Prensa Obrera N° 319

La campana represiva del gobierno de Cornejo ha desarticulado a la Asamblea Popular Luego de la represión a la manifestación del martes 13 de noviembre a la Legislatura, fue lanzada una campaña de persecución sobre el activismo. Hubo varias detenciones y se prohibieron las asambleas en las escuelas (donde además se reunían los padres el sector más numeroso de la Asamblea Popular). El gobierno lanzó su campaña represiva para prevenir contra la posibilidad de que la Asamblea Popular se constituyera en un punto de referencia para el agrupamiento del conjunto de los explotados de la provincia, como comenzaba a ocurrir. Había votado la adhesión un plenario de delegados del sindicato municipal. En Vespucio-Mosconi, se había convocado a una asamblea de 100 docentes, padres y estudiantes para poner en pie la Asamblea Popular en la zona; movimientos similares se estaban organizando en la zona de Oran y Güemes. El reflujo del movimiento que siguió a la represión se ha acentuado con la terminación de las clases. Sin embargo está aflorando otro movimiento de lucha en la Salud. En varios hospitales se han realizado asambleas y votado medidas de acción en defensa del hospital público y por mejoras de los salarios. En el caso de la Maternidad se votó una marcha del Silencio todos los martes. Los jubilados se han movilizado por los sueldos de octubre; los trabajadores legislativos y judiciales están cumpliendo un plan de lucha por la recuperación del enganche salarial; los trabajadores de viabilidad provincial están de paro indefinido por mejoras salariales. En este cuadro, es necesario y posible coordinar los movimientos de lucha. Lo que significará poner en pie la Asamblea Popular.

El 15 de noviembre la Total y Bridas tomaron posesión definitiva de los pozos de YPF en Cañadón Alfa, “hasta el fin de la explotación de los hidrocarburos en la zona" (Michel Benezit, gerente general de Total, El Territorio, 21/11). La entrega constituye un nuevo golpe contra la economía fueguina, esto porque “el petróleo que pro duce la empresa Total no genera regalías para la provincia”. Esto lo reconoce el menemista gobernador Torres. Unida a la reciente reducción del 50% en las regalías gasíferas, la entrega de Cañadón Alfa, coloca a Tierra del Fuego al borde del colapso financiero. La acción confiscatoria del capital financiero internacional y de los burgueses nacionales hace añicos así, cualquier pretensión de autonomía provincial. Mientras el PARTIDO OBRERO ha planteado la anulación de la entrega y la nacionalización bajo control obrero de la industria del petróleo, otros sectores capitulan ante los pulpos. El “nacionalista" Movimiento Constituctonalista (pro-Rico), por ejemplo, apoya los contratos de “riesgo", la necesidad de “indemnizar" a la Total-Bridas, etc. y su primer candidato a Constituyente dice que “estamos de acuerdo en la explotación compartida pero no en las condiciones desventajosas para el país, de este convenio”. ¡Pero lo uno es incompatible con lo otro! La izquierda Unida, otro ejemplo, propugna que la Constituyente pida al Congreso Nacional la anulación de los contratos. Puro verso, que pretende disimular la incapacidad de la izquierda "democrática” para enfrentar al Imperialismo. El PO ya ha dicho claramente que es necesaria la convocatoria de Asambleas Populares y la organización de un Congreso de Asambleas Populares, como único medio de combatir la entrega del país y el avasallamiento de las provincias. Tierra del Fuego: Patrones imponen por la fuerza la "flexibilidad laboral” Los capitalistas de la industria electrónica están mostrando una nueva faz de su rol de negreros y chupasangres del obrero, pues estén tomando trabajadores, solamente en calidad de "contratados", Las patronales aprovechan así la desocupación y la acción del gobierno y del Congreso en favor de la precariedad laboral, para aumentar los ritmos de producción, imponer sistemas disciplinarios carcelarios, mantener salarios de miseria e impedir la organización sindical. Es necesario reclamar a los sindicatos una campaña para eliminar del Territorio el trabajo “contratado" y la efectivización de todos los contratados.

La firma del acuerdo pesquero argentino-británico equivale a la renuncia completa de la soberanía argentina sobre las Malvinas y mar que las circunda. El acuerdo delimitó una “zona de administración conjunta" entre las 150 y las 200 millas al este de Malvinas, que estará supervisada por una comisión que determinará anualmente los volúmenes de captura permitidos. Según el canciller Cavallo, la diplomacia argentina habría logrado impedir de este modo la extensión unilateral de la llamada “zona económica exclusiva” británica que rodea las Malvinas. Pero el acuerdo no solo extiende esa área con el consentimiento argentino, sino que además incluye una parte de la plataforma continental argentina, superpuesta a la “inglesa", que Gran Bretaña no incluía en su proyectada acción unilateral. Es decir que los "piratas" consiguieron una "yapa". Pero más grave aún es que —según el Foreign Office, informa Clarín (2/12) “el control del área pesquera corresponderá de hecho a Londres. (La "zona compartida ") estará bajo la jurisdicción de las islas Malvinas (Falkland en el original del documento inglés). Esto equivale, en términos prácticos, a colocar la zona de prohibición bajo el control británico” (Clarín, 2/12). Estas enormes ventajas para Gran Bretaña fueron reconocidas por “un alto funcionario" argentino, claro que "off the record" (Página 12, 29/11). Pero como señala La Nación, (25/11) — "esta eventual colaboración no sólo se refiere a esa zona que rodea al archipiélago sino que se extendería a todo el Atlántico Sur". En función de esto, Cavallo envió al Parlamento un proyecto de ley pesquera que autoriza a crear "zonas francas" para la instalación de industrias de apoyo a la pesca. En estas “zonas” no rigen las leyes impositivas ni laborales, ni los controles bancarios o cambiarios. Esta ley pesquera fue considerada por los británicos como “la clave" para el éxito de las negociaciones (Ámbito Financiero, 21/11). Los diputados radicales, que denuncian el “manejo" de las relaciones con Gran Bretaña, por parte del gobierno, se aprestan a votar la ley de pesca, que es “la pieza clave” de ese "manejo". Otra muestra del carácter semi-colonial de la "colaboración" entre el gobierno menemista y los británicos es el "acuerdo de garantía recíproca de inversiones" que el canciller argentino se apresta a firmar la semana próxima en Londres. El convenio convierte al Estado en el fiador en última instancia para cualquier deuda contraída por los capitalistas nacionales. La estatización, como se puede ver, prosigue, para mejor éxito de las privatizaciones. El acuerdo pesquero, sin embargo, ha dejado algunos casos sin resolver. La zona británica del "área compartida" sigue vedada para las flotas argentinas y tampoco está definida la administración económica de la zona, por ejemplo en relación al otorgamiento de autorizaciones y cobranza del canon. Esta cuestión sólo sería definida después de la aprobación de la ley de pesca por el parlamento argentino. El acuerdo no deja en pie ningún derecho argentino sobre las Islas. Lo cual explica sobradamente que el parco y medido Foreign Office —la cancillería británica— haya calificado la firma del acuerdo pesquero como "un triunfo diplomático" (Clarín, 30/11). Es que, gracias al acuerdo pesquero, los británicos se han quedado con la sombrilla del “paraguas" montado por Caputo-Cavallo, y con el mango también.

