Prensa Obrera N° 324

En los anales de la capitulación del nacionalismo burgués ante el imperialismo, la bancarrota de Saddam Hussein tiene características históricas. Llevó al pueblo iraquí a una guerra contra el imperialismo mundial, sin dar ninguna batalla, en ningún plano, ni político, ni militar, ni social, contra el imperialismo. Durante más de un mes, Irak fue bombardeada sin miramientos por las principales potencias del mundo, sin que el líder iraquí pasara de las invocaciones a Alá y Mahoma. Nuevamente, las masas han debido pagar la aventura nacionalista con una masacre perpetrada sin límites por el imperialismo. Aventura nacionalista La invasión de Kuwait por Irak tuvo un carácter aventurero, demagógico y sin perspectivas. El PO distinguió de entrada el carácter progresivo de suprimir un Estado rentístico (petrolero), criatura del imperialismo, por parte de cualquier Estado oprimido, del carácter aventurero de la invasión militar do Hussein. Cuba, por ejemplo, tiene enclavada en su territorio una base norteamericana y no por eso es políticamente acertado invadirla, lo cual sería un pretexto para el ataque imperialista contra Cuba en su conjunto. En oportunidad de la guerra de Malvinas, el PO —que reivindica la soberanía argentina sobre las islas y que en la guerra contra la Flota británica luchó por la victoria argentina— siempre consideró una aventura la ocupación militar de Galtieri. La ocupación de Kuwait fue un intento por desviar y detener las contradicciones y crisis del régimen iraquí, insuperables para el nacionalismo burgués, y que son el resultado de la enorme deuda externa, de “bancal” un estado militar-parasitario, de mantener la opresión sobre las masas. Todo esto agravado por la caída del precio internacional del petróleo en una acción orquestada por los pulpos petroleros junto a los emires de Kuwait. Como régimen nacionalista y opresor, Hussein llevó adelante la invasión de Kuwait con métodos de rapiña y pillaje, pisoteando a las masas y nacionalidades de ese enclave y buscando, al mismo tiempo, llegar a un acuerdo con el imperialismo. En lugar de abolir la monarquía, otorgarle los derechos políticos a los trabajadores (en su mayoría inmigrantes), minar las posiciones de Turquía e Irán por medio de la declaración de autodeterminación de los kurdos, llamar a una Asamblea Constituyente y plantear una Federación democrática del Medio Oriente, Hussein llevó a Kuwait los métodos que aplicaba en Irak. En los seis meses que tuvo a Kuwait bajo su control, se dedicó al pillaje, a las bravuconadas internacionales y a proclamar su adhesión a una conferencia internacional sobre la cuestión palestina, cuando todas esas “conferencias” han servido para enterrar a los palestinos. Una vez desencadenada la guerra, Hussein dejó bombardear miserablemente al pueblo iraquí, mientras de boca para afuera seguía con sus bravuconadas. El imperialismo y los gobiernos serviles han presentado la victoria de los “aliados” como una proeza de la “civilización”. Se trató de un acto colonialista, una masacre sin resistencias, para defender el monopolio imperialista sobre el petróleo. Cien mil misiones aéreas, más de 200.000 muertos en su mayoría civiles, es el saldo de la barbarie reputada de “civilizadora”. Es absolutamente falso que en algún momento de la guerra el imperialismo yanqui se haya empantanado, como sostuvo el Mas (S.S. n° 364, 31/1) avalando la “inteligencia” militar de Hussein o que “las 20.000 incursiones aéreas y las armas ‘inteligentes’ del imperialismo no han podido quebrar la resistencia de lrak...” (ídem) ocultando la parálisis militar iraquí. Mientras el pueblo iraquí era bombardeado, Hussein no hizo nada salvo buscar permanentemente preservar a la Guardia Republicana, por ser el principal sostén del aparato del Estado, como se demuestra ahora que es utilizada para la represión interna. Ahora que el carácter también artificial del Estado iraquí aparece en su lado reaccionario (ante los levantamientos de las minorías oprimidas), el imperialismo lo preserva y se orienta a que el Ejército iraquí imponga una solución a la guerra civil. Se ve cuánta importancia tenía para Hussein no “jugar” al Ejército en la guerra contra el imperialismo. Tanto o más grotesco resulta la observación de que “contra todas las predicciones de la prensa imperialista que... sostenía que Saddam Hussein había elegido mal el momento para desencadenar el conflicto del Golfo, los hechos de los últimos seis meses están confirmando que éste tuvo razón”, como escribió el PTS (boletín de emergencia n°1), minimizando el genocidio imperialista y caucionando la aventura y las bravuconadas de Hussein. El papel clave de Gorbachov Aunque cierta prensa presenta a Gorbachov como “marginado” en la crisis del Golfo Pérsico, o con un papel reticente, el burócrata jugó un papel de primer orden. La burocracia de la URSS dio un apoyo total a la coalición imperialista, de la que formaba parte. Es falso que esta conducta se haya debido a su crisis interna, puesto que eso significaría que Gorbachov llevó adelante una política contraria a sus intereses, lo cual no es cierto. La burocracia de la URSS, en el último período, fue deshaciendo los acuerdos que había montado con los regímenes nacionalistas-militares de Medio Oriente en crisis y bancarrota y abrazando directamente a las monarquías reaccionarias y al Estado sionista. Así como tuvo que desembarazarse de los regímenes burocráticos de Europa Oriental, ante el total empantanamiento de éstos, en Medio Oriente la burocracia rusa se realineó con el imperialismo en función de desbrozar el camino al crédito imperialista mundial. Que ésta es la política de la burocracia, y no una política exclusiva de Gorbachov, se revela en que toda la burocracia apoyó este curso pro-imperialista. Durante decenas de años, los stalinistas sostuvieron que tos Estados burocráticos de Europa Oriental eran un factor de defensa de la URSS y actuaban como estados “tapones” contra el imperialismo. Del mismo modo presentaron los acuerdos con los regímenes militar-nacionalistas del Tercer Mundo como un auxiliar de la lucha antiimperialista y de la propia defensa de la URSS. Todo esto se reveló una ficción y así como tos Estados burocráticos se desbarrancaron como fruto de la crisis interior, los regímenes nacionalistas se hundieron como resultado de sus contradicciones internas insalvables. Ante esta realidad, la burocracia giró hacia las posiciones del imperialismo, anudando los lazos políticos con la reacción mundial mediante los llamados “acuerdos regionales”. Gorbachov fue una pieza clave en la llamada política de “tregua”, que no fue otra cosa que minar toda posición de resistencia al imperialismo. Gorbachov con su “mediación” contribuyó a la total desmoralización y desbande iraquí, y al mismo tiempo intentó preservar al Estado y al ejército iraquíes como factores de opresión interior. Por este rol de la burocracia, tanto The Economist (un vocero imperialista “duro”) como The New York Times (“blando”) saludaron la posición de Gorbachov. La situación actual La victoria imperialista significa otra gran golpe a la cuestión nacional palestina. Los intereses sionistas han salido fortalecidos. Eliminado Irak como estado militar, Israel ha quedado como la “dueña” del Medio Oriente. Es absolutamente falso que EE.UU. e Israel discrepen estratégicamente sobre la cuestión palestina. La formación de un Estado palestino soberano, incluso sobre una parte de Palestina, está descartada. En el mejor de tos casos podrá existir alguna suerte de administración (municipal) supervisada por Israel. Shimon Perez, del partido Laborista, que se supone de la línea “blanda”, propone anexar Cisjordania y dejar a los palestinos sobre Jordania. Inclusive sectores de la izquierda sionista (Marek Atter) propone que el rey de Jordania abdique y se expulse allí a los palestinos. Complementariamente la guerra ha desnudado el mito de la nación árabe, es decir que existirían intereses comunes ya no sólo entre explotadores y explotados sino entre sus distintos componentes burgueses. La disgregación del “mundo árabe” ha llegado a un punto culminante. La victoria militar imperialista, sin embargo, representa una salida de crisis puesto que el imperialismo mundial buscaba un reordenamiento menos crítico de las relaciones internacionales. Por eso un sector del imperialismo insiste en que fue un error invadir Irak y que había que mantener el bloqueo naval y comercial para producir un tránsito ordenado en Medio Oriente, ya que la guerra obliga ahora a operar en medio de una descomunal crisis. Por un lado está la guerra civil en Irak, la cuestión palestina continúa sin solución, el Medio Oriente en su conjunto aparece “desestabilizado” y se abre una etapa de descomposición generalizada que extiende la crisis mundial en momentos en que el imperialismo carece de recursos para hacerle frente. Así como fracasó la “liberalización” ordenada de los Estados burocráticos, en Medio Oriente la guerra introdujo un factor colosal de crisis en la “pax americana” que se estaba orquestando junto a la burocracia rusa. Adicionalmente, la guerra del Golfo Pérsico provocó un desbarranque en la política de la burocracia rusa: lo que pretendió ser un retiro equilibrado y ordenado tanto en Europa del Este como en Medio Oriente, ahora tiene que ser llevado adelante en, medio de una catástrofe político-social, en un caso, y militar, en el otro. Además, la burocracia de Gorbachov ha debido pagar el precio de aparecer como segundona del imperialismo, avivando la crisis interna en la URSS. Discutir el balance de la guerra Ante la miserable debacle del nacionalismo burgués, hay quienes dicen que tenían razón Fidel Castro, Lula y los democratizantes y centroizquierdistas que se declararon neutrales en la guerra. ¡Menos que nunca! ¿Qué autoridad tienen estos sectores cuando no supieron ver, más allá del aventurerismo de Hussein, los intereses generales de las masas de Medio Oriente, hoy millones de veces agravados por la masacre y la victoria del imperialismo? El neutralismo pacifista ha sido una rueda auxiliar del imperialismo, que pone de relieve el carácter pro-imperialista de los movimientos de dirección democratizante o centroizquierdista. La vanguardia obrera, juvenil, y antiimperialista de todo el mundo debe discutir el balance de la guerra del Golfo Pérsico.

