Prensa Obrera N° 320

El triunfo del Movimiento Popular Fueguino en las recientes elecciones para constituyentes de Tierra del Fuego no fue una sorpresa, ni tampoco lo fue la magnitud del derrumbe electoral del PJ y de la UCR, quienes perdieron el 60 y el 70% de sus votos, respectivamente. Los votos de la Alianza de Centro se pulverizaron entre la Ucedé, Fuerza Republicana, y el PDP —lo cual confirma la tendencia a la eliminación política de la corriente de Alsogaray. El espectacular ascenso electoral del Mopof (de 2840 votos en 1989 a 11.993) es la consecuencia de una inescrupulosa explotación de la llamada “defensa de los intereses regionales”, en circunstancias de enorme retroceso económico de las provincias y en especial de las patagónicas. Un amplio sector de la clase media fue, de este modo, persuadido de que el Mopof no tiene ningún vínculo con el gobierno nacional ni con la gran burguesía, y de que existe la posibilidad de insularizar a Tierra del Fuego de la catástrofe económica nacional. Aunque la victoria del Mopof es una prueba de los recursos de poder que siguen teniendo los explotadores para que el electorado cambie de collar pero no de perro, el derrumbe del PJ y la UCR no deja de ser una manifestación de la desintegración del régimen político actual, el que se ve obligado a gobernar mediante acuerdos con seudo-partidos, un recurso de emergencia para impedir una evolución política del pueblo contraria al régimen capitalista. El Mopof es menemista Menem saludó el triunfo electoral del Mopof con gran razón. El Mopof representa a la oligarquía fueguina propietaria de las tierras, los negocios de importación y la gran hotelería. En la época de auge de la “industria del curro”, alentada por radicales y justicialistas, el Mopof participó de los “negociados” a través de sus representantes en la legislatura y los municipios. Ahora que se plantea un "ajuste” contra los trabajadores fueguinos, el Mopof se coloca a la cabeza. Propugna “racionalizar” el gasto en personal y establecer disposiciones en este sentido en la Constitución. Pretende imponer la educación religiosa en las escuelas públicas e impulsar la privatización de la educación. En su calidad de dueños de la tierra, controlan hasta los caminos territoriales y tienen el “dominio” de los terrenos donde están asentadas las barriadas obreras de Río Grande Por eso pretenden asegurar desde la Constituyente "expropiaciones... previo pago de la indemnización correspondiente, adecuada a la realidad local”. De esta manera, la valorización de tierras provocada por la ocupación de terrenos de parte de los trabajadores y por las obras de infraestructura realizadas en su mayor parte por ellos redundará en un gran beneficio latifundiario. Aunque el programa del Mopof afirma el carácter provincial de las riquezas del suelo y del subsuelo (petróleo, gas), ello simplemente significa que reclaman el derecho para autorizar concesiones de explotación — algo por otra parte inviable y demagógico porque los “inversores” no se pueden fiar de las “garantías” de una provincia. No al cheque en blanco El PARTIDO OBRERO fue el único partido que denunció el carácter menemista del Mopof. “Hay que cambiar de perro, no de collar”, decía en sus volantes. El PO fue el único partido que denunció la provincialización de la Isla y la convocatoria de la Constituyente como una ficción y un engaño en términos de posibilidades de autonomía política para el nuevo Estado, y como una operación financiera para autorizar al nuevo Estado a reforzar la presión impositiva sobre las capas populares y para abrir una etapa de privatizaciones en gran escala como salida al déficit fiscal. El Mopof utilizará su mayoría absoluta en la Constituyente para imponer integralmente el programa menemista. El Partido Obrero desenmascarará la acción constitucional del Mopof para llamar a los trabajadores a resistir la ofensiva contra sus condiciones de vida y para reforzar la organización revolucionaria de las masas fueguinas. Los resultados de cada partido La prensa hizo mucho barullo por el "debut" de la Fuerza Republicana de Bussi, que sacó 831 votos, sin señalar que este sector tiene bases sociales dentro de las guarniciones militares de la Isla, y que recoge sus votos de la desintegración de la Alianza de Centro que el año pasado sacó 1750 votos (6,41%) (ahora se dividió entre la Ucedé, la Democracia Progresista y el bussismo). La llamada centroizquierda desprendida del Frejupo, el Pl, cayó de los 800/900 votos de 1985/87 a 396. La centroizquierda representada por el Partido Socialista Auténtico (PSA) también retrocedió electoralmente a pesar de que esta vez hizo una alianza con ATE, el principal sindicato de la lsla (1598 votos en el 89, 1450 en la actualidad). “El Territorio” (17/11), órgano de los capitanes de la industria, resaltó la “destacada actuación" y valoró la “madurez política de Augsburger", el legislador del PSA, pero este ostensible apoyo no pudo impedir su retroceso. La debacle mayor fue para la Izquierda Unida, que retrocedió de los 1270 votos a 905. El diario del PC, “Propuesta”, había anunciado en la semana previa que “las expectativas son buenas y fundadas. IU en mayo de 1989... superó el 5%. Hoy nos planteamos una mínima que es duplicar ese porcentaje, con lo que IU tendrá su representante en la Asamblea Constituyente para luchar por nuestro proyecto de constitución, de provincia y de país”. Como se puede apreciar la IU hizo una campaña constitucionalista, en lugar de denunciar el objetivo reaccionario que tenía la Constituyente. En “Propuesta” se propugnaba darle “rango constitucional a los tratados internacionales y resoluciones de las Naciones Unidas que, sobre Derechos Humanos, ratificó el gobierno argentino”. Por poco no propone mandar naves al Golfo, que es precisamente una resolución de la ONU. El PARTIDO OBRERO tuvo un importante crecimiento, pues duplicó sus votos, de 231 (0,81%) a 450 votos (1,70%). Este avance fue logrado merced a una campaña política enérgica de denuncia del gobierno y todos los otros partidos, así como de la estafa que significaba la provincialización y la Constituyente. El acto de cierre del PO en Río Grande fue más numeroso que los del resto de la izquierda. R.S.

Desde ningún punto de vista puede decirse que Polonia está evolucionando de la dictadura burocrática a la democracia parlamentaria, de acuerdo a lo que aspiraba el programa político de Solidaridad, que fuera redactado por intelectuales laicos y democratizantes, tales como Kuron, Michnik o Gemerek. Polonia, en realidad, se está convirtiendo en una dictadura teocrática sin haber desmantelado en lo más mínimo los atributos y privilegios de la vieja burocracia “comunista". Esto no debiera sorprender de ningún modo, pues no hay semejanzas más grandes que las que existen entre la burocracia stalinista formada en base a nominaciones y la burocracia clerical, que es la más perfecta Nomenklatura que se ha creado en la historia. En lo que ha sido denominado un “modelo de confesionalismo” (Le Monde, 15/11/90), el Ministerio de Educación ha derogado la enseñanza laica y establecido dos cursos de catecismo por día en todos los colegios, misa al comienzo y al final de cada jornada, y colocación de crucifijos en todas las aulas. Esta indigestión clerical no tuvo necesidad de pasar el examen del Parlamento, porque el sector "laico" del gobierno y de Solidaridad (J. Kuron) la aceptó mediante una resolución, esto con el pretexto de “evitar una guerra religiosa". En la “democrática" Polonia no se llega ni a la necesidad de gobernar por decreto. El Senado, en cambio, sí votó la prohibición del aborto que se encontraba legalizado desde 1956. La nueva ley exime de pena a la mujer que pretende interrumpir el embarazo, pero castiga con dos años de prisión a quienes la asistan profesionalmente. Este texto fue aprobado por “intelectuales progresistas ", como el cineasta Andrej Wajda, pero fue rechazado por algunos legisladores católicos, que ahora serán excomulgados. En vísperas de la votación, el episcopado lanzó un llamado a la plegaria en todo el país para combatir la “ley del Mal", en referencia a la que autorizaba el aborto. De aquí en más, quedarán privadas de este derecho entre el 16 y el 18% de las mujeres embarazadas (“mucho más según las cifras oficiosas" —Le Monde) de la Polonia católica. Acertadamente, el diario francés señala que el alto índice de abortos tiene que ver con la falta de medicamentos y de medidas de prevención que caracterizó a la salud “socializada” de la Polonia "comunista”. De todos modos, "la cuestión (del aborto) ha provocado la indignación de numerosas mujeres —dice Le Monde— las que no se reconocen en los senadores". A pesar de Kuron, entonces, y de los democratizantes laicos tendremos en poco tiempo en Polonia una bella “guerra religiosa”, el único medio para defender los derechos civiles y sociales, y para barrer a la burocracia de la sotana. El clero está también empeñado en suprimir la equiparación de derechos entre mujeres casadas y concubinas y en retirar la protección social del Estado a la madre soltera. El episcopado es una potencia de Estado en Polonia desde hace unos treinta años, pues ya discutía de igual a igual con los ex jefes “comunistas" Gomulka y Gierek, y su ingerencia se medía en el hecho de que Varsovia superaba a cualquier ciudad del mundo en el número de Iglesias por metro cuadrado, ¡financiadas por el Estado! El director del operativo teocrático es el papa Juan Pablo II, que quiere convertir a Polonia en el "corazón de la cristiandad de Europa”. Para eso se han reintroducido oficialmente los festejos religiosos, rebautizado las calles con nombres de santos y reimplantado, por sobre todo, en el ejército, la policía y las prisiones las ceremonias católicas. Los comisarios stalinistas han sido reemplazados por los capellanes, sin que esto moviera naturalmente un pelo a los oficiales-burócratas stalinistas del Ejército Popular de Polonia. Es una verdadera fusión entre el clero y el stalinismo lo que se encuentra en marcha en la patria de Chopin y en el suelo natal de Rosa Luxemburgo. La fusión entre ambas burocracias tiene aspectos medievales dignos de una antología. Según relata el "Jornal do Brasil" (10/ 9), en un barrio próximo a Varsovia, ya conocido como "Golgota" se ha establecido la "purificación del alma mediante la crucifixión" donde los "comunistas (burócratas) arrepentidos son atados por lo menos una hora en cruces de madera para experimentar el sufrimiento de Cristo'". La ceremonia es conducida por un grupo de fanáticos y el tiempo de permanencia en la cruz depende de las condiciones físicas del “transgresor", pero una hora es el tiempo mínimo de la flagelación. Cualquiera puede reconocer en este procedimiento al que se entregan voluntariamente los burócratas del PC para ser reconocidos en la nueva cofradía, la práctica de la “autocrítica”, de la “rectificación de conductas" y del “reconocimiento de la culpabilidad", de los procesos judiciales del stalinismo. Las masas polacas, que sufrieron décadas de totalitarismo stalinista, no van a soportar mucho tiempo este totalitarismo clerical. Polonia es un estupendo ejemplo de la ignominiosa bancarrota y de la autoflagelación de los stalinistas y de los demócratas.

