Prensa Obrera N° 326

Uno de los hechos más destacados en la crisis política de la burocracia soviética ha sido la renuncia del canciller Shevardnadze en las vísperas de navidad. Su dimisión fue interpretada por las cancillerías occidentales como la señal de un “giro” en la diplomacia soviética y hasta algún stalinista vernáculo suspiró aliviado por lo que barruntaba sería un retorno a “los viejos y buenos tiempos”. La diplomacia soviética, sin embargo, no alteró su rumbo sino que, por el contrario, ratificó la política de Shevardnadze en dos cuestiones claves, el Golfo y el Tratado de reunificación de Alemania. Luego ingresó al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y ahora negocia con Japón la devolución de las Kuriles. ¿Cuál es el significado, entonces, de la renuncia de Shevardnadze? Shevardnadze es un viejo burócrata formado en la “vieja escuela” stalinista, que gobernó Georgia con mano de hierro en las épocas del “estancamiento brezhneviano” como el “mejor” de los “ortodoxos”. Jugó un papel clave en la política de desmontar el “sistema socialista” de Europa Oriental y hasta se convirtió en un hombre de confianza del Departamento de Estado yanqui. Lamentablemente para Schevardnadze (y para toda la burocracia y el imperialismo) la liquidación de Europa oriental no pudo procesarse sin revoluciones o semi-revoluciones ni tampoco pudo evitar la caída del muro de Berlín. Más tarde, la “nueva política", esta vez aplicada al Medio Oriente, tuvo que enfrentarse con una catástrofe bélica de alcances insospechables. La evolución hacia una situación internacional de catástrofes sociales, económicas, políticas y militares sin precedentes, dictó al Estado Mayor y a la KGB la necesidad de reemplazar un fusible inestable, para ejercer un control mayor sobre la política exterior. Pero no para dar marcha atrás en la política de Shevardnadze sino para depurarla y profundizarla. Es que ante el abandono de posiciones estratégicas, el “establishment” de seguridad reclama hombres de su “plena confianza” para poner límites estrictos a este retroceso necesario y ofrecerle todos los “seguros”. El reemplazo ha servido, también, para desnudar las limitaciones de los “duros”, quienes no pudieron imponer un hombre propio en la cancillería sino que debieron recurrir a alguien como Shevardnadze, un amigo de Estados Unidos. Así fue elegido como canciller un “diplomático de carrera”, ex embajador de Shevardnadze en Washington. Mientras tanto, el ex-canciller continúa apoyando a Gorbachov (y a su “dictadura”) y hasta ha quedado como hombre de reserva del régimen entre los opositores.

Cuando Gorbachov presentó su "Plan de Paz” para el retiro de Irak de Kuwait, poco antes del comienzo de la “madre de todas las batallas” que no tuvo lugar, muchos nostálgicos anunciaron que tomaba distancia de la política imperialista y que pretendía incluso crear un eje Moscú-Bagdad-Teherán alternativo a la coalición liderada por los yanquis. La aparición en esos días de artículos periodísticos en publicaciones soviéticas que habitualmente reflejan el pensamiento de las fuerzas armadas denunciando que la coalición aliada excedía los objetivos fijados por las resoluciones de la ONU fueron presentados también como evidencia del rechazo de los círculos militares al alineamiento con Estados Unidos. Incluso se llegó a ver en la renuncia de Shevardnadze una evidencia de la inminente ruptura de Gorbachov con Bush. En la actualidad, sin embargo, con su nuevo canciller a la cabeza, la Unión Soviética está participando activamente junto a los Estados Unidos y los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la elaboración del “proyecto de resolución que establece normas para un cese de fuego permanente en la guerra del Golfo, la cual según el embajador soviético Yuli Voronstov, será la madre de todas las resoluciones” (Clarín, 27/3). Por lo que ya trascendió este proyecto coloca a Irak como un "protectorado" de la ONU, la que quedará encargada del control de las fronteras. También obliga a Irak a pagar compensaciones económicas, calculadas como un porcentaje “de las ganancias iraquíes en materia petrolera” (La Nación, 28/3). A este asqueroso acuerdo colonial han quedado reducidas las discrepancias entre Gorbachov o el "establishment” militar soviético y el imperialismo norteamericano. La reciente revelación del desacuerdo entre el comandante norteamericano, Schwarzkopf, (partidario de la destrucción total del ejército iraquí), y el presidente Bush (que le ordenó cesar la ofensiva y permitir una vía de escape al ejército iraquí) (ver La Nación, id) ha puesto en claro la coincidencia de Bush con el “plan de retirada” de Gorbachov. Tanto Bush como Gorbachov querían evitar el colapso del ejército y del Estado iraquíes para poder mantener el “orden” post-bélico. La tesis de las divergencias de los militares “duros” de la URSS con Gorbachov acerca del Golfo es sólo un cuento. “Hasta el inicio de las hostilidades, —dice Le Monde Diplomatique (marzo 1991)— el 17 de enero de 1991, los oficiales soviéticos no emitieron prácticamente ninguna reserva respecto al recurso a la fuerza contra Irak si ese país rehusaba retirarse de Kuwait”. Esto significa que hubo durante seis meses un aval al fenomenal despliegue militar norteamericano, con 500 mil soldados y arsenales gigantescos en la zona que, naturalmente, preanunciaban las “masacres” y el “genocidio” que luego se pretendería criticar. En los momentos en que la actitud de la URSS pudo efectivamente bloquear o dificultar el despliegue militar norteamericano, la política de Gorbachov-Shevardnadze contó con el apoyo de las fuerzas armadas. En realidad como lo explica claramente el ex-canciller Shevardnadze (ver reportaje reproducido por Página 12, 14/3), la política soviética hacia la zona estaba fijada con anterioridad al conflicto del Golfo, algo con lo que “The Economist”(16/2) coincide plenamente. “Gorbachov y Shevardnadze procuraron modificar (la vieja política soviética hacia la zona). Cortejaron asiduamente a los estados árabes conservadores. Restablecieron relaciones con Arabia Saudita poco después de la invasión a Kuwait... y pese a la oposición de la OLP y de otros, los judíos soviéticos se dirigieron a Israel en masa”. La URSS concertó un crédito de 4 mil millones de dólares con los líderes de Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos (Gaceta Mercantil, San Pablo, 24/1). Por eso, el nuevo canciller soviético pudo declarar después de entrevistarse con Baker que “compartimos el mismo tipo de análisis de que, paradójicamente, después de la crisis del Golfo, las perspectivas para un arreglo en el Medio Oriente son... más favorables” (Financial Times, 16/3). La burocracia “soviética” (este calificativo ya no le cabe) es “restauracionista”— esta caracterización explica su política criminal en el Golfo.

Desde el 4 de marzo, cuando cumplieron una huelga de advertencia de 24 horas cuyos reclamos fueron desoídos, decenas de minas de la principal cuenca carbonífera del país, en Kuzbass, Siberia occidental, se encuentran paralizadas. El movimiento huelguístico se extendió a Ucrania, segunda cuenca hullera, y a Vorkuta, en el círculo transpolar. También hay minas en huelga en Tula, Perm (en los Urales) y Sajalín (Océano Pacífico). En total son 165 las minas que cumplen la huelga que ya lleva más de 20 días y que abarca a más de 300 mil trabajadores. El primer ministro declaró que peligra el abastecimiento a la industria. Los mineros reclaman aumentos salariales y el cumplimiento de los acuerdos de mejoras en las condiciones de trabajo que motivaron la primera gran huelga minera a mediados de 1989. Los mineros trabajan en condiciones durísimas; el año pasado hubo 800 muertos por accidentes. Sólo el 5% de los mineros alcanza los 55 años que es la edad para jubilarse. El vigor y la organización do la huelga es el resultado de un poderoso movimiento sindical independiente que hizo su debut en el'89 y que en agosto del año pasado se conformó como sindicato independiente de las estructuras burocráticas oficiales. Los mineros levantan una reivindicación netamente política: la renuncia de Gorbachov y del parlamento soviético, y reclaman que todo el poder pase a manos del Consejo Federal, organismo compuesto por los presidentes de las quince repúblicas. El reclamo traduce la veloz evolución del proletariado de la URSS, que se planta frente al orden existente y apela para ello a los métodos de acción directa propios de los trabajadores. Esto no significa que los mineros sigan una política obrera realmente independiente pues el reclamo pone de manifiesto las expectativas de los mineros en el liderazgo de Yeltsin, quien es presidente de la república rusa y potencial líder del Consejo Federal. Tanto Yeltsin, como los líderes de la república ucraniana, otro de los epicentros del movimiento, han buscado, sin embargo “mediar” con los huelguistas para que levanten la huelga. Pero al igual que lo que ocurre por nuestros pagos, ello no ha dado ningún resultado y puede servir para agotar la experiencia de los mineros con estas direcciones “reformistas". Yeltsin y su corriente se oponen a la exigencia de la renuncia de Gorbachov, como que llamaron a votar “si" en el reciente Referendum, y con posterioridad pidieron la formación de un gobierno de coalición. Los mineros son concientes de las graves perspectivas que enfrentarán los trabajadores soviéticos tras los fenomenales aumentos de precios previstos para el 2 de abril, y procuran concientemente que su movimiento empalme con las inevitables protestas que se iniciarán a partir de entonces. La agitación laboral está en ascenso en la URSS y no solamente entre los mineros. Recientemente hubo paros en los talleres Kirov de Leningrado (Página 12, 19/3) y en el mes de enero pasado, tras la represión a Lituania y Estonia, más de 25 fábricas de Moscú y 500 de Leningrado paralizaron sus labores por dos horas (Gaceta Mercantil, San Pablo, 17/1). El gobierno, que teme que las huelgas mineras se transformen en huelga general a nivel de toda la URSS, encomendó al primer ministro, Valentín Pavlov, “negociar con los representantes de los mineros sobre cuestiones económicas a partir del viernes 29 de marzo”(Ambito, 26/3). Al mismo tiempo, el Soviet Supremo aprobó una resolución prohibiendo las huelgas mineras hasta el mes de mayo. Al igual que los gobiernos capitalistas de todo el mundo, pretende liquidar la huelga combinando la represión y la zanahoria. Pero la fuerza de la clase obrera en la URSS está aumentando, y esto es suficiente para asegurar el fracaso de los intentos de Gorbachov y de Yeltsin de quebrar a los mineros.

