Prensa Obrera N° 332

Por Patricio Echegaray: El grito del tero No me parece que el tema real sea una discusión abstracta sobre “democracia e insurrección”, sino el uso provocador y macartista que la derecha pretende hacer del asunto. Hay alguna gente que nos quiere cambiar la película, y para colmo pasarnos una que ya vimos y conocemos bien: “Los dos demonios”. Y en definitiva uno, la izquierda. Veamos el país verdadero. ¿Cuál es la violencia que se ejerce cada día y de dónde viene? Es el baleamiento cobarde a Pino Solanas, la profanación del cementerio de Berazategui, la que denuncian las marchas por María Soledad y Walter. Es el plan hambreador y entreguista de Menem y Cavallo, la cesantía, la muerte por hambre dictada contra los jubilados, los genocidas impunes y hasta candidateados, los chicos presos por denunciar el asesinato de Walter Bulacio. La hago corta: todos sabemos de qué se trata. ¿Y la izquierda? Aquí también, cuentas claras. Cada conquista democrática, cada palmo de democracia política, sindical y social, de soberanía popular, lleva impresa la lucha del pueblo y de la izquierda como parte del pueblo. Y hoy como siempre, los trabajadores y todo el campo popular, la militancia y las organizaciones de izquierda, son el blanco principal sobre el que se descarga toda restricción o vaciamiento de la democracia. La derecha propone contraponer en abstracto, fuera de la historia, democracia e insurrección. Que discutan con San Agustín, con Cristo cuando echó a los mercaderes del templo, con la Constitución norteamericana de 1776 y con Juana de Arco. Que la derecha haga su reproche al Cabildo Abierto del 25 de Mayo de 1810, a los obreros de la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica, al 17 de Octubre, a las multitudes heroicas del Cordobazo. Nosotros, los comunistas, estamos del lado de la soberanía popular siempre. También cuando se abre paso contra los que la violan, pisotean, torturan y fusilan apelando a todas sus fuerzas y formas. Pero, insisto: la derecha no está abriendo un debate académico sino promoviendo una provocación política. Querría obtener el desafuero del compañero Luis Zamora y, mucho más que eso, justificar la represión contra la izquierda y encubrir la violencia cobarde de la reacción que retoma con fuerza en estos días. Como el tero, pega el grito en un lado y pone los huevos en otro. Por Néstor Vicente (Idepo): Nada sin democracia La izquierda que represento no tiene pendiente ningún examen respecto a su vocación democrática. Vale decirlo a cuenta de que, cuando se trata el tema, se suele colocar a este espacio de la vida política del país bajo sospecha. No existe sistema con más contenido democrático que el socialismo y deben quedar atrás —si todavía no quedaron— las posiciones de izquierda que entendían el tiempo democrático como un momento de acumulación para otras etapas. La democracia no puede circunscribirse al ámbito económico, como creyeron los protagonistas de las experiencias del llamado “socialismo real”, ni puede acotarse en lo político-electoral como pretenden nuestros partidos tradicionales. Reitero lo que dije el 1° de Mayo del año pasado en la histórica Plaza del NO: “Esta izquierda ha cambiado... nada tiene de aquella izquierda que entendía la democracia como un valor secundario. Hoy, democratizar la política, la economía, la cultura y la sociedad es revolucionario en la Argentina”. Democracia y revolución no son —no deben ser— palabras antagónicas. Aspiramos a construir un Estado democrático que, fundado en la soberanía popular como única fuente legitima de poder, amplíe constantemente los mecanismos de efectiva participación del pueblo en el proceso de toma de decisiones en todos los campos, instalando a la democracia como valor permanente y sustantivo, a ser ampliado y profundizado, y no como característica coyuntural y con tendencia a restringirse cada vez más. Porque creemos en la democracia, no le cortamos las alas. Democracia es protagonismo popular, participación, pluralismo. Debe ser sinónimo de libertad y solidaridad; La democracia genuina implica socialismo. Y es el pueblo el que se da, como en Chubut o Catamarca, sus formas de lucha, de movilización, de presión para que se reconozcan sus legítimos derechos. Es la gente la que decide —sin importarle si ese acontecimiento se define como movilización, insurrección o resistencia popular— escribir su propia historia, en mayo de 1810, octubre del ’45, en el Cordobazo o con el derrumbamiento del Muro de Berlín. No quedemos atrapados por las palabras, lo importante son los contenidos. En resumen. Nada sin democracia. Nada sin la voluntad protagónica del pueblo. Esa voluntad no necesita tutores ni debe ser encorsetada. Por Jorge Altamira (PO): Orientar la rebelión La catástrofe económica, la descomposición generalizada del capitalismo y la situación sin salida en que esto ha colocado a innumerables gobiernos patronales, han generalizado también la tendencia a la revuelta, a la rebelión y a la insurrección en amplios sectores de las masas. Este fenómeno es la expresión subjetiva de la rebelión de las fuerzas productivas contra las relaciones de producción capitalistas que las asfixian y contra el Estado burgués. Pero las revueltas e insurrecciones sólo se convierten en revolución cuando se combinan con un impasse histórico que afecta a todas las clases sociales y que modifica radicalmente los métodos de lucha de las masas explotadas. Es indudable que la Argentina se aproxima de nuevo a una situación revolucionaria así entendida. La incapacidad del régimen democratizante (no llega a tener las características plenas de la democracia formal) para hacer frente a la crisis capitalista y al saqueo de la nación por el imperialismo, es un insuperable factor de impulso de las tendencias insurreccionales en el pueblo. A medida que se desarrolla la resistencia popular se achican las posibilidades del régimen democrático, el cual se convierte cada vez más en reaccionario. Los regímenes democráticos en América latina no son otra cosa que un sistema de garantías jurídicas del pago de la deuda externa al imperialismo. En el convulsionado período actual, incluso los partidos del orden llegan y se van del poder como consecuencia de grandes crisis políticas. Tenemos aquí otra manifestación de la crisis histórica del sistema. Pero los dispositivos constitucionales están concebidos para asegurar la gobernabilidad del Estado en períodos de crisis, y de ningún modo para facilitar el acceso al poder de fuerzas políticas de contenido socialista que puedan emerger como consecuencia de la crisis política. No están al servicio de la soberanía popular sino de su negación. Por eso la tarea política fundamental es desenmascarar a los partidos patronales en todos los terrenos, intervenir en los procesos electorales y parlamentarios con el mismo fin y orientar por sobre todo la rebelión popular que va progresando en el país. Por Luis Zamora: Sólo con la movilización Nosotros reafirmamos nuestra posición de siempre: luchamos por ganar a la mayoría de los trabajadores y el pueblo para el programa de transformaciones revolucionarias que proponemos. Al mismo tiempo decimos que la experiencia histórica enseña que la movilización del pueblo trabajador es la única forma de lograr que sus derechos y voluntad sean respetados y que aquellas transformaciones puedan hacerse realidad. EE.UU. y sus socios nativos reiteradamente han recurrido a los golpes de Estado contra los gobiernos que no les gustan como el de Perón en el ’55 y tantos otros. El pueblo argentino enfrentó el golpe fusilador y nosotros defendemos a fondo su derecho a enfrentar todo golpe de Estado. El gobierno del presidente Menem, que aplica el programa de Alsogaray que obtuvo el 6 por ciento de los votos, encama otro modelo de estafa a la voluntad del pueblo trabajador. Nosotros apoyamos con todas nuestras fuerzas las huelgas y movilizaciones que contestan esa estafa. Porque creemos que sólo la autodeterminación del pueblo trabajador puede abrir una salida también enfrentamos durante décadas a los grupos minoritarios de iluminados que intentaron imponer por la fuerza su posición. Hemos señalado innumerables veces que no se puede llamar verdadera democracia a un sistema que priva a la mayoría de la población del derecho a la comida, a la educación, a la salud, a un sistema que mata de hambre a los jubilados y condena a obreros como Delgado a morir aplastado a causa de los negociados de la Galería Pacifico. No se puede llamar democrático a un sistema donde el único derecho de participación y control que se le reconoce a millones es el de votar presidentes cada seis años y que, encima, después no cumplen nada de lo que prometen. No es realmente democrático un sistema que admite la impunidad de genocidas como Videla o donde se balea a Pino Solanas por denunciar al Gobierno y a la corrupción. Al mismo tiempo distinguimos claramente las libertades democráticas existentes hoy en la Argentina de una dictadura. Es por eso que nuestro partido enfrentó a todos los golpes de Estado y hoy sigue comprometido en la misma posición. Como lo hemos dicho siempre, sólo un gobierno de los trabajadores apoyado en la movilización obrera y popular y con plenos derechos democráticos, políticos y sindicales, un socialismo con democracia en la Argentina y el mundo, es lo que permitirá una democracia plena y una vida plena para la humanidad.