Las recientes elecciones presidenciales de Polonia se caracterizaron por la enorme abstención y por la aparición de un sorpresivo “Fujimori" que forzó la realización de una segunda vuelta. La abstención ya había sido significativa en los comicios territoriales de marzo pasado, pero esta vez alcanzó el 40% en la primera ronda y trepó al 49% en la segunda. La expresión del repudio al régimen clerical pro-imperialista no podía ser mayor. El principal derrotado fue el primer ministro Mazowiecki, quien ni llegó al segundo turno, en una muestra del carácter hambreador del gobierno capitalista Mazowieki había llegado a primer ministro hace sólo un año, como consecuencia de un acuerdo entre la Iglesia, la burocracia stalinista y la dirección de Solidaridad. La candidatura de Walesa fue un intento de recuperar el apoyo popular que ha abandonado totalmente al gobierno, y de resolver la creciente pugna de camarillas que provocaba el descomunal fracaso de los planes económicos. Walesa no esconde su pretensión de gobernar sin tener en cuenta al parlamento o a los partidos, y de hacerlo por el canal del episcopado y los curas. Pero la baja votación que obtuvo en razón de las abstenciones, lo obliga a debutar como gobierno débil y obligado en consecuencia a entrar en compromisos con las otras fuerzas. Polonia se encamina muy claramente hacia crisis políticas muy severas. La disputa entre Mazowiecki y Walesa fue alterada por la aparición de Tyminski, un aventurero que recibió un inesperado caudal de votos. Esto obligó a Walesa a mendigar el apoyo de todo el arco político que había antes criticado. A Walesa lo socorrió la Iglesia, que hizo campaña electoral abierta, Mazowiecki que volcó todo el aparato del Estado a su favor, y los intelectuales opositores a Walesa dentro de Solidaridad, pero semejante coalición no pudo atenuar la tendencia abstencionista. De acuerdo a una encuesta inmediatamente posterior a las elecciones, la abstención se concentró entre los obreros y los jóvenes, (Página 12, 11/12). Con este resultado, la intención de Walesa de llegar al gobierno con un mandato fuerte ha quedado pulverizada. Descomposición económica y protesta social La descomposición económica es el signo dominante del tránsito hacia la "economía de mercado" que los banqueros imperialistas y la burocracia gobernante pretenden imponer en Polonia. Desde principio de año rige un “plan de ajuste” del FMI para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa de 40.000 millones de dólares, que ha provocado una "cirugía mayor" del salario (cayó 40%), de la producción (declinó 30%) y del empleo (hay más de dos millones de desocupados). De acuerdo al “Financial Times”, a pesar de todo esto “la inflación está subiendo de nuevo y subirá todavía más el año que viene cuando Polonia como otros países del ex-COMECON tenga que pagar precios de mercado por el petróleo” (Jornal do Brasil, 11/12). Las “privatizaciones aceleradas" de un tercio de la industria que intentó Mazowieki ni siquiera pudieron iniciarse, ante la ausencia de capitales extranjeros dispuestos a invertir mientras no se asiente en el país un régimen social capitalista. El Parlamento continúa por eso empantanado en la discusión de los “incentivos" (subsidios) financieros que el Estado debería adoptar para atraer capitales. Tyminski llegó a denunciar en estos planes, la “liquidación del patrimonio público a una vigésima parte de su valor". Estos planes provocaron una oleada de huelgas, que alcanzó su pico en mayo último con los ferroviarios y el surgimiento de comités de huelga al margen de Solidaridad Esta se ha convertido en una agencia del gobierno, razón por la cual los obreros la han abandonado en masa. En cierta medida esto ha resucitado a la vieja central sindical stalinista OPZZ, que reúne ahora a 6,5 millones de afiliados, en circunstancias en que el repudio al stalinismo como tendencia política no tiene atenuantes. Los trabajadores siguen sin encontrar una vía política independiente para responder a la embestida capitalista de la burocracia. En el campo —donde habita el 40% de la población— se desenvuelve una convulsión social aún mayor. La "economía de mercado” ha significado una expropiación masiva de pequeños propietarios, que se han visto obligados a vender las pequeñas parcelas por el efecto de la carestía y el empobrecimiento. Para enfrentar esta situación, los agricultores vienen cortando rutas desde julio y ocupando edificios públicos, de los que son desalojados por la fuerza. Existe una ruptura aguda entre los agricultores, que han sido la principal base de la Iglesia, y los gobiernos clericales polacos. Dictadura y crisis prolongada Toda la campaña de Walesa se caracterizó por la convocatoria a una dictadura. Criticó la “blandura” de Mazowiecki, reclamó una “caza de brujas" contra la izquierda (que no tiene destinatario definido) y resucitó el antisemitismo. La política totalitaria es una necesidad de la "reconversión" capitalista; Walesa ya había exigido a fin del año pasado la necesidad de disolver el parlamento (ver PO 291). Walesa hereda las atribuciones extraordinarias que ya poseía el renunciante presidente Jaruzelsky como consecuencia de un acuerdo político celebrado entre la Iglesia, Solidaridad y el partido comunista. Tiene un mandato de cinco años, puede declarar la guerra sin acuerdo del Parlamento, y puede disolverlo si no suscribe el proyecto de presupuesto. La dictadura civil que propugna Walesa está en contradicción, sin embargo, con las condiciones de debilidad con las que llega a la presidencia. La crisis histórica que enfrenta el país tiene como árbitro principal, no a Walesa, ni aun cuando cuente con el apoyo del clero (que, sin embargo, tiende a dividirse), sino al ejército, dirigido por la burocracia del régimen stalinista pero reconciliado con la Iglesia y el nacionalismo polaco. Un observador de la escena polaca ha rechazado la tesis de que Jaruzelski se haya retirado como un “cadáver político”, y destaca la afirmación del general, quien afirma “seguiré observando con mucha atención todo lo que está pasando en mi país”, “El Mercurio” (9/12). Los ex-stalinistas tienen aún tela para cortar, en especial si usan uniforme militar. Acorde a los tiempos que corren, los jerarcas de las fuerzas armadas, que antes eran sumisos títeres de las tropas rusas, ahora van a firmar convenios de entrenamiento con el Pentágono (Sur, 8/12). Las pretensiones de Walesa chocan con la vertiginosa descomposición del régimen social polaco y con la falta de una victoria decisiva de la contrarrevolución. Polonia no ha superado la crisis sino que se encamina a la guerra civil.

El hombre más rico del mundo es un “comunista", y no precisamente cualquier “comunista’’, sino el excoronel de los servicios secretos de Alemania Oriental. Se trata de una manifestación más del alto grado que alcanzó la diferenciación social en los regímenes burocráticos, en vísperas de su colosal derrumbe. Mucho antes de que aparecieran los Gorbachov y sus secuaces "reformistas", las tendencias procapitalistas ya estaban sólidamente implantadas en el corazón de la burocracia, incluso en sus aparatos y países más "conservadores", como lo son los servicios de seguridad o la ex Alemania Oriental, un "Estado de paz", según la recordada solicitada de Vicente y Echegaray, de agosto de 1989. Alexander Schalck-Golodkowski, que de él se trata, máximo jefe de la STASI, es propietario de un verdadero tesoro de acciones, dinero y lingotes de oro, el cual duplica las riquezas del super-millonario Sultán de Brunei y quintuplica las de la Reina Elizabeth de Inglaterra (Corriere della Sera, 28/11/90). Schalck, que era tesorero del Partido Comunista, derivó gran parte de los fondos bajo su administración al montaje de una estructura paralela de empresas —denominadas Kolko— con grandes conexiones y negocios fuera del país. Esta “multinacional" era frecuentemente utilizada por toda la alta burocracia para fugar riquezas al exterior y poner a resguardo los recursos saqueados al Estado. La Kolko estaba íntimamente asociada con banqueros suizos y capitalistas austríacos y tenía fuertes participaciones accionarias en fábricas y agencias de turismo internacional. Como era dirigida por un hombre de los "servicios", la especialidad comercial de la Kolko era el tráfico de armas y el espionaje industrial. Por medio de estas actividades de sistemática rapiña de los fondos del "Estado Obrero”, Schalck amasó una fortuna de 50 mil millones de marcos. El ex-coronel formaba parte del círculo personal del déspota Honnecker, del cual se ha venido a saber ahora que fue un colaborador de la Gestapo antes de convertirse en gobernante stalinista. Estos ex-funcionarios de la RDA son naturalmente ahora los campeones de la “economía de mercado ", o más precisamente de la restauración de la propiedad privada de los medios de producción. El millonario Schalck huyó precisamente de la ex-RDA cuando comenzaron las movilizaciones de masas a fines de 1989, para colocarse, él y su dinero, bajo la protección de los servicios secretos occidentales. Esta es la naturaleza real del “campo socialista” que los partidos comunistas defendieron durante sesenta años y que hoy los llamados sectores "combativos" y “guevaristas” de esos PP.CC. quisieran ver restaurado.

