Prensa Obrera N° 330

La epidemia de cólera que desde Perú ha comenzado a extenderse por toda América Latina, está adquiriendo el contorno de una verdadera masacre. En Perú ya se han registrado más de 1.200 muertes y casi 400.000 enfermos, mientras los especialistas prevén que la enfermedad podría perdurar por años. Los hospitales están abarrotados, al punto que sólo se internan los casos terminales. El resto de los miles de enfermos son enviados de vuelta, a sus viviendas con todo el riesgo de propagación. La emergencia del cólera tiene un carácter social. El colapso de los servicios públicos y la marginalización de millones de personas, es decir la bancarrota histórica y efectiva del capitalismo, son la causa directa de su propagación fulminante. La sola existencia de agua potable y redes cloacales sería una valla insuperable a la propagación de la enfermedad. Pero no sólo es el cólera. En las villas limeñas la proliferación de las pulgas hace temer a los sanitaristas una explosión del tifus. En la zona amazónica abatida por el terremoto de principios de abril, se registran casos de lepra, de fiebre amarilla y de malaria, las que a su turno se propagarán por todo Perú y el resto de América Latina. Le Monde denuncia que para frenar estas epidemias en el departamento amazónico peruano de San Martín, no se dispone de quinina, ¡un alcaloide que es extraído del quinaquina, palabra que designa al árbol de origen peruano caracterizado por su corteza amarga! Bajo el régimen social capitalista, América Latina está condenada a retornar a la barbarie más extrema. Pero la impotencia de los gobiernos capitalistas para enfrentar la epidemia acaba de encontrar en Perú una nueva manifestación, que raya con el crimen social. La corresponsal del diario Le Monde (25/4) informa que unos 700 millones de dólares que el gobierno peruano tenía asignado originalmente para “gastos sociales”, fueron integralmente transferidos al pago de la deuda externa por exigencia de la banca internacional, mientras miles de peruanos morían como moscas. La corresponsal de Le Monde tuvo que añadir que “no es sino gracias al coraje y a la organización de la población y a los socorros de la Iglesia y de la solidaridad internacional que las pérdidas humanas hayan sido limitadas”. El presidente de la Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar un “llamado desesperado a la comunidad internacional” para evitar que el cólera se propague a todo el mundo. Ya han aparecido casos en Bangladesh después del reciente maremoto y también en el África. Según el presidente de la OMS, sería necesaria “una inversión mínima de 5.000 millones de dólares anuales durante diez años” para proveer a los países atacados por el cólera de instalaciones sanitarias y agua potable. De lo contrario, “teme que entre 90 y 120 millones de personas estarían amenazadas por la epidemia" (Le Monde, 28/4). ¡Pero esos 5.000 millones anuales que reclama el presidente de la OMS son apenas una pequeña parte de lo que los países que hoy están atacados por el cólera pagan anualmente a la banca mundial por la deuda externa! Bastaría con repudiar la deuda externa para comenzar a resolver la epidemia. La verdadera enfermedad no es el cólera, es el capitalismo. Nada diferencia a Perú ni al resto de América Latina de Argentina ni a Menem de Fujimori. El propio presidente de la OMS afirma que los gobiernos de América Latina declaran el “estado de alerta” (como lo acaba de hacer Menem) sin la menor idea de lo que se podría hacer frente a la carencia de cloacas y de agua potable para el 70% de los argentinos, el hacinamiento, la pauperización creciente de la población y el constante drenaje de divisas a los acreedores. La catástrofe del cólera ha puesto al desnudo el parasitismo del capitalismo. La expropiación del capital se ha convertido en un asunto de salud pública.

Hubiera sido fácil para Prensa Obrera citar las expresiones eufóricas pronunciadas en la Cámara de Comercio Americano-Brasileña, para concluir que Zelia Cardoso de Mello cayó simplemente porque lo reclamaron los bancos acreedores norteamericanos. Ayudaríamos a describir de este modo a otra víctima burguesa nacional del imperialismo. Pero “Dona Zelia" ha seguido en estos catorce meses una política proimperialista, que además se aprestaba a profundizar con un acuerdo sobre el pago de intereses atrasados a la banca acreedora. Una justificación simplista de la caída de Zelia serviría para ocultar la dimensión de la crisis política y económica que recogen sus sucesores. Un simple hecho bastaría para “pinchar” la supuesta tesis del “odio” de los acreedores hacia Zelia. Apenas se conoció su renuncia y la de todo su equipo, incluida la de Jorio Dauster, negociador de la deuda externa, los banqueros norteamericanos desesperados se lanzaron a localizar a Dauster en Nueva York con el propósito de que pudiera firmar lo antes posible el acuerdo sobre los intereses atrasados que Dauster había negociado. Es que por medio de ese acuerdo Brasil debería pagar al contado el 25% de los intereses atrasados, unos 2.000 millones de dólares, y el resto hacerlo en bonos a tasas fluctuantes. Con este acuerdo los bancos le ponen el moño a lo que ha sido un drenaje impresionante en su beneficio. Durante el año pasado, Brasil “remitió efectivamente en divisas a sus acreedores externos cerca de 8.900 millones de dólares”, de los cuales 4.200 millones fueron por deuda externa, 2.900 millones en intereses y 1.800 millones por salida de capital de corto plazo (Folha de Sao Paulo, 30/4/91). Si Brasil hubiese pagado todas las obligaciones, hubiera tenido que “remitir a sus acreedores cerca de 17.200 millones de dólares” (ídem), es decir, se hubiera quedado sin reservas y en quiebra total. En enero de 1991 se retomó el pago de los servicios del sector privado con los bancos comerciales externos y el 30% de la deuda pública, lo que representa unos 2.500 millones de dólares. Con el inminente acuerdo sobre los intereses atrasados, los bancos recibirían este año unos 4.500 millones por encima de los giros del año pasado, es decir unos 13.500 millones de dólares. Es falso entonces que Zelia hubiera caído por no pagarle a la banca acreedora. Mas bien, es lo contrario. Después de haber satisfecho cada una de las exigencias de los acreedores (recordar que Zelia había dicho que solo pagaría los intereses atrasados en el marco de una negociación de toda la deuda), la burguesía brasilera apunta con el cambio de conducción económica a arbitrar un nuevo plan económico para hacer frente a su monumental crisis y bancarrota financiera, y por sobre todo un ataque aun mayor a los trabajadores. Lógicamente fueron los trabajadores quienes financiaron todos estos pagos. Apenas asumió, lo primero que hizo Collor de Mello fue congelar los salarios, después de que su antecesor redujo el poder de compra de los salarios un 40%. Cuando a comienzos de año correspondía actualizar tos salarios, apareció el plan Collor II que modificó la indexación salarial. De esta manera, los nuevos salarios “se ubicaron en las dos terceras partes del poder de compra fijado por la ley de junio de 1990” (Folha de Sao Paulo, 11/5/91). “En relación al nivel histórico, el actual salario medio significa dos tercios de dos tercios... con una pérdida brutal en torno del 50%, en poco más de dos años”. Nueva confiscación La renuncia de Zelia Cardoso de Mello fue precipitada por el inminente vencimiento de los depósitos bloqueados. Como se recordará, Collor de Mello, apenas asumió la presidencia en marzo de 1990 congeló por 18 meses la totalidad de los depósitos y los títulos de la deuda pública, lo que representaba unos 85.000 millones de dólares. Sin embargo, por la vía de la excepción, Collor y su ministra fueron liberando parte de esos depósitos y títulos a los grandes capitalistas y es así que se calcula que el stock bloqueado suma hoy unos 38.000 millones de dólares. Habiendo satisfecho a los grandes capitalistas y acreedores externos, es indudable que la salida de Zelia Cardoso es una oportunidad que se da la burguesía para replantearse la “licuación” de esos depósitos o bien la postergación de su devolución. Es así que el ex-ministro de Sarney, Bresser Pereira, propone, a partir de la renuncia de Zelia, preparar un nuevo plan durante 4 o 5 meses, lapso que se utilizaría para “limpiar el área” (¿devaluación?)y “dar tiempo al gobierno para preparar el plan de estabilización definitiva” (O Estado de S. Paulo, 12/5/91). Esto es, impulsar la inflación, provocar una nueva caída del salario, licuar los depósitos congelados y lanzar un nuevo plan de “estabilización”. Se avecina entonces una profunda crisis política, cuyo transfondo es la lucha de los distintos grupos capitalistas por quedarse con la “torta” de la nueva confiscación que se prepara. De ahí el apuro de los bancos acreedores por cerrar el acuerdo por los intereses atrasados; el apuro de los grupos industriales por liberar los precios; de los grupos exportadores porque se devalúe y se reimplanten toda clase de subsidios a la exportación; por el “queso” de las privatizaciones, etc. Cuando subió, Collor dijo que solo tenía una bala para matar la inflación. Va a tener que cargar varios tambores para conseguirlo, y lo más probable es que la inflación termine con él.

El movimiento obrero norteamericano le quitó el sueño al presidente Bush, y no se trata de una frase hecha, porque “A una hora insólita, la 1 y 39 de la madrugada de Washington”, el presidente yanki fue sacado de la cama para promulgar una ley que ordenaba a los 250.000 ferroviarios norteamericanos levantar la-huelga nacional que estaban cumpliendo. La ley —que pasó al galope por el Congreso— establece además una comisión de arbitraje obligatorio de tres miembros encargada de zanjar con carácter de inapelable el conflicto entre los sindicatos y las patronales ferroviarias en un plazo de 65 días. La huelga nacional ferroviaria es la primera en nueve años y paralizó el tráfico ferroviario de cargas durante 16 horas, hasta la firma de la orden presidencial. Se da en un cuadro de ascenso de la “temperatura sindical” en los Estados Unidos frente a la ola de desocupación, a las reducciones salariales y al avance de la “flexibilización laboral”. La intervención “nocturna" de George Bush —que en todo su mandato reconoce un único antecedente, el de la orden de la invasión terrestre a Irak— revela su enorme dimensión política. La huelga fue la consecuencia de tres años de negociaciones frustradas entre los sindicatos y las patronales. Los patrones pretendían imponer un congelamiento salarial por ocho años y avanzar en la “flexibilización laboral" : es decir, reducir las tripulaciones ferroviarias (lo que dejaría 18.000 ferroviarios en la calle), aumentar el kilometraje recorrido diariamente por cada tripulación, ampliar el número de tareas (rotación); transferir a los trabajadores una parte del costo de los programas de salud y seguridad social. La comisión de estudio que formó Bush en enero pasado satisfizo el conjunto de los reclamos patronales. Por esto, es políticamente sintomático que, frente a la primera huelga de envergadura, el régimen político de la mayor potencia imperialista mundial no se sintiera con fuerzas para imponer las “recomendaciones” de la Comisión y recurriera al expediente de formar una “nueva comisión", para que se acatara la orden de levantar la huelga. Bush y el Congreso tuvieron que postergar la resolución del conflicto. La burocracia sindical aceptó el levantamiento de la huelga y la “nueva comisión" pese a su carácter ilegal (sus fallos serán inapelables) y pese a que también buscará imponer la “flexibilización”. Es evidente la resistencia de las bases sindicales a la “flexibilización" y a la superexplotación. El conflicto está muy lejos de haberse cerrado. En la medida en que la recesión económica se profundiza podría llegar a empalmar con un gran ascenso de luchas.

