Prensa Obrera N° 327

Es indiscutible que la situación en la Unión Soviética es francamente revolucionaria. Las esferas del poder están paralizadas, el caos económico crece sin encontrar barreras y las masas se desplazan hacia acciones de lucha que cuestionan al conjunto del sistema político burocrático. Los acontecimientos de la URSS son una prueba de que su destino no va a ser decidido por ningún plan sacado de las academias sino por la más áspera lucha de clases. Para dar pasos fundamentales hacia la restauración capitalista la burocracia y el imperialismo tendrán que derrotar primero ampliamente a la clase obrera. Sin embargo, la característica fundamental de la situación política consiste en el gran ascenso de la clase obrera y la reconstrucción de sus organizaciones independientes. Tal como lo previmos en la edición pasada de PO la situación creada por la huelga minera ha comenzado a evolucionar hacia una huelga general. ¡Quién se acuerda del referéndum que “ganó" Gorbachov hace tres semanas! La chispa de este proceso la desató el alza de los precios (del 100 al 400%) que entró en vigencia a principios de abril. La URSS está en la hiperinflación; la emisión monetaria de los tres primeros meses ya ha superado lo proyectado para todo el año. A partir de aquí la huelga minera se extendió a nuevas regiones, en especial en Ucrania, donde una buena parte de los trabajadores seguía trabajando debido a la desmoralización que les provocó la falta de resultados de la huelga de 1989, pero en especial por el trabajo de zapa que realizaron los sectores llamados “reformistas”, que en principio se dicen opuestos a Gorbachov. Uno de los principales epicentros de la nueva etapa huelguística es la ciudad de Minsk, capital de Bielorrusia. Aquí también, sin embargo, “los dirigentes opositores suspendieron una generalizada huelga industrial el jueves por la noche” (Washington Post, 12/4), luego de que las autoridades aceptaron iniciar una ronda de negociaciones. El diario norteamericano afirma también que “las revueltas obreras no son un fenómeno aislado y en muchos aspectos resultan más amenazadoras para Gorbachov que la defección del conjunto de los intelectuales liberales urbanos hacia su rival Yeltsin”. En efecto, la gran característica de la situación política es la entrada en masa del proletariado en la escena política, con sus huelgas, sus sindicatos independientes y sus comités de huelga. Un intento de Gorbachov de “truchar" una representación de mineros siberianos para conseguir la firma de un acuerdo salarial que levantara la huelga, fue violentamente desbaratada por las bases mineras, en una demostración impresionante de la tendencia al doble poder que se desarrolla en la URSS. Cualesquiera sean las limitaciones de la política de los mineros y obreros en huelga, son los únicos que merecen el nombre de soviéticos (que quiere decir “comités de delegados"), por sus métodos y organización. La propagación de las huelgas obreras ha tenido un efecto fulminante sobre el conjunto de la situación política. Como se vio más arriba, los “reformistas” pasaron a ocupar el primer plano en la labor de frenar el movimiento, luego de haber coqueteado con él y hasta de haber procurado imprimirle la orientación política. Ivan Silayev, por ejemplo, nada menos que el primer ministro de la Federación Rusa de Yeltsin. declaró que el plan económico que acababa de presentar al parlamento “no tendrá posibilidades de éxito si los mineros no retornan al trabajo” (Financial Times, 28/3/91). La tendencia de los huelguistas a seguir la orientación política de la burocracia “reformista” (restauracionista) de Yeltsin ha sufrido en consecuencia un duro golpe. La experiencia obliga a los trabajadores a plantearse la independencia política de todas las fracciones de la burocracia. Otra consecuencia de la tendencia a la propagación de las huelgas ha sido la decisión del “soviet" de Rusia de otorgar plenos poderes a Yeltsin, el cual podrá gobernar por decreto a partir de ahora y por tiempo indefinido. Todos los “demócratas" del mundo son, según se puede apreciar, iguales. Yeltsin obtuvo los plenos poderes a pesar de no contar con mayoría en el parlamento, debido a que las huelgas precipitaron a su campo a un sector del partido comunista, que ha formado un nuevo bloque con el nombre de “comunistas democráticos”. Como bien lo dice el corresponsal del Financial Times en Moscú. “Yeltsin justificó esas medidas (los plenos poderes) como necesarias para sacar a la sociedad de la crisis y para evitar, suspender y hacer cesar las huelgas'. Pero al final de cuentas fue la crisis la que le permitió obtener la mayoría (en el parlamento)”. Lo mismo dice el International Herald Tribuno (6/4): “Claramente perturbado por la intranquilidad social y laboral, la legislatura ampliada de la República Rusa votó abrumadoramente el viernes el otorgamiento de poderes de emergencia a Boris Yeltsin”. De manera que las intenciones políticas de establecer alguna especie de dictadura, que se le atribuían con razones a Gorbachov y a la “línea dura”, han sido tomadas como propias por la “línea blanda”, “reformista” o “democrática”. Naturalmente que no se trata simplemente de una dictadura asentada en una represión directa contra las masas, que ningún sector de la burocracia podría hoy llevar adelante. Se trataría más bien de un intento bonapartista, el cual exige capacidad para chantajear a un sector del aparato estatal, de un lado, con el peligro de una revuelta obrera y a la clase obrera del otro, con la amenaza de un golpe del ejército y de la KGB. Esto explica que en los últimos días se hubieran intensificado las gestiones para hacer un pacto entre Yeltsin y Gorbachov, algo que es virtualmente imposible porque en un régimen bonapartista el árbitro no pueden ser dos personas. Lo que podría ocurrir es que Yeltsin dé temporariamente un paso atrás para permitir que Gorbachov pueda enfrentar las huelgas, mientras él, por su lado, anuda un acuerdo político con las fuerzas armadas. La tendencia Soyuz, de la “línea dura", viene abogando desde hace un tiempo por la formación de un “comité de salvación nacional", compuesto por todas las tendencias de la burocracia, que sustituiría a los parlamentos y gobernaría por decreto. Estos “comunistas ortodoxos" propugnan un “modelo Pinochet" para la URSS, que sería el único capaz de introducir “las reformas de mercado" (Clarín, 10/4). Todo esto ratifica nuestra tesis de que todas las tendencias de la burocracia son restauracionistas. En el plano de la política exterior, el comité de salvación nacional seguiría una política de “aislamiento" y de “introversión” hasta acabar con la crisis interna. El nuevo status alcanzado por Yeltsin plantea la posibilidad de que también se agote por el camino del fracaso, como ya le ha ocurrido a Gorbachov. Es lo que temen sus asesores, que trataron de disuadirlo de aceptar los plenos poderes. Una disgregación de la tendencia reformista significará producir una aguda polarización política. Las posibilidades de un golpe militar se podrán acrecentar si la asimilación política de toda la actual experiencia, por parte de los obreros más combativos, es insuficiente y lenta. En la URSS, la cuestión del partido revolucionario, del partido bolchevique, pasa a ser cada vez más la cuestión decisiva. El único as que Gorbachov tiene en la mano es el respaldo del imperialismo. Es el único garante comprobado de los acuerdos internacionales ya firmados. Es quien ha conseguido la ratificación de los acuerdos de unificación de Alemania por parte de todas las corrientes. Lo mismo ocurre con las condiciones criminales que la ONU ha impuesto a Irak en el golfo. “Si Gorbachov es derrocado como consecuencia del caos económico, dicen analistas alemanes citados por International Herald Tribune (23/3), el marco alemán y la bolsa de Francfort van a sufrir mucho”. ¡Y cómo! La URSS y varios otros Estados entrarían en completa cesación de pagos por un largo período. En vísperas del 1° de Mayo es necesario que la clase obrera del mundo les muestre a los obreros soviéticos que ellos son sus únicos aliados. Pero para eso deberán liberarse primero de sus propias direcciones contrarrevolucionarias.