La central sindical sandinista suscribió el 26 de octubre pasado un “Pacto Social” con el gobierno derechista de Violeta Chamorro que apunta a liquidar las conquistas laborales y sociales, promover las privatizaciones y enterrar por completo la reforma agraria. El acuerdo fue debatido con las principales confederaciones patronales, fue auspiciado por la jerarquía eclesiástica y la embajada norteamericana, y tiene el objetivo declarado de "asegurar un mínimo de paz social” para “crear un clima propicio para la inversión” (The Militant, 23/11). El documento que establece el Pacto arranca con una fervorosa declaración de principios a favor de la “conciliación nacional”. Luego de destacar que “los dirigentes sindicales, empleadores y funcionarios del gobierno participantes han sido adversarios en conflictos previos”, asegura que “el mutuo conocimiento personal” al que han llegado, les permite pretender “la resolución de nuestros problemas comunes”. Este “acuerdo social” es un nuevo peldaño de la política de “gobernabilidad” que el FSLN mantiene con relación al gobierno Chamorro, con el propósito explícito de garantizar un “ambiente estable durante un período de tiempo razonable”, en un país dominado por la espectacular resistencia popular a la ofensiva del gobierno contra sus conquistas y condiciones de vida. En las dos grandes huelgas generales de mayo y julio pasado se vivió un clima de verdadera guerra civil, cuando los trabajadores organizaron manifestaciones, piquetes y ocupaciones de las empresas para frenar las reducciones de salarios y los despidos En ambas oportunidades la dirección del FSLN impuso el sacrificio de las reivindicaciones en juego, para abrir el camino hacia el “pacto social” que acaba de firmar. Privatización de tierras, fábricas y bancos El acuerdo detalla cómo se procederá para liquidar la reforma agraria “Las tierras que se determine que fueron injustamente confiscadas por el gobierno sandinista serán devueltas a sus dueños originales o compensadas", y sólo se respetarán los títulos de propiedad “justamente" otorgados por el gobierno anterior. Esta recuperación de tierras por parte de los latifundistas comenzó en mayo mediante decretos del gobierno que desataron la violenta reacción de los trabajadores agrícolas y la intervención del FSLN a favor de la nueva distribución (Ver PO n° 305. 13/ 6). Según informó la propia Chamorro, parte de los beneficiarios serán los jefes de la "contra” que ya se acomodaron en el país y recibieron 37 000 hectáreas de tierra (La Nación, 28/11). A los nuevos latifundistas y agricultores capitalistas se les otorgarán subsidios y licencias de exportación, y serán beneficiados, además, con el levantamiento de los controles sobre el comercio exterior establecidos al comienzo de la revolución. Este proceso de acaparamiento de tierras a costa del pequeño campesino y las cooperativas no se inaugura con la Chamorro, sino que es la continuación del proceso de redistribución capitalista de tierras que desarrolló el gobierno del FSLN. El “pacto social" contempla la acelerada privatización de las fábricas estatizadas. También en este terreno sólo se legitima un proceso que estaba en curso, ya que fueron devueltas 16 a sus antiguos propietarios en los últimos meses. Se autoriza por primera vez en la década, el funcionamiento de bancos privados, cuya misión será concentrar y manejar el crédito en favor de los grupos capitalistas beneficiarios de la redistribución en marcha. Justificaciones del FSLN Como toda esta ofensiva capitalista no puede ni siquiera intentarse sin el disciplinamiento y la desmovilización de los trabajadores, el verdadero corazón del “pacto social" es el capítulo referido a las obligaciones de tos sindicatos: “los trabajadores contribuirán a la estabilidad y paz social, elevarán y mantendrán la productividad, agotarán los mecanismos de negociación y diálogo antes de ejercer el derecho de huelga, reducirán el ausentismo y mejorarán la disciplina laboral en los lugares de trabajo". Toda esta andanada deberá ser el “aporte” de los explotados a la creación de “un clima propicio para la inversión” El Pacto utiliza el lenguaje policíaco del patrón y del capataz para advertir a los trabajadores nicaragüenses que deberán someterse por la fuerza al yugo capitalista El gobierno fondomonetarista se dispone a relanzar el ataque contra los empleados públicos que ya inició en mayo y julio pasados. Están previstos despidos, reducciones de servicios sociales y aumentos de impuestos. Según informa el semanario “The Militant” (sandinista durante toda una década), la dirección del FSLN debió ejercer una gran presión para quebrar la resistencia de los sindicatos a participar de este acuerdo Tomás Borge tuvo que salir a impulsar el Pacto como “la única opción realista después de la derrota electoral del Frente”. “En este nuevo contexto histórico... tenemos que poner más que nunca los pies sobre la tierra”, agregó. Pero el Pacto no es una medida ajena al sandinismo, ni tampoco una concesión al enemigo en una coyuntura adversa pues el FSLN defendió esto antes y después de la derrota electoral Los “pactos sociales” son componentes indisolubles de la “etapa capitalista" que el Sandinismo proclamó como una inexorable necesidad para Nicaragua. Borge justifica el acuerdo por la necesidad de mantener un “entendimiento político con los llamados sectores moderados del gobierno, porque hay otros sectores que son intratables". Este pretexto del “mal menor" para justificar las políticas contrarrevolucionarias es tan viejo como la apelación al "realismo". En realidad, existe una división del trabajo en el frente burgués, por el cual la Chamorro trata de imponer “por derecha" lo que su ala derechista trata de imponer “por izquierda". Al final representan a la misma clase social, al mismo gobierno y al mismo Estado. Precariedad del pacto, desconfianza de la burguesía La negociación del “pacto social" estuvo a punto de naufragar en varias oportunidades. Las direcciones de la importante “Unión Nacional de Empleados" y de varios sindicatos de la Federación Nacional de Trabajadores, canalizaron el rechazo popular detrás del reclamo de un "verdadero pacto social”. Con esto lograron la anulación, por un lado, de la cláusula del pacto que decretaba el inmediato despido de un gran número de empleados públicos y una fuerte reducción salarial y, por el otro, frenar la huelga general. En esta negociación intervinieron activamente la Iglesia y la embajada norteamericana. Daniel Ortega se reunió con el embajador norteamericano, Shaudelman, para salvar el Pacto del naufragio (The Militant). La principal confederación patronal (COSER) participó decisivamente en la confección del acuerdo pero luego objetó la suspensión de los despidos masivos para no suscribir el pacto. La COSEP pretendió a último momento que se desconocieran todas las expropiaciones producidas desde 1979 y no solamente aquéllas que sean catalogadas como “Injustas”. Pero la COSEP se retiró sólo cuando se aseguró la firma del Pacto por parte de la Central Sandinista, lo cual le deja las manos libres mientras quedan atadas las de los trabajadores. En oposición al COSEP y a la “derecha", Chamorro se empeña en demostrar que el auxilio del FSLN es indispensable para recomponer un régimen burgués estable. En un reportaje de La Nación (28/11) señala que el FSLN se ha avenido a la devolución de tierras a los hombres de la “contra" y también a la drástica reducción del número de efectivos del ejército sandinista, a las privatizaciones y a una futura revisión de todas la expropiaciones. La división burguesa de "moderados” e “intratables" expresa la extraordinaria inestabilidad en que se asienta el nuevo “pacto social”. A Nicaragua continúa sin llegar un sólo dólar de inversión nacional o extranjera porque la burguesía aún no se recuperará, por mucho tiempo, del susto de la revolución y necesita muchas pruebas y garantías de defensa de la propiedad y del capital para reconciliarse con el Sandinismo Pero por esto mismo, la orientación capitalista del FSLN se verá obligada cada vez más a demostrar su carácter contrarrevolucionario. El sandinismo y la mujer Extraído de “The Militant" (setiembre de 1990) “La lucha por el acceso al aborto como derecho de la mujer, una cuestión decisiva en la lucha por la igualdad, no dio resultados. En 1985-86 surgió un debate público sobre si debía derogarse la ley que prohíbe casi todos los abortos. Esa ley, que data de la época de Somoza, fue dejada intacta por el gobierno del FSLN. Como consecuencia, miles de mujeres morían cada año o sufrían daños graves por abortos clandestinos o autoprovocados. Los abortos ilegales se habían convertido, y lo siguen siendo, en la principal causa de muerte materna. Sin conquistar el derecho a la decisión sobre si y cuando tener hijos, derecho que es imposible a menos que el aborto sea legal y accesible, las obreras y campesinas tienen bloqueado el camino para dar un nuevo paso cualitativo hacia la plena igualdad. Sin embargo, ningún funcionario del gobierno con nivel ministerial ni ninguno de los miembros del directorio del FSLN se pronunció nunca en defensa de la legalización del aborto. “En marzo de 1987, el FSLN emitió una Proclama sobre las Mujeres que no mencionaba el derecho al aborto ni al control de la natalidad. Ese documento registraba la decisión de la conducción del FSLN de poner fin a la discusión, y — a pesar de su retórica antimachista— sonó como una retirada de la lucha concreta por los derechos de la mujer. El 26 de setiembre de 1987, Daniel Ortega, el más alto dirigente ejecutivo del FSLN y presidente de la república, efectuó su primera declaración pública importante sobre el derecho al aborto, utilizando las argumentaciones más reaccionarias para oponerse a la legalización y hablando también en contra de otros aspectos de la lucha de la mujer por la igualdad. En el mismo mensaje, Ortega declaró también que los indios y los negros jamás habían sufrido discriminación racial en Nicaragua, ni bajo el somocismo ni después. “Los logros anteriores obtenidos en la lucha por los derechos de las mujeres, tales como la creación de guarderías y el ingreso de las mujeres en trabajos previamente reservados a los hombres se fueron debilitando bajo el impacto de las reducciones presupuestarias y las prescindibilidades masivas. Esa retirada política continuó en 1988, simbolizada en la decisión del FSLN de restablecer los concursos de belleza, a pesar de las protestas de muchas luchadoras, y por el hecho de que ni una sola mujer formara parte de la recién electa dirección nacional de la Juventud Sandinista. "A comienzos de 1989, la dirección de la ANMLAE anunció planes de presentar en el verano en la Asamblea Nacional proyectos de ley sobre aborto, sobre mujeres golpeadas y sobre un endurecimiento de las penas a los violadores. Para mediados del año, no obstante, las dirigentes de la ANMLAE cedieron a las presiones de la dirección del FSLN, que abiertamente argumentaba que agitar cuestiones como el aborto, la mujer golpeada o la violación sólo— en las palabras de la coordinadora de la ANMLAE, Mónica Baltodano— ‘crearía confusión' y perjudicaría a los candidatos del FSLN 'en un período electoral'. Entre las figuras de la ANMLAE que sostenían esa orientación estaban cuadros del FSLN que en una etapa anterior se habían llenado la boca con el tema de la violencia contra la mujer y habían defendido el derecho al aborto". Reportaje a Humberto Ortega: El papel del ejército sandinista En un reportaje televisivo que tuvo gran repercusión en Nicaragua y que fue retransmitido tanto por los diarios del gobierno como los del Sandinismo el comandante Hugo Ortega reivindicó en forma categórica el papel del ejército como guardián del presente régimen social y político de Nicaragua. Ortega fue ratificado en la jefatura de las Fuerzas Armadas cuando Violeta Chamorro asumió el gobierno. Ortega describió la campaña que actualmente desarrollan las fuerzas de segundad para desarmar a los civiles, especialmente a los campesinos, en el marco de los choques entre grupos de la UNO y del FSLN por la ocupación y desalojo de granas cooperativas. “Los nicaragüenses son muy propensos a recurrir a la violencia y esto debe desaparecer porque la pacificación del campo es vital... Yo personalmente ordené que se actuara porque como militares somos muy concientes del peligro que representan las armas en manos de civiles en esta nueva situación donde no hay guerra" (The Militant, 14/8). Ya en la gran huelga de julio pasado el ejército actuó sin reprimir, como árbitro, protegiendo al gobierno e impidiendo el desarrollo de la lucha. Ahora Ortega anticipa que “no vamos a aceptar el caos” y que “tampoco se permitirá una repetición de la crisis desatada (en esa oportunidad) por la construcción de barricadas" Ortega manifestó su apoyo a la actual etapa política en estos términos: “es un gran triunfo de todos los nicaragüenses y del proceso revolucionario que hayamos logrado ahora la consolidación de un régimen democrático que en mi opinión durará 20, 30, 40 arios" Agregó que las "elecciones del 89 fueron un elemento decisivo para lograr la paz en Nicaragua". A partir de esto, Humberto Ortega está dirigiendo proceso de depuración militar, reducción de efectivos y "profesionalización" del ejército. Ortega justificó las medidas económicas oficiales al calificarlas de "inevitables". Prometió que "el sacrificio será compensado por el gradual bienestar que el pueblo experimentará más adelante". Ortega no olvidó ponderar la “iniciativa de las Américas" de Bush y señalar que se debe “hallar un entendimiento con los Estados Unidos". “Si el programa de Bush ofrece alguna solución, bueno tenemos que encontrar una solución digna para Nicaragua". Ortega detalló cómo se fue tejiendo la alianza estratégica entre el FSLN y la burguesía que desde antes de la caída de Somoza se mantuvo hasta el presente. “Las diferencias que dividieron al FSLN en tres fracciones a mediados del 70 no eran meramente tácticas sino estratégicas...” recordó Ortega con gran sentido de actualidad. "Para 1977 fue posible para un sector del frente, conocido como tendencia tercerista, plantear un programa más amplio y empezamos a tomar contacto con diverso sectores que antes no habían sido tenidos en cuenta por ninguna de nosotros por razones sectarias… Siempre han existido corrientes que son más flexibles, menos rígida, menos dogmáticamente principistas... esto finalmente posibilitó que nosotros como revolucionarios maduráramos nuevos enfoques específicos para la situación nicaragüense... ello abrió el camino para las elecciones de 1984 y 1989". Estas afirmaciones de Ortega fueron a su vez confirmadas por el dirigente de la UNO, Alfredo César (ex-presidente del Banco Central durante el gobierno sandinista, desertor y posterior jefe de la "contra"', quien señalo que “los veteranos terceristas que están tanto en la UNO como en el FSLN fueron los que hicieron posible las elecciones de 1989 y la transición pacífica".