El llamado “plan Shatalin”, publicitado en agosto del año pasado, ha vuelto a ocupar el primer plano en el convulsionado proceso político de la URSS. El proyecto, conocido también como “plan da los 500 días"—plazo en el cual se planteaba la total reconversión del aparato productivo soviético a “la economía de mercado y a la libre empresa”—surge ahora como plataforma de la oposición dirigida por Yeltsin y es motivo de agudas controversias. El presidente de la república rusa y una parte de la prensa occidental acusan a Gorbachov de impedir la restauración progresiva del capitalismo y alentar el caos económico, precisamente por abandonar el citado plan de reformas. En este caso Gorbachov sería, a su manera, un defensor de la propiedad estatizada contra sus actuales enemigos. La cuestión plantea, por lo tanto, una caracterización sobre la naturaleza de la crisis del aparato burocrático y las perspectivas de la situación en la URSS. Los “capitanes de la industria” La particularidad del “plan Shatalin" no consiste, sin embargo, en su objetivo estratégico declarado de retornar a una economía capitalista; éste es el planteamiento común a todas las fracciones de la burocracia. Lo prueba el hecho de que el Soviet Supremo, bajo la tutela de Gorbachov, aprobó en octubre pasado un programa para la “estabilización de la economía y la transición hacia una economía de mercado” en el cual pueden encontrarse “la mayor parte de las ideas preconizadas en el programa de Shatalin” (Correo del Este, n° 353, octubre del '90). Tampoco son un atributo distintivo del “plan de los 500 días" las propuestas de desestatización, privatización, liberación de precios, reforma monetaria y abolición de la legislación laboral, para imponer el mercado “libre” de trabajo. Lo que sí se desató en torno a este proceso es una ardua disputa al interior de la burocracia relativa al control, las prebendas y los privilegios derivados del mismo. ¿Quién comandará esta transformación? ¿Los funcionarios del aparato central o “Nomenklatura"? ¿Los clanes de cada república? ¿Los “capitanes de la industria”, gerentes de las grandes corporaciones? Como en principio el plan Shatalin beneficiaba esencialmente a estos últimos, suscitó la oposición de las camarillas que eventualmente quedarían desplazadas. Pero esta oposición no las convierte en defensoras de la "propiedad estatal", del mismo modo que no deja de ser “privatista” la empresa americana Bell cuando repudia la privatización de la empresa telefónica argentina en favor de sus competidores españoles y el Citibank. Más importante todavía es que las metas del “plan Shatalin" están diseñadas de un modo genérico y de dudosa viabilidad, lo cual está en contradicción con la premura de los plazos que fija para concretarlos. La oposición a esta cuestión decisiva no convierte a Gorbachov ni a nadie en “comunista”, algo que lo sabe hasta el “New York Times". Este, en setiembre pasado, señaló que el “plan Shatalin" era apenas “una declaración de intenciones”, cuya aplicación podrían ahondar el caos económico reinante en la URSS. Cambio de frente En realidad el caos económico reinante no ha dejado de agravarse y es esto mismo lo que explica la reticencia al “plan de los 500 días” de parte de quienes, en su momento, se mostraron más entusiasmados con su aplicación. Son los “managers”, directores de las grandes empresas estatizadas, y a los cuales el plan les otorgaba una enorme autonomía y poder en relación a cualquier otro sector de las capas burocráticas. (Esto sí distinguía al "plan de Shatalin" de otras propuestas de igual naturaleza restauracionista). Se establecía, en este sentido, una cuidadosa delimitación entre los procesos de “des-estatización” y de “privatización”. El primero implica la transformación de las empresas estatales en sociedades por acciones, sin un cambio a la propiedad privada, pero que convertía a los “capitanes de la industria” en los timoneles del ulterior proceso privatizador. Sucede, no obstante, que el avance de la descomposición económica ha provocado un descalabro completo del tejido de relaciones entre las diversas ramas de la industria y del régimen de abastecimiento y comercialización de las compañías soviéticas, de modo tal que sus virtuales “dueños"claman ahora por un reforzamiento de los mecanismos de centralización para evitar un colapso generalizado. Dicho de otra manera: los “liberales” reclaman mano dura para mantener la perspectiva del negocio. No en vano ese modelo de las privatizaciones que es Margaret Thatcher ha llamado a comprender que el salvataje de la “perestroika "pasa por apoyar a Gorbachov y reforzar su “autoridad”, es decir, la de la burocracia restauracionista en su conjunto. Por eso mismo, cuando Yeltsin defiende el “plan Shatalin”, no encarna los intereses generales de la restauración del capital contra sus detractores, sino que encarna los intereses de la burocracia de la principal y más rica república de la URSS en el proceso de reconversión en curso. Revolución, contrarrevolución El proceso de desintegración económica, política y social de la URSS es, en realidad, el único medio por el cual puede abrirse paso el retorno al capitalismo. Históricamente, la sociedad burguesa fue precedida por un período de descomposición del antiguo régimen en el cual la piratería, el robo, el comercio confiscatorio y la expoliación de las colonias permitieron crear la acumulación necesaria para el funcionamiento del capital y las leyes que determinan el intercambio de las mercancías. Del mismo modo, las crisis recurrentes del capitalismo son resueltas, en definitiva, por medio de procesos de quiebras, guerras, confrontaciones y saqueos de los países coloniales. El retorno al capitalismo en la URSS es impensable sin una convulsión gigantesca que planteará más tarde o más temprano la cuestión de una violenta contrarrevolución dirigida a imponer un nuevo cuadro jurídico y político que restablezca la propiedad privada en plenitud, o la revolución que acabe con las pandillas burocráticas restableciendo la democracia de los productores, es decir, la democracia soviética. Desde este punto de vista, el fracaso del “plan Shatalin” es inevitable cuando pretende pautar administrativamente lo que solamente la lucha de clases e interburocrática puede resolver a su modo. Es por esto que cuando el citado plan separa la desestatización de las privatizaciones admite lo que explícitamente pretende negar, el reforzamiento de la intervención estatal. En toda una etapa, bajo el conglomerado de los medios de producción y empresas estatales entregados al usufructo de una capa de funcionarios privilegiados, se necesita la unidad del aparato del Estado, para imponer las medidas de austeridad, hambre y miseria que se preconizan: liberalización de los precios, desempleo, liquidación de los servicios estatales, etc. Es decir, no hay restauración sin dictadura y a esto marchan todas las fracciones de la burocracia que se disputan el botín del proceso privatizador. Pero para esto deberán quebrar al proletariado soviético y sus conquistas históricas. Ahí están para probarlo el medio millón de mineros huelguistas que reclaman contra el ajuste económico de los Yeltsin, Gorbachov, Shatalin y cía.

A mediados de marzo se realizó el referéndum sobre el nuevo Tratado de la Unión Soviética. Ni el nuevo Tratado ni el triunfo oficial en el referéndum, sin embargo, han logrado frenar la crisis política. Gorbachov no ha logrado extraer del referéndum un aval para su política. Sólo votó el 70% de los empadronados (un porcentaje inusualmente bajo en un país con una tradición de voto del 100%), del cual el 75% lo hizo por el “sí” reclamado por Gorbachov. Así, el Premio Nobel de la Paz apenas ha obtenido el respaldo del 52% de los electores, entre los que hay que incluir a millones de burócratas estatales y militares. Sin dudas, un margen extremadamente estrecho. En el “debe” de Gorbachov hay que computar, además, que las seis repúblicas que se han declarado “independientes” (las del Báltico, Moldavia, Georgia y Armenia) rechazaron organizar el referéndum. Habría que contabilizar, también, que en las dos principales ciudades del país, Moscú y Leningrado, Gorbachov recibió el respaldo de apenas el 34 y el 42% respectivamente de los empadronados; que en otras dos ciudades importantes, como Kiev (Ucrania) y Sverdlovsk (Rusia), triunfó el “no” y que en la zona occidental de Ucrania los votantes se manifestaron masivamente por la “independencia”. Aunque la desintegración del régimen burocrático y la política restauracionista llevan a choques brutales entre los clanes burocráticos por el dominio de las empresas estatales y de las riquezas naturales es notable, sin embargo, que todas las fracciones de la burocracia hayan llegado a un acuerdo para apoyar el “si” en el referéndum y al nuevo Tratado. La KGB y el Ejército — pilares de la “ortodoxia”— han movilizado a sus hombres para imponer el voto afirmativo. El “ultrarreformista” Boris Yeltsin, por su parte, tampoco dejó lugar a dudas: “Defendemos una Unión fuerte y un nuevo tratado sobre esta Unión” afirmó. No los une el amor sino el espanto, es decir, la necesidad de sostener ante las masas a Gorbachov, el único hombre reconocido hoy por la KGB y el Ejército Rojo para ejercer la jefatura del Estado. Su derrota en el referéndum hubiera significado un “salto al vacío" para la burocracia. El acuerdo, sin embargo, es extremadamente precario porque el Tratado no puede resolver los enfrentamientos entre las fracciones burocráticas. Aunque el texto en discusión otorgue ciertas “concesiones” a las burocracias de las repúblicas (como permitirles compartir el oro, los diamantes y las reservas de la URSS y participar en el diseño de la política militar), la ejecución de esas “políticas consensuadas” quedará exclusivamente en manos de la burocracia central. Como todas las fracciones burocráticas, también el imperialismo apoyó a Gorbachov y al nuevo Tratado obligado por un “estado de necesidad”. “Bush está de acuerdo con el análisis de Margaret Thatcher: ‘Gorbachov sigue siendo en el fondo un buen reformista... con quien se puede hacer negocios’” (La Nación, 18/3), opinión en la que coinciden Mitterrand, Kohl y John Major. La integridad del Estado 'soviético" es la vía menos “dolorosa” para proceder a la restauración capitalista en la URSS. Gorbachov en el discurso final de la campaña por el referéndum llamó a defender a un Estado “con mil años de existencia”, caracterizando así al Estado burocrático en transición al capitalismo como una continuación del estado zarista. Un informe conjunto del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y el BERD afirma que “las reformas Económicas en la URSS dependen... de decisiones que deben ser tomadas en el plano político... Es urgente que sea firmado un nuevo Tratado de la Unión definiendo la división de poderes y responsabilidades o, por lo menos, marcando un acuerdo formal entre la Unión y las repúblicas sobre las cuestiones más urgentes” (Le Monde, 12/3). Así lo entiende también la burocracia, para quien “el paso a una economía de mercado está estrechamente vinculado a la elaboración del nuevo Tratado de la Unión” (Novedades de Moscú, 16/9/90). El referéndum no ha logrado resolver ninguno de los problemas políticos de la burocracia. Como le reclama un editorialista yanki (Los Angeles Times, 22/3) “Gorbachov deberá ocuparse ahora de los problemas del país”, es decir, salir del callejón sin salida de su política. La tarea está por encima de sus fuerzas, al menos es lo que parece temer la editorialista internacional del New York Times, Flora Lewis. “Gorbachov no es Lenin —afirma—, pero bien puede ser un Kerensky” (International Herald Tribune, 22/3).