Los últimos cables internacionales dan cuenta del agravamiento del caos económico y el desabastecimiento alimentario en la Unión Soviética. La crisis en curso no obedece, sin embargo, a causas productivas, en un país que acaba de obtener una cosecha récord y un incremento en el Producto Bruto Interno. El descalabro, por lo tanto, es el del régimen burocrático en desintegración, que ha dislocado los nexos más elementales entre producción y consumo. Se estima que el 70% de la presente cosecha de papa... se ha podrido, en tanto que el propio “Pravda” ha revelado que “23.500 toneladas de mercancías se encuentran almacenadas en las bodegas, sin poder llegar a los consumidores” (Sur, 10/12). Pero, por otra parte, la fracción de la producción alimentaria que no pasa por los circuitos de distribución estatal ya alcanza al 50%. Estos alimentos se comercializan por el mercado negro, cuyas redes se encuentran también bajo el control de los burócratas. El desabastecimiento general ha agravado, a su turno, la tendencia al dislocamiento de la URSS: aquellas repúblicas que disponen de alimentos escasos han dispuesto restricciones en su comercio hacia otras regiones, lo que ha acentuado el desabastecimiento en éstas últimas. La introducción de reformas capitalistas y de las “leyes del mercado” en el sistema de empresas estatales burocratizadas ha dado lugar a una anarquía sin precedentes, una de cuyas expresiones es el caos monetario en ciernes La burocracia ha apelado a la creación de moneda para el otorgamiento de créditos a las incipientes “empresas descentralizadas”, y para financiar el elevado déficit estatal. Pero al permanecer el sistema oficial de precios, se ha creado una masa de medios de pago que excede a la producción existente Este excedente monetario está en manos de “los millonarios del régimen burocrático” —beneficiarios del mercado negro, la “autonomización de empresas” y de los negocios con el imperialismo— y de las propias empresas que ahora tienen facultades para disponer de fondos propios. Enjugar esta masa monetaria sin depreciar la moneda obligaría a confiscar a estos sectores privilegia dos. Pero éstos son los intereses que encarna, precisamente, la burocracia gorbachoviana. La crisis monetaria será orientada, por lo tanto, hacia la depreciación vertiginosa del rublo y la hiperinflación. Al salvataje de la perestroika En este cuadro, Gorbachov se reunió días atrás con directores de las empresas estatales para debatir una salida a la crisis. Los “capitanes de la industria” del régimen —que vienen impulsando y usufructuando las reformas capitalistas— exigieron, sin embargo, la implantación de “un estado de excepción en materia de economía”. Como parte de él, reclamaron “la unificación de los precios en todo el territorio de la URSS, que deben estar bajo un control centralizado” (Sur, 10/12). Los “artífices de la perestroika” reclamaron a Gorbachov medidas de centralización económica, para poner un freno a las tendencias disgregadoras que surgen de la propia orientación restauracionista. Para ejecutar estas medidas, Gorbachov reclamó que el “Estado de excepción” se extienda también a lo político. Por eso, le exigió al Congreso soviético “nuevas y fortalecidas atribuciones”, esto es, un reforzamiento del poder represivo del Estado burocrático. En tanto, el jefe de la KGB informaba que, en vista de la situación imperante, “estaba convocando a veteranos retirados de la KGB para que ayuden a combatir delitos económicos" y también los ataques a “atributos y símbolos del poder de Estado” (La Nación, 14/12). Los reforzados “servicios” stalinianos no se descargarán, desde luego sobre los acaparadores, sino sobre el creciente panorama de huelgas y movilizaciones nacionales de masas. El apoyo del imperialismo Es significativo que el recalcitrante líder procapitalista Yeltsin haya cerrado filas con Gorbachov en esta crisis, aceptando suspender su plan reformista de los 500 días (ver P.O. n° 311) en aras de las medidas de centralización económica y política anunciadas por aquél. Es que la burocracia no ha dado marcha atrás en su rumbo procapitalista: el “estado de excepción” gorbachoviano procurará una salida al caos actual para asegurar el porvenir de la orientación restauracionista general Mientras Gorbachov efectuaba sus anuncios, el Parlamento ruso legalizaba la propiedad privada de la tierra. El imperialismo también se ha alineado tras los propósitos gorbachovianos en esta crisis. James Baker, secretario de estado yanqui, reconoció que “la inestabilidad de la Unión Soviética no favorece los Intereses de los Estados Unidos o del Mundo” (Sur, 14/12), mientras anunciaba el redoblamiento de la ayuda alimentaria y el levantamiento transitorio de las restricciones comerciales norteamericanas a la URSS. De todos modos, otros voceros imperialistas han señalado que la ayuda alimentaria caerá en “saco roto", como resultado del caos reinante. La burocracia procurará superarlo con un renovado ataque a las masas, caracterizado por una mayor carestía y represión. La grave crisis actual desnuda los límites de la perestroika para poner un límite a la disgregación imparable del régimen burocrático El "estado de excepción" burocrático preanuncia nuevos y profundos choques con las masas, que vienen resistiendo las consecuencias desbastadoras de las medidas restauracionistas. En el curso de esta resistencia, se prepararán las condiciones para un combate político general por la expulsión de la burocracia usurpadora.

El gobierno de Reviglio acaba de aprobar la creación de los “Consejos de Escuela”. Creados bajo el principio de la “descentralización educativa”, los consejos no podrán manejar fondos del presupuesto educativo, ni contarán con atribuciones curriculares. La "descentralización", por lo tanto, tiene por función lograr el autofinanciamiento de la educación por medio de aranceles o de aportes empresarios, que condicionarán el proceso político e ideológico de la educación. Se trata de un principio de entrega de la educación estatal al clero a través de los padres con conexiones capitalistas. La autoría de la ley de consejos escolares pertenece a uno de los principales dirigentes provinciales de la "centroizquierda", el latorrista Oscar Blando. Junto al dirigente provincial de AMSAFE, Ediberto Sánchez, Blando está realizando una campaña explicativa de la ley de consejos escolares, a la que vincula con las "nuevas formas de financiamiento educativo". El bloque político que dirige AMSAFE y que estranguló la gran huelga docente de mediados de este año se "pliega" al propósito gubernamental de endosarles a las familias trabajadoras el desastre educativo de la provincia.

La situación social y política de Jujuy se ha agravado, a pesar de la tregua que la burocracia sindical de tendencia ubaldinista le ha dado al sucesor del destronado gobernador De Aparici. La primera medida de Alderete para superar la crisis fiscal fue despedir a los "contratados”, como si la causa del déficit del presupuesto fueran los sueldos de los empleados públicos o su número. En consecuencia, la gobernación sigue sin saldar la deuda de 75.000 millones de australes que tiene con los empleados en concepto de diferencias salariales, lo cual representa seis meses de recaudación provincial. Se suma a esta situación un nuevo factor de crisis: los ingenios están despidiendo trabajadores, al igual que la mina Aguilar y Altos Hornos Zapla y la minera Pirquitas está en quiebra. Las movilizaciones contra este naufragio económico y social jujeño están contenidas penosamente por la "tregua" que han sellado la CGT y la “multisectorial” con el nuevo gobernador. Este hecho deja en claro que la renuncia de De Aparici no fue impuesta por un movimiento independiente de los trabajadores, sino por una fracción de la burguesía y por el gobierno nacional, que se sirvieron para ello de la falta de independencia política de las masas jujeñas. El objetivo del recambio de gobernador ha quedado al desnudo con la política de cesantías de Alderete y el continuo atraso en el pago de las deudas salariales. Pero la situación ha cambiado, esto porque los explotadores y Menem apoyan ahora sin fisuras al nuevo gobernador. Esto explica que los dirigentes sindicales no hagan nada, ya que de un modo general sólo lo hacen cuando tienen la posibilidad de ser los segundos violines de la burguesía. Por eso es necesario plantear de nuevo la lucha por la Asamblea Popular pero con el agregado de que debe estar compuesta por delegados elegidos en los lugares de trabajo y no debe subordinarse a ninguna cúpula multisectorial, en la cual prevalecerían las organizaciones patronales.

El gobierno de Cornejo, luego de desarticular la Asamblea Popular, ha profundizado su ataque contra las masas. Los trabajadores públicos aún no han cobrado los sueldos de noviembre, cuyo valor está en el nivel de mayo. A los jubilados se les debe desde setiembre. Por otro lado, Cornejo anunció un plan de “racionalización" y "privatización" de la educación pública, que plantea el cierre de mil grados y la cesantía de tres mil docentes y personal auxiliar. En el plano escolar se pretende poner en marcha un plan de “transformación" ya previsto en la reforma constitucional de Buenos Aires. De un lado, se crearían las llamadas “empresas mixtas” (sic), donde los recursos de las escuelas pasarían al usufructo privado, el que gozará de exención impositiva y de una garantía estatal para el pago de sueldos. De otro lado, al establecer la “escuela pública por Cogestión”, que estará a cargo de un Consejo integrado por el gobierno, el municipio, las cooperadoras, los padres, el cual deberá hacerse cargo de la financiación mediante mayores impuestos y aranceles. Por último se prevé un “modelo cooperativo” subsidiado por el Estado, pero con un alto aporte económico de las cooperadoras. En el área de la Salud Pública, se pretende eliminar la atención primaria preventiva, al tiempo que se profundiza la persecución contra el personal que participó de la Asamblea Popular. Los ataques del gobierno se producen en medio de un espectacular agravamiento del caos económico como consecuencia de la decisión del gobierno de no rescatar los bonos públicos vencidos, que se usaban como dinero para las transacciones corrientes. Esto ha provocado un mercado negro del bono, del cual se benefician un grupo de financistas y funcionarios del propio gobierno. Pero la situación puede agravarse aún más si se confirma la versión de que el gobierno piensa hacer una nueva emisión de bonos. Hoy al cambio del bono sufre una quita del 10 al 20%. Los empresarios y comerciantes han transferido sus pérdidas de cambio a los precios, lo que ha creado una inflación local. Las grandes cámaras empresarias, han puesto como condición para seguir recibiendo los bonos, el control de la convertibilidad junto al gobierno, lo cual los colocaría como árbitros de la distribución de los fondos del presupuesto provincial y gestores de una especulación financiera con garantía en los fondos de coparticipación federal, a través de un endeudamiento “concertado” del Estado provincial. Ante esta gravísima situación las luchas han comenzado a crecer. Tienden a generalizarse los paros por los salarios atrasados. Los empleados judiciales tienen paralizada a la justicia. El gremio docente ha llamado a asamblea por escuela y a una asamblea abierta a toda la comunidad para el sábado 15. En la Maternidad se volvió a realizar la "marcha del silencio” de los días martes. En esta oportunidad APSADE (que agrupa a los médicos) declaró un paro de 24 horas en todos los hospitales públicos. En el Centro de Salud del Barrio Finca Independencia se realizó una Asamblea Popular donde se votó el apoyo a las reivindicaciones de los médicos y de los trabajadores de la salud, la defensa de la salud pública, e incluso se planteó la coordinación con otros barrios para encarar un movimiento de conjunto. Todos estos planteos fueron plasmados en un petitorio que fue firmado masivamente en el barrio. Toda la tendencia de lucha de las masas se orienta a volver a poner en pie la Asamblea Popular. Esta es la herramienta que puede permitir una lucha de conjunto para enfrentar el caos, el hambre, y defender la educación y la salud pública.