Los candidatos patrocinados por el presidente Collor han sido derrotados sin atenuantes en todos los estados importantes en el segundo tumo de las elecciones a gobernador. Al igual que en el primer turno, el segundo se caracterizó por el elevado índice de las abstenciones, votos en blanco y votos nulos, con un crecimiento de las abstenciones. En Rio Grande do Sul, la suma de abstenciones, votos nulos y en blanco subió del 30 al 38% y superó el número de votos obtenidos por el candidato perdedor. Lo mismo sucedió en Paraná, en Amapá y en Acre, donde no votó (o lo hizo en blanco o nulo) más de la tercera parte de la ciudadanía. La Folha de Sao Paulo (27/11) constata que "el porcentaje de votos nulos y en blanco aumenta a medida que se pasa de los barrios más ricos a los más pobres". El abstencionismo y los votos nulos y en blanco del segundo turno expresan — como señalaba Prensa Obrera en el balance del primer turno— "el repudio generalizado a los partidos y al régimen político tomado en su conjunto " (PO 316, 25/10). Estos resultados impugnan la pretensión de Collor de formar un partido político o bloque propios sometidos a un poder personal. El gobierno se verá obligado a llegar a un acuerdo con el PMDB —el principal partido patronal— al que muchos (incluidos nosotros) dábamos por muerto desde 1987. A las pocas horas de conocidos los resultados, los ganadores ofrecieron un acuerdo al gobierno. Luis A. Fleury y Oreste Quercia —quienes triunfaron en San Pablo con el voto vergonzante del PT— declararon que "el PMDB no será una oposición radical porque tenemos que ver también por la gobernabilidad del país" (Folha de Sao Paulo. 27/11). Albuino Azeredo, del PDT de Brizola, electo gobernador de Espíritu Santo con el voto del PT, señaló que "defiende la colaboración entre los gobiernos estaduales y el gobierno federal" (idem). "No somos un frente de oposición” (ídem) declaró su compañero de partido y gobernador electo de Rio Grande do Sul, también con los votos del PT, Alceu Collares. El apoyo del PT (y de los "trotskistas " del PT) a los candidatos que representaban el ‘mal menor" en relación a los candidatos de Collor, se reveló en sólo 24 horas como un voto disfrazado al propio régimen de Collor y al conjunto de su política. Rio Grande do Sul: Dirección del PT reclama el allanamiento del sindicato bancario La resolución de la Convención del PT de Río Grande do Sul de votar por Alceu Collares —un candidato patronal, abrumado por las denuncias de corrupción— provocó una enorme repulsa en la base del PT. El rechazo a Collares se verificó también en el crecimiento de la abstención y los votos blancos y nulos (más de la tercera parte de los votantes). Quince días antes de las elecciones, el Directorio Regional del PT — dirigido por las tendencias Articulación (lulistas) y Democracia Socialista (mandelianos) — recurrió a la justicia para impedir la divulgación de un afiche —impreso en el sindicato ban-cario y firmado por la Alianza de Juventudes Revolucionarias (AJR) —que decía "Soy PT y no voto a un burgués". Por orden del juez, la policía allanó el local sindical para secuestrar el afiche. Al llamar al Estado burgués —incluido su aparato represivo— contra una organización sindical obrera, la dirección del PT fue mucho más lejos que una pretendida defensa de la "propiedad intelectual” de su sigla: violó la independencia de los sindicatos frente al Estado burgués y reforzó la "jurisprudencia" de la intervención judicial-patronal contra los trabajadores y sus organizaciones. La acción del Directorio del PT no está dirigida, como lo pretende, a "evitar una falsificación de la posición del PT”, ya que el afiche está firmado por la AJR. Es una medida juramente represiva contra la expresión política de las bases del PT. Articulación y Democracia Socialista utilizan los instrumentos del Estado patronal para ir pedir la difusión de una posición política opositora. Tiene inconfundibles características policiales. El tándem Articulación-Democracia Socialista tiene muy claro que su acción jurídico-policial es una medida extrema para imponer una política que no tiene sustento en la base del PT. “'Si convocásemos a un plenario hoy — informa el diario Hora Zero de Porto Alegra, 8/10— rechazaría cualquier apoyo a Collares’ fue la conclusión de la mayoría de la cúpula petista". Es por esto que no convocó a un Encuentro de delegados elegidos en base a un mandato. La dirección pudo violar así la consigna histórica del PT. “trabajador vote trabajadores" Un párrafo especial le corresponde a Convergencia Socialista, el Mas brasileño, cuya política frente a estos sucesos fue abiertamente reaccionaria. El sindicato bancario agredido está dirigido por un frente recientemente electo, cuya mayoría corresponde a la CS. Lejos de defender al sindicato frente al ataque judicial-policial, los morenistas aceptaron la acusación de "falsificación ideológica" (propiedad intelectual) y declararon que “la responsabilidad por los afiches es de la corriente Causa Operaría, representada en el sindicato por el director Alfeu Goulart", el que fue amenazado de expulsión (Boletín O Bancario, 14/ 11). Una verdadera AL-CA-HUE-TEA-DA. Así, el Mas brasileño se convirtió en instrumento complementario de la represión contra la base del PT y contra el sindicato que él mismo dirige. Convergencia no defendió públicamente el voto nulo en el segundo turno, por lo cual capituló en la lucha por la independencia de clase del PT (uno de sus concejales declaró públicamente en la Cámara Municipal su apoyo a Collares después de la convención estadual). También capituló ante el elemental deber de defender a las organizaciones obreras atacadas por el Estado. El violentísimo ataque contra Causa Operaria y los que reclaman la independencia de clase del PT contrasta vivamente con las suaves "advertencias” que recibieron los representantes más eminentes del PT —sus diputados e intendentes— por haber usado la prensa patronal para hacer campaña por los burgueses Fleury (en San Pablo) y Helio García (en Minas Gerais), violando las resoluciones oficiales del partido de "votar nulo". Erudina: Es preciso gobernar De la noche a la mañana, Luiza Erundina —del PT y alcaldesa de la Ciudad más populosa del continente, San Pablo— se ha convertido en la “niña mimada" de toda la prensa patronal por su campaña en favor del voto del PT por el candidato patronal del PMDB. “Luiza Erundina —editorializa la Folha de Sao Paulo, 2/12— es el símbolo destacado del tránsito veloz y progresivo de la reorientación en las actitudes del PT... Las posibilidades de que Luiza Erundina despunte como una líder nacional se muestran aún mayores ...” La burguesía no es avara en sus agradecimientos. "Su argumento —dice el editorial— es que, sobretodo, es preciso gobernar". El diploma de la alcaldesa paulista es, entonces, su condición de "mujer de estado" Esto no es, estrictamente, una novedad pues Erundina reveló su condición de “estadista" cuando en las huelgas municipales, despidió huelguistas y trabajadores, descontó días de huelga y redujo los sueldos de los municipales en beneficio del "equilibrio presupuestario". Erundina ha explicado su actuación en el segundo turno electoral alegando que “el mandato del intendente es diferente” (Folha de Sao Paulo, 2/12). Erundina se presenta a sí misma como una “funcionaria ejecutiva” y no como una militante obrera que actúa en una institución estatal. La diferencia entre una y otra la convierte en agente de la burguesía contra los explotados. Consultada acerca de si formaría un frente con el gobernador electo, Fleury, contra Collor de Mello, respondió: “No vamos a formar un frente contra personas (Collor) hasta por el hecho de que el municipio y el estado dependen, precisan y exigen que el gobierno federal redistribuya (el presupuesto) también con San Pablo capital y con San Pablo Estado" (Folha de Sao Paulo. 28/11). “Nos oponemos —aclaró— a esa política económica (de Collor)”. Esta afirmación de Erundina deja claramente establecido que al ocupar una posición dentro del Estado, el cuadro del PT deja de representar a los trabajadores y pasa a representar al Estado. En conformidad con esto toda la política del PT, que en esencia consiste en participar de las elecciones, no es otra cosa que una pasarela para cambiar de camiseta. Se obtiene así la notable conclusión de que el PT se propone disolver el carácter de clase de sus cuadros en lugar de hacerlos servir a una política de fortalecimiento de la conciencia de clase de los explotados. La distinción que hace Erundina entre el funcionario estatal de un partido obrero y el militante de ese mismo partido, es vieja como el propio reformismo. Para éste las posiciones estatales son un fin en sí mismo, no otra trinchera de la lucha contra el Estado burgués y la explotación capitalista. Esto significa que conquistan una posición electiva, no para desenmascarar el carácter de clase del Estado, sino para encubrirlo. Los planteos de Erundina representan la real posición política de la dirección del PT. Pero por esta vía, el PT se convierte en un aparato que explota en beneficio de una minoría la creencia de los trabajadores de que el PT es un partido obrero. Pero la explotación política de las masas es aún más condenable que la explotación económica, porque ésta al menos representó en cierta etapa un progreso en el desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. Las afirmaciones de Erundina las podría hacer suyas el intendente de Montevideo Tabaré Vázquez, del Frente Amplio y del PS, quien al entregarle las llaves de la ciudad a Bush, demostrara que un alcalde no solo depende del poder ejecutivo nacional sino del propio imperialismo. Balance de la política del PT El Partido de los Trabajadores ha entrado en una violenta crisis política como consecuencia de la división que generó su posición frente al segundo turno de las elecciones brasileñas. En San Pablo, el sector más derechista del PT —integrado mayoritariamente por sus funcionarios estatales— se pronunció y se movilizó por el voto al candidato del PMDB y ex-secretario de Seguridad de Sarney, Luis A. Fleury —una marioneta política del actual gobernador, el derechista Oreste Quercia Esta candidatura era apoyada por los derechistas PFL, el PL (una Ucedé brasileña) y el PTB, el partido de Janio Quadros. La convención del PT de San Pablo había resuelto, sin embargo, el “voto nulo”, con el singular y decisivo agregado de que no debía hacerse campaña en respaldo de esta decisión. Esto significó naturalmente un voto vergonzante al candidato del PMDB y un triunfo político de la derecha del PT. “Al carecer de aplicación práctica (pues no habrá campaña pública) la resolución por el “voto nulo" (presentada como "un triunfo" por la Convergencia Socialista, el Mas brasileño) se transforma en su contrario: ata las manos a la base petista y le deja las manos libres a la derecha", decíamos en PO 318, 23/11. Exactamente eso es lo que ocurrió. Campaña por la patronal Luiza Erundina —alcaldesa de San Pablo— “articuló" la campaña de los intendentes y funcionarios estatales del PT en apoyo a Fleury. En los dias previos a las elecciones, se entrevistó en dos oportunidades con el gobernador Quercia — “sponsor” de Fleury— y pronunció abundantes declaraciones contra el candidato “collorido" (Maluf). La corriente interna que ella orienta, “PT Vivo", “votó en bloque por Fleury” (Folha de Sao Paulo, 26/ 11). Jacó Bittar, intendente de Campiñas, después de criticar públicamente el “voto nulo" del PT, concurrió con Quercia a los actos de inauguración de obras públicas que formaban parte de la campaña proseli-tista de Fleury. Mauricio Soares, intendente de San Bernardo, declaró abiertamente que “mi voto para Fleury es irrevocable" (Jornal da Tarde, 10/11). Helio Bicudo, diputado electo y miembro de la Ejecutiva nacional del PT, no tuvo empacho en hacer campaña por Fleury y declarar luego que "voté por Fleury... y punto" (FSP, 30/11). También se había pronunciado por el voto a Fleury antes de la convección estadual. el senador electo del PT, Eduardo Suplicy. Los intendentes petistas corrieron tras Fleury seducidos por las “promesas" presupuestarias del gobernador Quercia y del electo Fleury. “Es necesario ser oportunista para conseguir lo mejor para la ciudad", confeso sin disimulo el intendente Soares (Folha de Sao Paulo, 30/10). Un alto dirigente del PT justificó la política de los intendentes y diputados: “Los intendentes —declaró Glauco Arbix, secretario de orga nización del PT paulista— no creen que Fleury es progresista; lo que quieren es coquetear con el poder para ganar beneficios administrativos" (Folha de Sao Paulo, 28/11). Este apoyo petista fue decisivo para la victoria de Fleury, algo que el mismo gobernador electo se encargó de puntualizar. Pocas horas después de terminadas las elecciones, Fleury visitó a Erundina “para agradecerle su valiente ayuda y sus declaraciones favorables" (Folha de Sao Paulo, 28/11). Está claro que la resolución del “voto nulo sin campaña" apuntó a amordazar a la izquierda del partido y dar vía libre a la derecha. Esto explica que quienes hicieron campaña por Fleury no fueron sancionados por el PT, pese a violar abiertamente la disciplina partidaria La razón para ello es la dio el mencionado Arbix: "sus actitudes son interpretadas como perfectamente naturales en función de los cargos que ocupan" (Folha de Sao Paulo, 29/11). En el PT se habría instaurado una "división de trabajo”, que permite a su burocracia ligada al Estado toda clase de acuerdos con la burguesía, en tanto la dirección del partido proclama su prescindencia de esos acuerdos. El miembro de la Ejecutiva, Helio Bicudo, “recibirá como máximo una advertencia, una sanción casi formal" (ídem), mientras que a Mauricio Soares le fue "revocada la advertencia" que había recibido. Estas “sanciones casi formales" que la dirección del PT impone a los derechistas contrastan con el ataque judicial de la dirección de Rio Grande do Sul contra Causa Operaria (ver aparte) y con el “proceso" que la dirección paulista inició contra el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Sao Pablo. Magno de Carvalho, (“acusado" de hacer campaña en favor del “voto nulo"! Carvalho, según la Folha de Sao Paulo, no recibiría una suave "advertencia" sino una suspensión de su afiliación partidaria por seis meses. La evidente "diferencia de criterios" con que la dirección del PT mide a los derechistas y a los izquierdistas obedece a que los Bicudo, los Soares y las Erundina llevan a fondo una política de integración con el Estado burgués, en tanto que Causa Operaria defiende una linea de independencia y lucha de clases. "El caso de Mauricio (Soares) —explica el secretario general del PT paulista José Amenco Dias— es un problema episódico. No existe (con él) ninguna diferencia de fondo (Folha de Sao Paulo, 29/11). Aunque ya lo sabíamos, no podemos menos que agradecer a Días que haya puesto fin a la política del disimulo. ¿La resolución del "voto nulo sin campaña" se ha revelado o no como “una enorme victoria derechista y un veto explícito a la campaña contra Fleury" como señaláramos en Prensa Obrera (n° 318, 25/11)? Posición frente a Collor Con relación al nuevo gobernador paulista tampoco hay “diferencias de fondo" entre los derechistas y los “oficialistas” del PT. “Estoy en contra de la oposición ya” declaró Helio Bicudo (FSP, 30/11) “Buscaremos un entendimiento” señaló Erundi-na (FSP, 28/11). “Cuando haya medidas que estén de acuerdo con nuestro programa, podemos apoyar", declaró Paulo Okamoto, presidente del PT paulista. (FSP, 30/11). Los partidarios del “voto nulo sin campaña" declaran así su apoyo al candidato ungido con el voto al “mal menor". En Amapá, donde su candidato llegó a disputar la segunda vuelta, el PT labró un acuerdo con el ex-presidente Sarney (PMDB) para obtener el apoyo del ex-man-datario. Los trabajadores de Amapá le dieron la espalda a esta política y produjeron un verdadero "record" de abstenciones, votos nulos y en blanco, que superaron el 40% del padrón. En Minas Gerais, los diputados del PT Joao Paulo Pires y Raúl Messias fueron sancionados apenas con una “advertencia" por la dirección local por su apoyo público al candidato super-derechista del PRS, Helio García, en contraposición con el “voto nulo” resuelto por la convención estadual. En Rio Grande do Sul, la dirección del PT impuso el voto al burgués Alceu Collares, candidato del PDT, acusado por el propio PT de corrupción en la venta de tierras fiscales durante su gestión como intendente de Porto Alegre. Collares ya ha declarado que no hará oposición a Collor. En Espíritu Santo, el PT votó por otro candidato patronal, Albuino Azeredo, del PDT, también acusado de corrupción durante su anterior gestión gubernamental. Collares y Azeredo, candidatos patronales no se diferencian en nada, desde el punto de vista de clase, de Helio García o de Fleury La otra cara de esta política de colabora ción de clases de la dirección del PT es la participación de la CUT en el “entendimiento nacional" (pacto social) montado por el gobierno, los patrones y la burocracia Colaboración de clases La experiencia brasileña enseña que aunque el aparato stalinista ha recibido golpes descomunales en todo el mundo está lejos de haber muerto como programa —subordinación del proletariado a la burguesía. En Nicaragua o Brasil, direcciones no stalinistas (y hasta los "trotskistas han tomado el programa de la colaboración de clases y a sus filas (en especial a su aparato) han ido a parar los cuadros que pertenecieron a los partidos comunistas.

