Jubilación privada: Los bancos reclaman el “botín” Redacción
El subsecretario de Seguridad Social, Santiago de Estrada, renunció confesando que no cumplió con ninguna de sus promesas de mejorar la situación de los trabajadores retirados. Había anunciado que derogarte definitivamente el 82% que marca la ley, pero que igualmente elevaría las mensualidades que efectivamente cobran los jubilados hasta ubicarlas en el 65% del salario medio, y terminó destrozándolas hasta el espantoso nivel actual de menos del 40% de los sueldos. Por supuesto tampoco pagó la bicicleteada deuda de 4.000 millones de dólares que el Estado mantiene con los jubilados. Pero la catástrofe que desencadenó su dimisión fueron las “privatizaciones” de ENTel y la “desregulación” petrolera, porque estas medidas implementadas en nombre de aumentar los recursos para la educación y la previsión social significaron la eliminación y disminución de los pocos impuestos que se destinaban al pago de las jubilaciones. Las Cajas se quedaron de un plumazo sin 650 millones de dólares por año y por eso, a pesar de la inflación creciente, los jubilados cobraron sin ningún reajuste ni en diciembre ni en enero. Para colmo, con otro cuento (“favorecer la autonomía del Banco Central”) se anuló el sistema vigente desde hace años para la financiación de los pagos y ahora cobran sus haberes con más de 20 días de atraso. Estrada confirmó en un reportaje (Clarín, 27/1) que las Cajas tampoco recibieron un solo austral del aumento de la tasa del IVA del 13 al 15,6% que se sancionó con el pretexto de aliviarlas financieramente. Como la evasión patronal de los aportes previsionales está en uno de sus picos más altos, existe la amenaza cierta de que en febrero y marzo los jubilados cobren con mayores atrasos y en cuotas, como ya es habitual en muchas provincias. Para los jubilados la hiperinflación que se está desatando con el derrumbe del austral es un suplicio sin precedentes. El gobierno de Menem ha apostado mucho más que sus antecesores a “resolver” el problema de los jubilados. La clase capitalista que confiscó primero el superávit de las cajas previsionales formada con los aportes obreros y luego potenció esta estafa pagando por debajo del 82%, ha colocado a los jubilados en una situación límite. El haber mínimo está en 25.000 australes diarios. El desfalco de la “jubilación privada” Estrada declaró que las compañías de seguro precipitaron su desplazamiento, porque quieren que se implante la jubilación privada obligatoria. Desde hace dos años la jubilación privada rige como opción voluntaria y, por eso, está naturalmente restringida a sectores burgueses, de altos ingresos. Las compañías pretenden que abarque a toda la masa de asalariados para colocar bajo su control los aportes obreros y patronales. Una “privatización” del manejo de esta fantástica suma de dinero, que ronda los 4.000 millones de dólares anuales, abrirte otro lucrativo campo de especulación para los financistas: que agotaron el negocio de los plazos fijos, luego del "Plan Bonex". En los países imperialistas, las operaciones con los fondos jubilatorios constituyen una de las actividades más rentables de los grandes bancos. En las actuales condiciones, la “privatización” de las Cajas y los aportes previsionales equivaldría lisa y llanamente a suprimir la única fuente de ingresos que les queda a los 3.000.000 de jubilados y pensionados. Como las contribuciones de los trabajadores se “pulverizaron” en sucesivas expropiaciones de la clase Capitalista, los jubilados sobreviven con el dinero que aportan los trabajadores en actividad y que deberían solventar los futuros retiros de éstos. Si se privatizan los actuales aportes y contribuciones, no existirían fondos para pagarles a estos 3.000.000 de jubilados. Para disfrazar que la “privatización” de las Cajas es el camino más corto para conducir a los jubilados al cementerio, los traficantes de pensiones proponen que los actuales aportes a las Obras Sociales, a los subsidios familiares y al FONAVI vayan a la jubilación privada. Esta es la propuesta conjunta que acaban de elevar la Asociación Argentina de Compañías de Seguro y la Asociación de Bancos (ADEBA). Las jubilaciones actuales se financiarían con los actuales aportes que es sabido no alcanzan sino para una jubilación de miseria. Los 3.000.000 de compañeros quedarían condenados a un congelamiento definitivo de su mísero ingreso actual como ocurrió en el “paraíso” jubilatorio chileno (ver nota adjunta). Además como único pago de los 4.000 millones de dólares de la deuda millonaria que arrastra el Estado, recibirían un bono a 15 años de plazo, que los expertos calculadores de la “patria financiera” saben que ningún anciano vivirá para cobrarlo. Una privatización explosiva Como ocurre con el peaje, con el petróleo y todas las privatizaciones también con ésta se les entrega a los capitalistas los recursos ya existentes (el fondo previsional) a cambio de nada, y por la sola promesa de mejorar las pensiones futuras. Este porvenir queda en manos de los tiburones que vienen despedazando la economía nacional desde hace décadas. Pero, ¿qué garantía pueden brindar los bancos y compañías de seguro de que van a capitalizar los fondos previsionales privatizados y devolverlos cuando los trabajadores se jubilen? Pero, además, el