Los telefónicos de Córdoba desplazaron en las elecciones del pasado 7 de diciembre a la corrompida y odiada burocracia de Venencia, un personaje entongado ayer con Guillán y hoy con Rodríguez, el burócrata promenemista de Foetra. Por 1093 a 872, se impuso la lista Celeste unidad —un frente de hecho que aglutinó, o mejor puso en el mismo barco, a todas las listas opositoras: Celeste (PC y peronistas), Naranja (PO e independientes), Verde (Mas) y Morada (radical). La celeste ganó en 14 de los 16 edificios de la ciudad de Córdoba, con diferencias aplastantes en los sectores más obreros, además de vencer en las principales delegaciones del interior de la provincia: Villa María, Alta Gracia, Río Tercero, Villa Dolores y La Falda. Venencia esperaba contar con la masa de jubilados (20% del padrón), pero incluso esto le fracasó porque sólo un pequeño sector acudió a las urnas (131 y de ellos 36 votaron por la Celeste). Chau, Venencia La derrota de Venencia es un reflejo retrasado de la pérdida de base de la burocracia en el gremio. En marzo último, cuando Venencia justificó la detención policial de varios telefónicos efectuada con acusaciones fraudulentas, surgió un Comité de Huelga, elegido en una asamblea masiva, que luego dirigió una huelga de cinco días completamente al margen de la dirección. En el Comité de Huelga actuaban sectores esquivelistas y del PC (que integra la celeste) que seguían la orientación de Foetra-Buenos Aires, lo cual frenó la lucha y provocó un acentuado reflujo. Es así que las asambleas convocadas con posterioridad por el salario y contra la privatización fueron minoritarias. Pero el “chau Venencia” era un hecho a pesar del reflujo y fue precipitado por el indiscriminado frente electoral de la oposición. Esta situación requiere más que nunca de una política acertada con relación a la nueva dirección. Esta política debe tener por base una caracterización de conjunto, de que ¡a actual etapa de catástrofe capitalista exige la preparación de acciones de masa de los sindicatos, la superación de las divisiones por gremios y la organización de la huelga general. En consecuencia, antes que nada será necesario reclamar a la nueva dirección nuevas elecciones en las secciones para barrer a los venencistas sobrevivientes. En segundo lugar corresponde que la nueva dirección convoque a una Asamblea General que defina un pliego de reclamos para ser presentado al conjunto de Foetra. También hay que plantearle la consigna de una Intersindical con delegados de base en Córdoba, para lanzar un plan de lucha conjunto, la convocatoria a todas las provincias en lucha y la huelga general. Luego de la experiencia de Esquivel y Varone en Buenos Aires saltan a la vista las limitaciones de la nueva dirección celeste Es sintomático que critique a la burocracia de Foetra nacional, pero que en cambio no haya producido ningún documento que critique y supere la traición producida por el ubaldinismo bonaerense. La celeste llega a la dirección del sindicato de Córdoba, cuando se han agotado las posibilidades políticas del ubaldinismo en el proceso nacional. La derrota de la burocracia de Venencia ha despejado un obstáculo reaccionario pero ha puesto en su lugar a otro que, aunque izquierdizante, es más sólido.

La justicia cordobesa acaba de revocar la excarcelación concedida en marzo pasado a cinco trabajadores de UTA que habían sido detenidos en ocasión de la huelga de noviembre de 1989. De esta manera, los compañeros Roque Sosa, Alfredo Bustos, Luis Astudillo, Gerónimo Argüello y Héctor Suárez han vuelto a la cárcel. La decisión judicial sorprende porque la detención de los compañeros durante la huelga fue la consecuencia de una provocación policial. Las pruebas presentadas por la policía para demostrar la participación de esos activistas en atentados habían sido “plantadas" por la propia policía, como lo atestiguó una funcionaria oficial. El juez Rodríguez Villafañe debió entonces dar marcha atrás y dictar la libertad de los compañeros. El nuevo juez, estima, en cambio, que la declaración de la testigo es falsa, no así las pruebas “aportadas" por la policía. La burocracia de la UTA está actuando en esta oportunidad, como lo hizo en la primera detención: no hace nada. No se puede esperar otra cosa de quienes se han quedado con el sindicato por medio de la proscripción y el fraude. Es necesaria una enérgica campaña por la libertad de los compañeros que parta de los delegados y activistas de la UTA y de todos los gremios de Córdoba.

En las recientes elecciones de Comisión Interna del Hospital Francés se reflejaron los problemas políticos del gremio en su conjunto. Una lista de tendencias de izquierda se impuso por escasísimo margen a la lista de la burocracia de West Ocampo — 55 votos sobre casi 600 votantes. La Interna del hospital viene siendo conducida desde varios años atrás, por una mayoría que responde al Mas y que responde, por lo tanto, a la política de la ex-Directiva de ATSA, la cual intentó pactar recientemente la formación de una dirección sindical colegiada con la intervención judicial y West Ocampo. La falta de espíritu de lucha que ha campeado en la Interna, así como su adaptación a la política de pasividad de ATSA han permitido el deterioro de las condiciones del salario y de trabajo (como en todos los otros hospitales) y el desprestigio de la Interna en sectores cada vez más amplios de la base del Hospital. En los prolegómenos de la presentación de listas, los activistas de PO del hospital propusieron abrir un debate sobre la línea político-sindical de ATSA y de la Interna y sobre el pacto frustrado con la intervención. Las conclusiones de este debate debían servir para explicar claramente a la base la responsabilidad política por la situación de retroceso y para convocar a un reagrupa-miento de activistas. La propuesta fue rechazada por el Mas, que encabezó la lista con figuras comprometidas con el fracaso político de ATSA. El escaso margen de ventaja sobre la burocracia, los votos en blanco, y una importante abstención reflejaron el rechazo a la Interna de toda una parte de los trabajadores. La burocracia de West Ocampo se prepara para intervenir en elecciones de otros establecimientos para explotar circunstancias similares. Se pone de relieve otra vez que el balance del derrumbe de ATSA en manos de la izquierda es insoslayable. El Mas y el PC siguen ocultando con el silencio total su criminal política de estos cinco años y su inconducta ante la intervención.

