulación de la producción y de la comercialización, que reparte el cupo asignado a la provincia, pero dejando de lado a los ingenios San Pablo y Leales y otorgando una cuota bajísima al Florida y al Agüilares, que no firmaron el acuerdo. El acuerdo contempla reclamar a la Intervención Federal la rebaja de los impuestos provinciales y municipales, y aquéllos que gravan los fletes del transporte de la caña y del azúcar. Por otro lado plantean un sistema de libre contratación de la caña, o sea que han desechado pactar un precio general con los cañeros. En este cuadro, el panorama de esta zafra se presenta explosivo, con una perspectiva de agudizamiento del enfrentamiento cañero-industrial, el derrumbe de ingenios y la ruina de importantes sectores cañeros. En este cuadro, los trabajadores que vienen de desarrollar una importante lucha, deben tomar conciencia de toda esta situación, porque tanto la patronal de los ingenios como la cañera, no dudarán en descargar sobre el salario y la fuente de trabajo, el peso de la crisis. En ese sentido, más que nunca está planteado preparar la organización de Comités obreros elegidos en asamblea, que preparen la lucha por una zafra de todo el cañaveral; control de la producción y de la comercialización por los trabajadores y pequeños cañeros; cobro compulsivo de los impuestos a las grandes patronales; expropiación de los ingenios y latifundios cañeros, bajo el control de los trabajadores. Centroizquierda en Tucumán: Anclado en la derecha La candidatura de Bussi ha sido el pretexto para que un “amplio” sector del centroizquierda provincial se pasara con armas y bagajes a sostener la candidatura de Palito, el cual, al mismo tiempo, recibe el apoyo político-financiero de Menem y de un sector de la empresaria Fundación del Tucumán (Banco Roberts). Así se han definido el Pl; la tendencia Nacional del PC (sector iscarista); el PTP; la vertiente tucuman del grupo de los 8; la dirigencia sindical enrolada en el ubaldinismo, entre ellos los degenaristas de ATE; y sectores de los organismos de derechos humanos (APDH, Serpaj, etc.) Todo este rejunte formó parte del Frejupo que apoyó en 1989 a Menem, luego pasó a apoyar la intervención federal de la provincia, y ahora se alinea detrás del hombre que “confortaba" a las tropas con sus recitales durante la aciaga y criminal “operación independencia”. Para esta gente, “cerrarle el paso" (sic) al bussismo justifica el apoyo a Menem y a los monopolios bancarios y azucareros, como si el carácter represivo de Bussi hubiera estado determinado por la leche materna que bebió cuando era niño, y no por la necesidad de defender a esos monopolios contra la rebelión popular en la década del 70. Palito tiene un aliado privilegiado en la Ucede, la cual apoyó integralmente al bussismo en la constituyente reciente, para establecer la clericalización del poder y la anulación de la Legislatura a través de un Tribunal de Control Constitucional. No se ha escuchado que Palito pretenda derogar esta Constitución. Los centroizquierdistas dan con su política un apoyo reaccionario a un candidato reaccionario. Un sector del centroizquieda está constituido por el MTR (Movimiento de Trabajadores Radicales), cuya figura más importante es el ex-diputado Gumersindo Parajón, quien critica severamente estos enjuagues en favor de Palito y la tendencia de un sector de la dirección de la UCR a propugnar un “frente democrático" con el menemismo, a cambio de la intendencia de San Miguel. Parajón es un político que ha llegado a contar con el apoyo de IU, que lo invitó corno orador al acto del 1° de Mayo de 1990, cuando el PO era al mismo tiempo excluido. Pero las limitaciones del planteo de Parajón residen en que simplemente pretende defender la “identidad radical”, un partido que es por todos los poros un defensor de los capitalistas. Parajón apoyó la intervención federal a Tucuman y ofreció sus hombres para ocupar la intervención en los municipios que dirigía el radicalismo, como también apoyó el Frente de Defensa de Tucumán, liderado por los ingenios (Cart). Un procesita de la Unidad Socialista Otra expresión centroizquierdista es la Unidad Socialista, que integró el régimen del destituido gobernador Domato en su condición de miembro del Consejo Económico y Social. La Unidad Socialista apoya a la Intervención Federal, y su único Intendente, Ruiz Olivares, de Monteros, es hoy Interventor del Municipio. El año pasado, la US impulsó activamente la candidatura de Palito, pero ahora impulsa otro frente, con el Partido Federal (que acaba de formar una alianza con Fuerza Republicana en Jujuy), para respaldar la candidatura de Carlos Imbaud. Imbaud fue uno de los fundadores de la Democracia Cristiana e interventor federal de Tucumán en 1962, luego del golpe que derrocó a Frondizi, y también en 1970, esta vez designado por Levingston. En 1984 fue asesor de la Cancillería del gobierno de Alfonsín y en los últimos años fue asesor de la ex Secretaría de Cultura del gobierno de Menem. En un reciente reportaje de La Gaceta, sostuvo la necesidad de una “reconversión" industrial que deje en pie a solo dos o tres grandes ingenios y de una integración de la producción cañera con la de azúcar. Esta “integración" es precisamente lo que acaba de establecer Cavallo al autorizar a los ingenios a comercializar el azúcar elaborado a partir de caña ajena a los mismos, lo cual eliminará a las cooperativas más débiles y provocará la ruina de numerosos cañeros. El frente centroizquierdista de la US-Imbaud es quien más consecuentemente plantea la política de la Fundación del Tucumán a partir de los intereses de la cooperativa capitalista que controla el ingenio Ñuñorco, precisamente en la localidad “socialista" de Monteros. Para completar el cuadro del centroizquierda, está otro grupo, recientemente escindido del PC (Sigal y Dratman). Este grupo trató de formar sin éxito partidos municipales en algunos departamentos. Recientemente, un suplemento de La Gaceta que se edita en la