Desde hace varias semanas se vienen produciendo grandes movilizaciones de masas en la parte oriental de Alemania. En los mismos escenarios que vieron hace un año a centenares de miles de personas saludar la inminente unificación del país, tienen lugar ahora furiosas manifestaciones de protesta contra el desempleo creciente. Los desocupados llegan a 800.000 personas, pero hay otros dos millones que se encuentran realizando trabajos precarios a cambio de remuneraciones de subsistencia. Cobrar 350 o 400 marcos por mes, con los niveles de precios que rigen en Alemania, es mucho peor que recibir “dos patos” por mes en Argentina. Según todas las informaciones, hacia mediados de julio la cifra de desempleo alcanzará a los tres millones y medio de trabajadores —entre otras cosas debido a que finalizarán los programas de trabajo precario. Con una desocupación del 40% de su población activa, no debe sorprender qué un diario calificara a la crisis como peor aún que la que vivió Alemania en 1930, en las vísperas del ascenso del nazismo (La Nación, 9/4). La sola enunciación de estos datos permite sacar dos conclusiones rápidas: una, los límites extraordinarios que tiene el capitalismo, en las actuales condiciones históricas, para transformar la estructura social que imperaba en la ex Alemania oriental y sus alcances catastróficos; la otra, que no existe en realidad tal unidad de Alemania, o dicho de otra manera, que la unificación estatal del país bajo el comando de la burguesía, ha sido incapaz de crear una homogeneidad jurídica y política. La notoria desigualdad de derechos y de influencia política entre los ciudadanos de una y otra parte del país desmiente que se haya alcanzado la unidad nacional. Aunque más no sea que por la negativa, esta experiencia prueba que la unidad nacional de Alemania sólo es posible por medio de una revolución dirigida por el proletariado alemán en su conjunto, es decir de una revolución socialista. Pero las señaladas conclusiones son apenas una primera aproximación. El movimiento de protesta en la parte oriental ha tomado un carácter francamente político, pues plantea la renuncia del gobierno democristiano encabezado por Kohl. Sus alcances se proyectan, de este modo, al conjunto de Alemania. Un alto funcionario del Deutsche Bank (dueño de la mitad de la industria y finanzas alemanas) reclamó virtualmente un gobierno de coalición de la democracia cristiana con el partido socialdemócrata (The Guardian, 26/3). El superconservador diario Frankfurter Allgemeine, que representa a la banca y a la bolsa germano-occidental, exigió incluso la colaboración política de los grupos que se encuentran a la izquierda del SPD (19/3). Estamos en presencia, por lo tanto, no de una crisis episódica referida a la ex Alemania oriental, sino ante lo que se debería llamar con toda propiedad la crisis alemana. “¡Reconstruyamos el muro!” La evidencia más aguda de esta crisis política de conjunto fue brindada por la coincidencia de las manifestaciones orientales con las críticas públicas y contundentes lanzadas por Otto Poehl, presidente del templo sagrado de Alemania occidental, el Bundesbank (Banco Central). La explosión que parte desde abajo se ha conjugado con la crisis, por arriba, de los círculos gubernamentales. Otto Poehl denunció que el derrumbe económico en el este era una consecuencia directa de la unificación política, ya que sólo se hubiera podido evitar mediante el establecimiento de un régimen de protección aduanera para la industria de la ex Alemania Oriental (Pág. 12,21/3). ¡Otto Poehl critica con estas palabras la caída del muro de Berlín y propugna la política de erigir otro muro de carácter político y económico más efectivo que el otro aunque sea invisible! Las afirmaciones de Poehl constituyen una prueba definitiva e irrefutable de que la burguesía alemana y mundial nunca previó ni deseó una unidad alemana que fuera conseguida por medio del desmantelamiento del aparato estatal stalinista. Lo que estuvo planteado siempre para la burguesía era la política de la “integración o asimilación progresiva” de Alemania oriental a través de su colonización financiera, de los programas de “austeridad”-FMI, de la privatización “gradual” y, por sobre todo, del control policial de la masas —que también debía aflojarse sólo de forma muy progresiva. Esta política hubiera servido a la explotación del proletariado alemán oriental por parte de los capitalistas occidentales, y hubiera mantenido los salarios orientales en un tercio del nivel de los del lado occidental. Las críticas de Poehl (que en realidad ya había efectuado en forma reservada en oportunidad de la unificación) resultan extremadamente útiles para caracterizar la situación alemana creada por la unidad—un tema contra el que choca sin lograr comprenderlo la inmensa mayoría de las corrientes de izquierda en el plano internacional. Esa caracterización puede resumirse así: las semirrevoluciones de 1989/90, confiscadas inicialmente por la pequeña burguesía (Nuevo Forum) y un sector de la burocracia stalinista, pasaron luego, como consecuencia de esta confiscación, al completo control político de la burguesía imperialista. Sin embargo, la conjugación del desmantelamiento del aparato de opresión del stalinismo con la declinación histórica general y la crisis económica mundial del capital, ha abierto un período de características revolucionarias, cuya perspectiva sería la de unir al conjunto del proletariado alemán en un combate común. La cuestión de la unidad alemana sigue abierta: o se consuma como consecuencia de una revolución socialista o como resultado de una victoria de la contrarrevolución burguesa —cuya misión no es solamente el desmantelamiento de la propiedad estatal de la parte oriental sino la liquidación de las conquistas sociales y democráticas del movimiento obrero de Alemania occidental. No se puede comprender la situación alemana si no se establece la conexión histórica y política que objetivamente existe entre el conjunto de la clase obrera de Alemania. Política de tierra arrasada La posición de Poehl refuta el planteo idílico que hacen los propagandistas occidentales cuando dicen que es sólo cuestión de esperar dos años para ingresar en un "futuro floreciente". Para esta gente no se puede salir del "desastre comunista” de un día para otro. El Bundesbank piensa, por el contrario, que la situación se va a agravar. De acuerdo a un columnista del International Herald Tribune (23/3), “muchos observadores occidentales están comenzado a ver la reunificación como un agujero negro de pérdidas Interminables”. La “herencia comunista” es, por cierto, una parte del problema, pero no alcanza para explicar la enorme crisis que se está desenvolviendo. El desarrollo basado en el proteccionismo industrial tiene posibilidades económicas relativas que están condicionadas por la economía mundial. Pero la pretensión de construir el socialismo entre murallas es una utopía reaccionaria; no se puede pasar a un estadio superior del desarrollo social (socialismo), en el marco de un estadio inferior (autarquía), que desconoce los progresos decisivos de la división del trabajo corporizados en la economía mundial. La posibilidad del socialismo está condicionada a la victoria de la revolución proletaria en los países más avanzados y, por lo tanto, a la acción política común de la clase obrera internacional. Pero la crisis alemana es principalmente el producto de la incapacidad del capitalismo para proceder a una integración armoniosa de la economía oriental. Todos los datos de la crisis confirman que el gobierno capitalista alemán ha seguido una política de destrucción del tejido industrial del este, cuando no ha procedido directamente a pillarlo. El gobierno de Bonn, por ejemplo, ha invertido 26.500 millones de dólares en el sector oriental, “principalmente para el seguro del desempleo”; las “proyecciones para este año llegan a los 35.000 millones. Sin embargo, muy poco de esta Inversión ha ido a programas de entrenamiento laboral o creadores de servicios” (IHT, 12/4/ 91). Este dinero en concepto de subsidios ha servido para incrementar la demanda a la producción occidental, que ha crecido solamente como consecuencia de estas subvenciones. Pero casi ni un marco ha ido a la reconstrucción industrial. Algunas empresas se han privatizado por chaucha y palitos. El capital ha hecho negocios fantásticos gracias a los subsidios y exenciones impositivas. La política del gobierno Kohl ha sido simplemente la de eliminar al competidor oriental. Esto está costando, naturalmente, un déficit presupuestario que es aproximadamente de 100.000 millones de dólares por año. En la prensa occidental se ha escrito hasta el hartazgo acerca de la obsolescencia de la industria “comunista”. La campaña encajaba perfectamente con la política de convertir a esa industria en chatarra. Pero he aquí que el Commerzbank, el tercero en el ranking alemán, informa que “Alemania oriental entró en la nueva era con una base tecnológica considerable sobre la cual construir” (Publicado en The Economist, 23/3). ¿Parece mentira, no? En un cuadro anexo, el banco clasifica a las industrias mecánicas, de ingeniería eléctrica, de ingeniería de precisión y a la fabricación de acero en un nivel de “fuerte capacidad competitiva” con relación a su similar del oeste y con un “escaso retraso” tecnológico. A la producción de metales y no metales, de minerales, de cerámica y de vidrio, la pone entre “media y fuerte” en materia de competitividad, y también “con escasa diferencia tecnológica”. Y aun a la industria de equipamiento de oficinas, productos electrónicos de consumo, óptica-electrónica y equipos de comunicación, la considera “competitivamente fuerte” aunque con un “considerable retraso” tecnológico. Con este panorama, resulta claro para cualquiera que el desempleo del 40% de la población activa sólo puede ser el resultado de una política de destrucción económica de esta competencia. Los métodos inherentes al capitalismo en descomposición son los responsables fundamentales del derrumbe económico del este de Alemania. Inversamente, sin este derrumbe y sin la absorción del mercado oriental creado por este derrumbe (y por los subsidios destinados a atenuarlo), la industria occidental no hubiera crecido el 4%, como ocurrió en 1990. En efecto, todo se conjuga. La industria alemana oriental “está demás” en un mercado mundial que se achica para las enormes capacidades excedentes del capitalismo. Incluso el Financial Times (18/ 3) ha venido a advertir, con mucho atraso por cierto, que “el problema no está en que las máquinas y las fábricas de Alemania oriental sean obsoletas...”. Pavada de admisión; para el FT el problema estaría en los salarios que pasarían a ganar los trabajadores de esas fábricas si se los igualara con los del oeste. “Incluso la más rica de las compañías sudcoreanas trastabillaría si tuviese que pagar salarios tan altos”, agrega el diario. Ya no falta nada para que empecemos a oír que Alemania oriental es el “tigre asiático” de Europa. A esto ha quedado reducida la “herencia comunista”. “El problema... es el oeste” La madre del borrego está ahí: en los salarios, como si hubiera sido más “costoso” pagar salarios iguales en el este y el oeste que los 200.000 millones de dólares que estará costando hasta fines del 91 el desmantelamiento industrial del este. Poehl habla de una protección aduanera en tiempo pasado para justificar el ataque a las conquistas obreras en el presente. Para el Financial Times la única salida es utilizar la “convergencia de salarios” entre el este y el oeste, impuesta por la unidad económica y la acción de los sindicatos, para reducir los salarios occidentales. “Los salarios de los alemanes occidentales deberían hacer caído”, concluye. A esto apunta la política capitalista y las críticas de Poehl. La crisis oriental camina hacia una crisis general. El balance del Financial Times no podría ser más claro. “El gobierno alemán —dice— intentó atraer capital nuevo mediante garantías y exenciones fiscales para nuevas inversiones... La mejor solución hubiera sido (sin embargo) una radical liberalización del mercado de trabajo en toda Alemania”. Esto significa aguzar la competencia entre los trabajadores mediante la eliminación de la estabilidad en el empleo y la introducción completa de la famosa “flexibilidad”. Se trata de usar el desempleo oriental para reducir el salario occidental. De nuevo, se va a una crisis general. El mismo Poehl ha lanzado una campaña para advertir a los sindicatos (a la burocracia) acerca de los peligros de las reivindicaciones salariales (Le Monde, 2/2/ 91). Pero hay propuestas más “audaces” aún: establecer que los trabajadores que se encuentren bajo el seguro de desempleo realicen trabajos de reparación de infraestructura, incluso en concesiones de obras públicas otorgadas a empresas privadas. Se lograría así producir obreros de 500 marcos (3 “palos” criollos) y un régimen laboral similar al establecido por Pinochet en Chile con su programa de empleo (ver IHT, 12/4). La necesidad de emprender esta ofensiva está determinada por la seria crisis que se ha creado en el mercado financiero y de capitales como consecuencia del déficit público creciente. En una situación que tiende a la recesión, las tasas de interés, como resultado de la necesidad de financiar el déficit, están subiendo. Esta suba afecta a toda Europa. La “locomotora” alemana se está transformando en un pesado “furgón de cola”. Las perspectivas de la evolución de esta situación están sujetas, naturalmente, a diversos factores. Pero lo que está claro es que le imponen a los trabajadores alemanes una política común. Que los mayores impuestos los paguen los ricos. Por la igualdad de los regímenes laborales y salariales. Por la expropiación de los grandes grupos capitalistas, para realizar una reconstrucción industrial bajo la dirección de los trabajadores. El desarrollo de la crisis va a plantear consignas de este tipo y también va a poner en evidencia el carácter de conjunto, incluso mundial, de la crisis alemana.

Obras completas de Juan B. Justo Mucho agradeceré a usted quiera dar difusión a la siguiente gacetilla: Se ha constituido una comisión con la finalidad de obtener el cumplimiento de la ley nacional 16.586 dispone la edición de las obras completas del doctor Juan B. Justo. Los interesados en adherirse a esta iniciativa pueden dirigirse al escritor Juan Carlos Nigro, Casilla de Correo 2406, Correo Central, 1000 Buenos Aires. C.I. 5.698.573

Una de las mechas encendidas más explosivas del enorme polvorín social brasileño es la lucha de los cuarenta millones de “sin techo” y “sin tierra”. Decenas de miles de familias, con sus “crianzas” a cuestas, se movilizan en todo el país ocupando tierras “ociosas” en las ciudades y en el campo, buscando un lugar para asentarse y chocando con la policía, los gobiernos y los propietarios. La oligarquía brasileña y los especuladores inmobiliarios han desatado una sangrienta guerra civil contra este movimiento, muchos de cuyos dirigentes fueron asesinados por las “policías privadas” de los oligarcas. Uno de los centros de esta lucha es la ciudad paulistana de Diadema. Aunque la ciudad está gobernada por el PT desde 1982, los “sin techo” de Diadema, sin embargo, han debido movilizarse y ocupar tierras como en todo el resto del país. El intendente petista, Zé Augusto, recurrió en repetidas oportunidades a la represión policial (como en el llamado "Buraco do Gazuza" o en el "Morro do Samba") para desalojar a los “sin techo”. En diciembre pasado, en una de estas ocupaciones, la de “Villa Socialista”, la justicia ordenó el desalojo de los ocupantes. “En cumplimiento de la orden judicial”, la Policía Militar llevó a cabo una verdadera masacre contra los “sin techo”: dos trabajadores fueron asesinados y hubo decenas de heridos. Familiares y dirigentes del movimiento denunciaron la desaparición de varios de los heridos. Durante la “razzia” fueron detenidos dos concejales de la ciudad, Romildo Raposo y Mauricio Boni (éste perdió una mano en la represión), acusados de “Incitación a la violencia”. Raposo —de la tendencia interna del PT, Convergencia Socialista— y Boni —de la corriente lorista— fueron electos concejales en las listas del PT, del cual fueron expulsados luego por sus choques con el intendente, precisamente por la cuestión de las ocupaciones de tierras. Raposo y Boni están detenidos desde entonces, se les ha negado la excarcelación y pesa sobre ellos la amenaza de una pena de diez años de cárcel. El carácter político de la detención y del enjuiciamiento de Raposo y Boni es evidente: se pretende a través de una parodia judicial atacar e intimidar al movimiento de ocupaciones de tierras protagonizado por los “sin techo”. La defensa de Raposo y Boni; la exigencia de su libertad inmediata; la aparición de los desaparecidos; y el reclamo de la investigación y el juicio de los responsables de la masacre de “Villa Socialista”, es inseparable de la defensa del movimiento de los explotados brasileños por sus reivindicaciones. Los detenidos —que llevan ya tres meses en la cárcel— denunciaron que han sido aislados por la dirección del PT. "Si un cura estuviera detenido —señaló Raposo— las personas se moverían”. “La prisión de los dos es una cuestión marginal para el PT”, afirmó Boni. Una semana después de estas declaraciones, que fueron publicadas por la Folha de Sao Paulo (25/3), Lula visitó a los detenidos y se comprometió a “Iniciar una campaña por su libertad con Independencia de las diferencias políticas”. El Partido Obrero repudia la detención de estos dos luchadores populares y llama a promover una enérgica campaña política por su inmediata libertad y el cierre del proceso fraudulento que los oligarcas han montado contra ellos.