Después de nueve semanas de huelga, los mineros soviéticos han vuelto al trabajo. El levantamiento de la huelga fue forzado por un acuerdo firmado por Gorbachov y los líderes de las principales repúblicas soviéticas, entre ellos Boris Yeltsin, presidente de Rusia. El bloque de los “reformistas” que posó de sostenedor de las huelgas y sus reclamos — montó un frente con Gorbachov para reventar a los huelguistas. "Los dirigentes de la Unión y las repúblicas estiman intolerables las huelgas políticas y los paros cívicos” reza el texto del acuerdo, en lo que la propia Pravda caracterizó como “el punto esencial del acuerdo”. El movimiento sindical independiente y los comités de huelga —que “se convirtieron en auténticos poderes locales” (Le Monde, 3/5)— constituían una amenaza para el conjunto del régimen burocrático. Por eso no deberá extrañar a nadie esta “entente” entre los “reformistas” y Gorbachov, el hombre de la KGB. Los “demócratas” no sólo se preocuparon por levantar las huelgas mineras. El acuerdo establece, aunque sin precisión, “'un estado de emergencia económico que se traduciría en un régimen de trabajo estricto en industrias de base y de bienes de consumo” (Pagina 12, 27/4). De lo que se trata es de imponer un “disciplinamiento laboral” para atacar a los sindicatos independientes y a los comités de huelga. Los alcances reaccionarios del acuerdo entre los “reformistas” y Gorbachov van más lejos todavía. El acuerdo ratifica “la necesidad perentoria de la firma del tratado de la Unión”, es decir del “pacto federal” que rechaza el derecho de los pueblos de la URSS a disponer de sí mismos. El acuerdo legitima el referéndum trucho de marzo, en el cual la población soviética fue llamada a las urnas pero sin ninguna capacidad de decisión. La función del referéndum de marzo, del Tratado de la Unión y del acuerdo actual es la de “preservar la integridad del territorio soviético” es decir del Estado “milenario” (palabras de Gorbachov), un reclamo compartido por el imperialismo. No hay que olvidar que el acuerdo fue suscripto en el mismo momento en que Bush, por enésima vez, reiteraba su apoyo a Gorbachov y a la integridad de la URSS y pocos días después de que Mitterrand le recordara a Yeltsin que “nadie en Occidente está interesado en el desmembramiento de la URSS”. El acuerdo —que tiene una serie de protocolos secretos, establece “la prioridad de la legislación de las repúblicas en los casos en que se trate de problemas que conciernan a los miembros de la federación”. Con este recurso, el acuerdo establece el camino para la introducción de la propiedad privada por la vía de la legislación republicana. Precisamente. Yeltsin reclamaba esta independencia para imponer la propiedad privada de la tierra en Rusia. El acuerdo mantiene, sin embargo, el conjunto de los recursos políticos en las manos del aparato central y de la KGB y el ejército. Es por esto que el “complejo militar-industrial” caracterizó al acuerdo como el “primer paso serio” para acabar con el caos económico, pese a que transfiere el control de ciertas ramas a las repúblicas. “El acuerdo exige que las repúblicas respeten los acuerdos económicos para 1991, en especial la participación en el presupuesto federal” (La República. 25/4), un punto clave no sólo para la burocracia central sino también, y especialmente para el imperialismo. Es que el pago de la deuda externa soviética está directamente atado a la existencia del “presupuesto federal”. ¿Quién pagará la deuda si éste desaparece? El acuerdo establece también una política común entre las repúblicas y el poder central respecto de las repúblicas que no han participado del plebiscito y que reclaman su independencia: “serán tratadas como estados extranjeros”, lo que significa que serán sometidas por la vía económica, siguiendo el reclamo de Yeltsin, que las considera inviables sin el “mercado soviético”. Durante nueve semanas, los huelguistas rechazaron las tentativas gubernamentales de levantar la huelga a cambio de concesiones económicas y plantearon un conjunto de reivindicaciones políticas: la renuncia de Gorbachov, el traspaso del poder al Consejo Federal —integrado por los presidentes de las repúblicas— y el llamado a nuevas elecciones. Traducían así la experiencia de la huelga del '89 cuyos acuerdos no fueron respetados por la burocracia. La debilidad de este planteo político de los mineros radicaba en su confianza en los presidentes republicanos, en particular Yeltsin. El frente único de los “reformistas” con Gorbachov dejó a los mineros sin alternativas políticas, lo que explica el levantamiento del paro. Y explica también que Yeltsin no fuera bien recibido por los mineros siberianos cuando concurrió a dar la noticia del acuerdo. “Yeltsin nos dio la espalda” reconoció Alexander Smirnov, vocero del comité de huelga de Kuzbass (International Herald Tribune, 27/4). Yeltsin promete ahora a los mineros “una independencia económica total” como si ésta fuera posible a la escala de cada mina aislada y con el crédito controlado por la burocracia de las repúblicas y de la Unión. La propuesta de Yeltsin es una vía para imponer la privatización de la minería. No todas las minas tienen igual rendimiento: algunas son pobres en mineral y tecnológicamente atrasadas; otras, todo lo contrario. En las primeras, la “independencia” sería la excusa para que los trabajadores se hagan cargo del costo de la reconversión. En las segundas, la “independencia” sería el canal para llevarlas a un comercio y una negociación directa con el capital imperialista, algo que ya sucede en algunas de las minas de la región de Kuzbass (Financial Times, 11/5). Naturalmente, los burócratas y no los mineros serían los beneficiarios de esta privatización. Todo esto explica la “enorme desconfianza y hasta hostilidad” con que los mineros recibieron a Yeltsin en el Kuzbass, donde el presidente ruso se dirigió este 1° de Mayo. La huelga del '89 canceló las expectativas del movimiento obrero soviético, en particular de los mineros, respecto de Gorbachov. La huelga del '91 empieza a cancelar las expectativas en Yeltsin y los “reformistas”. La evolución política — y la organización independiente— del proletariado soviético no se detiene.

El cepo de Ibáñez y compañía sobre los trabajadores petroleros comienza a romperse por el norte. Un grupo de delegados se autoconvocaron y organizaron un acto de protesta, el martes 23, con motivo de haber sido puestos en disponibilidad y enviados a “cursos de capacitación” setenta trabajadores (despidos encubiertos). Dos mil personas, entre trabajadores, gente del pueblo, y hasta estudiantes secundarios de la escuela de Comercio se reunieron en la plaza de General Mosconi. El Intendente municipal, que es a la vez vicepresidente del PJ provincial, intervino para proponer la realización de gestiones en la “Comisión Provincial de Hidrocarburos” (están representados el PJ, los radicales y los renovadores ), que es un organismo inoperante que oficia de cortina de humo de las privatizaciones. En Tartagal, el sábado 4, se realizó otro acto, que se transformó en asamblea, y se pronunció por la renuncia de Diego Ibáñez y por la convocatoria a un congreso democrático de todos los petroleros del país, y en lo que hace a la región formar una comisión de delegados con el conjunto de los trabajadores y los estudiantes, para hacer un plan de lucha que se inicie con el paro activo regional. La intervención en esta línea de Cesar Raineri (delegado de la obra social) fue muy apoyada. Pero en este acto del sábado 4 también hablaron los diputados nacionales, los cuales propusieron firmar un compromiso en favor de la suspensión momentánea de la privatización, para adecuarla a las propuestas de la Comisión Provincial de Hidrocarburos, la que también tiene un planteo privatista. Las intervenciones de los diputados fueron repudiadas por los presentes que reclamaban que “hablen los trabajadores”. Miembros del PC plantearon castigar en las elecciones de octubre a los diputados que no cumplan con el pueblo. El repudio creció al punto que el senador nacional Juan Carlos Romero no pudo terminar su discurso. El grito de todo el estadio (había una 1.500 personas) era que hablara el compañero Raineri. Este ratificó y denunció la complicidad de todos los diputados con la entrega de YPF (el capitán Ulloa, primero en todas las encuestas, ni siquiera se animó a poner la cara) e hizo un llamado a la iniciación de un plan de lucha regional. A este acto concurrió una delegación del Supe Tucumán con un mandato de paro votado en una asamblea de 150 trabajadores. Aunque el acto terminó sin ningún plan de acción, ha cobrado impulso la necesidad de un plan de lucha y de una Asamblea Popular.

Un nuevo cuadro de “vacío de poder” se ha planteado en Santa Cruz. Ante el colapso económico precipitado por el cese de los adelantos de fondos que el gobierno central gira a las provincias, renunció primero el gobernador Granero, que a su vez había sucedido al desplazado Del Val, y ninguno de los principales políticos patronales aceptó sucederlo. Salvini, el vicepresidente primero de la cámara (que pertenece a la principal línea interna del PJ), se negó a asumir. Tampoco aceptó Melgarejo (presidente de la UCR), al ver que desfavorecía sus aspiraciones electorales a la gobernación. Solo quedaba entonces como alternativa la entrega del poder al presidente del Tribunal Superior de Justicia o la intervención federal. A último momento se llegó a un acuerdo super-provisorio entre la minoría del PJ, encabezada por el sector de Puricelli, y la bancada radical, para colocar en el cargo a García, uno de los diputados del PJ. Esta negativa generalizada de los políticos patronales a hacerse cargo del poder político es la demostración hasta ahora más visible de la impotencia y caducidad de la clase capitalista para enfrentar la crisis. Frente a la presión fondomonetarista del gobierno central, Del Val y Granero “hicieron el ajuste", reventando los salarios y eliminando las conquistas de los convenios colectivos, pero ninguno se atrevió a comenzar los despidos masivos, algo que nadie quiere asumir en vísperas de elecciones. En los días previos a la crisis política un reguero de movimientos de lucha se extendió en todos los gremios; en reclamo de 6.000.000 de australes de mínimo. Hubo paros en el hospital de Rio Gallegos, en la Imprenta oficial y en el ministerio de asuntos sociales. Las iniciativas de lucha partieron de las bases en abierto desafío a las conducciones burocráticas de APAR Este movimiento tuvo lugar luego de un importante acuartelamiento policial con idéntico reclamo salarial. En Caleta Olivia las mujeres de los policías marcharon con carteles propios en la movilización de la Intersindical. También hubo paros de los docentes y gremios municipales del interior. Para tratar de controlar esta explosiva situación la burocracia de APAP convocó una asamblea y movilización el 2 de mayo que reunió a 500 compañeros. La burguesía pretende utilizar todos los recambios políticos que se están implementando —y especialmente el fantasma de la intervención—como recursos de desmovilización de los trabajadores. Contra estas maniobras está planteado centralizar las luchas en curso y dotarlas de un programa basado en el control obrero de los fondos provinciales que aliente la formación de Asambleas Populares en la provincia. El primero de mayo en Santa Cruz La jornada del Primera de Mayo tuvo características particulares en Río Gallegos, lugar adonde su fue a refugiar, PARA ALEJARSE LO MAS POSIBLE DE LA PLAZA DE MAYO, Saúl Ubaldini. Pero aunque para la raquítica CGT ubaldinista local era la oportunidad de usar la figura de Ubaldini para recuperar algún peso en la ciudad, el acto fue un rotundo fracaso (100 asistentes) y marcó el absoluto aislamiento de la burocracia respecto a sus bases así como la división dentro de la burocracia. Llamó la atención que parte de los presentes fueran llevados por el sector del llamado “encuentro popular”, que ha montado una campaña con la consigna “Basta de Sapos", y que terminó tragándose “el gigantesco sapo” que es Saúl Ubaldini. El Partido Obrero, por su parte, llamó a realizar un ACTO DE LUCHA el Primero de Mayo y convocó a todos los sectores, pero sólo concurrió el Mas. En el acto conjunto con 60 asistentes, el orador del PO puso de relieve la crisis política del gobierno entre distintos sectores de la burguesía, y el triunfo que significó la huelga de los ferroviarios. En el plano internacional, se señalaron los límites insalvables de la política de restauración capitalista en Alemania. Al final, el PO propuso un frente revolucionario como alternativa a los frentes electoralistas. El orador del Mas hizo, por su parte, un discurso genérico, el cual concluyó llamando a sumarse a su partido. YCF: Río Turbio contra el cierre YCF no vende el carbón que produce, cada vez produce menos y hasta los planes de privatización se hallan estancados. El informe de la Sigep (sindicatura de empresas públicas) publicado la semana pasada, analiza la evolución de la empresa en el primer trimestre del 91 y luego de reseñar el estancamiento de las negociaciones con la empresa española ENDESA, no deja lugar a dudas acerca de que el fracaso de esta negociación significa el cierre de YCF. Esto ocurre luego del anuncio de Menem a una comisión de diputados y sindicalistas, acerca de “la decisión política” de no cerrar YCF. También es inminente el cierre de Hipasam en Río Negro. El intento de formar comisiones con el fin de “acordar con el gobierno" una salida para YCF no es nuevo. La idea de que bajo el “paraguas” de los diputados ponemos un freno al cierre es una ilusión. SOLO UNA LUCHA SIN CUARTEL podrá salvar la fuente de trabajo e impedir el descalabro que para la provincia toda implica el cierre de YCF. Los mineros, en primer lugar, la población de Río Turbio y el resto de los trabajadores de la provincia debemos defender a YCF. Es necesaria la apertura de los libros de la empresa y el control de la producción por los trabajadores. De ninguna manera los trabajadores podemos subordinarnos a la política impotente de los diputados, que dicen apoyar el plan económico y defender al mismo tiempo a YCF. La renuncia del gobernador Granero y la negativa (ver nota) de Salvini a sucederlo demuestran el callejón sin salida de estos sectores. No se trata de negarse a cualquier acuerdo, sino de establecer un programa de lucha basado en las necesidades más urgentes, en el control obrero y en la preparación de la huelga general provincial. La última crisis mostró que la dirigencia política provincial ha CADUCADO por completo en su pretensión de defender a la provincia. Esta defensa queda en manos del pueblo explotado y el medio para organizaría es la ASAMBLEA POPULAR.