zona sur de la provincia le adjudica una negociación con Palito, aunque también les atrae un retorno a Izquierda Unida, a partir de la propuesta del PC de “un frente amplio y democrático". Palito está procurando ganar el apoyo del centroizquierda, y una manifestación de este interés lo constituye la versión de que llegaría a usar videos publicitarios para exponer la represión de Bussi en Tucumán en 1976/77. Pero Palito solo puede coquetear con esta idea, nunca impulsarla a fondo, porque ella compromete a todos los “capitanes de la industria” de Tucumán y de más allá de Tucumán. El panorama tucumano confirma las denuncias de PO acerca de que el centroizquierda está sólidamente anclado a la derecha y de que se confunde por completo con la llamada centro de recha. Los une una condición de clase común: ambos son pequeña burguesía desesperada por servir de capataz al capital. D.B La huelga de Fotia Luego de 25 días la burocracia levantó la huelga por tiempo indefinido de la Fotia, sobre la base de un acuerdo salarial que lleva el jornal mínimo azucarero a 1.600.000 para marzo (un 53% de aumento). Queda para una próxima negociación en 15 días determinar los niveles de abril y mayo, habiéndose previsto el arbitraje del Ministerio de Trabajo en caso de desacuerdo. Este arreglo está por debajo del reclamo sindical, que acumulativamente era del 62%, pero es superior al 48% que la dirigencia de Fotia estuvo dispuesta a aceptar el 29 de mayo pasado por “pedido" de Menem, del Interventor Federal y Palito. Sin embargo la fiesta se les aguó cuando 3.000 obreros de los ingenios Concepción, San Juan, Providencia, Cruz Alta, etc. marcharon al local de Fotia y obligaron a la dirigencia a dar marcha atrás. A partir de esto la burocracia pasó a desenvolver otra política para quebrarlos. Por un lado difundió el argumento patronal de que el paro servía a los ingenios del norte, que ya habían comenzado la zafra cuando justamente esto era lo que le daba más fuerza para imponer una victoria total. Por el otro, planteó la conveniencia de arreglar separados por ingenio, con el pretexto de la intransigencia de la CART (cámara que agrupa a los ingenios). De este modo logró levantar la huelga en el ingenio Concepción y San Juan. La situación conflictiva, sin embargo, no se ha cerrado por completo porque las patronales cañeras no han firmado el acuerdo salarial, y además está la situación de no inicio de la molienda de los ingenios Florida, San Pablo, Leales y Agüitares. D. B.

En ocasión de un nuevo aniversario del Cordobazo (29 de mayo) el Partido Obrero dirigió a la izquierda y a los sindicatos de Córdoba un llamado para realizar un acto público. La ocasión era especial por el proceso de luchas de los explotados (provinciales y nacionales) y la creciente crisis política. En Prensa Obrera (n° 330 del 13/5/91) ligamos este acto al impulso para un encuentro nacional antiburocrático, al que Bazán había convocado en la Plaza el 1° de Mayo. Una carta abierta del Comité Regional Córdoba insistió en la necesidad de una acción política común de la izquierda para orientar las luchas populares. La respuesta al llamamiento fue, sin embargo, negativa. Este nuevo aniversario del Cordobazo pasó sin que se realizara un acto político reivindicativo, como se lo había planteado públicamente un mes antes. Esta posición abstencionista constituye una adaptación al presente estado de cosas y revela la incapacidad para intervenir en la presente crisis política. La no realización del acto pretendió sustituirse con una “charla-debate” (así fue llamada) a cargo de las directivas de Telefónicos, Obras Sanitarias, Gráficos y la lista Azul y Blanca de Luz y Fuerza. La convocatoria fue realizada con solo 96 horas de anticipación, sin propaganda, sin agitación y sin preparación. Esto fue reconocido por los convocantes. Mario Díaz, por ejemplo, secretario general de Gráficos, dijo que la charla-debate tuvo “límites y grados de desorden fruto de no haber tenido previos encuentros regionales” (Propuesta n°81); o Alberti, de Luz y Fuerza, dijo que fue “un acto casi sin difusión... dado que intentábamos que se transformara en un preacto”. La improvisación, en realidad, traducía la ausencia de propuestas y objetivos clasistas y de lucha. El Partido Obrero concurrió a la “charla”, donde difundió una propuesta de realizar una campaña a favor de la huelga general por un aumento de salarios, por el pago del medio aguinaldo y para oponerse a los despidos y suspensiones. La declaración caracterizaba la descomposición del régimen, la creciente rebelión popular y la necesidad de orientar este proceso en la perspectiva de un gobierno propio de los trabajadores. Las intervenciones que abrieron la “charla-debate” (Bazán de obras sanitarias; Sánchez de telefónicos; Alberti de Luz y Fuerza; Marcelo Frondizi de ATE, Capital; Rogelio De Leonardis de CTERA, La Rioja; y Alvarez de Municipales de Bell Ville) giraron entre la referencia histórica al Cordobazo y la necesidad de construir una corriente alternativa a la burocracia, pero sin decir con qué programa de acción (política hacia las masas) se lograría esta propuesta. De modo que todo no pasó de ser una invocación propagandística. Contrariamente a la exposición abstracta de los disertantes, el debate posterior puso de manifiesto que los 250 asistentes, en su mayoría activistas, delegados, miembros de comisiones internas o de direcciones de los sindicatos, estaban preocupados por determinar un curso de acción. Una delegación de base de Acindar dijo que Piccinini los había entregado “en un acuerdo hecho a medida de los intereses de la empresa”. Pero como no estaba previsto adoptar resoluciones, a pesar de la movilización de los jubilados y del tema del medio aguinaldo, el encuentro quedó en la nada como factor de lucha, aunque seguramente cumplirá algún papel en las combinaciones electorales de la izquierda democratizante para los comicios provinciales. Furgón de cola A pesar de que la actividad del 29 surgió