Con la presencia de Menem y de la “interventriz” María Julia Alsogaray, el congreso “trucho” de Foetra, realizado en Mar del Plata, “aprobó” a espaldas de tos trabajadores telefónicos el “nuevo” convenio de trabajo. El resultado es un alargamiento de la jornada de trabajo y la pérdida de numerosas conquistas sindicales y sociales. La única delegación que se retiró del Congreso cuando entró Menem y la interventora, fue la de Córdoba. Rescataba un principio clasista, el de la independencia de los sindicatos frente al Estado y al gobierno. También Córdoba fue la única delegación que mocionó por el rechazo del convento y defendió las 7 horas de trabajo. Para que su moción pudiera ser votada necesitaba del respaldo de un congresal de otra provincia, que no obtuvo. Aquí es donde se vio la debacle de la dirección ubaldinista de Buenos Aires quien, desconociendo mandatos recibidos, se abstuvo. Rosario también violentó el mandato de su Asamblea General en contra del convenio “trucho”. Córdoba quedó aislada en el seno del Congreso burocrático. A la seccional Buenos Aires le han salido los Triaca ¡Que se vayan! El lunes 1° de abril más de 200 delegados y activistas pararon una ofensiva de cesantías de la Telefónica, al concentrarse ante las oficinas de la empresa y permanecer allí en forma indefinida. La patronal solo reculó, sin embargo, para evitar que el clima combativo contagiara a la Asamblea que al día siguiente debía discutir la propuesta de convento de trabajo. Pero cuando se reunió la Asamblea, la directiva esquivelista resolvió levantarla con el pretexto de que no había “quórum” para sesionar, recibiendo como respuesta el abucheo de la masa de los más de 2.000 trabajadores asistentes. Esquivel y Varone procedieron de esta manera, para justificar con la falta de mandato su abstención con relación al nuevo convenio, en el congreso nacional de Foetra que se realizó el viernes 6 en Mar del Plata. ¡Pero tampoco tenían mandato para abstenerse! La indignación de los telefónicos ante el desconocimiento de la Asamblea bonaerense por parte de la burocracia, se evidenció en una espontánea manifestación de repudio de más de 200 delegados y activistas realizada el mismo martes 2. El viernes, 60 delegados y activistas de distintos edificios se congregaron para constituir una Coordinadora y editar un Boletín de Resistencia. La ausencia de las agrupaciones 18 de marzo y la 17 de octubre (ésta responde a Brunatti) evidencia la incapacidad de estas corrientes para romper con el ubaldinismo. Como primera medida, la Coordinadora ha resuelto convocar para el jueves 11 a una concentración de repudio al nuevo convenio frente a las oficinas de personal. Ante la completa capitulación de Esquivel y Varone frente a la patronal, crece en el activismo el sentimiento de que debería iniciarse una campaña para que renuncien. La Coordinadora tiene un campo de acción importante si se une a la seccional Córdoba en una campaña de pronunciamientos para repudiar el Congreso de Mar del Plata y, en Buenos Aires, reclamar la renuncia de la actual directiva.

Luego de verse forzada a reincorporar a los fraternales cesanteados, como consecuencia del fulminante paro del viernes santo, la empresa dispuso el “pase a disponibilidad” de once trabajadores del Mitre (ocho del ramal Retiro-Tigre y tres de José León Suarez-Retiro). Este contrataque patronal y el tema del no pago de los jornales caídos y de un adelanto salarial que alivie lo no cobrado en los días de huelga, concentraron la atención de las asambleas de la semana pasada. Es así que se votó una intimación a la empresa con plazo cierto para que asigne servicio a los once compañeros “en disponibilidad” y para que dé un adelanto a cuenta de lo que surja de las negociaciones. Las seccionales del Roca votaron y concretaron una movilización en Plaza Constitución el lunes 8. Hubo numerosos planteos de medidas de fuerza inmediatas si no se obtenían ambos reclamos. El martes 9, la empresa anunció el pago de un adelanto de 750.000 australes. Se trata de un pequeño paso atrás con trampa, porque no hay ninguna respuesta sobre los compañeros “disponibles”. No hay que “resucitar” a los muertos La importancia del reclamo sobre los compañeros “en disponibilidad”, reside en que hicieron la huelga en una seccional donde existe un fuerte clan o mafia que responde a Luis Barrionuevo y a la burocracia. Se trata para los fraternales ni más ni menos que de una lucha de principios, para impedir que se consolide, mediante una represalia, una fracción de la burocracia, e incluso del gangsterismo sindical. Según Luis Vítale, de la Comisión de Enlace, los once habían sido reincorporados junto con todos los demás cesanteados, “pero hay una presión ejercida por autoridades del sindicato para no darles servicio a estos compañeros. Lo ha manifestado la propia empresa... ” (Diario Gremial, 8/ 4/91). En el caso de Rosario, donde hay treinta cesanteados de la U.F. es la directiva de ésta, aliada a Pedraza, la que ha hecho punta en impedir que se les dé trabajo. Después de la huelga, la directiva "fantasma” de Jaime y cía. ha dejado de existir para los ferroviarios, lo cual es un síntoma de la victoria de la huelga, por más que lo nieguen desde La Nación hasta Propuesta (del PC). El gobierno pretende, naturalmente, vender muy caro la inevitable liquidación de la burocracia de La Fraternidad. Busca lograr para ello el salvataje de al menos algún sector de la directiva y encaminar el recambio de la dirección por las vías y los tiempos determinados en los estatutos y las leyes regimentadoras que están en vigencia. La pulseada con los “disponibles” está relacionada con esto. La burocracia, por su lado, no se hizo presente en las primeras reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo, cuestionando a la “comisión ad hoc” integrada con representantes de la Comisión de Enlace. Pero fueron persuadidos a cambiar de posición por la empresa y el gobierno. La maniobra apunta a reinjertar a la burocracia en el proceso político-sindical de La Fraternidad. La política adecuada La asamblea de Remedios de Escalada votó por aplastante mayoría separar a los tres miembros cameros de su ejecutiva y lo mismo hizo con los miembros de la Comisión de Reclamos de la Línea Roca (que es electa por tos trabajadores de toda la línea), en una posición que fue compartida por Temperley y Tolosa. Pero más allá de esto, la asamblea votó la inmediata convocatoria a un congreso extraordinario de La Fraternidad con delegados electos en asambleas de seccionales que representen tos votos de tos trabajadores de cada concentración. En tos congresos burocráticos cada sección tiene un voto, lo que pone al mismo nivel de representación a las grandes y a las pequeñas. La línea de la burocracia, del gobierno y la empresa es simple: debilitar el ascenso creado por la huelga con una política que combina las provocaciones y las maniobras, para preparar el terreno para un congreso que asegure el injerto político en el gremio de un sector de los “fantasmas” La línea del activismo debe ser barrer aquí y ahora con toda la porquería, que no es una porquería “de papel” pues juega un rol activo, con el apoyo del Estado. Después de todo, la consigna fue y es: “aquí dirigen las bases”. Sección Tolosa, 4 de abril de 1991, FCG Roca Compañeros Partido Obrero De nuestra mayor consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con el fin de expresarle nuestro más profundo agradecimiento por la ayuda y solidaridad que hemos recibido de su parte en los heroicos días de huelga, convencidos que el apoyo de todos los sectores de la comunidad apuntalaron el conflicto y que sin él nuestros esfuerzos y sacrificios hubieran sido en vano, reconocemos todo esto como factor determinante de la victoria de la confrontación que sobrellevamos tan largo tiempo, para reivindicar a través de los justos reclamos la dignidad que fue relegada por la insensibilidad puesta de manifiesto por el poder político y su política económica que no contempla a tos trabajadores. Sin otro particular lo saludamos fraternalmente agradeciendo una vez más vuestra contribución a nuestra lucha. POR LA COMISION EJECUTIVA Leonardo Sechi-secretario Antonio Reda- presidente Nota: Invitamos a Uds. a una reunión en nuestro local social, el día jueves 11/4 a las 19 hs., para que junto a la Comisión de Solidaridad, hagamos el balance de la huelga.

La directiva de ATE-Neuquén, que responde a De Gennaro, acaba de levantar un “plan de lucha” a cambio de un acta suscripta con el gobierno provincial que no satisface ninguna de las reivindicaciones planteadas por los trabajadores. No se obtuvo ningún aumento salarial para recuperar la pérdida del 75% sufrida en los últimos 3 años y que debería situar en 2.500.000 de australes en vez de 1.400.000, el promedio que se cobra actualmente. Tampoco se consiguió la conversión del “presentismo", que representa el 20% del salario y que fue impuesto para desalentar las huelgas, en un plus por zona. No se anula, además, el decreto 2327 que prohíbe las asambleas, y el acta no dice ni siquiera cuándo y cómo se obtendrá la miserable equiparación con los salarios nacionales (1.700.000 australes) que fue todo el reclamo de la directiva. Solo se reconstituye una “Comisión Mixta Salarial” que funcionó hasta 1987, y que no sirvió para contener en lo más mínimo el derrumbe de los sueldos. Lo más grave es que el acta compromete a la burocracia a acompañar al gobierno en la “búsqueda de alternativas” en los casos en que falten fondos para pagar los salarios, con lo que se justifican anticipadamente las deudas salariales o el pago con bonos. La suscripción del acta es el broche final de un “plan de lucha” que la burocracia no tuvo intención de impulsar. Cuando en los plenarios de delegados se planteó levantar un claro programa de reivindicaciones (en primer lugar 4.500.000 australes), la burocracia miró para el otro lado, y rechazó por “inorgánica” la exigencia de formar un comité de lucha responsable ante la base y revocable en todo momento para dirigir la lucha en curso. La conducta de la directiva es coherente con su reiterada afirmación de que “la lucha reivindicativa debe pasar a un segunda plano” en relación a las elecciones generales de setiembre. Su lema es “se va a acabar cuando tengamos que votar” ¡Una boludez! La directiva está preocupada por las elecciones de seccional que se realizarán a fines de mayo, por lo cual está buscando mediante la entrega de los reclamos salariales, el apoyo o la neutralidad de la lista burocrática apadrinada por el gobierno provincial, para mejor enfrentar a la oposición antiburocrática formada en torno a la lista Naranja y Blanca. Necesita el apoyo del gobierno para recurrir al fraude, ya que el padrón está inflado. Figuran afiliadas 4.000 personas cuando en realidad los afiliados al sindicato no llegan a la mitad. La Naranja y Blanca declara: “Ni Fuentes, ni Panetta. Por una nueva conducción en el gremio. Por 4.500.000 australes, un plan de lucha en serio y la inmediata conformación de un Comité de Lucha”.

El gobierno de Reviglio ha puesto en marcha un plan de “racionalización de la oferta educativa”, que consiste en el cierre de numerosas escuelas, grados y turnos, y en la obligación de los docentes de atender a cursos más numerosos. Este recorte tiene el “visto bueno” de la directiva de AMSAFE, que ha constituido una comisión con el gobierno provincial para “concertar”. En consecuencia, cuando los emisarios del ministerio de Educación se presentan en un colegio para eliminar turnos o sectores, aclaran que “el gremio ya dio su aprobación a la medida”.