En el Astillero Río Santiago se ha concretado la primera tanda (341 despidos) de los 1300 despidos anunciados por el gobierno. El gobierno menemista quiere quebrar a un sector obrero que ha estado en la primera línea de la lucha contra las privatizaciones y la liquidación del convento y de tos salarios. Las cesantías camufladas como “voluntarias" (la empresa se comprometió a pagar el 100% de las indemnizaciones) son el producto de un acuerdo entre el gobierno y las burocracias de ATE Ensenada (Barros) y ATE Central (De Gennaro). Pero estos despidos nada tienen de “voluntarios", pues son el resultado del hambrea-miento y de la desmoralización (esta última por la traición de una dirección que presenta a tos despidos como “inevitables” y que califica al “voluntariado” como una victoria). Barros y De Gennaro están gestionando ahora el “derecho”... de tos compañeros con fuero gremial a inscribirse en las listas de despidos para percibir una indemnización doble. La directiva de ATE Ensenada es una fracción de origen menemista que llamó a concurrir a la Plaza del Si de Neustadt y que hoy está aliada a De Gennaro en la política de adaptación a los despidos masivos del menemismo, que llevó al desastre a Domecq García (donde el 90% de la fábrica fue cesanteado después de las "suspensiones concertadas"). La misma política que entregó el Area Material Córdoba y que ha librado a su suerte a todas las empresas del Área de Defensa. Solo la Lista Naranja-Marrón-Violeta (Mas, PTS, PO) ha desenmascarado la trampa del despido voluntario frente a la base de la fábrica y ha denunciado la complicidad de la burocracia. ¡Pero ahora la patronal estatal anuncia que no se van a poder cubrir con los "retiros" las 1000 cesantías que hacen falta! Frente a la entrega de las burocracias menemo-degennaristas es necesario impulsar una campaña común de todo el activismo por la Asamblea General. Persiguen a delegados y activistas de astilleros En los Astilleros Río Santiago, la empresa ha montado una provocación contra el cuerpo de delegados y tos activistas de fábrica. Con la mira puesta en la destrucción de la organización gremial, la patronal está promoviendo una causa judicial contra algunos delegados y trabajadores, a raíz de un conflicto el año pasado desatado por la propia AFNE cuando demoró arbitrariamente el pago de tos sueldos. Este ataque tiene la misma finalidad que el reciente falto que condenó a los dirigentes de la huelga de Ford, intimidar a los trabajadores que luchan para imponer la política de hambreamiento y despidos masivos del menemismo. Llamamos a todo el activismo y a las agrupaciones y partidos que militan en las filas del movimiento obrero a coordinar en común un Campaña de denuncia de esta provocación y a reclamar el inmediato levantamiento de todas las acusaciones que pesan sobre los compañeros del ARS. El "frente social ubaldinista" liquida el plenario de bases El pasado jueves 25 se realizó en Ensenada la movilización convocada por el Plenario Regional de Delegados y organizaciones sindicales bajo la consigna: “Ni un solo despido en el Astillero ni en la zona”. La movilización sin embargo no pasó de tos 1500 compañeros (la cuarta parte de los que participaron del Ensenadazo del año pasado contra las privatizaciones y la miseria salarial) y no produjo ni una sola iniciativa de lucha regional. La baja concurrencia y la falta absoluta de perspectiva es consecuencia directa de la política de la Mesa de Conducción del Plenario Regional. En esta conducción los delegados del ARS, de Propulsora, PGM y La Fraternidad se encuentran superados numéricamente por las comisiones directivas y aparatos de la CGT Azopardo. Este copamiento permitió convertirlo en una tribuna electoral del ubaldinismo. Esta manipulación de los plenarios debilitó la propia presencia de los compañeros del ARS a lo cual hay que sumarle el sabotaje directo de la burocracia de Ate Ensenada (aliada a De Gennaro) que ha pactado con la empresa los despidos “voluntarios”(ver nota). Después del acto del 25 liquidó abiertamente el Plenario. La segunda ola de despidos que se prepara en el Astillero y el ataque contra tos trabajadores de Propulsora (a tos que se pretende imponer la flexibilidad laboral) refuerzan la necesidad de impulsar una acción común contra las cesantías, la flexibilización, tos salarios de hambre y la liquidación de tos convenios y de poner en pie el Plenario Regional, a partir de la lucha de estas dos grandes fábricas de la zona. Municipales de La Plata ¡bonificación al básico ya! Los trabajadores municipales de La Plata venimos cumpliendo masivamente un plan de lucha con paros progresivos para reclamar que se incorpore al básico la bonificación de 1.400.000 australes, lo cual permitiría “redondear" un salario de bolsillo apenas por encima de los 3 millones. La “oferta” que ha hecho la intendencia radical de Pintos, en cambio, es una verdadera tomadura de pelo. ¡Quiere pagar 100.000 australes por mes en catorce cuotas hasta completar, en el 92, el monto total de la bonificación! La burocracia menemista critica la “oferta”, pero propicia un acuerdo basado en la reducción de las cuotas. Ante esto hay que seguir impulsando la elección de delegados en las reparticiones y oficinas para reclamar una Asamblea General. ¡Que se incorpore de una única vez la bonificación al básico, para cobrarlo ya! Corresponsal

La patronal de Propulsora se niega a pagar integralmente (es decir sobre los salarios efectivos) el aumento salarial del 40% otorgado a la UOM vía el arbitraje obligatorio, con la finalidad de condicionarlo a la aplicación de la “flexibilidad laboral". Pero la “flexibilidad” apunta a imponer la multiplicidad de funciones (liquidación de las especialidades), como paso previo a tos despidos. El “endurecimiento" de “los Rocca" busca explotar a su favor la parálisis y desmovilización de la UOM pero se enfrenta a la resistencia de los trabajadores. Durante una semana tos compañeros de Propulsora pararon masivamente media hora por cada hora de trabajo, acompañando esta medida con movilizaciones internas a las oficinas de fábrica. El plan de lucha votado en Asamblea General tuvo el valor de una advertencia, de que no se van a cambiar “aumentos" por más explotación y futuros despidos. El lunes 6, sin embargo, una nueva Asamblea votó suspender las medidas de fuerza y acatar la conciliación obligatoria. En el resultado de esta votación muy dividida (240 contra 190), pesó la “neutralidad” del cuerpo de delegados, el cual no fijó posición ni denunció la función desmovilizadora de esta medida. El burócrata de la UOM, Paredes, intimó a levantar tos paros bajo amenaza de sanciones del Ministerio de Trabajo. El paréntesis abierto con la conciliación obligatoria no ha cerrado el conflicto, porque el objetivo principal de “los Rocca” sigue siendo la imposición de la “carpeta de flexibilidad". Como ellos mismos lo han declarado, quieren convertir a Propulsora en otra “Sidder Color” (una fábrica del grupo en Quilmes, donde una vez aplicada la flexibilización, los trabajadores han tenido que absorber hasta las tareas de supervisión). Por eso mismo los delegados, el activismo y tos compañeros que rechazaron el “carpetazo”, deben prepararse para enfrentar una nueva ofensiva patronal.

El 30 de abril se realizó una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria de la UNLP, en la cual solo tienen derecho a participar 156 consejeros, en su mayoría del claustro de profesores. El temario de esta sesión extraordinaria de la “Asamblea” (que ordinariamente se reúne cada tres años) estuvo referido a la situación financiera, presupuestaria y salarial de la UNLP. El resultado de las deliberaciones fue una declaración harto avara que se limita a cuestionar la “política neoliberal del gobierno en la universidad”. Este “saludo a la bandera” no pretende, por supuesto, poner en práctica ninguna resistencia a la destrucción de la educación. Pero mientras la “Asamblea" proclamaba su “oposición "para las “tribunas” a la política gubernamental, tos “asambleístas” se esforzaban por poner en práctica esta política en sus respectivas facultades. En Medicina, la Asociación de Profesores está llevando adelante la “no toma de exámenes” con la finalidad de obtener la aplicación del examen de ingreso; impulsa un cambio en los planes de estudio que alargue el tiempo para cursar las carreras; y pretende sustituir el título habilitante que corresponde al egresado, por otro de tipo académico, lo cual le permitiría establecer un nuevo filtro antes de otorgar la matrícula. ¡En el mundo del liberalismo, los empresarios de la medicina establecen un monopolio de la oferta de egresados y producen una descalificación económica de los egresados “académicos"! En Humanidades, con el aval de los consejeros de Franja Morada, se impuso un arancel administrativo para la confección de libretas y certificados. En Psicología está en marcha un régimen de correlatividades arbitrarias. En Educación Física más del 70% de tos cargos en el Profesorado son ad-honorem y en esta misma carrera ya viene funcionando un ingreso selectivo por inasistencias. En Bellas Artes, cuyo decano “nacional y popular” está enrolado con Luis Brunati, también se pretende establecer correlatividades limitativas en Diseño, lo cual afecta el curso de la mitad de la carrera. En Derecho y Exactas, el “reformismo” promueve la formación de cooperadoras y fundaciones en una virtual adaptación a la miseria presupuestaria. En Veterinaria e Ingeniería proliferan tos contratos con terceros, que afectan los recursos docentes y que condicionan tos planes de estudio a las exigencias del capital privado. Todo esto delata la impostura de la Asamblea Universitaria, “y en especial de la Franja del ‘revolucionario’ Storani”, que ni siquiera debatió el examen de ingreso en Medicina, la facultad más poblada de la UNLP. Los resultados de la “Asamblea" tienen que ver con la negociación que su presidente, el radical Plastino, ha entablado con la camarilla derechista para adoptar el exámen de ingreso con una aprobación de 4 puntos...! La UJS denuncia la complicidad de la “oposición” reunida en la Asamblea Universitaria y llama a resistir esta política de quiebra de la educación. Con este fin plantea reconstruir las organizaciones gremiales del movimiento estudiantil, por medio de la elección de delegados y un plan de lucha y movilización.

El ministro de Economía anunció formalmente la implantación del arancelamiento universitario, que regiría recién a partir del año que viene. El anuncio anticipado tiene que ver con la buena letra que el gobierno quiere mostrar al FMI. Universidad en remate De todos modos el anuncio del arancel oculta proyectos más graves, porque el proyecto legal que prepara Salonia implica una privatización general del sistema universitario. En primer lugar, permitiría a las facultades “recurrir al financiamiento del sector privado" (La Nación, 18/3). En segundo lugar las empresas “tendrán como contrapartida su participación en las aftas casas de estudio” (id.). En tercer lugar las universidades pasarían a ser una suerte de propiedad compartida con tos grandes monopolios bajo el rubro de “entidades públicas”. En cuarto lugar el rubro de enseñanza superior sería eliminado directamente del presupuesto educativo para ser sustituido por “subsidios explícitos”. La distribución de estos subsidios estaría condicionada “al cumplimiento de metas de racionalización de las casas de estudio” (Clarín, 10/5) como despidos masivos del personal no-docente y reducción de la planta de profesores. Vamos, por lo tanto, al remate de la Universidad que, como ENTel y Aerolíneas pasará gratuitamente al control de tos Citibank y Cía. Una privatización “pactada” El paquete anunciado por Salonia ya está siendo negociado con tos rectores radicales (mayoría) y peronistas. Como dice la alfonsinista Página 12 “en líneas generales los rectores y la mayoría de las agrupaciones estudiantiles apoyan la aplicación de aportes voluntarios” (9/5/ 91). En la Universidad de Mar del Plata se recaudó a principios de este año alrededor de 52.000 dólares en concepto de pago de una matrícula para ingresantes. En Mendoza también están en funcionamiento cooperadoras. En Córdoba el pago es directamente compulsivo. El decano de Agronomía de la UBA acaba de proponer que se fije una cuota obligatoria de hasta 500.000 australes por mes a sus alumnos. El decano de Ciencias Económicas (un hombre de Shuberoff en la UBA) ya declaró que se podrán admitir tos aranceles “mediante un acuerdo político previo por el cual el gobierno se comprometa a sostener un determinado flujo de fondos” (ídem). En una palabra tos rectores peronio-alfonsinistas y la dirección franjista de la FUA se disponen a respaldar la privatización menemista. Un movimiento real contra el arancel exige, por lo tanto, la organización independiente del movimiento estudiantil y docente. Las consignas de este movimiento son: fuera el arancel, no a la entrega del patrimonio universitario al FMI y a los banqueros, cese total de tos subsidios a la enseñanza privada, desconocimiento de la deuda pública con los pulpos.

La reacción masiva de los secundarios impidió que la muerte de Walter Bulacio pasase como un episodio más de la brutalidad policial. Toda la prensa informa ahora que cuando Walter salió desfalleciente de la comisaría “presentaba fisuras en una de sus costillas, traumatismos en el cráneo y hematomas en diversas partes del cuerpo” (Página 12,8/5). Cuando Walter ingresó al Sanatorio Mitre —adonde lo llevaron sus padres— el médico de turno señaló, además, la presencia de golpes faciales y en el tórax, de 36 horas de evolución” (Cronista Comercial, 8/5). Se sabe también que Walter tenía un gran hematoma en la planta del pie derecho, que sólo podía ser fruto de un cachiporrazo, y que tenía muy lastimado un tobillo. El crimen no ha podido ocultarse debido a la movilización emprendida por la juventud. Los chicos que fueron detenidos con Walter en el recital de Obras han salido a dar la cara. Los diarios describen con detalle la brutal golpiza y castigo al que fueron sometidos los casi cien jóvenes detenidos, el tratamiento de bestias en la comisaría, la desatención, el robo y las vejaciones de todo tipo. Estado policial La Policía Federal informó al juzgado que Walter y sus compañeros fueron detenidos durante el show de los Redonditos de Ricota por “encontrarse en el lugar sin causa justificada”, lo cual es el autorretrato de un estado policial. ¿Desde cuándo el comisario decide los motivos por los cuales uno se encuentra en la vía pública? Los uniformados están autorizados a encarcelar hasta 30 días a cualquier ciudadano en virtud de los “edictos” que redacta y aplica el propio Jefe de Policía. El funcionario policial es así legislador (estipula normas), juez (dicta las penas por su supuesta violación) y órgano ejecutor de la represión. Para la policía no rige la sacrosanta división de poderes. Por supuesto todo esto es “legal”, como corresponde a un Estado de derecho. La movilización y sus detractores Por esto, una prueba de la maduración de la juventud ante el crimen de Walter es la resolución votada en la Asamblea del Nacional Avellaneda para que se reclame la derogación de los edictos como uno de los objetivos de la actual movilización. En el Revolución de Mayo más de 100 compañeros votaron sumarse a las movilizaciones. El martes 8 en Psicología una asamblea de secundarios resolvió que en las marchas se acabara con el silencio y se votó incorporar consignas de repudio a las razzias policiales y a la represión. El jueves pasado más de dos mil secundarios volvieron a marchar, incluidos compañeros del Rivadavia, colegio de Walter, (a pesar de las macanas de la prensa) pero esta vez con el sabotaje abierto de Franja Morada (que recorrió algunos colegios, asustando a los chicos para no concurrir “porque iban a ser reprimidos”) y de sectores de la JP afines al “grupo de los 8” (ver nota). Radicales y peronistas “disidentes” quieren armar un cordón sanitario en torno a los padres de Walter y a los compañeros de su colegio y rodearlos de “personalidades” y ñoquis parlamentarios, para oponerlos a las marchas y a la organización de los colegios secundarios y universidades. A esto hay que oponer una política de extender la movilización, formar comisiones en cada colegio, difundir el problema y masificar las marchas. Es lo que estará en discusión en la Asamblea de secundarios que se reúne el lunes 13 en la facultad de Ciencias Sociales. "Chachos" eran los de antes El Chacho Álvarez bajó el jueves pasado de sus aposentos parlamentarios para anunciar su boicot a la manifestación de los secundarios que se concentraban para marchar desde el Congreso. “Es una lástima —dijo— que se haya politizado de esta manera (sic); en vez de ser una sana protesta juvenil —agregó— se convierte en un acto donde algunos quieren sacar réditos partidarios”. Con esta declaración el “Chacho” pensaba en sus propios “réditos”. ¡Qué bajo que cayó el Chacho! El peludo intelectual simplemente se ha olvidado que la política es la más humana de las actividades, la más típicamente social. Se ha olvidado también que las dictaduras proscriben por sobre todo la política, y se ha olvidado por último que la Policía Federal es una dependencia del Ministerio del Interior, y del Poder Ejecutivo. Álvarez no quiere que se politice la lucha contra la impunidad, es decir, contra el indulto. ¿Se habrá convertido Álvarez a la amnistía?