del llamado de Bazán en Plaza de Mayo a que “los trabajadores no sean la columna vertebral sino la cabeza”, el Partido Comunista (que dió trascendencia a esta charla) aprovechó la ocasión para insistir en colocar a la clase trabajadora como furgón de cola de la burguesía. En una edición especial de Nuestra Propuesta del 29/ 5, el Comité regional Córdoba llama a la unidad de la “izquierda marxista y los sectores del campo nacional, popular y revolucionarlo sin hegemonismos... Sin esta unidad es imposible construir el bloque social que produzca el cambio de mano en el poder”, para llegar a una “Patria donde la Justicia social no sea una quimera” (ídem). Cada una de las palabras de este llamamiento está elegida para desarrollar el planteo de que la clase obrera debe diluirse políticamente en beneficio de la pequeña burguesía y que lo mismo debe hacer la izquierda con relación al nacionalismo pequeño burgués y al centroizquierdismo. El llamado del PC no procura “ampliar” nada, pues apunta a inyectar vida a cadáveres políticos, cuando la preocupación revolucionaria debería consistir en plantear un frente de izquierda para profundizar la lucha de clases y superar al democratismo de contenido burgués por la estrategia de la revolución proletaria. Córdoba: “Una alternativa real y posible” El 25 de mayo se realizó en Córdoba un encuentro para construir una “alternativa política real y posible”, dos adjetivos que no auguraban nada bueno, al menos para quienes entendemos que lo esencial es que una política sea consecuente. Aproximadamente 100 personas acudieron a la convocatoria efectuada por el ML 29 y ex militantes del PC (ampliamente difundida a través de solicitadas en el diario Córdoba). Carlos Vicente (ML 29), en su carácter de miembro informante, abrió el encuentro en forma poco auspiciosa, cuando anunció que allí no iba a discutirse la situación política, pues lo que él pudiera “verter sólo serán impresiones personales” ¿Qué autoridad convocante puede tener, entonces, un partido que desciende de lo colectivo a lo “personal" y del análisis a la “impresión"? El confuso debate que se generó a partir de allí en torno a la metodología del encuentro y al tema que debía ponerse en discusión, sólo sirvió para poner de manifiesto que, o la gran mayoría de los concurrentes no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo en ese lugar, o ese no era el lugar (armar una alternativa política) para gente con esas o escasas ideas. La presencia de una delegación de Acindar, que sostenía sin pestañar que su conflicto se había solucionado favorablemente (??), terminó de marcar el total despiste que reinaba allí adentro. No se debatió, naturalmente, ningún programa, porque como dijo uno de los participantes “éste depende del frente que querremos hacer". Es decir que los objetivos (o sea la estrategia) estarán determinados por los medios, y no al revés, una tesis que marca un claro grado de involución del pensamiento lógico. Alardear de “nuevas formas de acción política” (como reza la solicitada publicada en Córdoba) no les sirvió a los convocantes más que para exponer su soberbia y su ignorancia. Los convocantes pretenden una alianza electoral con la Corriente de Transformación Nacional (CTN), que incluye a laicos (Bravo) y clericales (Auyero) y a socialistas y empresarios (Volando, Estévez Boero). Las diferencias con “aliados” tan contradictorios no son planteadas en el campo programático —sólo se limitan a los procedimientos para elegir candidatos. De manera, que en este bloque alternativo renace lo más grosero de la “política criolla” que denunciaba ¡Juan B. Justo! Ahora se entiende qué quieren decir los desencantados del alfonsinismo y del angelocismo (Carlos Vicente) y del menemismo (Viqueira) cuando plantean que la "alternativa” debe ser “real” y “posible” debe posibilitarles que vuelvan a su añorada condición de funcionarios públicos en forma absolutamente “real”. Carlos Tadeo Proyecto Cóndor: Destruyen la planta de Falda del Carmen El gobierno nacional ha creado la CNAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y ha designado como presidente a un hombre de Di Tella, al astrónomo José Saade. La tarea del funcionario (“con un ojo en los Estados Unidos y otro en la planta secreta de la localidad cordobesa de Falda del Carmen” (Clarín 4/6) será la de liquidar “efectivamente" el proyecto Cóndor. La referencia de Clarín a Falda del Carmen no es gratuita ya que la destrucción total del proyecto pasa por desmantelar la planta (que cuenta con herramientas y material super especializado) y diseminar o echar a sus 150 trabajadores. El ojo puesto en los Estados Unidos tampoco es ocioso. El desmantelamiento de la planta no afecta solo al proyecto Cóndor, sino también a la producción de lanzadores satelitales (cuyos estudios están avanzados). Según informó una revista norteamericana especializada, la industria de propulsores satelitales es una de las más redituables: entre 1970 y 1990 sus ventas pasaron de 2.000 a 35.000 millones de dólares con tasas de ganancia del 50% . En el último año las 25 empresas yanquis dedicadas al negocio han tenido un aumento de sus utilidades, del 3,5% promedio. Es decir un negocio redondo que Estados Unidos pretende copar con aval menemista. El desmantelamiento del Cóndor agrega, a las implicancias políticas y militares, el agravamiento de la situación de los 150 trabajadores de la planta. Primero perdieron el premio a la producción cuando se paralizó el proyecto (setiembre del ’90), lo que redujo sus sueldos a la mitad; ahora peligra su estabilidad laboral. Sin embargo esta situación no ha motivado a la dirigencia de ATE a decidir alguna acción. De Genaro y Cía están sumidos en la mayor de las parálisis (a pesar de sus cacareos en defensa del patrimonio nacional) en el momento en que todo el área de Defensa tendrá la misma suerte que Falda del Carmen (Tamse, Area Material Córdoba, Astilleros, etc.) y que los empleados estatales están siendo echados a la calle.