Sobre el astillero pende la amenaza de 1.300 despidos. Como ya hemos explicado desde las páginas de Prensa Obrera en otras oportunidades, este ataque excede el marco de una “racionalización” capitalista pues pretende convertirse en un golpe a uno de los sectores más combativos del país. El Astillero ha luchado contra los salarios de hambre y contra las privatizaciones y ha estado en la primera línea de la solidaridad activa con la gran huelga ferroviaria. El anuncio de las 1.300 cesantías ha desnudado la completa impasse de la Comisión Administrativa de Ate Ensenada, que pretende sustituir la lucha de los trabajadores por la “acción de los legisladores” y aún de la misma administración cafierista. Pero en una reciente manifestación, un senador reconoció que ya eran decenas los proyectos similares que duermen en los cajones... La política de esta dirección de origen menemista —hoy aliada a De Gennaro en las elecciones de ATE Provincia— es desmoralizar y desgastar a los compañeros. Lo muestra su entendimiento con la patronal para abrir una lista de “despidos voluntarios” (bajo la promesa de indemnizarlos con el 100%). Presentada como una salida para los compañeros que quieren irse, es una maniobra para dividir la fábrica y quebrar la resistencia. En oposición a la política derrotista de la dirección, es necesario convertir la defensa del astillero en una gran causa popular y en impulsar una campaña por una gran concentración en Ensenada. El miércoles 10 se realizará en Ensenada un Plenario de Delegados y Activistas de Base, convocado por el cuerpo de delegados y la asamblea del Astillero. La burocracia se ha dado la tarea de vaciarlo. El plenario del miércoles, del cual van a participar los fraternales de Tolosa, delegados estatales y de la interhospitalaria, deberá recoger todos estos problemas. El Frente Único de los distintos sectores en lucha debe marchar hacia una Asamblea Popular de masas.

El viernes 5, 1.500 compañeros de YPF fueron notificados por la empresa de que cesaban en sus tareas habituales y de que a partir del lunes comenzaban a realizar “cursos de reconversión laboral”. En otras palabras, ha tomado cuerpo la primera tanda de los 18.500 despidos que anunció el interventor Estenssoro. El martes 9, por otro lado, Cavallo remitió al Congreso una parte del proyecto de privatización de YPF, que autoriza la venta de tres destilerías y de la flota fluvial. El “plan Tupac-Amarú”, así denominado porque tiene por objetivo el descuartizamiento de la empresa petrolera estatal, está por lo tanto en marcha. Cavallo está apretando el acelerador de la privatización para sostener su “plan estabilizador” con los dólares que aporte el remate de YPF. Sin embargo, también está previsto admitir la entrega de títulos de la deuda externa en la próxima licitación de áreas marginales (y no de dólares), para satisfacer con ello las presiones de la banca acreedora. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford, acaba de destacar, precisamente, que si bien Argentina está atrasada en el pago de los intereses de la deuda, por otro lado ha cancelado ya 7.000 millones de dólares en títulos por medio de las privatizaciones. Cavallo está urgiendo también a Estenssoro para que defina en el menor tiempo posible los contratos de asociación con los pulpos petroleros en las áreas centrales recientemente entregadas, aún a sabiendas de que las estafas a cometerse serán cuantiosas, para apurar de este modo el ingreso de dólares destinados a defender el “plan otoño”. La entrega de las áreas, la venta de los activos de YPF y las cesantías masivas son inseparables. La burocracia del SUPE (Diego Ibáñez) no se engaña respecto al significado de los “cursos de reconversión”, a los que califica de la antesala del despido. Pero no hace nada para detener el plan de cesantías. Por eso, aunque declara su “oposición”, es casi seguro que lo apoya, al menos como un “mal menor”. La burocracia del SUPE está interesada en convertir a YPF en una “sociedad mixta”, para pasar a gozar de las “dádivas” del capital extranjero. Pero sabe que para ello tiene que apoyar la “racionalización” del personal. Los trabajadores de YPF deben hacer una evaluación exacta de lo que está ocurriendo y dejar de lado cualquier ilusión en la política de Ibáñez. Hay que ir a la lucha y para ello empezar con una Asamblea General.

Los “Roca”, patronal de Propulsora, no se han sentado a esperar a que se sancione la ley de “flexibilidad laboral” en el Congreso. En nombre de la “optimización de calidad”, la empresa pretende imponer un conjunto de medidas que destruya cualquier mecanismo de defensa de la clase obrera contra la superexplotación y la desvalorización de su fuerza de trabajo. El “plan Roca” se propone suprimir puestos de trabajo, agrupando tareas diferentes; eliminar igualmente las especialidades; ampliar el régimen de contratación temporaria; modificar unilateralmente los turnos y la modalidad de trabajo y descanso; establecer la obligatoriedad de las horas extras; y, naturalmente, una disciplina cuartelera. “Los Roca” pretenden condicionar las discusiones salariales paritarias que están en curso, a la aceptación de este plan. Pero los aumentos salariales que reclaman los trabajadores responden, antes que nada, a la desvalorización que produjo la inflación en los últimos meses y que la patronal pretende ignorar mediante el recurso de condicionarlos a la “reestructuración industrial”. El planteo patronal de Propulsora (que es impulsado también en Somisa y en Acindar) apunta, en “tiempos normales”, a incrementar la explotación obrera y, en tiempo de crisis, a autorizar sin límites el despido de trabajadores. La anulación de la estabilidad laboral es un aguijón para obligar al trabajador a multiplicar sus esfuerzos, en tanto que, por otro lado, permite la cesantía sin la cobertura de una adecuada indemnización o de una protección contra el desempleo. Se da, así, el fenómeno eminentemente capitalista, de que el avance de la tecnología industrial desvaloriza y descalifica al trabajador en lugar de desarrollar sus cualidades laborales, su dominio del proceso de trabajo y su participación en los frutos sociales de ese trabajo. En el caso de Propulsora (como en Somisa y Acindar) la “reestructuración” del proceso de trabajo está impulsada por la crisis de la siderurgia mundial — cuya demanda ha caído como consecuencia, entre otros factores, de la crisis automotriz. La “flexibilidad laboral” es por sobre todo, la vía para las cesantías. La ofensiva patronal, de todos modos, ha recibido una respuesta clara de parte de los trabajadores. En dos Asambleas Generales —que fueron precipitadas por la bronca, el debate y los pronunciamientos de las secciones— se votó unánimemente RECHAZAR tanto el “premio por productividad” (que debía reemplazar al aumento salarial) como la “flexibilidad”. A renglón seguido, se resolvió intimar a Propulsora (bajo amenaza de conflicto) a que haga una oferta salarial en serio, porque no hay incremento real del sueldo cuando los trabajadores tienen que “pagarse sus propios aumentos” a costa de más trabajo, sacrificio y explotación. La Asamblea del lunes 8 pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles, exigiendo una recomposición sobre la totalidad del salario no inferior al 48% y sin condicionamientos de ninguna especie. Estas dos resoluciones combativas (rechazo al “carpetazo” y el reclamo salarial) hablan a las claras de que las fuerzas de la fábrica están intactas y desmienten por completo las afirmaciones (que se han convertido en teoría) de algunos integrantes del Cuerpo de Delegados, que insisten -¡pese a las evidencias!- de que la “fábrica no quiere luchar”.... Muy por el contrario, la efervescencia que recorre los sectores recuerda el clima previo a la gran lucha del ’88 que terminó con una aplastante victoria de los compañeros. Metalúrgicos: Un "arbitraje obligatorio” criminal La burocracia de la UOM acaba de “aceptar” el arbitraje obligatorio del Ministerio de Trabajo que deja en manos del gobierno el laudo “inapelable” sobre el salario de los metalúrgicos. El “Cronista Comercial” calificó a este hecho como “la noticia política de la semana” lo que no es poco si se tienen en cuenta las otras “noticias" que involucran al gobierno con el narcotráfico. La decisión de ir al arbitraje no fue consultada con ningún trabajador, como tampoco lo fue el hasta ahora desconocido reclamo salarial de la UOM ante las patronales, de modo que tampoco se sabe acerca de qué deberá “arbitrar” el gobierno. Un único congreso de delegados convocado en las seccionales tuvo carácter “informativo”, para anunciar los paros que luego fueron levantados. La resistencia de la base al “plan de lucha" (trucho) fue generalizada, por la confusión en cuanto a lo que se pedía como por el absurdo de ir a paros sin movilización en momentos en que gran parte de las plantas se encuentran paralizadas por falta de trabajo. Dentro de todo este “truchaje” es necesario dejar en claro que el propio "arbitraje obligatorio” es “trucho”, porque sus términos ya fueron con toda seguridad pactados entre la burocracia, las patronales y el gobierno, pero que no pueden ser presentados ante los trabajadores como un acuerdo voluntariamente aceptado por el sindicato. La “locomotora” de la UOM ha sido usada por la burocracia para sentar el precedente, para otros sindicatos, de la aceptación del “arbitraje obligatorio”. Mediante la generalización de este procedimiento, el recurso a la lucha y la huelga quedaría reservado al museo de las antigüedades. En los marcos del “plan Cavallo", el “arbitraje” oficial en la paritaria metalúrgica será una variante de los “acuerdos" establecidos por el gobierno con las patronales y burocracias de diversas industrias, como por ejemplo la automotriz y la electrónica (que en gran parte forman parte del convenio de la UOM). De acuerdo a los términos de estos convenios, las patronales obtendrían rebajas en los impuestos a cambio de no aumentar los precios, en tanto que los trabajadores obtendrían un aumento salarial, pero a cambio de aceptar... la “flexibilización laboral” (lo cual significa la eliminación de la estabilidad laboral, modificación de categorías y alteración de los ritmos de trabajo, entre otras cosas). Sin necesidad de que el congreso nacional derogue la ley de contratos de trabajo o apruebe una ley de empleo, las patronales obtendrían vía convenio o “arbitraje”, la liquidación de las condiciones de trabajo que defienden a los obreros de la superexplotación y de la arbitrariedad patronal. Cavallo dejó muy claro que los aumentos de salarios estarán condicionados a los aumentos de la “productividad" —algo que la UOM no podría aceptar en forma “voluntaria”, pero sí hacerlo por la vía de la “imposición” de un “arbitraje obligatorio”. Pero la “productividad” a la que se refiere Cavallo es únicamente la que produce el mayor esfuerzo humano, no la que surgiría de una mayor tecnificación, aunque ésta es igualmente un aumento de la “productividad" del trabajador. Las patronales pretenden aumentar la tasa de ganancia sin necesidad de invertir un solo peso de capital o acaparar por completo el mayor rendimiento del trabajo que sea provocado por un cambio tecnológico. La introducción de la “flexibilidad laboral” pretende convertir al obrero en un paria sin ninguna clase de protección laboral, social, de salud o vejez. Los trabajadores tienen ante sí la gran tarea de rechazar el “arbitraje” y luchar por un aumento salarial que recomponga lo perdido en los últimos años. El “arbitraje obligatorio” de “don” Lorenzo Miguel esconde el objetivo de entregar lo conquistado en materia de condiciones de trabajo. Último Momento Acindar: Despidos masivos En las últimas horas, la patronal de Acindar comenzó una escalada de despidos masivos, que alcanzaba ya a más de doscientos trabajadores. Se confirma, de este modo, que las suspensiones de las últimas semanas eran la antesala de un amplio paquete de cesantías, el cual de ninguna manera iba a ser sustituido por la patronal a cambio de una aceptación sindical de la “flexibilidad laboral”; la patronal quiere las dos cosas. Una asamblea de planta resolvió paros de dos horas por tumo, con una fuerte presión de las secciones por marchar a la huelga total. Acindar se encamina de este modo a una lucha de carácter decisivo, que la dirección de la UOM de Villa no ha preparado porque procuró por todos los medios evitarla. Sembró la parálisis, al igual que toda clase de ilusiones, impulsando la “mediación” de parlamentarios radicales y justicialistas, que, sin embargo, se aprestan a sancionar la reforma laboral de la “flexibilidad" en el congreso. Esta dirección acepto renunciar al convenio colectivo en la planta, como lo exigía la patronal, con el puro pretexto de que así pararía los despidos y suspensiones. Toda esta política ha fracasado. La lucha que ha comenzado requiere superar esta política de derrota. El derecho al trabajo y la defensa de los salarios son innegociables. Se plantea, objetivamente, la huelga general con ocupaciones de fábrica en toda Villa. Si la patronal se jacta de que aplica “tecnología japonesa”, que pague salarios japoneses — de 3.000 dólares al mes, es decir 30 millones de australes. Si quiere bajar la producción a pesar de que Cavallo dice que habrá reactivación por el aumento de la producción automotriz, allá ella, pero no debe despedir a nadie sino repartir las horas de trabajo sin tocar los salarios. “El que quiere celeste que le cueste”; si quiere bajar la producción que lo pague de sus ganancias. Compañeros de Villa: no admitan el cuento de los dirigentes de la UOM de que los obreros estamos en retroceso y condenados a perder y que los capitalistas avanzan sin que haya quien los pare. La verdad es más bien la contraria. Los “planes económicos” van de “fracaso en fracaso”; el clan gubernamental está roído por la corrupción; en Catamarca el pueblo se alza; lo mismo en San Nicolás; los fraternales acaban de meterle una huelga de 46 días al gobierno y a los burócratas, quienes no pudieron derrotarlos. Sólo los burócratas hablan de derrotas inevitables. Hagamos una Asamblea General, por un plan de lucha y una Asamblea Popular en Villa. Acindar: ¿Piccinini, leíste el balance de la empresa ? La patronal de Acindar ha afirmado reiteradamente que no puede postergar más la “racionalización productiva”, es decir los despidos, y condiciona cualquier aumento salarial a la aplicación de “nuevos métodos de trabajo” que implican la destrucción del convenio de trabajo. Un informe surgido de la propia empresa revela, sin embargo, que el aumento de la productividad obrera es incesante desde hace varios años, sin que por ello haya mejorado en nada la situación de los trabajadores. “Entre 1984/85 y 1989/90, Acindar bajó sus gastos en un 36,6%. Y en siete años... los planteles de la empresa fueron disminuidos desde 8300 operarios a 5950. Es decir, aproximadamente un 28 % menos de personas prácticamente “sin ruido" (Sic), y con una buena parte por vacantes no cubiertas y rotación de puestos. Como saldo, (la empresa) obtuvo una mejora sustancial de la tasa de producción por obrero ocupado”(EI Economista, 22/3/91) Según la propia vara de López Aufranc la patronal de Acindar estaría “debiendo” cinco años de aumentos a sus trabajadores por incremento de la “productividad". Lamentablemente, el informe no cubre los años de la dictadura, cuando la suba de la “productividad" fue todavía mayor. ¿En estos cinco años el “capital (de Acindar) fue incrementado en 50 millones de dólares”, y hoy “solo tiene tres años de retraso tecnológico respecto de la siderurgia japonesa” (ídem). Pero lo más interesante de este informe es — según los propios voceros patronales—que semejante salto en la superexplotación obrera fue logrado “sin ruido”, es decir, sin que los trabajadores obtuvieran nada del aumento de su propia productividad. Este balance empresario es la mejor radiografía que podría obtenerse de la directiva que encabeza Alberto Piccinini. M.P. Reprimen volanteo del PO ¿Hugo Curto se trasladó a Villa Constitución? En la mañana del pasado lunes 8 de abril, compañeros del Partido Obrero concurrieron a la puerta de la fábrica Acindar de Villa Constitución para volantear una declaración política partidaria que denuncia el Plan Cavallo. A las naturales vallas que los servicios de vigilancia patronales colocan en estos casos, se sumó esta vez otro obstáculo: una nutrida “patota” de la UOM-Villa Constitución que se largó a provocar física y verbalmente a nuestros compañeros y a advertirles que “no permitirían el volanteó”. A poco de andar, los compañeros del PO verificaron que al frente de los ataques se encontraba el propio Victorio Paulón, secretario adjunto de la UOM de Villa y reconocida “mano derecha” de Alberto Piccinini. Como los compañeros insistieron en repartir el volante, la patota se encargó de expulsarlos de la zona más cercana a la puerta de la fábrica, acción que fue repudiada a viva voz por numerosos trabajadores. Luego, cuando los compañeros se retiraban —y ya lejos de la presencia obrera— la patota agredió físicamente a una compañera del PO. Cavallo-Menem han encontrado un aliado impensado en la UOM-Villa, que ha decidido impedir que la denuncia del plan económico por parte del PO llegue a los obreros de Acindar... En las últimas semanas, esta dirección sindical viene planteando, bajo diferentes formas, la admisión de la “flexibilidad laboral” entre los metalúrgicos villenses. Semejante conducta de colaboración con la patronal configura a una burocracia sindical: como tal, los “piccininistas” han asimilado rápidamente los “métodos” de los capataces de Acindar, para aplicarlos contra el activismo obrero y en el peor estilo de los Miguel y Barrionuevo. En particular, el ataque al PO es la “respuesta" a nuestra denuncia sobre la conducta procapitalista de esta dirección gremial, denuncia que circuló —a través de volantes y del periódico “Prensa Obrera”— entre delegados y trabajadores de la planta. Es necesario impedir este ataque a la democracia, que se emparenta con la “costumbre" establecida por Hugo Curto en las proximidades de Fiat-Caseros. Crisis en la seccional Ciudadela: Que el sindicato vuelva a los trabajadores En la UOM Ciudadela ha estallado una crisis profunda que interesa al propio riñón del miguelismo, el “todopoderoso” secretariado. Acaba de morir Horacio García, secretario general de la seccional, fiel representante de la patota miguelista. Sus métodos llevaron tiempo atrás a una división en sus propias filas. El secretario adjunto, Garay, llegó a convocar a un congreso de delegados en el que se votó la expulsión de García, Nievas y Ferreyra —protesorero y secretario de actas, estos últimos— por el mal manejo financiero y el estado calamitoso de la seccional. Pero el acta del congreso fue recuperada por la patota de García a punta de pistola y allí quedó todo. Con la muerte de García, Garay debería ocupar la secretaría general, pero el resto no quiere cederle el paso. La patota del difunto sigue deambulando por la seccional y especula con provocar una acefalía deliberada para dar motivo a una intervención del secretariado de la UOM. El punto es que el propio centro de la mafia está dividido y esto convierte a Ciudadela en campo de pelea de los lugartenientes de Lorenzo. Los únicos que deberían ser llamados a intervenir en esta crisis, los metalúrgicos de Ciudadela son, sin embargo, los convidados de piedra. Entretanto, la seccional ha sido llevada a la parálisis total. Lo que corresponde es reclamar y organizar la asamblea general, para fijar el reclamo de los trabajadores frente al salario y todos los reclamos planteados en la zona y para decidir quiénes deben estar al frente de la seccional, con o sin elecciones anticipadas. La asamblea general seccional está incluso considerada por el carcelario estatuto de la UOM, y puede ser autoconvocada a partir del 15% del padrón de afiliados. La tarea es arrancar la asamblea. Corresponsal