Hace diez días, los trabajadores de Somisa votaron en un plebiscito a favor de la privatización en principio de la empresa. La moción de “negociar" (la privatización) con participación” se impuso ampliamente a la que planteaba “oponerse con movilización". Semejante resultado significa una incuestionable victoria política del gobierno "privatizador”, el cual se encuentra embarcado en un remate generalizado de empresas estatales y aun de caminos en beneficio de la banca acreedora, de los “capitanes de la industria” y de una fracción de la oligarquía agraria. Menem no demoró, como era de esperar, en referirse a lo ocurrido, y aprovechó para ello el especial marco político del congreso de la UOM. “La votación de Somisa, dijo, es la prueba cabal de que los trabajadores han comprendido antes que nadie nuestra política" Luego de la traición a la huelga telefónica de parte de la burocracia ubaldinista, el resultado de la votación de Somisa constituye otro golpe que se propina contra la resistencia de conjunto de los trabajadores a la política hambrea dora del gobierno. ¿Cómo es posible, sin embargo, que una mayoría neta de trabajadores apoye una política que implica despidos masivos y el reforzamiento de la explotación? La respuesta es que han sido llevados a una encerrona política por parte de la burocracia sindical, de un lado, y la Izquierda Unida, del otro. La burocracia sindical La burocracia sindical de la UOM de San Nicolás, caracterizada durante largos años por los partidos de IU como "progresista", se dirigió a los trabajadores con un planteo francamente cínico y completamente mentiroso, que asegura que la privatización de Somisa es compatible con el mantenimiento del actual nivel de ocupación laboral. Los trabajadores debían entonces optar entre un remozamiento económico y financiero de Somisa, aportado por capitales privados, que no afectaría el empleo, de un lado, y el estancamiento económico de la empresa, en los marcos estatales, la caída de la producción y la consecuencia inevitable de los despidos, del otro. De esta manera, la posibilidad de mantener el trabajo pasaba por una privatización que, claro está, no debía dejarse a la buena de dios sino que debía ser negociada por el sindicato. La consigna de la "negociación con participación” es la línea común que han adoptado los sectores ubaldinistas y la fracción de De Gennaro del movimiento sindical, estableciendo de este modo su apoyo a las privatizaciones. El slogan que reclamaba un “Estado fuerte”, que supuestamente iba dirigido contra las privatizaciones, reveló con mucha rapidez su naturaleza reaccionaria, toda vez que la "fortaleza” del Estado capitalista pasa hoy por el apoyo político a la política menemista. En todos los planteos de privatización de Somisa, desde Martínez de Hoz y Alfonsín, se contempla una fuerte reducción del plantel de trabajadores para aumentar la productividad de la empresa. Esta vía para incrementar los beneficios y la posibilidad de aplicar la capitalización de la deuda externa, son los dos ejes de cualquier privatización. Los intentos de Alfonsín de desconocer algunos de estos dos mecanismos de incremento de los beneficios capitalistas, llevaron al fracaso a la mayor parte de sus intentos privatizadores. La propia crisis mundial fuerza a realizar una “dieta de personal” en las siderúrgicas, que se encuentran de un modo general con una capacidad de producción excesiva con relación a la demanda mundial. La extraordinaria caída de la producción mundial de automotores en los últimos dos meses, no ha hecho más que reforzar esta situación. El remate del patrimonio estatal a precio vil y la cesantía masiva son dos procedimientos inevitables de cualquier política que se limita a adecuar la economía nacional a las condiciones del mercado mundial. “Somisa se muere si no consigue 400 millones de dólares ya y 800 para el decenio que comienza” —afirma el secretario general de la UOM de San Nicolás, para justificar su moción privatizadora. El burócrata pretende desconocer que el Estado pierde el doble de esas sumas mensualmente en concepto de evasión impositiva y previsional por parte de los capitalistas, o de que ese Estado ha pagado diez veces más que ese importe en los intereses de la deuda externa solo del año 1990. De otro lado, Brunelli pretende desconocer también que ningún capital extranjero aportará la suma que fuere en otra forma que no sea el canje de títulos de la deuda externa por australes. Por medio de este último procedimiento, el que pone el capital es el Estado, aunque quien se lo apropie será un capitalista privado. Los millones “que se necesiten” vendrán acompañados, además, de la exigencia de una “racionalización laboral". ¿O para qué quieren los capitalistas la “ley de empleo", la derogación de la de accidentes de trabajo, la “descentralización de los convenios” o la liquidación del sistema previsional? La posición de Brunelli refleja la completa desmoralización de la burocracia sindical ante la ofensiva capitalista y una reorientación en la preservación de sus intereses, que empiezan a pasar por una integración con los grupos privatizadores. La burocracia es incapaz de ver y de plantear una lucha de conjunto contra el plan económico del gobierno, que tenga por objetivo la expropiación de los grandes pulpos y de la banca, la vigorosa centralización de los recursos nacionales, el control obrero y una planificación económica orientada, no en función de las tendencias disgrega-doras de la economía mundial capitalista, sino de las necesidades de las masas y de la industrialización. Izquierda Unida La totalidad de la prensa ha ignorado el hecho de que la iniciativa del plebiscito partió de Izquierda Unida y luego tomada al vuelo, como verdadero regalo, por la burocracia sindical. Los democratizantes de IU pretendían dar respuesta así a los anuncios de una privatización. Con el resultado adverso, IU ha ingresado a la galería de los que fueron derrotados en plebiscitos impulsados por ellos mismos. Es incuestionable que la consigna del plebiscito ha servido a la derrota política de los trabajadores que luchan. El crimen político de IU fue haber, primero, sustituido el método de la deliberación por medio de asambleas, en torno a problemas concretos de las masas, por un procedimiento electorero y desmovilizador y, segundo, por haber sustituido el debate sobre temas concretos en forma de reivindicaciones por la opción abstracta y de principios acerca de la estatización o no estatización. Considerada en abstracto, no existe en realidad ninguna diferencia de principios entre la estatización y la privatización, pues ambas son formas de la explotación capitalista de los trabajadores. La respuesta de los obreros debe ser concreta, es decir, reivindicativa, para derrotar la política capitalista de salarios, despidos y condiciones de trabajo. O los intentos capitalistas de modificar en su favor las relaciones de fuerza (privatizaciones, medidas antidemocráticas). Respuesta concreta, no papeleta vacía. En el plebiscito, la moción de IU llamaba a defender una estatización burguesa (“Solidaridad Socialista" llama a Somisa “bastión del patrimonio nacional”) que el Estado que hubiera quedado encargado de garantizarla, la sabotea todos los días. Un voto de “oposición” a la privatización no significaba ninguna clase de salida para los trabajadores, esto porque no comprometía de ningún modo al Estado que tiene las palancas de las empresas estatales y de la economía pública. La moción de IU significaba un callejón sin salida para los trabajadores de Somisa; no una solución, sino una ficción de solución. ¡El Estado, por otro lado, no tomaba parte en el plebiscito, de modo que su resultado no lo comprometía! La estafa política no podía ser más grande. Aun así, el plebiscito podía tener un valor remoto pero positivo si hubiera estado asegurada la victoria de la moción anti-privatista, pero no había nada de esto. IU simplemente propuso un camino de derrota que la deja comprometida con la política de la burocracia sindical, precisamente porque fue IU la que impulsó el plebiscito. IU no solamente propuso un plebiscito para apoyar una estatización burguesa a cargo de un Estado capitalista que tiene objetivos privatizadores, sino que también pretendía defender esta estatización a través de una burocracia sindical que se había pasado al campo del gobierno. IU no planteó en ningún momento la compatibilidad que existía entre la defensa de los intereses nacionales y de las masas y la dirección miguelo-ubaldinista de Brunelli. Si solamente se hubiera visto y planteado la cuestión de la dirección, habría quedado claro que ella solo podía ser resuelta en el marco de una asamblea general y de un plan de lucha, único ámbito para imponer una nueva dirección. En el caso de Somisa IU ha llevado su política parlamentarista al extremo: en lugar de denunciar la vacuidad y el palabrerío de la institución parlamentaria y oponerle la acción de las masas como vía para la solución de los problemas populares, IU lleva los métodos parlamentaristas o electoreros al movimiento obrero en oposición a la tradición de acción y de lucha del proletariado. ¡No al engaño! Luego del plebiscito, el Mas ha prendido disimular su política de derrota, asegurando que el plebiscito se limitó a un voto en contra de una salida inmediata a la lucha y hasta llega a decir que “se votó mayoritariamente postergar la lucha" (13/12). Como timbero que pierde la apuesta el Mas ya descuenta a favor las apuestas futuras. Pero cualquiera que sea el desarrollo futuro, lo que ha ocurrido ahora es una derrota de la resistencia obrera como consecuencia de la encerrona en que metieron a los trabajadores de Somisa, la burocracia e IU. ¡Algo parecido al Mas dice Brunelli! El dirigente de la UOM asegura sin pestañear que “lo que se votó es cómo enfrentar la privatización". Pero para Brunelli “enfrentar" quiere decir “encarar", porque “cuando nos digan”, le dice a Página 12, “Señores, esto se privatiza". “Bueno ¿de qué manera?, vamos a preguntar nosotros Brunelli e Izquierda Unida están embarcados en un mismo operativo: disimular sus políticas, las cuales han conducido a esta derrota en el plebiscito y han dejado sin política a los trabajadores frente a la privatización. Es necesario comprender la política de derrota de la burocracia e IU para rearmar al activismo. Porque indudablemente la privatización de Somisa será un proceso de grandes choques, no solamente porque afectará a los trabajadores y a la ciudad, sino por las disputas que desatará entre los diferentes postores capitalistas y entre los comisionistas de las privatizaciones que están en el gobierno. En Brasil, por ejemplo, el gobierno tuvo que parar la privatización y los despidos en la siderúrgica de Volta Redonda (24.000 trabajadores), mientras tiene en el impasse la de Usiminas (empresa mixta) debido a los choques can los accionistas japoneses. Es necesario, en la preparación de la lucha, desenmascarar la encerrona de Brunelli e IU y, mediante la denuncia del fraude político que fue el plebiscito, señalar a los trabajadores que éste no obliga a los trabajadores a apoyar o respetar la política de la entrega capitalista; y que sigue en pie denunciar las privatizaciones confiscatorias, defender las conquistas laborales y preparar una acción de conjunto que ponga fin a la política hambreadora y abra el camino del gobierno de los trabajadores.

El día de la sublevación carapintada el Intendente de General Roca convocó a una reunión especial en la municipalidad a todas las fuerzas políticas de la ciudad. De las deliberaciones surgió una declaración común, firmada por todos los concurrentes, en la que se repudia al alzamiento porque “daña la credibilidad de las instituciones republicanas", se llama a las "autoridades legítimamente constituidas a extremar las medidas para sostener el orden constitucional, subordinando definitivamente el poder militar al civil, aplicando con el máximo rigor el cumplimiento de las leyes vigentes”. El documento convoca, además, a “castigar a los elementos facciosos que pretenden subvertir el estado de derecho” (Río Negro, 4/12). Este documento fue suscripto por todos los partidos burgueses y también por Aurelio Vázquez, responsable del Mas y Juan Mercado del PC. Esta declaración constituye un apoyo de principios al Estado capitalista, el cual no es otra cosa que una maquinaria de opresión política de los trabajadores. En la crisis militar última el gobierno actuó como defensor de ese Estado, contra la disgregación que producía la acción carapintada. La declaración que firman los partidos de Izquierda Unida no repudia la declaración del estado de sitio, que fue la primer medida represiva aplicada por el gobierno, por la cual suspendió los derechos políticos ciudadanos. Las “autoridades legítimamente constituidas" que defiende el documento son las que la burguesía mantiene en el poder para reventar de hambre a los trabajadores, despedir centenares de miles de empleados públicos y esquilmar a las provincias. En la declaración ni siquiera se omite el lamento por el daño causado a la “credibilidad" y a la imagen del país como garante de las inversiones extranjeras y pagador de la deuda externa. La subordinación del “poder militar al civil” no es más que el disfraz de la reorganización de las fuerzas armadas precipitada por la sublevación carapintada para mejor servir de guardián de los intereses del imperialismo. El PO no concurrió a la reunión en la Legislatura y denunció el rol de los partidos que ayudaron al gobierno a “poner la casa en orden” por mandato directo del gendarme norteamericano y el dictado del estado de sitio. Los dirigentes del Mas y del PC no se sumaron a la posición de P.O. sino a la de los explotadores.