A raíz de la aparición del decreto sobre “racionalización”, la dirección de ATE ha vuelto a pronunciarse contra la “destrucción del Estado” algo que según De Gennaro pretenderían el gobierno y el FMI. En términos prácticamente idénticos se pronunció el Mas: “los despidos (planteados en el decreto) son parte del plan de destrucción del Estado que encabeza esto gobierno, asesorado desde Washington” (Solidaridad 357, 28 /11). Estas afirmaciones de ATE y del Mas son realmente notables, esto porque identifican al Estado con los trabajadores del Estado. Pero como en realidad el Estado burgués es, de una parte, una maquinaria de opresión política del pueblo, y de otra parte, una maquinaria de confiscación económica de los obreros, el planteo del Mas y de ATE lleva a la desgraciada conclusión de que la defensa de los trabajadores del Estado debe hacerse con una política que perjudica a corto y largo plazo al conjunto de los trabajadores y el objetivo histórico de acabar con el Estado burgués. En el caso de la burocracia de ATE el planteo es una consecuencia inevitable (y reaccionaria) de la estrechez sindical y corporativa que caracteriza a cualquier burocracia. La defensa de “mi" sector está por encima de todo—de los intereses de conjunto de los trabajadores y en particular de sus intereses históricos. En el caso del Mas, “marxista", esa posición traduce la inconsistencia ideológica de esa corriente y su marcada tendencia al nacionalismo y al democratismo. No es casual que sean adictos a expresiones vacias y demagógicas como “justicia social” o “segunda independencia" —sin percibir en este caso que no hubo nunca una “primera independencia" (la emancipación de España consolidó el dominio de la oligarquía y la penetración británica) y que la tarea del momento es la revolución socialista y no la pretensión de editar o reeditar un movimiento nacional. Al identificar a los trabajadores del estado con el Estado que los explota, la burocracia sindical declara su disposición a apoyar cualquier medida del Estado que perjudique al conjunto de las masas, si ella sirve en parte a sus intereses específicos. CTERA, por ejemplo, apoya aumentos en la carga impositiva para aumentar los salarios docentes, con el resultado de una mayor confiscación del pueblo, sin que por ello los maestros logren defender su salario de la inflación. ATE, otro ejemplo, plantea “la participación en la reestructuración del Estado", de manera que defiende sus intereses en el marco de un remate generalizado de empresas del Estado para el pago de la deuda externa —lo que lleva a nuevos tarifazos que asolan al conjunto de la población. La posición del Mas —“contra la destrucción del Estado”, por lo tanto, a favor de su reforzamiento— refuerza la dominación política e ideológica de la patronal y de la burocracia sobre la clase obrera.