Para el próximo 2 de abril está anunciado un aumento brutal de los precios en la URSS, que la prensa internacional asocia con una gran explosión social. El “shock" incrementará el índice general de precios en un 60% y afectará a más de la mitad de los productos de primera necesidad. Pero la carne subirá un 200% y otros bienes que escasean subirán 10 veces. El primer ministro, Pavlov, pretende absorber mediante estos aumentos la enorme inflación acumulada en los últimos tiempos. Esta inflación fue provocada por el financiamiento del déficit presupuestario con endeudamiento público y emisión. Solamente el año pasado la deuda estatal se cuadruplicó y la tasa de creación de moneda aumentó a un ritmo de seis a ocho veces superior al promedio de las últimas décadas. Para conjugar este fantástico empapelamiento de rublos y frenar una hiperinflación, la burocracia lanzará el brutal "sinceramiento” de precios sobre las espaldas de las masas. Sin embargo, basta decir que se prevé para el año en curso una caída del producto bruto del 11% sobre los niveles ya deprimidos de 1990, para percibir los tremendos límites de este intento de "estabilización" económica. El excedente de dinero —en relación a la masa de bienes— que se quiere eliminar mediante la suba de los precios, volverá a aparecer durante los próximos meses por la disminución de la oferta de productos. La burocracia tapa un agujero de la economía perforando otros, porque el cuadro de caos y descomposición económica que ha desencadenado la “perestroika” sobre el fondo histórico de la situación sin salida del régimen burocrático, resulta inmanejable. Derrumbe de la gestión burocrática En la industria, los pronósticos de la caída del producto bruto en 1991 son del 25% y se encuentra en especial retroceso el sector petrolero. Las dimensiones exactas de la crisis son totalmente desconocidas porque la economía soviética continúa supervisada con estadísticas “truchas" e índices que se “dibujan" según conveniencias particulares de los grupos de burócratas que controlan la administración. La "glasnost", en vez de transparentar la situación real de la economía ha oscurecido más aún su funcionamiento. El intento de pasaje de un régimen de coacción burocrática a una “economía de mercado” dio rienda suelta a la especulación, a la fuga de capitales y a la ampliación del mercado negro a un nivel que inviabiliza la fabricación y distribución elemental de bienes. Los propios “capitanes de la industria” (artífices y beneficiarios del desabastecimiento) terminaron reclamando a Gorbachov en los últimos meses el restablecimiento de mecanismos de centralización económica para frenar el distocamiento de la producción. En el sector agrícola esta desorganización se manifiesta en la ausencia de alimentos en las grandes ciudades, que amenaza desembocar en la hambruna y la emigración masiva. Aunque las cosechas no decayeron sensiblemente, el acaparamiento en la distribución elevó a precios astronómicos los principales productos de la canasta familiar, que son inencontrables fuera del mercado negro. Las repúblicas con existencias de alimentos establecieron cupones de consumo y aduanas interiores para impedir su transporte a otras regiones, y la polarización social entre un puñado de jerarcas abastecidos de caviar y la masa del pueblo sin comida se ha ensanchado en forma espectacular. El colapso financiero también es inminente. La deuda externa de la URSS se duplicó desde el inicio de la “perestroika" y los créditos fueron puntualmente derrochados o canalizados hacia el enriquecimiento personal de los burócratas. Como cualquier nación del “tercer mundo" la URSS arrastra un atraso en el pago de intereses de 5.000 millones de dólares, no puede afrontar los vencimientos de tos próximos meses, sus reservas en divisas han caído a un punto crítico y últimamente debió pagar con ventas de oro y diamantes la importación de cereales. Los bancos alemanes, que son los principales acreedores, han comenzado a degradar la clasificación de tos créditos y realizan previsiones por incobrabilidad de ciertas deudas. En estas condiciones, el imperialismo ya no sólo desestima invertir o participar con “dinero fresco" en las futuras privatizaciones sino que retacea los créditos de corto plazo. La crisis industrial, agrícola y financiera ilustra la degradación de la gestión burocrática. Los burócratas saquean cada vez más los recursos físicos y monetarios del Estado a expensas del grueso de la población. La guerra de las “maffias privatizadoras” El desmoronamiento de las finanzas públicas se ha potenciado por la guerra por el botín del Estado que vienen librando los distintos clanes de burócratas. Cada grupo ha aprovechado el aumento de la emisión y de la deuda pública para acrecentar la fortuna personal de sus miembros o para financiar el acaparamiento de recursos de “sus" empresas “descentralizadas". Dentro de la "perestroika” se viene librando una batalla por la primacía de las subvenciones, entre diques "renovadoras" o “conservadoras” del sector de empresas “civiles” o del complejo “militar-industrial”. Esta lucha de "maffias" es la causa de la profundización de la crisis y de la incapacidad de la burocracia para poner un freno a la bancarrota del régimen. El fracaso de la “reforma monetaria” (ver nota) es el ejemplo más reciente de la virulencia de estas disputas y del carácter pro-capitalista de todas las fracciones en pugna. La enorme cantidad de denuncias que lanza la población —y que recogen los diarios— responsabilizando a los “maffiosos" por el desabastecimiento y la debacle económica traduce la percepción popular de esta guerra de camarillas. El plan de aumento de precios, conversión parcial del rublo y aceleración de las privatizaciones, que acaban de lanzar Gorbachov-Pavlov, forma parte de estos enfrentamientos ínter-burocráticos, favorece a la fracción que maneja actualmente el poder central y por eso el clan Yeltsin lo rechaza demagógicamente. Pero el plan de Pavlov es una respuesta improvisada y empírica a la crisis. Agrede a la clase obrera mediante la generalización de la carestía, pero es completamente impotente para doblegar a los trabajadores como lo demuestra la huelga minera. Tiende a derivar hacia la hiperinflación y a no crear, por lo tanto, la base de estabilidad indispensable para restablecer la producción y forjar un “poder fuerte” capaz de arbitrar entre las distintas camarillas. El plan Pavlov ni siquiera es suficiente para contener la desintegración territorial y restablecer un rublo reconocido en forma uniforme en todas las repúblicas. La burocracia se prepara para arremeter con un ataque más brutal contra la clase obrera luego del fracaso del plan económico actual. Necesita una dictadura para implantar la “economía de mercado” y para erigir un poder capaz de zanjar las disputas internas y negociar con el imperialismo créditos y privatizaciones. El nuevo capítulo de la “perestroika” es un intervencionismo estatal abrumador, super-despótico y totalitario, que servirá para pinchar el cuento de la “transparencia" la “libertad empresaria” y la desestatización. El “Rublo-gate” A principios de enero el primer ministro Pavlov anunció una reforma monetaria que impuso el retiro de la circulación de todos los billetes de 50 y 100 rublos y el congelamiento temporario de las cuentas de ahorro. Se dijo que ambas medidas tendían a reducir el enorme excedente de dinero creado por el quebranto de las finanzas públicas y a permitir la estabilización de la nueva moneda. Pero un mes más tarde se destapó que la verdadera causa del cambio compulsivo de billetes fue la guerra que se desató entre camarillas burocráticas por la firma de contratos con empresas imperialistas. Pavlov reconoció que su fracción implantó la reforma para hacer fracasar un convenio de “la empresa anglo-sudafricana Dove Trading International... con una empresa de Cheliabinsk, en el Ural, sobre la venta de bienes de consumo por valor de 7.000 millones de dólares pagados en rublos a precio de mercado negro (20 rublos por dólar)”. Semejante acuerdo involucraba “una masa de 140.000 millones de rublos, es decir casi el equivalente de toda la masa monetaria de la URSS”. Con esta suma, la “Dove Trading se proponía comprar fábricas y otros negocios que el gobierno ruso deseaba privatizar” (Página 12, 17/3). El convenio fue firmado en nombre del gobierno de la República Rusa por el viceprimer ministro Guennadi Filchine, un hombre de Yeltsin, que debió renunciar cuando Pavlov lo denunció como cómplice de “un complot con bancos extranjeros” y puso en práctica el cambio de moneda para hacer fracasar el contrato que “iba a inundar de rublos a la URSS”. Este escándalo que se conoce como “rublo-gato", revela que los planes económicos en discusión son nada más que los instrumentos de las maffias burocráticas para imponerse sobre sus rivales como socios principales de los capitales imperialistas. El sector de Gorbachov hizo público el contrato y se lanzó a una campaña contra la “conspiración monetaria”, para demostrarle a las compañías extranjeras que “sólo el gobierno central de la URSS puede negociar importaciones de envergadura en la legalidad y rodeándolas de las garantías necesarias. Este es uno de los puntos principales del nuevo Tratado de la Unión” (Página 12, 17/ 3). El "rublo-gate" confirma que la incontrolable lucha de clanes agrava la debacle económica e inviabiliza los planes económicos de todas las fracciones, como lo prueba el fracaso de la propia reforma monetaria de Pavlov, que no logró frenar la tendencia a la hiperinflación. C.K. Otro tratado para el “soviet” supremo Las islas Kuriles por 30.000 millones de dólares La prensa mundial especula diariamente con la existencia de una fracción “conservadora” de la burocracia soviética que se opondría al programa de restauración capitalista de Gorbachov. Sin embargo, dos medidas de alcance estratégico, el tratado de la reunificación de Alemania y el ingreso de la URSS al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (una especie de Banco Mundial para Europa del Este), han sido aprobadas por una abrumadora mayoría de votos en el Parlamento soviético donde, según la prensa, dominan los “ortodoxos”. ¡Sobre 1.500 diputados del Soviet Supremo, sólo uno votó en contra del ingreso de la URSS al BERD! La misma conclusión se desprende del alineamiento soviético con el imperialismo mundial en la Guerra del Golfo. Ahora otra noticia viene a poner en evidencia el mito de los “conservadores” apegados al “comunismo”. “Altos funcionarios del Kremlin”—informa el International Herald Tribune, 22/3— revelaron la existencia de negociaciones secretas entre la URSS y el Japón para la devolución de las islas Kuriles a manos japonesas. Como “contrapartida", los nipones ofrecerían inversiones en la URSS (en las industrias petroquímica, automotriz y en la explotación gasífera) por un monto de 30.000 millones de dólares y créditos (los que serían destinados a pagar la deuda soviética de corto plazo con las empresas japonesas). Las islas Kuriles -archipiélago ubicado al norte del Japón, cerca de la costa soviética— tienen un valor estratégico para la defensa militar del continente. Fueron ocupadas —y pobladas— por la URSS después de la Segunda Guerra Mundial y todas las negociaciones soviético-japonesas por el archipiélago fracasaron desde entonces. Un plan soviético de devolver dos de las cuatro islas fue rechazado por Japón en 1956. Como consecuencia de este entredicho diplomático no se firmaron ni los tratados de paz ni acuerdos comerciales entre los dos países. Ahora —según el Wall Street Journal, 19/3— “el retorno de las islas (a manos japonesas) no sería del agrado de los ‘duros’”. Pero ni en el parlamento —dominado por estos— ni en el Ejército ni en la KGB se ha levantado una voz para rechazar el “rescate” japonés de las islas, algo que vuelve a poner de manifiesto el carácter concientemente restauracionista de toda la burocracia soviética en todas sus fracciones. LO.

Para la CGT de San Lorenzo, la multitudinaria marcha contra las suspensiones y despidos del cordón (ver PO 324) no fue el punto de partida de un plan de lucha regional, sino el inicio de un conjunto de negociaciones y gestiones con el gobierno. Estas no giraron en torno de los despidos y suspensiones, sino sobre la reducción del costo de tarifas y facilidades crediticias para las patronales de la zona. Ahora, mientras el gobierno anuncia rebajas del 20 y 25% para la luz y el gas de “grandes consumidores industriales”, la patronal de Cerámica informaba del “pro- bable cierre” de su planta, condicionado a una “drástica racionalización". Anticipaba, de este modo, cientos de nuevos despidos en la zona. Al conocerse estos anuncios, una movilización de obreros ceramistas ganó las calles de San Lorenzo. A pesar de la orientación de la dirección (ubaldinista) de la CGT regional, se ha reabierto la lucha en el cordón. La situación de Celulosa, Verbano, Electroclor, Cerámica y otras, sólo pude ser enfrentada con una respuesta de conjunto.

La dirección de la UOM-Villa Constitución acaba de suscribir un acuerdo con la patronal de Acindar, aceptando “considerar las nuevas condiciones de trabajo por un lapso de cinco días” (La Capital 17/3). Estas “condiciones” no son otras que las de “flexibilizar” el régimen de trabajo en planta, admitiendo la violación del convenio colectivo. Piccinini hizo aprobar esta “prueba” de cinco días en una asamblea minoritaria, lo que no le evitó la oposición de varios delegados y trabajadores. Finalmente, impuso su planteo al presentarlo como la “concesión inevitable para que paren los despidos y suspensiones". Lo cierto sin embargo, es que con los nuevos “métodos” en marcha — “ahorradores” de personal a costa de la salud y seguridad del operario—, los 900 trabajadores suspendidos se enfrentan ahora a la posibilidad cierta de convertirse en despedidos. El visto bueno a la “flexibilidad” ha desatado una verdadera guerra contra los obreros de Acindar. La patronal, desde luego, no limitó su “prueba” racionalizadora a sólo cinco días. Obrero por obrero, está presionando a fondo para imponer, el nuevo régimen laboral. Al mismo tiempo —y allí donde le conviene— la empresa ha resuelto “unificar” a “sus” trabajadores con los restante do de pagar un plus salarial sobre el convenio, que constituía una importante conquista de los obreros de Acindar. En este cuadro —y ante la ausencia de una respuesta de conjunto—se produjeron paros parciales en varias secciones, reclamando el pago del plus salarial y el fin de los aprietes "racionalizadores”. En una nueva asamblea de la planta, la directiva de la UOM propuso que “cada trabajador desde su puesto” rechace las medidas de “flexibilidad”. Pero esto significa dejar librados a su suerte a las secciones y a “cada trabajador” frente a un ataque patronal sin precedentes. Este sólo podrá ser frenado a partir de la defensa integral del salario, las condiciones de trabajo y la estabilidad laboral. Preparar un verdadero plan de lucha por estos objetivos, en oposición a la presente orientación de derrota, es la responsabilidad de los delegados y activistas combativos.

Hasta hace poco tiempo, las grandes patronales siderúrgicas, papeleras o químicas del litoral se vanagloriaban de haber superado las “limitaciones del mercado Interno” por medio de exportaciones masivas. Hoy, los “integrados al mercado mundial” se declaran en bancarrota. Para estos “modernos empresarios", la salida a su crisis reside en las cesantías masivas y en retrotraer las condiciones de trabajo a las existentes un siglo atrás. Enfrentar este ataque exige una defensa integral de las reivindicaciones obreras y un programa de lucha contra el capitalismo. Ubaldinistas, miguelistas y “piccininistas” rechazan este camino, para actuar como meros voceros de las reivindicaciones de “sus” patronales. Superar esta orientación de derrota exige un plan de lucha de todo el cordón industrial litoraleño. A la ofensiva del “Club de exportadores", opongámosle una gran acción sindical y política independiente. Ningún despido o suspensión. Control obrero de la producción y de las condiciones de trabajo. Por la expropiación de los pulpos bancarios e industriales. Por la centralización económica nacional en función de las necesidades de la mayoría explotada, y no de los pulpos en quiebra. Somisa: El “silencio” de la marcha no va a durar mucho La concurrencia masiva a la marcha realizada días atrás en San Nicolás puso de relieve la magnitud del ataque que se viene contra los trabajadores de SOMISA. Los anuncios racionalizadores del Plan Cavallo, y la propia bancarrota de la siderúrgica estatal, preanuncian “la cesantía de más de 3.000 trabajadores” (Clarín, 27/3). La marcha fue convocada por un Consejo Regional encabezado por las direcciones locales de la UOM y la CGT y los intendentes de San Nicolás y Ramallo. Es decir, por el mismo bloque político y sindical que viene auspiciando entre los trabajadores una “privatización concertada”. Con esta orientación, empujaron a los obreros de SOMISA a votar por la privatización de la empresa en un plebiscito realizado a fines del año pasado. Que Brunelli deba marchar ahora “por la fuente de trabajo” delata el completo fracaso de la “privatización concertada”. SOMISA ha continuado en picada, como consecuencia de la debacle económica interna pero, sobre todo, porque sus exportaciones están afectadas por la recesión económica mundial y la agudización de la competencia entre los pulpos de la siderurgia. Por este mismo cuadro de sobreproducción y bancarrota general, el famoso “aporte de capitales” ni siquiera se ha insinuado. Como en las restantes privatizaciones, ese “aporte” sólo se concretará con títulos de la deuda externa, es decir, sin poner un dólar para renovar SOMISA. En esas condiciones, la elevación de su “productividad” reposará enteramente en una furiosa racionalización a costa de sus trabajadores. Los 3.000 despidos que hoy se anuncian son, en este sentido, apenas la condición para “empezar a hablar” de privatización. La marcha del pasado martes 26 transcurrió en medio de una severa regimentación: no se admitieron consignas ni pancartas, con excepción de las oraciones religiosas promovidas por las autoridades políticas y eclesiásticas. Se quiso evitar, por todos los medios, que el movimiento obrero nicoleño debata y se exprese respecto a la grave situación de SOMISA. Al cabo de la marcha, sus organizadores declararon que la “privatización debe hacerse en el tiempo necesario, y antes de que (SOMISA) tenga que .cerrar” (La Capital, 27/3). La dirección de la UOM quiere acelerar, por lo tanto, el curso privatista. Como la condición de éste son los despidos en masa, no es difícil anticipar que Brunelli se apresta a ceder en toda la línea frente a la ofensiva de la patronal.