Los estatales de Neuquén han retomado vigorosamente la lucha salarial. Tres importantes manifestaciones se han realizado desde el 1° de Mayo, acompañadas por asambleas, paros parciales y quites de colaboración en muchos lugares de trabajo. El área salud está al frente de la movilización, en repudio al anuncio oficial de pagar con bonos un miserable incremento de sueldos. Para desactivar la reacción de los trabajadores, el gobierno prometió que no recurrirá a los bonos para el pago de los salarios y la directiva de ATE pretende apoyarse en este anuncio para desmovilizar. Busca forzar a los estatales a aceptar el insignificante salario de 1.730.000 australes que pactó en abril con el gobierno, los que están por debajo de los 2.500.000 australes que se votaron previamente en los plenarios del gremio. La lucha contra los bonos tomó por sorpresa a la conducción degenarista de ATE, que había acordado un acta con el gobierno levantando todas las medidas de fuerza y aceptando el principio del cobro de los aumentos salariales “mediante métodos no tradicionales, pagarés, bonos, etc”. Firmaron este acuerdo como forma de colaborar con el llamado del gobernador a “todos los neuquinos" para que lo “acompañen" en un “reclamo común" contra el gobierno central ante el no pago de las regalías y la reducción de la coparticipación. Al estallar la reacción contra los bonos, la directiva se reacomodó, y ahora quiere presentar como un triunfo el pago en efectivo del espantoso salario que ha negociado. La burocracia de ATE está directamente interesada en descomprimir la lucha y contar con un período de “paz social” para poder dedicarse a los enjuagues electoreros de octubre. Su principal dirigente Fuentes —siempre ha dicho que “esto se va a acabar cuando tengamos que votar”— y por eso viene participando en la constitución de un “Frente por la Democracia Social” con los ex menemistas de la JDP, el Pl, y la DC. En sus documentos repiten el mismo palabrerío democratizante y pro-capitalista que ha llevado a la actual situación de desastre a los trabajadores neuquinos. El 23 de mayo hay elecciones en ATE, y la oposición antiburocrática de la lista Naranja y Blanca impulsa un verdadero plan de lucha contra los bonos y por el aumento salarial e insiste en que barrer a la burocracia es la condición para desarrollar exitosamente esta lucha. Agente de los dueños de la deuda provincial “Salvatori"...de los pulpos El derrumbe económico de las provincias golpea también a Neuquén, que siempre fue presentada por la dinastía de los Sapag como una “isla del crecimiento" y hasta como “el Japón de Argentina". El gobierno provincial acaba de reconocer que la deuda pública contraída con la emisión de los títulos TICAD es monumental y que el déficit mensual es inmanejable. El gobernador Salvatori atribuye la culpa de todo este desastre al gobierno nacional, que habría “saqueado” la provincia al reducir drásticamente la transferencia de regalías y fondos coparticipables, los que constituyen los dos tercios de los ingresos del estado regional. Salvatori se llenó la boca de amenazas contra el gobierno nacional (“cerraremos las llaves de gas y transporte de la electricidad”), pero sus propuestas concretas frente al quebranto fueron: pagarle a los estatales los sueldos con bonos y vender los juicios que la provincia tiene ganados pero sin cobrar por deudas de Hidronor. Con este dinero pretende rescatar los bonos TICAD que tienen en su poder los principales grupos capitalistas. Las quejas del gobernador contra la asfixia económica que impone el gobierno central son frases sin sentido desde el momento que su partido —el MPN— es uno de los principales sostenedores de la política fondomonetaristas que empobrece a la provincia. Salvatori es un super-menemista, abanderado del “ajuste", las privatizaciones y el pago de la deuda externa. Busca ahora montarse en el ahogo del estado regional para destrozar más los salarios y armar un nuevo negociado financiero a favor de los acreedores de la deuda pública, que harán grandes diferencias en la bicicleta del rescate de los TICAD y la compra de los papeles adeudados por Hidronor. Estos mismos grupos capitalistas —que constituyen la "Patria Contratista" de Neuquén— son grandes beneficiarios en los negocios provinciales al punto que el propio gobernador confesó que “la incidencia de los Impuestos provinciales es mínimo en la provincia”. Ellos también serán los beneficiarios del plan de privatizaciones que prepara igualmente el gobierno para “paliar el déficit fiscal". La disputa por la monopolización de todos estos negociados ha desatado una interna feroz entre los mismos contratistas, que se expresa en una lucha de fracciones dentro del MPN y en el choque entre los poderes ejecutivo y legislativo. Los trabajadores no deben darle ningún crédito a las mentiras del gobierno provincial. Nada de “acompañar a Salvatori”. Quiere pagar en bonos a los estatales para seguir manteniendo el chorro de subsidios a los contratistas y rescatar la deuda pública provincial. Nadie conoce las verdaderas cuentas de la provincia. Reclamemos el control obrero de las finanzas provinciales; esto es imprescindible para desenmascarar y terminar el negociado capitalista.