Más de 5.000 compañeros marcharon el miércoles 5 contra la presencia de Bush en la Argentina. El bloque de los 8 y las juventudes políticas (JR, DC, JP, etc.) que habían convocado a la manifestación en un solicitada junto al Mas, el PC y el PTS, ni siquiera se hicieron presentes. Los centroizquierdistas desistieron hasta de la anunciada colocación de una ofrenda floral a los caídos en Malvinas con el pretexto del “estado de sitio” declarado ante los sucesos de los carapintadas. Todo esto revela el enorme acierto del PO al no firmar ninguna solicitada con estos impostores, y la falta de principios del acuerdo entre I.U. y la centroizquierda. La ratificación de la marcha a pesar de la declaración del estado sitio constituyó una forma efectiva de defender las libertades democráticas. Es probable que esto haya obligado al gobierno a levantar el estado de sitio, para evitar enfrentamientos callejeros en plena crisis político-militar. El frente de agasajo a Bush (o al menos de recibimiento “civilizado”) abarcó desde Menem hasta la pequeño-burguesía centroizquierdista y nacionalista.

Con motivo de la realización de su reciente XVII° congreso, la dirección del partido comunista invitó al Partido Obrero a hacerse presente con una delegación y a dirigir un saludo político. Los dirigentes del PC violaron, sin embargo, este compromiso al no autorizar la palabra de los delegados del P. O. En I. U. en general se ha hecho un hábito evitar que el P. O. haga uso de la palabra, algo que se extiende a los medios de comunicación, en los cuales condicionan (cuando pueden) su asistencia a la exclusión del Partido Obrero. El lector podrá leer más abajo el discurso preparado por Christian Rath en nombre del P.O. La prohibición de la palabra a una delegación invitada pretende convertir a la presencia de ésta en un acto de solidaridad política de cara a la opinión pública. Se trata de una maniobra aviesa. Las diferencias políticas del PO con el PC son profundas y de principios, de manera que es de baja politiquería la maniobra de encubrirlas. En los congresos partidarios se han expresado muchas veces polémicas políticas agudas como consecuencia de los planteos de las delegaciones invitadas El P.O. no envió una delegación para cumplir con obligaciones diplomáticas sino para exponer una posición política. Vicente, Guidobono y hasta Viale hicieron uso de la palabra, pero ella le fue prohibida al P.O. Nos cumple denunciar la maniobra del PC y señalar su intención de distorsionar la posición política del Partido Obrero. “Compañeros: “En nombre del Partido Obrero reciban un saludo revolucionario. “Compañeros: “Si consideramos la situación internacional en su conjunto, es indudable que vivimos un momento histórico revolucionario. “La descomposición de la burocracia stalinista y la aparición de gigantescos movimientos de masas en la URSS y en Europa oriental se ha combinado con manifestaciones de una crisis económica de gran amplitud en el conjunto de las naciones capitalistas, incluso las más desarrolladas, y hasta con crisis políticas y luchas de masas, como por ejemplo, la renuncia de la Thatcher, las manifestaciones estudiantiles en Francia, las huelgas en Italia, la huelga ferroviaria en la zona oriental de Alemania y la huelga indefinida en la República Dominicana. "Ante una situación de esta envergadura, el problema de los problemas es la calidad del factor subjetivo, es decir, la existencia de una orientación y programa revolucionarios. “La situación en la Unión Soviética es una clara ilustración de la importancia decisiva que tiene el factor subjetivo, es decir, el programa y el partido. Porque desde cualquier punto de vista que se la considere, la situación de la URSS es típicamente revolucionaria y se asemeja en numerosos aspectos al período que caracterizó a Rusia entre febrero y octubre de 1917, pero con la enorme salvedad de que no existe en esta oportunidad un partido bolchevique que derroque a la burocracia e instaure una verdadera dictadura proletaria, para poner fin a la “catástrofe que amenaza” a la URSS. “La característica enormemente revolucionaria de la etapa actual se manifiesta en el rápido agotamiento que están sufriendo las tentativas derechistas, como por ejemplo en Polonia y Alemania, tanto en el plano económico como en la resistencia que ofrecen las masas El rasgo más sobresaliente del presente período lo constituye, por sobre todo, la aparición del proletariado soviético como clase, atomizado durante setenta años por la burocracia contrarrevolucionaria y, próximamente, por la intervención que tendrá el propietario de los Estados Unidos, empujado a la lucha por la crisis económica y las agresiones criminales del imperialismo. “Para poder desarrollar el factor subjetivo que haga emerger de la presente situación mundial una revolución socialista son necesarias algunas conclusiones insoslayables que se derivan del conjunto de la experiencia histórica del presente siglo. "La primera tiene que ver con el reconocimiento del carácter contrarrevolucionario de la burocracia stalinista y del aparato internacional que ésta formó sobre la base de la burocratización y asimilación de los partidos comunistas. El pronóstico trotskista y de la IV° Internacional con relación a que la burocracia es una fuerza social hostil a la revolución mundial, a que es un punto de apoyo del capitalismo mundial en los Estados obreros y a que es la base social y política de cualquier tentativa de restauración capitalista, ha sido completamente demostrada por la historia. La perestroika es la expresión de una política de restauración capitalista, que procura disimular su carácter ante las masas y que tiene fuertes connotaciones empíricas como consecuencia de la resistencia de esas mismas masas. "El reconocimiento del carácter contrarrevolucionario del stalinismo debe llevar naturalmente a otras conclusiones. Una es la referida a la necesidad de una revolución política que acabe con la burocracia e instaure una dictadura proletaria. La admisión del planteo de la revolución política significa restablecer la unidad de la revolución socialista como fenómeno mundial, revolución que no está ni estuvo nunca encarnada de ninguna manera en las castas burocráticas. Otra conclusión es la necesidad de superar la concepción menchevique del seguidismo a las burguesías nacionales y de la defensa de los Estados nacionales democráticos, teoría con la cual el stalinismo impulsó la coexistencia pacífica del proletariado mundial con el imperialismo, es decir la integración de la clase obrera al orden mundial imperialista "El stalinismo aún no ha muerto ni como casta ni como programa. El imperialismo procura asimilar pacíficamente a la burocracia para evitar el hundimiento de los aparatos estatales del este y porque la burocracia es la que con más fervor está impulsando la privatización económica en su propio beneficio. El programa menchevique-stalinista está vigente en la izquierda democratizante del mundo entero, y ello se expresa en el abandono de la independencia de clase de los partidos de izquierda que votan y apoyan a partidos patronales; en el alineamiento con la burguesía democrática en las crisis políticas o político-militares; en la firma de pactos sociales; en la burocratización de los sindicatos que dirige esa izquierda. La política menchevique, que consiste en contener la revolución en los marcos democrático-burgueses, fue sistemáticamente aplicada en Nicaragua y ha llevado al hundimiento de la revolución. “La estrategia revolucionaria marxista se resume en un concepto: internacionalismo de la clase obrera, el cual significa la coordinación de la lucha de clases del proletariado de todos los países contra el capitalismo mundial para realizar la dictadura del proletariado. Sólo esta unidad puede servir de apoyo a los pueblos que luchan por la liberación nacional. Las burguesías tercermundistas han fracasado miserablemente en sus planteos de independencia; la mayor parte de ellas se ha pasado al imperialismo. Hoy, menos que nunca, tiene vigencia la "tercera posición”, porque la lucha de clases al interior de las naciones oprimidas y dependientes ha empujado a la burguesía e incluso a la capa superior de la pequeña burguesía en brazos del imperialismo. Ahí está para probarlo la crisis en el Golfo Pérsico. El tercermundismo es un concepto contradictorio inviable, esto porque el nacionalismo es incapaz por definición de una acción histórica o internacional unificada. "Es necesario continuar y profundizar el bolchevismo, que se ha mantenido vivo por la acción de las corrientes genuinamente representantes de la IV° Internacional. Para un revolucionario no hay otra salida. “En pocos lugares son más evidentes como en Argentina las limitaciones de las políticas que pretenden sacar al capitalismo de la crisis por la vía de la confiscación económica sin precedentes de las masas. Los Estados que han emprendido este camino se encuentran en quiebra económica y política. Para ofrecerle a las masas una salida hay que construir un polo revolucionario y desenmascarar los intentos traidores del democratismo pequeño-burgués. El frentismo sólo tiene porvenir como factor de polarización política, de organización cotidiana, de desenmascaramiento del impotente parlamentarismo y electorerismo burgueses, de desarrollo de una verdadera vanguardia obrera y de impulsor de la acción de masas. Argentina oscila entre la catástrofe del retroceso productivo y la catástrofe de la hiperinflación. Estas condiciones condenan al aniquilamiento a todas las corrientes políticas que se basan en el orden actual, sea en su variante inmovilista o en su variante reformada. “Esta es la estrategia del Partido Obrero. Llamamos a ustedes a sepultar teórica y prácticamente al stalinismo y a iniciar por fin una discusión política que se ha intentado negar sistemáticamente, para poner en pie un frente revolucionario de cara a la situación del país y a la situación internacional."