Cuando Fernando Collor de Mello asumió la presidencia de Brasil congeló los precios y los salarios (después de una hiperinflación que multiplicó los primeros y "licuó" los segundos) y “secuestró” los depósitos bancarios y la deuda interna por 18 meses, con el objetivo de matar a la inflación de “un solo tiro” (según sus propias palabras). En realidad, el objetivo era salvar a los bancos de una quiebra inminente, a costa de los trabajadores. A un año la recesión es la más aguda de la historia brasileña, la producción industrial se ha derrumbado y la inflación viene orillando el 20% mensual en los últimos meses. El fracaso del “plan Collor” desnuda la impotencia de la burguesía brasileña para hacer frente a la crisis capitalista de su propio régimen político. Un “Collor II” ha venido a reemplazar de apuro al “Collor I”. Se han decretado nuevos tarifazos, la postergación de las paritarias y un nuevo congelamiento de los precios (en su nivel más alto) y de los salarios (en el más bajo). Pero sus posibilidades de "éxito” son todavía menores que las de su predecesor. La hipoteca representada por la deuda pública —que traduce la incapacidad de la burguesía brasileña de sobrevivir sin el subsidio estatal— es mayor aún que cuando Collor asumió el gobierno. Ascenso huelguístico Con el lanzamiento del “Collor II” el movimiento obrero brasileño entró en una nueva etapa de luchas. Los portuarios de Santos paralizaron durante más de diez días el principal puerto del país en reclamo de una imposición salarial del 160% (la pérdida que sufrieron bajo el gobierno collorido) y la reincorporación de los 5.300 huelguistas despedidos durante el conflicto. Una huelga general de solidaridad de toda la ciudad obligó al gobierno a recular con los despidos. Los petroleros de todo el país están en huelga desde hace una semana por los salarios, la reincorporación de despedidos y contra la privatización de la petrolera estatal. Los trabajadores de Autolatina (Ford-Volkswagen) respondieron con la ocupación de las plantas al anuncio patronal de producir 3.000 “retiros voluntarios" y 5.100 despidos. Autolatina, además, anunció la reducción de su producción a la mitad, lo que ocasionará una ola de cesantías entre la industria proveedora calculada en 80.000 trabajadores. La política de la CUT La huelga de la Autolatina puso en evidencia el carácter de la política de la dirección de la CUT, la central dirigida por el PT. Junto a la burocracia oficialista de la CGT, reclamó “la suspensión de los despidos por 30 días y la apertura de una lista de retiros voluntarios” (Folha de Sao Paulo, 23/2). Después de seis días de huelga (y de una maratón de reuniones secretas), Autolatina anunció la “postergación” de los despidos por 20 días y el reinicio de la producción al 50%'de su nivel anterior. La moción del sindicato metalúrgico de San Bernardo de levantar la huelga en esos términos “tuvo una expresiva votación en contra” (FSP, 27/2) en la asamblea de los trabajadores de la Volks. La dirección de la CUT ha vuelto a optar, como en el pasado, por la política de confinar las luchas a cada empresa, en oposición a la unificación nacional y a la huelga general. Se trata de una política de desorganización del proletariado. Frente a la ofensiva de conjunto del gobierno y de las patronales, las direcciones de la CUT y del PT han orientado su política a lograr un “acuerdo anticrisis” en el marco del Congreso Nacional. Una estrategia de lucha exige la unificación nacional de los reclamos salariales y contra los despidos en un pliego único y su imposición por medio de la huelga general para derrotar al plan collorido. Durante 1990 la CUT participó —contra la oposición de sus bases— con el gobierno, las cámaras patronales y la burocracia pelega del “entendimiento nacional” que pretendía proteger la “gobernabilidad”, es decir al gobierno Collor, de las huelgas obreras. El presidente de la CUT, Jair Meneguelli, llegó a afirmar que “podrían surgir soluciones a los problemas de fondo del país” de las reuniones con los patrones. Ahora, a pocos días de lanzado el “Collor II”, “la CUT ya tiene definida su estrategia contra las nuevas medidas económicas (consistente) en intensificar la movilización de la sociedad civil en el ‘Forum nacional contra la recesión y el hambre’... que es un espacio de discusiones entre trabajadores, empresarios, partidos políticos y demás entidades que quieran negociar soluciones para la crisis” (Jair Meneguelli en Gazeta Mercantil, 6/2). En nombre de este “espacio de discusión” la CUT subordina las reivindicaciones obreras a la “sociedad civil”, es decir, a la burguesía. Esto significa desarmar y desmoralizar a la clase obrera frente al ataque patronal en curso. El PT y la crisis política La agudización de la crisis económica y el ascenso huelguístico han sido el motor de una creciente crisis política. La burguesía y el propio gobierno se esfuerzan por articular un acuerdo “suprapartidario” que sostenga a Collor y a su plan de hambre en el Congreso. En el debut de este pacto, la “ley salarial"—el corazón del “Collor”— fue aprobada con el voto de los “opositores" PMDB y PSDB. El PT ha sido, sin embargo, una pieza clave de este acuerdo. Aunque el PT votó contra la “ley salarial”, lo hizo según los propios comentaristas de la prensa patronal sólo “para marcar una posición en un juego escénico, pero preparó las bases del acuerdo en torno a la ley salarial” (Folha de Sao Paulo, 2/3). Aloysio Mercadante, diputado del PT, criticó al PDT por abandonar las negociaciones con el bloque parlamentario oficialista en torno a la “ley salarial” y la bancada perista hasta ofreció votar en favor del proyecto gubernamental —que establece un salario mínimo equivalente al 50% de la llamada “canasta básica”— si se garantizaba la inclusión de ciertas modificaciones “consensuadas” por la oposición. Esto explica que, según la propia prensa patronal, la discusión del acuerdo alrededor de la “ley salarial" hubiera permitido que “se abrieran canales de comunicación con la oposición, particularmente con el PT, el PSDB y la ‘izquierda' del PMDB... preocupados con la gobernabilidad (del Estado)" (ídem). La política de contención de las luchas por parte del PT ha sido el factor clave que ha permitido al Congreso imponer la ley salarial de Collor. El PT y los partidos burgueses “progresistas” que éste corteja, se han convertido en el principal sostén de la “gobernabilidad” del Estado patronal. Un reconocido historiador brasileño, diputado del PT y partidario de su dirección, Florestan Fernandez, se ha visto obligado a advertir, en un reciente artículo en su columna de la “Folha de Sao Paulo”, acerca de la posibilidad de que el PT se convierta en un “partido del orden”. Frente de intendentes: En defensa de los “curros” y “negociados” Luiza Erundina, alcaldesa de San Pablo y dirigente del PT, ha sido elegida presidenta del recién fundado “Frente Nacional de Prefectos” integrado por intendentes de todos los partidos, incluido el oficialismo collorido. El frente presidido por Erundina se autodefine como “una entidad suprapartidaria”, es decir, por encima de los partidos y, por lo tanto, también de las clases sociales. Los integrantes del Frente se reconocen por su común carácter de burócratas estatales. La sola constitución de este frente entre los intendentes petistas y los de los partidos burgueses revela que los primeros no llegan al gobierno de las municipalidades como militantes obreros sino como funcionarios estatales. No es de extrañar entonces que este frente reclamara la “autonomía incondicional de las municipalidades”, que es el sueño de todo burócrata que desea llevar adelante toda suerte de negociados “libremente” y que no desea ver alterada su digestión por los reclamos de tos trabajadores. Pero esto nada tiene que ver con la “independencia” o las libertades democráticas: cuanto más “autónomo” es un Estado, más independiente es de las masas. Esta “autonomía”, y no otra, es la que reclaman los intendentes petistas, algo que su conducta política puso en evidencia. Erundina y los intendentes paulistas del PT —que despidieron huelguistas, congelaron los salarios de los estatales y reprimieron, como Jacó Bittar, las movilizaciones de los “sin techo”— impulsaron en las últimas elecciones el voto “fisiológico” en favor del candidato del gobernador estatal, Oreste Quercia, a cambio de un “mejor tratamiento” presupuestario de sus municipalidades. La “Carta de Salvador” —en la cual los intendentes explicitan su programa— es una declaración de apoyo incondicional al régimen social y político de la burguesía brasileña. Señala que “la crisis sólo tendrá solución por la implantación del desenvolvimiento económico”, es decir, sobre la base de la propiedad privada, la explotación obrera y el subsidio a los capitalistas. El frente de Erundina pone en las manos del Congreso —un organismo del Estado patronal dominado por el oficialismo y sus “opositores” burgueses— el “papel decisivo... para enfrentar la crisis”. Esto significa otorgarle un respaldo irrestricto al régimen collorido. Más aún, los intendentes proclaman que este papel “se acrecienta en la medida en que el ‘Collor II' no conquistó la imprescindible confiabilidad”. La firma de este programada “gobernabilidad” es una confirmación adicional de la participación del PT en el acuerdo parlamentario que votó la “ley salarial” del “Collor II” (ver aparte). Toda esta declaración de apoyo principista al régimen collorido está en función de obtener “la refinanciación de las deudas municipales, en la misma forma que la del gobierno federal”. ¡Pero las deudas municipales son el resultado de los “curros”, los negociados y las estafas de tos contratistas municipales y de los burócratas estatales que tos intendentes del PT deberían desconocer e investigar y no avalar y “refinanciar”! Los intendentes del PT han puesto en pie un frente popular del negociado y los “curros”, “sin límites a la derecha”, lo que revela que lo que realmente no tiene límites es su subordinación al Estado que tos mantiene.

A raíz de los atrasos en el pago de los salarios del mes de enero, surgió desde los talleres municipales un movimiento de base para iniciar un paro y extenderlo a los demás sectores del municipio. El plan de lucha fue tomado sin más trámite por el área de salud (Policlínico, Hospital, Bromatología) y por la administración, lo cual paralizó totalmente la actividad, pasando por encima de la burocracia sindical. A la propuesta de pagarles un adelanto de 1.000.000 de australes y el resto sin fecha, una nueva asamblea resolvió (ante la impotencia de la burocracia) continuar el paro. Cuando la patronal y la burocracia ofrecieron pagar lo adeudado sólo a los compañeros de los talleres, se resolvió el rechazo y continuar la huelga. Ante esto, el municipio tuvo que pagar los sueldos con los aumentos y horas extras adeudados. Triunfo total y experiencia para el futuro.

Para asegurarse el control del aparato e intervenir en la interna del PJ como flamante dirección electa, De Gennaro adelantó las elecciones de ATE. Armó una convocatoria entre gallos y medianoche, otorgando sólo diez días para la presentación de listas, ocultando los padrones, que además fueron “fiscalizados” por una junta electoral de 1987. En Neuquén, la maniobra burocrática fue aún más torpe porque se hizo valer la convocatoria de De Gennaro publicada en “Pagina 12” (un diario de escasa difusión en la provincia) y se llamó a una asamblea de seccional para elegir junta electoral para una fecha posterior al límite dispuesto para la presentación de listas. Estas manipulaciones demuestran el miedo a perder el aparato gremial. La burocracia ubaldinista local está enormemente desprestigiada por haber entregado las luchas más importantes de los neuquinos (especialmente la gran huelga de 1988). Se encuentra, además, dividida en dos alas: Fuentes que tiene el control del sindicato y Panetta que está directamente bancado por el gobierno sapagista provincial. Ambas fracciones oficializaron sus candidatos esperando bloquear con la improvisada convocatoria la presentación de una listada oposición. Pero la Naranja y Blanca —que está impulsada por el PO y tiene una reconocida trayectoria de lucha y enfrentamiento con la burocracia—realizó una excepcional actividad y logró completar en tiempo récord todos los requisitos para participar en el comicio. La lista se encontraba realizando una campaña de agitación contra la miseria salarial, la parálisis burocrática y en favor de la autoconvocatoria de delegados y activistas para elaborar un plan de lucha y realizó una enérgica convocatoria a formar una lista de unidad antiburocrática. Quedó finalmente integrada por un número muy importante de delegados y activistas que realizaron una experiencia con el degennarismo y comprendieron la imperiosa necesidad de imponer una nueva dirección en ATE. Ahora, la lista Naranja y Blanca va a redoblar la campaña por la autoconvocatoria de delegados y a prepararse para la batalla electoral.

En la provincia de Salta, los pobladores de Orán, junto con médicos y enfermeros, decidieron en una asamblea que reunió más de 1.200 personas, tomar el hospital hasta que se resuelva el problema salarial de los médicos y se provea una partida de emergencia para equipar el hospital. La ocupación se mantiene desde el 4 de marzo y todos los días se realizan asambleas que reafirman las medidas hasta que llegue la solución a los reclamos. Esta medida se ha extendido a la ciudad de Tartagal, donde también se ocupó el hospital. Este proceso de lucha en defensa de la salud pública se une con la lucha del Hospital Materno-lnfantil de la ciudad de Salta, que desde fines del año pasado viene realizando una vez por semana una Marcha Blanca reclamando medidas en defensa del hospital público y mejoras en los salarios. Esta marcha se vio engrosada últimamente con la decisión de los jubilados —que venían cumpliendo una movilización para que les paguen los salarios atrasados (recién se les está completando el pago de enero) de sumarse a las marchas blancas. El gobierno de Cornejo ha acusado de “subversiva” la lucha de los médicos y planteó que la provincia debe cumplir con el ajuste. Este ajuste consiste —en el área de la salud pública— en la reducción de los horarios de atención al público, el arancela-miento y el desmantelamiento del sistema de atención primaria (fundamental para la prevención). De la misma manera, el gobierno ha dispuesto medidas contra la educación pública por la cual se cierran 23 de los 27 terciarios, se despide a 3.000 docentes y se cierran numerosos secundarios nocturnos. Esto ha motivado que el gremio docente haya decidido no iniciar las clases en defensa de la fuente de trabajo, reclamando mejores salarios y en oposición al plan de ajuste educativo. En ese marco se están realizando asambleas con padres en todas las escuelas y se discuten medidas de movilización. La reacción de los trabajadores se está extendiendo fuera del ámbito de la administración estatal. En General Mosconi el cuerpo de delegados del SUPE acaba de a-probar la realización de una asamblea general para el 18 de marzo para discutir un plan de acción por el salario y para oponerse al plan de entrega del petróleo. En la zona cercana a Orán, miles de trabajadores se han estado movilizando en defensa de la fuente de trabajo ante la declaración de quiebra del Ingenio San Martin del Tabacal. Todo este proceso de lucha se da completamente al margen de las burocracias de ambas CGTs y de los partidos mayoritarios (UCR y PJ). Se está creando un inmenso escenario de lucha en toda la provincia, que tiende a unificarse. En estas condiciones, es posible retomar el camino de la Asamblea Popular, a través de la organización de un congreso de delegados con mandatos de los diversos sectores en lucha. De esta manera se podrá organizar una lucha común y a fondo (la huelga general) para defender el salario, la fuente de trabajo y la educación y la salud pública provinciales.