Al cierre de esta edición, la provincia de Santa Cruz se apresta a tomar un préstamo de la banca privada por 12 millones de dólares con el objetivo declarado de pagar los salarios del mes de mayo. El préstamo fue aprobado por la Legislatura radical-justicialista. Había sido recomendado oportunamente como alternativa al cese de los fondos que enviaba el Banco Central y que ya habían provocado la caída del gobernador Granero. La característica de este préstamo nominado en dólares (y con la garantía de los fondos que provienen de la coparticipación y de las regalías) plantea la posibilidad concreta de un agravamiento de la crisis presupuestaria en la provincia a corto plazo. Después de las elecciones, a más tardar, habrá cesantías masivas, como consecuencia inevitable de este endeudamiento. Pero la propia gobernación ya ha reconocido que al 6 de mayo adeudaba a las cajas de previsión y servicios 16 millones de dólares, al banco provincial 11 millones y a los trabajadores 60 millones de dólares (la deuda reconocida por el Estado provincial es solamente una parte de la deuda reclamada judicialmente). Los ingresos a la Tesorería por todo concepto son de 19 millones de dólares mensuales promedio y se pagan sueldos por 14 (sueldos que han caído un 50% en un año y resultan insoportables para la población trabajadora). Frente a esta realidad los docentes vienen realizando paros semanales de 24 horas y huelgas indefinidas cuando se atrasan los pagos. Los empleados públicos han adoptado la misma modalidad de paro después del quinto día hábil. Por otra parte la sustitución de YPF por compañías privadas, habrá de provocar una reducción de las regalías y esto a su turno justificará los despidos en la administración pública. El gobierno ha declarado que pretende Hogar con paz social a las elecciones y ha chantajeado a la opinión pública con el argumento de que si quieren cobrar no hay otra posibilidad real que el préstamo. En una provincia donde el costo de la canasta familiar supera los quince millones de australes, pretenden garantizar la paz social con salarios de dos millones y medio. Se acaba de aplicar un tarifazo en la luz, según el gobierno del 50%, y según los usuarios de cerca de 100%! . El nuevo directorio del servicio provincial de servicios públicos está integrado por 3 personas, de las cuales dos fueron designadas por los sindicatos de Luz y Fuerza (Santa Cruz y Patagonia) ¡¡Mayoría obrera!! y la primera medida que tomaron fue ratificar el tarifazo. Al igual que el gobierno provincial, esta dirigencia gremial no tiene la posibilidad de enfrentar el plan Cavallo y pasa a aplicarlo contra el pueblo. El cierre de YCF e YPF significaría una miseria aún mayor para la población. El préstamo es un intento de separar la lucha potencialmente explosiva de los trabajadores de YCF de los de YPF, y también de los empleados provinciales, por el cobro en tiempo del aumento salarial y el pago de la deuda salarial. El PO viene realizando una intensa agitación en pos de una Asamblea Popular, capaz de unificar la movilización contra el plan económico nacional y en defensa de todas las reivindicaciones de los trabajadores santacruceños. Río Turbio: Trabajadores de YCF ocupan la legislatura Los trabajadores de YCF de Río Gallegos ocuparon simbólicamente la Legislatura Provincial para protestar contra el inminente cierre de la empresa. Esta medida se adoptó al cabo de varias asambleas, en las que se discutió un plan de movilización en defensa de la fuente de trabajo. El cierre de YCF se precipitó esta semana cuando el directorio resolvió suspender la entrega de carbón residual de petróleo, que constituye en la actualidad la única actividad que mantiene la empresa. YCF ha venido sufriendo un sistemático vaciamiento, y en el caso del actual gobierno, desde hace 23 meses bloquea toda entrega de fondos a la empresa y ha ordenado a las empresas públicas que le dejen de comprar el carbón. La razón de todo esto apunta a una privatización que sea un regalo para sus adquirentes. Es el caso de la española ENDESA, que pretende comprarla por moneditas y con un personal fuertemente reducido. Por eso ha instrumentado una campaña a través de sus agentes en el gobierno para demostrar la "inviabili-dad" e “ineficiencia" de YCF y el "alto costo ”del carbón argentino. Sin embargo, los propios estudios realizados por los privatizadores (que sólo trascendieron en la prensa especializada) indican que el “carbón de Río Turbio es excepc energéticos porque tiene un bajo nivel de contenido de azufre, que es diez veces menor al extraído en España” (El Economista, 8/2). Esta ventaja es determinante porque significa que tiene un bajo impacto contaminante sobre el medio ambiente. ENDESA codicia, además, la red ferroviaria que posee YCF, la que “podría transportar entre 3 y 4 millones de toneladas por año”. Los “compradores” se están tomando su tiempo, sin embargo, para adquirir este yacimiento super-lucrativo a precio de chatarra. De un promedio de 400/500 miles de toneladas por año que se producían en 1985/90 se ha bajado a la mitad en los últimos dos años. De los 3.800 trabajadores que había en ese período, hoy ocupa a menos de 2.900. La dirección de ATE Nacional no ha tomado en sus manos la lucha contra el cierre de YCF, como en general no ha adoptado ningún curso de acción frente a los sistemáticos atropellos contra los trabajadores estatales. Pero la movilización de YCF-Río Gallegos empalma con la lucha del resto de los empleados provinciales, con lo que nuevamente se plantea la formación de una Asamblea Popular provincial que tome en sus manos la resolución de las reivindicaciones de los trabajadores y de toda la Provincia.

Las movilizaciones de los trabajadores neuquinos continúan en franco ascenso. El viernes 31, 6.000 trabajadores se reunieron frente a la Legislatura, el martes 4 fueron 7.000 y el miércoles 5 hubo más de 10.000 compañeros en la calle cuando la protesta de los estatales confluyó con la huelga de los docentes. La lucha salarial iniciada por ATE a principios de mayo ha empujado al combate a todos los gremios de la provincia. Los docentes reclaman ahora que se extienda también a ellos la derogación del “presentismo” (exigen que se incorpore al básico de zona) que los estatales obtuvieron al cabo de varias semanas de manifestaciones callejeras. El gobierno provincial ha reculado en su planteo de pagar los aumentos salariales en bonos y ha hecho suya la propuesta de la Legislatura de elevar el básico de 1.000.000 a 1.500.000 de australes. Salvatori afirma que “no se puede dar más”, pero también decía hace sólo dos semanas que los bonos eran el único mecanismo viable para otorgar un aumento. El gobierno está completamente quebrado frente a la movilización popular y cambia el libreto bajo la presión que ejercen las luchas. La movilización popular no deja de crecer debido a que no existe ninguna seguridad de cobrar el aumento ofrecido por la Legislatura. El gobierno lo ha condicionado a “la transferencia de fondos de la nación”. En las asambleas que se realizaron en los distintos sectores de ATE, el debate estuvo centrado en la necesidad de continuar la movilización hasta que se efectivice el aumento. La directiva de ATE planteó reiteradamente que “el aumento era lo mejor que se podía conseguir” y que “era lo único posible”, pero en las actas que firmó con el gobierno también aceptó el principio del pago en bonos con el mismo argumento. No es cierto que el incremento ofrecido sea “lo único posible”. La convocatoria de un plenario de todos los gremios en lucha es la vía para comenzar a organizar la huelga general en la provincia y para imponerle al gobierno hambreador nuestro reclamo salarial.