Los trabajadores y pobladores de la provincia de Río Negro se enfrentan a una catástrofe capitalista completa. En las principales ciudades los empleados públicos están movilizados porque no han cobrado todavía sus salarios de abril, y el gobierno reconoce que no podrá pagar nada. Sólo ofrece un cronograma de pago en plazos de sueldos de un millón y medio de australes, que es lo que en promedio gana la mayoría de los estatales. La provincia está convulsionada por esta situación: en Viedma se vienen realizando movilizaciones masivas; en Bariloche, Cipolletti y Roca también se generaliza la protesta, los docentes han ocupado varias veces el consejo provincial de educación. Los jubilados están armando cordones humanos para hacer oír sus reclamos. Pero es en Hipasam donde la situación es verdaderamente desesperante: los 15.000 pobladores de Sierra Grande están pasando hambre y se han comenzado a habilitar comedores especiales para alimentar a las familias. No se cobran los salarios desde marzo y algunos trabajadores han salido a pescar para sobrevivir. El cierre de la mina es inminente; existe un plazo de treinta días para su clausura definitiva. En pocas semanas, Sierra Grande pueda quedar convertido en un “pueblo fantasma”. La desocupación en la provincia está comenzando a crecer en forma vertiginosa. La obra pública ha desaparecido y los pocos emprendimientos en construcción — como la planta de soda solvay— están paralizados. En las zonas agrarias, la miseria golpea en todos los hogares: un proceso de quebranto masivo de pequeños productores frutícolas acompaña la monopolización en curso de esta lucrativa actividad exportadora. Es completamente falso que “la crisis afecta a todos los rionegrinos”. Mientras se derrumban las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, el puñado de capitalistas que controla el gobierno provincial sigue llenándose los bolsillos. La primera gran tarea del frente Unidad de los Trabajadores y de la Izquierda (que acaban de constituir el PC, el Mas y el PO en la provincia) es desenmascarar a tos capitalistas que saquean la provincia y denunciar la escandalosa depredación del Tesoro provincial que han perpetrado con el apoyo de todos los partidos patronales. El Frente debe ponerse al servicio de la rebelión popular que se está desarrollando, debe formular un programa para desenvolverla y debe facilitar el camino hacia la conquista del poder político por parte de tos trabajadores. Expropiar a los “vaciadores”, implantar el control obrero “No tenemos plata para pagar los sueldos”, dice el gobernador Massacesi, luego de haber perpetrado el mayor vaciamiento de la historia del Banco de Río Negro, que entregó préstamos incobrables por 200 millones de dólares a un grupo de siete u ocho empresas vinculadas a la gobernación. En los últimos años las empresas Debenedictis Hermanos, Cascada S.A., Soldimar, Galme Pesquera, Zettone y Sabbag, entre otras, fueron socorridas con suculentos créditos que jamás devolvieron. Algunas terminaron en la quiebra (fugando capital) y otros compraron enormes extensiones de tierras y plantas de empaque y frío. Massacesi encubrió directamente todo este negociado, negando las denuncias de falta de pago de estos grandes deudores, hasta que esto se volvió insostenible. Ahora reconoce el quebranto, pero le pone el moño final al vaciamiento con la sanción de un “plan de cancelación de deudas” que rescata a los fundidos y consolida el derrumbe definitivo del banco provincial. Los que se embolsaron 200 millones de dólares en efectivo podrán “devolverlos" en cómodas cuotas a cinco años de plazo, no en efectivo sino en títulos públicos que la provincia reconocerá a su valor original, es decir, al doble, lo cual reduce el pasivo a la mitad. Los saqueadores estarán además libres de pagar cualquier interés sobre la monumental deuda que contrajeron. Con este plan de salvataje el Banco Provincial se irá definitivamente a la lona. Soto podrá vender a un cuarto de su precio nominal los papeles desvalorizados que habrá recibido de tos vaciadores o canjearlos al Banco Central, el cual pondrá como condición la privatización sin deudas del Banco —tal como lo reclama el FMI. Los pequeños productores no podrán levantarse jamás y habrá despidos masivos de bancarios. El punto de partida para frenar este desmoronamiento es la confiscación inmediata de todos los bienes y propiedades de los estafadores del Banco Provincia. Hay que abrir los libros del Banco, terminar con el secreto del negociado, investigar a todos los comprometidos e impedir que se sigan enriqueciendo a costa de la miseria del pueblo rionegrino. Los políticos patronales, los demagogos y "regionalistas" apoyan, en cambio, el rescate de los estafadores, es decir que paguen con bonos o que no paguen. Estos mismos grandes pulpos evaden, además, los impuestos. La porción de gravámenes que recauda la provincia siempre fue insignificante, y en algunos casos, como en la pesca, existe una piratería institucionalizada. Desde que la banca acreedora ha obligado a su "virrey" Menem a reducir drásticamente los fondos de coparticipación que se giran a las provincias, el colapso del Tesoro es total. Río Negro no tiene ni gas ni petróleo ni hidroelectricidad, de modo que no puede mendigar por regalías adeudadas. A Massacesi se le agotó hasta el juego, que era el único recurso que le quedaba para juntar plata y que utilizó en los últimos años construyendo casinos e inventando loterías. A las finanzas provinciales tampoco ingresó un solo peso de las privatizaciones, ya que el hotel Llao Llao de Bariloche pasó a manos del Citibank a cambio de algunos papelitos de la deuda externa que le entregó al ministerio de Economía. Las finanzas públicas deben estar bajo la supervisión de las organizaciones obreras y populares, lo que se consigue estatizando la banca y poniéndola bajo control obrero. Hay que establecer una recaudación de emergencia a través de un impuesto a las grandes fortunas, anular los contratos de privatización, desconocer la deuda externa e interna, romper con el FMI y el Banco Mundial, implantar el monopolio estatal de los servicios públicos y de la explotación, exploración y comercialización de todos los recursos naturales y sus derivados. Ocupar HIPASAM, confiscar los pulpos frutícolas El cierre de Hipasam es una decisión tomada, y cualquiera sea el partido patronal que gobierne la provincia llevará adelante esta clausura. El “lobby” de los importadores de mineral de hierro (encabezados por Juan Alemann) exige el cierre de la mina, con el argumento de que sus instalaciones son “obsoletas" y que su producción es “Ineficiente”. Pero diversos documentos de los sindicatos de la zona han impugnado una y otra vez estos “estudios "tramposos que difunden tos grupos capitalistas con intereses en la importación del mineral desde Chile u otros países. Como no existe el control obrero de la producción, la población de Río Negro desconoce por completo cuáles son los costos e ingresos reales de Hipasam, y se mantienen también en secreto los enormes desfalcos capitalistas que han llevado a la empresa a su actual situación de altísimo endeudamiento. El cierre de Hipasam no tiene nada que ver con la “eficiencia” empresaria, sino que es una exigencia del FMI que reclama que todo el presupuesto del estado nacional vaya a los bolsillos de los acreedores. La actual crisis de la siderurgia es el otro detonante del cierre, porque Somisa —afectada por la superproducción mundial y la contracción del mercado interno— le adeuda a Hipasam más de dos millones de dólares. Con el cuento de la “obsolescencia”, la clase capitalista pretende descargar tos efectos de su crisis sobre tos trabajadores y familias de la localidad. Hasta el momento la multisectorial de la zona ha realizado una protesta tras otra, pero su reclamo se limita a pedir el auxilio financiero del gobierno nacional. Por esta vía se marcha a un callejón sin salida. Esperar la salvación de Hipasam de su verdugo o de los buzones que venden tos diputados y funcionarios sólo puede conducir a la desmoralización de los trabajadores. Es necesario ocupar la mina e imponer el control y la administración obreros directos. Es el único camino. Mientras devastan la minería, los capitalistas auspician la “reconversión frutícola”. Esta próxima la liquidación de Corpofrut —el organismo que regula tos cupos de exportación y que permitía a algunos productores medianos y pequeños acceder a las ventas externas. Esta liquidación es una vieja aspiración del CAFI, que nuclea a los siete u ocho grandes monopolios nacionales y extranjeros que se disponen a acaparar todo el negocio exportador que ya moviliza 500 millones de dólares con cada cosecha anual. El verdadero mandamás de la Argentina, el embajador yanqui Todman, estuvo hace poco en la región para apuntalar este proceso de confiscación capitalista de tierras y propiedades. Cualquier transformación agraria progresista en la provincia pasa en primer lugar por la confiscación popular de esta “patria frutícola”, condición para que los trabajadores, campesinos y chacareros puedan acceder a la explotación individual o colectiva de la tierra. La patronal frutícola es descarnadamente antiobrera: no respeta los convenios de ajuste salarial cuando el dólar la desfavorece; está lanzada a “racionalizar” las plantas y frigoríficos mediante la “flexibilización laboral” y trabaja abiertamente con el gobierno y la burocracia para intervenir el Sindicato de la Fruta, recientemente recuperado por sus trabajadores. El programa y la política del frente “Unidad de los Trabajadores y la Izquierda" Río Negro está conmocionada por la gran resistencia popular al atropello del gobierno patronal. Es una lucha de vida o muerte. Massacesi adelantó las elecciones para tratar de “despegarse" de las elecciones nacionales y sustraerse al golpe que sufrirá la UCR en octubre. La maniobra es toda una confesión de bancarrota política. También pretende que el adelantamiento electoral sirva de gran distracción y desmovilización de las luchas obreras. Contra estas maniobras ha surgido el frente Unidad de los Trabajadores y la Izquierda, con el declarado propósito de impulsar el combate popular. Por eso su programa plantea: pago en término e inmediato aumento de los salarios, jubilaciones y pensiones. Salario mínimo vital y móvil que cubra el costo de la canasta familiar. Ningún despido; seguro al desempleo garantizado por el estado y equivalente a un salario igual a la canasta familiar. Nacionalización sin indemnización de toda fábrica que cierre, bajo control de los trabajadores. Control obrero de la producción. Expropiación sin pago de los grandes grupos capitalistas y latifundistas de la provincia. La gran tarea del Frente es trabajar a favor de la coordinación y centralización de todas las luchas en curso, propiciar la huelga general unificada y estimular la creación de asambleas populares que ya han ido surgiendo en los últimos años en diversas provincias como respuesta de acción de las masas frente al colapso capitalista. El Frente debe significar un eje de reagrupamiento del activismo contra la burocracia sindical que le ha dado la espalda a toda la resistencia popular y que pretende quedarse con los sindicatos a través del fraude y la intervención del Ministerio de Trabajo, como se demuestra en el caso de la Fruta. La concreción del frente “Unidad de los Trabajadores y la Izquierda” es una gran victoria política, que debe servir para desenmascarar al cogobierno radical menemista, desnudar la impotencia del régimen burgués y su total incapacidad para dar una salida al conjunto de la población. La campaña política del frente plantea así la posibilidad de favorecer la maduración política de la vanguardia obrera, permitir la conquista de la independencia política de tos trabajadores y preparar a la clase obrera para la captura del poder político. Elecciones 7 de julio Quien es quien en Río Negro A las elecciones de Río Negro (7 de julio) se presentan cuatro frentes y partidos patronales igualmente responsables del colapso económico y social que soporta la provincia. El aparato oficialista radical de Massacesi ha logrado sumar a algunos sectores peronistas que esperan seguir lucrando con el botín del presupuesto provincial y garantizar la gran operación de rescate de los grupos capitalistas que fundieron al Banco Provincia. Para despegarse del probable fracaso electoral de esta mafia, otro capo del radicalismo, el ex ministro de Alfonsín Rajneri, se abrió de la UCR y estableció una alianza con un cadáver político: el provincialista PPR. Este partido se encuentra en disgregación, pero conserva el aparato armado por Requeijo, un gobernador de la dictadura, muy vinculado a los monopolios frutícolas. El justicialismo provincial es un apéndice del gobierno nacional. Gobierna varios municipios con la misma política de miseria que aplican los radicales y se sostiene en la corrupta burocracia sindical. A las elecciones va dividido y completamente desprestigiado. Finalmente, la “centroizquierda" lleva como candidato a Salto, el intendente de Cipolletti, que es además líder nacional del Pl. Integró el Frejupo y apoyó al menemismo aplicando en su municipio la política de impuestazos y confiscaciones al pequeño contribuyente. Este abanderado de la “democracia" se ha opuesto a la propuesta de que en la elección municipal los votantes puedan acceder a la "tacha" individual de los candidatos en las boletas (es decir, ¡a la libertad de elegir!), y formalizó un acuerdo en la provincia para presentarse en frente común con una ex líder del PPR. Como se ve, en Río Negro la “centroizquierda" debuta en alianza con la ultraderecha dictatorial. Todos estos representantes de la clase explotadora han comenzado ya el circo electoral de las acusaciones mutuas y la demagogia para confundir a los trabajadores. Se disfrazan según el gusto con el ropaje de “regionalistas”, “liberales", "democráticos" o “populares" pero su única divergencia gira en torno a quién se apodera del botín del presupuesto. Para terminar con toda esta lacra se ha formado el frente Unidad de los Trabajadores y de la izquierda, que debe desnudar incansablemente el carácter capitalista de radicales, peronistas, provincialistas y centroizquierdistas. De los luchadores y la izquierda Por un gran acto de aniversario del Cordobazo En el acto del 1° de Mayo en Buenos Aires, Luis Bazán, del sindicato de Obras Sanitarias, planteó convocar a un gran encuentro de trabajadores en ocasión del aniversario del Cordobazo, el 29 de mayo. La oportunidad de ese encuentro es impecable a la luz de las suspensiones y despidos y la lucha de tos empleados públicos. Este encuentro debería ser impulsado por un gran acto el día 29 en Córdoba (segunda parte del acto del 1° de Mayo en Buenos Aires) y convocar desde allí al Encuentro de Trabajadores con un cronograma de asambleas y plenarios por gremios.

Bajo el paraguas de “centroizquierda" hay, indudablemente, de todo. Sin el menor cuidado por la promiscuidad cohabitan en ese llamado “espacio” un género especial de organizaciones o personas: los emigrados. Hay emigrados del menemismo, del cafierismo, del alfonsinismo y de la propia izquierda. Se trata de una galería de “fuerzas" (más bien de gente privada de fuerza) que tiene en común su condición de víctimas de sus propias ilusiones aunque allí revisten hombres ya grandecitos como Alende, Monserrat y Auyero, "pensadores” como el llamado Chacho Álvarez, o “comunistas” como Sigal. Víctimas de las ilusiones en el nacionalismo, en el “social” - cristianismo, en el democratismo burgués y en el stalinismo. ¡Estos son tos que se "ofrecen” ahora nada menos que en nombre del “realismo”— una expresión invariable de los que pregonan una política de componendas que no se atreven a declarar!. Tenemos al Pl y a la Democracia Cristiana emigrados del menemismo (FREJUPO). Al grupo de los 8, —cafieristas que se acoplaron con “realismo” a la campaña electoral de Menem, y que ya avanzada la gestión de éste, votaron a favor del copamiento de la Corte Suprema por parte del menemismo. Ninguno de estos sectores había percibido que Menem prometía durante la campaña electoral la “pacificación nacional", un “empresario exitoso" en Economía, un burócrata sindical en Trabajo, el establecimiento de “zonas francas”, y la reanudación de la política petrolera de Frondizi. Estas "fuerzas "respaldaron las leyes de emergencia económica y de reforma del estado que permitieron aplicar la ofensiva “liberal". Para converger con esta “centroizquierda” se ha formado el “Encuentro Sindical para el Proyecto Nacional”, encabezado por Mary Sánchez y De Gennaro, es decir, la “crema" (o mejor la nata) de la burocracia ubaldinista. En el “Encuentro” revistan también Esquivel, Palacios o el “Barba” Gutiérrez; en suma, todos los “referentes sindicales” que han estrangulado las principales luchas del movimiento obrero, que estuvieron dirigidas, precisamente, a enfrentar la “política liberal”. Se ha añadido un figurón de último momento, Piccinini, que hace muy poco tiempo apoyaba, con Julio Isabelino Guillán, la política de penetración del alfonsinismo en tos sindicatos a través de la frustrada “ley sindical” combatida por los ubaldinistas, miguelistas y hasta triaquistas (lo que no impidió a toda esta gente integrar el gobierno de Alfonsín en 1987/88). -Piccinini, se dice, quiere formar un “partido de trabajadores", por lo que parece con Alende, Salviolo, Auyero, el empresario Volando y la anticlasista Mary Sánchez. La vertiente de la centroizquierda que está constituida por Auyero, Monserrat, Estevez Boero y Volando, la CTN (Convocatoria para la Transformación Nacional) también revista como emigrado. Auyero fue funcionario del gobierno radical, al igual que Estévez Boero (en el Consejo para la defensa de la Democracia). Alfredo Bravo (Unidad Socialista) ocupó la subsecretaría de Educación de Alfonsín, desde donde pudo enfrentar a los docentes y encubrir la liquidación de la educación. También está Molinas, quien pasara por la administración tanto alfonsinista como menemista, lo que no es poca cosa. Por fin están los grupos izquierdistas, éstos emigrados políticos del Fral, ML 29 de Mayo, del sub-frente con el Mas , Makarz-Zas, del PC (Sigal) y en general de Izquierda Unida (David Viñas). El hecho de que las tendencias electorales y democratizantes se hayan venido abajo, como lo pone en evidencia la crisis en que está envuelta IU ha empujado a estos izquierdistas a abandonarse viejo pudor para lanzarse “transgresoramente” al carrerismo político que tiene como premio una mullida butaca parlamentaria o el timbre del funcionario (burócrata) estatal. Un rejunte sin principios Este "panorama” (ciertamente poco ecológico, por su elevada contaminación, aunque tos “verdes" procuren ingresar al "espacio") caracteriza, no a un frente sino a un rejunte de deshauciados políticos. A fuerza de hablar del fracaso de las demás variantes políticas, no se han tomado el trabajo de mirarse en el espejo de su propio fracaso, como característica definitoria de su trayectoria política. No hay disfraz “nacional y popular”, “democrático y social” o “centroizquierdista” que pueda levantar esa hipoteca originada en la dependencia y sometimiento a la burguesía y a su régimen “democrático” (o incluso dictatorial - al que se acomodaron el 90% de estos personajes). Hasta la pretensión de denominarse "centroizquierda” es una impostura de igual tipo que aquélla en la que incurre Alsogaray cuando se autodenomina de “centro”. Este afán “centrista" determina toda una afinidad entre la pequeña burguesía "liberal” y la “izquierdista”. Esta impostura se puede ver ahora en Río Negro donde el flamante Movimiento Popular, liderado por el intendente del Pl de Cipolletti, Julio Rodolfo Salto, es presentado en sociedad como la “alternativa" de "centroizquierda". Salto lleva como candidata a vicegobernador a Graciela Campana, quien pertenece a una de las fracciones del PPR (Partido Provincial de Río Negro), partido derechista liderado por Requeijo, que gobernó la provincia bajo la época de la dictadura. Graciela Campana ostenta en su curriculum político nada menos que haber ejercido la presidencia del Superior Tribunal de Justicia durante el interinato del comodoro Huerta, en el gobierno de Onganía. Otra vertiente de la “centroizquierda”, el Partido Socialista Democrático que forma la Unidad Socialista con Estévez Boero, integra una coalición encabezada por Rajneri, ex ministro de Alfonsín y representante de la derecha radical, a la que se han sumado otro sector del “procesista" PPR de Requeijo, el Partido Demócrata Progresista que forma parte de la Alianza de Centro a nivel nacional con Alsogaray y el MID de Frigerio. En Catamarca, por otro lado, partidos “centroizquierdistas” como el Pl, la Democracia Cristiana y tos socialistas participan del "Frente Cívico", el cual está integrado no solamente por el PJ disidente y el radicalismo, sino también por Bussi y Fuerza Republicana (aunque en Tucumán estos mismos sectores están discutiendo el apoyo al candidato de la Banca Roberts — “Palito” Ortega). Como se puede apreciar, lo que se suele identificar con la "centroizquierda", es un engendro acuciado por apetitos electorales que lo obligan a comer del plato derechista y “procesista”. Véase esa “exquisita” coexistencia "centroizquierdista” entre Salviolo, un democristiano que fue director de escuelas de Armendariz y de Cafiero (¡oh la función pública!) y Mary Sánchez, que se supone tenía el deber de combatir la destrucción de la educación que desarrollaba su flamante novio político (aunque el caso Salviolo-Sánchez es el “final feliz” de un romance antiguo). Una torta chica Pero a pesar de su maleabilidad política, o precisamente por ello, las “fuerzas" de "centroizquierda" no se ponen de acuerdo. Es que sigue pendiente el tema de las candidaturas. Hay pocas posibilidades de obtener bancas y demasiadas aspiraciones. Para hacerse valer en esta contienda, tos emigrados de I.U. proponen que se convoque a Vicente y a Zamora, junto a la exigencia de que se hagan elecciones “primarias" a la norteamericana. A partir de estas presiones, la lista de pases de emigrados, desde la derecha a la izquierda y desde la izquierda a la derecha, no está cerrada. El oportunismo electoral plantea una feroz disputa que puede hacer naufragar los esfuerzos de “unidad” (que, de todos modos, nunca será real) y dejar paso a bruscas volteretas, algo que no deberá extrañar dado el prontuario de sus componentes. La centroizquierda es una bolsa de (“ex") gatos, ex menemistas, ex alfonsinistas, ex cafieristas, ex izquierdistas (¿ex stalinistas?) y algunos ostentan varios de estos títulos a la vez. Lejos de encarnar un “nuevo modelo” o una “nueva alternativa” constituyen la resaca y los deshechos de tos partidos patronales que se derivan de la crisis, un fenómeno, por otra parte, clásico en todo proceso de descomposición política. Un rejunte de fracasados soto puede dar lugar a un monumental fracasó.