“La idea de un empleo permanente de tiempo completo se está transformando en apenas algo más que un sueño para millones de personas, que están siendo dejadas con una paga baja y poca o ninguna protección de salud o vejez” (Washington Post, 3/4/91). Esta es la terrible conclusión de un estudio realizado por la Universidad John Hopkins acerca de las tendencias del mercado laboral en los Estados Unidos, el país capitalista más rico y reiteradamente elogiado por su movilidad social. De acuerdo al informe, la tasa de crecimiento del empleo eventual ha sido, desde 1973, mucho más rápida que la correspondiente a la del empleo permanente y de tiempo completo. En la actualidad, ese empleo precario responde por el 25% de la totalidad de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos (35 millones de personas). El trabajador eventual se caracteriza por tener un empleo temporario, contratos de trabajo con plazo limitado y ocupación de tiempo parcial (menos de ocho horas diarias). Siempre según el informe, los trabajadores de tiempo parcial ganan por el mismo trabajo, solo el 60% del salario horario de un trabajador permanente, en tanto que el trabajador eventual se encuentra en general en el piso más bajo de la escala salarial. Lo que el informe no dice, o al menos el Washington Post no lo reproduce, es que la presión de la masa de trabajadores eventuales ha reducido el nivel salarial de los trabajadores permanentes de un 5 a un 10% en la última década. La reducción directa de los salarios ha sido, por lo que se ve, uno de los factores más importantes de la tentativa capitalista de recomponer su tasa de beneficio. A pesar de esto, según coinciden todos los informes, la llamada “tasa de retorno” de las inversiones, que en el período del 50/70 fue de un 18% anual, cayó para el 8% en los últimos veinte años. Se puede concluir fácilmente de aquí que los capitalistas van a seguir apretando las clavijas. El estudio de la Universidad de Hopkins ha establecido igualmente que el 75% de los trabajadores de tiempo parcial contratados por más de un año, no reciben seguro de salud de parte de sus empleadores, porcentaje que sube al 88% cuando se trata de contratos de tiempo inferiores al año. En lo que se refiere a pensiones para la vejez, menos del 20% de los trabajadores de tiempo parcial están incluidos en alguna clase de programa. También harto interesante es lo que el informe señala con relación al seguro por desempleo. A pesar de que este no encuentra regulado nacionalmente por normas legislativas, los Estados federales han establecido condiciones que en la mayor parte de los casos impiden a los trabajadores eventuales acogerse a los beneficios del seguro a la desocupación. Este es el resultado en los Estados Unidos de la “flexibilidad laboral" que se quiere imponer, y que ya se ha impuesto en gran parte, en Argentina, sea por ley o por medio de las convenciones de trabajo. Este es el resultado de la política que pregonan los Piccinini, para Acindar y aun como política general, con el argumento de que es necesario adaptarse a las tendencias de la reestructuración industrial o del trabajo que está procesando el capitalismo. ¿Pero es realmente la “flexibilidad” una exigencia impuesta por los cambios tecnológicos al proceso de trabajo? Las consecuencias sociales degradantes que describe el informe lo desmienten. Lo dice explícitamente: “Mediante el contrato de trabajadores eventuales, las compañías no solamente ahorraron en sueldos y salarios, a menudo les ha servido para hacer cortes en gravosos (sic) beneficios (sociales)”. Si el trabajador eventual fuera una necesidad generada por los procesos de trabajo modernos, no se entiende por qué ello debería redundar en una reducción directa de los salarios horarios y de los sueldos mensuales, y en una derogación de los beneficios sociales. En realidad, la acentuación de la precariedad del trabajador responde a la necesidad capitalista de desvalorizar la fuerza de trabajo y valorizar de este modo la acumulación del capital. La “flexibilización laboral” no tiene que ver con las modificaciones que se operan en el proceso de trabajo, sino con la tendencia propia del capitalismo a desvalorizar la fuerza de trabajo, lo cual en períodos de crisis toma una forma directa o absoluta. Los trabajadores, en el curso de toda la historia, han opuesto a esta tendencia natural del capital su propia tendencia a defender el valor de la fuerza de trabajo. Mal que les pese a los Piccinini, para quienes la constatación de una necesidad del capital equivale a una correspondiente capitulación del movimiento obrero, los sindicatos han surgido históricamente como un instrumento de defensa del valor de la fuerza de trabajo contra las presiones desvalorizadoras del capital. Los “sindicalistas” partidarios de la “flexibilización laboral” no quieren admitir, indudablemente, que bajo el capitalismo el proceso de trabajo es un proceso de explotación social. La burocracia sindical de Estado Unidos, AFL-CIO, que ha tolerado y fomentado el desarrollo de los trabajadores eventuales, con el argumento de que esto favorecería el desarrollo económico, ahora empieza a enfrentarse con sus consecuencias catastróficas. En toda la década y pico en que cobró fuerza la “flexibilidad laboral”, la competitividad norteamericana con relación a las otras naciones desarrolladas no progresó en lo más mínimo. El crecimiento del producto bruto fue en promedio la mitad del verificado en las dos décadas precedentes y, para peor, se concentró en el rubro “servicios”, es decir, banca, bolsa, comercio, publicidad, especulación. La recesión que comenzó a mediados del año pasado, ha concluido por mandar todas las ilusiones sobre la “flexibilidad” a la basura: la tasa de desocupación se aproxima al 7% del conjunto de la población activa—a sea la friolera de más de ocho millones de personas. En estas circunstancias, la AFL-CIO pretende plantear, según el informe de la Universidad de Hopkins, medidas legales para garantizar la igualdad salarial y de derechos sociales para los trabajadores eventuales. Pero si llegara a luchar realmente por esto, la feroz réplica que recibirán de la patronal les terminará por enseñar que todo el objetivo de la “flexibilidad” es sólo y exclusivamente la desvalorización de la fuerza de trabajo, es decir la miseria de la clase obrera.