El ex-fiscal Molinas inauguró con un acto público su campaña a gobernador por Santa Fe. La difusión del mismo dio lugar a una profusa campaña publicitaria en Rosario y sus alrededores. Los organizadores no han dicho, sin embargo, quien financia este generoso presupuesto. El eje común de los discursos del acto fue “luchar contra la corrupción en la provincia”, lo cual, según Molinas, en esta ocasión esa lucha constituía “una opción electoral concreta” (La Capital, 31/5). Molinas solo se refiere a la corrupción "persona/” que tiene lugar entre los funcionarios. Repite, de este modo, la antiquísima consigna abstracta e inofensiva de “manos limpias". No se refiere para nada a la “corrupción capitalista”, que se vale del Esta do para imponer sus intereses de manera perfectamente "legal”. Molinas, Estévez Boero y Cavallero pudieron de este modo hablar durante tres horas sin aludir, siquiera de refilón, al gobierno menemista, a su política fondomonetarista, al saqueo de las provincias para pagar la deuda externa, o mínimamente a la “privatización” del Banco de Santa Fe. Es claro que Molinas pretende co-gobernar con Menem y con la política menemista. Un “modelo” con continuidad Semanas antes del lanzamiento de Molinas, el intendente rosarino Cavallero —puntal de esta campaña “centroizquierdista”—señaló que su modelo de política para Santa Fe es la “continuidad”, como “Córdoba, (que) tiene un proyecto que se viene llevando adelante desde muchos años, desde la gestión del general Chasseing” (La Capital, 12/5). No sorprende, entonces, que Cavallero haya seguido en su gestión municipal los “lineamientos” de Usandizaga. Ni que Molinas quiera proseguir con la orientación de Reviglio-Baclini, signada por el ajuste del presupuesto público a las pretensiones fondomonetaristas. El acto que lanzó a Molinas contó con el apoyo del empresario agrícola Humberto Volando, y también de Alberto Piccinini. El desastroso resultado de la lucha de Acindar —bajo esta orientación— es el mejor retrato de lo que le depara el centroizquierda a los explotados.

En una seguidilla de elecciones sin sorpresas, los candidatos “preferidos en las encuestas” (Angeloz en Córdoba, De la Rúa en Capital, Pugliese en Buenos Aires, Usandizaga en Santa Fe) se impusieron en ¡as internas radicales. Lo que se ha presentarlo como una muestra de la “revitalización" del centenario partido es, en realidad, una muestra de su vaciamiento político y de la manipulación de los votantes por la prensa y los “tomadores de opinión Neustadt style". ¿Cuál es el significado político de estas elecciones internas? La prensa las ha interpretado de una manera caprichosa, cuando no, directamente, interesada. La supuesta “derrota de los aparatos” no se ajusta a las victorias del gobernador Angeloz —que movilizó al aparato del Estado provincial—ni a la de Usandizaga —que ha hecho lo mismo con las intendencias—y menos aún con el de Pugliese en Buenos Aires. La explicación del “triunfo del centro-derecha” es, cuando menos parcial, porque simplemente no puede catalogarse como “izquierdista” a un hombre como Nosiglia, amigo político de Cavalieri, Barrionuevo y la Fortabat. Tampoco puede argüirse que estas internas fueron la oportunidad para que se expresara “un nuevo pensamiento radical" toda vez que todo el mérito del triunfador De la Rúa ha sido callarse la boca frente a los acontecimientos fundamentales del país en los últimos dos años (plan BB, plan Bonex, indultos, envío de naves al Golfo, aguinaldo, etc.). Menos aún puede decirse que hayan triunfado “candidatos éticos" si consideramos la parva de denuncias por malversación de fondos y corruptelas que pesan sobre el santafesino Usandizaga como consecuencia de su paso por la intendencia rosarina. Los derrotados en las internas tienen en común haber ocupado cargos ejecutivos y ministeriales bajo el gobierno de Alfonsín y Sourruille, cuya “Jugada” del 6 de febrero de 1989 puso en serios riesgos a unos cuantos "capitanes de la industria". El hundimiento de los “coordinadores” y el retroceso de Alfonsín —obligado ahora a gobernar la UCR en consenso con Angeloz y De la Rúa— han servido para sintonizar al radicalismo en la onda de un futuro “gobierno de unidad nacional” que opere como recambio ante el inevitable hundimiento menemista. El planteo de un acuerdo y de un gobierno de estas características ha sido, desde siempre, el reclamo del Departamento de Estado y del embajador norteamericano en Buenos Aires. El alfonsinista Pugliese ha sido quien mejor expresó este programa cuando prometió “gobernar con los peronistas”. Las internas radicales traducen las alternativas de la burguesía y aún del imperialismo frente a la crisis política y al hundimiento del gobierno menemista.

Después de meses de indecisión, Duhalde aceptó finalmente la candidatura a la gobernación bonaerense. Es inocultable que lo hizo bajo la presión de Menem, del clan “celeste” y hasta del gobernador Cafiero pero, por sobre todo, de la crisis política. Es que la candidatura del hombre que al reemplazar a Menem designó al sirio Ibrahim en Ezeiza e indultó a los asesinos de Chacabuco parece ser la única posibilidad del Justicialismo para competir por la gobernación bonaerense. Una derrota gubernamental en Buenos Aires —a la que habría que sumar las de Córdoba, Santa Fe y Capital Federal previstas por el oficialismo— significaría una definitiva catástrofe para Menem. La perspectiva de perder la mayoría en la Cámara de Diputados fue calificada por Menem como “desastrosa”. El temor a perder la mayoría en Diputados llevó también al gobierno a colocar como candidato a gobernador de Córdoba a su embajador en Brasil, José Manuel De la Sota, aún en contra de su propia voluntad. “Vuelvo a ser candidato —se sinceró De la Sota— por la urgencia do la crisis” (Clarín, 3/6). Una derrota en Buenos Aires desnudaría la impotencia del gobierno para conciliar los rigores antinacionales de su política con las exigencias mínimas del régimen constitucional. Dejaría al descubierto también las contradicciones de su base social (los “capitanea de la industria") frente a la crisis económica y el “plan Cavallo”. El gobierno pondría de manifiesto su condición de camarilla en descomposición y ello podría ser la antesala de la caída de Menem. La candidatura de Duhalde es una expresión de la crisis política y de la debilidad del gobierno. Las enormes vacilaciones del ahora candidato (un “dependiente de las encuestas”) para aceptar la candidatura estaban dictadas por su escaso “rating" electoral. “Inestabilidad presidencial” La candidatura de Duhalde vacía la “línea sucesoria” del Poder Ejecutivo. Esto ocurre exactamente en el momento en que la “inestabilidad presidencial” se ha “institucionalizado” (Ámbito Financiero, 15/5) como consecuencia de los escándalos de narcotráfico, la inviabilidad del plan económico, los choques de las camarillas gubernamentales, la presión del imperialismo y el odio popular. No es casual, entonces, que un sector