A mediados de marzo, los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción, por el que se crea el Mercosur, Mercado Común del Cono Sur. El Tratado establece la creación de una zona de libre comercio entre los cuatro países a partir de enero de 1995, momento en el que sus mercancías podrán circular entre esas naciones sin pagar ningún tipo de aranceles. En el período de transición habrá rebajas arancelarias progresivas y en el futuro se establecerá un arancel externo común frente a las producciones del resto del mundo. El Mercosur constituye otra etapa en el proceso de integración entre Argentina y Brasil, que iniciaran Alfonsín y Sarney en 1985. Esto no solamente porque se incorporan Uruguay y Paraguay, sino porque pretende abarcar más que la complementación Industrial, la que estaba limitada, en el acuerdo argentino-brasileño, a convenios para determinadas ramas (alimentación, bienes de capital, automóviles, aeronáutica, etc.). Integración Durante más de dos décadas, la pretensión de superar los estrechos mercados nacionales latinoamericanos mediante la integración comercial, resultó en un completo fracaso. El intercambio entre los países de la Aladi (Asociación latinoamericana de integración) se derrumbó de 11.300 a 7.600 millones de dólares de 1981 a 1987, en tanto que el comercio internacional en general y el de varios países latinoamericanos con Estados Unidos y Europa, en particular, progresaba en forma acentuada. En el caso de Brasil y México, el comercio exterior con los principales mercados capitalistas llegó a crecer entre tres y cuatro veces en la década del 70 y en parte de los ’80. Las burguesías latinoamericanas volvieron a demostrar con esto su dependencia comercial y financiera de los monopolios y Estados imperialistas, toda vez que en este proceso de integración al mercado mundial los capitalistas nacionales funcionaron como sub-contratistas comerciales o como tomadores de préstamos del capital financiero internacional. El desarrollo de la crisis económica mundial puso un límite a este proceso. Por una parte, el mercado norteamericano tendía a reducir su capacidad de importar como consecuencia del déficit comercial descomunal de Estados Unidos (200.000 millones de dólares) y de la aguda guerra comercial entre los grandes pulpos mundiales. Por otra parte, la enorme deuda externa de América Latina limitaba la capacidad de importación de los países que la integran. Esto contribuía a un achicamiento relativo del mercado mundial y a menores posibilidades exportadoras de las naciones desarrolladas, en particular de los Estados Unidos. En lo que hace a las burguesías de América Latina, la deuda externa disminuía sus posibilidades de reequipamiento. En estas condiciones, una integración económica de las naciones latinoamericanas podía atenuar las consecuencias que el hipotecamiento y aun la bancarrota financiera causaban a su desarrollo capitalista. Si esta integración conseguía evolucionar en un marco de retomada del crecimiento de la producción y el comercio mundiales, ella podía servir para mejorar las condiciones del pago de la deuda externa y para iniciar una nueva etapa de inversiones extranjeras. Si, por el contrario, la integración debía desenvolverse en un marco de acentuación de la crisis mundial, la homogeinización de los intereses de las diferentes burguesías latinoamericanas planteaba la posibilidad de fortalecer a los Estados nacionales de América Latina para plantear una moratoria de la deuda externa. Por la vía de la integración podía transformarse en realidad el utópico proyecto del “club de deudores”, por el que abogaban algunos círculos del justicialismo, del radicalismo y hasta el Mas. El avance de la crisis capitalista mundial ha servido, sin embargo, para desarrollar una tercera variante: la crisis y la inviabilidad de la integración capitalista de América Latina. También sirvió para poner de relieve el carácter confiscatorio de la política de integración con relación a los trabajadores, las capas medias y la pequeña producción. La integración burguesa (desarrollada por los Estados capitalistas), en un cuadro de crisis, significa necesariamente la quiebra de los capitales financiera y productivamente más débiles y una acentuación de la tendencia a la formación de monopolios. Inviabilidad La complementación de políticas industriales en ramas definidas, contemplada en el acuerdo Alfonsín-Samey, ha sido una muestra del limitado horizonte de las burguesías nacionales y de sus “lúcidos” representantes, lo cual se explica por su dependencia del imperialismo. ¡Como si las complementaciones pudieran tener alcance en el cuadro de políticas económicas de Estados en bancarrota! La conquista de la soberanía política (desconocimiento de la deuda, ruptura con los acreedores y el FMI) debe preceder a la integración económica. Pero lo primero es un objetivo inalcanzable para la burguesía nacional, la cual tiene invertida, además, buena parte de su capital en los títulos de la deuda de sus propios países. El acuerdo Alfonsín-Sarney propuso un comercio inicial compensado de 300 millones de dólares anuales de bienes de capital (integración de la industria) y un comercio bilateral negociado de cerca de 2.000 millones de dólares — un aumento del 50% con respecto a los padrones previos. Pero los cuatro años de experiencia del tratado transcurrieron en medio del estallido en ambos países de crisis hiperinflacionarias, devaluaciones gigantescas de la moneda, fugas impresionantes de capitales y una descomunal retracción de los mercados de cada país. La “integración” no tuvo más remedio que reflejar estas fuertes sacudidas económicas y comprobar de paso que la integración económica no puede superar el carácter colonial de los Estados nacionales que pretenden promoverla. Aunque el comercio bilateral se incrementó hasta los 2.000 millones de dólares por año, no fue para nada equilibrado, y tuvo lugar en gran parte fuera de los acuerdos negociados. Cuando el dólar se iba a las nubes en Argentina, había una corriente exportadora hacia Brasil; cuando eso sucedía en Brasil los brasileños exportaban a “lo loco" a Argentina. Fue así que en 1987 y 1988, Brasil tuvo superávits de 640 millones de dólares. Pero a partir de 1989, hiperinflación menemo-alfonsinista mediante, se invirtió la corriente exportadora y Argentina tuvo ese año y en 1990 superávits por más de 1.000 millones de dólares. Ahora que en la Argentina el austral está fijo con relación al dólar, vuelve a ser más barato importar de Brasil y ya se está registrando un “boom” de importaciones brasileñas. ¡Por eso gran parte del comercio bilateral se realizó fuera de los acuerdos de integración, aprovechando las colosales ventajas cambiarias! Los capitalistas de los dos países, en especial la burguesía comercial-financiera, se embolsaban grandes beneficios con exportaciones argentinas cuando el austral estaba subvaluado y lo mismo con Brasil cuando se desvalorizaba el cruceiro. Es demostrativo de la realidad de este convenio que aunque el acuerdo Sarney-Alfonsín preveía una moneda de cuenta común para saldar los intercambios, nunca pudo implementarse dada las brutales devaluaciones monetarias en ambos países. De manera que en medio del más avanzado acuerdo de integración que se hubiera firmado en la historia de Brasil y Argentina, los Estados nacionales y sus políticas económicas fueron más que nunca el instrumento de la rivalidad económica entre las burguesías de ambos países. Según un estudio especializado, en el caso de los bienes de capital, rubro en el que Argentina aumentó sus ventas en Brasil, “los grandes éxitos exportadores del país del Plata radican principalmente en máquinas-herramientas de mando computarizado, cuyos componentes electrónicos no se fabrican Internamente, sino que en buena parte provienen de terceros países. Los Importadores brasileños han dado preferencia a tales productos frente a la oferta nacional, porque las restricciones vigentes a la Importación en el sector Informático les impiden obtenerlos por otra vía (con los estándares internacionales), a los bajos precios del mercado mundial. Esto significa que los ‘éxitos’ argentinos no se deben a la competitividad de su industria...” (Revista de Comercio Exterior, Méjico, febrero 1991). Es decir que Argentina era una vía de paso para colocar en Brasil los sistemas electrónicos fabricados fundamentalmente en España y en Italia, y que el Estado argentino era un instrumento que permitía a un sector de capitalistas violar las leyes brasileñas. Pero ahora debido a la recesión económica brasileña y al austral fijo, se produjo un virtual parate en las exportaciones de máquinas-herramienta argentinas a Brasil. El mismo estudio señala que “en principio no es factible comprobar una modernización importante de la producción y de la conducta empresarial”. Indudablemente, en estos cuatro años de “Integración” el proceso de fuga de capitales y de desinversión ha continuado con toda su profundidad; inclusive una serie de proyectos como el de la construcción de un puente fronterizo (Santo Tomé-Sao Borja) o la construcción de un premetro en el Estado de Goias por parte de Argentina, debieron ser archivados por la falta de financiamiento. El fracaso más estrepitoso fue el proyecto aeronáutico: la brasileña Embraer y la argentina Fama (Área material Córdoba) proyectaron fabricar un avión conjunto (el CBA-123), que fue postergado sin fecha (luego de invertir ambas empresas más de 200 millones de dólares) al declararse en quiebra Embraer y no cumplir Fama con tos aportes prometidos por la falta de fondos. La “Integración” no ha podido escapar a la crisis de tos estados capitalistas. Concebido para impulsar la industrialización de ambos países, fue testigo, sin embargo, de las mayores caídas de la producción y de la inversión de toda la historia (con la única excepción de la crisis del ’30). Obsolescencia La perspectiva de la integración ha acentuado las amenazas de quiebras de tos sectores burgueses más débiles y el copamiento del mercado por tos sectores más fuertes de cada país. En el caso automotriz, la implementación de la “integración” demoró dos años a la espera de una repartija del mercado entre Autolatina, Fiat y Renault. La integración de la siderurgia está condicionada a la definición de tos términos del rescate de tos pulpos en quiebra de ambos países. Agostino Rocca, de Techint, planteó que en “el caso de la Integración Argentina-Brasil, Argentina tiene que contestar algunas preguntas fundamentales: ¿quiere tener una industria siderúrgica básica nacional? ¿Quiere llegar a una situación de total levantamiento de barreras arancelarias entre los dos países?, y esto último, ¿hasta el punto que los recursos se vayan o prefiere conservar algunas Industrias básicas? (Revista Siderurgia Latinoamericana, marzo de 1991). Rocca plantea claramente aquí el desmantelamiento, al menos parcial, de una parte de la industria, lo que no dice es que ello se debe a la crisis mundial, no a la integración. Pero este proceso está condicionado por el imperialismo, esto porque la llamada “reconversión” industrial está vinculada a privatizaciones y capitalización de la deuda externa que se realizan invariablemente bajo la dirección y el control de la banca acreedora. La integración se relaciona con una destrucción de las fuerzas productivas existentes, a las que la crisis de acumulación capitalista ha puesto fuera de combate por obsoletas. Pero los capitalistas pretenden, antes de declararse obsoletos ellos, declarar obsoletos a tos obreros y a sus conquistas laborales y sociales. Esto se manifiesta en las cesantías en masa, la reducción del salario y la “flexibilidad”. El ministro de trabajo, Rodolfo Díaz, lo dijo claramente en una conferencia realizada en San Pablo: “El proceso de Integración de los países del Cono Sur rumbo a la formación de un mercado común deberá imponer necesariamente un cambio de las leyes que rigen las relaciones de trabajo en esos países” (Gazeta Mercantil, 10/4/91). Para Díaz la “integración” debe “crear un sistema jurídico que encare el empleo no como un dato al cual se le aplican las leyes sino como un objetivo a ser alcanzado”. Para eso, según Díaz, habría que abaratar tos salarios, flexibilizar los contratos y desmantelar la previsión social, sin piso para el salario y sin techo para la superexplotación, por tiempo indeterminado, hasta que se supere la crisis. ¡El método de la barbarie para salvar a la civilización! También tos pequeños y medianos productores agrarios serán las víctimas de esta “Integración”. Se trata, en este tema, de dar una nueva oportunidad a la agricultura en gran escala, que ha tocado ciertos límites, como lo revelan las grandes crisis agrarias, no solamente en Brasil y Paraguay (ocupaciones de tierra), sino también en Uruguay y Argentina. La crisis del comercio agrícola mundial (trigo y soja en particular) reclama un nuevo avance en la concentración del capital afectado al campo. Apunta a esto la “desregulación” de la producción cañera de Tucumán y de la lechera en Río Grande do Sul. Se ha pasado del tratado argentino-brasileño de 1986 al tratado de Asunción de 1990 sin reparar en el agotamiento del primero aun antes de poder desplegar sus posibilidades teóricas y en su incapacidad para al menos atenuar la crisis comercial, financiera e industrial, sencillamente espectacular del Cono Sur. “Iniciativa para las Américas” Algunos analistas de la “integración” presentan al Mercosur como un bloque rival al imperialismo norteamericano y sostienen que Bush lanzó su “Iniciativa para las Américas” para quebrarlo. Pero la “propuesta" de Bush tiene que ver con un fenómeno más de conjunto: la guerra comercial en la que están enfrascados tos diversos imperialismos. La política de Bush apunta a reconvertir el agro, la industria y las finanzas latinoamericanas para ampliar la capacidad de la burguesía yanqui para enfrentar la competencia europea y japonesa. Puede ser materia de debate si el Mercosur es contradictorio o complementario con esta política norteamericana, pero la experiencia y el análisis dejan fuera de toda discusión que el Mercosur tenga una mínima posibilidad de contrarrestar la “iniciativa Bush”. Por eso, un amplio sector de las burguesías argentina y brasileña consideran ya superada (o más bien fracasada) la “Integración” del cono sur y plantean una asociación de libre comercio directamente con EE.UU. En el caso del Brasil este planteamiento lo hace el ex-ministro de Sarney, Luiz Carlos Bresser Pereira, un “integracionista regional” de primera hora. Bresser Pereira sostiene ahora que la integración regional es una “ultrapasada estrategia cepaliana” y que hay que dirigirse directamente a la “Integración americana” (Folha de Sao Pauto, 12/5/91). Esta misma tesis ronda la cabeza del Canciller Di Tella y del propio Menem, para quienes Argentina debería integrarse al “primer mundo”. Bresser Pereira propone que Brasil “se adelante” e imite el ejemplo mejicano, sin pasar etapas previas como el mercado sudamericano. Antes de nacer, el Mercosur está en crisis, como le ocurriera en su momento a su predecesor, el acuerdo de integración de Argentina y Brasil. ¿Devaluación coordinada del cruceiro y del austral? Y hasta del uruguayo y del guaraní Cuando hace unas semanas Domingo Cavallo hizo un viaje relámpago a Brasil, la prensa opinó en forma unánime que el motivo del viaje, la discusión del "plan Cavallo”, era sólo un pretexto que pretendía encubrir el objetivo de discutir en Brasil la cuestión de la venta subsidiada de trigo norteamericano a ese país. ¿Y si el motivo oficial hubiera sido, por una vez al fin, cierto? Más de una vez Domingo Cavallo afirmó que le importaban poco las irregularidades comerciales entre Brasil y Argentina, en la medida en que se trabajará por una “coordinación de las políticas económicas de ambos países". ¿No habrá llegado ahora el momento de empezar? Como se comenta en otro artículo de esta edición, el gobierno brasileño tendría prevista una devaluación “salvaje" del cruceiro que serviría para una ulterior “dolarización" de la política monetaria de Brasil. Con algunas variantes sería la aplicación del “cavallazo" por parte de Collor, pero con el agregado de que daría un golpe mortal a las posibilidades de exportación de Argentina y que inundaría de mercancías brasileñas a los países del Mercosur. Cavallo sería, por este raro camino de la historia, una víctima de sus “ideas”. Esto nos lleva a suponer que Cavallo fue efectivamente a Brasil a exponer su “plan” con la intención, por sobre todo, de “coordinar” la devaluación monetaria de ambos países, es decir conjuntamente del cruceiro y del austral. La suposición se refuerza cuando se constata que el “plan Cavallo" hace agua en su país de origen, donde la emisión ilegal de moneda para sostener a la Tesorería, a los bancos y para pagar la deuda externa, han prácticamente destruido la posibilidad de mantener el dólar a 10.000 australes (También en Uruguay y en Paraguay la inflación ha desactualizado las paridades de cambio, con lo cual podrían incorporarse al “tren de la devaluación”). Una devaluación conjunta le permitiría a Cavallo disimular el fracaso de su “plan" y por sobre todo “empaquetarlo" como una operación de "integración del cono sur”. Con esto solamente lograría mostrar el carácter reaccionario de esta "integración".