El gobernador Ramón Saadi decidió expulsar del PJ al diputado Miguel A. Luque debido a las "explosivas" declaraciones de éste al diario Clarín. La conclusión inevitable que sacaron los comentaristas políticos fue que se había producido una quiebra en el hasta entonces sólido frente saadista. El repudio de la senadora Alicia Saadi al obeso legislador catamarqueño podría ser considerado como otra prueba de esta escisión. ¿Pero hasta dónde llega esta ruptura que podría desencadenar una serie de “revelaciones” capaces de amenazar incluso la sobrevivencia del gobierno nacional? Conciente de la necesidad de limitar el desastre, el gobierno de Catamarca no ha abandonado totalmente la política de sacar de la cárcel a Guillermo Luque. Así lo pone de relieve la apelación de la prisión preventiva de Luque efectuada nada menos que por la fiscal de la Provincia, Leticia Elizabeth Llopis. En resumen, el escándalo público sirve para mejor ocultar las complicidades privadas. Entretanto, el personal expulsado de la policía catamarqueña por las actuales autoridades, ha denunciado la existencia nada menos que de “una comisión paralela referente al caso Morales, donde estarían comprometidos el actual jefe de Policía y otros efectivos policiales y civiles”. Este señalamiento equivale a denunciar la existencia de una conspiración organizada desde la gobernación de la Provincia. El “caso Morales” afecta, por lo tanto, a la cabeza del Estado. Por eso resulta algo más que sintomático que dentro de la cascada de resoluciones y declaraciones contra los dichos aberrantes del diputado Luque, efectuadas por numerosos diputados nacionales, incluído Luis Zamora, no figurara ningún planteo para profundizar la exigencia del personal policial expulsado y para reclamar la detención de la plana mayor de la policía catamarqueña como el primer paso obligado de una investigación. La misma reflexión vale para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, la que ha quedado directamente cuestionada por el solo hecho de haber sido intervenido el Poder Judicial. Sus integrantes han renunciado para protestar —dicen— contra la intervención, pero las causas reales son más prosaicas. Según el diputado provincial, Miguel Marcolli, uno de esos renunciantes, Mario Guzmán, habría aceptado legitimar la residencia domiciliaria del senador Julio Amoedo (quien no es de la provincia), con la finalidad de que éste pudiera obtener la banca. “A cambio, dice Marcolli, la empresa Loma Negra de Amelita Fortabat puso un millón de dólares para la campaña electoral de 1983 de Vicente Leónides Saadi”. El “tejido” catamarqueño se hace todavía más “tupido" si se tiene en cuenta que revista como juez federal en la provincia, Efraín Rosales Saadi, cuyo fallo en beneficio del grupo Bridas, de Bulgheroni, en una millonaria controversia con el Banco Central, suscitó reiterados ataques de Cavallo. La crisis catamarqueña sirve de pretexto para diversos arreglos de cuentas entre la burguesía argentina. Aunque María Soledad Morales no pueda ser asesinada de nuevo, la explotación política y económica de su muerte por los clanes patronales crece de día en día. Es lo que no puede dejar de tener en cuenta la juventud de Catamarca. Otro que renunció es el titular de la Corte, Rafael Díaz Martínez, hermano de Jorge Díaz Martínez, quien también acaba de renunciar como subsecretario de Mera Figueroa en el Ministerio del Interior, para hacerse cargo de la campaña electoral de Ramón Saadi. Tanto el juez como el ex subsecretario tienen otro hermano, Luis, acusado en enero de 1988 de intento de robo contra un camión de caudales en la Cuesta del Portezuelo. Entre el Estado catamarqueño y el Estado nacional no hay barreras que no se hayan franqueado. A medida que se sube por las laderas de Catamarca se llega a alturas mayores que las representadas por Ramón Saadi. El narcotráfico, Loma Negra, Bridas, los votos negociados por el gobierno nacional para que los Luque y los Saadi votaran en el Congreso de la Nación el envío de las naves al Golfo, los funcionarios del Ministerio del Interior y sus vinculaciones —todo esto define un cuadro de descomposición política aberrante que la burguesía y sus representantes se esfuerzan por ocultar y por salvar. Que se sepa, nadie ha planteado una investigación parlamentaria integral con acceso a los documentos y comunicaciones reservadas del gobierno nacional. En Catamarca, mientras tanto, se ha formado un Frente Cívico integrado por partidos patronales, al que incluso pugna por ingresar el partido comunista. El Frente cuenta con el apoyo del sector de la iglesia que lidera las marchas del silencio y hasta es su criatura, al punto que tiene un poder de veto sobre las candidaturas del Frente. En el Frente Cívico, se nos olvidaba decir, también está presente Fuerza Republicana de Bussi, un "general” que tiene más cuentas pendientes con la justicia (zanjadas por la "obediencia debida") que todos los clanes de Catamarca juntos.

El gobierno nacional intervino por decreto el poder judicial de Catamarca, luego de haber permitido la libertad del ex jefe de Policía, A. Ferreyra, por parte de la Cámara de Apelaciones de la provincia. El interventor Pedro Aquino ha removido a tres jueces de la Corte Suprema pero sólo para reemplazarlos por hombres provenientes del saadismo. Dos de los reemplazantes, Luis Rodríguez Sein —titular de la Cámara 1a de Apelaciones en lo criminal— y Manuel Herrera —titular de la Cámara de Apelaciones en lo civil— fueron denunciados como “saadistas” por el Frente Cívico (La Nación, 13/4). Rodríguez Sein es, además, titular de la Asociación de Magistrados de Catamarca, que repudió la intervención al Poder Judicial. El otro reemplazante, César Oviedo, es el titular de la Cámara de Apelaciones que votó con “disidencia parcial” la excarcelación de Ferreyra. Se trata, entonces, de un gran enjuague. Al mismo tiempo, “un funcionario cercano al ministro Mera Figueroa ya se comunicó con Aquino para pedirle ‘que pare un poco la mano. Porque si quiere echar a todos se va todo a la mierda” (Página 12, 13/4). Estamos, por lo tanto, ante una solución de compromiso, profundamente inestable, fraguada entre los clanes de Menem y Saadi. En este punto aparece una de las claves de la intervención: Aquino tendrá también a su cargo el Juzgado Electoral, una pieza clave en todo el proceso político. La legislatura catamarqueña, por su parte, se aprestaba a votar una ley electoral confeccionada a la medida de los intereses del clan Saadi. El lobo Se ha puesto al lobo a vigilar a las ovejas. Pedro Aquino fué un hombre del lopezrreguismo, abogado de Isabel Perón y estrecho amigo de Lorenzo Miguel y las “62” (La Nación, 5/4). No es un representante directo de Saadi, pero sus intereses son los mismos: responde a la Iglesia Católica (a cuya universidad pertenece Aquino) y a lo más derechista del aparato del PJ. De hecho, Aquino cumplirá el papel de interventor general, pues el poder judicial no es otra cosa que el resorte “legal” de control del aparato del estado. La causa de María Soledad, detonante de la crisis catamarqueña, está en sus manos. También la suerte de figuras claves del saadismo, como el mencionado ex comisario Ferreyra, socio de Luque, y el juez Gandini, ambos acusados ante la justicia de pertenecer a una banda de narcotrafican-tes (Ancasti, 4/4). Beneplácito Los “opositores” a Saadi, nuclearios en el llamado Frente Cívico, ya manifestaron su conformidad, claro que con algunas “reservas”, con la designación de Aquino. La UCR, el PJ “disidente” y la centroizquierda había pedido a gritos la intervención provincial que ahora ha sido “decretada”. El Frente Cívico realizó, días pasados, su primer acto público, ante una escasa concurrencia. Allí demostró sus profundos agujeros negros. Porque aunque no tiene, según el radical Castillo (Unión, 4/ 4) “ninguna diferencia política de fondo”, sus disidencias por los cargos son notorias. El PJ “disidente” ha lanzado al ex funcionario de Saadi, Miguel Marcolli, como candidato a vicegobernador (Unión, 27/3), en tanto estalló una crisis en la UCR debido a la dificultad para que su dirigente, Castillo, pueda postularse a gobernador, en virtud de la prohibición establecida por la Constitución provincial para ex funcionarios de la dictadura (ídem). El Frente Cívico sigue de este modo sin ofrecer un programa alternativo al saadismo. Ello se debe a su profundo entrelazamiento con los intereses capitalistas de la provincia, aliados de Saadi. Chocar con ellos sería la única forma de comenzar a democratizar a Catamarca, empezando por una lucha real contra el narcotráfico. El embajador norteamericano Todman acaba de reconocer que en Catamarca existe narcotráfico en gran escala y que la DEA (agencia yanqui de drogas) está actuando en la provincia en relación a la causa que por lavado de narco-dólares involucra a varias figuras del menemismo (Ámbito, 6/4). De donde se deduce que una salida “gradual” para la crisis catamarqueña, pactada entre el menemismo y el saadismo deberá contar con el apoyo del imperialismo. Sería difícil, sin embargo, para el gobierno Bush, oficiar de mediador entre narcotraficantes, sin crearse problemas políticos internos en Estados Unidos. Preventiva trucha Mientras tanto, y ya con la intervención federal en marcha, el juez Ventimiglia dictó la prisión preventiva a Guillermo Luque. Saludada por todo el mundo, se trata, sin embargo, de una resolución que abre camino a la liberación de Luque. Es que Ventimiglia no ha reunido pruebas, de modo que los fundamentos del juez para dictar la prisión preventiva están basados en sus “íntimas convicciones” (Clarín, 6/ 4). A ello se agrega que el caso fue caratulado como “homicidio simple” sobre la base de una discutida autopsia (recusada por la familia Morales), según la cual María Soledad no fue violada ni golpeada en vida. Esto prepara un contexto de “atenuantes” que contradice la alevosía del crimen demostrada en la autopsia que fuera realizada con control de la familia de María Soledad. Con este mismo mecanismo la Cámara de Apelaciones dejó en libertad al subcomisario Ferreyra, socio de Luque. La intervención federal así como el dictado de la “preventiva” juegan como patas de una misma maniobra política destinada a desplazar el tema de María Soledad y la sobrevivencia de los Saadi hasta las “próximas elecciones”. Con el dictado de la “preventiva” y las apelaciones de la defensa, el juicio a Luque recién se realizará —por los plazos procesales— dentro de un año o más. El padre de Guillermo Luque, por su parte, denunció el “Incumplimiento de un pacto” con el juez Ventimiglia para no dictar la “prisión preventiva”(Clarín, 8/4). Luque anticipó, una vez más, que hará “saltar la olla” de todos los “negocios provinciales”; en este sentido ya denunció que junto con Patti había solicitado al juez torturar al sospechoso Luis Tula para hacerle “cargar” el crimen. Luchar y vencer Un sector de la juventud que participa de las marchas del silencio estuvo presente en el acto del Frente Cívico. Se fue con las manos vacías. No hubo allí una sola propuesta política para derrotar a los Saadi. El propio diputado de la UCR, Luis Furque reconoció “que se prepara un tremendo fraude electoral mediante la adulteración de padrones” (agencia DYN, 6/4). La presencia de un hombre de Menem, el interventor Aquino, aliado natural de los Saadi, en el control —precisamente— de los padrones electorales refuerza esta perspectiva. Contrastando con la posición amorfa del Frente Cívico, la última marcha del silencio congregó más gente aún que la anterior. Catorce mil personas desfilaron luego de conocerse la intervención y la “preventiva” de Luque. Esto habla de la profunda desconfianza del pueblo catamarqueño. Lo que se confirma además con la creciente ruptura del silencio de las marchas. Se cantaron consignas y canciones. Más de mil mujeres protagonizaron un cacerolazo frente a la caza de gobierno, pidiendo la caída de Saadi, (Clarín, 6/4). Los estudiantes llamaron a protagonizar una gran movilización nacional el 18 de abril. Todo ello refleja una radicalización creciente. Todo esto, naturalmente, no ha gustado al clero superior. “Les pido —dijo el obispo catamarqueño Elmer Mariani— que las marchas sigan siendo de silencio, ya que pienso que en algún momento se ha desvirtuado su sentido” (La Nación, 13/4). Es momento entonces de una acción política independiente. Esto significa que para derrotar a los Saadi hay que denunciar también al Frente Cívico y a los políticos patronales, que evidentemente quieren dejar en pie el Estado saadista debido a sus compromisos con los capitalistas que “Invierten” en la provincia, todos amigos de los Saadi. Para ello está vigente, más que nunca, profundizar las marchas en toda la provincia y transformar la movilización en una gran Asamblea Popular qué designe de su seno, en forma directa, representantes de confianza de todos los distritos, para reclamar la caída y enjuiciamiento de los Saadi y la formación de un gobierno provisional responsable ante la Asamblea Popular.