Trescientos telegramas ya redactados fueron el comienzo de los despidos masivos en el astillero Domeq García. Quinientos trabajadores irán a la calle según el anuncio oficial, sumándose a 1.300 previstos para el astillero Río Santiago, 3.000 de Fabricaciones Militares y así hasta totalizar 8.800 en el área de Defensa. Las 16.000 cesantías de empresas públicas que Cavallo pretende pilotear a partir del 1° de Abril, persiguen el propósito de facilitar su privatización a precio de remate y deprimir el salario aumentando el ejército de desocupados. En el caso de los astilleros se ha provocado un proceso crónico de vaciamiento productivo y deterioro salarial. Los trabajadores del Domeq han librado una lucha tenaz de más de dos años en defensa de la fuente de trabajo y el salario, con paros, marchas y ocupaciones. La dirección De Gennaro-Abdala de ATE carece de política para enfrentar esta ofensiva. Bloqueó toda posibilidad de movilización del conjunto del gremio contra el gobierno, desangrando la resistencia de los astilleros, Indec, Salud Pública, Ministerio del Interior, Ciencia y Técnica, etc. En el astillero Domeq ha llegado al extremo de aceptar el licenciamiento indefinido desde el mes de enero de la totalidad del personal. El diputado Abdala bajó al astillero el Miércoles 27, día de cobro de 700 trabajadores (pagan 1 millón por mes), con la promesa de realizar una asamblea de planta. Pero la asamblea fue levantada y Abdala se limitó a informar a un grupo de 60 compañeros que se constituirá una comisión de cesantes para encarar medidas legales que permitan aumentar el monto de las indemnizaciones. Los que se reclaman defensores de la “propiedad social de las Empresas del Estado” se hacen cómplices de la ofensiva estatal contra las condiciones elementales de vida de los trabajadores y las fuentes de trabajo. Activistas de la Granate de ATE Capital (PO e independientes), distribuyeron una declaración que llama a organizar la movilización contra los despidos y por el salario, y, convocar asamblea del astillero y un plenario de delegados con barra del área de Defensa (astilleros, F.M., etc.) para resolver un plan de lucha. El día 4, cobro de las vacaciones adeudadas, es la oportunidad para autoconvocarse en asamblea.

El martes 26, mil quinientos compañeros “sitiaron” a los “representantes del pueblo”, en la legislatura provincial para denunciar el congelamiento salarial, la amenaza de despidos masivos y el vaciamiento de ARS. Un día después treinta micros repletos con más de mil trabajadores, abandonaron la fábrica a las diez de la mañana y cortaron la ruta 2, por varias horas. Estas medidas fueron el inicio del plan de lucha votado en la extraordinaria asamblea general del lunes 25. Experiencia Desde octubre del año pasado, el salario está congelado y para la inmensa mayoría no supera el millón y medio de australes, un verdadero cepo que ya lleva ocho meses al cual se le agrega ahora la inminencia de mil trescientos despidos. Para el gobierno, golpear al Astillero es antes que nada una necesidad política, porque fue precisamente a partir del activismo y de los delegados del ARS que la maduró el “ensenadazo" de setiembre y perspectiva de unidad de los cuerpos de delegados y trabajadores de la zona, en oposición a la burocracia de las distintas CGTs. El congelamiento de la movilidad, la eliminación de los módulos salariales, el ensayo de los pagos en cuotas (anticipándose en varios meses al gobierno provincial) y el cierre del comedor, son provocaciones deliberadas para desmoralizar a la combativa masa del Astillero. La asamblea del 25 ha sido un termómetro exacto de la temperatura que reina en el Astillero. Por su masividad, por lo combativo de sus resoluciones. Está programada una marcha para el viernes 5 a Plaza de Mayo, junto al resto de las empresas del área de Defensa, y la preparación de un gran acto en Ensenada, para la semana del 8 al 12 de abril. Inmediatamente después de haberse aprobado el plan de acción a instancias del activismo (parte del cual está nucleado en el frente de unidad antiburocrática, Mas-PO-PTS), la asamblea pasó a discutir la elección de un comité de lucha para garantizar el cumplimiento de las resoluciones, en el marco de una profunda desconfianza hacia la burocracia de Barros. Este comité de lucha fue en parte desvirtuado por las maniobras de la comisión administrativa de ATE-Ensenada, la cual por ahora ha logrado circunscribirlo a una comisión de los cinco candidatos a secretarios generales para las próximas elecciones de mayo. Pero esto apenas atenúa la tendencia a la lucha en la base de la fábrica y la brecha profunda con la burocracia que dirige la Seccional (una fracción de origen menemista, que se ha alineado junto a De Gennaro). En esta situación es necesario profundizar el programa del comité de lucha y las resoluciones aprobadas por la asamblea, que incluyen el llamamiento a un plenario de delegados de base de La Plata, Berisso y Ensenada, el reclamo de solidaridad activa de los cuerpos de delegados y activistas de las grandes fábricas de la zona, y la preparación de un segundo ensenadazo. En ese camino proponemos: 1) Completa subordinación del Comité de lucha a la asamblea general de fábrica. 2) En caso de cesantías, inmediata convocatoria a la asamblea general para decidir y organizar la ocupación activa del astillero, impulsando marchas y movilización para armar un inmenso cordón de solidaridad popular. 3) Exigir que el plenario general de delegados del área de defensa impulse un plan de acción común por los tres millones de bolsillo, tal como fue resuelto por la reunión de secretarios generales del área pero no cumplido. 4) Frente al vaciamiento del Astillero y a la autotitulada “situación de insolvencia de la empresa”, y a la cual los trabajadores somos ajenos, reclamar la apertura de los libros y fiscalización del estado de cuentas a manos de una comisión de trabajadores electos por asamblea. 5) Abajo el plan Cavallo de hambre y despidos. Que la asamblea y el comité de lucha le ponga fecha al ensenadazo y que se vote el llamamiento a todos los cuerpos de delegados de base, representantes y a la población trabajadora de Ensenada para hacer una asamblea popular, que delibere y vote un camino de lucha para la defensa irrestricta del Astillero y sus trabajadores.

El Congreso de Conadu que sesionó el 15 de marzo en Buenos Aires reflejó la escisión política que menos de 24 horas antes se había expresado en el acto de docentes y ferroviarios en Plaza de Mayo. Un delegado por San Luis, que 15 días antes había defendido airadamente a De Gennaro y Mary Sánchez contra las críticas formuladas por integrantes de Tribuna Docente, manifestó ahora su indignación, en un discurso muy emotivo, por el uso que hizo la burocracia de CTERA del Himno Nacional en Plaza de Mayo para tapar desde los altoparlantes las consignas de lucha de los ferroviarios. Afirmó que era desde el palco y desde el aparato del acto de donde surgía el macartismo y la aparateada burocrática contra las bases combativas. Que desde allí se imponía la división “cuando solo correspondía la unidad de loe trabajadores contra el gobierno”. La intervención de la dirección de CONADU en el Congreso fue, a su tumo, una mera repetición del “palco” marysanchista. Planteó que el paro de 5 días (que se había realizado simultáneamente con CTERA) estaba agotado en sus posibilidades desde su concepción, porque nunca se concibió profundizarlo. Una evidencia contundente de esto fue el informe de una compañera de Misiones (de la misma facultad de Aníbal Velazquez, secretario general de CONADU, electa como delegada en reemplazo de aquél), quien denunció que el paro comenzó allí con sólo dos adhesiones porque Velazquez recorría la facultad diciendo que la decisión de parar debía ser “personal” (lo que también vale, claro, para las represalias que vengan en consecuencia). La medida de lucha sólo tomó fuerza en Misiones (el paro superó el 70%) cuando una asamblea convocada por los compañeros de base tomó en sus manos la cuestión. En todos lados donde los docentes se organizaron luego fueron partidarios de continuar el paro, en forma homogénea (Salta, Luján, La Plata, San Luis) o con un alto porcentaje de mandatos (Neuquén, Misiones, Rosario). El argumento común era que el aumento del gobierno era insuficiente y “trucho” que se intentaba dividir a los profesores (incrementos más altos para los docentes “exclusivos”, que constituyen el 8% del total) y que era necesario unir las luchas en curso hacia la huelga general. La corriente afín a la dirección, entre los cuales se incluyen algunos izquierdistas —como el secretario adjunto Kofman, de Patria Libre— sostuvo, en cambio, “que las bases no dan”, aprovechando que las facultades estaban aún en receso. El 35% de los mandatos se pronunciaron de cualquier modo por la continuidad del paro y es la base para agruparse en favor de una dirección consecuente y de lucha en CONADU.

“Las medidas de CTERA arrojaron un saldo positivo porque se conocieron ofertas salariales en casi todas las jurisdicciones”, declaró sin ponerse colorado Raúl Anzil, adjunto de CTERA. Pero cada hora que pasa confirma lo contrario. Ya es conocido que la “oferta salarial" de 2.000.000 (y que se cobra en abril) vale solamente para los docentes nacionales (y no como “básico” sino como “inicial" de bolsillo). Los gobiernos provinciales condicionan el pago de aumentos a la llegada de los "recursos nacionales", algo que será harto problemático con el "plan Cavallo”. “Según los números que manejan en Economía bonaerense -dice Clarín (20/ 3)- para mantener al día los salarios del sistema educativo sería necesario postergar el pago a otros agentes”. Cafiero puede, ante esto, pagar “salomónicamente” los salarios en “cuotas”. En Salta, por su lado, se está produciendo el desmantelamiento masivo de grados y aún de establecimientos, mientras que en Buenos Aires centenares de secciones de grados se hallan sin maestros; en distritos como La Matanza, por ejemplo “el promedio de alumnos sin maestro sería de 500 por escuela” (La Nación, 20/3). Los gobiernos provinciales están aplicando a rajatabla el criterio de elevar el mínimo de alumnos por secciones y dejar afuera a los maestros sobrantes. Anzil se reclama satisfecho por estas "conquistas". Hay que suponer que de ahora en más la dirección de CTERA se esforzará por “conservarlas”. La patota de Mary Sánchez se dispone de este modo a pasar el “cavallazo" sin pestañear. Los “conceptos” de Anzil (si se los puede llamar así), si por un lado pretenden distorsionar el balance del "plan de lucha” de CTERA también sirven para demostrar que la verdadera finalidad de este "plan de lucha" fue quebrar desde el "inicio" toda ilusión en la masa docente, de que la acción sindical pueda dar una solución o una vía de salida a su situación. En el extremo afán de deformar el balance de la actuación de CTERA y de quebrar cualquier intento por superarla, el mismo Anzil reprochó a los ferroviarios la metodología de su lucha “inorgánica” y les opuso la “organicidad" de CTERA (Página 12, 16/3). Resulta claro que el cerebro diminuto de Anzil y los espurios intereses que defiende, no le permiten ver que los magros aumentos que obtuvieron los docentes (y los empleados públicos) en marzo, fueron una consecuencia del temor suscitado en el gobierno por la huelga ferroviaria, y que ésta se impuso pese a las traiciones de la burocracia sindical y de CTERA. Que se vayan Las asambleas convocadas por Suteba (Buenos Aires), el lunes 18 de marzo para levantar la huelga (ya quebrada por la burocracia), sirvieron para revelar el abismo que separa al aparato del activismo. En dos distritos, por ejemplo, —La Plata y Berazategui—, donde las asambleas fueron masivas, triunfó la moción de proseguir la huelga. Esta misma tendencia de lucha se verificó en las provincias, como en la marcha de Adosac en Caleta Olivia, o la ocupación de establecimientos afectados por la “racionalización” en Salta. Este abismo plantea la necesidad de la expulsión de la dirección de CTERA y de sus agentes provinciales y la recuperación de los sindicatos docentes por los maestros. Estos se mantienen en la dirección, no por la voluntad de las bases, sino porque así se lo garantiza el Estado que les aprobó el estatuto burocrático. TRIBUNA DOCENTE ha llamado a impulsar la renuncia de la burocracia y en particular a promover pronunciamientos con la firma de delegados y activistas que sean la base de la organización de plenarios de la vanguardia docente y de un congreso nacional. Esto permitiría avanzar en la organización de los luchadores docentes. Todos los activistas y agrupamientos que hoy se enfrentan a la burocracia marysanchista tiene la responsabilidad de pronunciarse en favor de una campaña por la expulsión de la burocracia sindical.