Al día siguiente del fracasado paro general en Brasil, la prensa recogió la significativa opinión de las patronales. Pedro Eberhardt, por ejemplo (ver Folha, 24/5), presidente de la poderosa Cámara Nacional de la Industria de Autopiezas, “felicitó a Vicentinho por lo que caracterizó como posición de 'sentido común' del sindicalista”. Vicentinho es el secretario general de los metalúrgicos del ABC y se negó a acompañar el paro general a pesar de que es miembro de la dirección de la CUT que resolvió la huelga. Un elogio similar recibió Vicentinho de parte de Roberto Della Manna, director de la Federación Industrial de San Pablo. Della Manna afirmó que Vicentinho “quiere crecer dentro de la CUT”, la cual, en su opinión, estaría ya dividida. Para Giorgio Longano, el negociador salarial de las patronales metalúrgicas, la actual dirección de la CUT “está desgastada”, por lo que podría ser sustituida por “una línea de oposición”, que encabezaría Vicentinho. Las patronales, como se ve, están intentando intervenir en la “Interna” de la CUT, con el objetivo de imponer al ala derechista de la burocracia. La CUT tiene previsto un congreso para mediados de setiembre próximo, con la finalidad de reformar los estatutos y convertir a la central sindical en una especie de CGT peronista. Se prevé espaciar los congresos a tres años, crear un comité central confederal que dejaría la dirección estratégica de la CUT en manos de los secretarios generales, convertir a las regionales en delegaciones de la dirección nacional, y adoptar otras medidas de restricción de la democracia sindical. Esta reforma es una consecuencia natural de la política de integración al Estado y de colaboración de clases de la burocracia sindical. El columnista de la Folha que comenta el fracaso de la huelga general, da también la orden de partida para una campaña que sustituya al actual presidente de la CUT, Meneguelli, al que acusa de “desgastado”, “vetusto" y dominado por “un mal humor permanente” (sic). Elogia, en cambio, la “modernidad de Vicentinho y de Lula”. Según este comentarista “nadie puede arrogarse el papel de víctima principal de la tragedia nacional. Ni los obreros. Si hay una cosa nueva en el período Collor es la democratización del callejón sin salida...” Dice también que “el problema nacional es hoy un refrigerio amargo servido para todos, incluso para los que comen caviar”. Este planteo, que podría hacer las veces de definición de una situación revolucionaria, es usado por su autor en el sentido stalinista y menchevique de una crisis que nos afecta a todos por igual, lo cual siempre fue un argumento para la colaboración de clases. En esta perspectiva, precisamente, coloca la necesidad de la “modernización” de la CUT. En esto coincide con el secretario general del PT, José Dirceu, el cual sin representar al ala más derechista del partido plantea igualmente la necesidad de un reforzamiento de la colaboración de clases y de la integración al Estado (ver artículo en esta página). El comentarista acierta solo en parte con eso de la “democratización del callejón sin salida”, esto porque no percibe los límites de esta formulación. En Brasil, como en Argentina y otros países por otra parte, no estamos solamente ante una "democratización del callejón sin salida", sino más precisamente ante “el callejón sin salida de la democratización”(o del régimen democratizante). Es necesario superar a este régimen y al capitalismo por medio de la revolución proletaria. Esto significa que si bien puede existir una “democratización del callejón sin salida", la salida del callejón está muy lejos de ser democrática. La impasse histórica del momento es común a todos los mortales, pero se trata de una impasse capitalista, por eso en ella unos son las víctimas en calidad de explotados y los otros son las víctimas en calidad de explotadores, es decir son los victimarios. Por eso la salida será en favor de unos y a expensas de los otros.

El llamado a la huelga por 48 horas para el 22 y 23 de mayo de la CUT, central dirigida por el PT, y la CGT (un aparato burocrático de menor cuantía) fue ignorada por la inmensa mayoría de los trabajadores brasileños. Fuera de una adhesión parcial en San Pablo y Río, el movimiento sólo logró paralizar una capital del Nordeste, Joao Pessoa. Donde pudo advertirse con antelación el derrumbe de la huelga fue, sin embargo, en el cinturón industrial de San Pablo — el ABC. La conducción del sindicato metalúrgico de San Bernardo del Campo y Diadema, que milita en la CUT, resolvió no adherir al paro y llamar en su lugar a una movilización — que ni siquiera llegó a concretarse. Cuando faltaban solamente cuatro días para el paro, “de los 1.511 sindicatos adheridos a la CUT (sólo) 350 confirmaron la adhesión a la huelga a través de asambleas” (Folha, 18/5/91). A esta altura el secretario general del sindicato bancario de San Pablo (y secretario general de la CUT), había planteado elípticamente la deserción de su gremio: “no queremos paralizar los bancos solitariamente, queremos parar la sociedad” (ídem). Al tiempo, la intendente de San Pablo, Luiza Erundina (PT) planteaba su “apoyo personal” a la huelga pero ordenaba el descuento a los trabajadores municipales que adhirieran. Como lo dijera en forma explícita la propia Erundina “como ciudadana reconozco el derecho de huelga, pero como intendenta debo garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales” (Folha, 21/5/91). Aunque no es la primera vez que la petista Erundina actúa de rompehuelgas, lo transcripto es una insuperable definición de la “razón de Estado” contra los derechos de los trabajadores y por sobre todo de la aguda conciencia de clase anti-obrera que tiene la intendente de San Pablo, (a la que sin embargo se permite continuar en el PT). La huelga fue convocada en el marco de una colosal caída del salario de los trabajadores (un 50% en poco más de dos años) y de un salto gigantesco de la desocupación (“en medio de la mayor retracción económica de posguerra” (José Serra, en FSP, 16/5). También en un período en el que el movimiento obrero brasileño había entrado en una nueva etapa de vigorosas luchas, que han obligado incluso a retroceder al gobierno y a las patronales en numerosos casos (portuarios, metalúrgicos). Al momento del paro de 48 horas, comenzaba la huelga de profesores estaduales en San Pablo, de los ferroviarios en prácticamente todo Brasil y de muchos otros sindicatos. ¿Por qué fracasó la huelga, entonces? Un paro inútil Lula soslayó un balance de la huelga cuando se declaró conforme con ella más allá de sus alcances: “cualquiera sea el resultado, será un alerta para el gobierno” (FSP, 23/5/91). Pero la huelga había sido planteada como un “acto de protesta” sin alcances ulteriores, sin objetivos concretos, sin reivindicaciones y al margen de cualquier plan de lucha. Incluso tenía lugar después que direcciones de sindicatos fundamentales, como los metalúrgicos de San Bernardo, habían firmado acuerdos salariales que sancionaban la reducción de salarios provocadas por la inflación y los “congelamientos" del gobierno. Lula había sido muy claro cuando definió los objetivos que debía tener para él el paro de 48 horas: “los sindicalistas deben establecer una política de negociación con el Congreso Nacional y los empresarios después de la huelga... (esta) será un instrumento para abrir camino a esa negociación” (FSP, 2/5). Con semejante objetivo la huelga no podía promover la movilización de la base. Los inspiradores del paro declaraban por boca de Lula que su propósito era recomponer el “entendimiento nacional" con los empresarios y el gobierno que había entrado en crisis, por impotente, un mes antes. Al concluir el paro, el secretario general del PT, José Dirceu, acusó a la dirección de la CUT de “despreciar las negociaciones superestructurales” (con los legisladores y empresarios), como si las “superestructuras” no hubieran mostrado toda su impotencia para satisfacer los reclamos y como si ellas no fueron las responsables de la mayor caída de la producción brasileña en sesenta años. PT y crisis política El fracaso de los planes económicos y el ascenso huelguístico han sido los motores de una nueva crisis política. Luego del secuestro de 80 mil millones de dólares por un plazo de 18 meses, esto para terminar con la inflación, Brasil sufre de una tendencia a la hiperinflación, depresión industrial y fuga de capitales. La deuda externa se ha vuelto a convertir en una bomba de tiempo. Ahora, “la mayoría de los diputados-economistas imaginan un nuevo salto de la inflación y desconfían de la capacidad del (nuevo ministro) Marques Moreira para contenerlo. Se prevé un segundo trimestre tenebroso... El miedo generalizado es que con un nuevo salto de la inflación el país produzca un cadáver político" (Folha, 15/5). Las vacilaciones que se atribuyen al nuevo equipo económico (al cual la “Folha” en su editorial acusa de “propósitos indefinidos”) tienen que ver con el carácter quirúrgico de las medidas que se aprestaría a tomar, las que podrían dividir profundamente a su base social capitalista y provocar una explosión popular. Es cada vez más evidente que Brasil se apresta a lanzar un "plan Cavallo”, pero con la no despreciable diferencia de que estaría precedido por una mega-devaluación del cruceiro, que podría llegar a ser del ciento por ciento. El gobierno estaría dispuesto a adelantar, al menos en parte, la devolución de los depósitos secuestrados el año pasado, para precisamente licuarlos como consecuencia de la devaluación. Con un tipo de cambio fijo, luego de la desvalorización, el gobierno también aprovecharía para emitir títulos que absorban parte del circulante que se crearía con ese adelanto de fondos, los que podrían ser usados para privatizar empresas del Estado. Una masiva política de privatizaciones sería también una de las llaves del plan. La “dolarización” del cruceiro ataría por completo la política económica brasileña a la norteamericana, en tanto que una devaluación masiva inundaría de mercancías brasileñas al mercado argentino, inviabilizando la “integración” regional. Es precisamente en estas circunstancias que los dirigentes petistas pretenden mandar la huelga general al museo de antigüedades. Se van a llevar un chasco, esto porque la catástrofe económica plantea la huelga general como un producto de la rebelión de las propias masas. Brasil, y por sobre todo el PT, van a pasar por la experiencia de la huelga política de masas y por sublevaciones populares parciales, ahora justamente en que creen que el fracaso del último paro general les va a ahorrar la necesidad de semejante gasto.

La Lista Verde de ATE, que responde a De Gennaro, ganó las elecciones nacionales de ATE por 54.647 votos —93 %— contra 4.121 —7 %— de la lista Naranja, del Mas. La Verde triunfó en todas las seccionales, con la excepción de Río Turbio, en la que la Violeta-Naranja volvió a derrotar al oficialismo. En realidad fue una elección con lista única, pues sólo en Río Turbio y Neuquén existe una oposición antiburocrática organizada. De Gennaro ha explotado su condición de “opositor” (trucho naturalmente) al gobierno menemista y, por sobre todo, el monopolio de un aparato sindical abarrotado de plata. La cantidad de afiliados que concurrió al acto electoral no alcanzó al 30% del padrón, lo cual muestra el escaso interés que suscita esta dirección. Hay que remarcar, por todo esto, la magnitud de votos antiburocráticos en algunos distritos. En Capital, la Tricolor (Patria Libre, Mas, PO) obtuvo el 10% de los votos y en Córdoba, el 23%. Astilleros Domeq, Astilleros Río Santiago, Río Turbio son los ejemplos más contundentes de que la dirección degenarista no puede ofrecer sino una política de derrota. Forma parte de la corriente sindical que pregona el “agotamiento del modelo reivindicativo sectorial”, precisamente cuando más intensas son las reivindicaciones parciales. Levanta, como alternativa, “un proyecto político compartido” con la burguesía nacional, que ha dejado a esta corriente en el ostracismo político. La política del degenarismo no tiene futuro. Las masas no pueden renunciar a comer y trabajar, éstas son sus “reivindicaciones sectoriales”, ni van a hacerlo. De esta comprensión y de la intervención enérgica en los movimientos de lucha, deberá surgir una corriente revolucionaria en el gremio. ATE-Neuquén: Las elecciones pasan, los problemas quedan En medio de una impresionante crisis política e imparables movilizaciones populares se realizaron las elecciones de ATE. La actual directiva liderada por Fuentes, que responde a De Gennaro, retuvo la conducción por 1.144 votos contra 300, que obtuvo un desprendimiento de derecha del oficialismo, dirigido por Panetta, y contra 170 votos de la oposición antiburocrática nucleada en torno a la Naranja y Blanca. En la elección anterior de 1987, Panetta y Fuentes, que pertenecían a la misma lista, habían obtenido 1.180 votos contra 318 de la Naranja y Blanca. El desprendimiento de Panetta, que se ha convertido en un agente declarado del gobierno menemista, favoreció una polarización electoral en torno a la actual conducción, y hasta para otorgarle a ésta una cierta fisonomía de "nueva". Luego de permitir un terrible deterioro salarial, Fuentes lanzó desde principio de mayo un plan de movilización que ha adquirido una enorme pujanza, desmintiendo el repetido argumento que la “gente no dá". Sin lugar a dudas, este reacomodamiento de la directiva, que sin embargo tiene de conjunto una política desmovilizadora, ayudó mucho a reforzar el prejuicio favorable de los afiliados acerca del carácter antigubernamental que tendría la corriente de De Gennaro. A excepción del resto del país (y con la salvedad de Río Turbio) existe en Neuquén una oposición antiburocrática organizada, la que retrocedió en votos por esta circunstancia, a pesar de los pronósticos previos. Los trabajadores de ATE tienen una posición antigubernamental pero no una posición clasista, lo cual les impide ver la amplitud de la colaboración de la dirección de De Gennaro y Fuentes con el gobierno privatista, que se manifiesta en el retroceso excepcional del gremio a escala nacional. Entre los trabajadores existe incluso la creencia que la directiva conduce el movimiento hacia “todo lo que se puede obtener” en las actuales condiciones de catástrofe económica. Por eso Fuentes ha podido presentar como un “triunfo” la inclusión del “presentismo” en la zona (que el gobierno concedió ante el estado de sublevación general) a pesar de que representa una suma insignificante. La corriente de De Gennaro carece de política frente al agravamiento de la situación de las masas, y esto es más perceptible quizás en Neuquén. Acaba de suscribir tres actas con el gobierno en las que acepta la reducción del reclamo salarial e incluso el pago de los salarios en bonos. Su única apuesta parece ser llegar a octubre y lograr una canalización de la bronca popular hacia las candidaturas de “centroizquierda" que integra. Pero octubre está todavía lejos y los estatales exigen una respuesta ya, que sólo puede lograrse mediante un plan de lucha que se base en la organización de la huelga general. C. K. Estatales bonaerenses: Paritarias truchas “Tal como están las cosas... hay que hacerse a la idea de que en los próximos meses no habrá recomposición salarial”. Con estas palabras, el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires anunció el congelamiento de los sueldos en la administración pública, los cuales oscilan entre el millón y medio y dos millones de australes y se pagan fraccionados. Con relación al anuncio de Cavallo de desdoblar el medio aguinaldo el “gobierno del pueblo" ha dicho “todavía no hemos decidido la forma de pagarlo...” En estas condiciones de hambreamiento generalizado Cafiero sacó un decreto que pone en vigencia “las convenciones colectivas de trabajo para el personal de la administración pública provincial”. El decreto culmina una larga negociación entre el Ejecutivo y las distintas fracciones de la burocracia sindical (Upcn, Ate y Agepba) y establece que “la representatividad de los trabajadores (frente al gobierno) se hará a través de los sindicatos con personería legal”, para enfrentar claramente a la Coordinadora de Delegados de Base, que encabezó la lucha contra el pago en cuotas el año pasado. El “decreto de las paritarias" fue saludado con bombos y platillos por la burocracia, pero fija como límite de la “discusión" salarial "el marco presupuestario autorizado", lo cual implica un tope a las “paritarias”. La ‘paritaria estatal" incorpora también la “flexibilización laboral" (ya que los sindicatos se comprometen a discutir la “productividad y la eficiencia de los servicios") y la “autoregulación del derecho de huelga". En la obsesión de su política traicionera, los burócratas no se han molestado siquiera por obtener una ley de paritarias. El decreto, resorte del poder ejecutivo, equivale a transformar a la paritaria en un capricho que puede cambiar con el humor del gobernador o con el cambio de gobernadores. Como en enero, hay que impulsar Asambleas en todos los ministerios, para unificar a los trabajadores estatales y para votar un reclamo salarial y el pago integral del medio aguinaldo. Raúl Stevani