El congreso de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), fue concebido como un acto burocrático que debía limitarse a aprobar a libro cerrado la memoria y balance (en especial este último). La presencia de la minoría de la dirección de la UTPBA, Naranja-Gris, lo convirtió en una tribuna de denuncia de la política derrotista y pro-patronal del ubaldinismo, piccininismo y degenarismo que conducen la FATPREN y también la UTPBA. La FATPREN es hoy una cáscara vacía que se mantuvo ausente de las luchas del gremio de prensa en distintos puntos del país. Los cierres de Tiempo Argentino, La Razón, Sur y varios diarios del interior pasaron sin provocar su reacción. Tampoco libró ninguna lucha por el salario ni por el convenio único. Sin consultar al gremio, se incoporó a la CGT Azopardo y a su política de vaciamiento de tos sindicatos. En estas condiciones, FATPREN y UTPBA fueron cómplices de una incesante ofensiva patronal en materia de “flexibilidad laboral”, trabajo en negro, salario desigual, desconocimiento del convento y vaciamiento de empresas en diarios, radio y TV. Quiebra política En uno de los documentos presentados por el oficialismo se señala que “el Movimiento Obrero ha quedado reducido a su mínima expresión, a partir de la irrupción casi irracional del modelo económico neo-liberal... perdiendo sistemáticamente su capacidad de confrontación y aún de negociación”. En realidad lo único irracional es la identificación que hace el documento entre el movimiento obrero y tos aparatos burocráticos de Ubaldini, Mary Sánchez o De Gennaro, tos cuales enfrentaron y sabotearon el movimiento huelguístico real de tos telefónicos, docentes o ferroviarios. La “tesis” del documento es un menudo encubrimiento, además, de la traición de la CGT. Aceptación de la desocupación Los desmoralizados añaden que ante “esta andanada que no cesa”, “hay un camino posible”... “recrear la solidaridad”... “atendiendo a respuestas organizativas incipientes que la sociedad se da para defenderse”. Entre éstas menciona comprometer a los candidatos, en un año electoral, en la defensa de la seguridad laboral, ampliar las alianzas “a toda entidad social, incluyendo a las Sociedades de Fomento” y hasta abrirse hacia la Iglesia como “sector dinámico que sirve para unificar intereses comunes”. Más “interesante" aun, si cabe, es lo que propone ante la desocupación: atender a nuevas fuentes de trabajo (“para enfrentar a los grandes Medios de Comunicación”) “como las radios FM, la TV por cable, las cooperativas de prensa. O pequeños emprendimientos que sirvan a la contención de los desocupados”. Esto retrata toda la estrategia de esta burocracia rebautizada de centroizquierdista: es que la expansión de medios secundarios y marginales no podría ir más allá de un aumento marginal del empleo, que sería además más precario y más “flexible” que el de tos grandes medios de comunicación. Los que han traicionado la lucha contra la precariedad del empleo en las grandes empresas no podrían asegurar jamás una real posibilidad laboral en medios secundarios o inestables o en tos que no son más que sucursales de tos grandes monopolios. Caraduras y reaccionarios, proponen como solución trabajar en las radios truchas, vender publicidad de la Sociedad de Fomento e ir a llorar a la Iglesia y al parlamento, sobre la base de una política que rifa el salario, el convento y las fuentes de trabajo masivas de centenares de compañeros. Flexibilización y remate del convenio El punto 2 de los “objetivos” para “recrear ámbitos de participación”, propone “abrir la discusión sobre la necesidad de plantear líneas de acción particulares, en torno a la división que se produce en las distintas categorías de empresas". Haciéndola más fácil, propone aceptar el salario desigual impuesto por las patronales en empresas grandes y chicas. Es decir liquidar el convento único, establecer acuerdos por empresas y por ende, liquidación de toda función del sindicato como herramienta de lucha unitaria de tos trabajadores. Los ubaldino-piccininistas han renunciado a todo. Están adaptados hasta el caracú a la “flexibilización laboral” y la “capacitación para la reubicación” de tos Cavallo, Mahler y López Aufranc. La delegación Naranja-Gris rechazó esta falta de memoria y esta ausencia de balance y presentó una ponencia que denuncia esta política de vaciamiento sindical y propone una campaña de asambleas de sindicatos de base para debatir las reivindicaciones y la acción por el convenio y el salario. Y que ante cada congreso se elijan delegados con mandato de bases. Estos planteamientos agruparon a un sector de delegados de distintas seccionales que rechazaron la prepotencia de tos burócratas. Estos hicieron votar el rechazo de la ponencia opositora por “ofensiva hacia la Comisión Directiva”. Susceptible es la moral de la burocracia. “Sindicatos con “Sponsors” Como retrato de la subordinación de la FATPREN al gobierno y los capitalistas, el Congreso de Paraná tuvo ribetes barrocos. La sesión de apertura estuvo presidida por el vicegobernador de Entre Ríos y el Intendente de Paraná, el cual bancó la comida de cierre. El decorado y los refrigerios fueron aportados por Pepsi, Quini 6 y Lotería de Entre Ríos. Debidamente “privatizado” al mejor estilo menemista, el congreso no podía caer en la grosería de ser “díscolo”. Dime quien te da de comer y te diré como piensas —un concepto alemán cuya vigencia fue ratificada por la burocracia de FATPREN.

El Partido Obrero fue invitado el viernes pasado a la jornada inaugural de la conferencia de la Zona Sur del Partido Comunista. La Conferencia tenía por finalidad discutir la situación política nacional y el balance de la intervención del PC a la luz de las resoluciones del 17° Congreso, así como considerar la reorganización de la regional, que habría sido sensiblemente “golpeada" según las palabras de tos propios oradores, con motivo de las crisis y escisiones protagonizadas por la fracción que respondía a Sigal, que había dejado acéfala a la dirección. El informe presentado en nombre de la dirección del PC marcó un sensible contraste con la intervención realizada por el Partido Obrero (las dos únicas intervenciones referidas a la orientación política durante la jomada). El informe se refirió a la “crisis del Este" de la cual, increíblemente omitió a la URSS. Caracterizó a esas crisis como el resultado de una serie de “falencias", tales como la falta de “participación" o falta “de asimilación de las conquistas técnicas y científicas a la economía" y su aplicación “en beneficio de la comunidad". En síntesis, “errores” en la “construcción del socialismo", de ninguna manera expresión necesaria de la usurpación del poder político por parte de una burocracia contrarrevolucionaria. El informe no hizo mención al proceso de restauración capitalista promovido principalmente por la burocracia. Como consecuencia de esto el informante no podía caracterizar la lucha de los mineros soviéticos contra esa burocracia y contra la política fondomonetarista que ella impulsa, como una lucha objetivamente clasista, aun si sus dirigentes tienen ilusiones en una salida de “economía de mercado". La reivindicación política de Fidel Castro y de “Cuba Socialista” pareció un ritual que desplazaba a la otrora “patria del socialismo” de Moscú a La Habana. El informante oficial del PC tuvo que eludir, por este motivo, la responsabilidad que le cupo al castrismo en la liquidación de la revolución sandinista. Después de todo, “el apoyo a Contadora”, cuyas consecuencias contrarrevolucionarias saltan a la vista, fue la política común de Cuba, y del “renovado" PC argentino. El informe hizo referencia y declaró el apoyo a tos “pueblos” que luchan por su liberación, pero no al proletariado, lo cual explica que eludió referirse a la lucha de tos ferroviarios norteamericanos o a los trabajadores británicos. Semejante distinción traduce una posición nacionalista “tercermundista" y un abandono de la concepción clasista de la sociedad. En el plano nacional, el informe reivindicó en forma reiterada a I.U., sin el menor espíritu de crítica, no digamos ya denunciar sus limitaciones electoralistas, su reivindicación de la “democracia” (régimen burgués) o incluso el acuerdo para apoyar a Menem en el Colegio Electoral, si se presentaba esa eventualidad, lo cual se justificaba por la necesidad de acercarse al “pueblo peronista”. El informe no hizo la menor referencia a la crisis de I.U., simplemente la ignoró, de forma tal que no pudo explicar que I.U. no hubiera aparecido como tal en el acto del 1° de Mayo último. El informe se refirió en varias oportunidades a la “recomposición del campo popular”, lo cual es una inconfundible alusión a la centroizquierda y a los restos del ubaldinismo. El “campo popular” es una categoría política extraña al marxismo, proviene del nacionalismo burgués, el cual procura negar la fisonomía histórica independiente de la clase obrera. El “campo popular", cuyos dirigentes sucumben unos tras otros a la derecha es considerado el sustrato del “Frente de Liberación nacional y social”, el cual revela, de este modo, su carácter de conciliación de clases y de subordinación de la clase obrera a la pequeño burguesía democratizante y nacionalista. Se repite, entonces, el planteo que fracasó en Chile, Nicaragua, Argentina y en todo el mundo. Discurso del PO en la conferencia “En nombre del Partido Obrero saludo a los asistentes a esta Conferencia y agradezco la invitación que nos han hecho para participar en este evento. Venimos de protagonizar un importante acto el 1° de Mayo y acabamos de conformar un frente electoral en Río Negro. Están planteadas, por otra parte, algunas iniciativas políticas importantes, como la formación de una coordinadora sindical antiburocrática nacional. El Partido Obrero ha tenido una política frentista perfectamente definida. ¿En qué consiste? En oposición a los frentes populares y democratizantes que implican un sometimiento de las direcciones obreras a la burguesía nacional, el Partido Obrero impulsa un frente de izquierda que actúe como factor de polarización política, denunciando la incapacidad de la burguesía nacional, de la pequeño burguesía charlatana y de tos regímenes democráticos (de contenido burgués) que pretenden aparecer como una superación política y social a las dictaduras. Un frente que intervenga en la lucha activa de las masas y que concentre la acción de tos explotados orientándola hacia su propio poder político, el poder obrero apoyado en las grandes masas explotadas. “Es lo que en un lenguaje más simple dijo el compañero Jorge Altamira en Plaza de Mayo. “Esto puede ayudar a explicar nuestras divergencias con Izquierda Unida. Si por su composición Izquierda Unida puede ser entendida como un Frente de Izquierda, por su política es un frente que no supera al régimen democrático burgués y al electoralismo. “Hace un cierto tiempo discutimos los planteos de una corriente que rompía con el PI y que luego se convirtió en IDEPO, la que levantaba una vieja consigna del nacionalismo pequeño burgués y que tuvo éxito en la izquierda: superar a la democracia burguesa formal por medio de una “democracia participativa". Pero es evidente que la “participación popular" en el régimen estatal democrático de contenido capitalista no es otra cosa que la integración de las organizaciones populares al estado burgués. Esta mención demuestra que no existe la posibilidad de superar a la democracia formal por otra vía que no sea la revolución socialista. Los frentes populares aplicaron esto de la “participación”, con lo que solo lograron liquidar la independencia de los explotados y facilitar el triunfo de la reacción. “Estamos presentes aquí para defender una política revolucionaria que se expresó en el acto en la Plaza y que puede desenvolverse y fructificar en Río Negro. “Ahora bien, ¿Qué porvenir político tiene un frente de izquierda? “Para responder a esta cuestión tenemos que partir de la crisis que atraviesan los partidos de izquierda de orientación política democratizante. Escisiones ya consumadas en algunos y escisiones potenciales en otros. La crisis de las tendencias electoraleras y democratizantes ha dejado planteadas dos alternativas: una, remontar esta crisis profundizando la política democratizante y electoralera con la expectativa de ampliar el frente con representantes que se encuentren a la derecha; la otra, estructurar un frente dirigido a la acción de las masas contra el capitalismo, a partir de una comprensión de la caducidad de esta política democratizante. “A la luz de la bancarrota del gobierno de Menem y de los movimientos nacionalistas en general; a la luz de la debacle del Stalinismo, ese aparato contrarrevolucionario verdadero padre y artífice de tos “frentes populares”; a la luz de la derrota de procesos políticos tan caros para el movimiento obrero y tos luchadores de todo el mundo como lo fue el sandinismo (el cual, a pesar de tener las armas en la mano se empeñó por evitar que la clase obrera tome el poder político); a la luz de las traiciones de las Mary Sánchez, de tos Piccinini, de tos De Gennaro; a la luz de todo esto, proponemos una política de apoyo y orientación a la rebelión popular que se desarrolla en el país, para que las masas puedan arribar a la conclusión, sobre la base de su experiencia, de que es necesario desplazar a la burguesía y conquistar el poder político. “Esta orientación no sólo dejaría despejada la vía del frentismo revolucionario, sino de la construcción de un partido obrero revolucionario marxista, leninista, auténticamente bolchevique...”