El viernes 29 de abril, a partir de las 20 horas y casi al expirar el día 45 de huelga, los ferroviarios volvieron al trabajo. Los cesantes fueron los primeros en prestar servicio, pues así se pactó con la empresa para que no hubiese dudas sobre la reincorporación de todos. Cada uno ellos debió presentar un “recurso administrativo” individual solicitando la revisión del despido, quedando en funciones a la espera de la decisión final de la empresa sobre su situación. El tema salarial, que dio origen a esta lucha, queda en manos de una paritaria en la que intervienen por la parte obrera la “dirección” de La Fraternidad y “un representante por línea”, eufemismo a través del cual se plantea la participación de miembros de la “Comisión de Enlace de las seccionales ‘rebeldes’” De todos modos, la propuesta planteada por el gobierno es la recomposición conocida que significa una mejora promedio del 70% sobre los salarios existentes —el tema clave es el pago de los días caídos. Si planteamos tan escrupulosamente las bases del levantamiento de la huelga es para que pueda apreciarse en toda su medida la enorme paliza que los fraternales ferroviarios le propinaron al gobierno menemista. Luego que la huelga fuera levantada con los cesantes a bordo de las máquinas y los nuevos salarios, es decir con la satisfacción de las reivindicaciones, el gobierno y los medios de comunicación que responden a los grandes grupos económicos y aún la “prensa amarilla” travestida de izquierdista (Página 12), se han librado al ridículo espectáculo de disimular esta derrota para atenuar la crisis política que plantea. El gobierno podrá alegar que los trabajadores cesanteados están “en comisión” y a la espera de su “dicktat" final, lo que de cualquier modo es la situación de cualquier trabajador estatal o de empresa pública bajo el gobierno peronista. Lo único que esto revela es que el gobierno tiene montada una provocación contra los fraternales, por la necesidad política imperiosa de una revancha. El carácter “provisorio" con el que el gobierno reincorpora a los fraternales es la mecha de una nueva provocación, para reemplazar a las mil que le fallaron con esta huelga. La importancia del día 45 de huelga La reincorporación de todos los cesantes fue arrancada, en rigor de verdad, con el paro del viernes “santo”; éste volvió a colocar ante el gobierno la amenaza de continuidad de la huelga general y la crisis política hizo lo suyo. No fue un "malentendido" de la negociación previa, al punto que la empresa se cansó de decir que el levantamiento del paro debía ser “incondicional” y que no se dejó prestar servicio a una serie de compañeros en las distintas líneas, lo que motivó la reedición del paro “a los cinco minutos" de haberse levantado. Lo que debe llamar la atención poderosamente es que los fraternales aplicaron la línea de "paro automático si no reincorporan a todos”, que en el plenario de seccionales en que se levantó la huelga fue propuesta por la seccional Tolosa del Roca y no votada por nadie. Esto no revela ninguna intención maquiavélica de los trabajadores del riel sino su extraordinario espíritu de lucha: los activistas en las seccionales se agarraron de lo que en las conversaciones previas con el Ministerio de Trabajo y la empresa había sido planteado sólo como una posibilidad, para jugar a fondo la carta de la victoria. Horas antes, y podría decirse minutos antes, en varias seccionales no había criterio formado sobre qué hacer si no dejaban entrar a todos y aquí pesó la decisión de seccionales que hicieron punta y sumaron vertiginosamente al resto. A la mañana del viernes santo el paro era más masivo que al momento de levantarse la huelga y abarcaba a las seccionales que habían votado 24 horas antes el levantamiento “incondicional" —cuestión ésta remarcada una y otra vez por miembros de la Comisión de Enlace al momento de decidir. Reglamentación: ¿quién te recuerda? Quizás no todos reparen en que casi exactamente un año atrás y como conclusión de la anterior huelga de fraternales el gobierno resolvió anunciar que reglamentaría el derecho de huelga. Ya entonces advertimos que el planteo parecía sonoro pero era más una bravuconada que una amenaza, si se tomaba en cuenta el arsenal enorme de recursos legales y extralegales contra las huelgas de que disponía el Estado y que igualaban y hasta superaban a una reglamentación del derecho de huelga. La “amenaza" contra un derecho que el Estado viola todos los días era en realidad una herramienta que el gobierno ofrecía a burócratas y centroizquierdistas para que la esgrimieran como chantaje contra los trabajadores. Los fraternales y ferroviarios decidieron concientemente desconocer la reglamentación del derecho de huelga de entrada y han terminado de pulverizarla, oponiendo a las “razones de estado" de los explotadores y su gobierno las “razones de necesidad" de los trabajadores contra la confiscación capitalista de los Citibank. La “reglamentación" del derecho de huelga nació de una victoria fraternal que se quiso ocultar y muere con otra victoria fraternal — y ferroviaria— imposible de ocultar. Se ha confirmado así que el peligro no es que el gobierno restrinja un derecho de huelga que no existe y que es ejercido a pleno solo allí donde se impone la voluntad soberana de los trabajadores, que son los dueños de sus propios métodos de lucha. El peligro está en la confianza en la burocracia y en la confianza en los izquierdistas que se adaptan a la cobardía política y a la estrategia entreguista de la burocracia sindical. Nueva dirección En el haber de la victoria ferroviaria no solo deben figurar las reivindicaciones propias de su huelga. Como ocurrió siempre en la historia, lo que el movimiento obrero obtuvo en los últimos sesenta días, en particular los aumentos salariales por encima de lo previsto por el gobierno, son un producto de la huelga ferroviaria. Cuando Pedraza muestra los 250.000 al básico y el 25% de aumento de la masa salarial para la UF como un triunfo propio, está revelando hasta qué punto es un “fiolo” que medra con el esfuerzo de los demás y confirmando que las reivindicaciones que se arrancan son el producto de la lucha y no de la conciliación. La huelga de fraternales y ferroviarios es una derrota del conjunto de la burocracia sindical, que apeló desde el carnereaje organizado junto a la policía hasta la política de la “mediación "tendiente a lograr un compromiso de derrota, según fuese su variante, para tratar de quebrar el colosal movimiento de lucha. ¿Qué podrá decir Mary Sánchez, que produjo un aborto de plan de lucha con la finalidad de terminar con las tendencias a la huelga general entre los docentes y romper la posibilidad de una lucha unificada con los “inorgánicos” ferroviarios? ¿Qué podrá decir esta burocratona y todos sus pares y una vez más la “prensa amarilla” que se viste de izquierda, sobre el “fracaso inevitable" de toda huelga indefinida, cuando no pueden exponer otra cosa que la ruina del pueblo argentino como consecuencia de la genial “táctica” del “paro y negocio"?¿Que podrá decir Piccinini, que proclama que la clase obrera "no tiene enemigos" entre los Ubaldini y Miguel, y acaba de firmar la “flexibilidad laboral” en Acindar siguiendo al selecto grupo de burócratas, Triaca primero, que han dado este paso? La huelga ha puesto en crisis la dominación de toda la burocracia sindical respecto al movimiento obrero. El triunfo de la huelga se debe, primero y antes que nada, a la gran conciencia de clase de los fraternales y a su indómito espíritu de lucha. Esto se expresó hasta el último minuto de la huelga y no se agota en lo ocurrido el viernes santo. En el plenario de seccionales realizado en Tolosa el martes 26, con la huelga “cayéndose” en el Urquiza y debilitándose en el Mitre y el Sarmiento, las intervenciones de la mayoría de los delegados de asambleas denunciaron el levantamiento del plenario del sábado 23 por la Comisión de Enlace, producido en uno de los momentos más críticos de la huelga, cuando era necesario organizar como nunca los “cordones humanos” contra el paso de trenes resuelta e implementada durante la semana. Más aun, el plenario revocó por 19 a 13, el mandato de “flexibilidad” en la cuestión salarial otorgado a la Comisión de Enlace, lo que iba en contra de profundizar la movilización, al dejar de lado el reclamo salarial capaz de unir a los ferroviarios. En el plenario de levantamiento de la huelga, el jueves 28, el plenario aprobó por gran mayoría una moción de “condena a las CGTs, la San Martín y Azopardo, por el aislamiento al que condenaron la huelga ferroviaria y un llamado a la base del movimiento obrero para superar estas direcciones” (propuesta por Remedios de Escalada del Roca). Cuando un delegado hizo observar el contrasentido de fijar esta postura y llamar a una conferencia de prensa con representantes del ubaldinismo y otros personajes para que actuasen como “garantes” de los ferroviarios antes los despidos, la Comisión de Enlace defendió a capa y espada su política de “solidaridad” con estos dirigentes y llegó a plantear que “no son los fraternales, sino los docentes quienes deben silbar a Mary Sánchez" (cuando la puteada de los trabajadores del riel a la burócrata fue un acto de clarificación política de primer orden para la vanguardia obrera). Todo esto habla de la maduración de clase y la voluntad de lucha indomable de los fraternales como también de los límites profundos de la Comisión de Enlace, que tuvo como política común de sus diversas variantes (desde el Piccininismo hasta el Mas) la línea de “abrir canales de negociación”, lo cual implicó una posición inmovilista respecto a la profundización y extensión de la huelga. La victoria de los ferroviarios y su huelga no solo ha puesto de relieve la hondura de la crisis política, sino la imparable maduración de la clase obrera hacia una nueva dirección. Orientarse consecuentemente en este rumbo plantea “tomar partido” por el reagrupamiento revolucionario de la clase obrera. La catástrofe capitalista plantea una lucha gigantesca que necesita de esta nueva dirección, del partido obrero revolucionario.

La actual conducción de la seccional Temperley surge en el año 85 como consecuencia del triunfo antiburocrático de la Naranja, un frente de agrupaciones que respondía políticamente al PC, Mas, PO y a un sector del peronismo. En el resto de la UF, la agrupación del Mas proponía frentes únicos con la burocracia de la Verde, y la del PC iba directamente en listas de la burocracia. Es decir que el ex Frepu, actual Izquierda Unida, planteaba el frente único con.... ¡Pedraza! La obstinada posición antiburocrática del activismo, en cuyas filas militaban los miembros del Partido Obrero, permitió que en Temperley se afirmara un planteamiento inverso. Las diferencias políticas entre los integrantes de la Naranja ya presentes en el momento de la constitución de la lista, se acentuaron cuando ésta asumió la conducción de la seccional. I.U. lanzó un feroz ataque faccional contra los miembros del P.O. en la Ejecutiva, para obtener su desplazamiento. La función política de este ataque era desembarazarse del sector más consecuente en la defensa de la independencia política y sindical y tener las manos libres para ejercitar una política de compromiso con la burocracia. En oportunidad de la gran huelga ferroviaria de 1987, la Ejecutiva monocolor de I. U. estrenó su política. Cuando la Unión Ferroviaria — Constitución, Escalada, Kilo 5, Victoria, Boulogne y otras lanzaron medidas de fuerza de 48, 72 horas y hasta por tiempo indeterminado en el curso de un proceso al que se iba sumando seccional tras seccional, pasando por encima de la conducción de la Unión Ferroviaria, la política de la Ejecutiva de Temperley fue oponerse a una declaración de huelga de la seccional para lo cual “aguantó” con un paro de 24 horas y un reclamo a la burocracia para que se ponga a la cabeza de la lucha. El Mas llegó al extremo de traer despedidos de otras seccionales para desmovilizar a las asambleas y lograr que no se votara la huelga. En la coordinadora de seccionales formada a principios del 89, la UF Temperley (y el conjunto de I. U.) se dieron la política de “empujar” a Jaime y de marchar a la rastra de las directivas ubaldinistas de APDFA, Fraternidad y Señaleros. Existe una “autocrítica” oficiosa de la dirección del Mas con respecto a su política frente al “plan de lucha” de estatales, en enero-marzo de 1989, en el que denuncia lo que califica de capitulación suya ante el ubaldinismo. Cuando por esa fecha se produjo la huelga de los fraternales contra las cesantías, las direcciones ubaldinistas de APDFA y Señaleros se abrieron en ese momento crucial de la coordinadora, y esa deserción —una verdadera puñalada por la espalda al movimiento— fue imitada por la U. F Temperley. Esta ni siquiera atinó a reunir a la línea Roca, cuya representación ejercía la seccional dentro de la mesa coordinadora nacional. La coordinadora se esfumó cuando más necesaria se hacía como herramienta de lucha.