El jueves 22 ATEP (docentes primarios) realizó un paro activo en repudio a la política salarial de la Intervención y a su proyecto privatista de la educación pública provincial. La semana anterior también se había cumplido un paro masivo de 24 horas. La intervención está ejecutando una política de hundimiento de los salarios de la docencia, al igual que al resto de los empleados públicos. En abril otorgó un aumento, que fue presentado como una equiparación con los sueldos nacionales. ¡Pero todo era una trampa! Ahora, mientras en la nación se paga un básico de 800.000 y 1.200.000 de suma fija, la intervención solo otorga los 800.00 y 400.000 de suma fija. A este ataque al salario se suma un proyecto de Ley de Educación que promueve financieramente a la educación privada mientras aranceliza la educación secundaria y terciaria y acrecienta la injerencia de la iglesia, imponiendo la enseñanza obligatoria de la religión. El paro docente es la primera gran lucha que debe enfrentar la intervención, y ya le ha provocado una crisis política. El secretario de Educación, Ponsatti, habría presentado su renuncia, con el pretexto de sumarse a la campaña electoral de su partido la D.C. en apoyo a Palito. La reacción de la docencia se produce luego que su directiva (alineada con el radicalismo) saludó la llegada de la Intervención y levantó, por ello los paros que había decretado la CTERA a principio de año. La directiva especuló con la posibilidad de que la Secretaria de Educación de la Intervención fuera ocupada por una persona ligada al radicalismo, y cuando esto no ocurrió justificó su inacción con el cuento de que las fuerzas no dan y hasta de que los paros no servían. Ahora, los paros aislados contrastan con la combatividad que se expresó en los mismos. El día jueves, en la movilización, participaron alrededor de 2.000 docentes. La manifestación arrancó del hospital de Niños, donde los médicos realizan todos los jueves una marcha del silencio en repudio a la política salarial y de salud de la Intervención. Allí se marchó conjuntamente alrededor del Hospital, luego un sector de médicos se sumó a la marcha docente hacia la Plaza Independencia. En su recorrido se toparon con una asamblea de jubilados provinciales frente al Instituto de Previsión Social, y se sumó un grupo de jubilados a la marcha. Al llegar a la Plaza, la movilización, al grito de “paso, paso, se viene el maestrazo”, y “que se vayan”, se concentró frente a la casa de gobierno. Celayaran, Secretario de ATEP, quien fue el único orador de la concentración, hizo un discurso crítico pero no fijó una política para llevar a la victoria la lucha. Es necesario superar la política de paros aislados y preparar la huelga general. Asimismo sería una gran iniciativa convocar a una asamblea conjunta de docentes, médicos, empleados públicos, y jubilados, para unificar una lucha común por el salario, la educación y la salud pública.

En Córdoba, Misiones, Santa Fe, Jujuy y Tucumán se han reiniciado los paros docentes. En Buenos Aires, crece la adhesión a los paros convocados por la FEB. Los profesores han salido a la huelga por la propia en varios colegios nacionales y los maestros afectados por la jubilación de oficio han llamado a organizar la movilización por el 82% móvil. En todos los casos, los docentes de los establecimientos privados se movilizan a la par de los estatales. Todo esto indica que el período de tregua (relativo) abierto luego de la frustración del “no inicio” de clases, ha terminado. Los paros en el interior han sido significativamente masivos pero, además, prácticamente en todos los casos los maestros reclaman un básico y no un “inicial” con bonificaciones, planteando la derogación de “sumas fijas” “asignaciones" o “premios" no bonificables. Es decir, el reclamo salarial ha ganado en consistencia, a pesar de la dirección de CTERA y de sus agentes, abanderados del “mínimo inicial”. Con las “sumas fijas" el Estado se ahorra lo que debería pagar por antigüedad, achatando todas las escalas. Con los “premios" al presentismo consuma una estafa; porque no hay “asistencia perfecta” posible cuando los maestros están obligados a ir a a la huelga no ya para reclamar un mejor salario sino incluso para cobrarlo. La burocracia de CTERA, frente al congelamiento salarial, la destrucción de la enseñanza y el reinicio de las luchas no tiene nada que plantear: ha resuelto un paro de 24 horas a consumar “algún día de junio”. Para María Vicenta Sánchez, se sabe, “lo importante son las leyes”, en este caso las de financiamiento educativo y de paritarias, presentadas como “victorias” a la hora de traicionar el movimiento de lucha a inicios del año escolar. La ley de paritaria docente es una seudoparitaria y además un instrumento antihuelgas, la ley de financiamiento educativo, sólo una reasignación de recursos ya destinados a las provincias, pero aún la aplicación de ambas leyes está empantanada: la de paritarias, porque el gobierno no tiene el menor interés en hacer propuesta salarial alguna; la de financiamiento, por el choque entre las provincias y la perspectiva de un fiasco mayor: “nadie sabe a ciencia cierta cuánto representará (el porcentual de impuestos aplicado al fondo) en la realidad. Eso dependerá del efectivo nivel de recaudación” (La Plata, 8/5/91). El relanzamiento de las luchas docentes plantea como consignas: asambleas soberanas y huelga hasta obtener un salario básico de 2.500.000 a marzo e indexado y el pago íntegro del medio aguinaldo, dirección electa y mandatada por asamblea, Confederal de bases de CTERA.

Bastó que Menem dijera que los jubilados eran para el gobierno “prioridad número uno” para que una catástrofe colosal se abatiera sobre los compañeros jubilados. Al anuncio oficial de que no hay plata para ningún aumento, y de que proseguirá la postergación de las fechas de pago (los haberes se están abonando entre el 10 y el 20 de cada mes), se sumó un nuevo “cavallazo”: el pago del medio aguinaldo en cuotas. Mientras tanto, deudas de más de 7 años de antigüedad con sentencias judiciales firmes por un monto estimado en 5.500 millones de dólares, siguen sin pagarse y sin que existan indicios de que se vayan a pagar. Esta vez al gobierno se le volvió en contra su propia provocación porque los jubilados ya habían ganado las calles. Un virtual sitio al Palacio de los Tribunales se montó con la instalación de la olla popular en plaza Lavalle. El viernes 24, más de 3.000 jubilados marcharon a la Plaza de Mayo. El miércoles 29 el microcentro estuvo atascado porque centenares de jubilados se habían concentrado frente a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social y luego frente al Congreso, contra el diferimiento en el pago del medio aguinaldo. El crecimiento de estas movilizaciones, con indudable apoyo popular, obligó a Cavallo a “encontrar” los fondos para el pago integral del medio aguinaldo a los jubilados. El miércoles por la noche anunció que los pensionados y jubilados que cobren el sueldo mínimo (el 70%) recibirán el medio aguinaldo íntegro en julio. ¿No era que no había fondos? Neustadt inició una campaña por radio y televisión con el slogan de que “hay que decirles la verdad a los 'viejos'": no hay plata, el sistema está quebrado y existe una imposibilidad material para cumplir con los jubilados. En verdad, el sistema no está quebrado sino saqueado, lo que no es lo mismo. Según la super-patronal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, entre 1946 y 1982 “el gobierno nacional recibió de las Cajas, a través de colocación de títulos de deuda pública, el equivalente a 15.081 millones de dólares”, con la aclaración de que esos fondos no eran ajustables “por ningún concepto” y devengaban una tasa de interés fija. En estas condiciones, los fondos previsionales se evaporaban y fueron a parar como subsidios y otros “curros” a los grandes capitalistas. Según FIEL, si esos fondos hubieran rendido un bajísimo interés del 3% anual real, las Cajas “hoy tendrían 41.196 millones de dólares, neto de los pagos que efectivamente el Banco Central realizó a las cajas por amortizaciones e intereses” (Indicadores de Coyuntura, setiembre de 1989). Como aclara FIEL ese interés es “conservador” porque los títulos rindieron en promedio un 5,64% real anual, por lo que fácilmente los fondos previsionales podrían ser hoy superiores a los 50.000 millones de dólares. Todo eso no cuenta, por supuesto, la evasión patronal que según el subsecretario de Seguridad Social “como mínimo, oscilaría entre el 20 y 30%” (La Voz del Interior, 26/5), o sea 4.000 millones de dólares al año. No es entonces ni el envejecimiento poblacional, ni que la relación de aportes y jubilados sea baja, ni otras tantas estupideces que dicen los voceros patronales y que Neustadt repite como un loro, lo que explica la miseria de los jubilados. Sencillamente los fondos previsionales fueron saqueados y continúan siéndolo por la clase capitalista. Ahora don Cavallo quiere perpetrar un nuevo saqueo pagándoles con un “bono-basura” la deuda de 5.500 millones de dólares. Se rumorea que el bono sería a 10 años de plazo, lo que lógicamente será una fuente de superbeneficios para los grandes capitalistas porque los jubilados tendrán que salir a venderlos al 10% de su valor.