Que el ex Ministro de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann, haya salido a denunciar el laudo del gobierno sobre los salarios de la UOM como un “exocet contra el Plan Cavallo”, no puede ocultar el hecho de que fue acatado por las cámaras empresariales metalúrgicas, entre ellas la Adimra del triunfante Mahler en las elecciones de la UIA y la patronal siderúrgica. El 39,8% de aumento salarial es la devolución retrasada de lo perdido desde noviembre del año pasado. Tomando un valor 100 para el jornal metalúrgico de convenio de ese mes, se llega con el acuerdo a un índice de 154,9 en marzo contra 152,0 de ascenso en el costo de vida. El sueldo inicial para la categoría más baja queda fijado en la miseria de dos millones de australes. Con todo, un mes atrás los empresarios no ofrecían más del 27% y la UOM hizo trascender a la prensa (y no a los metalúrgicos) un reclamo del 53%. Las razones del arbitraje “más favorable” a la UOM deben buscarse fuera del texto del laudo: la burocracia miguelista puso un precio a su pacto con el gobierno y los empresarios en apoyo a la "ley de empleo”. “La flexibilidad laboral es el único remedio” El Ministerio de Trabajo dio a conocer su arbitraje en el mismo momento en el que las patronales metalúrgicas están lanzadas a un operativo concertado de despidos y suspensiones en masa. “Si no aprovecharan ahora serían tontos”, pone en boca de un “experto” Página 12 (24/4) “pensando en la ya medio sancionada ley de flexibilización laboral”. Las empresas han comenzado a prepararse para reemplazar a los trabajadores permanentes con personal temporario. Frente a esta ofensiva la dirección de la UOM se ha atenido a un libreto criminal: la aceptación del “arbitraje obligatorio” y de las “conciliaciones obligatorias” en todos los conflictos. Acindar. Cantábrica, Propulsora, Motormech: todos los conflictos fueron confinados a la “conciliación" sobre la base de acuerdos pactados entre burocracia, patronales y gobierno y que las empresas prácticamente en todos los casos se ocuparon de violar sea dejando a los despedidos afuera o ignorando el pago a los suspendidos. Cada "arbitraje” o cada “conciliación" deja abierto el camino a la imposición de la “flexibilización laboral” en cada planta en conflicto sin necesidad de que el congreso nacional derogue la ley de contratos de trabajo o apruebe en definitiva la Ley de Empleo. “¿No es verdad que buena parte de las modalidades para la promoción del empleo contenidas en el proyecto que actualmente evalúa el Poder Legislativo acerca de esta materia han sido incluidas en las convenciones colectivas desde hace años?” (Vicente Mastrocola, en “El Cronista", 7/5/91). Por un aumento salarial que recomponga lo perdido en los últimos años, no a la “flexibilización laboral”, que se reparta el trabajo disponible sin afectar el salario, ocupación de plantas que suspendan o cesanteen, asambleas generales seccionales, paro nacional de la UOM, convocatoria a un plenario general de delegados de fábrica para centralizar una lucha en firme.

Pocos minutos después de la firma del “acta acuerdo” entre la UOM, el Ministerio de trabajo y Acindar, Carlos Leoni, directivo de la empresa, agradecía a Lorenzo Miguel y a Piccinini la “buena voluntad” demostrada durante las negociaciones. Ese mismo día, la “solución del conflicto de Acindar” motivaba que la semana bursátil culminara “en un marco de gran animación y firmeza” (La Nación, 12/5). Los capitalistas reconocían, de este modo, que le habían impuesto a los sindicatos de Villa su programa de “reestructuración” contra los intereses de los trabajadores. El “acta-acuerdo” está confeccionada a la medida de las pretensiones patronales de expulsar a más de 1000 trabajadores e imponer la más cruda superexplotación (“flexibilidad’). “Cada uno deberá ser el sindicato” El acuerdo establece que el reingreso a la fábrica se hará de modo gradual, “conforme a las necesidades operativas y del mercado y dentro del programa de modalidades y métodos de trabajo ya explicitados en el establecimiento” (La Capital, 10/5). Unos pocos centenares retomarán sus puestos en las próximas semanas, mientras que el grueso permanecerá suspendido. Con el ingreso “progresivo" la empresa podrá reorganizar a su gusto la planta, conforme a las normas del trabajo “flexibilizado”. El acuerdo plantea “el respeto al convenio colectivo de la UOM”, pero voceros patronales ya han aclarado que el convenio “no impide que los operarios cumplan con más de una función en la planta” (Clarín, 11/5). La existencia de miles de suspendidos constituirá, por otra parte, una formidable presión para forzar a cada trabajador a “flexibilizarse". Como el acuerdo establece una “paz social” de 180 días (hubiera debido decir “angustia y zozobra social”), el sindicato queda maniatado para dar una respuesta de lucha a las miles de provocaciones cotidianas que la patronal produce en la fábrica. Esto fue reconocido por el propio Piccinini en la asamblea general realizada en Villa: “de ahora en adelante cada compañero será custodio del convenio” —el sindicato se toma licencia, o “no esperen del sindicato o de los delegados lo que cada uno deberá defender desde su puesto de trabajo”. Piccinini declaraba, de ese modo, el fin de la UOM-Villa como instrumento de defensa colectiva de los obreros. “Desde hoy, el sindicato vivirá en cada trabajador”, concluía, con envidiable consecuencia, quien meses atrás se había manifestado a favor de convenios y sindicatos por región o por empresa. ¿Retiros... voluntarios? El acuerdo plantea la apertura de una lista de retiros voluntarios, como venía siendo reclamado por el sindicato, pero no por los trabajadores. Pero el retiro voluntario significa la aceptación, por parte del sindicato, de la existencia de "puestos de trabajo sobrantes". Es por lo tanto, un indisimulado aval a la imposición de los “nuevos métodos de trabajo”, aunque —como los propios dirigentes de Villa lo señalan— estos no aporten otra “innovación” que no sea la de “producir un 30% más de acero por trabajador, a costa de su salud y seguridad”. Piccinini afirma que con la aplicación de este sistema se irán tantos trabajadores como despidos reclama la empresa. El acta condiciona el sobrante de personal a las “necesidades del mercado", lo cual puede significar mucho más de mil cesantes y limitar el reingreso de compañeros a unas pocas centenas. Juan Alemann (hombre de la dique de Martínez de Hoz- Aufranc), acaba de plantear que Acindar debe llegar a su producción actual “prescindiendo de los 2/3 del personal”, ¡es decir, de 2000 compañeros! En la asamblea general, Piccinini anticipó que la empresa “pondrá trabas al retiro del personal que le interesa conservar, y presionará para el retiro de otros compañeros”. Los retiros serán, por lo tanto, un programa de despidos encubiertos. Pero la patronal prepara, para dentro de unos meses, cesantías lisas y llanas hasta satisfacer sus “necesidades operativas y de mercado”. Después de los 180 días Aunque el acta plantea la “rotatividad" de las suspensiones, aclara a la vez que “el personal excedente que en los primeros noventa días no pueda ser reubicado continuará percibiendo el subsidio" que se establece para los suspendidos. Admite, de este modo, que para una parte del personal no regirá tal “rotatividad” y quedará definitivamente sin "ubicar”. Es, naturalmente, el que será despedido al término de la vigencia del “acta-acuerdo”. Para la patronal, esta “espera” constituye un negocio redondo, pues Cavallo acaba de prometerles a los “capitanes de la industria” la fijación de topes indemniza-torios en forma perentoria. Para la patronal, el subsidio de dos millones a cada trabajador durante seis meses, será jugosamente “compensado” a la hora de las cesantías, cuando podrán pagarle una “bicoca” en concepto de indemnización a trabajadores con 10 o 15 años de antigüedad... Para contribuir a financiar esta pérfida maniobra, Cavallo-Menem tiraron por la borda todo el “discurso antisubsidios” y pro “economía de mercado”: parte del subsidio a los suspendidos será solventado por el propio Estado. Los trabajadores en su conjunto “contribuirán”, de este modo, a “bancar" la “reorganización” antiobrera de Acindar. “Sí, nosotros bancamos a la empresa” Ha trascendido menos, en cambio, que otra parte del subsidio será afrontado... por los propios trabajadores de Acindar. El acta establece la “consolidación” de todas las deudas salariales en seis millones y medio de australes... lo que implica una “quita" de hasta cuatro y cinco millones para toda una franja de trabajadores. Este punto del “acuerdo” despertó vivas críticas entre los obreros de Villa. “¡Si, compañeros —admitió Piccinini en la asamblea general— nosotros bancamos a la empresa!”. Los dirigentes de la UOM afirman que, en el peor de los casos, el “acuerdo” ha servido para postergar la ofensiva de las cesantías masivas. Pero el acta establece un programa riguroso de desmoralización y quebrantamiento de la cohesión obrera, que facilitará los despidos que se vienen. El acta-acuerdo, es, en definitiva, la entrega sin condiciones de los metalúrgicos de Villa a la voracidad de los López Aufranc. ¿"Asamblea"... o ultimátum a los trabajadores? Como vaciaron la lucha de Acindar ¡Traición! Al resolver el lock-out y los despidos masivos, la patronal de Acindar declaraba un ultimátum a los trabajadores: la fábrica sólo sería reabierta en los términos establecidos por la patronal (cesantías, trabajo flexibilizado). Lejos de revelar fortaleza, el lock-out constituía una maniobra desesperada para conseguir una mayor superexplotación obrera y el auxilio del Estado. En estas condiciones, la política del sindicato debía partir del rechazo del ultimátum patronal, y de la reincorporación sin condiciones de los 3.000 compañeros dentro de la fábrica, como condición para cualquier negociación ulterior. La UOM-Villa aceptó, en cambio, todos los términos del ultimátum y tomó a su cargo la aplicación del mismo contra los obreros. “O este acuerdo, o el abismo”, fue la política de Piccinini ante los obreros de Villa. El resultado de la asamblea general del sábado 11 —donde los trabajadores aprobaron esta acta-acuerdo—, fue forjado por medio de un “cuidadoso proceso” de vaciamiento de la lucha. Hace dos semanas, la UOM-Villa levantó los piquetes que bloqueaban el ingreso de los jerárquicos a la planta, sin que la patronal hubiera retrotraído en lo más mínimo su ofensiva. Al mismo tiempo, iniciaba una negociación secreta, es decir, a espaldas de los trabajadores. Con el correr de los días, la concurrencia a las carpas apostadas en la puerta de la fábrica comenzó a mermar, como consecuencia de que habían perdido su función esencial (el bloqueo a la planta). Los trabajadores llegaron, así, inermes y desmovilizados a la asamblea donde fue aprobada el “acta-acuerdo”. “El acta sólo puede ser aprobada o rechazada en su totalidad”, aclaró Piccinini al comienzo de la asamblea general. Este ultimátum se descargó de modo implacable sobre trabajadores que llevaban dos meses sin cobrar, y a quienes no se les presentaba la menor alternativa en términos de lucha. Sin embargo, a pocos kilómetros de Villa, la CGT-San Lorenzo resolvía en ese momento un paro activo por los mismos reclamos que levantan los obreros de Acindar. Piccinini-Miguel La asamblea contó con la presencia de Lorenzo Miguel, quien subió al estrado del brazo de Alberto Piccinini y tuvo el privilegio de dirigir las “palabras finales” a los trabajadores. La “salida” de Acindar fue prohijada, codo a codo, entre el “centroizquierdista” de Villa y su antiguo verdugo. En la paritaria metalúrgica, Miguel está negociando reajustes salariales a cambio de la “flexibilidad”: Acindar será un precioso antecedente en este sentido. Hace algunos meses, la patronal pretendió hacerle firmar a cada trabajador un compromiso de aceptación de los métodos “polivalentes” de trabajo, lo que fue rechazado masivamente por los obreros. Ahora —y según informó la UOM en la asamblea de este sábado—, el “acta-acuerdo” deberá ser suscripto individualmente por cada compañero, como condición para su reincorporación. El “papel” que nadie firmó meses atrás, contará ahora, para su firma, con el aval de Piccinini y de Miguel... Piccinini ha jugado toda su autoridad sobre los obreros de Villa para la imposición de esta salida pro-patronal. Se abre, por lo tanto, un período decisivo para la superación del sindicalismo centroizquierdista en Villa, lo que exigirá del activismo una férrea delimitación en todos los terrenos respecto de los Piccinini y sus aliados políticos. Nuevo ataque contra el PO El patrullaje ideológico de Picci "Demócrata" kagebista En la tarde del domingo 5 de mayo, militantes del PO realizaban una jornada de venta del periódico “Prensa Obrera” en el barrio villense de El Palmar. En eso estaban cuando a bordo de la camioneta del sindicato un grupo de integrantes de la UOM se lanzó violentamente sobre ellos, agrediéndolos de palabra y físicamente, para sustraerles los periódicos partidarios. “Ahí están, son ellos”, declararon cuando “interceptaron” a los compañeros del PO. El encuentro no era casual, sino el fruto de una labor de medido “patrullaje”, al estilo de los lopezrreguistas y la KGB. ¿Será que el acercamiento al miguelismo le ha permitido a Piccinini “asimilar” los peores métodos del matonismo sindical? Reclamamos el pronunciamiento de todas las organizaciones obreras y democráticas sobre este tipo de acciones que comienzan a tornarse sistemáticas contra el activismo y la izquierda en Villa.