El decreto de “racionalización" del Estado es un plan de guerra contra los trabajadores públicos y de enriquecimiento y coimas para un selecto grupo de funcionarios. Significa la posibilidad de una cesantía en masa de trabajadores por decreto. Apunta contra los “permanentes" al establecer que “la cantidad de cargos de las unidades de cada jurisdicción no podrán exceder el 66% de los cargos ocupados en las mismas en marzo de 1990" o el 60% en el caso de los organismos descentralizados. Los contratos de los “transitorios" se declaran caducos al 31 de diciembre y sólo podrán renovarse en un 50% como máximo. En este último caso se plantea la posibilidad de una reubicación en otros organismos, como la DGI o la Aduana, pero esto, en el mejor de los casos, “sólo abarcará al 48% de los 30.000 que componen el personal temporario, en tanto que unas 15.300 personas no tendrán oportunidad alguna, ya que cuentan con menos de un año de trabajo" (Clarín, 2/ 12). Los términos del decreto denuncian por sí solos la ausencia de cualquier planteo de “racionalización", desde el momento que establece “podas" indiscriminadas de personal, generalizando por medio de porcentajes, donde se deja ver la ausencia tanto de un diagnóstico de las deficiencias operativas como del plan que pueda superarlas. Para imponer los despidos el gobierno puede apelar a la jubilación de oficio pero también al retiro "voluntario", a través del horario único partido —de 9 a 13 y de 13:30 a 17:30 hs. Para los que queden en la administración pública “se dispone la suspensión de las normas de carácter general o particular que atenten contra la movilidad o flexibilidad laboral dentro de las estructuras (art. 79). Curros Todo el arsenal de medidas dispuesto contra los trabajadores desaparece a la hora de considerar la situación de los “altos" funcionarios. Sobre las “jubilaciones de privilegios” el decreto establece que los jerarcas deberán renunciar “voluntariamente” a ellas, que es la forma de permitir que las sigan cobrando En el caso de los ex-funcionarios todo sigue igual. Se prevé, además, un plan de jerarquización para 1.500 miembros del escalafón “superior”, sobre la base de una profunda diferenciación salarial con el resto. Pero los principales beneficios de la alta burocracia del Estado surgen de la facultad para contratar con empresas privadas “los servicios de liquidación de haberes de todos los organismos" (art. 43), o “los servicios de control de horarios de ingreso y egreso de personal" (art. 44), o “los servicios de mantenimiento y limpieza de locales y edificios públicos” (art. 47). ¿Ahorro? “Si el gobierno se desprende de 30.000 empleados estatales en un año — que podrían ser 40.000— tendría un ahorro de 380 millones de dólares anuales” es el cálculo de un "reconocido" economista, según La Nación (27/11). ¿Es así? Lo que el Estado deja de pagar en salarios a los cesantes tendrá que abonárselo a los capitalistas privados que se hacen cargo de los servicios determinados en el decreto. Más allá de esto, el proyecto prevé la posibilidad de excepciones a las medidas dispuestas, las que pueden ser autorizadas por un todopoderoso “Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa" (art. 7) cuya integración no ha terminado de definirse. “De nada servirá el decreto o proyecto de ley —comenta La Nación— si cuando hay que ponerlo en práctica aparecen “chicanas" creadas por los propios funcionarios”. Es decir que la “racionalización" choca de entrada con el apetito insuperable (condición de funcionamiento de cualquier Estado) de la burocracia y la politiquería capitalistas. Coordinadoras, asamblea general La “racionalización" del Estado cuenta ya con la complicidad pública y declarada de la burocracia de UPCN. Por su parte, ATE ha protestado que sus "buenas ideas” para “reformar el Estado” —horario unificado para ahorrar energía, reubicación de personal en salud, por ejemplo— el gobierno “al parecer no las ha tomado en cuenta” (declaraciones de Rubén Garrido, secretario de Organización, Diario Gremial, 27/11). En oposición a esta pasividad es necesario elegir delegados de base en las reparticiones, formar coordinadoras y reclamar una asamblea general de los estatales. Asamblea general, con todas las “ramas", terminando con el divisionismo “profesional" que sólo sirve al gobierno pues la ofensiva abarca a todos. Asamblea general contra los despidos, contra el cambio de horario, por paritarias libres para los estatales, por un 100% de emergencia.