La Unión Ferroviaria-Temperley es una seccional cuya conducción está en manos de Izquierda Unida (Mas y PC). Su comportamiento en la huelga, sin embargo, no se distinguió en la práctica de las seccionales en manos de la burocracia, aun cuando se trata de una de las pocas seccionales opositoras a Pedraza o que se pretende incluso antiburocrática. Mientras otras seccionales de la U.F, como Victoria, Rosario u Olavarría se sumaban a la huelga, ¡superando a su propia burocracia!, la UF-Temperley siguió trabajando todos los 45 días de huelga con excepción de un paro de 24 horas. A partir de allí... impulsó un “quite de colaboración”, que se realizó de hecho en todo el país, simplemente porque los trenes no funcionaban. Semejante conducta pretendió ser justificada por los dirigentes de Temperley con el argumento (usado por los propios burócratas) de que las bases no querían la huelga ni paros. La directiva cumplió durante la huelga ferroviaria, con la formalidad de convocar a asamblea general (como lo ha hecho ritualmente en los últimos años) a la cual no asistió nadie (como también ha venido ocurriendo todo el tiempo). La ejecutiva se encogió de hombros ante esto, en señal de resignación, corroboró su tesis de que la “gente no da” y prosiguió con su “siesta” de izquierda. Lo que no se le ha ocurrido a esta dirigencia es buscar una explicación a esta situación de vaciamiento. No lo ha hecho, porque esta situación es el resultado de la orientación política conservadora de Izquierda Unida frente a la burocracia (ver artículo sobre la trayectoria de la U.F. Temperley). La conducción de I.U. de la seccional de Temperley tampoco aprovechó la huelga para reconstituir la organización y la movilización sindicales. Fueron infructuosos los reclamos del activismo para que la Ejecutiva organizara asambleas por lugar de trabajo. La respuesta fue ¡que la empresa no permitía asambleas en sus dependencias! (pero que aun así se hicieron en todas las seccionales en lucha). ¡La Ejecutiva recomendó que los activistas tomaran la iniciativa de hacerlas! Hubo iniciativas que partieron exclusivamente de los compañeros más combativos y cuya expresión más importante fue la asamblea de base Catenaria, que reclamó preparar una asamblea general de la seccional. La asamblea de base Catenaria puso de relieve, si cabía alguna duda, que existía una disposición combativa en por lo menos sectores de la base, pero ningún ánimo de lucha en la dirección. Esta actitud de completa falta de solidaridad y apoyo a la huelga ferroviaria no fue obstáculo, sin embargo, para que la ejecutiva de la UF-Temperley participara en los primeros plenarios de las “seccionales rebeldes”; ¡en condición de “miembro pleno”! Un integrante de la seccional, Kalcen, votaba la huelga por tiempo indeterminado y la continuidad de las medidas de fuerza, mientras en su propia seccional impulsaba la política de seguir trabajando. Este caso extremo de impostura no inmutó al representante de Temperley, quien siguió asistiendo normalmente a los plenarios. Pero el plenario finalmente tomó la iniciativa de quitarle la credencial de delegado, poniendo las cosas en su lugar, pero confirmando, por sobre todo, que el conjunto del plenario compartía la caracterización de que la Ejecutiva de Temperley no estaba con la huelga, sino en contra. El presidente de la seccional, Arrieta, acaba de revelar que tenía preparada su renuncia para hacerla pública con la finalización del conflicto. Esta confesión de bancarrota pretende ser presentada, sin embargo, como un “renunciamiento” a las ventajas de ocupar un puesto dirigente. Luego de provocarle averías al barco, uno de sus capitanes se tira primero al bote de rescate. Arrieta debe estar pensando que el “renunciamiento” le podría servir en las próximas “internas” de I.U., o en cambiar a ésta por algunos de los equivalentes centroizquierdistas en preparación. La experiencia de la UF de Temperley pone de relieve la completa falta de condiciones dirigentes de lucha, de parte de IU, algo igualmente comprobado en Sanidad, UOCRA, docentes, telefónicos. La reconstrucción de la UF-Temperley pasa necesariamente por un balance de esta política nefasta y por la delimitación con una tendencia y una política, que no son más que variantes de la burocracia sindical.

Palmira se halla a 30 Km. de la Capital de Mendoza, es el enclave ferroviario de Cuyo, allí se arman los trenes de pasajeros y carga hacia todos los destinos. El ferrocarril (San Martín) constituye la actividad económica vital de esta pequeña ciudad. Los compañeros que entrevistamos nos contaban que el apoyo de la población a la huelga fue masivo. El 28/3, día en que se había levantado el paro, una delegación de compañeros del PO mantuvimos una reunión con miembros de la Directiva local de La Fraternidad, delegados y activistas cesantes. Entre otros compañeros nos reunimos con Dardo MORALES, presidente de la Ejecutiva, Carlos SOSA, también de la Ejecutiva, Daniel RIEGA delegado cesanteado, Walter CRUZ, compañero cesanteado. PO: ¿Cómo y por qué se levantó el paro? DM: Hay una tratativa directa con la gerencia del ferrocarril donde se comprometen a reincorporar a todos los cesantes. La resolución se adopta en asamblea—que es el método con el que siempre funcionamos— (la respuesta es compartida por todos los compañeros presentes). PO: ¿No va a suceder lo de telefónicos? WC: ¡No! tenemos 62 cesanteados y si en 48 horas no están todos adentro volvemos a parar. En el caso de los telefónicos el problema fue la capitulación de Esquivel (otros compañeros intervienen reafirmando esta posición). PO: Hubo acuerdo salarial SC: Hay una negociación; evidentemente el reclamo original ya está desactualizado y tendremos que volver a organizar el reclamo (salarial) PO: ¿Qué pasó con los otros gremios ferroviarios? DR: En las seccionales de Cuyo el paro se sostuvo fundamentalmente en la Fraternidad, en algunos casos como en la seccional Mendoza los dirigentes frenadores fueron separados de la conducción y reemplazados por compañeros que garantizaran la huelga. En nuestro local (Palmira) concurren compañeros de la UF y Señaleros que están con la huelga y nos apoyan, pero que no han podido sacarse de encima a los dirigentes traidores que tienen. También queremos destacar el apoyo del pueblo de Pal-mira y de nuestras compañeras que hacen las empanadas que luego vendemos para el fondo de huelga. PO: Hay que ayudar entonces a estos compañeros a organizarse para superar a la burocracia. Varios: Hay que luchar por una nueva dirección para el movimiento obrero. La CGT de Ubaldini nos dio la espalda, hay que echar a la burocracia de los sindicatos. PO: ¿Qué experiencia transmitiría a los trabajadores? Varios: Que consideramos un triunfo nuestra lucha obtenida con unidad y sacrificio. Durante todos estos días, todos estuvimos al pie del cañón sin diferencias entre bases y dirigentes. La otra gran experiencia es que todas las resoluciones se tomaron siempre en asamblea; nuestros planteos se hicieron desde las bases. PO: ¿Qué piensan hacer el 1° de mayo? DM: Pensamos hacer un acto en homenaje a nuestros compañeros cesanteados. Al día siguiente de esta entrevista los Fraternales de Palmira paralizaban completamente el FCGSM como respuesta fulminante al intento de la patronal de impedir el ingreso de los cesanteados.

No por esperado dejó de sorprender a los trabajadores el “acuerdo” al que llegaron Rodríguez y los directivos menemistas de Foetra nacional con Telecom y Telefónica. La pretendida “renovación” del Convenio Colectivo de Trabajo “cocinada” por esta gente entre cuatro paredes suprime decenas de artículos, lo cual barre de un plumazo distintas conquistas gremiales, como las licencias, o los límites al régimen de sanciones. También se aumenta en una a dos horas la jornada de trabajo, la que pasará a ser de ocho o nueve horas. Las empresas pretenden “canjear” conquistas sindicales y la extensión de la jornada laboral por un “plus”salarial que es inferior a lo que deberían pagar por horas extras. Pero el “ahorro” cuando se trata de salarios no se aplica en lo que concierne a la burocracia de Foetra. El proyecto de “convenio” asigna un 2% de la masa salarial a lo que califica “tareas de capacitación sindical", pero que significa en realidad una confiscación del dinero de los trabajadores en beneficio de la burocracia encargada de esa “capacitación” conjuntamente con la patronal. Si por acaso los obreros se desafiliaran del sindicato, la patronal se haría cargo del “aporte”, imputándolo a sus “costos laborales". Congreso trucho Este “proyecto” fue dado a conocer el miércoles pasado, en las vísperas del feriado de semana santa. Un “Congreso" deberá aprobarlo el 3 de abril en Mar del Plata. Confeccionado a espaldas del gremio, será “aprobado” de la misma manera. El “congreso” sustituye la decisión original de lograr la aprobación del proyecto por medio de un plebiscito “cantado”, en el que los telefónicos debían poner el nombre y apellido al pie del voto. La burocracia ha debido recular ante el repudio que provocó el plebiscito delator, pero también ante los riesgos que éste llevaba consigo. En el “congreso” las seccionales mayoritarias (y a la vez opositoras) serían minoría en número de delegados, como resultado del “democrático” estatuto sindical. Ubaldinistas, “nuevo formato” La dirección de Foetra Buenos Aires ha tenido una actitud completamente pasiva ante las evidencias de la inminencia de este ataque contra las conquistas gremiales y laborales. Han esperado a que la dirección nacional convoque al “congreso" para llamar a una asamblea general para el martes 2 de abril. A la falta de preparación de la asamblea se agrega el hecho de que ella solo serviría para dar un mandato puramente formal a los delegados, pero no votar una movilización, ya que el “congreso” se realizará un día después. La directiva bonaerense también rechazó al “contra-congreso” que convocó la seccional Córdoba en oposición al congreso burocrático de Mar del Plata. Los Mary Sánchez de Foetra están decididos a llevar a los telefónicos al mismo desastre sufrido por los docentes. La responsabilidad del plenario de delegados Los delegados de la Lista Naranja denunciaron en el plenario que hombres del esquivelismo, como M. Mango, que revisten como “paritarios” (sin mandato, naturalmente) habían firmado el proyecto de entrega del convenio. La directiva ubaldinista de Buenos Aires se hizo la “distraída” ante la acusación, lo cual demuestra lo mucho que ha alcanzado la putrefacción de esta dirección. Plenario en Córdoba Con la presencia de algunas decenas de delegados y activistas telefónicos de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán se realizó el 29 de marzo el encuentro nacional convocado por la actual dirección de Foetra Córdoba para organizar la lucha contra la destrucción de las conquistas laborales contenidas en el convenio vigente. En ese mismo momento Telefónica Argentina despedía 50 trabajadores en Buenos Aires y Telecom tenía 200 telegramas en lista de espera. El esquivelismo (dirección de Foetra Buenos Aires) no se hizo presente en el encuentro. Volvió a manifestar de este modo su negativa a participar de cualquier movimiento que enfrente a la Foetra nacional. Lo mismo hizo en la huelga del '90, cuando se opuso a la convocatoria de un plenario de delegados de base para extender la lucha de Buenos Aires a escala nacional. Esto llevó en aquel momento a empantanar los intentos del activismo de Córdoba y de otras seccionales de sobrepasar a la actual dirección burocrática. Estos antecedentes refuerzan la convicción de que la directiva de Buenos Aires nada hará contra los despidos ni contra la liquidación del convenio a pesar de todos sus cacareos. Se ha dado la política de “conciliar con los intereses tácticos de las empresas”(documento interno de Foetra Buenos Aires sobre el convenio), ofreciendo “ a las empresas (la) disposición a analizar los problemas del servicio y sus soluciones". Esto significa, a buen entendedor, aceptar la extensión de la jornada de trabajo. Los delegados reunidos en Córdoba recibieron estas denuncias por parte de los representantes de Buenos Aires y discutieron la necesidad de impulsar una nueva dirección en el gremio. Resolvieron un programa de lucha dirigido a los telefónicos del país (ver aparte). Llaman a la impugnación del congreso trucho de Foetra en Mar del Plata, al desconocimiento de la comisión paritaria y al rechazo a todo lo actuado por ella, y a la conformación de una nueva paritaria “que garantice la representación proporcional de cada sindicato con delegados elegidos en asambleas generales de afiliados”. Corresponsal Declaración del Encuentro Nacional Telefónico de Córdoba: Hay otro camino Compañeros: Ante el agravamiento de la crisis económica que soportamos los trabajadores como consecuencia de la política de este gobierno que cuenta con la complicidad de toda la burocracia sindical. Los trabajadores telefónicos vemos con profunda preocupación que se pretende destruir nuestro convenio colectivo de trabajo a cambio de una tramposa oferta salarial por parte de las empresas licenciatarias y sus socios accionistas de la FOETRA. Este chantaje que cuenta con la complicidad abierta o disfrazada de la mayoría de las conducciones sindicales del país ha sido urdido a espaldas de los trabajadores y apunta a eliminar nuestra estabilidad laboral y a aplicar el régimen de trabajo policiaco. Prueba de esto son los despidos que han empezado a producirse, al tiempo que FOETRA pretende lograr la aprobación del anteproyecto mediante la acelerada convocatoria al congreso trucho de Mar del Plata. Frente a este cuadro de situación los telefónicos decimos: ¡Basta! Así lo expresaron los compañeros delegados y activistas de Buenos Aires, Tucumán, Rosario, Mar del Plata y Córdoba, y los compañeros de la conducción, de este último sindicato quienes se reunieron en el encuentro nacional telefónico y se pronunciaron por: El repudio a las cesantías y la implementación de un plan de lucha nacional de Foetra hasta la reincorporación del último compañero. El repudio al anteproyecto del nuevo convenio colectivo. La defensa de nuestro convenio colectivo 165/75 La exigencia de un sueldo básico para el inicial C 4 de 5.000.000 de australes. La impugnación del Congreso Nacional de Mar del Plata. El desconocimiento de la comisión paritaria y rechazo a todo lo actuado por ella. La exigencia de conformación de una nueva comisión paritaria que garantice la representación proporcional de cada sindicato con delegados paritarios elegidos en asambleas generales de afiliados. Para el logro de estos objetivos hacemos un llamamiento a todos los telefónicos del país a sumarse a esta propuesta para construir una nueva alternativa que responda a los intereses de los trabajadores. Córdoba, 29 de marzo de 1991 Despidos masivos en Telefónica: Los trabajadores se autoconvocan Durante el fin de semana largo la Telefónica largó una ofensiva de cesantías. El Sindicato Buenos Aires reconoció hasta el momento 100 telegramas recibidos. La mayoría de los afectados pertenece a planta operativa (instaladores, conservación de cables), área en la que trabajan las contratistas. La ola de despidos fue precedida por una semana de “apretadas” por parte de la empresa a trabajadores para que renunciaran a cambio de una indemnización especial. Esto fue denunciado por delegados en el plenario del Viernes 29 sin que fuera tomado por la dirección de Buenos Aires. Ante la pasividad de la burocracia esquivelista un sector de delegados y activistas se autoconvocaron el lunes 1° en la sede de FOETRA. Unos 100 compañeros resolvieron marchar a la salida del trabajo a las oficinas de personal de Telefónica en Florida 234. Con una autoconvocatoria de estas características empezó el proceso de la huelga el año pasado. Es urgente la convocatoria al plenario de delegados para que tome en sus manos la lucha contra los despidos.