El gobierno provincial “aprovechó” el receso escolar de diciembre para dar a conocer su “proyecto de reforma de la escuela primaria”. El documento parte de la constatación de la quiebra del sistema educativo para proponer tres opciones de privatización de la enseñanza y abandonar a una última categoría el remanente de una educación estatal para la población “sin recursos”. La propuesta del Menem salteño simplemente demuestra que el hundimiento de la educación estatal no es el indeseado producto del “déficit fiscal”, sino la interesada política de los capitalistas y el clero por imponer la privatización. Uno de los modelos privatistas, propone formar sociedades escolares “mixtas”, en las que el Estado pondría y mantendría la infraestructura existente, en tanto que los capitalistas dirigirían el proceso educativo, cobrando para ello aranceles específicos. En el llamado modelo de cogestión el financiamiento queda a cargo de las cooperadoras y de los municipios, mediante la creación de nuevos impuestos. La función del concejo directivo previsto con representantes de tos padres es “bancar el funcionamiento de las escuelas”. Una tercera variante promueve fiscalmente las escuelas cooperativas, que es otra manera de subsidiar a la escuela privada. Estos planes de privatización han sido precedidos por la liquidación de cursos y carreras y la cesantía en masa de maestros y profesores. A fines de diciembre una circular del ministerio estableció el cierre de las carreras de 23 de 28 institutos terciarios que funcionaban en la provincia; otras circulares cierran numerosísimos cursos en secundarias; para primaria se auspicia un ajuste que dejará afuera a 3.000 docentes, centenares de ordenanzas y celadores a causa del cierre de 600 secciones (grados) y de llevar el promedio de alumnos por aula a 35 (que hasta ahora era de 25) Para los pueblos del interior el cierre de tos terciarios liquidará la única alternativa existente de acceso a la educación superior. No es formando comisiones de estudios con personalidades del radicalismo, o trayéndola a Salta a Mary Sánchez y a los secretarios generales de CTERA, para que digan que defienden las escuelas públicas, que vamos a derrotar a este plan “Túpac Amaru” en la educación. Tribuna Docente ha propuesto un plan de lucha de los docentes y el conjunto de los trabajadores hasta la huelga general.

Al momento de escribir estas líneas, se está cumpliendo el paro docente con la adhesión masiva de los docentes bonaerenses. A pesar de que la burocracia lanzó un paro matero, dividido, sin continuidad y sin un planteamiento sólido de lucha, los maestros han comenzado a movilizarse. La perspectiva está en darle consistencia a este despertar, superando la desorganización de la burocracia, proponiendo y organizando el pronunciamiento y la lucha ‘‘a la ferroviaria”, a partir de coordinadoras interescuelas, de asambleas soberanas y congresos soberanos de delegados de escuela. La aceptación del aumento a los docentes nacionales por parte de UDA y Amet solo viene a confirmar el carácter canallesco de ambas burocracias. El sueldo se eleva a 2.000.000 de inicial para marzo, que significarán 1.600.000 sin descuentos y mucho menos si se considera que se cobrarán en abril con una inflación galopante. El básico se “elevó” de 500 a 800.000, lo que hace que un maestro nacional con 15 años de antigüedad cobre en bruto, siempre en abril, 2.500.000 australes. Es un sueldo miserable y aun así no hay tampoco indexación prevista para adelante, con la híper al acecho y Cavallo reafirmando que “los salarios no se ajustarán por costo de vida”. La impostura de CTERA La dirección de CTERA reclama un mínimo inicial de 2.500.000 para febrero. El solo reclamo delata las intenciones de consumar un “show” y nada más. Un docente bonaerense con 12 años de antigüedad tiene un ingreso sin descuentos de 1.633.000, de los cuales solo 838 mil son de básico. Llegar a un “mínimo inicial” de 2.500.000 con una recomposición del básico en la misma medida, implica un aumento del 60%, que es menos de lo perdido desde la última recomposición del salario. Para un docente de Capital con antigüedad -inicial al día de hoy de 1.932.000- el “aumento” es irrisorio. La dirección de CTERA y sus agentes se opusieron tenazmente a levantar el único reclamo sólido capaz de unificar a la docencia de todo el país: 2.500.000 de básico, fuera las “sumas fijas” y los premios al “presentismo”. Con ambos mecanismos se ha operado la destrucción del salario docente, llevando el “básico” al 50% del llamado “salarlo de bolsillo”. Con las “sumas fijas” el Estado se ahorra lo que debería pagar por antigüedad, achatando todas las escalas. Con los “premios” al presentismo se consuma una verdadera estafa: lo descuentan a las primeras faltas siendo que los maestros están obligados a ir a la huelga no ya para enfrentar un salario de hambre sino incluso para cobrarlo. No hay un reclamo sólido y mucho menos un planteamiento de lucha para quebrar el brazo del gobierno. La burocracia ha lanzado un paro de una semana a partir del 11 de marzo, que ha sido presentado como el “no inicio” de las clases, pero que es el “inicio” de un “acuerdo”. Los dirigentes ya han adelantado que “no aceptarán la conciliación obligatoria en una primer etapa”, lo que revela que se reservan esta carta para después del paro. La “continuidad” de las medidas está en manos del superburocrático congreso de CTERA que se reúne el 15 de marzo. “Lo importante son las leyes” Mary Sánchez ha puesto especial énfasis en la aprobación de las leyes de financiamiento educativo y paritarias, que serán presentadas como “victorias” en el momento oportuno. La primera no resuelve nada, pues los fondos a recaudar son ínfimos y el impuesto a los activos es evadido como el resto. La ley de paritaria es una presa codiciada por la burocracia y el gobierno, que plantea la liquidación de las huelgas docentes a través de la conciliación obligatoria, la “autoregulación” y las guardias mínimas y de paritaria no tiene nada pues los acuerdos a que se arribe quedan en manos de las autoridades de cada jurisdicción. Eso sí, asegura a la burocracia un porcentaje de los aumentos que se resuelvan. Corresponde a los maestros desatar este “paquete” sobre la base de asambleas soberanas y abiertas a todos los docentes, para votar los 2.500.000 de básico y un plan de lucha en cada distrito que supere el planteo desgastante de la burocracia, que no tiene otro resultado que la pérdida de jomadas escolares para los niños y de parte del sueldo docentes para los maestros. La intervención en los paros anunciados y en la movilización del 14 —en la provincia de Buenos Aires han llamado a parar el Suteba y la FEB— debe estar orientada al reagrupamiento del activismo para trazar una perspectiva de lucha consistente, que supere el paro ritual de la burocracia.

“No estoy dispuesto ya más a ser profesor de una facultad con 16.900 alumnos regulares cuando su capacidad es de 1.500; ni de una cátedra de cirugía con 500 alumnos...” El autor de estos claros conceptos, el doctor Moirano, consejero superior por el claustro docente de la Facultad de Medicina de La Plata, no cumplió, sin embargo, con lo prometido, porque lamentablemente, ni presentó su renuncia ni propuso ampliar la capacidad de la Facultad ni la contratación de más profesores. Los consejeros docentes y graduados de Medicina impusieron, sí, lo que era el objetivo sinuoso de las palabras de Moirano, el examen de ingreso. Pero el examen de ingreso viene con el agregado de que anula la cursada de primer año en el 91, lo que es un atentado a los “derechos adquiridos”. El examen se rendirá en junio, en tanto que previamente se dictará un curso —no eliminatorio— sobre Física, Química y Matemática. El examen debe ser aprobado con 7 sin posibilidad de recuperatorio, como si existía en la época de la dictadura. Llamativamente el examen de ingreso a Medicina no incluye biología. Para quienes aprueben el examen, habrá luego un curso de “introducción a la Medicina” hasta fin de año, y recién en el 92 cursarán primer año. Nada de todo esto resuelve el problema de la “sobrepoblación” estudiantil, salvo que se usen los exámenes como “filtro” arbitrario, lo que constituiría un delito. En efecto, según denuncias de Ural Perez — Secretario Académico de la UNLP y hombre del rector Plastino —, el examen de aprobación con 7 puntos funciona como cupo, para que ingrese solamente el 10 % de los inscriptos, tarea que quedará en manos de la patrocinadora Asociación de Profesores. (Ural Perez impulsaba otro sistema restrictivo en base a un curso obligatorio con parciales y recuperatorios). Pero si con esta política se pretende adecuar violentamente la matrícula al tamaño del presupuesto, el resultado será al cierre, ya que el presupuesto continúa achicándose, con lo cual se apunta a beneficiar a la educación privada. Para apoyar el examen de ingreso, el cafierista Ginez González García, ministro de Salud bonaerense y liquidador del hospital público, argumenta que la Argentina tiene la relación médico-habitante más alta del mundo. Pero no dijo que la mortalidad infantil y el derrumbe de la salud aumentan, como consecuencia de que los egresados médicos no encuentran ocupación. Favaloro, aspirante al ministerio de Salud menemista, dijo que “los ingresantes a la universidad deben ser seleccionados por sus neuronas”, como opinaría el nazi Menguele. Pero semejante opinión pone en duda la calidad de las neuronas de Favaloro y aun el conjunto de su formación científica, que a lo sumo lo capacitaría para cortar y hacer trasplantes. La gran ausente en este proceso ha sido la movilización estudiantil. El centro de estudiantes es conducido por la Franja y el MNR, los cuales se limitaron a votar en contra en el Consejo Académico y a protagonizar alguna voltereta en el Consejo Superior donde se intentó anular burocráticamente la decisión. El sector del radicalismo que lidera el rector, distanciado de la Franja, impulsó la otra propuesta limitacionista —Ural Perez—, y todo el Consejo Superior votó la restricción del ingreso de estudiantes extranjeros que afecta principalmente a Medicina, donde estudian casi 1.000 peruanos. El cupo de ingreso fue bajado a 20. Hay que reemplazar esta política destructiva por un claro programa de lucha: abajo el examen de ingreso; curso de primer año en el 91; inmediato aumento de presupuesto educativo y de salud mediante el corte de subsidios a la educación privada y la suspensión del pago de la deuda externa; sistema de becas estudiantiles de vivienda, transporte, alimentación y estudio para frenar la deserción.