Poco antes de la entrega de ENTel a manos privadas, María Julia Alsogaray emitió la resolución 272/90, que declara a la Obra Social en “emergencia económica". Uno de los efectos de la resolución es la suspensión de las llamadas “gratuidades” mediante los cuales se cubría el tratamiento de enfermos crónicos y discapacitados. La suspensión del aporte extra que ENTel realizaba a la Obra Social, la cual arrastra un déficit millonario, ha dado lugar a la suspensión de una serie de prestaciones contratadas. Pero la más escalofrían te es la de las gratuidades. Porque de un día para otro se ha cortado la prestación de tratamientos y provisión de elementos esenciales para la atención de los hijos discapacitados de los trabajadores. Sillones de rueda, elementos ortopédicos, costosos antibióticos y tratamientos neurológicos y de rehabilitación. El 27/11 los padres de hijos discapacitados se convocaron en el sindicato. Resolvieron exigir la derogación del decreto 272 y el mantenimiento del aporte extraordinario a la Obra Social por parte de las nuevas empresas. Además decidieron' dirigirse a todo el gremio para movilizarse a la Obra Social y reclamar el plenario de delegados de urgencia para resolver sobre el tema. Al día siguiente se concentraron en la Obra Social y realizaron un acto donde las denuncias fueron impresionantes. Una trabajadora reveló que de mantenerse la situación, en una semana su hija enferma corría peligro de muerte. La dirección burocrática de Esquivel y Varone, en cambio, ha demostrado hasta qué punto está entregada a las privadas. Se opone a la movilización. Se negó a imprimir el volante de los padres. Ha integrado con representantes propios una “comisión normalizadora" de la Obra Social, compuesta por la burocracia de los gremios, los representantes de las empresas y de Foetra Nacional y bajo la presidencia de Julio Guillán (delgado del ANSSAL colocado por Barrionuevo). No hay tajada jugosa de la que estén dispuestos a privarse. Hay que adoptar el camino señalado por los padres de hijos discapacitados. Urgente plenario de delegados para resolver la movilización del gremio en defensa de la vida de los telefónicos, de las gratuidades y de la Obra Social. Nada de comisiones normalizadoras burocrático-patronales. Que la Obra Social la dirijan los trabajadores elegidos en asamblea del gremio. Tarde o temprano María Julia y sus socios capitalistas pagarán la osadía de poner en juego la vida de los trabajadores y sus familias para sangrar el ahorro nacional en beneficio del negociado de los banqueros y de sus juergas en “Las Leñas".

Hace un mes atrás, cuando un interventor “judicial” ocupó la sede de ATSA, las corrientes que conformaban la Directiva (Mas, PC y Carolina Lister, ligada a Piccinini), negociaban una participación en esa intervención en conjunto con los verdaderos interventores, con la burocracia de West Ocampo (ver Prensa Obrera n° 317 y 318 y el semanario "Propuesta", del PC, del 2/11/90). Esta negociación secreta, a espaldas de los trabajadores, tenía lugar mientras esas corrientes “izquierdistas’' llamaban por todos lados a "resistir", pero naturalmente sin organizar ninguna resistencia. En el caso del Mas, la impostura llegó al extremo de que su corriente universitaria llamaba a votar al partido que garantizaba la democracia en los sindicatos. Pocas veces se vio tamaña explotación de la credulidad popular. En el tiempo transcurrido desde entonces, dichas corrientes no han contestado estas graves acusaciones ni han asumido la responsabilidad que les cabe. Como lo dijera el PO en otra ocasión, tienen por método no rendir cuentas de su conducta al pueblo trabajador Sus periódicos no han vuelto a mencionar ni la palabra Sanidad. Sus dirigentes de ATSA se han borrado de la faz de la tierra. Como si fuera posible no dejar rastros después de haber demolido un sindicato de 40.000 trabajadores. Nunca más “unida” esta izquierda que para borrarse cuando no hay puestos sindicales a los que aferrarse. Pero la vida sigue. El interventor ha fijado algunas fechas de elecciones de cuerpos de delegados de establecimiento, cuyos mandatos van a vencer. Por otra parte progresan "las buenas relaciones" de FATSA (West Ocampo) y las patronales. Estas pagan las deudas de cuotas sindicales y están incorporando personal recomendado por la burocracia en establecimientos con internas de izquierda. Circulan también versiones de listas de despidos de activistas, elaborados de común acuerdo. La cuestión fundamental planteada es entonces, la organización del activismo para dar batalla en las elecciones de delegados y reagrupar alrededor de las mismas. La burocracia tiene a su favor el desgaste de las internas identificadas con la política capituladora de la ex dirección de ATSA. Y el apoyo logístico de las patronales y la intervención. Pero para promover con éxito plenarios de activistas y delegados para fijar un programa de lucha contra la intervención y la patota es necesario un balance de la debacle política de la dirección de ATSA en los últimos 5 años y por sobre todo el juicio de responsabilidades a los que estuvieron pactando con la intervención y con West Ocampo.