Las movilizaciones que se vienen desarrollando casi diariamente en Neuquén desde principio de mes alcanzaron nuevos picos el viernes 14 y el martes 28 cuando cerca de 5000 trabajadores se concentraron frente a la Legislatura. Esta vez, además de los estatales, participaron judiciales, municipales, docentes y legislativos y el repudio contra el gobierno se expresó en las combativas consignas que se cantaron. Los empleados públicos han cobrado salarios de un millón o un millón y medio de australes y ni siquiera se ha incorporado al sueldo el “presentismo" que el gobierno concedió la semana pasada. El gobernador Salvatori insiste en que cualquier aumento salarial será pagado indefectiblemente en bono y en cuotas, y el rechazo popular a este atropello es categórico. Derrumbe político del gobierno Pero, de conjunto, la crisis económica ha llevado al gobierno a un proceso de liquidación. Salvatori amagó ya varias veces con su renuncia. El diario “Rio Negro" (15/5) menciona la posibilidad de una intervención federal, en tanto un sector de la burocracia sindical (menemista) liderado por el “judicial” Izquierdo, ha exigido públicamente el juicio político al gobernador. El quebranto financiero del Estado es completo: por un lado el gobierno nacional sigue sin pagar las regalías que debe, y por otra parte Salvatori hipoteca aún más al Tesoro provincial con un festival de bonos y subsidios a puro beneficio de un puñado de empresas contratistas. Cavallo ha dicho que sólo otorgará un crédito a Neuquén si la provincia renuncia al cobro de regalías adeudados que tienen sentencia judicial favorable y si despide empleados, reduce el presupuesto de obras públicas e incluso impone el pago de aumentos salariales en bonos. En este cuadro, la gobernación tampoco pudo viabilizar los proyectos que según prometía iban a “mantener el crecimiento de Neuquén” (Polo petroquímico, Fertineu, Gasoducto, Enron). El gobierno nacional, además de retener los pagos por regalías, ha eliminado la tarifa (eléctrica) promocional “Comahue" que regía en la provincia. El desmoronamiento de las perspectivas de negocios con obras públicas ha quebrado al monolítico MPN y a la “familia” Sapag. “Lo que la patria contratista 'non da' el sentimiento federal non presta'”. Un programa frente a la crisis La UCR y el PJ neuquinos han comenzado a reflotar una “multipartidaria". Semejante acercamiento menemo-alfonsinista nos dice claramente que la burguesía se prepara para un posible "vacío de poder". Ya actuaron como “mediadores" y “pacificadores" cuando una de las movilizaciones de ATE culminó hace quince días en un escándalo político desatado por el ingreso de manifestantes a la casa de gobierno. El arbitraje político se ha desplazado de la Casa de Gobierno a los comités. El “centroizquierda” que en Neuquén tiene un desarrollo mayor en el tiempo como consecuencia de la formación del partido Democracia y Participación en 1985, ha lanzado la consigna que “Salvatori cumpla con su mandato”, como si eso dependiera del gobernador. La consigna apunta a amedrentar a las movilizaciones populares, que aparecen como la forma visible de “desestabilización” del gobierno, cuando las razones de fondo de la crisis son la impasse capitalista y la feroz lucha de los pulpos capitalistas por apropiarse de la conducción de la provincia. La única salida popular a esta situación es la movilización en base al programa de conjunto. Es necesario establecer un impuesto a las grandes fortunas, la apertura de los libros y el control obrero de los pulpos, el control obrero del banco provincial y un aumento salarial y un plan de obras de necesidad popular. Sobre la base de una movilización con características estratégicas se debería convocar a una Asamblea Popular para combatir el saqueo que perpetra el Estado nacional en su calidad de agente de la banca acreedora. Esta política serviría para unificar la resistencia de las provincias, bajo la dirección política de los trabajadores.

La gobernación de Río Negro acaba de suscribir con el Banco Central un acuerdo por el cual el Banco Central retendrá, en un plazo de 7 a 20 años, el 10% de los fondos que la provincia recibe en concepto de impuestos coparticipables con el fin de ir saldando los 200 millones de dólares que le debe el Banco Río Negro. El déficit del Banco Río Negro tiene su origen en los préstamos no devueltos efectuados en beneficio de grandes capitalistas de la provincia y de los amigos del gobierno. Si con el miserable presupuesto provincial actual, los empleados públicos y jubilados se mueren de hambre, la obra pública está parada e Hipasam está a punto de cerrar, la poda del 10% de los ingresos públicos acordada con el gobierno nacional agravará aún más la catástrofe social. Cavallo exigió, además, el despido de 3.000 empleados públicos y la renuncia por parte de la provincia a los juicios que tiene pendientes por deudas con el gobierno nacional. Estas dos condiciones (que la prensa denomina cínicamente “cumplir con los deberes del ajuste”) han sido el trasfondo de toda la negociación. El acuerdo con el Banco Central pone límites a la financiación del gobierno provincial por parte del Banco Río Negro, al autorizarlo a vender títulos públicos por 15 millones de dólares para cubrir un mes de salarios, pero con la condición de volver a discutir este asunto dentro de 30 días, naturalmente vinculado a la marcha de los despidos. En la provincia de Río Negro se conoce con nombre y apellido cuáles son las empresas que fundieron al banco, que recibieron avales y garantías por operaciones “truchas", que monopolizan el 90% de las morosidades de la entidad y que se beneficiaron con todas las bicicletas especulativas que realizó el banco para financiar su propio vaciamiento. Todo el mundo sabe perfectamente quiénes son los estafadores, pero ningún político patronal reclama la expropiación de sus bienes, su enjuiciamiento y encarcelamiento. El parlamento provincial aprobó el convenio hambreador suscripto con la nación mediante un contubernio que hizo la UCR con una fracción del “procesista” PPR. El gobernador de la UCR, Massaccesi, trata de cubrirse enlodando a sus adversarios. Argumenta que la “crisis viene desde hace mucho tiempo”, señalando así a todos los que pasaron por la gobernación. Rajneri y el PPR, en cambio, están lanzados a una “campaña moralizadora”. Piden el “juicio político” para Massaccesi. Los justicialistas reclaman una “consulta popular" sobre el tema y ven la oportunidad de despegarse del desastre menemista con un caso de “inmoralidad alfonsinista”. Al igual que el PTP (maoísta) levantan el planteo completamente tramposo de pedir que los “deudores paguen "y los estafadores “se pongan al día” pretendiendo ignorar que esto solamente significa un largo proceso judicial y que enfrentaría a sus mandantes Cavallo y Menem. De lo que se trata es de expropiar a los saqueadores por medio de una ley especial. Pero lo peor viene del lado del candidato “centroizquierdista” Salto, que para darle un contenido acorde a la alianza que acaba de establecer con un sector desgajado de la ultraderecha del PPR, señala que la salida es “la reducción del gasto público” y el “aumento de la recaudación”, es decir precisamente los despidos e “impuestazos” recomendados por Cavallo. No es casual, entonces, que Salto procure una alianza con el menemismo para las elecciones de diputados nacionales. El carácter descaradamente derechista de Salto y su manipulación del aparato comunal en favor de sus protegidos, terminó precipitando una escisión en el “centroizquierda”. La Democracia Cristiana con el apoyo de los Brunati, los “ocho" y una parte del Pl provincial presentaron a último momento otro frente. Existe una tendencia de la población a repudiar las manipulaciones electorales de los partidos burgueses que se ha manifestado ya en Roca en la derrota del plebiscito para implantar la ley de lemas que impulsaron en común el PJ y la UCR. En toda la provincia persisten las grandes movilizaciones populares por el cobro de los sueldos atrasados. Manifestaciones de 1.000 trabajadores en Viedma, 500 en Roca, multitudes en Bariloche y Río Colorado, asambleas generales en Sierra Grande. El problema básico es unir a estos movimientos en circunstancias de total vaciamiento de la CGT regional. La campaña electoral debe convertirse en una campaña por la Asamblea Popular y la huelga general.

El gobierno nacional dio a conocer un acta-acuerdo, firmado por legisladores nacionales de Tucumán y Jujuy y por funcionarios de la intervención Federal, en el que se establecen las pautas que regirán la próxima zafra azucarera. La CART (Cámara que agrupa a los grandes ingenios de Tucumán) había propuesto eliminar la regulación estatal de la comercialización del azúcar, para sustituirla por una desregulación que no era más que una regulación monopólica de los grandes ingenios. El acta acuerdo consagra en gran parte esta orientación. Se ha fijado un cupo anual de 1.150.000 toneladas de azúcar destinada al mercado interno, y una cuota de 97.000 destinada al exterior. La Cart protestó por el alto cupo interno, puesto esto provocaría un menor precio del azúcar y un mayor precio para la caña. Pero el gobierno atendió a los reclamos de la Copal (cámara que agrupa a los pulpos de la alimentación) que absorbe el 40% del azúcar del mercado interno, y también sus intereses electorales en Tucumán. Pero los grandes ingenios han logrado un precio satisfactorio para el azúcar (0.55 dólares el kilo en góndola de Buenos Aires) y que no se fije el precio de la caña, lo que le permitirá deprimir su precio. Dado el enorme cañaveral existente, y por lo tanto una sobreproducción de caña, el acuerdo de precios para el azúcar y la fijación de las cuotas, pone al mercado de caña en manos de los ingenios. El acta-acuerdo mantiene el régimen de maquila, por el cual el ingenio procesa la caña a cambio de una remuneración en azúcar, pero establece que los porcentajes deberán ser renegociados seguramente en perjuicio de los pequeños cañeros. El sistema de maquila le permite a los ingenios hacerse de caña sin necesidad de financiar su compra; los cañeros pequeños se ven entonces obligados a vender el azúcar de maquila a cualquier precio, lo que provoca un suculento beneficio para los intermediarios. Otros puntos, como la comercialización mensual del azúcar y los cupos productivos por ingenios deberán ser pactados entre los ingenios, y con las cooperativas cañeras, que tienen a su cargo colocar el azúcar de la maquila. La crisis azucarera El acta azucarera no resuelve ningún problema de fondo, pero descarga las consecuencias de la sobreproducción (15 millones de toneladas de caña para un mercado inferior a las 10 millones) sobre los cañeros más débiles y sobre los trabajadores. Al mismo tiempo, la insolvencia de ocho ingenios, que están en convocatoria de acreedores, permite una mayor concentración de la producción. La sobreproducción se agrava por la caída del consumo interno y por la competencia de otros edulcorantes más baratos, como la fructuosa (derivado del maíz), que ha llegado a ocupar un 20% del mercado. Bajo el gobierno de Alfonsín, se trató de dar una salida al excedente de cañaveral, por medio del plan alconafta, pero el plan fracasó por al alto costo del alcohol en un período de bajo precio del petróleo. Ahora la cuestión ha quedado nuevamente planteada aunque YPF ofrece un precio muy bajo para el alcohol de caña. La producción de alconafta beneficiaría a los ingenios que tienen destilerías, pero también elevaría el precio de la caña, postergando la liquidación económica de cañeros que pretende la oligarquía industrial. Perspectivas El acuerdo no tiene condiciones para detener la enorme crisis que provoca la sobreproducción, esto porque se limita a ser un acuerdo de garantía de precios para los ingenios. Tampoco resuelve la situación de los ingenios en quiebra, lo cual agrava fa desocupación obrera. La intervención federal y Palito apoyan este acuerdo, en lo cual son acompañados por la Ucedé y el Frejupo. Bussi no quiere abrir la boca, principalmente porque el silencio es oro para ganar las elecciones y también porque el bussismo representa a grandes cañeros que no apoyan integralmente este acuerdo. Los explotados de Tucumán están atrapados desde el punto de vista político por dos variantes de la oligarquía que están agrupados en la Fundación del Tucumán. La política del P.O. es desenmascarar esta situación e impulsar las luchas para desarrollar la tendencia a la huelga general, a los comités de base y a la Asamblea Popular. Fotia: Por una gran marcha obrera Desde hace 10 días la Fotia viene cumpliendo un paro por tiempo indefinido, reclamando un aumento salarial del 20% para febrero, un 35 para marzo, y un 11% para abril (la patronal ha ofrecido un 38,7% para marzo, 5% para abril y 2% para mayo). Es la primera vez en 6 años que esta dirigencia impulsa un “plan de lucha”. Siempre justificó su inacción con el cuento de que la crisis afecta por igual a patrones y obreros. Precisamente este año, la Fotia junto a la UCIT impulsó la formación de un Frente de Defensa de la Industria Azucarera, donde el reclamo salarial estaba condicionado a un mayor precio del azúcar y a mayores créditos para a patronal. Sin embargo, las discusiones salariales no dieron ningún resultado, aunque las patronales habían logrado un aumento del 100% del precio del azúcar. La situación se agrava cuando la CART da a conocer su plan de “Desregulación azucarera”; ante la situación crítica de 4 ingenios que amenazan con no moler esta zafra; ante la situación límite de los obreros de algunos ingenios en quiebra, como los del Florida, que desde hace 5 meses no obran un peso, o los del San Pablo, cuyo ingenio está cerrado desde hace 19 meses; sumado a la caída del nivel salarial que apenas supera los 45.000 diarios. El paro que se está realizando, como todavía no comenzó la zafra, sólo afecta el alistamiento de los ingenios, y en ese sentido las patronales pueden tener márgenes de maniobra, cosa que no ocurriría con la zafra, pues se debería parar los trapiches. Esto impulsó a los trabajadores de varios ingenios a encarar otro tipo de acciones, para darle al paro un carácter activo. Así, se está generalizando el corte de rutas y el bloqueo de los ingenios (Concepción, San Juan, Bella Vista, Fronterita, etc.) para impedir que se pueda sacar azúcar de los depósitos. En la misma orientación se ha planteado marchar y ocupar la plaza Independencia. Este impulso combativo contrasta con las declaraciones de la burocracia de Fotia, que una y otra vez insiste en que no quiere llegar a una confrontación o que la marcha a la Plaza Independencia se debe demorar por falta de fondos para pagar los colectivos. Hay que pasar por encima de las maniobras frenadoras de la dirigencia burocrática, e impulsar la marcha obrera a la Plaza y un plan para bloquear todos los ingenios, en especial el Marapa, donde la patronal llegó a un arreglo con burócratas del sindicato, con un aumento a cuenta, que logró al comienzo de la zafra. Daniel Blanco