La seccional Remedios de Escalada de La Fraternidad del Roca es uno de los centros vitales de la huelga ferroviaria. Cerca de allí, los “frate” de Km.5 defienden a rajatablas el paro por tiempo indeterminado a pesar de la deserción de la comisión ejecutiva burocrática. Lo que va a leerse es un reportaje a compañeros dirigentes de la huelga en una y otra seccional. PO: ¿Cómo ven Uds. el desarrollo de la huelga en sus propias seccionales? R.: Me llamo Juan Domingo Fabregat, y pertenezco a la seccional Kilómetro 5, y circunstancialmente nos encontramos al frente de la seccional a causa de que cuatro miembros de la Comisión Ejecutiva renunciaron a la misma por no estar de acuerdo con el paro por tiempo indeterminado que fue votado en asamblea. Estos traidores, porque así los considera la seccional, nos dejaron varados en medio del camino, pero a causa de la comprensión de los demás compañeros, seguimos sosteniendo a pleno la lucha... R.: Me llamo Fernando León Boneto y también pertenezco a la seccional Km. 5 Lo que ha hecho nuestra comisión ejecutiva es una traición total, pero gracias al aporte de todos los compañeros que vienen al local y aportan con su presencia, vamos adelante. Tenemos el apoyo total del barrio y de la gente a la que estamos vinculados cerca del local, que nos dan toda la adhesión, no solo la económica, en mercaderías o dinero, sino el apoyo moral, que para nosotros es muy importante... R.: Yo soy Adolfo Cavallieri, pertenezco a la seccional Remedios de Escalada. Más allá de lo que reflejan los compañeros quiere destacar un hecho que considero importante: la decisión de la base tomada en asamblea de que no entren más los carneros a la seccional y entre ellos la comisión de reclamos dominada por la burocracia. Esta es una decisión importante que fortalece la huelga. R.: Soy Enrique Palacci, de la Seccional Escalada. El paro se reafirma día a día de modo contundente. En la marcha a Plaza de Mayo se logró movilizar una importante cantidad de compañeros, lo que también es así en lo que hace a la agitación y a la recolección de víveres y dinero para el fondo de huelga. En Remedios se eligió en asamblea un grupo de compañeros, una comisión de lucha que colabora con la Ejecutiva en las tareas de la huelga, pero todavía con debilidad, nos cuesta ponerla en funcionamiento. Se trabaja, se hacen las actividades pero muchas veces no es la propia comisión la que toma las determinaciones y las cosas salen en forma desorganizada, espontánea.... PO: ¿Cuáles son los problemas que ven Uds. en el desarrollo de la huelga? Fabregat: Nosotros consideramos que los 2.000.000 es lo mínimo que podemos contemplar. De allí para adelante podemos hablar. Por resolución de asamblea hemos dicho que no podemos canjear ni cesantes por salarios, ni salarios por cesantes y a esto hay que atenerse. Pero sobre el parámetro de 250 mil australes y algunos pesos más, que es de lo que se habla, no vamos a entregar 30 días de paro por esa ínfima suma... Cavallieri: Lo que veo es que las bases tendrían que participar un poco más del plenario de seccionales, porque es una manera de presionar ante cualquier debilidad y no quedar enganchado en algún ofrecimiento tramposo del gobierno. Lo que se nota es la debilidad del gobierno, que no tiene muchas cartas para jugar y no tiene mucho tiempo. Lo tiene que solucionar ya y la única manera que tiene es tratar de quebrar el paro. Por lo tanto nosotros, los fraternales, tenemos que demostrar seguridad y garantizar a la UF, que vamos a estar con ellos. Tenemos que hablar de todos los cesantes de todos los gremios en lucha y de todos los aumentos de sueldos de todos los gremios. Y tenemos que lograr extender la huelga más allá, no solo sacándola a la calle sino a los gremios ferroviarios. Y a parte ir a otros gremios estatales, no estatales, maestros, los que sean... Boneto: Tenemos que extendernos y tenemos que tratar o por intermedio de una carta abierta o por nosotros mismos de ir a la base de la UF, de Señaleros y explicarles como es la cosa. Mas somos, más fuertes estamos. Con respecto a la movilización de Mayo, creo que fue un éxito porque en teoría somos nueve mil fraternales y ha venido gente de la Unión, de Señaleros y esto revela las tendencias de la base. Palacci: Creo que lo que está tratando de hacer el gobierno es armar un paquete que contemple despidos y salarios junto a las directivas de la UF y de Señaleros, para tratar de desmontar el conflicto en las seccionales de esos gremios y dejar aislada a la lucha de las seccionales fraternales. Reeditar lo que sucedió en abril del año pasado, cuando las tres directivas dejaron aislado al gremio de La Fraternidad y de esa manera quedó en mejores condiciones para golpearnos. En cuanto a los problemas que tiene planteada la huelga, el principal es la extensión del conflicto y no como escuché decir a un compañero, que es radical, que el problema es “juntar plata para el fondo de huelga”. El problema político que tiene la huelga es su extensión, pero esto es muy difícil de lograr si no se proclama todos los días la lucha por un salario común, si los fraternales no se mandan a las seccionales de la UF para impulsar asambleas y resolver el paro o medidas que lleven al paro, si el propio plenario de seccionales no hace un llamado a la huelga general de los ferroviarios y al desplazamiento de la burocracia traidora. Justamente estos problemas se discutieron en Remedios en asamblea luego del plenario de seccionales de Haedo, donde se planteó que el reclamo salarial era de La Fraternidad solamente y que la Comisión de Enlace entrara a negociar con la Directiva, y este “achique” se producía ante un anzuelo y nada más que había tirado el gobierno. La asamblea nuestra dio respuesta a ambos problemas, votando que el reclamo salarial era de todos los gremios ferroviarios y con este programa llamar a todos a sumarse al paro por tiempo indeterminado. En cuanto a la dirección se votó textualmente que la dirección de los trabajadores es elegida por los trabajadores, que solo reconocemos a la Comisión de Enlace y no a la comisión directiva rompehuelga para negociar nuestros reclamos. Otra de las cuestiones que se votó fue la prohibición de entrada a cualquiera que no esté adherido al paro, el repudio a la intervención dispuesta por la burocracia a la seccional y el pedido de renuncia a esta directiva. Creo que este mandato dio respuesta a los problemas que se plantean en nuestra lucha.

Treinta días de huelga ferroviaria testimonian de modo brutal la profundidad del movimiento de lucha nacido de las seccionales fraternales y los profundos límites del gobierno para derrotarla. La huelga se ha sostenido a pesar de los despidos, de los anunciados cierres de ramales, de la intimidación policial y del carnereaje organizado por la mafia de Pedraza y Barrionuevo junto a las fuerzas de seguridad. Ubaldini y toda su corte —entre los que se encuentran los propios burócratas de La Fraternidad— han organizado en primera fila el aislamiento de la huelga, lo que no debe sorprender a nadie toda vez que se trata de un alzamiento de las bases contra las “conducciones orgánicas”. Tan importante como esto, los ferroviarios en huelga han pasado por encima de los “mediadores” que esta vez sin sotana, han querido jugar el mismo papel que en Foetra Buenos Aires meses atrás, proponiendo el levantamiento de la huelga con la discusión del salario “en paritarias” y la reincorporación de los cesantes en manos de la empresa. Los “fraternales” acaban de rechazar un pre-acta “trucho” y tramposo armado por los “mediadores” con el gobierno. La huelga tiene ciertamente sus puntos de debilidad; no se ha extendido más allá de los límites que alcanzó en los primeros quince días y ha comenzado una precaria normalización de los servicios suburbanos en el F.C. Mitre. El gobierno y la burocracia están lanzados a una demolición de la huelga seccional por seccional, apelando a la organización del carnereaje por la fuerza y otorgando en algún caso la reincorporación de los cesantes, a fin de aislar y derrotar al núcleo más sólido de la lucha obrera. La pretendida “política de negociación” con las seccionales rebeldes de parte del gobierno es el complemento de una estrategia de derrota de los huelguistas que apunta tan solo a bloquear la extensión del conflicto mediante la ficción de una “solución” en puerta. Viraje político La gran huelga ferroviaria encabezada por las bases fraternales, produjo un principio de viraje en la situación política, al transformar a los trabajadores en protagonistas independientes de la crisis política nacional, hasta ahora completamente dominada y monopolizada por alternativas burguesas y capitalistas. La acción obrera independiente planteada por la huelga ferroviaria se manifiesta en la irrupción de las bases, las cuales no solamente han neutralizado a la burocracia sindical sino que también han enfrentado las tendencias a llevar la huelga a la derrota con la supuesta “política de negociación”. Hace exactamente un año, los fraternales habían protagonizado una gran huelga, para lo cual se rebelaron contra la burocracia. Pero en aquel momento, los “ubaldinistas” tenían aún alguna autoridad, y es así que en APDFA y Señaleros, primero, y luego en ATE y Foetra, lograron estrangular las posibilidades de extender la lucha, lo cual dio un respiro al gobierno menemista y redundó en un agravamiento de la miseria de los trabajadores y en el estallido de la “tercera hiperinflación menemista”. Pero la experiencia no fue en vano. El alzamiento de las seccionales “rebeldes” tiene en la actualidad características mucho más profundas. Está impulsado por una catástrofe económica mayor, la descomposición total del régimen y una ruptura política masiva del pueblo con el gobierno. La acción y el pensamiento de los activistas de la huelga han puesto en evidencia un giro político profundo en su conciencia y han reemplazado la política de colaboración de clases de ésta por una política de acción directa. No es, como se dice, un “desborde”, sino el resultado de una maduración política basada en una larga experiencia de lucha. Es así que establecieron una dirección propia, mediante una comisión con funciones de enlace, rígidamente subordinada al plenario de delegados, mandatados por asambleas, y desconocieron la “reglamentación” del derecho de huelga. De entrada la tendencia profunda de las bases fue hacia una política de extensión y profundización de la lucha, lo que concretamente significaba la huelga general ferroviaria. Es así que se incorporaron a la huelga seccionales importantes de la UF y de Señaleros. En oposición a la política de inmovilismo con relación a la huelga y negociaciones sin perspectivas, impulsada por la Comisión de Enlace, el plenario de delegados de seccionales votó en el vigésimo día de huelga un llamado a la huelga general de todos los gremios ferroviarios, la constitución de piquetes de huelga, el reclamo de un paro general de todos los sindicatos y la movilización callejera (ver resolución plenario LF-Remedios). La Comisión de Enlace La Comisión de Enlace que coordina la huelga fue elegida por los delegados de las seccionales, lo cual no quita que en su seno se expresen tendencias políticas diversas. Este mosaico, que va desde ubaldinistas de izquierda al Mas, pasando por piccininistas, apolíticos y centroizquierdistas, se dio como política común la necesidad de “abrir canales de negociación”, lo cual implicaba una posición inmovilista respecto a la profundización y extensión de la huelga. En la resolución del 17/2 la Comisión de Enlace se pronunció por “la defensa mutua de los cesanteados como un factor esencial para la extensión y fortalecimiento de la huelga”, cuando correspondía levantar el reclamo salarial de los 2.000.000 de básico para todos los ferroviarios y llamarlos a la huelga general. Luego, algunos dirigentes fraternales de la Comisión plantearon que “su mandato era reclamar por los salarios de los maquinistas y no del resto de gremios”, lo que partía por el eje la extensión de la lucha hacia el resto de trabajadores y fue utilizado por la burocracia para retrotraer la huelga ya declarada en algunas seccionales. En ninguna resolución, hasta el plenario de seccionales del 5 de marzo, la Comisión de Enlace llamó a la huelga general ferroviaria y la formación de piquetes. Esa política de negociación llevó a y “conversaciones” que no implicaban una discusión formal con el gobierno-patrón y que por lo tanto contribuían al desgaste de la lucha. Se admitieron “conversaciones” luego del decreto de cierre de ramales y hasta se pretendió interrumpir plenarios para correr detrás de la última novedad “mediadora”. Es evidente que la Comisión de Enlace se atribuyó a sí misma el carácter de dirección político-sindical de la huelga, cuando en realidad su obligación es obedecer mecánicamente al plenario de delegados. Sus gestiones deben ser autorizadas por éste porque lo contrario es someterse, por este solo hecho a la presión del Estado y los patrones. Una “comisión de enlace” tiene por objetivo principal, como lo marca su denominación, ampliar la lucha, pues no otra cosa significa coordinarla. Perspectivas De cualquier manera, la Comisión de Enlace no ha alcanzado una autonomía tal como para imponer una salida a la huelga en abierta oposición a las bases. Esto se debe a que, de un lado, el gobierno no se ha puesto de acuerdo en ofrecer una cooptación de los dirigentes de la huelga a la dirección de La Fraternidad, lo que significaría desplazar a un sector de la burocracia del sindicato. Pero por otro lado, están la combatividad y la aguda conciencia política de los activistas ferroviarios. La huelga ha puesto en crisis la dominación de toda la burocracia sindical con respecto al movimiento obrero. No ha de ser en medio de ella que el gobierno vaya a descabezar o semi-descabezar a su agente político dentro de los sindicatos. El gobierno propuso, hacia el vigésimo día de huelga, una entrevista en el Ministerio de Trabajo con la burocracia y una “comisión ad-hoc” integrada por las seccionales rebeldes, previo levantamiento de la huelga. La pretendida concesión del gobierno al reconocer a los huelguistas —que algunos se apresuraron a caracterizar como “victoria” fue en realidad una maniobra para lograr la quiebra del paro. La burocracia lanzó la línea de una “tregua por 72 horas” acompañando la maniobra y se produjo una primera fisura en la huelga, con el levantamiento de LF White-Roca y algunas seccionales menores. Esto no fue determinante de un reflujo ni mucho menos: en realidad operó una radicalización en el activismo, como se expresó en la determinación de varias seccionales fraternales del Roca de organizar piquetes de huelga, y llevar este mandato al plenario de seccionales. El brutal anuncio del cierre de ramales “hasta la privatización” fue una confesión del gobierno de su incapacidad para quebrar la huelga, y al mismo tiempo un esfuerzo mayor para lograr intimidar a la base ferroviaria. El anuncio de las “drásticas medidas” fue rigurosamente acompañado por una política de maniobras para aislar el conflicto: al momento del "cierre” el gobierno ya negociaba su “reapertura”, una propuesta salarial y aún la reincorporación de los cesantes en ramales del Mitre, con la burocracia y sus agentes en la línea. El luego renunciante interventor de FA, Eduardo Nava, ofrecía sus buenos oficios a la Comisión de Enlace, mientras articulaba el desmantelamiento de la huelga. Como él mismo lo hizo público el miércoles 7 “se firmó el acta con las seccionales que levantaban el paro. Firmó la empresa, la CD de La Fraternidad por las seccionales que levantaban el paro y el delegado normalizador del Ministerio de Trabajo... Se avaló el levantamiento del paro en el ramal Retiro-Mitre” (Eduardo Nava en Clarín, 9/3/91). La resolución aprobada por el plenario de seccionales el 5/3, es la única política sólida: trabajar por la huelga general ferroviaria, formar piquetes, organizar la movilización callejera y coordinar con los otros gremios en lucha la huelga general. Esta resolución lamentablemente demoró veintidós días en salir. Las alternativas que enfrenta la huelga desde el punto de vista de la situación política podrían resumirse así: El gobierno ha logrado contener temporalmente la hiperinflación por medio de una tregua con los banqueros. Sobre esa base espera tener los recursos financieros necesarios para hacer contraofertas salariales mínimas que le permitan controlar la crisis política. Si la huelga ferroviaria se profundiza y amenaza con propagarse, el gobierno se verá obligado a buscar efectivamente encarar la reivindicación salarial y reincorporar a los cesantes. Así es como se plantea, correctamente, la famosa “negociación”. La única política válida es la extensión de la huelga, a todos los gremios ferroviarios y una tenaz tarea para organizaría. Esta es la política defendida por el PO desde el primer día de paro. Una política contraria fue la seguida por la burocracia de la UF entre 1985/87, la de CTERA en 1988 y la de Foetra Buenos Aires el año pasado, con el resultado de que la miseria se ha enseñoreado de los ferroviarios, maestros y telefónicos. Resolución del plenario: Huelga general en marcha El plenario de seccionales fraternales, ferroviarias y señaleras reunido en la seccional Remedios de Escalada el martes 5, votó por aclamación la siguiente resolución: 1) Ratificar el paro por tiempo indeterminado por la reincorporación de todos los cesantes y los 2.000.000 de básico para la escala inicial. 2) Realizar un urgente llamamiento a todos los ferroviarios a sumarse a la huelga por tiempo indeterminado. 3) Organizar comisiones de huelga para garantizar el paro en las seccionales que aún no han adherido o que han levantado. 4) Exigir a la CGT y a todos los sindicatos que se convoque a un paro general. Que se convoque a un plenario de dirigentes gremiales, seccionales, delegados para implementar este punto. 5) Adherir a la movilización a Plaza de Mayo resuelta por los gremios docentes para el 14 de marzo. Mesa de Enlace y seccionales en lucha. En Morón votan ir hasta el final El viernes 15/2 los trabajadores ferroviarios de la línea Sarmiento, se autoconvocaron en el local de La Fraternidad de Haedo, luego de haberlo intentado en la U.F. de Haedo. La asamblea votó el paro por tiempo indeterminado y la coordinación de los gremios ferroviarios de toda la línea desde Once a Moreno. En la asamblea estuvieron presentes compañeros del PO y de Tribuna Docente, que antes habían participado en el corte de la ruta 3 junto a los trabajadores del Hospital Paroissien. La asamblea obrera se caracterizó por el enorme fervor y fuerza. Los hombres y mujeres allí reunidos, impugnaron la política de este gobierno hambreador y “de esta burocracia que no está”—como no estuvo nunca—, a la que “como no sirve, les decimos que se vayan”. De pie y a mano alzada, los trabajadores votaron el paro por tiempo indeterminado con enorme ansiedad en un recinto que albergaba a más de 200 delegados, activistas y trabajadores, de talleres, playas, oficinas, etc. Los compañeros del PO, cuando se les dio la palabra plantearon: “que ante la declaración de guerra, por parte de Menem, a los trabajadores, nosotros debemos responder, con nuestra propia estrategia y con la misma fuerza, al régimen que nos ataca”. "La necesidad de coordinar, unir, reforzar las luchas en curso, hacia la huelga general”. “Trabajar por una nueva dirección y recuperar los sindicatos a manos de los trabajadores”. Fue unánime el aplauso por estas conclusiones, que los trabajadores hicieron suyas, en una asamblea genuinamente obrera. Raquel Gómez, Matanza