Después de cuatro años, la burocracia sindical retomó el control de la Interna gráfica de Clarín, en una elección sin rivales, porque la comisión saliente no presentó una lista propia. Los arquitectos de la catástrofe son precisamente los dirigentes “izquierdistas" de esa comisión saliente. Un año y medio les llevó la “obra" que comenzaron al enterrar la ocupación del taller en Julio de 1989 en una lucha que se extendió por 45 días, la mayor que hayan protagonizado los mil trabajadores de gráficos y prensa del diario. En esa oportunidad la C.l. izquierdista levantó la lucha sin obtener ninguna reivindicación, enmarañando a la base con la “mediación de Ubaldini y varios parlamentarios", que “facilitarían la negociación con la patronal”. Evitaron, ni que decirlo “todo choque con el sindicato para no quedar aislados”. La política de la Naranja de gráficos fue, en ese momento, profundizar la movilización, marchar sobre el sindicato, imponer la asamblea del gremio y unir la lucha con La Nación, Perfil, Crónica y Atlántida, que eran protagonistas en esos días del último ascenso del gremio. Cinco meses más tarde, estos tempranos promotores de los “nuevos métodos piccininistas” en el movimiento obrero, los cuales consisten en declarar “caduca” la lucha y los métodos de acción directa, constituían “sin sectarismos” una interna frentista con elementos de la verde (la lista de la burocracia). Tras ello pasaron como por un tubo una reducción de personal de alrededor de 100 compañeros en dos tandas; la disminución de dotaciones en máquinas, la pérdida de conquistas internas y la definitiva reducción del salario real del diario que impuso la patronal en 1989. Clarín quedó colocado así detrás de Nación, de Crónica, de Atlántida y por momentos de pequeños talleres gráficos. No quedaron ni huellas del que fuera llamado “el diario de los burgueses del gremio”, debido a sus altos sueldos. Este remate tuvo como protagonistas al MAS y al PC. “Solidaridad”, del Mas, contabilizaba “el triunfo de la intervención de Ubaldini” y “el apoyo del sindicato gráfico a Clarín”. Llamando victoria a la derrota, con la sola finalidad de ocultar su responsabilidad en el retroceso, estos izquierdistas se lanzaron, tras las derrota de la ocupación, a formar la Agrupación “Celeste" con elementos desplazados del ongarismo, el PC, el PTS y algunos expulsados de la Naranja. Estos "genios de la nueva etapa” definieron su política así: “acumular fuerzas sin ir al choque” es decir, hacer tortilla sin romper huevos. A un año de aquello quedaron pulverizados y lo más podrido de la burocracia volvió a dirigir Clarín. El Mas abandonó el barco pero no su política, por eso no pudo reagrupar a nadie. La agrupación Naranja anticipó este futuro en el curso mismo de las luchas. Como consecuencia de esto una importante fracción de la vanguardia del gremio ha crecido políticamente y ha implantado internas combativas. Acumulando fuerzas por medio de la lucha, claro. Los dirigentes de Clarín, en cambio, se han fundido y han fundido el movimiento, no por haber sufrido una derrota sino por haber sido sus organizadores. Este balance vale para Ciccone, para Rotográfica Argentina, para la Nación, víctimas de la misma política. Vale para armar las luchas en curso en Quela, en la Prensa, alrededor del reclamo de una Asamblea General del Gremio en lugar del desgaste aislado, para superar la regimentación del estado patronal y de la burocracia…

El domingo 24 de marzo pasado se publicó en Página 12 una extensa solicitada, no por su texto sino por la lista de firmantes, que abogaba por “una nueva alternativa política” de cara a las elecciones de setiembre. La solicitada estaba firmada por sectores de Izquierda Unida (IU), como Carlos Vicente del ML 29 de mayo o como Makarz-Zas, que integraron las listas del Mas en la interna de IU; por "disidentes” del PC como Eduardo Sigal; por "independientes” que pertenecen a IU como David Viñas; y por sectores enrolados en la llamada centroizquierda y otros cercanos a Piccinini (tercero en el ranking de la aplicación de la “flexibilidad laboral”, sólo “superado” por Triaca y West Ocampo). Tres días antes, y también en Página 12 (21/3), la centroizquierdista CTN (Convocatoria para la Transformación Nacional) de Auyero, Monserrat, Estevez Boero y Volando, solicitada mediante, habían llamado a construir “una nueva opción electoral”. Plato recalentado De la lectura de las solicitadas, surge claramente que ambos nucleamientos defienden el mismo programa político. No ofrecen ninguna salida práctica a la angustiante situación de las masas ni procuran, mucho menos, orientar las tendencias a la rebelión y a la lucha, que bullen cotidianamente en las masas. A fuerza de repetir que hay que tener en cuenta a "la gente” y dejar de lado los “esquemas Ideológicos", los centroizquierdistas de todos los matices le pretenden imponer al pueblo el "esquema” institucional del Estado burgués y la resignación de las aspiraciones populares hasta setiembre (y naturalmente hasta las calendas griegas) y al parlamento. No hay ningún programa de acción en las solicitadas, lo que no significa que sus firmantes no actúen para apoyar el “reclamo del campo”, de devaluar el austral exportación y refinanciar con dinero de los contribuyentes las deudas del Hogar Obrero y de Sancor, entre otros, para pagarle al Citibank. Ambas solicitadas coinciden en afirmar que.se agotaron las "viejas” alternativas políticas, pero ofrecen el plato recalentado de "un nuevo modelo” que tiene los ojos puestos en un escaño parlamentario. Auyero-Monserrat, María Seoane-Brocato, o Sigal-Carlos Vicente, propugnan una "nueva" opción (la “novedad" es la pretensión de lo caduco) sin tomarse el trabajo de explicar por qué fracasaron en todas sus combinaciones políticas anteriores. En la centroizquierda figura también la corriente de Piccinini, quien sin embargo dice que pretende formar un Partido de Trabajadores. Pobre PT este que se pretende que nazca artificialmente en un tubo de vidrio capitalista. Estas solicitadas de contenido político similar no pretenden, sin embargo, coincidir, sino rivalizar. Los ratones son muchos y el queso es chico. Los centroizquierdistas caen en el típico hábito sectario del faccionalismo. Despotrican contra el viejo modelo, pero debutan con su vicio más notorio — la lucha de clanes por la prebenda. Mientras los Auyero y E. Boero pretenden repartirse entre cuatro paredes los posibles escaños parlamentarios, los de IU y aliados reclaman “elecciones abiertas”, apuntando también a I.U. Aún antes de haber logrado construir la nueva opción o alternativa, los socios se disputan las prebendas y dietas del viejo presupuesto. Una Izquierda no tan Unida La presencia de fuerzas de IU dentro del arco centroizquierdista demuestra el carácter y la composición centroizquierdista de IU. Tampoco IU fue otra cosa que un sello electoral, lo cual significa un freno a la lucha de clases y a la evolución política de los explotados que se orienta a resolver los problemas de los trabajadores y del país superando el ordenamiento proscriptivo del Estado burgués. En IU hay una derecha y un centro, y una izquierda que los ha caucionado, además de cometer sus propias fechorías (La Tablada, intervención en ATSA, apoyo a Ubaldini). La reciente expulsión del concejal metropolitano Gustavo Cóppola de IU es una expresión de las luchas internas en materia de candidaturas. Ya David Viñas había declarado que pondría a Mary Sánchez como secretaria de Educación, en caso de llegar a Intendente, o la propia IU había admitido la posibilidad de votar por Menem, si éste no obtenía mayoría propia en el Colegio Electoral. ¿Qué posición de principios pueden esgrimir Néstor Vicente, o Barcesat del PC, al votar por la expulsión de Cóppola, cuando al mismo tiempo firmaban una solicitada por el “reconocimiento del Estado de Israel”, una entidad más importante que la Municipalidad de Buenos Aires? ¿Debemos interpretar, acaso, que si el voto de Coppola en favor del presupuesto de Grosso es incompatible con los principios de I.U., como dice el Mas (que descubrió el voto de Coppola leyendo PO — la primera que lo denunció) el apoyo al Estado de Israel por parte de sus colegas no lo es? Coppola pudo haber pedido la expulsión de Zamora y de Echegaray por la propuesta que hicieron el Mas y el PC de co-intervenir el Sindicato de Sanidad junto al representante del Estado y West Ocampo, pero quizás no lo hizo para salvarle la carrera a Carolina Lister, partícipe del enjuague, que pertenece al PPT de Piccinini. La guerra de las solicitadas, las expulsiones y la apertura del libro de pases entre las fracciones de centroizquierda (I.U. es una de ellas) delata la descomposición de ésta, la cual está muy lejos de encarnar un “nuevo modelo”. La función de las tendencias centroizquierdistas es procurar que el Estado rescate a sus socios capitalistas en crisis y crear la confusión política entre los trabajadores.

Apocas horas de conocerse la libertad del comisario Ferreyra, quien estaba detenido como comprobado encubridor del crimen de María Soledad, más de diez mil personas salieron a la calle en Catamarca, en una movilización que no estaba enmarcada en las periódicas marchas del silencio. Simultáneamente, la abogada de la familia Morales anunció que posee una filmación de la "fiesta" donde perdió la vida María Soledad (Pág. 12, 26/3), en la que aparecen Guillermo Luque y Arnoldito Saadi (sobrino del gobernador). Por otra parte, la justicia tiene en su poder un video que demuestra que Luque y sus testigos —incluido el gobernador-mintieron, cuando aseguraron que nunca usó pelo largo y barba (como dicen haberlo visto varios testigos el día del crimen). A pesar de estas evidencias, Guillermo Luque sigue detenido sin que a más de un mes de vencido el plazo legal se haya resuelto su situación procesal. Divisiones En este cuadro de situación, la policía, la iglesia, el saadismo, la oposición y aún la izquierda de Catamarca tienen profundas divisiones. El oficial inspector Casas encabeza una rebelión de oficiales y suboficiales contra la plana mayor nombrada por el gobierno, pidiendo la renuncia de toda la jefatura “acusada de corrupción”. Por lo menos treinta policías que encabezan este movimiento están detenidos sin causa ni proceso y en carácter de "incomunicados" (Ancasti, 24/3). La iglesia que preside el obispo Miani —alineado con Menem y Quarracino— está enfrentada a los sectores de base que encabezan las marchas del silencio. Los sacerdotes y monjas que participan de la lucha contra los Saadi habrían sido emplazados por la jerarquía eclesiástica a no efectuar declaraciones públicas. Como forma de encuadrar esta división, la propia Asamblea Episcopal se reunirá, en los próximos días, en Catamarca. El saadismo reconoce, por lo menos, dos alas. La oficial, que preside el gobernador, estaría acompañada por el ministro del Interior, Mera Figueroa, y su exviceministro Díaz Martínez. La otra, ahora en manos del diputado y padre del detenido Luque, enfrentado a los Saadi por la situación de su hijo. La liberación del comisario Ferreyra, socio y amigo político del diputado Luque, se interpreta como una forma de frenar el choque de este sector contra el clan Saadi por la demora en resolver la situación de Guillermo Luque. A nivel nacional se conoció el trascendido de la remoción de Mera Figueroa, pedida por Cavallo, quien según Ámbito (29/3) ya tendría entre su gente al reemplazante. Este podría ser el paso previo a la intervención federal. La oposición El PJ, la UCR , el Pl y la Democracia Cristiana — autodenominado Frente Cívico— siguen manteniendo el pedido de intervención federal. Es en lo único que al parecer estarían de acuerdo. El PJ disidente que postula como candidato a Miguel Marcolli, ex funcionario de Saadi, lo quiere a éste a la cabeza de una fórmula. La UCR ni siquiera tiene un candidato común. El diputado Furque, apoyado en el radicalismo de Buenos Aires, se postularía como cabeza de cualquier fórmula; el jefe de “Renovación y Cambio”, y ex gobernador de la dictadura, Castillo, está de acuerdo que encabece el PJ y ser candidato a intendente; el resto de la UCR no lo quiere ni a Castillo ni a Marcolli, ni están de acuerdo en integrar un frente. Por si esto fuera poco, el general Bussi se ha manifestado a favor de integrar el Frente Cívico (Ámbito, 29/3) luego de su visita a Catamarca. De este modo desde la centroizquierda pasando por la Ucedé y hasta Bussi, todos están por la intervención federal. Hasta la Izquierda Unida se ha dividido. Un sector de ella considera que hay que apoyar e integrar el Frente Cívico y algunos de sus integrantes están ya en conversaciones con el PJ “disidente” de Marcolli. Más descomposición Acuciados por los sueldos de miseria, que se pagan atrasados, los docentes han salido a la lucha exigiendo 2.500.000 de básico (Ancasti, 22/3). Los estatales, que en la mayoría de los casos no rasguñan ni el millón y medio de sueldo, acaban de cobrar, parcialmente, los dos meses que se les debían. Menem ayudó a Saadi con una remesa de fondos de emergencia. Mientras tanto el boleto mínimo del transporte aumentó a 3 mil australes, una suma prohibitiva para la mayoría de los catamarqueños. En contraste, los diputados provinciales se aumentaron la dieta a un mínimo de 21 millones de australes (Ancasti, 23/2). La desfachatez de estos aumentos, en el curso de semejante crisis, revela el grado de descomposición al que ha llegado el Estado catamarqueño. A todo esto el juez Ventimiglia, aparentemente desolado, acaba de anunciar que para él “el caso está empantanado y nunca podrá esclarecerse” (Clarín, 27/3). Anuncia así, objetivamente, su retiro de la causa y hasta el propio retiro de la causa como tal. Para vencer Por primera vez los jóvenes que participan en las marchas han comenzado a romper el silencio. Se canta la canción de Luther King “Venceremos”. Esta actitud, junto a un acto de repudio, el sábado pasado, a la liberación del comisario Ferreyra, demuestra que los sectores en lucha están buscando, a su manera, una vía para terminar con los Saadi, en forma independiente. Pero para vencer a este régimen que se cae a pedazos, sigue más vigente que nunca la necesidad de dotar a este movimiento de un programa político. El alza de la última marcha es un signo de la posible reactivación de la movilización Pero precisamente por ello los Menem y Cavallo se apresurarán a golpear esos ímpetus populares, de común acuerdo con los Saadi. No es con los Marcolli y Cía, con los viejos personeros de Saadi y de la dictadura que se podrá poner en pie una salida para Catamarca. Es necesario que la juventud en marcha ingrese a la lucha política pero no detrás del carro podrido de los frentes cívicos y sus aliados. Hay que darle la espalda a quienes buscan la intervención para salvar al Estado en descomposición. Esa no es salida. Hay que poner en pie una Asamblea Popular que vote un programa independiente de los partidos patronales, aliados históricos del saadismo.