de la prensa califique a la candidatura de Duhalde como “un riesgo institucional”. La postulación de Duhalde es también una “maniobra institucional” del clan “celeste” para monopolizar la línea de sucesión de Menem que coloca a Eduardo Menem —presidente del Senado— como reemplazante del presidente en caso de “acefalía”. La candidatura de Duhalde anula la posibilidad de una resolución “natural” en caso de “acefalía” del Ejecutivo. Duhalde se ha tomado por ahora una licencia, pero ya ha dicho que deberá renunciar a la vicepresidencia en caso de ser derrotado. Una candidatura débil La debilidad de la candidatura de Duhalde se puso en evidencia a poco de andar. Proclamó su interés en formar un “frente de centroizquierda” y llevar a Alende como vice-gobernador y pocas horas después ofreció el mismo cargo a los derechistas Santiago de Estrada y Albamonte. La debilidad de Duhalde se revela, también, en su incapacidad para arbitrar la lucha interna del PJ, que se ha agudizado desde su postulación. Barrionuevo no acepta resignar la candidatura de su “pupilo” Carlos Brown. El cafierismo amenaza con ir a una interna frontal si no se le entrega la vice-gobernación y las intendencias claves. Cafiero, incluso, amenazó con adelantar las elecciones para principios de setiembre (lo que perjudicaría a Duhalde) si éste no se aviene a un acuerdo. La candidatura de Duhalde es una expresión de la disgregación del justicialismo. Pero donde se revela la enorme debilidad de la candidatura de Duhalde es en el hecho de que está obligado a cargar con todos los lastres del oficialismo, provincial y nacional. No puede “diferenciarse” abiertamente de Cafiero por cuanto necesita de los hombres y del aparato partidario que éste domina. Pero por sobre todo no puede “diferenciarse” del gobierno nacional. “No me atrevería a contradecir a Cavallo” (en la cuestión del aguinaldo) confesó el candidato (Clarín, 30/5). Una “separación” de Duhalde del gobierno sería un “exocet” para el plan Cavallo cuya estabilidad está sostenida con alfileres. Pero cada uno de sus apoyos al gobierno nacional es un golpe demoledor a sus posibilidades electorales. La candidatura de Duhalde es una alquimia política que no salvará a un gobierno que se hunde irremediablemente.

La expulsión de los jubilados de Plaza Lavalle por la Guardia de Infantería, a las cuatro de la mañana, y la amenaza del ministro Mera Figueroa de dictar el estado de sitio retratan, de un lado, la ignominia moral del menemismo, y del otro, su imparable descomposición política. Después de haber vaciado las cajas, después de haber reventado los fondos previsionales, después de haber desconocido el pago de las sentencias judiciales por deudas previsionales, el envío en medio de la oscuridad de la Guardia de Infantería para desmontar la olla popular de los jubilados es el punto final que revela lo que Menem entiende por “darles a los jubilados la prioridad número uno de mi gobierno”. El ataque artero desnuda también la debilidad política del gobierno, que ha sido incapaz de levantar la movilización de los jubilados por “otros medios”. Hipocresía y fracaso político La lucha de los jubilados se extendió y profundizó después de los anuncios de Cavallo del viernes pasado, a los que Menem calificó como “la solución definitiva”. Los anuncios de Cavallo fueron una descomunal burla a los jubilados, por eso exasperaron su lucha. El “aumento” de 300.000 australes recién se cobraría en agosto y está sujeto a la aprobación parlamentaria del aumento de la alícuota del IVA, que es exactamente lo que viene reclamando desde hace meses el FMI. El lloroso ministro, que no quiere pagar los aguinaldos porque provocarían inflación, aprovecha el drama de los jubilados para aumentar impuestos que incrementarían el precio de las mercaderías muy por encima de lo que podría hacerlo un miserable medio aguinaldo. El ministro también anunció el “pago" de las deudas a los jubilados por incumplimiento del pago del 82% — que en épocas alfonsinistas fueron reducidas de 20.000 millones a sólo 5.500 millones de dólares— mediante un bono a cobrar en un plazo de 16 años ... y que sólo comenzará a amortizarse dentro de siete. Como los bonos podrán utilizarse para las privatizaciones y el pago de deudas previsionales e impositivas —actividades en las cuales los jubilados, evidentemente, no participan— los que harán su verdadero “agosto" con los bonos previsionales serán los banqueros y los “capitanes de la industria" quienes los comprarán por “chirolas" a los jubilados y los canjearán al Estado por su valor nominal. El ministro repite con los jubilados —en una escala superior— la estafa del padre de María Julia con el “empréstito 9 de Julio”. ¿No hay plata? Otra mentira El ministro Cavallo anunció a los jubilados que no podía hacerse más porque “no hay plata”. Correctamente, los jubilados lo mandaron a decirles a los banqueros que “no hay plata”. Es definitivamente falso que “no hay plata”, cuando solamente la evasión previsional es del orden del 50%, unos 4.000 a 5.000 millones de dólares. El dinero de esta evasión permitiría un aumento de las jubilaciones de 500.000 a un millón de australes por mes. Pero por otro lado, el gobierno acaba de reimplantar la “promoción industrial” (subsidios a los capitalistas), derogó las retenciones (impuestos a la exportación) y los impuestos internos (en los “acuerdos sectoriales”) y promueve una reforma impositiva que reduce el impuesto a las ganancias capitalistas. El ministro que dice que “no hay plata” ha llevado adelante, sin embargo, una política conciente de liquidación de los ingresos de las Cajas previsionales. Derogó la aplicación de los impuestos sobre las tarifas telefónicas destinados a las Cajas, los que fueron embolsados por la Telefónica-Citibank y la Telecom ya que las tarifas no fueron reducidas. Ahora ha reemplazado un impuesto no evadible (el impuesto a los combustibles con destino a las jubilaciones) por otro evadible y que además se irá a la lona con la “ley de empleo” que legaliza el “trabajo en negro” (los aportes del FONAVI). ¿Cómo se explica esta contradicción en la conducta ministerial que, mientras reduce las fuentes de financiamiento del sistema previsional, “llora” que “no hay plata”? Ocurre que el objetivo estratégico del gobierno es la privatización del sistema previsional tal como lo exigen la banca y el FMI. Como se hizo en Chile, los jubilados actuales —y quienes no acepten pasar al sistema privado— percibirán entonces una “jubilación asistencial” que será solventada con fondos impositivos. Esta “jubilación" necesariamente debe ser una miseria para “inducir” a los trabajadores en actividad a inscribirse en los fondos privados. La degradación física de los jubilados no es una “fatalidad” ni siquiera una “falta de previsión” sino una necesidad del gobierno y de los banqueros para imponer la privatización previsional. “Cavallo/12” La extensión y la profundidad del movimiento de los jubilados revelan la