Una masiva marcha obrera recorrió el cordón de San Lorenzo el pasado miércoles 6, en protesta por las suspensiones y despidos en las grandes fábricas de la zona. Además de los compañeros directamente afectados — papeleros, químicos, ceramistas— se sumaron importantes delegaciones estatales: docentes, trabajadores la fábrica militar de Fray Luis Beltrán y petroleros. La creciente tensión obrera que venían generando las suspensiones estalló días atrás, cuando Celulosa (Citibank) despidió a 200 trabajadores. Al día siguiente, una asamblea multisectorial convocada por la CGT regional terminó convirtiéndose en una gran asamblea obrera, con la presencia masiva de los obreros de la Celulosa. En medio de un clima de gran indignación y combatividad, la dirección cegetista anunció la realización de la marcha, y la “posible convocatoria a un paro activo”. La marcha de este miércoles tuvo “dos caras”; por una parte, los 4.000 obreros presentes no se limitaron a repudiar al gobierno y a las patronales: los chiflidos también arreciaron cuando los dirigentes (ubaldinistas) de la CGT anunciaron la “adhesión de Ubaldini”. El mismo repudio se ganaron los “infaltables” saludos y comunicados de legisladores provinciales y nacionales, mientras crecía el reclamo de “paro general”. Sin embargo, la dirección de la CGT regional quiere despostar el porvenir de este movimiento en manos de los “abucheados”. Es así que ha dejado “en suspenso” cualquier medida de lucha, a la espera de una reunión con el gobernador Reviglio. Pero éste ha señalado que “hasta que no haya reactivación económica, esto irá de mal en peor”. Es decir, lo mismo que plantean las patronales: que los obreros deben hacerse cargo integralmente de la bancarrota capitalista. Es necesario trabajar por una nueva asamblea obrera de todo el cordón, ya que el movimiento iniciado con la marcha del miércoles 6 sólo tiene porvenir en manos de los propios trabajadores.

En un artículo publicado en su flamante y desconocido periódico (“Propuesta Política de los Trabajadores”), Alberto Piccinini, secretario general de la UOM de Villa Constitución y autoproclamado ex dirigente combativo, advierte acerca del peligro de “perder más de 300 puestos de trabajo y prácticamente desarticular la organización sindical en la fábrica”, como consecuencia de los planes de la patronal de Acindar. Para enfrentar esta amenaza, “ofrecemos —dice Piccinini— alternativas”. “No queremos—agrega—repetir ciegamente el pasado, nuestros ejemplo o modelos de lucha... Por eso renovamos nuestra metodología de acción”. “Flexibilidad compartida” ¿En qué consiste esa “renovación”? Según Piccinini, en que “hay que aceptar los cambios (de régimen laboral) en la medida en que no signifiquen un aumento de explotación de los trabajadores”, Pero, ¿cómo sería posible que una propuesta de “cambio” laboral de parte de la patronal pueda tener otro significado que el incremento de la explotación obrera? Y si no fuera así: ¿en qué residiría el carácter conflictivo del planteo patronal que obliga a Piccinini a “renovar” sus (sic) “métodos de acción”? Piccinini afirma en su artículo que la negociación de convenios globales por rama o gremio es “una forma vieja, anacrónica, de negociar con las patronales”. Propone, en su reemplazo, una “negociación descentralizada”, donde “no cedemos ante ninguna conquista de nuestro convenio por rama pero adecuamos ciertos mecanismos a la medida de cada fábrica, de cada región, de cada taller”. Pero esto sí que es, ciertamente, un anacronismo, porque sería volver a relaciones laborales muy antiguas y sólo superadas hace medio siglo, con la aparición de los sindicatos por industria. Al final, en el “esquema” de Piccinini, que fue impuesto en Chile por Pinochet y que Martínez de Hoz pretendió hacer valer en Argentina, se atomizaría a la clase obrera en tantas partes como le sea necesario al capital y se sustituiría el contrato colectivo por un virtual contrato individual. Piccinini afirma que la búsqueda de estas negociaciones laborales “particulares” debería ser la base de “alianzas intersindicales regionales”. Concretamente, Piccinini está discutiendo con la burocracia de la UOM San Nicolás el retiro conjunto de la UOM para formar un “sindicato siderúrgico regional”. Tomado el planteo de Piccinini en su conjunto, se puede ver mejor a qué apunta el hombre que enarbola orgulloso su condición de “ex-combativo”. Piccinini pretende evitar los despidos en Villa a través de la cual propugna eliminar las indemnizaciones por despido y el aporte previsional, y alterar en perjuicio de los trabajadores la protección contra los accidentes de trabajo. La patronal reduciría así sus llamados “costos laborales" sin reducir aparentemente los salarios en forma directa, como si aquellas conquistas no fueran precisamente parte del salario, es decir, una parte de la retribución de la fuerza de trabajo, y de ningún modo un costo “adicional” como podría serlo un impuesto. Como se ve, Piccinini está interesado en "mejorar" la “competitividad" de Acindar, no en proteger a los obreros de la superexplotación, toda vez que la “flexibilidad” de Piccinini implica una reducción del salario bien entendido y un incremento de la inseguridad social de los trabajadores. A partir de la defensa de esa “competitividad’’, está convencido que podría obtener contratos por empresa que establezcan períodos determinados de estabilidad laboral. Defendiendo los intereses de Acindar contra la competencia, y en detrimento de las conquistas de los obreros de Acindar, Piccinini cree que podría defender la plena ocupación en Villa, naturalmente que en detrimento de la clase obrera que trabaja para la "competencia”. Si los sindicatos de ésta última siguieran la misma línea de Piccinini —evitar la desocupación mediante la reducción de los “costos laborales’’— asistiríamos a una competencia entre obreros, para ver quien baja más sus Salarios y la seguridad social en aras de una precaria estabilidad laboral que no podría ser simultáneamente válida para todo el mundo. Piccinini pretende ser “realista” y es así que asegura que su planteo tiene en cuenta la tendencia a la “reestructuración” del capitalismo a nivel mundial. Pero, ¿no resulta absurdo encarar una tendencia “internacional” con planteos regionales y parroquiales? Por otro lado, la mencionada tendencia procura crear un ejército permanente de desocupados, que presione para abajo los salarios, con sus “costos laborales” incluidos, y que presione hacia arriba el desgaste psicofísico del trabajador, incluida su inseguridad social. A fuerza de querer ser “moderno” Piccinini se ha puesto en las antípodas de la burocracia sindical de Alemania, la más “modernista” de todas, la que frente a la mentada “reestructuración" del capital ha planteado la semana laboral de 35 horas, sin reducir el salario ni mucho menos “donar" una parte, como lo acaba de plantear la UOM de Villa, pues la reducción de la semana laboral permitiría atenuar la desocupación. La línea que propone Piccinini refleja la posición de los burócratas y de algunos sectores obreros minoritarios de las fábricas más grandes —y esto sólo hasta cierto punto— pretendiendo darle una salida al obrero especializado que trabaja en empresas de grandes capitales en detrimento de las masas de obreros de las empresas relativamente más atrasadas. Pero a fuerza de querer ser "realista”, Piccinini olvida otra tendencia del capitalismo, su tendencia a las crisis periódicas y a la desintegración como régimen social. Estas tendencias no pueden ser contrarrestadas en forma directa con la reducción del “costo laboral", pues plantean problemas mucho mayores para el capitalismo. Esa tendencia, que es la que está presente en la crisis actual, exige el desempleo en masa y la destrucción de una amplia masa de capital que permita concentrar y centralizar (es decir “racionalizar” en términos capitalistas) la explotación social. Por eso la política de Piccinini no podrá evitar los despidos en Acindar, ni tampoco lo logará la de Brunelli, en lo que se refiere a San Nicolás. “Partido de Trabajadores” Es verdaderamente curioso que quien sostiene esta política se declare, al mismo tiempo, a favor de un “partido de trabajadores”. Este último debe traducir la centralización política del movimiento obrero en su lucha contra el capital y contra el Estado. Pero la lucha por un partido obrero es inseparable del combate por unificar a la clase obrera en todos los órdenes, comenzando por la defensa colectiva del valor de la fuerza de trabajo. Piccinini, en cambio, pretende esgrimir una “propuesta política de trabajadores” y promover, al mismo tiempo, la atomización obrera en el piano sindical. En manos de quienes propugnan realidades obreras “particulares" el planteo de “partido de trabajadores” es sencillamente un fraude, dirigido a abortar y desprestigiar la perspectiva genuina de un partido de clase. Quién es el que ha retrocedido Si la patronal de Acindar aún no se ha decidido a golpear a los metalúrgicos villenses, ello se debe a su tradición de lucha: el mero recuerdo de los históricos combates de los años 74 y 75 despierta el temor de los explotadores. Para Piccinini, este precioso capital... es una hipoteca de la cual la UOM Villa debiera definitivamente desprenderse. Desde hace años, y ante la menor posibilidad de una lucha, Piccinini llama a no repetir los “errores del pasado”. Según el secretario general de la UOM Villa, cualquier estrategia de lucha estaría descartada en el “presente período de retroceso del movimiento obrero”. Pero la experiencia de Villa revela que el verdadero “retroceso” es el de su dirección sindical, que viene desarrollando una implacable labor de desmoralización sobre las bases obreras. La actual ofensiva empujará a éstas a una lucha. Pero también, a enfrentar a una dirección adaptada a los planes capitalistas. Sólo a partir de esta comprensión y de esta denuncia, el activismo de Acindar podrá rearmar a la UOM de Villa en una estrategia de lucha.