El plan Cavallo debutó como corresponde a un plan de “estabilización”: con un tarifazo. Los boletos ferroviarios aumentaron un 35%; obras sanitarias un 29%; correo un 25%; el gas 10%; y un 20% la electricidad. Con la cortina de humo de la des-indexación de la economía y de la de-flación de precios, Cavallo le dio otro brutal empuje a la carestía; el asunto, como siempre, es deprimir los salarios. Es así como ya se calcula el costo de vida de abril en un 5% por encima del de marzo, que fue del 15%. Según los índices oficiales, las tarifas quedarán ahora un 70% más caras, en dólares, que en mayo del año pasado, una fecha que Cavallo ha utilizado como base del nivel de precios que debería tener su plan. En lugar de rebajas que mejoren el poder de compra de las jubilaciones y de los salarios, tenemos más carestía. Pero Cavallo sí les rebajó entre un 15 y 20 % a los grandes industriales y terratenientes el precio de la electricidad y en un 13% el gas oil. También anunció el inmediato pago de los reembolsos (devolución de impuestos) y de los bonos a los exportadores. El tarifazo al pueblo subsidia de este modo directamente los descuentos a los exportadores y grandes explotadores. La vuelta de los piratas del asfalto El plan “resurrección" le ha devuelto la vida a los piratas del asfalto. El peaje que fuera suspendido semanas atrás, debido a la conmoción pública que provocó su carácter de desfalco, acaba de ser reimplantando con una tarifa de ₳ 10.000 cada 100 kms. A cambio de una supuesta “rebaja” en el peaje, el Estado renuncia a percibir el canon o tributo que corresponde a la concesión (unos 100 millones de dólares anuales) y paga a su vez a los contratistas un subsidio de 57 millones de dólares anuales con fondos de Vialidad nacional. ¡Pero, aun así, es absolutamente falso que se haya producido una rebaja en el precio del peaje, como insisten en informar los diarios, siguiendo el libreto del ministerio de economía! No se dice que el peaje era de u$d 1,5 cada 100 km, lo que equivalía (con el dólar a 5.000 australes ) a 7.500 australes y que el dólar que se autoriza a cobrar ahora equivale a ₳ 10.000, lo que representa un aumento, y no una rebaja, del 33,3%. A esto se le debe sumar no solamente la eximición del pago del canon y el subsidio de los 57 millones de dólares anuales, sino la posibilidad de meter los beneficios en los bancos a un interés cuatro veces mayor que el internacional y con un dólar que no debería variar. Por eso el “club del peaje” manifestó una “enorme satisfacción” con la “reconversión” de los contratos. Piratas de cuatro ruedas El otro robo es el llamado acuerdo automotriz, pomposamente bautizado de rebaja de precios. Como informan todos los diarios, los precios de los autos quedaron congelados a los valores de fines de febrero último, luego de “una rebaja de precios en dólares ya producidas entre enero y febrero” (Clarín, 31/3), que había sido decidida por las empresas. Esta rebaja de precios en dólares había sido la consecuencia de un comienzo de guerra comercial entre los distintos pulpos con el objetivo de acaparar una porción mayor del mercado, que se ha ¡do achicando por la crisis. Esta batalla de los precios simplemente estaba reflejando la competencia de descuentos sobre el precio final, por parte de las empresas, que se está desarrollando también en Estados Unidos y que se está preparando en Brasil. El inicio de esta “guerra" por parte de Sevel fue llevando a un encadenamiento de rebajas que amenazaba con afectar fuertemente el conjunto de los beneficios de la industria. De manera que cuando Cavallo Intervino para congelar los precios de los automóviles, simplemente procuró impedir una competencia ruinosa para las patronales y fijar un precio de monopolio o concertado que esas patronales no querían o no podían imponer por sí solas. Estamos ante un principio de delito monopolístico orquestado por el Estado, que reemplaza las funciones de un cartel de pulpos capitalistas privados. Pero para “incentivar" a los capitalistas a quedarse en el nivel de tos precios de febrero, Cavallo les ha ofrecido una reducción del 17% de los impuestos que gravan a los automóviles, con lo que, cual prestidigitador, convirtió en beneficio de monopolio el perjuicio que la reducción de precios, motivada por la guerra comercial, había provocado entre los capitalistas. Como consecuencia de esto, los nuevos precios en dólares resultan extremadamente altos con relación a los internacionales, algo que habla mucho de la competitividad industrial que dice buscar Cavallo, quien además se ha comprometido a mantener este nivel de precios nada menos que hasta diciembre. Se logra así que el precio interno se conserve inmune con respecto a la caída de los precios internacionales de autopartes y automóviles, y con respecto a la calda de los salarios dentro del país. Este acuerdo automotriz condicionó naturalmente la prometida reducción de aranceles para importar automóviles, los que ahora quedarán mucho más altos, protegidos por un régimen especial. Por si toda esta estafa fuera poca, la promesa de Cavallo de introducir el reembolso o devolución del impuesto al valor agregado para las exportaciones que se hagan a un beneficio inferior al promedio, permitirá vender autos al exterior con la ventaja del colchón de beneficios que garantizan los elevados precios internos. Como ocurre con el peaje, los “menores” precios de los automóviles son en realidad más altos que, por ejemplo, en vísperas de la devaluación del austral, cuando éste estaba aún a cinco mil australes. Un VW Gacel valía en diciembre 18.700 dólares o 93 millones de australes, en tanto que ese precio es ahora de 14.700 dólares que representan 147 millones de australes. El aumento en australes es del 57%, igual a la inflación enero-marzo, pero como además las patronales dejan de pagar impuestos a razón de dos mil dólares la unidad y pagan salarios un 15% inferiores a tos de diciembre, el resultado es que han logrado mantener el precio en dólares, a un nivel que es entre dos y tres veces superior al internacional. ¡A esto habrá que acrecentarle ahora la reducción de la tarifa de electricidad para la industria! Subsidio a Telefónica y Telecom Las tarifas telefónicas entran en el plan Cavallo con todas las garantías. No solo porque el pulso telefónico supera ya ahora los niveles internacionales, sino, además, porque seguirá aumentando como consecuencia de la inflación de marzo y de la que venga. Por el acuerdo de privatización, el abono y pulso telefónicos se indexan por la variación del dólar y del costo de vida, con la expresa salvaguardia de que si se elimina la indexación, “el Poder Ejecutivo compensará en forma equivalente a las sociedades citadas, según corresponda” (Clarín, 31/ 3). ¡Si se congela el precio del pulso, habrá un subsidio para el Morgan y el Citibank! En esta misma línea, Cavallo ha repartido en el lapso de unas horas más de 1.000 millones de dólares a la gran burguesía. El plan que pretende corregir el crónico “déficit fiscal" debuta con un festival de eliminación y devolución de impuestos como si el Tesoro desbordara de plata. Este cálculo de subsidios no incluye la evasión de los impuestos recientemente sancionados (se calcula una evasión de 200 millones de dólares solamente en el impuesto a los activos.) Estafa Todos las denuncias efectuadas hasta aquí - ya las habíamos señalado en PO, la semana pasada, cuando acertadamente caracterizamos al plan de Cavallo de “otra gran estafa”. Lo mismo hace una declaración que está distribuyendo el Partido Obrero. Este plan vuelve a organizar el subsidio a los capitalistas por parte del Estado, y de ningún modo constituye una suerte de “emancipación” del capital respecto al arbitraje, la protección y la garantía económico-política del Estado. El Estado no puede, naturalmente, ofrecer al capital una riqueza que no tiene, ya que no es fundamentalmente un productor de bienes. Para que el Estado subsidie al capital, primero tiene que obtener los medios de esos subsidios, expropiando a los trabajadores a través de impuestos, tarifazos y el incremento de la deuda pública —la cual genera inflación y futuros impuestos. El nuevo plan otorga también al Estado atribuciones para la emisión clandestina de dinero, ya que se autoriza esa emisión con el recaudo de que la cancelación de esa emisión tenga lugar antes de que la información llegue al público, o cuando tenga como contrapartida bonos impagables emitidos por el gobierno. La prueba de que son impagables es que se rescatan, amortizan o cancelan con la emisión de nuevos bonos. El plan vuelve a refutar a todos los teóricos izquierdistas o centroizquierdistas que pretenden que en el país ha surgido una “nueva burguesía” (Perez Companc, Sevel, Techint) que no necesitaría del “socorro” del Estado para competir con el capital extranjero. Nada más falso que esto, como lo demuestra el hecho de que los subsidios aumentan paralelamente al hundimiento fiscal del Estado. Este plan también refuta la especie de que la crisis capitalista no existe, toda vez que la bancarrota económica afecta al Estado solamente pero no al capital privado. Pero la crisis fiscal tiene su causa, en realidad, en la crisis de conjunto del capitalismo, el cual no solamente no logra financiar a su Estado sino que necesita crecientes subsidios de éste; no solamente no logra aumentar su tasa de beneficios con relación al capital invertido (a pesar de la creciente explotación de los obreros), sino que necesita además que el Estado intervenga para confiscar los ingresos de tos trabajadores a través del crecimiento expropia-torio de tos impuestos y del mecanismo brutal de la hiperinflación. El Estado y el capital ocupan niveles diferentes en la estructura de la sociedad, pero no por ello dejan deformar una totalidad, y aún más cuando el capital ha reclamado o aceptado una creciente intervención económica del Estado. La bancarrota fiscal es una bancarrota capitalista y aun doblemente capitalista, porque si la quiebra de un capitalista privado puede ser circunscripta, y esto no ocurre siempre, a sus proveedores, clientes, deudores y acreedores, la bancarrota del Estado constituye un fenómeno de alcances generalizados, que no solo afecta el funcionamiento mismo del capitalismo sino también la cohesión de la burocracia encargada de defender al Estado contra los trabajadores. En los considerandos del proyecto de ley aprobado por el Congreso, Cavallo caracteriza a la crisis económica como una consecuencia de la caída de la demanda de consumo. Esto último es cierto pero la caracterización es falsa, esto porque el consumo viene cayendo por la caída de la producción (lo cual produce desocupación y menores salarios); la producción cae por la caída de las inversiones y la no utilización de las instaladas; y éstas caen por la caída de la tasa del beneficio industrial y por la insolvencia de grandes sectores capitalistas y del Estado. Cavallo entiende, a partir de esta apreciación, que las “bicicletas” y subsidios podrían reactivar la producción y superar la crisis presente. En realidad esta superación no es posible hasta que no se liquiden a los acreedores y deudores afectados por la insolvencia económica, lo cual traerá aparejado un incremento enorme de la miseria actual, en particular en el llamado “tercer mundo”. El camino menos doloroso es la confiscación por parte de los trabajadores del impotente capitalismo, para proceder a una completa reorganización social en beneficio de tos que producen, trabajan y crean.