El Ministerio de Salud anunció el reparto gratuito de un millón de preservativos en el marco de una campaña de prevención del SIDA. Se trata, naturalmente, de una gota de agua en el mar. ¡Y no sólo porque la lucha contra la transmisión del SIDA por vía sexual exigiría, en primer lugar, la implantación de la educación sexual en todos los colegios! La lucha contra el SIDA —al igual que la lucha contra el cólera— exigiría un refuerzo presupuestario en el área de salud, que el Estado menemo-fondomonetarista no puede afrontar porque lo destina al pago de la deuda externa. “Uno de los problemas más graves —según la doctora María Elena Estévez, una de las máximas especialistas en SIDA—es que hay muchos lugares donde no se analiza la sangre que se va a utilizar en las transfusiones. En los hospitales públicos por lo general no hay plata para comprar los reactivos” (Clarín, 22/5). Por esto no debe extrañar que mientras el SIDA tienda a disminuir relativamente entre los homosexuales, “aumente considerablemente entre los niños y los hemofílicos. La campaña gubernamental oculta la gigantesca desprotección de la población frente al SIDA. Pese a la modestia de la campaña gubernamental, la jerarquía eclesiástica puso el grito en el cielo con el argumento cavernícola de que el reparto de preservativos promovería la “libertad sexual”. El virus del SIDA se ha transformado en el gran aliado del clero para luchar contra el progreso en la libertad sexual logrado por los anticonceptivos. Para el oscurantista monseñor Distéfano “el origen (sic) de la epidemia del SIDA es el desorden sexual”, una tesis que desemboca directamente en un régimen de represión integral de la conducta humana. Para la Iglesia, incluso para sus “progresistas” como Novak, no se trata de combatir al SIDA sino al derecho de cada individuo a disponer libremente de su sexualidad. A poco de que la Iglesia levantara la voz, el ministro Porto, en retroceso, intentó conciliar con los oscurantistas. “Subrayó — según Clarín, 21/5— que no está entre los planes del Ministerio la distribución masiva e Indiscriminada (de preservativos)”. ¿Entonces?

Si se aceptara la propuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de admitir en 1992 un cupo máximo de 700 alumnos para primer año, los ingresantes representarían el 27% de quienes se inscribieron en la misma facultad... en 1952 (!!!). El dato sirve para medir la barbarie de la propuesta que pretende adecuar la Universidad a los nuevos tiempos. Los directivos de Medicina afirman que los fundamentos de su planteo son de exclusiva naturaleza "académica y científica’’ y los de sus opositores meramente "Ideológicos’’ (Clarín, 15/5), lo cual, como todo buen científico debería saber, es lo mismo. En Argentina está disminuyendo sistemáticamente el número de graduados: en 1988 recibieron el diploma de médicos —en la totalidad de las universidades nacionales— un 50% de profesionales menos que en 1980, en tanto que los promedios quinquenales reflejan estancamiento y retroceso. La media de ingresantes a la facultad no se modifica en las últimas cuatro décadas, a pesar del obvio aumento de la población. La carencia de recursos docentes en lo que respecta a la formación de médicos es más grave que en el resto de la universidad, lo cual no es poco: sólo un 2,3% de los docentes de Medicina de la UBA tienen dedicación exclusiva (3,6% para el total de las facultades) y el promedio de alumnos por profesor pasó de 30 a 40 en los últimos años. El espacio físico para la enseñanza ha sido reducido en el período reciente en alrededor de un 10% como consecuencia de la falta de recursos, lo cual además impide el abastecimiento mínimo para el funcionamiento de laboratorios indispensables en la carrera. Los trabajos de investigación en el área de la Medicina vienen cayendo también en forma todavía más brutal que en el resto del medio universitario, donde tienden prácticamente a desaparecer como consecuencia de la penuria económica. Aún en estas condiciones el estudiantado realiza los máximos esfuerzos por recibirse lo más rápidamente posible: según el censo realizado en la UBA en 1988, el 87% de los estudiantes tenía menos de 5 años de universidad. Cualquier niño sabe que el primer remedio para esta situación es un drástico aumento del presupuesto universitario. La mayoría del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina propone, en cambio, limitar el ingreso a un cupo 40% inferior a lo establecido por... Videla y llama a esto luchar por la “excelencia’’ de la Medicina. Si se trata de medirla “Inteligencia” para permitir el ingreso a la Universidad, los que auspician semejante proyecto debieran ser compulsivamente enviados a cursos especiales en escuelas diferenciales. Pero obviamente no se trata de un problema de neuronas sino de intereses de clase. Los más ardorosos defensores del limitacionismo defienden los planes privatizadores y la liquidación del sistema sanitario y previsional público del menemismo para convertirlo en un área particular de explotación de la miseria popular. Por esto mismo se oponen al aumento del presupuesto educativo pero alientan el desvío de fondos para subsidiar y garantizar prebendas de todo tipo a las empresas de medicina paga y jubilación privada. Esta gente domina “ideológicamente” en la cúpula universitaria a sus pares del radicalismo (gracias a cuya “normalización democrática de la Universidad” accedieron a los puestos claves en el gobierno de la enseñanza superior). Esto explica que se encuentren a la “ofensiva”: El radical Delich en Córdoba adoptó un sistema análogo al de cupos para la Facultad de Medicina mediterránea; el centroizquierdista Borón acaba de “defenderse” en un artículo periodístico mostrando que “es mentira que exista el ingreso irrestrlcto” en la UBA y que el CBC (Curso de ingreso) es eficiente filtro limitacionista donde la gente “debe matarse estudiando” para recién después acceder a la enseñanza universitaria (Página 12, 12/5); el radical Shuberoff acaba de firmar un documento “en defensa de la Universidad” con el rector de la Universidad Católica y del Salvador (ver nota). Se trata por lo tanto de una oposición trucha a la “derecha”, que se niega a luchar por la Universidad y su presupuesto y bajo cuya dirección el movimiento estudiantil contra la arancelización-privatización carece completamente de porvenir. Es necesario una política y una organización independiente.

Si se aceptara la propuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de admitir en 1992 un cupo máximo de 700 alumnos para primer año, los ingresantes representarían el 27% de quienes se inscribieron en la misma facultad... en 1952 (!!!). El dato sirve para medir la barbarie de la propuesta que pretende adecuar la Universidad a los nuevos tiempos. Los directivos de Medicina afirman que los fundamentos de su planteo son de exclusiva naturaleza "académica y científica’’ y los de sus opositores meramente "Ideológicos’’ (Clarín, 15/5), lo cual, como todo buen científico debería saber, es lo mismo. En Argentina está disminuyendo sistemáticamente el número de graduados: en 1988 recibieron el diploma de médicos —en la totalidad de las universidades nacionales— un 50% de profesionales menos que en 1980, en tanto que los promedios quinquenales reflejan estancamiento y retroceso. La media de ingresantes a la facultad no se modifica en las últimas cuatro décadas, a pesar del obvio aumento de la población. La carencia de recursos docentes en lo que respecta a la formación de médicos es más grave que en el resto de la universidad, lo cual no es poco: sólo un 2,3% de los docentes de Medicina de la UBA tienen dedicación exclusiva (3,6% para el total de las facultades) y el promedio de alumnos por profesor pasó de 30 a 40 en los últimos años. El espacio físico para la enseñanza ha sido reducido en el período reciente en alrededor de un 10% como consecuencia de la falta de recursos, lo cual además impide el abastecimiento mínimo para el funcionamiento de laboratorios indispensables en la carrera. Los trabajos de investigación en el área de la Medicina vienen cayendo también en forma todavía más brutal que en el resto del medio universitario, donde tienden prácticamente a desaparecer como consecuencia de la penuria económica. Aún en estas condiciones el estudiantado realiza los máximos esfuerzos por recibirse lo más rápidamente posible: según el censo realizado en la UBA en 1988, el 87% de los estudiantes tenía menos de 5 años de universidad. Cualquier niño sabe que el primer remedio para esta situación es un drástico aumento del presupuesto universitario. La mayoría del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina propone, en cambio, limitar el ingreso a un cupo 40% inferior a lo establecido por... Videla y llama a esto luchar por la “excelencia’’ de la Medicina. Si se trata de medirla “Inteligencia” para permitir el ingreso a la Universidad, los que auspician semejante proyecto debieran ser compulsivamente enviados a cursos especiales en escuelas diferenciales. Pero obviamente no se trata de un problema de neuronas sino de intereses de clase. Los más ardorosos defensores del limitacionismo defienden los planes privatizadores y la liquidación del sistema sanitario y previsional público del menemismo para convertirlo en un área particular de explotación de la miseria popular. Por esto mismo se oponen al aumento del presupuesto educativo pero alientan el desvío de fondos para subsidiar y garantizar prebendas de todo tipo a las empresas de medicina paga y jubilación privada. Esta gente domina “ideológicamente” en la cúpula universitaria a sus pares del radicalismo (gracias a cuya “normalización democrática de la Universidad” accedieron a los puestos claves en el gobierno de la enseñanza superior). Esto explica que se encuentren a la “ofensiva”: El radical Delich en Córdoba adoptó un sistema análogo al de cupos para la Facultad de Medicina mediterránea; el centroizquierdista Borón acaba de “defenderse” en un artículo periodístico mostrando que “es mentira que exista el ingreso irrestrlcto” en la UBA y que el CBC (Curso de ingreso) es eficiente filtro limitacionista donde la gente “debe matarse estudiando” para recién después acceder a la enseñanza universitaria (Página 12, 12/5); el radical Shuberoff acaba de firmar un documento “en defensa de la Universidad” con el rector de la Universidad Católica y del Salvador (ver nota). Se trata por lo tanto de una oposición trucha a la “derecha”, que se niega a luchar por la Universidad y su presupuesto y bajo cuya dirección el movimiento estudiantil contra la arancelización-privatización carece completamente de porvenir. Es necesario una política y una organización independiente.

El miércoles 22, alrededor de 500 estudiantes del PUEF (Profesorado de Educación Física de La Plata) se movilizaron en apoyo al paro de los profesores y para reclamar la asignación inmediata de 45 cargos docentes, que son imprescindibles para que puedan dictarse normalmente las distintas escuelas de Gimnástica. La movilización exigió también que sea la universidad la que garantice el pago y funcionamiento de la pileta, la que hasta ahora ha sido sostenida por el esfuerzo de los estudiantes. Esta unidad estudiantil-docente tiene en el PUEF una larga trayectoria que fue decisiva en las luchas del 86 y 87 para arrancar el inicio de las cursadas. Pero ahora la situación se ha agravado!!! El reclamo de los 45 cargos docentes, que el “centroizquierdista" Panettieri, decano de la Facultad de Humanidades, pretende “suplir" con comisiones multitudinarias o directamente “reemplazando” la falta de profesores con alumnos avanzados de la carrera, es la única respuesta posible y contundente a la miseria presupuestaria que denigra las condiciones de estudio. Porque todo este “caos" y el deterioro fenomenal del nivel académico tiene una finalidad concierte: desmoralizar a los alumnos de Educación Física para que abandonen los estudios (...para Plastino y Panettieri la carrera está superpoblada...), mientras se avanza en la liquidación del PUEF como profesorado universitario. Esta tendencia a la descalificación del título es por otra parte general en el país, ya que con excepción de La Plata, Río Cuarto y Tucumán, el resto de los profesorados son de nivel terciario y aún éstos son cada vez menos frente a la proliferación de institutos privados. Este cuadro de catástrofe en Educación Física (que amenaza con la pérdida del año), es lo que explica la numerosa (casi la mitad de los alumnos del PUEF) y combativa marcha del 22 que recorrió las calles de La Plata, y terminó en un virtual “copamiento” del Rectorado y en un ultimátum a las autoridades. ¡¡Sin los cargos y la pileta, las clases no comienzan!!! El paro de los profesores del PUEF (la contracara de la trenza derechista de Medicina) y la movilización conjunta de docentes y estudiantes ha arrancado una primera victoria: el ofrecimiento de 17 cargos y la “promesa” de que se va a garantizar la pileta para la escuela de natación. Pero como ha señalado la Lista Naranja (UJS) la pileta todavía está “en veremos” y los 28 cargos que restarían, comprometen las cursadas de 1°, 2° y 3er. año. Es necesario profundizar la lucha, eligiendo delegados e impulsando masivamente la próxima Asamblea, convocada para el jueves 30. El comienzo de las movilizaciones por el aumento del presupuesto, no ha tomado por sorpresa a la Lista Naranja (UJS), la cual desde el año pasado viene luchando en el PUEF por más cargos rentados, el pago de la pileta y mejores condiciones de estudio. Por eso mismo, la Naranja (UJS) ha echado profundas raíces entre la masa de estudiantes de Educación Física y hoy juega un rol protagónico en esta lucha.