La patronal del pulpo Acindar ha despedido a 25 trabajadores, y suspendido indefinidamente a otros mil. La empresa “tomó la medida para concretar un plan de reconversión de la producción que deriva de nuevos métodos de trabajo” (La Capital, 22/2). La patronal quiere incrementar la superexplotación, a través de la rotación de puestos de trabajo, la eliminación de conquistas del convenio colectivo y la sustitución de personal permanente por contratados. La empresa ha estado exigiendo que la UOM renuncie al convenio colectivo de trabajo. Para preparar esta ofensiva, Acindar despidió en julio pasado a un importante contingente de delegados y activistas. La dirección de la UOM-Villa Constitución carece de la menor disposición para enfrentar estos ataques. Durante seis meses, ensayó una política de “concertación” con la empresa, que ha fracasado por completo. Ahora, conocidas las suspensiones y cesantías, su secretario general Alberto Piccinini desalentó cualquier medida de lucha, con el argumento que la UOM-Villa “no debía recaer en los métodos del pasado”. Poco después, Piccinini dio a conocer con qué “nuevos métodos” piensa enfrentar esta grave situación: las direcciones locales de la UOM y ASIMRA ofrecieron a la patronal “la donación de todos los empleados de la empresa del 25% de su salario de un mes a cambio de la reincorporación de los suspendidos” (Clarín, 4/3) agregando que, con ello, aportarían “un 10% más de lo que la empresa pensaba ahorrar con las suspensiones”. Las direcciones sindicales propugnaban, de este modo, transferir todo el peso de la crisis patronal a los metalúrgicos villenses. Horas después de conocida esta “propuesta”, Acindar agregaba 200 trabajadores más a la lista de suspendidos. Al mismo tiempo, —y como era previsible—desconocía la conciliación obligatoria que la dirección de la UOM saludara como “un triunfo”.

La “licitación” de las cuatro áreas de YPF (responsables por el 20% de la producción total del país) ha concluido en un total fracaso. Según los diarios, los pulpos petroleros que se presentaron habrían ofrecido unos 500 millones de dólares, pero ya ha trascendido que el monto ofrecido no llegaría a los 400 millones. Las condiciones de la “licitación” establecían que los pulpos privados se asociarían en un 50% con YPF pero que quedarían como operadores exclusivos de los 2973 pozos involucrados. La cifra ofrecida es totalmente ridícula cualquiera sea el parámetro que se tome. En octubre de 1990, cuando se llamó a licitación, el actual interventor en Tucumán, Julio César Araoz, entonces secretario de Energía, afirmó que reportarían “no menos de 1.500 millones de dólares” (Clarín, 2/10/90). Otro “experto”, Roberto Alemann se cansó de repetir por "Tiempo Nuevo” que ingresarían unos 2.000 millones de dólares. Con semejantes sumas se pretendía resolver el déficit fiscal y pagar parte de los intereses atrasados de la deuda externa, convirtiéndose en la vía de salida a la quiebra económica. El resultado final, sin embargo, es un 25% de esa cifra, apenas para enfrentar por 24 horas una corrida cambiaría. Con estas cifras en la mano, el ministro Cavallo anunció la anulación de la licitación de un área (Puesto Hernández) con el argumento de que se presentó “un único oferente”. Lo que el ministro no dice es que en las restantes tres áreas, donde hubo varias ofertas, las cifras ofrecidas por tos pulpos petroleros también son ridículas. Cavallo, con la anulación de un área, quiere tapar el negociado del petróleo y salvar la política de entrega de YPF. La burocracia del SUPE apoyó a Cavallo, porque también Ibáñez quiere salvar la privatización de las áreas rentables de YPF. Esas áreas producen unos 4.800.000 m3 por año. Al precio actual de 100 dólares el m3, equivalen a un ingreso anual de 480 millones de dólares. Con el control del 50%, en sólo dos años tos pulpos podrían recuperar la inversión, lo que significa una tasa de beneficio del 50% anual. ¡Pero los contratos son por 25 años! A cambio de los 400 millones de dólares “ofertados”, los pulpos participarían de un negocio "seguro" en áreas que ya están en producción, con reservas comprobadas de petróleo del orden de tos 40 millones de m3, pero con un reservorio en las napas subterráneas de 400 millones de m3. Además de la infraestructura y maquinaria, esas áreas contienen reservas de gas del orden de los 9.722 millones de m3 y una producción diaria de 3.300.000 m3. Con sus 400 millones de dólares por la compra de la mitad de las reservas, las petroleras están ofreciendo 20 dólares por m3 por la reserva comprobada de petróleo (el precio del petróleo extraído es de 100 dólares el m3 en el mercado mundial) pero absolutamente nada por las reservas de petróleo potenciales, nada por el gas comprobado y nada por la infraestructura instalada. Araoz y Alemann tienen razón ¿Araoz y Alemann se equivocaron cuando pronosticaron una oferta de 1.500 o 2.000 millones? Según un estudio publicado en el diario Río Negro (3/3/91), “el valor de estos cuatro yacimientos a costos económicos y de reposición (incluye las reservas comprobadas, los pozos en producción, tos costos de exploración que permitieron descubrir el volumen in situ e infraestructura de superficie) alcanzarla a no menos de 4.300 millones de dólares”. Si esto es así, la participación en el 50% equivale a unos 2.150 millones de dólares, aproximadamente lo que vaticinó Alemann. Claro que este método de evaluación es muy especial. Toma como referencia el costo histórico del capital existente, cuando en realidad debería calcular el valor actual del capital de acuerdo a la rentabilidad prevista en 25 años. El método del “costo” considera la composición productiva de los yacimientos como mercancías o bienes independientes, que se pueden vender por separado en una ferretería o en una destilería. Pero esos 3.000 pozos y sus instalaciones no son mercancías de bazar, es un capital productor de beneficio, y debe ser valuado sobre la base de tos beneficios que podría generarse en 25 años. Por este motivo ya se puede decir que el valor actual de estos yacimientos es considerablemente mayor al costo de sus inversiones. Pero además en relación a todo el reservorio de estos yacimientos, el llamado costo histórico no tiene en cuenta el valor del subsuelo que se calcula sobre la base de los rendimientos que puede generar la explotación de tos hidrocarburos que alberga. Alemann y Araoz no solamente no hicieron un cálculo capitalista del capital de esas áreas sino que fracasaron en el pronóstico de lo que efectivamente ofrecerían tos pulpos, sobre la base de un cálculo de “costo histórico”. Como la privatización no es nada más que la entrega a precio vil del patrimonio público, tos pulpos concertaron entre sí las ofertas e hicieron una propuesta monopólica de escasos 400 millones de dólares. Indudablemente esa cifra desploma la pretensión de Cavallo de resolver, aunque más no sea transitoriamente, los problemas del déficit fiscal. El ministro, a quien tos diarios también califican de experto, declaró la semana pasada que para mayo la Tesorería estaría equilibrada debido a los 1.000 millones de dólares que dejaría la entrega de las áreas. En estas condiciones, este fracaso significa también el derrumbe de la política de privatizaciones como medio de superar la bancarrota financiera del Estado. Pero este fracaso es lógico, pues lo que pretenden superar las privatizaciones es la bancarrota del capital privado a costa del Estado, ¡para lo cual hay que rematar el patrimonio fiscal! Si se suma a esto el fracaso de la entrega de Aerolíneas, la especie de que las privatizaciones resolverían el déficit fiscal y abrirían un curso de inversiones se ha revelado un puro cuento, como anticipadamente señalamos desde esta páginas. El descuartizamiento de YPF Con la entrega de estas áreas, YPF ha quedado prácticamente descuartizada pues se le sustraen las áreas más ricas y rentables. Como en mayo se venden, además, otras 28 áreas “secundarias”, la producción propia de YPF quedará reducida a la mitad. Los pulpos petroleros, que antes de estas entregas tenían el 35% de la producción, pasarán a controlar el 60% del total. Este descuartizamiento de YPF significa que el gobierno ha puesto a la orden del día el despido de miles de trabajadores petroleros. Estenssoro, presidente de YPF, ha hablado de 18.000 cesantías. De aquí en más se rematarán oleoductos y destilerías, como una consecuencia necesaria de todo el plan. La burocracia del SUPE ha sido cómplice de este descuartizamiento. Aceptó primero que se entregara a tos pulpos privados la exploración (Plan Houston), luego que se vendieran las áreas secundarias y finalmente las áreas centrales. En los últimos días Ibáñez produjo algunas declaraciones críticas que suenan a una cortina de humo, toda vez que no hizo nada para impedir la licitación de las áreas centrales. SUPE Toda la llamada “política petrolera” del actual gobierno debe ser sometida a una investigación independiente. Por una parte es necesario investigar la concertación monopólica que se ha producido en la “licitación” de las áreas centrales, como se desprende de las bajas cotizaciones ofrecidas. Por otro lado tos diarios han abundado en información probatoria de que la “des- regulación” petrolera ha permitido a la Esso y a la Shell fijar a su arbitrio el precio de los combustibles, en clara connivencia con las autoridades de YPF. Se estima que desde que comenzó la “desregulación”, en enero de este año, Esso y Shell acrecentaron sus beneficios en el orden de los 50 millones de dólares mensuales, mediante el aumento de los precios de los combustibles en Argentina... en tanto que han caído a nivel internacional. Se avecina una etapa de cesantías masivas en YPF. La burocracia del SUPE no tiene ninguna política para enfrentarlas; peor aún, es cómplice de los despidos que están en carpeta. Sin embargo, el gremio petrolero va a la lucha y esto ya se nota en la efervescencia en algunas seccionales del interior, perjudicadas por la entrega de las áreas centrales. El primer problema es el escollo de la burocracia. La primera reivindicación es que las direcciones regionales del SUPE convoquen a asambleas para reclamar la anulación de las entregas de las áreas y se fije una política para impedir las cesantías. Es necesario elegir como representantes a compañeros comprometidos con una política de lucha contra el saqueo capitalista y la defensa de las conquistas obreras. Ibáñez apoya el “descuartizamiento” En la reciente y extensísima solicitada que acaba de publicar, la burocracia del SUPE no dice ni una sola palabra sobre la entrega de las áreas petroleras centrales de YPF a un “selecto” puñado de pulpos nacionales y extranjeros. La razón por la cual la dirección del SUPE pasa por alto “lo que el pueblo debe saber” sobre el corazón del “descuartizamiento” de YPF es que la burocracia apoya la entrega de las áreas centrales, de la misma manera que apoyó la entrega de las llamadas “áreas secundarias” y apoya el nuevo llamado a licitación de otras 28 áreas de YPF. Mientras la burocracia deja pasar el “descuartizamiento” de YPF —y los despidos que le seguirán— reclama que “la transformación de YPF sea mediante ‘ley previa que la autorice’”. Se trata de un reclamo de prebendas que la burocracia pretende obtener por su conducta antinacional. No en vano, los hombres de Ibáñez terminan su solicitada con una vieja y gastada muletilla: “esto lo arreglamos entre todos...”