La derechista Asociación de Profesores de la Facultad de Medicina (que tiene mayoría en el Consejo Académico) ha dispuesto, en forma unilateral, un virtual cierre del ingreso y el no inicio de las clases de primer año como una última y desesperada tentativa para imponer un régimen de examen de ingreso ultrarrestrictivo que fue rechazado por el Consejo Superior de la Universidad luego de las protestas y movilizaciones de los ingresantes. El objetivo declarado públicamente era reducir mediante el examen de ingreso la matrícula actual al 10%. La eliminación del ingreso irrestricto en Medicina —donde estudia más del 30% de los estudiantes de la UNLP— era el punto de partida de una ofensiva contra otras carreras catalogadas de “superpobladas” (Educación Física, Psico, Económicas, Informática). La nueva provocación de la camarilla “Fassista" (Plan Mayans Fassi) ha puesto en pie de lucha a los ingresantes de Medicina, que por centenares han participado de Asambleas y concentraciones frente al Consejo, reclamando la efectivización del ingreso. Este es justamente el centro de la cuestión. Franja Morada, sin embargo, está negociando (a espaldas de los aspirantes) la intervención al Consejo Académico, controlado por los “fassistas”, a cambio de un examen de ingreso más “benigno” (aprobación con 4 en vez de 7 y recuperatorios), que lave la cara al proyecto reaccionario y limitacionista. Como señalan los volantes de la UJS, hay que organizar la movilización permanente hasta que la camarilla retroceda incondicionalmente. Esta lucha exige una enérgica campaña de todo el movimiento estudiantil de la UNLP, preparando una gran marcha sobre Medicina para apoyar el reclamo de los aspirantes.

Jacinto Sampayo es secretario general del sindicato de municipales de Resistencia y representante gremial en el Instituto de Previsión Social de la provincia. Fuera del Chaco, la figura de Sampayo cobró notoriedad a partir de su presencia en los “congresos intersindicales”, donde el PC y centroizquierdistas se esforzaron por presentarlo como "modelo" de un sindicalismo “pluralista”. Ahora Sampayo ha vuelto a la primera plana chaqueña, bien que por motivos diferentes: acaba de aceptar la primera candidatura a diputado provincial “por la línea Menem Conducción que lidera (el cantante) Elio Roca" (Norte, 17/3), el “Palito” chaqueño. Naturalmente que esta postulación cayó como un balde de agua fría entre los izquierdistas del Chaco. Los dirigentes de la agrupación municipal Violeta (firmantes también de la reciente solicitada centroizquierdista “por una nueva alternativa”), lamentaron la defección de quién — según ellos— ha sido “el dirigente sindical chaqueño más sobresaliente del 89/90" (Norte, ídem). En definitiva, ¿qué culpa tiene uno si es traicionado por quien fuera un dirigente sindical sin fallas? Pero en realidad Sampayo sólo “sobresalió” por haber marginado a su gremio de todo el proceso de lucha provincial. Esto explica que el "procesista" Ruiz Palacio —intendente de Resistencia— resaltara sus “buenas relaciones” con Sampayo y la dirigencia municipal. Mientras en Resistencia el “pacto” entre Ruiz Palacio y Sampayo era un secreto a voces, Sampayo recorría los congresos intersindicales y hasta se pronunciaba por un “partido de trabajadores”... Es que todo burócrata sindical que se precie sabe que un “izquierdista” es un incauto dispuesto a comprar cualquier buzón. Para los que hicieron de él un “modelo”, estas declamaciones estuvieron siempre por encima de su política real en el ámbito de la lucha obrera. Esto es natural, si se tiene en cuenta que el propósito de los centroizquierdistas es la explotación electoral de algunas “figuras” gremiales, y no la estructuración política de la clase obrera para combatir a los capitalistas y sus gobiernos. La debacle de Sampayo retrata, en general, a las direcciones estatales ubaldinistas del Chaco y a los centroizquierdistas.

El 1° de Mayo se ha convertido en Argentina en una jornada de definiciones políticas para una parte cada vez mayor del movimiento obrero y para la izquierda. Este fenómeno singular no hace más que reflejar la lenta pero persistente tendencia de los explotados argentinos a emanciparse de la tutela de los partidos “populares" de la burguesía nacional y en particular, claro está, del peronismo y de la burocracia de los sindicatos. El próximo 1° de Mayo no será una excepción. La extraordinaria huelga ferroviaria reciente ha abierto una nueva etapa en el movimiento obrero, algo que se irá manifestando en forma creciente en el desarrollo de las nuevas luchas. Aunque el hecho no se encuentre claro para todos, esa huelga definió en la práctica una dura lucha política librada desde 1983 con relación a la orientación que debían darse los trabajadores para triunfar contra la política de hambre de los gobiernos “democráticos". En todo este período, la política tradicional de los paros aislados o meramente demostrativos; la política de la conciliación obligatoria; y la política de la tutela burocrática de las luchas; condujo a toda clase de derrotas. En términos de conquistas históricas y sociales, o de participación en el ingreso nacional, los trabajadores han retrocedido. Este llamado “proyecto político” de la “unidad nacional o de clases” ha llevado a los trabajadores a una situación desesperante. En oposición a esto, la huelga indefinida de los fraternales; su organización bajo la forma de plenarios de seccionales y de asambleas; la tendencia de la base a profundizar los métodos de lucha contra la política de la “mediación” del conjunto de su dirección (incluidos a los que pretenden arrogarse la función de críticos de último momento); todo esto ha llevado a la primera victoria obrera de proyecciones nacionales de los últimos años. No solamente la clase obrera ha dado un paso hacia adelante, sino que por sobre todas las cosas ha triunfado una política. Pero decir política es decir dirección, porque una dirección no es otra cosa que la política que impulsa. La experiencia de lucha de los últimos meses está demostrando, entonces, que una dirección política revolucionaria existe en Argentina. De modo que lo que importa para el próximo 1° de Mayo es, mucho más allá del tema de "cuánto juntamos", qué definición política de conjunto se ofrece a los obreros y a las masas, teniendo en cuenta en especial la vertiginosa descomposición del gobierno menemista y del conjunto del régimen político democratizante y seudo-constitucional. La situación política en Argentina ha ganado mucho en madurez, como lo demuestra, por una parte, la rapidez con que los políticos burgueses más cotizados se convierten en cadáveres políticos y, por la otra, la enorme seriedad política y la tenacidad organizativa de la nueva zafra de activistas obreros. Una iniciativa de las seccionales ferroviarias Esta caracterización general permite explicar el hecho novedoso de que las seccionales ferroviarias que participaron de la última huelga están discutiendo la posibilidad de convocar a una movilización para el próximo 1° de Mayo. Una convocatoria del plenario de seccionales para el 1° de Mayo significaría un llamamiento a la movilización conjunta de los trabajadores y de sus organizaciones independientes contra los explotadores y el gobierno. Tendría una indudable proyección política propia de la clase obrera. Por otra parte, la lucha de los ferroviarios de ningún modo ha terminado, como tampoco hubiera cabido esperar que ello ocurriera en el marco de la dura lucha de clases que se está viviendo. Las propias necesidades de apoyo solidario que reclama esta lucha de los ferroviarios explican la preocupación del plenario de seccionales por impulsar una movilización para el 1°. No se puede desconocer que en el seno de la Comisión de Enlace de las seccionales ferroviarias predomina, en cuanto a corrientes, ideas o programas políticos, la llamada línea de “centro-izquierda” (la cual muchas veces esconde al stalinista que quiere ponerse a tono con la moda). Existe entonces en la Comisión una cierta tendencia, que se manifestó en la huelga, a buscar los aliados del movimiento obrero en un sector de la pequeña burguesía democratizante, que en todos estos últimos años ha sido sirviente y juguete del gran capital y de los políticos de confianza de éste. Es irrefutable, sin embargo, que los “centroizquierdistas" brillaron por su ausencia en el apoyo a la huelga ferroviaria. Hay que destacar que Caminos, un representante de la fracción política de Piccinini (corriente que afirma pretender construir un partido de trabajadores al mismo tiempo que apoya la “reforma laboral" que impulsa el Banco Mundial), actuó durante toda la huelga desde la comisión directiva rompehuelgas de La Fraternidad y nunca se unió, por lo tanto, al plenario de las seccionales en huelga. Los “centroizquierdistas" sostienen, de un modo general, que las huelgas son una herramienta en desuso, algo que naturalmente no podría aceptar ningún fraternal. No es lo mismo, claro está, la vida de un “profesional liberal" que trabaja con contrato de lujo para una fundación de investigaciones extranjera, o un alto dirigente “cooperativo" de Sancor o del Hogar Obrero que vive de la superex-plotación de los trabajadores y de los “curros” con los bancos oficiales, que un ferroviario que no redondea dos millones al mes. Para concluir con este análisis, entonces, digamos que sería un gran salto, probablemente histórico, que el plenario de seccionales convoque a una movilización el 1° de Mayo, organizada conjuntamente con todas las organizaciones, agrupaciones y partidos que apoyaron activamente la huelga ferroviaria, y con un programa que destaque las reivindicaciones del movimiento obrero contra las patronales y contra el Estado. Una movilización de clase independiente impulsada por el plenario de seccionales ferroviarias, sería un poderoso factor de convergencia con la lucha de fa clase obrera mundial contra la burguesía, las burocracias gobernantes, sus Estados y sus alianzas de pillos, saqueadores y criminales. La cuestión de Izquierda Unida El 1° de Mayo podría ser el partero de una nueva etapa política si los ferroviarios convocan a la Plaza, pero lo que ya no deja dudas es que se ha convertido en una fecha de defunción de Izquierda Unida, con la importante salvedad, por supuesto, de que sus deudos no han participado a nadie del entierro, y esto porque probablemente pretendan que el cadáver quede insepulto. Tanto el partido comunista como el Mas se han puesto de acuerdo, aunque cada uno por separado, en llamar “a los luchadores y a la Izquierda” a concurrir el 1° a la Plaza de Mayo, pero esta convergencia de propósitos no alcanza para disimular la ausencia sin aviso de IU. No hay dudas, entonces, que la consigna del año pasado —“hagamos grande a Izquierda Unida”— ha tenido un destino miserable. Ni el partido comunista ni el Mas consiguen explicar el fracaso de IU, ni tampoco pretenden hacerlo o incluso hablar de tal fracaso; se limitan a esconder a I.U. bajo la alfombra. A partir de esta constatación, resulta muy claro que los llamados propios del PC y del Mas a marchar a la Plaza “con los luchadores y la Izquierda", son un intento de disimular la inviabilidad política de IU para los luchadores y para la izquierda, y de salvar sus posibilidades como sigla electoral para los comicios de setiembre. Pero una “sigla electoral” no es solamente una sigla, por sobre todo es una política y una estrategia. El PC y el Mas se presentan ante las masas en el plano político como una alternativa electoral, a la cual subordinan el conjunto de su actividad. Esto significa que el terreno histórico de su actuación es el Estado burgués, y no la lucha de clases contra el Estado burgués. El programa de IU es el de “la democracia con justicia social", es decir, la forma constitucional del Estado burgués con el agregado de una redistribución de los ingresos. Desde el momento que IU tiene una definición estratégica, los programas del PC y del Mas se reducen al de IU que históricamente ha sido el de los reformistas y el del stalinismo. Por más que pretendan diferenciarse, entonces, de la “centroizquierda"', la IU es un frente de centro-izquierda, es decir un intento de subordinar a la vanguardia de la clase obrera a la política de la pequeña burguesía. El Partido Obrero no pretender disimular la realidad, y es por eso que denuncia las limitaciones de los planteos del PC y del Mas, y la maniobra de disimular la existencia de IU como un remedio último para salvarla. El Partido Obrero plantea apoyar la iniciativa del plenario de seccionales ferroviarias para realizar un acto obrero el 1° de Mayo. El Partido Obrero propone que este acto sea organizado en conjunto con quienes apoyaron la huelga ferroviaria y que levante un programa de reivindicaciones y de independencia de clase. El Partido Obrero, por otro lado, denuncia las limitaciones democratizantes y nacionalistas de izquierda Unida y llama al PC y al Mas a organizar conjuntamente la jomada del 1° de Mayo sobre la base de una plataforma de independencia de clase e internacionalista. Esto último significa por sobre todo, apoyar a los trabajadores de la URSS a acabar con la burocracia, para defender y profundizar las conquistas de la revolución de octubre; y a apoyar a los trabajadores alemanes para que se unan contra el gobierno Imperialista apoyado por Moscú; y a defender y apoyar a los pueblos del Kurdistán y de Palestina contra la feroz masacre de los imperialistas y de los militares nacionalistas, por el derecho a la autodeterminación nacional y por el socialismo.