El viernes 24 por iniciativa del Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales y de la Lista de Delegados de la facultad de Arte se convocó a una reunión estudiantil universitaria para discutir el plan del gobierno de imponer el arancelamiento universitario. Participaron 30 compañeros representativos de las fuerzas convocantes, y además de la agrupación Venceremos de Arquitectura, la agrupación Nueva Corriente que dirige el centro de Filosofía y Letras y activistas de la Universidad Tecnológica y de la escuela de Enfermería. La reunión aprobó un pronunciamiento que denuncia el proyecto de arancelamiento como un aspecto de la política de privatización general del sistema universitario. Ese es el sentido, se señaló, del proyecto de nueva ley de educación de la intervención federal. Con relación al balance de la conducta de las direcciones estudiantiles se denunció la parálisis de la Franja Morada (que dirige la federación universitaria y la mayoría de los centros). En contraste se señaló la movilización de 200 estudiantes del instituto técnico (secundarios adheridos a la Universidad) que marcharon al rectorado protestando contra el arancelamiento. Como conclusión se decidió formar una coordinadora contra el arancel, darle difusión al pronunciamiento, reclamar a los centros y a la FUT la convocatoria de asamblea por facultad y una asamblea general estudiantil para discutir un plan de acción contra el arancel. Finalmente se aprobó sumar a la coordinadora a los colegios secundarios.

Esta frase estuvo en boca de la mayoría de los 600 estudiantes que participaron de la Asamblea de Medicina, el viernes 24. Las acusaciones contra el radical Plastino (quien un mes atrás presidió la “opositora" Asamblea universitaria contra el... “modelo neoliberal de Menem en la Universidad...") tienen que ver con el acuerdo —que un día antes y como rector de la UNLP firmó con la trenza profesoral de los Fassi-Mayans para reimplantar al examen de ingreso en Medicina. El pacto retrotrae a los alumnos del 1er año (que están cursando el ciclo introductorio) a la calidad de meros aspirantes. Para “disimular” su capitulación, el rector Plastino se “comprometió” a flexibilizar las condiciones del examen de “admisibilidad". La “traición” del “democrático” y “antiliberal” Plastino fue oportunamente anticipada por Prensa Obrera. Desde un principio —y con mayor celeridad aún a medida que crecía la movilización estudiantil — la orientación fundamental de Plastino y del Consejo Superior fue abrir una vía de negociación con los “carapintadas” de Fassi. Esto fue incluso así, cuando el Consejo Superior (bajo presión de las concentraciones de aspirantes!!) votó “anular el examen de ingreso”, porque esta “resolución” fue meramente declarativa. El Ciclo Introductorio tiene como única función alargar la carrera y desalentar a los ingresantes. La “traición” del radical Plastino ha dejado completamente en “orsai” a la también radical Franja Morada. Con el argumento de que la “prioridad” era la vuelta a la “legalidad” (que el paro de los Fassi contra el libre ingreso habría quebrado), la Franja admitió la discusión del examen de ingreso para el 92, siempre y cuando se reanudasen las clases. Franja creyó que, a cambio de esto, tenía derecho a reclamarle a Plastino el “compromiso” de “disciplinar” a los Fassi. Pero fue Fassi el que “disciplinó” a Plastino ¡Y todo quedó en la “legalidad”! El acuerdo entre Plastino y Fassi, lejos de desmoralizar a los estudiantes ha provocado una radicalización del movimiento extendiéndolo a todos los años de la facultad. Prueba de ello es el voto de la Asamblea a favor de la expulsión de los profesores reaccionarios (lo que requiere una profundización de la lucha del movimiento estudiantil). La asamblea también votó la convocatoria a una nueva movilización masiva para defender a los ingresantes y quebrar el paro limitacionista de Fassi. El Plan “Fassi-Plastino” es una prueba piloto para liquidar el ingreso irrestricto en toda la Universidad de La Plata. La UJS llama a todo el movimiento estudiantil-docente a realizar una amplia campaña de agitación y solidaridad activa con la lucha de Medicina, y a organizar desde los Centros y las Asambleas por Facultad, una Gran Movilización de toda la Universidad bajo las consignas: “Abajo el Plan Fassi-Plastino”, “Expulsión de la camarilla derechista de Medicina”, “No al examen de Ingreso”, “Inmediato aumento de presupuesto”.

Frente al plan del gobierno de despedir 12.500 ferroviarios y suprimir numerosos servicios, es necesario fortalecer y extender el plenario de seccionales como forma de organizamos para enfrentar el plan. En base a esto, el plenario resuelve: 1) Hacer un llamado a todos los trabajadores ferroviarios, denunciando el plan, esclareciendo los alcances del mismo y clarificando el carácter de “despido encubierto" del retiro voluntario. Proponer que se realicen asambleas en seccionales y especialidades, donde se elijan representantes y delegados para incorporarse al Plenario. Denunciar el papel cómplice que están jugando los directivos de todos los gremios ferroviarios. Este llamado debe ser hecho a través de un volante del Plenario de Seccionales y la Comisión de Enlace. 2) Iniciar una campaña de agitación y propaganda sobre el público usuario (a través de volantes, afiches, etc.) denunciando el plan de despidos y la suspensión de servicios. Iniciar con una jornada de agitación en las estaciones cabeceras el 24/5. Iniciar también una campaña en los medios de difusión. 3)Proponer a las asambleas seccionales que resuelvan medidas de fuerza como primer paso de la lucha, a aplicar en cuanto comiencen los despidos. En este caso realizar de manera inmediata un Plenario de emergencia. 4) Proponer a las asambleas seccionales un llamado a los trabajadores estatales y privados que enfrentan planes de racionalización y despidos (YPF, Banade, Acindar, etc.) para unificar la lucha, preparando un plenario nacional conjunto y una gran marcha a Plaza de Mayo. 5) Preparar la realización de plenarios por línea, para fortalecer el plenario nacional. Próximo plenario: Seccional Kilómetro 5 (F.C.ROCA)—9 de julio 1820—Lanús Este. Martes 28/5—15 horas. Plenario de Seccionales en lucha 20/5/91

Hace ya cinco meses, el gobierno menemista atravesó una violenta crisis política con el estallido del llamado “Swift-gate”. Entonces, el embajador Todman denunció por “corrupción” a los funcionarios del entorno presidencial, en particular a Emir Yoma. Dos meses después, una nueva y violentísima crisis sacudió al gobierno cuando la justicia española incriminó a los Yoma y a otros altos funcionarios en el lavado de narcodólares. Cayeron ministros, cayeron secretarios de Estado, intervino la justicia pero la crisis política, lejos de haberse cerrado, está hoy al rojo vivo. El detenido Caserta —que teme convertirse en un “chivo expiatorio” acaba de amenazar al propio presidente con “hablar y dejar pegados a todos” si no se le concede la excarcelación. Menem —que envió inmediatamente a Devoto a su amigo e Interventor de la Casa de la Moneda, Armando Gostanian, a “tranquilizar" al detenido— declaró poco después que “Mario Caserta podría quedar libre por falta de méritos” (La República, 24/5). La liberación del único funcionario detenido por el caso del lavado de narcodólares, sin embargo, pondría al gobierno en una situación insostenible. El juez Pons, por su parte, acaba de reabrir la causa por el “Swift-gate” y se apresta a tomar declaración indagatoria a todo el gabinete y al propio Menem, algo que “perturba el sueño del presidente” (ídem) ante la oleada de deschaves y acusaciones cruzadas en puerta. Se ha relanzado públicamente, y con una inusitada violencia, el enfrentamiento de las camarillas y clanes gubernamentales. Las dos denuncias que pusieron al gobierno al borde del “knock-out” fueron motorizadas por la diplomacia norteamericana, lo que explica la violencia de la crisis política que desataron. Todman, con el “Swift-gate”, acusó al gobierno de albergar clanes “hostiles a los Intereses norteamericanos”, reclamando entonces la entrega de las privatizaciones y demás prebendas al capital norteamericano en detrimento de la “competencia” europea. La prensa europea, por su parte, señaló que fueron la CIA y el Mossad (el servicio secreto israelí) los que destaparon el lavado de narcodólares en el Plata con el objetivo de hundir al clan Yoma. El escándalo del narcotráfico y el “Swift-gate” tienen más de un punto en común, además de que el blanco en ambos “operativos” era el clan Yoma. Es que el Rio de la Plata se había convertido en una seria “competencia” para la banca norteamericana que —operando desde los “paraísos" de Bahamas, las islas Caimán o el Panamá post-Noriega— detentaban el monopolio del lavado. La “conexión rioplatense” “es una manera de soslayar la costosa Intermediación norteamericana” (La Nación, 9/5) que la banca estadounidense —necesitada del “aire” que le dan los 500.000 millones de dólares anuales del narcotráfico para enfrentar su virtual estado de quiebra— quiere destruir. Y es la misma diplomacia norteamericana la que ha vuelto a poner los escándalos del gobierno menemista en primer plano. El Senado norteamericano acaba de abrir una investigación sobre el lavado de narcodólares en el Río de la Plata mientras que el secretario de Estado adjunto, el vicecanciller norteamericano, Lawrence Eagleburger, acaba de comunicarle a Cavallo la “enorme preocupación” de la diplomacia yanki por la “corrupción” que campea en Buenos Aires. Como lo acaba de comprobar la jueza Servini de Cubría, el gobierno menemista ha quedado reducido al papel de rehén de la diplomacia estadounidense. Cuando la jueza requirió la colaboración de la DEA (la agencia norteamericana encargada de la lucha contra el narcotráfico) para esclarecer el caso de los narcodólares, los funcionarios estadounidenses en Buenos Aires respondieron que “tenían que hablar con sus superiores en Washington antes de contarle lo que sabían” (Clarín, 19/ 5). “Tanto misterio —concluye Clarín— lleva a suponer que los datos que puede proporcionar la DEA son capaces de provocar conmoción en estas playas”. El Departamento de Estado utiliza las “pruebas”, las esconde o las fabrica para extorsionar al gobierno menemista y obligarlo a ir a fondo en la capitulación en todos los terrenos, desde la deuda externa a la diplomacia, pasando por el Condor II y la entrega de privilegios de toda índole a la “inversión” norteamericana (como en el caso de la Enron, que acaba de ser “beneficiada” con la adjudicación de la planta separadora de gases en Neuquén). Pero ni siquiera esta capitulación sistemática asegura la supervivencia de un gobierno cuya base social se esfuma, cuyos choques internos son cada vez más violentos y al que un abismo de odio lo separa del pueblo trabajador. Los escándalos —que son una expresión de la descomposición del régimen político— demuelen al gobierno tanto como su encubrimiento y las capitulaciones con que pretende comprar el silencio de la diplomacia norteamericana. El pago de la deuda externa —al vaciar de dólares el BCRA— inviabiliza el plan Cavallo y anuncia su explosión. La hiperinflación, la crisis política y, como consecuencia de ambas, la derrota electoral llevan a la caída del gobierno. La prensa extranjera ha destacado las recientes declaraciones de Menem sobre el carácter “desastroso” que tendría para el gobierno la pérdida de la mayoría en el parlamento. Y lo hace, no tanto por la importancia del Congreso para una aprobación rápida de las leyes que necesite el gobierno sino, y por sobre todo, porque el parlamento es el organismo llamado a resolver en caso de una “crisis Institucional”. Las “relaciones carnales” que el canciller Guido Di Tella pretende mantener con los Estados Unidos se han convertido en una cotidiana violación.