En la madrugada y a escondidas del resto de los parlamentarios, los senadores bonaerenses del PJ dieron “estado parlamentario” al proyecto de “ley de lemas”. De este modo el proyecto podrá ser puesto a votación en este mes. El apuro de los legisladores revela que al PJ bonaerense y al propio gobierno nacional les ganó la misma desesperación que en Tucumán y Santa Fe, donde también aprobaron la “ley de lemas”, ante el temor de una catástrofe electoral. Y demuestra también que están dispuestos a montar un fraude político para evitarlo. La “ley de lemas” permite la presentación de varios candidatos de un mismo partido, cuyos votos se suman. Resulta ganador el candidato más votado del partido que más votos haya recibido, que no es necesariamente el candidato más votado. Significa, por tanto, la liquidación legal de la ficción de la “soberanía del voto popular” toda vez que cuando el ciudadano emite su voto, no sabe quién será su destinatario final. La “ley de lemas” violenta la voluntad política expresada en el voto ya que el sufragio puede favorecer, finalmente, a un candidato rechazado por la mayoría de los electores. Se trata de una violencia conciente contra la ciudadanía, puesto que los partidos patronales, expertos en “sumas” y “marketing político”, presentarán candidatos para todos los gustos: derechistas, izquierdistas, clericales, laicos... La “ley de lemas” es un recurso desesperado del justicialismo para evitar que su disgregación imparable y el repudio popular al gobierno —tanto nacional como provincial— terminen en una catástrofe para el régimen político. Para lograrlo, los mentores de esta pieza de “ingeniería política” no han vacilado en violar la propia Constitución provincial, que establece la elección del gobernador por “simple mayoría de votos”. ¡Estos son los “demócratas” que el año pasado quisieron reformar la Constitución provincial! Verdadera radiografía de la crisis política, la “ley de lemas" también ha servido para poner al desnudo la crisis de la UCR. Mientras que los alfonsinistas —que se consideran los beneficiarios de la debacle justicialista—pusieron el grito en el cielo, el angelocista Melchor Posse se ha declarado partidario de su aprobación y “opera políticamente” con el vicepresidente Duhalde y el vicegobernador Macaya para imponerla. Precisamente fue el intendente radical de San Isidro quien sugirió a Macaya que, para “puentear” la declaración de inconstitucionalidad, “había que establecer en la ley de lemas una segunda vuelta o ballotage”, es decir, sumar dos engendros antidemocráticos para violentar el voto popular. La realidad política actual muestra que los partidos patronales se despedazan. Por eso preparan entre bastidores, un fenomenal fraude político.

La tercera etapa hiperinflacionaria no se ha cerrado. El viernes 1° el gobierno tuvo que vender 250 millones de dólares, ante una concertada corrida cambiaría orquestada por los banqueros. Para hacerle frente, Cavallo aumentó en forma espectacular los fondos que los bancos depositan obligadamente en el Banco Central y les ofreció una suculenta tasa de interés. Como a su vez los bonos del Estado, que tienen en sus manos esos bancos, se ajustan también por la tasa de interés, el ministro Cavallo “paró” la trepada del dólar mediante el acrecentamiento de la deuda pública. Mientras los diarios exaltan la “jugada fuerte” del ministro, soslayan que Cavallo les paga beneficios extraordinarios a los banqueros responsables del “golpe económico”. A cambio de estas ganancias, los bancos han arribado a una “tregua” con el equipo económico encabezado por Cavallo, tregua que se armó con el patrón del Citibank, John Reed. En el encuentro, Reed le señaló a Cavallo el recorrido que deberá seguir: acelerar algunas privatizaciones, dejar éstas como coto cerrado de la gran banca, aumentar los pagos de la deuda externa y negociar un paquete completo con el FMI. Cavallo pidió un respiro, para llevar adelante esta política. Los banqueros accedieron y han colocado a Cavallo en “vigilancia”. Esta “tregua” se asienta, además, en otra “bicicleta financiera”, puesto que Cavallo largó una especie de “tablita cambiaria” (aseguró que el piso del dólar a fin de mes será de australes 9.700), lo que permite a los grandes bancos y especuladores levantar en menos de un mes una tasa en dólares del orden del 15/20%, lo que en los mercados internacionales se consigue en un año y medio o dos. Con este acuerdo provisorio con la banca en la mano, Cavallo se largó a anunciar unos aumentos de salarios, con la intención de bloquear el poderoso movimiento a la huelga que anidaba en vastos sectores de trabajadores, y que podían confluir con los fraternales y docentes. Los aumentos no compensan las pérdidas salariales de los meses anteriores y sirven sólo para unos días, pero la burocracia se lanzó desesperada a exaltarlos a fin de bloquear la tendencia a la lucha. La crisis de las privatizaciones Aunque Cavallo desmontó transitoriamente la subida del dólar y la extensión del movimiento huelguístico, la crisis política y del régimen menemista están al rojo vivo. Las privatizaciones atraviesan una crisis pavorosa. Después de anunciar que ingresarían 1.000 millones de dólares por la entrega de las áreas centrales de YPF, el gobierno se tuvo que desayunar con ofertas menores a los u$s 400 millones. Para salvar la entrega petrolera, Cavallo anuló la licitación de un área, pero con esto —de mantenerse las otras tres— solamente ingresarían 200 millones de dólares. La privatización de Aerolíneas está empantanada. Se deshizo el consorcio adjudicatario (se fue Pescarmona) e Iberia no tiene el dinero para cumplir con los títulos de la deuda ni con los avales. Para evitar su “caída”, el gobierno le prorrogó los plazos, y “comprende” las dificultades de los adjudicatarios, lo que significa que se dispone a hacerles otro considerable descuento. Lo de ENTel no está cerrado, porque John Reed declaró que el Citibank capitalizó por Telefónica Argentina 250 millones de dólares en títulos de la deuda. Entonces ¿de dónde sacó los otros u$s 2.250 millones? Tuvo que entregar, a cambio de ellos, acciones preferidas, que tienen un alto rendimiento. Pero el Citibank, un banco “en rojo”, no tiene cómo pagar estos rendimientos y espera sacarlos de Argentina, algo por demás problemático dada la crisis financiera y económica. Por de pronto, esto condiciona todo tipo de inversiones por parte de Telefónica. Cavallo también tuvo que dar marcha atrás en el peaje y abrió un frente de crisis con la Unión Industrial en torno a la “apertura económica”. Ahora se ha jugado a una “buena” recaudación fiscal para hacer frente a los pagos financieros. Se trata de una pura ilusión, en la que fracasaron sus antecesores. Toda la clave “cavallista" pasa por el acuerdo con el FMI, que exigirá condiciones rigurosas y toda clase de prebendas en materia de pagos por la deuda y por privatizaciones. La suerte de Cavallo depende por entero de los banqueros y acreedores. Crisis política La debacle menemista se ha puesto nuevamente de manifiesto en la pelea del binomio presidencial en torno a la candidatura de Duhalde para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Menem lo candidateó a Duhalde en Buenos Aires no para ganar las elecciones sino para sacarlo de la línea de sucesión presidencial. El clan Menem ve su reinado agarrado con alfileres y por eso Carlitos quiere tener a su hermano Eduardo en la línea sucesoria, a fin de evitar “cortocircuitos” desagradables. Con la crisis del “clan Saadi” y las denuncias judiciales en España de tráfico de drogas por parte del “clan Yoma”, el “clan Menem” ha comenzado a tomar las providencias del caso. Pero todo eso es en vano, desde el momento en que la demolición del gobierno avanza a pasos agigantados. El gobierno ha fracasado como árbitro entre los distintos sectores capitalistas y frente a las masas. Las distintas acusaciones de corrupción, en la que lógicamente sectores del gobierno están involucrados, son una manifestación de que no puede disciplinar a los grupos rivales. Pero la gran huelga de los fraternales no ha podido ser quebrada ni por el desgaste del tiempo, a pesar de que el gobierno ensayó la provocación y recurrió a los oficios de los “mediadores” ubaldinistas. El gobierno se ha revelado completamente débil y no ha podido superar esa debilidad contra la huelga. Los explotadores han tomado debida nota de esta debilidad del régimen menemista puesto que una derrota rápida de la huelga constituía la única posibilidad del gobierno de levantar sus acciones ante los explotadores. Todo esto se puede apreciar en la multiplicidad de candidatos, partidos, frentes y alianzas electorales patronales que ya se disputan los despojos menemistas. En estas condiciones, la gran burguesía y, por supuesto, el imperialismo esperarán a ver el resultado de todos estos realineamientos y jugarretas políticas, antes de decidir poner un mango. La ley de lemas es un intento desesperado por contener toda esta disgregación (ver nota). La cuestión clave para el movimiento obrero sigue estando en la huelga de los fraternales. El rechazo de los compañeros a un pre-acta trucha armada por los “mediadores” revela que la huelga sigue firme y que existen sobradas energías para derrotar a este gobierno impotente, en crisis y disgregación.