El gobierno que protagoniza el mayor festival de negociados de la historia argentina; que ha entregado ENTel, Aerolíneas, YPF, las rutas y las autopistas a precios de remate y con el derecho a cobrar tarifas confiscatorias; y que se apresta a entregar Segba, Fabricaciones Militares y los Ferrocarriles, en operaciones secretas que no son puestas en consideración del parlamento, ha lanzado una ruidosa campaña contra la “corrupción”, que no tiene otro propósito que encubrir a los corrompidos, atacar a fondo a la legislación laboral y desconocer las deudas del Estado con los trabajadores. Esto explica que ninguno de los millonarios negociados que tiene como protagonistas a los miembros más íntimos del entorno presidencial esté siendo investigado mientras que toda la “campaña moralizadora" oficial se centra en los juicios de los trabajadores a las empresas del Estado por incorrecta liquidación de sueldos e incumplimiento de los convenios colectivos. Para lograr su propósito, el gobierno utiliza una técnica jurídico-policial denominada “amalgama", que consiste en mezclar a algunos pocos culpables con los inocentes a los que se quiere condenar. Se busca equiparar el caso” de dos funcionarios (empleados en una empresa privada contratista de Ferrocarriles) que estafaron a la empresa estatal con la complicidad del sub-interventor, Fernando Frediani, con los miles de juicios de los trabajadores por salarios mal liquidados, incumplimiento de los convenios y accidentes laborales... y presentar a todos como “corruptos”. La inmoralidad de la “campaña moralizadora "no tiene límites. “En medios forenses y sindicales se descuenta que la ruidosa campaña iniciada por Luis Barrionuevo no tendría otro fin que conseguir una suspensión total de los pagos por juicios laborales” (Página 12, 2/12). Lo mismo sucedería con los juicios que las provincias han iniciado por el pago de las regalías petroleras atrasadas. E incluso algo similar podría ocurrir con los pequeños proveedores del Estado, en tanto se paga suculentamente la deuda con los grandes contratistas (Siemens, Pescarmona, B. Roggio, Sade, Sideco, Impregilo, Cartellán) y con los bancos acreedores. El gobierno pretende impedir al trabajador el acceso a los tribunales, para poder seguir liquidando los sueldos por debajo de las escalas de convenio y al margen de las cláusulas de las convenciones colectivas. Con semejante saqueo, podrá continuar la “fiesta de subsidios" a la "patria capitalista" nacional y extranjera. Liquidar la legislación laboral El gobierno y las cámaras patronales apuntan aún más lejos, si cabe. El gran objetivo de la campaña contra “la industria de los juicios" es reformar (liquidar) la ley de accidentes de trabajo, “sindicada por algunos funcionarios como la responsable de todos los males"(ídem), y apretar al Congreso para la aprobación de la ley de empleo “entendida como una rebaja de los costos laborales " (ídem). Para las patronales, una y otra reforma están “íntimamente relacionadas" (La Nación, 7/12). El diario de los Mitre informó de una “reunión reservada" entre la UIA y la CGT San Martin en la que se acordó la reforma de la ley de accidentes. La burguesía se presenta, en su interesada versión, como la "víctima" de “miles de juicios" por accidentes fraguados, cuando sólo en una obra, en Piedra del Águila, ha habido más de diez obreros muertos y centenares de heridos, en tanto que los trabajadores debieron recurrir a la movilización para que la patronal reconociera a la Comisión Obrera de Seguridad e Higiene. La pretensión de la burguesía de reformar la ley de accidentes es la evidencia de que se prepara a liquidar en masa las condiciones laborales. Los capitalistas apuntan a liquidar toda la legislación laboral que protege al trabajador y que es el resultado de decenas de años de lucha. Por eso también “reclaman la reforma integral del sistema previsional... y la descentralización de las paritarias” (La Nación, 7/12). El programa de la burguesía y del gobierno menemista es convertir a los trabajadores en parias sin derechos. Argentina está gobernada por una “cleptocracia", es decir, por los ladrones, según la definición de uno de sus miembros, el presidente de la Asociación de bancos extranjeros (ABRA), Emilio Cárdenas. No serán ellos los que detendrán la corrupción y los negociados, inherente al régimen burocrático del Estado capitalista y a la ley del lucro privado y de la explotación del prójimo.

Todo lo que fue dado a conocer con posterioridad a la derrota del levantamiento carapintada último, ha confirmado la caracterización que se hizo en el último número de Prensa Obrera con relación al conjunto de las fuerzas presentes en la última crisis. En efecto, la gran burguesía, el imperialismo y el conjunto de la reacción política se agruparon detrás del gobierno, en tanto que los sublevados no expresaban más que a las víctimas y a los desplazados de las crisis anteriores. El programa del indulto estaba encarnado esta vez por Menem y no por Seineldín, y lo mismo ocurría con la política de recomposición del ejército. Los partidos "democráticos" que en forma unánime apoyaron la represión del levantamiento, reforzaron en esa misma medida las posiciones políticas del gobierno indultador, hambreador e interventor de sindicatos. Los "hombres del proceso", en cambio, no se equivocaron: Bussi, Ruiz Palacios, Ulloa, el asesino N°1 Menéndez y hasta FAMUS, denunciaron con gruesos epítetos a los amotinados. El carapintada diario La Prensa hurgó en los mejores tesoros de la lengua castellana para denunciar a los seguidores de Seineldín. La muletilla de la "operación dignidad" y del “ejército nacional" desapareció del idioma reivindicativo de Gainza Paz y de sus columnistas. Luego del 3 de diciembre los “nacionales "protagonizaron una verdadera operación de “indignidad" con relación a sus antiguos conmilitones. Este alineamiento de fuerzas en el plano político reflejó exactamente el que existía en el plano militar. La mayoría de los carapintadas de las antiguas sublevaciones, informa La Nación, se encontraba en el bando “leal”, eran más numerosos entre los represores que entre los levantados en armas; ¡de los indultados, sólo uno estaba entre estos últimos! Verbitsky, de Página 12, confirmó luego al diario de los Mitre, y ratificó también que el movimiento sedicioso estuvo compuesto abrumadoramente de suboficiales, con el añadido de que habían entrado al ejército con posterioridad a 1978 y no tenían acusaciones de represión ilegal. Verbitsky se tuvo que enmendar a si mismo con referencia a un oficial Monner Sanz, ya que el sublevado nada tenía que ver con otro oficial torturador de igual apellido. La circunstancia dramática de esta composición de fuerzas la dio el ingeniero militar sublevado que se suicidó porque no podía tolerar las privatizaciones en el área de Defensa. Esta configuración de fuerzas revela la escisión política del antiguo movimiento carapintada, que la sedición permitió sacar a luz. Los Rico, Venturino, Barreiro ya habían establecido una coexistencia con el gobierno y los altos mandos sobre la base del indulto y el respeto a las jerarquías constituidas. Estos jefes de la mayoría carapintada repudiaron con bárbaros calificativos a sus ex compañeros levantados, haciendo causa común con los “oficiales del timbre". La participación de la Aeronáutica y la Marina en la represión también es reveladora, esto porque la cúpula de la primera está metida a fondo en las privatizaciones y la segunda en el acuerdo con ingleses y yanquis por Malvinas y el Golfo. La cuestión de la financiación del levantamiento amenazó por un momento con convertirse en otro factor de crisis, y es seguro que algunos pulpos capitalistas quisieron aprovechar el hecho para destronar a sus rivales comprometidos. Se mencionó a Bunge y Born, Fortabat, Frigerio, Cornide — grupos con claras simpatías carapintadas, así como existen otras figuras metidas en otros grupos económicos. Esta gente financia sin ninguna duda a los carapintadas, lo cual no quiere decir que haya apoyado el levantamiento, pues probablemente lo hayan hecho con los carapintadas leales, mucho más numerosos. Poco después de sofocada la sedición, el gobierno anunció una reforma militar, que tiene más las características de un negocio económico, pues por medio de él las guarniciones militares dejarían terrenos de elevado valor para alojarse en zonas inmobiliariamente marginales. La reforma insinúa la pretensión de reducir el ejército y de darle un carácter profesional o de reclutamiento voluntario. Fue lo que se hizo en Estados Unidos después de Vietnam, aunque cumplida esa etapa de depuración ahora se pretende volver al servicio obligatorio. Un ejército voluntario se adaptaría mejor a las funciones de lucha contra el narcotráfico, que el Pentágono pretende adjudicar a las fuerzas armadas latinoamericanas. Argentina pasaría a tener una guardia nacional, como corresponde a su creciente status colonial. El fracaso del levantamiento carapintada es antes que nada de origen político. Los sediciosos están convencidos de que los ejércitos constituyen una forma superior de la convivencia humana y de que, por lo tanto, se encuentran por encima de la división de la sociedad en clases. Pretenden hacer, entonces, de la fuerza armada el eje de la reestructuración social del país. Se trata, más que de una utopía, de una fantasía. Esa ilusión militarista o nacionalista funciona cuando corresponde a las necesidades de la clase social dominante o del régimen social existente, y sirve para darle sentido de misión a la prosaica labor de arbitrar los conflictos de clase que hayan llegado a un punto agudo, o a superar el enfrentamiento entre las clases dentro de los límites de la sociedad dividida en clases. Como el último levantamiento no era portavoz de ningún reclamo fundamental de la burguesía, ni aventajaba a los ojos de la burguesía a Menem en las propuestas para salir del estancamiento nacional, no tenía condiciones de prosperar, como sí había ocurrido cuando reclamaba el indulto. Con relación a los trabajadores y a la lucha por sus libertades, el movimiento de Seineldín era francamente reaccionario, como lo simboliza la declaración del mayor Abete, en la que éste afirmó que sólo en la represión de La Tablada el ejército estuvo realmente unido contra un enemigo común. Obviamente para el mayor Abete el imperialismo no figura entre los enemigos que deberían ser combatidos en común junto al pueblo. El barullo descomunal de Menem and company en favor de la pena de muerte contra los alzados, pretenden simplemente ahogar las pruebas que lo comprometen a él, a su familia, a sus ministros, diputados y secretarios en reuniones y actividades conspirativas con Seineldín y sus secuaces. Hay que denunciar esta cortina y reclamar que en el banquillo de la acusación se sienten todos los funcionarios oficiales, sean civiles y militares, para revelar las trenzas reales de las conspiraciones contra el pueblo, y en particular las relaciones del gobierno nacional con los servicios secretos norteamericanos, específicamente en el manejo de la última crisis militar.