Estado debería endeudarse con los bancos y compañías de seguro por la transferencia de los aportes y contribuciones de los trabajadores que no se han jubilado y que en el futuro lo harían por el sistema privado. Por lo menos, se trata de una masa de 30.000 millones de dólares porque abarca a unos 6 millones de trabajadores. El Estado deberla entonces emitir un bono por esa suma, lo cual significa una hipoteca explosiva. En el paraíso de los vaciamientos, las estafas y la fuga de capitales que es la Argentina, 4.000 millones de dólares anuales adicionales en manos de la “patria financiera” son la carnada para un nuevo desfalco, y su conocida secuela: salvataje del Estado e hiperinflación. El acaparamiento de esta masa de dinero está produciendo fuertes choques entre los bancos que quieren ingresar al negocio y las compañías de seguro que exigen exclusividad. También se presenta un conflicto en potencia con los grupos que no participan de este negocio, y que como la Cámara de la Construcción usufructúan de impuestos (FONAVI) o los sanatorios (obras sociales) que se destinarían al sostenimiento del fraude con las pensiones. La burocracia sindical está prendida en el negocio de la jubilación privada, como lo revela el simple hecho de que Triaca es uno de sus impulsores. Roberto Alemann, la Unión Industrial, los bancos, reclaman la privatización del sistema previsional y esta hiperinflación está provocada para conseguirla, entre otras propuestas. Pero en medio del actual quebranto de las finanzas públicas y descontrol total de la economía, el gobierno no cuenta con la mínima capacidad para garantizar el aumento de la recaudación impositiva que se necesita para financiar a los jubilados actuales. Además, el aumento de la deuda pública con el que se solventaría el pasaje de una gran masa de trabajadores en actividad al sistema privado —siguiendo el “modelo chileno”— añadiría una hipoteca totalmente ilevantable en el futuro cercano. De todas las privatizaciones programadas, la de las jubilaciones es la más explosiva por los efectos verdaderamente catastróficos que tiene para el conjunto de la población. Se requiere una movilización inmediata y nacional para impedir este nuevo atropello: por una jubilación igual a la canasta familiar y el pago inmediato de todo lo adeudado por incumplimiento del 82% móvil. Es falso que no haya plata. Hay que confiscar a los expropiadores del esfuerzo nacional, implantar el control de los aportes patronales por parte de las comisiones internas y delegados para terminar con la evasión e imponer un impuesto a los grandes capitales, que sirva para compensar todas las confiscaciones del pasado. Jubilación chilena: Otro cuento privatista El sistema de jubilación privada que la dictadura pinochetista implantó hace una década en Chile y cuya copia promueven en la Argentina las compañías de seguros se sostiene en la expropiación directa de los trabajadores, el hambreamiento de los jubilados y el descontrolado aumento del endeudamiento público. Se estableció que el mantenimiento del millón de jubilados y pensionados pasaba a ser una nueva obligación del Estado, para lo cual se implantó un “impuestazo”. Mediante la generalización del IVA, todos los consumidores del país debieron bancar el negocio de las 12 compañías de seguro que se quedaron gratuitamente con el dinero de lo que quedaba en las cajas previsionales. Los jubilados — que iban a ser los beneficiarios de semejante confiscación— fueron las principales víctimas: sus haberes quedaron congelados y en la actualidad cobran un sueldo inferior al mínimo vigente en la Argentina, que además se está deteriorando aceleradamente. A los trabajadores en actividad con varios años de aportes se les ofreció una opción: mantenerse en el viejo sistema y auto-condenarse al infierno que padecen los jubilados actuales o pasarse al régimen privado. En este caso comenzaron a entregar su cuota a las compañías de seguro y el Estado se hizo cargo de todas las contribuciones acumuladas anteriormente, mediante la emisión de un bono equivalente a 12.000 millones de dólares, que recibieron las compañías. Los banqueros especulan con este título, que tiene un rendimiento mínimo asegurado y se sostiene en la garantía estatal de todo el negocio de la privatización jubilatoria. En cambio, el trabajador no tiene ninguna seguridad que cobrará lo que le corresponde el día que deba retirarse, porque si las compañías quiebran — como ya ocurrió en Chile en 1982-83— el Estado deberá poner la plata y volver a estatizar las jubilaciones con mensualidades de miseria. A los jóvenes que recién ingresan al mercado laboral se les obliga sin ningún tipo de disimulo a canalizar sus aportes hacia las compañías con el agregado de dos contribuciones adicionales del 3,5% y el 6% en concepto de seguro de vida y médico. Sus “expectativas” de cobrar alguna vez el dinero que entregan dependen también de la suerte de los negocios que realizan los bancos con los fondos que confiscan. Como Chile no es ninguna excepción a la generalizada ola de especulación financiera y bursátil que predomina en todos los mercados latinoamericanos, el régimen de privatización jubilatoria descansa en una bicicleta sostenida en el endeudamiento público. Cuando explote, se pinchará otro cuento privatista.