En el edificio Zapiola, ante el anuncio de 100 traslados de una privada a otra, los trabajadores se auto-convocaron en asamblea, marcharon a la delegación zonal de Foetra y arrancaron la suspensión de la medida y una discusión caso por caso en función del domicilio de cada compañero y de sus cargas de familia. En la Zona Oeste, los trabajadores se plantaron ante el intento de la privada de controlar la reparación de teléfonos “uno a uno” e impusieron la vigencia del anterior régimen de trabajo. Ante la liquidación de servicios médicos prestados por la Obra Social, los padres de hijos discapacitados se autoconvocaron en el sindicato reclamando la movilización (ver nota). Esta resistencia de los telefónicos se da en un sindicato vaciado, en el que la directiva es agente de las privadas e instrumento del miguelismo. Su expresión patente fue el plenario de delegados “otorgado” luego de numerosos reclamos de los edificios, y en el que la directiva planteó su “programa” luego de la derrota de la huelga telefónica. “No poner piedras en el camino...” El convenio de trabajo ha sido declarado “en suspenso” por el Ministerio de Trabajo — a raíz de un pedido de María Julia hecho antes de la entrega de ENTel— y Telecom y la Telefónica están tratando de quebrarlo imponiendo nuevas normas de trabajo allí donde pueden. Frente a todo esto la Comisión Directiva proclamó en el plenario de delegados que “el convenio sigue en pie” y propuso como plan de acción para defenderlo "que cada delegado lo haga respetar en su sector o edificio”, lo que obviamente no requiere del plenario de delegados ni del sindicato y es una estrategia deliberada de desgaste. Quedan 129 compañeros en la calle y los contratados han pasado a ser “trabajadores de agencia”, al arbitrio de patronales fantasmas por las que no responde nadie. Toda la propaganda de la burocracia sobre la reincorporación de unos y otros gracias a la “muñeca” se ha revelado como una estafa Sobre estos compañeros, fuera del reclamo ritual por su incorporación, la directiva no propone absolutamente nada. Hay miles de traslados planteados entre una y otra privada para dar paso a la separación de la empresa, lo que lleva a “reubicar" a trabajadores en edificios instalados a grandes distancias de sus viviendas, colocándolos al borde del despido. La respuesta de la directiva ha sido la formación de una comisión gremio-empresa que decide por sí y ante sí y al margen de los trabajadores afectados. Sobre el salario, la directiva se limitó a plantear el aumento del 19% para noviembre como un hecho consumado y a cumplir con la formalidad de pedirle a la Federación que reclame un 50% de emergencia. Esquivel-Varone han desmentido su firma en un texto laudatorio de la privatización suscripto por el congreso de Foetra, pero esto es sólo una cortina de humo para ocultar su compromiso efectivo con el gobierno y las empresas. La línea es “no poner piedras en el camino” a las privadas, como en la Obra Social es “dejar hacer a la normalizadora y a Guillán”. Esta política no puede llevarse adelante sin el vaciamiento del sindicato, por eso la directiva planteó en el plenario de delegados su oposición a una nueva convocatoria del organismo y trata de “verticalizar” a Foetra sobre la base de los delegados generales. En su lugar, anunció la convocatoria a una asamblea general por Memoria y Balance y otros temas, sin abandono de tareas, es decir a sabiendas de que "por falta de quórum” no pasará nada. La oposición La propuesta de la comisión directiva fue aprobada en una votación casi pareja frente a una moción alternativa que planteaba centralmente la convocatoria a un nuevo plenario de delegados para tratar la “relación con Foetra Nacional” e incluía la propuesta de una movilización por la obra social Esta moción nació de la Lista Verde (emigrados de la Celeste y Blanca luego de la derrota de la huelga) y alineó a toda la izquierda y gran parte de la corriente degennarista “18 de marzo”. Lo que la oposición ganó en votos lo perdió en claridad, pues los emigrados de la Celeste y Blanca plantean colocar como punto decisivo de la estrategia opositora la “ruptura con la Federación” (luego de oponerse tenazmente a esta línea cuando el gremio estaba en ascenso y se abría la posibilidad de construir un poderoso frente nacional antiburocrático) tratando de rescatar una vez más a Esquivel-Varone. El centro de una política con futuro es desmarcarse de la directiva entreguista y reclamar la movilización por los cesantes, el convenio y la obra social, el funcionamiento semanal del plenario de delegados y oponer la asamblea con abandono de tareas a la asamblea “trucha” que se anuncia. Desde abajo hay que hacer crecer el proceso de lucha en defensa de las gratuidades y de la Obra Social, por la reincorporación de los cesantes, por el convenio por la efectivización de los eventuales y porque los traslados interempresas sean sujetos a la decisión de asambleas en los edificios afectados, Desde abajo, a través de las asambleas y las coordinadoras de lucha de delegados y activistas en cada zona.

Con motivo de la apertura de la Conferencia de Capital del XVII Congreso del Partido Comunista, asistió invitada una delegación del Comité Capital del PO, la que dirigió una alocución a los 150 congresales reunidos. Pedro Mourín, en representación del PO, señaló la necesidad de una caracterización definitiva de la burocracia de la URSS, del stalinismo y de sus partidos para podar concluir que lo que estalló como una crisis definitiva no fueron métodos o puntos de vista “desviados", sino la dominación política de una casta social contrarrevolucionaria que aplastó a la clase obrera y a la revolución mundial durante más de sesenta años. Que esta caracterización es la base de una refundación del bolchevismo, sin la cual los partidos comunistas están condenados a disolverse, como ya está sucediendo, en la socialdemocracia o el nacionalismo. Mourín señaló que el hundimiento del stalinismo no ha liquidado, sin embargo, al menchevismo como corriente que lo antecedió históricamente. El menchevismo-stalinismo está presente en la subordinación a la burguesía nacional, en la defensa de las fronteras nacionales (Estados nacionales) por oposición al internacionalismo proletario y en la defensa de la “democracia (Estado burgués) por encima de la lucha de clases. El menchevismo caracteriza a organizaciones como el PT de Brasil, el FSLN, el FA de Uruguay o la IU de Argentina. Mourín destacó la inviabiliad y caducidad del “tercermundismo", con el cual algunos partidos comunistas quieren reemplazar su vieja dependencia de Moscú, pero que en realidad es un retroceso de corte nacionalista frente al internacionalismo de la clase obrera. El "tercermundismo" propugna la unidad de las clases de las naciones oprimidas (seguidismo a la burguesía) y la unidad de los Estados de esas naciones. Pero esta posibilidad está excluida, como lo demuestran los países árabes que apoyan la ofensiva militar yanki contra Irak, o el servicio prestado por éste al imperialismo contra Irán, o por la opresión iraquiana contra la nación kurda. O como lo demuestran los ex-tercermundistas argentinos que mandan las naves al Golfo, o sus sucesores (Pl, etc.) que acaban de oponerse a la movilización contra la presencia de Bush en el país. Para terminar, el compañero del PO llamó a los militantes comunistas a considerar el fracaso de IU. la cual no se ha constituido en un polo de reagrupamiento político de la vanguardia obrera. La política de lU se limitó al plano electoral. Como ejemplo de este fracaso político, Mourín señaló la política de IU en ATSA, cuya dirección busco una transacción con el interventor del Estado y con la burocracia de West Ocampo También señaló a las elecciones de la Unión de Trabajadores de Prensa, donde el PC se opuso a integrar la lista de izquierda que enfrentó a la fracción oficialista de los partidos patronales. Mourín mencionó, finalmente, que durante cinco años la dirección de IU se negó a discutir y hasta reunirse con el PO y que impidió la participación de un orador de PO en el acto del 1° de Mayo. La intervención se cerró así con un llamado a los congresales a no soslayar estos debates fundamentales para el movimiento de la izquierda en sus deliberaciones.

Con la excusa del fallo de un juez que laudó a favor del sindicato, el Ministerio de Trabajo y los integrantes de la lista Azul que habían impugnado el proceso electoral en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) levantaron todos los cargos y, de inmediato, la cartera laboral reconoció a la nueva conducción. La vuelta atrás de Triaca y sus acólitos resulta llamativa. Habrá que esperar un poco para ver el significado de este cambio de marcha. De todas maneras ahora, despejado el terreno, aparecen con toda crudeza los problemas que aquejan a los trabajadores del gremio y que requieren una respuesta inmediata. Los salarios de convenio están entre 1.500.000 y 2.000.000 de australes para las categorías más numerosas, la discusión con las patronales por una nueva convención colectiva han quedado archivadas (el actual convenio tiene más de 15 años) y se ha producido una importante desafiliación, seguramente como resultado de la parálisis de la conducción y del aumento al 2% de la cuota sindical. La Lista Naranja-Gris, minoría en la conducción, planteó que estos puntos fueran tomados como eje para poner en pie al gremio, inclusive contra la propia maniobra del Ministerio. Con distintas excusas la mayoría ubaldinista Celeste y Blanca levantó sucesivamente la reunión de Comisión General Administrativa, semi disolvió el plenario de delegados y, finalmente, dispuso no realizar la Asamblea General del gremio, argumentando que el Ministerio de Trabajo ya había reconocido a la nueva dirección. Todo esto en un lapso de 72 horas y con el objetivo evidente de no debatir las propuestas de la Naranja-Gris, que, además, cuestionó los planteos de la mayoría de postergar las elecciones de comisiones internas porque —dijo— “la conducción no está reconocida por el Ministerio”. Este cuadro muestra nuevamente la importancia del voto a la Naranja-Gris y de su papel como eje de reagrupamiento antiburocrático y clasista en el gremio. La Naranja-Gris debe impulsar unificadamente la elección de delegados combativos en las empresas y realizar una amplia actividad de agitación con sus planteos en la base del gremio para que se haga carne la necesidad de una lucha unificada por sus reivindicaciones, algo que la actual mayoría no toma ni ha tomado nunca.