La marcha por el crimen de Walter Bulacio del jueves 23 pasado culminó con una provocación policial. Cuatro “tiras” que salieron de la Casa de Gobierno detuvieron a palazo limpio a una manifestante y dieron pie a la aparición de la Guardia de Infantería para dispersar con sus métodos a los compañeros que reaccionaron contra la detención. Resultado: varios detenidos y golpes a mansalva. La planificada operación represiva tiene el objetivo de intimidar a la movilización que no cesa en repudio justamente a la brutalidad policial. No hay que olvidar que es la cuarta marcha consecutiva, que reunió a más de 1.000 compañeros y que comienzan a acercarse a este movimiento secundarios y jóvenes del Gran Buenos Aires. Él ataque no viene, sin embargo, sólo de los uniformados del gobierno de Menem. Más pérfido si se quiere es el sutil desmantelamiento de la movilización que promueve la “centroizquierdista" “comisión de padres y docentes” del colegio de Walter que, sabiendo de la manifestación convocada por activistas secundarios y juveniles de Congreso a la Plaza de Mayo, concretaron su propósito de dividirla y marcharon en silencio desde el propio colegio Rivadavia hasta Congreso, donde llamaron a desconcentrar. Los siguió el 10% de los asistentes, pero se ocuparon de señalar a los “medios" que eso era "otra cosa", de presentar su fracasada convocatoria como la “verdadera marcha" y de dar a entender "entrelineas" algo así como “por algo los habrán reprimido". ¡Esta gente dice que así se "protege a la juventud” y se junta después para votar programas centrados en la necesidad de recuperar los “valores éticos”! Digamos además, que en los días previos mandaron delegaciones a los colegios junto a Franja Morada para alertar a los chicos contra los “activistas” que van a las Asambleas y a las marchas que ellos mismos no convocan. Todo esto es “políticamente” una canallada de quienes dicen que no hay que “politizar" el movimiento. En repudio a la represión y para continuar la movilización está convocada una nueva Asamblea para este martes 28. Está planteada una nueva movilización para el jueves 6 de junio y debatir cómo extender el movimiento con asambleas en los colegios, pronunciamientos y mandatos en favor de una masiva protesta contra la violencia policial, la investigación del crimen de Walter y la derogación de los “edictos”. La defensa de las Iibertades y derechos de la juventud cabe a la propia juventud y no a sus falsos “tutores”. Es decir, hay que discutir también como organizarse contra las provocaciones policiales, frenar a los represores y evitar las detenciones arbitrarias formando grupos de autodefensa de la juventud en barrios y escuelas contra la presencia, el maltrato y las razzias sistemáticas con las cuales se violenta a los jóvenes.

En la noche del miércoles 22 fue baleado el cineasta Pino Solanas. Esa misma noche, Menem instruyó “a las autoridades competentes para que impulsen de inmediato una investigación rápida y exhaustiva del episodio a fin de que caiga sobre los culpables todo el rigor de la ley” (La Nación, 23/5). Una semana después, Solanas declaró que el juez de la causa no le había tomado declaración y que pese a las promesas presidenciales, “ninguna autoridad nacional ha concretado esa garantía (“de seguridad y esclarecimiento de los hechos”)” (Página 12, 30/ 5). En un reportaje publicado en Página 12 (24/5), Pino Solanas sostuvo que el atentado era “un acto de intimidación que viene de alguno de los poderes mafiosos que están bien prendidos en esta rapiña nacional”, mencionando entre otros a los grupos económicos vinculados a la rapiña de la Galería Pacífico, la privatización de Somisa, el descuartizamiento de YPF, etc. Para Solanas existiría un poder económico, independiente del gobierno, que buscaría silenciar aquellas voces que denuncian la entrega del patrimonio nacional. En definitiva, los responsables no serían otros que la “patria financiera y la patria contratista”. Pero el gobierno de Menem no está suspendido en el aire, es el vocero político y el centralizador de todos estos intereses económicos. La ofensiva antiobrera y los atropellos de todo tipo hacen a la esencia de la política oficial, y de ningún modo resultado de un poder que circula en sus inmediaciones. Desde otro ángulo, el periodista Horacio Verbitsky salió a exonerar por anticipado al gobierno menemista de toda responsabilidad en el atentado a Solanas. “Mientras no se demuestre lo contrario, el Poder Ejecutivo parece antes victima que beneficiario y/o ejecutor de hechos que podrían encaminarse a una desestabilización del sistema institucional, y acusar por ellos a la presunta mafia gobernante constituye una peligrosa imbecilidad” (Página 12, 26/5). Verbitsky dirige las sospechas hacia grupos marginales, carapintadas o profanadores de tumbas judías, sin explicar por qué no puede esclarecer el atentado contra Solanas y eventualmente castigar a los responsables. Los “imbéciles” se preguntan por qué se arrastra el no esclarecimiento del crimen de María Soledad o por qué el Ministerio del Interior ordenó la infiltración del PO y del Mas. Si los terroristas son ajenos al poder del Estado, no habría por qué preocuparse. Verbitsky propone que el gobierno esclarezca los hechos y detenga a sus ejecutores, como cuando proponía que Isabelita detuviera a las Triple A, o como cuando le proponía a Alfonsín que esclareciera el secuestro de Sivak, mientras el equipo investigador del gobierno extorsionaba a la familia de la víctima. Con el razonamiento de Verbitsky, el gobierno no tendría responsabilidad en el asesinato en una comisaría del joven Walter Bulacio, olvidándose que ese asesinato no hubiera podido cometerse si no existiese una campaña oficial contra la juventud. El atentado contra Solanas se explica como parte de la ofensiva reaccionaria del gobierno, incluida la querella judicial de Menem contra Solanas.

La Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de ley que, mientras pretende restringir las facultades de la policía para detener personas por “averiguación de antecedentes”, ratifica la potestad de la policía para privar de la libertad a los ciudadanos. Las modificaciones fueron presentadas por el “grupo de los 8” y Simón Lazara, luego de llegar a un acuerdo con el Jefe de policía. ¡Trucho! Los diputados han presentado el texto como un triunfo porque permite al detenido avisar a conocidos o familiares sobre su situación, pero esto ya estaba en vigencia porque la policía está obligada desde 1985 a permitir que el detenido se comunique con familiares o conocidos. También está autorizada a detener sólo si existe sospecha probada de que se cometerá delito o contravención y también está obligada a comunicar al juez. Pero nunca cumple con estas obligaciones. Pero la ley no establece como hará el detenido para comunicar a sus conocidos o familiares su detención. La mayoría de la población carece de teléfono — cuando directamente no funcionan. La “innovación” hubiese sido obligar a la policía a ir a la casa que se indique a comunicar inmediatamente una detención. Y obligar a que el juez se presente en el lugar para escuchar y ver al detenido. Pero el punto central es que se autoriza la privación de la libertad y que persisten los edictos policiales. Este engendro permite a la "federal” detener y mantener en arresto, así como aplicar multas arbitrariamente “por contravención”, pues el “juez” de la causa es el propio jefe de policía. Juez y parte, pues los que acusan son sus subordinados. Y en estos casos, que son la mayoría, no es necesario comunicarle a ningún juez que alguien está detenido. Según las estadísticas oficiales, entre cincuenta y sesenta mil casos se sancionan, anualmente, por edictos; menos del cinco por ciento de ellos llega a conocimiento de la justicia; el resto, permanece en la esfera exclusiva de la policía, que detiene en la cárcel y sanciona multas, sin control alguno (Clarín, Pag.12, 23 y 26/5). Los edictos permiten detener a una persona por ambigüedades tales como “vagancia” y apreciaciones subjetivas como “desorden en la vía pública”. Esta última figura permite detener aún por la sospecha de que se cometerá (!) la contravención, precisamente como establece el proyecto de Lázara y sus asesores. El joven Walter Bulacio fue detenido “preventivamente” y murió a consecuencia de esa detención, precisamente basándose en la figura de los edictos, y la “presunción” de vagancia o desorden, según informó oficialmente la policía. ¡Y para ello, Lázara y Cía, bastaron menos de diez horas! Nada dicen los diputados de algo tanto o más grave que estas facultades. La policía de la provincia de Buenos Aires — y en la mayoría de las provincias es igual— no sólo puede detener a su antojo, sino que está encargada por la ley de comenzar el juicio, en la etapa de “instrucción”. Durante todo ese lapso, el detenido permanece en la comisaría a disposición de sus propios acusadores, que son quienes preparan las pruebas (¡Catamarca!). La muerte, la semana pasada, del joven Claudio Hernán Vivas Sosa, en Mar del Plata, como consecuencia de los culatazos en la cabeza que le citó la policía al detenerlo, ponen sobre el tapete que no será con estos “maquillajes” lazaristas que se solucionará el problema. Es necesario profundizar la movilización por la derogación lisa y llana de los edictos policiales y por el cese de la "instrucción Judicial" en manos de las policías provinciales. La existencia de un proyecto de ley del PJ en diputados, para unificar toda la represión al mando de la Federal (La Nación, 18/5) demuestra que lejos de aminorar, la tendencia del capitalismo es a ampliar los poderes policiales, para reprimir al movimiento obrero y a la juventud. El reciente proyecto centroizquierdista no hace sino fortalecer, por acción y por omisión, ésa tendencia. Solo la movilización independiente y la organización juvenil y popular impondrán el cese de estos crímenes.

Con los jubilados a la cabeza, el país se encuentra en estado de movilización general. Los empleados públicos de Santa Cruz, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Neuquén ganan las calles todos los días y en algunos casos se ven obligados a ocupar las casas de gobierno y las legislaturas. Los trabajadores ocupan los Astilleros Alianza o el Banco Alas, para combatir el vaciamiento patronal y la cesantía masiva; los ferroviarios se declaran en movilización contra las cesantías, con la convicción de que los “retiros voluntarios” son parte de una maniobra del gobierno para desmoralizar al gremio, sin la menor intención de cumplir con las indemnizaciones que promete. ¡Cómo va a hacerlo la misma gente que manda al Congreso un proyecto de ley para reducir las indemnizaciones por despido! Los docentes han vuelto a las huelgas en la mayor parte de las provincias y los jóvenes manifiestan contra la violencia policial. Los legisladores de cincuenta millones de sueldo, votan en cambio la vigencia de las detenciones arbitrarias por “averiguación de antecedentes” y de los edictos policiales. El atentado contra Solanas no da señales de que vaya a ser esclarecido. En Propulsora los trabajadores votan contra la “flexibilidad laboral”, en tanto que en San Nicolás los obreros de Somisa se aprestan a luchar contra las cesantías del empresario Triaca. La lucha de Acindar no está terminada y en Sierra Grande el pueblo debe enfrentar el intento de cerrar Hipasam. La decisión de no pagar el medio aguinaldo va poniendo al conjunto del pueblo en un estado de exasperación colectiva. El gobierno que impulsa esta política antiobrera se encuentra, por su lado, en una completa impasse. De un lado, el “plan Cavallo" está agotado y el propio ministro ha comenzado a abandonar a su criatura. Lo demuestra la emisión ilegal de moneda que se está haciendo para rescatar los beneficios bancarios y para que el Tesoro pueda pagar la deuda externa. Los redescuentos, prohibidos por el “plan”, aumentaron en un ciento por ciento y el equipo económico ha vuelto a emitir bonos públicos en un nuevo “festival" que está dando rendimientos del 46% en dólares a la “patria financiera”. Domingo Cavallo está abandonando expresamente su “plan” porque éste se ha tornado inviable y porque el ministro está preparando una nueva devaluación del austral. El hundimiento del “cavallazo” anuncia una nueva crisis política. El lanzamiento de la candidatura de Duhalde es una manifestación de esta nueva crisis. Las vacilaciones de Duhalde para “salir al ruedo” tuvieron por motivo único la convicción de que el justicialismo difícilmente pueda ganar las elecciones bonaerenses. La candidatura del vicepresidente es, entonces, esencialmente débil. Pero ha tenido que salir a disputar las elecciones porque una derrota en Buenos Aires significaría el fin del gobierno Menem, y el fin de Duhalde como vice. Las próximas elecciones provinciales tienen la función de elegir al personal político que deberá sustituir al presente esquema de gobierno con un gobierno de “unidad nacional”, o directamente asumir el reemplazo de Menem. Por la vía de las luchas, del hundimiento del “plan económico" o de las elecciones, se plantea como una constante la cuestión del poder. Las “internas” de la UCR han clarificado el panorama en este punto, al ofrecer como equipo de recambio al cuarteto De la Rua-Angeloz-Pugliese-Usandizaga — todos favorables al plan en curso y sin la “mácula” alfonsiniana de haber provocado la crisis de febrero de 1989, que estuvo a punto de arruinar a varios “capitanes de la industria”. Las Franjas Moradas y los “izquierdistas” radicales son simples auxiliares del cuarteto mencionado y de la función que se le asigna de superar el “vacio de poder” del menemismo. El Partido Obrero llama a un frente de trabajadores y de izquierda para orientar las luchas populares, hacer una campaña por la huelga general y actuar como alternativa política independiente de las masas ante la nueva etapa de la crisis.