tendencia de las masas a chocar con el Estado burgués, una tendencia que se expresa en cada lucha del movimiento de masas (como los estatales de Neuquén o los docentes tucumanos). La inmensa solidaridad popular que han recibido los jubilados impidió al gobierno atacar frontalmente al movimiento. Por eso recurrió a un camino tortuoso, acusando a los jubilados de dejarse “manipular” por “infiltrados”. La “novedad” de una explicación que no es nueva, es que esta vez se trataría de infiltrados “derechistas” en lugar de la consabida “ultraizquierda”. La otra novedad es que fueron los democratizantes de “Página 12” los que tomaron la iniciativa del ataque contra los jubilados, por supuesto que en nombre de la “defensa de la democracia”, al cual luego se unió el gobierno. Horacio Verbitsky clamó contra la “derecha revolucionaria” en un evidente contrasentido lógico que sólo puede explicarse por su indoblegable empeño en combatir la revolución. Verbitsky se hace el distraído con la auténtica derecha —los banqueros, el FMI, los “capitanes de la Industria”, Alsogaray— que no sólo no “auspicia" la olla popular sino que urge al gobierno a que termine con ella, contratando Incluso los servicios de Verbitsky. Los “perspicaces” “Cavallo/12” no se han percatado que el gobierno puede haber tolerado —y, en alguna medida, hasta alentado— la presencia de los elementos derechistas como una vía para desarmar un movimiento que va mucho más allá de las reivindicaciones riquistas de la “dignidad” o el “negocio" de los juicios de Gioannini y que por supuesto no tienen nada que ver con ella. Precisamente porque entre el gobierno indultador y los derechistas existe más de un vaso comunicante y más de un interés común —que no son claro, los jubilados—, el editorialista de Clarín (6/6) pone en boca de los funcionarios gubernamentales que “por allí (Gioannini) podrán encontrar una salida no traumática para esta difícil disyuntiva”. Verbitsky se ha transformado en enemigo de tos jubilados porque defiende a la “democracia” que los condena a la miseria y a la desesperación en nombre de la “democracia”. Con esto revela que le importan un bledo tos jubilados y también que le importa un bledo la democracia, ya que sostiene a un gobierno que despóticamente ha desconocido los derechos de tos jubilados y las resoluciones de los tribunales. La primera preocupación para todo demócrata es como llevar a la victoria la lucha de los jubilados, lo que naturalmente no podrá hacerse de la mano de los derechistas. Esta política pasa por impulsar a fondo la movilización de los jubilados, multiplicándolas, ligándolas a tos reclamos del movimiento obrero contra el fraccionamiento del aguinaldo, contra tos despidos y la miseria en un reclamo político de conjunto: ¡Abajo el gobierno hambreador! ¡Que se vaya Cavallo!

Hace ya dos semanas que Pino Solanas fue baleado después de acusar de “traición a la patria” al presidente “Menem y a las maffias que lo rodean”. El propio presidente prometió en ese momento una investigación rápida. Después de quince días, no hay culpables ni detenidos ni sospechosos ni pistas. Una densa bruma rodea el atentado a Solanas. La “Casa de las Madres de Plaza de Mayo” ha sido sometida a un “régimen” de robos mensuales, todos idénticos, en los cuales los asaltantes no sólo se llevan dinero y objetos de valor sino que, además, destruyen diskettes con información sobre campos de concentración, desaparecidos y represores. Hebe de Bonafini denunció, además, que ha sido amenazada de muerte telefónicamente. El periodista sueco Goran Gester también ha sido amenazado (“a vos te va a pasar lo mismo que a Solanas”) por haber realizado documentales sobre las Madres de Plaza de Mayo y sobre los “chicos de la calle”. Ninguno de los responsables de esta escalada ha sido identificado. No debe extrañar que reine la impunidad para los terroristas bajo un régimen que ha hecho de la impunidad a los genocidas uno de sus rasgos distintivos. El ministro Mera Figueroa aduce que no puede “actuar” porque “no cuenta con las leyes adecuadas”, y responsabilizó al parlamento por no haber aprobado la “ley de seguridad Interior” que patrocina el Ministerio. En una verdadera cumbre de la hipocresía —otro de los rasgos distintivos del régimen menemista— el hombre que no necesita de leyes para enviar a la Guardia de Infantería contra los jubilados y que no se detiene ante la violación de la ley para ordenar el espionaje político y las actividades de provocación contra el PO y el Mas, se escuda en la “ausencia de legislación ”para justificar la impunidad de los terroristas derechistas. El ministro utiliza una escalada contra las libertades públicas —la campaña terrorista que va de la mano de la descomposición del gobierno para promover un ataque masivo contra esas mismas libertades públicas. La vieja regla detectivesca —¿quién se favorece con el crimen?— pone al ministro en la primera fila de los sospechosos de los atentados. La “ley de seguridad interior” que ahora reclama el ministro (y por la cual también abogó Menem en su discurso del 1° de Mayo ante la Asamblea Legislativa) fue elaborada por la Policía Federal. Lógicamente, ésta se reserva el monopolio de la “planificación, inteligencia y ejecución” de la represión interna. Para imponer esta ley, el ministro no ha dudado incluso en chocar con el parlamento. Es que los diputados justicialistas y radicales “consensuaron” a mediados del año pasado una “ley de seguridad interior” que reserva a la policía las mismas atribuciones represivas pero “recorta” sus atribuciones “políticas", subordinándola a una “Comisión” con la participación de los parlamentarios. Este es precisamente el punto que impugnan —en bloque— Menem, Mera Figueroa y la Federal. Los democratizantes ya han comenzado a defender la ley consensuada sin percibir que las diferencias entre una y otra son apenas de grado ya que ambas potencian la capacidad represiva del Estado contra el pueblo. Los diputados, aun protestando, han anunciado que votaran inmediatamente la ley “aun cuando para ello deban postergar la discusión del diferimiento del aguinaldo” Los proyectos reaccionarios y antipopulares del Ejecutivo se acumulan y deben “hacer cola" esperando la capitulación parlamentaria. ¡Carta blanca para los “azules"! Tal es la síntesis menemista de la “democracia”. Ni qué decir que esta ley de “seguridad interior” será un factor colosal de inseguridad para el pueblo toda vez que exacerbará la arbitrariedad policial (¡Walter Bulacio!) y las provocaciones policiales y para-policiales (se ha probado la vinculación de los detenidos en el caso de la profanación de los cementerios judíos con la Policía Federal). La tendencia a la “gendarmerización” del Estado —y aún a su “lopezrreguización”— es la expresión del agotamiento de la demagogia “democrática” y de la imperiosa necesidad de la burguesía de fortalecer al Estado —que no por ello pierde su carácter constitucional— para enfrentar a los trabajadores.