Desde el mes de abril, el gobierno venía haciendo alarde de obtener varios millones de dólares mensuales de superávit fiscal, lo que evidenciaba —según la palabra oficial— que el plan económico gozaba “de buena salud". Los proclamados superávits eran en realidad ficticios, por cuanto se obtenían sobre la base de interrumpir todo tipo de inversión y suspender el pago a los proveedores del Estado. Esto explica el aumento en flecha de la deuda interna, que hoy ronda los 20.000 millones de dólares contra “los 3.500 millones de dólares adeudados por el Estado a fines del año pasado, cuando se decidió refinanciarla” (Clarín, 9/12). En estos días, ha saltado a la luz todo este proceso encubierto: la crisis fiscal es apabullante, los "superávits” eran falsos, el gobierno no tiene fondos para pagar los sueldos y la recaudación impositiva se ha caído por el piso. Todo esto, agreguemos, después de incrementar los impuestos al pueblo, aplicar tarifazos y privatizar varias empresas públicas “deficitarias". La deuda pública total (externa e interna) supera los 85.000 millones de dólares, cuando a principios de año rondaba los 70.000 millones. Ahora el gobierno viene a descubrir que la evasión impositiva ha llegado a niveles del 70 u 80%. En las provincias el boicot impositivo es total, mientras los capitalistas reciben puntualmente créditos subsidiados de las bancas provinciales siguen asistidos por los beneficios de la promoción industrial. Se ha llegado así a un punto en que la burguesía ha puesto el sistema impositivo al revés: no pone un austral y recibe créditos por millones de australes que sabe de antemano que no va a devolver Esto explica el debate en torno a la aplicación de nuevos impuestos y el “raje” del subsecretario de Finanzas Públicas. Este acusó “en la trastienda” a las empresas tabacaleras, las “promocionadas" y las exportadoras como causantes de la crisis fiscal, revelando que los protagonistas de la huelga impositiva son los que mandan y seguirán haciendo lo mismo. “El año pasado había retenciones a las exportaciones industriales, hoy no las hay; había retenciones a la producción agropecuaria en una medida que hoy no las hay, había un siete por mil de impuesto a los débitos bancarios que hoy no existen, el impuesto a las ganancias era del 33% y hoy es del 20", ¡se ha quejado el renunciante Cuello! ¡Pero la burguesía no paga ni siquiera los impuestos que le han quedado luego del colosal jubileo otorgado por el gobierno capitalista! La crisis fiscal rampante es la prueba de que el proceso de “estabilización” es totalmente ficticio y marcha al derrumbe. El Estado tiene ahora un quebranto superior luego de las privatizaciones, de los despiadados tarifazos, de la “racionalización” y la “reducción del gasto público” propiciada por las leyes de emergencia económica y reforma del Estado. El gobierno que se queja por la evasión capitalista al mismo tiempo ha resuelto financiarle a la oligarquía terrateniente la caída internacional del precio del trigo, mediante las compras de la Junta Nacional de Granos. El “lock-out” impositivo evidencia que a la burguesía le importa un pito el déficit fiscal. Su política es retener en sus bolsillos los impuestos que la población sí paga, para que el “ajuste fiscal” se obtenga profundizando aún más el proceso confiscatorio de las masas. Su política es imponer la Ley de Empleo, el despido en masa de trabajadores de la administración pública y las empresas estatales, la continuidad del regalo de activos industriales a cambio de papeles sin valor, la liquidación de la previsión social para asegurar el negocio de la jubilación privada. Las privatizaciones al desnudo El caos del servicio telefónico luego de su entrega a las privadas permite apreciar el colosal fiasco que representa el “logro mayor” del gobierno entreguista. Inmutable, el presidente de Telefónica de España, ha declarado que “la realidad del servicio no puede variar significativamente hasta dentro de dos años, como mínimo", lo que no puede sorprender si se considera que las privatizaciones no responden a la mejora del servicio sino que son un proceso liso y llano de rescate de la deuda externa mediante la expropiación de los patrimonios personales del pueblo. Los consorcios que se han apoderado de ENTel no han entregado aún los títulos de la deuda pública que se comprometieron a aportar y cuya compra les exigiría un desembolso de 1.000 millones de dólares en billetes. La suma la aportarán los usuarios telefónicos y es esto lo que explica la demora de los pulpos. A razón de 250 millones de dólares por mes, que era la recaudación normal de la ex-ENTel — ahora acrecentada por los tarifazos y el mantenimiento de la paridad cambiaria— las privatizaciones redondearán a lo sumo en cuatro meses el monto comprometido en la operación de “compra”. Este colosal desfalco capitalista recién comienza. Los bancos que tienen en su poder títulos de la deuda externa no quieren entregarlos porque está planteado el ingreso de la Argentina al Plan Brady y esto puede significar su re valorización. Para obtenerlos, los bancos que forman parte de los consorcios adjudicatarios de ENTel—City y Morgan— están ofreciendo acciones “preferidas” cuyos rendimientos deben ser más atractivos que los que surgen de aquella revalorización y que no pueden provenir sino del “tarifazo” permanente. Toda la política de privatizaciones apunta a expropiar los patrimonios personales del pueblo, luego de haber reducido sus ingresos al nivel de miseria, para que un puñado de capitalistas puedan seguir acumulando beneficios que luego son sacados del país. La “iniciativa privada” ha logrado un régimen de “tarifazos” descomunales, un estatuto de “excepción” que la excluye de cualquier control de precios en condiciones de entrega total: sin aportar un sólo dólar. Impasse capitalista En tanto el gobierno declaraba la bancarrota fiscal, la burguesía exportadora agudizó su reclamo en pos de una devaluación. La respuesta oficial es aguardar una evolución "natural” de la paridad cambiaria por la vía de un acrecentamiento de las importaciones. Pero las importaciones son mínimas y lo seguirán siendo porque no hay financiamiento internacional y las pocas que se realizan lo hacen bajo riguroso contado. La avalancha de medidas entreguistas de Menem no ha superado la impasse capitalista. Las privatizaciones han agravado y no atenuado la hipoteca de la deuda externa, la “apertura” ha acentuado la asfixia internacional del país de parte de los monopolios internacionales; la política “antiinflacionaria” no ha reducido la hipoteca del Estado sino que la ha llevado a niveles aún más exasperantes. La ofensiva en marcha y los nuevos ataques que se avecinan frente al empantanamiento del gobierno, tienen el respaldo o la complicidad de la burocracia sindical que es natural comisionista del desfalco de las obras sociales y del “curro” de la jubilación privada. Miguel declarándose como “soldado de Menem” o Ubaldini reconociendo al gobierno porque “ha derrotado a la patria financiera” son un testimonio repetido y elocuente. La verdadera salida al caos capitalista pasa por poner fin al saqueo nacional, mediante la expropiación de los grandes grupos capitalistas y el control obrero de la producción. Para lograrlo la tarea política de la hora es poner claridad en la vanguardia de la clase obrera y orientarla firmemente hacia la organización del movimiento de masas en una perspectiva independiente.

A pesar de la oposición del 88 por ciento de la ciudadanía, Menem dictará los últimos indultos en Navidad. La libertad a los violadores de hombres, mujeres y niños servirá de marco menemista a la religiosidad de las fiestas de fin de año. El episcopado, en lo que le corresponde, ha dado su completo acuerdo. Cristo se flageló imaginariamente en el mesiánico propósito de salvar al género humano, Menem ha decidido flagelar al pueblo argentino para salvar al cuerpo de oficiales armados encargados de la religiosa defensa de la explotación del hombre por el hombre. ¿Pero será verdad que los jefes de los torturadores y del crimen saldrán en libertad? La pregunta merece ser planteada porque libertad no fue lo que les faltó en los chalets del penal de Magdalena para hacer una vida de rentistas o para las incursiones diurnas y nocturnas en Buenos Aires o las ciudades de la costa y las estancias bonaerenses. Prisión es lo que van a sentir ahora cuando no puedan asomar sus narices libremente sin recibir el repudio popular. Hay quienes propugnan que junto al indulto Menem los rehabilite para ejercer cargos públicos, pero no se dan cuenta que si los jefes torturadores retornan a la función oficial seguramente volverán a terminar en la cárcel. Los indultos revelarán un giro de 180° en los hábitos ornitológicos de Menem y en su preferencia por los pájaros enjaulados. La convicción no se ha mantenido con el paso del tiempo, porque no solamente Camps, confeso torturador de cinco mil ciudadanos, sino también “Pajarito” Suárez Mason, revistará entre los indultados. Solo así se evitarían las citaciones de militares a un eventual juicio del ex jefe de la zona I, a las cuales los uniformados ya han dicho que no asistirán. Con la libertad del pájaro, Menem podrá seguir fingiendo que el “poder” militar se subordina al “civil”. La liberación de los Videla culmina una derrota para la lucha democrática, pero por sobre todo desnuda la inconsistencia de los movimientos políticos pequeño-burgueses y de las organizaciones de derechos humanos, que sistemáticamente subordinaron la lucha por el castigo a los genocidas a la estrategia de la defensa del orden político llamado “democrático”. La lucha por las reivindicaciones contra el militarismo y la represión sólo puede resultar victoriosa en el marco de una política de lucha de clases y de un frente que reúna todas las tendencias y manifestaciones de oposición y lucha al Estado burgués. La inconsistencia política mencionada se aprecia en este fin de año, donde prevalece la completa desmovilización contra el indulto. Un sector al menos de las tendencias pequeño burguesas está a la espera del decreto presidencial para producir una protesta simbólica o dar mero testimonio de su oposición. Los centro-izquierdistas, que ya dieron la espalda a la manifestación contra Bush para no contribuir a la crisis política desatada por los carapintadas, han decidido extender la tregua hasta fin de año. Los alfonsinistas, ídem. Esta gente no quiere mover el avispero frente a la medida del indulto, por la simple razón de que el indulto es indispensable para terminar de cerrar las filas en las cúpulas superiores de las fuerzas armadas, de cara a la crisis militar. Los que votaron el estado de sitio el 3 de diciembre o apoyaron a Menem-Bush con el pretexto del alzamiento carapintada, vuelven a usar la misma justificación ficticia para no movilizarse contra el indulto y mejor defender al Estado burgués. Llamamos a movilizarnos contra esta pretensión de indulto final en la perspectiva de una lucha de principios contra el Estado burgués y por el gobierno de los trabajadores, cuya victoria llevará al banquillo a los criminales militares y para-militares que desangraron a la juventud y a los obreros argentinos.