La investigación del lavado de narcodólares se ha colocado en el centro de la crisis política como consecuencia de la participación que se atribuye al llamado “clan Yoma” y a otros funcionarios menemistas en esa actividad. Se habría utilizado el aparato estatal, y en forma ostensible la aduana de Ezeiza, para introducir cientos de toneladas de cocaína y para “blanquear” más de ocho mil millones de dólares que provienen de las ganancias del narcotráfico. El negocio de la droga y el destino de sus beneficios involucra, en realidad, a la mayoría de los Estados capitalistas y a los grandes capitales y bancos del mundo entero. Con un movimiento anual de 500.000 millones de dólares, el negocio de la droga supera el comercio internacional del petróleo y sólo es superado, a su vez, por el comercio internacional de armas. Cuando se tiene en cuenta el papel decisivo que han jugado (y que aun juegan) los “petro-dólares” en las finanzas internacionales del capitalismo, va de suyo que las ganancias del narcotráfico son desde hace bastante tiempo uno de los rubros claves del capital bancario. El imperialismo acaba de desatar una criminal guerra por el control de los yacimientos de petróleo -¡qué no haría por el monopolio de un negocio que es aun superior! El lugar económico que ocupan el comercio de armas y de narcóticos en la economía mundial, brinda un retrato insuperable de la descomposición histórica del sistema capitalista. La pugna brutal por el control del comercio de la droga y del blanqueo de sus beneficios se ha acrecentado enormemente como consecuencia de la quiebra creciente de la banca mundial, en especial la norteamericana Existe una desesperada búsqueda de financia-miento por parte de bancos como el City, el Boston, el Manufacturera o el Chase, de los Estados Unidos, o del Midland o el Lloyds, en Gran Bretaña. La canalización de las ganancias del narcotráfico puede determinar el hundimiento o la sobrevivencia de poderosos grupos capitalistas. El ‘‘paraíso" rioplatense Toda la documentación disponible establece claramente que el negocio del blanqueo de narcodólares está monopolizado por la banca suiza (ver el libro “Suiza lava más blanco”), la cual tiene activas relaciones con la banca norteamericana. Uno de los “lavadores” más activos, el Credit Suisse, acaba de salir al socorro del First Boston de los Estados Unidos. Los norteamericanos, de todos modos, operan desde los “paraísos” fisca-les como las Bahamas o Panamá, al igual que los japoneses. El clan de la droga controla una parte considerable del movimiento de la Bolsa de Tokyo. No es una novedad, sin embargo, que en los últimos años el Río de la Plata se ha convertido también en un “paraíso dorado” para los lavadores, debido a la “benignidad” de sus sistemas financieros. Según el Financial times (28/9/90), la aparición de estos “centros alternativos" ha despertado la atención de los bancos norteamericanos, preocupados por la pérdida de depósitos de sus otras filiales latinoamericanas. Los sistemas financieros de Uruguay y Argentina están diseñados para captar los “capitales golondrinas” que están constituidos (como explica también el informado Financial Times) por capitales fugados, por evasión de impuestos, por ganancias del narcotráfico y por otros negocios ilegales como el tráfico de armas. El “secreto bancario riguroso" y la “libertad cambiarla” que impera en ambos países han dado un refugio seguro a los miles de millones de “dudoso origen” que ingresaron en los últimos años. Inversamente, sin la entrada transitoria de estos capitales “sucios”, planes como el austral, primavera, Bunge y Born o bonex, nunca hubieran podido ver la luz. Las “bicicletas” iniciadas desde el último tramo del gobierno de Isabel (ingreso de dólares a corto plazo para embolsar altas tasas de interés) han tenido su sustento en el blanqueo de capitales “Ilegales”. Es por esto, que la crisis que se ha desatado puede significar el fin de estos planes, o en todo caso constituir un síntoma de su completo agotamiento. “Uruguay vive del lavado de dinero” confesó por ejemplo “Ignacio”, el “arrepentido", que des-chavó a los Yoma. ¿Y el sistema financiero argentino? Ya en diciembre del año pasado y otra vez en enero de este año, Clarín informaba que “entre los mesadineristas era un secreto a voces que en los últimos meses del año pasado se habría utilizado a Buenos Aires para blanquear dólares no demasiado limpios” (23/1). Esto explicaría, precisamente, la tan mentada “estabilidad del dólar” (y de todo el “plan Bonex”) en la época de Erman González, acicateada por una tasa de interés varias veces superior a la internacional. Los Alsogaray, Cavallo, Alemann y Richard Handley, todos ellos defensores incondicionales de la “libertad de mercado” (que suponemos no podían desconocer lo que era “un secreto a voces para los mesadineristas") viabilizaron con este plan el lavado de narco-dólares. El departamento de Estado “Las huellas de la DEA (la agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico) están detrás de la investigación”, afirmó Clarín (4/4) junto con todo el resto de la prensa. Esto explicaría, también, el “giro" de Menem, que en las últimas horas intentó “despegarse” de los Yoma después de haber calificado la investigación, en un primer momento, como “una campaña antiargentina”. El juez español Garzón es sindicado como “un hombre de buena sintonía con la DEA” (Clarín, 4/4) y hasta el “arrepentido Ignacio” sería un informante de los yanquis (Clarín, 7/4). El semanario “Tiempo” de Madrid, por su parte, señala que “la ClA y el Mossad (servicio secreto israelí) ... están en el origen de la Información llegada al juez Garzón. Es un ajuste de cuentas con el ‘clan’ Yoma por su colaboración con Irak en la guerra del Golfo” (La Nación, 2/4). “En los centros de inteligencia de Washington, Londres y Tel Aviv —sigue “Tiempo”— existen fundadas sospechas de que el clan de la esposa del presidente está conduciendo secretamente la producción del misil Condor II, en colaboración con algunos países árabes” (ídem). El viernes 12, coincidentemente, el pronorteamericano “Ámbito Financiero”, anunciaba la posible existencia de una carta del embajador Todman al gobierno argentino, en la que denuncia que la producción del cohete no habría sido desactivada como se prometiera. La prensa recuerda también que el blanco principal del “Swift-gate", desencadenado por las denuncias de corrupción de funcionarios argentinos por parte de Todman, fue otro miembro del “clan”, Emir, obligado a renunciar. “Tiempo” también recuerda el escándalo de los micrófonos de Olivos, “que revela que las agencias de inteligencia estaban vigilando al ‘lobby’ muy de cerca, con pleno conocimiento dé Menem” (ídem). El destape de la “conexión rioplatense” tendría como objeto “dar un serlo aviso de los servicios de Inteligencia occidentales al clan Yoma” (La Nación, 2/4). Esto explica que Clarín (4/4) prevea que “los Yoma zafarían” de la cárcel, pero sólo como un expediente para despegar al presidente de una violenta crisis política. Al igual que en el “Swift-gate”, donde Todman salió a atacar al gobierno en defensa de los negocios de la Bell, la Enron y otras empresas yanquis, esta “ruda intervención norteamericana” (Cronista Comercial, 4/4) también pretende deshacerse de “competidores molestos”. Esta vez en beneficio de los bancos norteamericanos (golpeados por la crisis financiera), que reclaman, a través de su gobierno, “que Uruguay ponga un cerrojo a su sistema financiero”, esto es, que se desmantele el “centro alternativo” de lavado de narcodólares que compite con los “paraísos” controlados por los yanquis. Crisis política El “affaire Yoma” ha vuelto a exteriorizar la crisis del gobierno y del régimen político en su conjunto. Denuncia otra vez el insuperable carácter de camarilla del gobierno menemista. “Es un secreto a voces”, según Clarín (12/4) que “los celestes” (Bauzá, Eduardo Menem, Manzano) respaldan a los Yoma contra Duhalde, quien sospecha cada vez más que se lo quiere mandar a competir por la provincia de Buenos Aires para sacarlo de la línea de sucesión de Menem y hasta del panorama político. Duhalde, por su parte ha chocado con la Suprema Corte menemista al reclamar la libertad de Savignon Belgrano (un agente de la DEA detenido por la justicia argentina) y con el propio Menem al reclamarle que separe a Amira Yoma del gobierno. Duhalde — “que reclama en voz alta lo que repiten los diplomáticos norteamericanos en Buenos Aires” (Clarín, 7/4) -se candidatea como el hombre del imperialismo ante una eventual renuncia del presidente. El Estado argentino se ha convertido en el refugio de una vasta trenza de “clanes" que se disputan los “negocios” provenientes de su monopolio del aparato estatal. En este punto, la “mafia lavadora" no se diferencia de los distintos clanes privatistas, que han utilizado sus puestos claves en el Estado para apropiarse de las rutas, los teléfonos, el petróleo y las aerolíneas. Más allá de la intriga, el país asiste a una manifestación nauseabunda de la descomposición del capitalismo. “El pez se pudre por la cabeza”, así como las situaciones revolucionarias empiezan siempre por arriba.