El Senado aprobó “sobre tablas” (sin discusión previa) y prácticamente sin debate la postergación del pago del medio aguinaldo. La media sanción de los senadores autoriza el pago integral para quienes ganen hasta tres millones y medio de australes, lo que fue presentado como una muestra de aguda “sensibilidad social". Esta excepción para los que ganan menos de tres millones y medio rige sólo por única vez y luego de junio “los que menos y los que más ganan" serán divididos en “seis bandas mensuales”. Esto significa que para el medio aguinaldo próximo, la postergación valdrá para todos. Los senadores actuaron así no por “sensibilidad social" sino para dividir a los trabajadores, que en la actualidad se están movilizando en forma creciente. El proyecto también incluye en la postergación a los trabajadores privados. En gremios enteros, como el de los bancarios, las patronales no tendrán que pagar ningún aguinaldo en junio ya que los salarios más bajos superan el fijado por el Senado. Los parlamentarios y el ministro se han puesto de acuerdo en otorgar un monumental crédito a las patronales, financiado por los trabajadores. Este proyecto vergonzoso que liquida el aguinaldo no hubiera podido ser aprobado sin la “oposición constructiva de la UCR”, tal como definió la conducta de su partido el senador radical Héctor Velázquez (Clarín, 7/6). Es que la UCR dio quórum (dos tercios) a la sesión del Senado para permitir el “tratamiento sobre tablas” del proyecto tal como lo exigía Cavallo. La conducta radical revela el apoyo de la UCR al plan Cavallo. “Sí Cavallo se va, todo se derrumba”, reconoció el alfonsinista Adolfo Canitrot (La Voz del Interior, 2/6). Exactamente lo mismo acaba de afirmar el economista angelocista López Murphy. La renuncia de la CGT a llamar a una huelga general contra este atropello, eleva la traición de la burocracia a su pico histórico.

El viernes el gobierno nacional discutió implantar el estado de sitio. ¿Qué había pasado para que en el gabinete se planteara (y se publicitara) esta extrema y reaccionaria medida? Simplemente que la voluntad de lucha de los jubilados se mantiene incólume, como la de los estatales de Neuquén, los de Y.C.F. de Santa Cruz, los azucareros de Tucumán... Ni la presencia de la derecha ni la campaña del centroizquierda contra las movilizaciones hicieron mella en la rebelión de los jubilados. Entonces en la noche se desalojó a los jubilados de la Plaza Lavalle, pero con la advertencia de aplicar y aplicarles el estado de sitio si la movilización continúa. El estado de sitio es un componente esencial del Plan Cavallo. La inflación creciente, los despidos masivos, la lucha entre los distintos sectores monopolistas y capitalistas, las evidencias de que la convertibilidad es fraudulenta son síntomas de que el Plan Cavallo está en la cuenta regresiva... y que necesita ser sostenido por medio de la represión. Cavallo acaba de ratificar que los salarios seguirán congelados, cuando el costo de vida sigue devorando los sueldos y la desocupación y los despidos son masivos. El estado de sitio es además una medida preventiva de la inevitable lucha salarial. En el Congreso, Cavallo lloró delante de los jubilados en un rapto de “sinceridad”... mientras en el gabinete discutió implantarles el estado de sitio. A los jubilados, Cavallo les dijo que no había plata y en ese mismo instante estaba discutiendo con los legisladores un nuevo despojo de fondos a las Cajas de jubilaciones. El año pasado, el gobierno eliminó el impuesto telefónico que se destina a las Cajas de jubilaciones y lo incorporó en la tarifa que perciben Telefónica y Telecom. Redujo también el impuesto a los combustibles que iba a las Cajas y se lo dio a los pulpos petroleros. Ahora Cavallo elevó un proyecto de ley para eliminar por completo el impuesto a los combustibles que se destina a las Cajas y en su lugar propone que vaya al sistema previsional el actual aporte al FONAVI (Fondo Nacional de Viviendas). ¿Por qué este cambio? Simplemente porque el aporte al FONAVI es menor en más de 200 millones de dólares por año a la parte del impuesto a los combustibles que va a las Cajas. De un plumazo Cavallo les sustrae a los jubilados todos los años otros 200 millones de dólares, después de haberles sustraído 700 millones de dólares anuales por la eliminación del impuesto telefónico y la reducción del impuesto a los combustibles. Cavallo continua con el despojo de la Cajas, del mismo modo que sus antecesores metieron mano hundiendo el sistema previsional. Bajo el régimen capitalista no habrá nunca fondos para las Cajas, simplemente porque sobre sus ruinas se quiere dar nacimiento al negocio de la jubilación privada compulsiva. Pero, además, el FMI ha intimado al gobierno a elevar el impuesto a los combustibles. Al eliminarlo como aporte a las Cajas, el FMI y Cavallo pretenden que ni un austral del tarifazo que preparan vaya a los jubilados sino enteramente a pagar la deuda externa. No hay lágrimas que puedan tapar esta política rabiosamente capitalista, entreguista y antipopular. La tarea del momento es rodear a los jubilados y ganar la calle con ellos. Elevar petitorios en todos lados por el aumento salarial y el pago en junio del medio aguinaldo. Hacer frente a los despidos y la desocupación. Para impulsar esas tareas el P.O. llama a un frente de lucha de los trabajadores y la izquierda. El objetivo de ese frente es impulsar y potenciar las luchas actuales, desenmascarar al régimen menemista y sus auxiliares “democráticos” de centroizquierda, para echar a Cavallo y su plan, y luchar por un gobierno de trabajadores.