El crimen de María Soledad Morales ha puesto en la picota a los “tres poderes” del Estado de Catamarca, e incluso más lejos. Cinco jueces se fueron pasando la bola para darle a la larga al esclarecimiento del asesinato. Uno de ellos imputó directamente al gobernador Saadi como encubridor del crimen. El gobierno nacional nombró a un juez desde Buenos Aires con la supuesta intención de remediar esta situación, que exigía en cambio el juicio político de los involucrados. Para controlar los pasos del nuevo juez y darle nuevas largas al asunto, designó investigador al policía Patti, que cumplió esta misión “admirablemente". El compromiso del Estado y de sus funcionarios con este crimen, no podría ser más claro. En las últimas horas, el padre del principal Imputado, Luque, no vaciló en involucrar a un sector de la familia del gobernador y en afirmar que los responsables del crimen son funcionarios del gobierno. Sea que esta declaración sea interpretada como una manifestación de que el bloque de los Saadi se descompone, o de exoneración de la responsabilidad personal del gobernador, o como una manifestación de que el gobierno se ha visto obligado a “inmolar” a Luque para salvarse, no deja de ser una evidencia más de la intervención del Estado y de sus funcionarios en una política de encubrimiento del crimen y por lo tanto en el crimen mismo. La realización de la enésima autopsia sobre el cuerpo de María Soledad ha vuelto a servir como medida dilatoria y distraccionista. El hallazgo de drogas en su cuerpo podría servir para trasladar la causa a la justicia federal, en este caso a cargo de un familiar de los Saadi. Los autores El esclarecimiento del crimen es un problema netamente político. La ciudadanía denuncia que el gobierno de la provincia está involucrado como cómplice y encubridor, algo que admite ahora el padre de Luque con una finalidad personal o política que aún no está clara. Luego de más de cinco meses de una lucha popular sin desmayos, el poder político, los grandes intereses, han logrado evitar el encarcelamiento de todos los responsables y las profundas transformaciones políticas que le corresponden. Al momento de escribir estas líneas la bancada del Partido Justicialista bloqueaba en el Congreso Nacional el tratamiento de un pedido de intervención a la provincia, solicitado por el principal aliado del gobierno, la UCD, por el bloque de la UCR y por la “centroizquierda Pero el bloque del PJ responde a directivas del ministro del Interior y de la Casa Rosada. Ésta cerrada negativa incluso a interpelar al ministro Mera Figueroa y al debate parlamentario equivale a un desesperado intento de salvar a Saadi, mediante el encubrimiento. En el marco de la enorme crisis económica, social y política en que está inmerso el gobierno nacional, la situación de Catamarca se ha transformado en un factor propio que puede mandarlo a la lona. El respaldo de Menem a la familia Saadi en la actual coyuntura se manifestó en el apoyo que los diputados saadistas dieron en la votación por el envío de naves al Golfo Pérsico. Como contrapartida de ese voto el Ejecutivo comprometió su apoyo a Saadi en la crisis catamarqueña. El ministro del Interior pertenece al llamado clan Saadi, y fue funcionario catamarqueño y su principal operador político. El propio envío de Patti a Catamarca en una función diversionista (acusar a Tula, etc) fue producto del manejo personal y directo del propio Menem. Problemas de la situación El movimiento popular está ahora ante el problema de destruir la complicada trama de maniobras montadas para confundir el caso y poder imponer sus reivindicaciones. En el curso de todos estos acontecimientos se puso de relieve la existencia en Catamarca de un estado policial: represión, secuestros, amenazas. La crisis reveló a nivel nacional el método habitual de funcionamiento del régimen político provincial. La actual situación plantea una disyuntiva de hierro. Un reflujo de la lucha daría al gobierno la posibilidad de una contra-ofensiva implacable contra los miles de ciudadanos que osaron salir a la movilización. Está en juego, potencialmente, una disyuntiva clásica de las guerras civiles: la sobrevivencia de un campo depende de la derrota del contrario. La lucha entablada es gigantesca si se tiene en cuenta que para miles y miles de catamarqueños las marchas del silencio son una suerte de necesidad física de autodefensa contra el gobierno. Elecciones adelantadas En este cuadro de situación Saadi lanzó la posibilidad de adelantar las elecciones. Pretende explotar en su favor el fraude y las contradicciones del bloque opositor. Se ha formado en Catamarca un Frente que se integra con la UCR, escisiones del PJ, el Pl, el PSD, el PH, etc. Sus principales dirigentes políticos estuvieron en su mayoría comprometidos, de una u otra forma, con el clan saadista, en el pasado. Es por ello que no gozan de ninguna autoridad ante la población. El reclamo del Frente Cívico de la intervención federal, revela su profunda impotencia política. Confiar en un enviado de Menem, parece increíble a esta altura de los acontecimientos. Un interventor no desmantelará el “estado saadista”, de manera que si la oposición pudiera remotamente ganar una elección, pasaría a ser rehén del oficialismo actual. El llamado a la intervención formulado por la oposición oficial revela que temen una profundización de la movilización popular y el ahondamiento de la crisis política. Menem cuenta con este freno para no intervenir, y no vacilará en hacerlo si este freno se rompe. A diferencia del profundo descrédito que tienen los partidos “tradicionales” y sus figuras, la hermana Marta Pelloni es la única persona con autoridad moral en la provincia, lo cual la convierte en una autoridad política. Pero ella no es dirigente política, no tiene partido ni tiene un programa. Su posición movilizadora no podría reemplazar la necesidad de una clara orientación política. Crisis en la Iglesia La aparición de esta religiosa traduce un fenómeno de mayor alcance: la existencia de una crisis y de una escisión en el seno de la Iglesia catamarqueña. El obispado es saadista y cuenta con el apoyo del Episcopado nacional, estrechamente vinculado a Menem. El caso catamarqueño ha puesto en evidencia el grave problema del narcotráfico, pero los purpurados que claman contra la droga, se han colocado en el campo de los encubridores. Toda una amplia franja de la juventud catamarqueña que se ha formado en el marco de la Iglesia o de sus instituciones sociales despertó a la lucha reclamando justicia por María Soledad. Es necesario que saque conclusiones de toda esta experiencia. La explicación de lo que está ocurriendo en Catamarca tiene que ver con la lucha de clases. La clase capitalista es el hito conductor de los distintos sectores, oficialistas u opositores, que quieren que esta crisis y esta movilización no destruyan al Estado. Para los explotadores (el episcopado, la banca, los latifundistas) Catamarca es un eslabón de la cadena de dominación de clase del Estado capitalista, y no quieren que su quiebra ponga en peligro la sobrevivencia del conjunto de la cadena. El gobierno se juega a ponerle un techo a este nivel de movilización, quiere enchalecar las Marchas, hacerlas minoritarias. Para ello seguirá en su política de distraer en todos los sentidos posibles el proceso judicial (como lo hacía Patti; como hoy lo hacen Luque y Cía) y de reprimir. Si esto da resultado, buscará explotar las contradicciones del bloque opositor y — fraude mediante— postular una salida electoral. Si por el contrario, las contradicciones de este régimen se agudizan, el gobierno de Menem recurrirá a la intervención, como recurso último, por vía de un decreto. Buscará de ese modo, como en Tucumán con Aráoz, lograr una recomposición de fachada, manteniendo en lo esencial la estructura del estado provincial. Nuestra propuesta Para la juventud y los sectores consecuentes de esta lucha es imperioso despegarse de la perspectiva política del llamado “bloque opositor". Esta franja teme como a la peste, a la movilización; no quiere ser superado por una dirección consecuente, independiente de todo compromiso con el Estado. Profundizar la movilización para expulsar del gobierno a la familia Saadi, disolver el parlamento y la justicia “truchos", crear un gobierno de confianza popular que lleve a término un proceso de completa democratización. Esta es la política que puede dar una salida y educar al pueblo. Para ello es necesario extender la movilización al interior de la provincia, llamar a la formación de comités de solidaridad en otras provincias, en primer lugar La Rioja, para darle a la protesta un carácter nacional. Esto prepararía las condiciones para la huelga general uniendo las reivindicaciones democráticas a las de tos docentes y estatales que no han cobrado aun de manos de los Saadi ni el miserable adelanto de los 250 mil australes, ante el silencio cómplice de la burocracia y el frente cívico opositor. También unir al movimiento estudiantil. Este es el planteo del PO. Llamamos a la juventud y a la nueva generación de luchadores que despertó en Catamarca a agruparse en su seno, para darle a la lucha la única herramienta sólida para la victoria: un poderoso partido de trabajadores. Una provocación Durante 72 horas Héctor Collica, Oscar Corbalan, Luis Luna, Luis Ferbaris y la menor (16 años) María Elizabeth Vergara estuvieron detenidos-desaparecidos. El Partido Obrero, junto a un grupo de militantes de derechos humanos y de la Cope (Comisión pro esclarecimiento del crimen de María Soledad) denunciaron públicamente la situación exigiendo la aparición de los detenidos. Juan Carlos Capurro denunció públicamente las desapariciones y responsabilizó al gobierno por la integridad de los compañeros (El Ancasti, 24/2). Esta enérgica campaña obligó al gobierno de Saadi a reconocerlos y exhibirlos ante una comisión que constató las torturas sufridas por la mayoría de los detenidos. Mientras se los mantuvo secuestrados se fraguó un “proceso” sobre la supuesta participación de la izquierda en un “complot contra el gobierno”. Se pretendió —sin éxito— que los detenidos reconociesen que llevaban “armas largas y bombas” en la Marcha del Silencio que fuera salvajemente atacada por la policía de Saadi. De la provocación contra la izquierda no sólo participó el gobierno. Ámbito Financiero y el diario catamarqueño La Unión (saadista) publicaron supuestas entrevistas con uno de los detenidos, Oscar Corbalan, repitiendo la versión policial del “complot”. La provocación policial-periodística está clara porque las supuestas entrevistas se habrían realizado los días en que los compañeros estaban presos. Al recuperar su libertad —varios días después de publicadas esas “entrevistas”— tanto Collica como Corbalan (los únicos que quedaban detenidos) ofrecieron una conferencia de prensa en la que desmintieron expresamente todo lo publicado e informado por el gobierno, la policía y los diarios mencionados señalando, a su vez, que fueron objeto de torturas. Confirmaron a su vez lo denunciado por el Partido Obrero en el sentido de que estuvieron en carácter de desaparecidos hasta que se produjo la denuncia y movilización por su situación. Al salir en libertad, Collica y Corbalan agradecieron públicamente a todos los que se movilizaron por su libertad, y expresamente al Partido Obrero “que estuvo desde el principio hasta el fin por nuestra libertad". La Unión de Trabajadores de Prensa deberá investigar los supuestos reportajes publicados por los diarios, realizados en los lugares de detención, práctica común bajo la dictadura de Videla.

Los ferroviarios en huelga han dado otro ejemplo al resto del movimiento obrero: han repudiado masivamente la maniobra tramposa de los “mediadores”, de los Britos, los Ubaldini y los Jaime, que pretendían presentar como un acuerdo “aceptable” el levantamiento de la huelga con los cesantes afuera y los salarios “a discutir” en paritarias. Cinco meses atrás, fue la “mediación” tramposa de Bufano-Ubaldini la que fue presentada como “garantía” de los reclamos telefónicos, para lograr la rendición de otra huelga colosal. ¡¡Qué ejemplo el de los ferroviarios en huelga!! Un mes de huelga a pesar de los despidos, del hambre, de las amenazas de militarización, del cierre de ramales, de la intimidación policial. Un mes de huelga a pesar del carnereaje organizado por la “mafia” de los Pedraza y Barrionuevo y del aislamiento del conjunto de la burocracia sindical, Ubaldini y CGT Azopardo incluidos. Un mes de huelga que se sostiene por la entereza de los ferroviarios y por la conciencia generalizada entre los trabajadores de que la victoria de los luchadores es la victoria de todos. Ahora, han pasado por encima de los “mediadores”, que se presentan como amigos de los trabajadores y son sus enemigos disfrazados, y por eso más peligrosos. Han pasado por encima de las “ofertas” tramposas, defendiendo la única “oferta” a la que el gobierno debe responder: la reincorporación de los cesantes y los 2.000.000 de básico. El pretendido diálogo y la “negociación” solo pretenden entretenernos, mientras la política con-cre-ta del gobierno y la burocracia es quebrar nuestra huelga, organizar el aislamiento y el carnereaje. ¿Acaso no acaba de declarar el ex interventor Navas que mientras hacía el show de la “negociación”, su política real era armar el levantamiento del paro seccional por seccional junto a la burocracia? “Así se logró el levantamiento en el ramal Retiro-Tigre”, ha proclamado este “superforro” del gobierno. Si las cosas están planteadas así, la cuestión vital, decisiva, es el reforzamiento y extensión de la huelga, porque el momento de la negociación en serio vendrá cuando el gobierno esté dispuesto a ceder frente a la fuerza de la movilización obrera. Tienen razón, entonces, los compañeros que han votado en asamblea que la Comisión de Enlace se vuelque prioritaria y decisivamente a la organización de la huelga, impulsando el llamamiento a la huelga general, la organización de piquetes y la movilización callejera. Tienen razón cuando proponen una campaña de asambleas en todas las seccionales para reforzar e impulsar el movimiento de lucha, y que puede servir —agregamos nosotros— para denunciar los acuerdos salariales que se están tejiendo y plantear la oportunidad de una lucha común de los ferroviarios contra la destrucción del salario. Arrancar el salario y reincorporar a los cesantes significa derrotar a este gobierno hambreador y entreguista, pero débil que “se hace el fuerte” con nosotros para ganar un mínimo de autoridad entre sus propios mandantes capitalistas.