El futuro del Cóndor II —un misil de alcance medio (1.000 km) desarrollado por la Fuerza Aérea Argentina en colaboración con Egipto y otros países árabes— se ha colocado en el centro de la crisis política. “El Cronista Comercial” (18/4), por ejemplo, señala que “(esta fue) la cuestión fundamental que se debatió en los últimos dos días en el gobierno”, lo que no es poco para un gabinete abrumado por las denuncias de contrabando y narcotráfico y atareado por montar maniobras electorales de toda índole. El embajador Todman y los niveles superiores de la diplomacia norteamericana reclaman lisa y llanamente la destrucción del misil y aún de las instalaciones donde está siendo desarrollado y hasta amenazaron privadamente al gobierno argentino con un bloqueo de las exportaciones yanquis de alta tecnología (El Cronista Comercial, 28/4). Sin percibirlo el gobierno argentino, los yanquis le han dispensado a Menem el mismo trato que al vencido Saddam. La violencia de la embestida contra el Cóndor II se debe a que los yanquis pretenden mantener el monopolio del comercio armamentista —el rubro principal del comercio mundial, pero es por sobre todo una lucha por el monopolio mundial en materia de tecnología. Esta es la cuestión que su campaña contra la “diseminación misilística" pretende ocultar. El Cóndor II ha sido desarrollado con tecnología alemana e italiana. La autonomía argentina en este punto es tan nula que “La Nación” (28/4) ha calificado a la Argentina como un “banco de pruebas” de la tecnología europea. Según el especialista Alan Friedman, los funcionarios de Washington venían siguiendo con sospechas la tecnología de misiles vendida a la Argentina por la italiana SNIA, subsidiaria de la Fiat (La Nación, 28/4). Según la misma fuente, el “Régimen de Control de Tecnología de Misiles”—“un tratado mucho más específico que el de Tlatelolco para armas nucleares” (La Nación, 28/4)— tiene “a la Argentina, junto con Brasil, Pakistán y la India como destinatarios directos” (ídem). No hay que olvidar que la diplomacia yanqui logró paralizar, bajo el radicalismo, el proyecto nuclear argentino desarrollado con tecnología alemana. La virulencia del ataque yanqui al Cóndor II —que ha provocado una crisis política en la Fuerza Aérea y en el propio gabinete— revela la agudeza de los enfrentamientos interimperialistas por la captura de mercados, en cuya órbita gira el Estado burgués de Argentina. Menem se ha allanado a las exigencias de la embajada norteamericana y hasta llevó al embajador Todman a recorrer las instalaciones militares de Falda del Carmen donde se desarrolla el misil; pero en realidad es una cabeza de turco del enfrentamiento interimperialista mundial.

La primera medida tomada por el interventor Prol fue despedir a dos mil trabajadores. Se confirma así lo anunciado en Prensa Obrera acerca de que el verdadero objetivo del emisario de Menem era tratar de doblegar a las masas catamarqueñas y aplicar los dictados del FMI en materia de “ajuste” y de ninguna manera desmantelar el “Estado saadista”. Los “opositores" a Saadi (“Frente Cívico” y Cía) han justificado este ataque de Prol, echándole la culpa al ex gobernador de toda la situación. Pero lo que esos “opositores" ocultan es que los cesanteados son personal contratado que durante cuatro años Saadi se negó a efectivizar, en tanto que los verdaderos “ñoquis” (y “punteros” del saadismo, para más información) continúan en sus puestos, revistando en las categorías más altas del escalafón. Como toda respuesta a esta “vendetta "contra los trabajadores, los radicales y el PJ “disidente" coinciden en que “debe revisarse caso por caso” (Ancasti, 3/4 de Mayo) “para que no paguen justos por pecadores”, lo cual justificaría los ataques de Prol. Estos capituladores no reclaman la defunción del aparato del saadismo, que se encuentra precisamente entre las categorías más altas del escalafón (Ancasti, 30/ 4), y en otros puestos claves, como la plana mayor de la policía. Para Prol (Ancasti, 5/5) el problema de la provincia consistiría en que “los catamarqueños siguen sin entender lo que está pasando en el resto del país”, en referencia a la ola da cesantías de empleados públicos y trabajadores que provoca el plan del FMI y que Prol ha venido a aplicar en calidad de mandatario de los banqueros. María Soledad Tampoco ha pecado de ambiguo el señor Prol respecto del caso de María Soledad. A los propios padres de la víctima, luego de comer en su casa, les dijo que el caso ¡ría “lento”. El juez Ventimiglia reconoció, más directamente, que “está todo parado” (Ancasti, 5/5). En este contexto acaba de ser “renunciado” el interventor judicial Aquino. Al parecer, el detonante de su expulsión fue el envío del expediente de María Soledad a la Cámara Penal, como consecuencia de la apelación efectuada por los defensores de Luque, que reclaman su excarcelación. Para Prol (Página 12, 10/5) — la apelación sería una “maniobra” para obtener la libertad de Luque. Pero el “remedio” que ha usado Prol contra esta supuesta “maniobra” en nada cambia la situación, ya que al derivar la apelación a la Corte Suprema (Clarín, 10/5) Prol sólo consigue demorar una excarcelación de Luque y por sobre todo mantener congelada la investigación a fuerza de pendencias judiciales. No todos son Rosales Mientras el Frente Cívico (PJ “disidente” y UCR) sigue macaneando su rol “opositor” (ni luchan contra los despidos, ni impulsan la causa de María Soledad), el gobierno de Menem comenzó negociaciones con la familia Rosales —primos de los Saadi. Es un sector del riñón del saadismo, que mantuvo sus intereses particulares dentro del clan y alguna “pelea" con “don Vicente”, padre del ex gobernador. El “cacique” de este grupo, Efrain — juez federal nombrado por el saadismo— fue uno de los primeros que “previó" las consecuencias de la movilización popular por María Soledad. Luego de varias marchas, optó por “solidarizarse con el dolor” de la familia Morales, saliendo a la puerta del juzgado, “en señal de recogimiento”. Según “Ámbito” (3/5) Prol estaría ahora discutiendo la candidatura de Efrain por el PJ, lo cual llevaría detrás suyo a los punteros de Saadi que están en el gobierno. Esto explicaría por qué Ramoncito ordenó públicamente que sus funcionarios se “retirasen del gobierno”, a poco de trascender estas negociaciones. Según la misma fuente, Menem está detrás de todo este operativo. A partir de aquí el menemismo tendría todas las cartas del mazo: al diputado Marcolli (un hombre surgido del saadismo, amigo del sector “celeste” del gobierno, y ahora integrante del “Frente Cívico") y a los Rosales. Como en Tucumán, tendría un “palito’’ y un “tronco". No hay que olvidar que Marcolli elogió a Menem en la marcha del silencio de Buenos Aires (cuando, por esto, fue abucheado) y acaba de pedir (Pág. 12, 4/5) la intervención del PJ de Catamarca. Todo indica que Saadi tendría que confrontar, por lo menos, con otras dos listas: Rosales y Marcolli. El “Frente Cívico” no es tampoco una mala salida para el régimen, habida cuenta de que además de Marcolli, a su cabeza figura un ex gobernador de la dictadura, el alfonsinista Castillo. Mugre sin lavar Mientras los días de Prol transcurren en estas “tareas”, se acaba de conocer la existencia de cinco pistas de narcotráfico; la trata de blancas a través del prostíbulo de “la Yoli”; y la existencia de una posible fachada de distribución de droga en el establecimiento “Nueva California" (allanado por Patti en febrero, sin que el “sandokan" policial hiciese, sin embargo, las correspondientes detenciones (Pág. 12, 8/5). La mierda salta por todos lados. Prol y la intervención —ante esto— no hacen absolutamente nada. O mejor dicho, al ignorarla, la tapan. Es evidente que no vinieron a Catamarca para “destapar la olla” como se pregonaba. Esto se corrobora con la forma escandalosa en que la intervención dejó que Saadi vaciase la casa de gobierno; en lugar de ordenarse a Gendarmería el bloqueo del lugar hasta la llegada del interventor, se dejó la puerta abierta —durante 24 horas — para que Saadi retirase todos los archivos (Clarín, 30/4). Primeras conclusiones Para los que esperaban que la intervención pusiera fin a la corrupción, o al menos, lo intentase, lo ocurrido hasta ahora debería servir de balance. Los “cívicos” que pedían la intervención, han demostrado que lo hacían para tapar su inacción y maquillar la fachada para dejar todo como estaba. Los que de buena fe creían que la intervención serviría, ya pueden ir viendo lo que ocurre: nuevas maniobras están en curso, todas contra el pueblo. Se anuncian (Clarín, 5/5) otros ocho mil despidos. En este cuadro la burocracia sindical (saadista u “opositora") nada está haciendo para organizar a los trabajadores. Esta ofensiva tiene —todavía— a las masas en una momentánea “impasse”. Por todo esto hay que efectuar un debate necesario y urgente para pasar a la acción. Movilizarse contra los despidos. Preparar la huelga general. Redoblar las marchas por María Soledad. Denunciar la complicidad de la intervención y el papel de los “opositores”. Este es el camino.

Pregunta: ¿La traición de Piccinini y de la UOM en el conflicto de Acindar significa que el gobierno ha logrado quebrar por un largo período a los trabajadores y que ha obtenido como consecuencia su ansiada consolidación? La declaración de un paro activo en el cordón industrial de San Lorenzo, a pesar del sabotaje de la burocracia, el mismo día en que se ponía en práctica la política de suspensiones y “flexibilidad laboral” en Villa Constitución, desecha cualquier posibilidad de que la lucha de los trabajadores vaya a amenguar. Por el contrario, el retroceso de los obreros de Acindar habrá de impulsar a las patronales a imitar el ejemplo de lo conseguido por los López Aufranc, lo que con toda seguridad habrá de desatar una “tormenta industrial” en el país. Los trabajadores ya están notificados de que en esa “tormenta” la burocracia sindical, incluida la de “centroizquierda”, está del lado de la patronal superexplotadora. Los diarios no han demorado en conectar lo de Acindar con una inminente “reestructuración” de Somisa, que habrá de afectar a más de diez mil trabajadores. Si hasta ahora el gobierno menemo-fondomonetarista tenía que lidiar preponderantemente con los empleados públicos, las derivaciones de la derrota obrera en Acindar pondrá en el campo de la lucha a la mayoría de los trabajadores privados. Todo esto ocurre en un cuadro de agravamiento excepcional de la situación de los trabajadores del Estado. Amenazas de cierre en los yacimientos de Río Turbio y Sierra Grande; bancos provinciales “vaciados”; retraso en los pagos de salarios super-bajos; crecimiento de la deuda pública en las provincias; inminente liquidación de los pequeños cañeros y de varios ingenios en Tucumán. ¡Qué panorama de estabilidad para el quebrado y corrompido menemismo! ¡Ni se anima a convocar a elecciones simultáneas! Por si faltaba algo, el amigo George de “nuestro” Charles Saúl se ha mandado una venta subsidiada de trigo a Brasil, que simplemente destruye las últimas ilusiones que pudo engendrar en las mentes coloniales el envío de naves al Golfo. “Bussines are bussines, my dear sunday horse”! La reciente crisis política en Brasil permitió que se pusiera de manifiesto la tendencia de un sector muy grande de la burguesía de ese país a subordinar la integración con Argentina a las exigencias de un acuerdo de “libre comercio” con Estados Unidos. Este trazo de conjunto de la situación nacional nos lleva a ratificar el llamamiento que hicimos a la vanguardia de los trabajadores desde la Plaza de Mayo en favor de una unidad de acción política para orientar y llevar a la victoria la creciente rebelión popular que hace frente a este régimen en descomposición y sin salida.