En las elecciones realizadas en la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, la burocracia se impuso con el 52 % de los votos y el segundo lugar correspondió a la antiburocrática 90 Bordó (Mas, PC, PO e independientes) con el 30%. Esto le permite a la lista de la izquierda obtener 12 congresales por la minoría en la seccional más importante del país. La Bordó se impuso en las casas centrales de 19 bancos, entre ellos el Central, Río, Quilmes, Shaw, Tornquist, Credicoop, Patricios, Alemán y Holandés y salió segunda con buenas votaciones en muchos otros. La elección se polarizó entre la burocracia y la oposición de izquierda. La lista 17 Turquesa —de Cafiero y Lorenzo Miguel— que pretendió presentarse como la opción “moderada", fue virtualmente pulverizada. Hay una enorme desafiliación en la Bancaria desde el 85 a esta parte, por el masivo descrédito de la burocracia. El equivalente a la mitad del padrón se desafilió en los últimos cinco años, de modo que las elecciones solo han reflejado parcialmente el ánimo de los bancarios. Dos sectores claves en el triunfo de la burocracia fueron los jubilados, en los que el zanolismo logró 2.800 votos, y el ISSB, sector no bancario del gremio que preside el mismo Zanola, y en el que obtuvo 1.800 votos. Si se desglosaran estos sectores, la votación real entre los bancarios activos expresa una virtual paridad entre la votación del zanolismo y la lista de izquierda. La Bordó es un agrupamiento coyuntural, que no surge de un trabajo previo, que hubiera permitido un reagrupamiento militante en torno a ella. Incluso algunas de sus fuerza integrantes, desembarcaron en la 90 Bordó luego de hacer seguidismo a la burocracia, con la tesis de "presionar al zanolismo para que luche". La responsabilidad de la Bordó El panorama que se avecina es sumamente duro para los trabajadores bancarios. La política de "racionalización" en la banca oficial recién comienza. En enero comenzarían los despidos en el Banco Nación. En la banca privada siguen las renuncias forzosas. La obra social bancaria está al borde de la quiebra y el salario medio del bancario no alcanza a la mitad de la canasta familiar. Lo que está planteado es asumir los compromisos de la campaña electoral: luchar por la derogación del estatuto y la reducción de la cuota sindical, por el salario y contra las cesantías, impulsar un frente unido antiburocrático frente a las próximas elecciones de comisiones internas —donde votan todos, afiliados y no afiliados— y lanzarse a la ampliación y consolidación de la lista mediante plenarios y comisiones de apoyo en todos los bancos.

El gobierno de los Barrionuevo, el gobierno de la Ferrari de 250.000 dólares “de regalo", el gobierno que con la mayor hipocresía y el mayor de los cinismos despotrica contra "la corrupción”, se ha despachado con una nueva estafa: el peaje en la Panamericana. La magnitud del negociado la denuncia el patronal diario Ámbito Financiero, insospechado de cualquier posición medianamente popular, cuando dice textualmente “Cobrarán después del primer arto pero luego tendrán once de hándicap para terminar la red de accesos a la capital" (29/11/90). Según el mismo diario, "recién al arto de cobrar (peaje) comenzará la obra para terminar el Acceso Oeste. Cuando se inicien los trabajos para el Acceso Sudoeste, el consorcio habrá cobrado durante seis artos en la Panamericana, y para la autopista Ezeiza-Cañuelas habrá que esperar ocho (!!) artos pagando en el Acceso Norte” (Ámbito Financiero, 29/11/90). Encima, la misma fuente señala claramente que “estos tiempos parecen excesivos y que no está muy claro el método de control de los plazos (de las obras) para que no ocurran anormalidades” (Ídem) Es decir, un robo de guante blanco: los concesionarios tan solo construirán tres carriles a los costados de la Panamericana y las casetas de peaje. Después, si te he visto, no me acuerdo y cobrarán por once años cifras superiores a los 100 millones de dólares anuales por carreteras que los trabajadores ya hemos pagado con nuestros impuestos y los tarifazos, no una sino varias veces. ¡Estafa! En cualquier país, el que hace una cosa así va preso. Es un negociado igual que ENTel o que Aerolíneas, organizado por el gobierno que dice enfrentar a la "corrupción”, al servicio de unos cuantos avivados, casualmente los mismos que se han quedado con las empresas rentables del estado (Pescarmona, Techint, Perez Companc, etc.) Estafa contra los trabajadores El primero que paga el peaje es el pueblo, que deberá sufrir enormes aumentos en el costo de los artículos de primera necesidad por el recargo de los peajes sobre los transportistas. Según informa el diario Página 12, la “incidencia que tiene (el peaje en) el transporte sobre el precio del trigo" hará que "para llevar cereales a 600 kilómetros, dentro del país”, haya “que pagar 37 dólares, cuando para enviarlo a Japón el costo es de 22 dólares" (22/10/90). También serán los trabajadores —que no transitan en auto por la carretera— los primeros en sufragar el nuevo impuesto de Menem, al recaer sobre ellos el aumento del boleto de los colectivos. Y también lo sufre el automovilista y el conjunto de la población, agredida con una inconstitucional doble imposición. Encima, el canon o gravamen que los adjudicatarios deberán pagar al gobierno por el usufructo del negocio, el gobierno lo utilizará para pagar la deuda externa, para salvar así al mismo grupo de avivados, tenedores de bonos de deuda interna y externa. ¡Estafa y corrupción contra los trabajadores y el pueblo! Los políticos patronales no son una alternativa En este marco, es necesario organizarse en los distritos afectados para parar la mano a esta nueva golpiza contra los trabajadores. Vahas comisiones vecinales se comenzaron a poner en movimiento y hasta se llegó a plantear una movilización con corte de la Panamericana como iniciación de un plan de acción contra el peaje. Para frenar la autoorganización vecinal y de los trabajadores, y buscando, de paso, un rédito electoral, los intendentes de Vicente López y de San Isidro, García y Posse, respectivamente, convocaron a una "asamblea popular” en la intendencia de Vicente López, que, cuando se empezó a calentar, tiraron abajo, para terminar conformando una “multisectorial" en la que están los representantes de los partidos patronales, los capitalistas de la zona y algún vecino perdido y que se ha levantado como Una pared protectora contra protestas y decisiones directas de parte de los vecinos. Estos políticos profesionales quieren resolver el asunto colocando peaje después de la ruta 202, y así tirarle el costo fundamental a los sectores populosos y de menos recursos (Escobar, Savio, Polvorines, etc.), se han limitado a pedir una entrevista con Cafiero (¡a buen puerto en busca de leña!) y a reclamar como una posibilidad un plebiscito acerca del peaje. Hay que desmarcarse de estos hipócritas, radicales o peronistas, que votaron con las manos y con los pies en el Congreso las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado que permiten que el gobierno lleve adelante este atropellos Es necesario desmarcarse de los que se apoyan en el repudio popular para ganar "espacio en los medios" y para frenar la movilización popular. El Partido Obrero considera necesario realizar asambleas por barrio y por distrito, hacia una asamblea popular que concentre a todos los afectados, en la cual se decida un plan de acción hasta que se conquiste la anulación del negociado de la Panamericana.

El decreto de “racionalización del Estado” ha dispuesto la jubilación forzosa de más de 30.000 maestros y profesores nacionales, y de miles de trabajadores no docentes. De ésta manera, pasarán a retiro obligatorio uno de cada tres maestros y profesores, que quedarán condenados a una jubilación de pordioseros. En otra manifestación de que la “racionalización" es un eufemismo del desmantelamiento el decreto plantea que a partir del año lectivo 1991 no se habilitarán cursos con menos de 20 alumnos, lo cual está provocando ya el levantamiento de divisiones. El decreto ha servido como “voz de orden”. Norberto Fernandino, director de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, “reiteró que se pondrá en práctica la jubilación de Oficio que abarcará a unos diez mil docentes provinciales" (Clarín, 17/10). Con ese fin ha enviado un proyecto que adelante la edad de retiro a los 45 años, con 25 de servicio y sin límite al frente de grado. En Capital Federal se está implementado el levantamiento de secciones de grado y el retiro de maestros. La burocracia de CTERA “participa” del ajuste La dirección de CTERA fue informada del decreto de jubilación en masa en una reunión “más positiva de lo que esperábamos”, según Mary Sánchez. El motivo de esta alegría es que el decreto incorpora a CTERA y a la UDA a una comisión para analizar las excepciones a su aplicación, lo que permitirá a la burocracia resguardar a sus fieles. Además, el Ministerio de Educación quedó facultado para volver a constituir las “comisiones de servicios", en las cuales la burocracia también piensa meter su gente. Así se cumple “la participación de los trabajadores en el proceso de reestructuración del Estado", como lo ha venido reclamando la burocracia ubaldinista. La respuesta al desmantelamiento de la educación es poner en pie “asambleas populares" de docentes, alumnos y padres.

“Aunque pueda resultar insólito, aún no se conocen los resultados oficiales y definitivos de la elección realizada el último 16 de noviembre”, afirma “El Día" (27/11/90). La razón del “silencio” es la estrepitosa derrota de la burocracia del Suteba y del gobierno en las elecciones a tribunales docentes de clasificación en la provincia de Buenos Aires. Una primera información, luego considerada “extraoficial” por la Junta Electoral, daba el triunfo a las listas de la FEB en 8 de las 9 ramas "centralizadas" y en la mayoría de los distritos. El dato político relevante es la derrota electoral del Suteba en La Matanza, que es cuna del marysanchismo y centro del aparato burocrático. Allí ganó la lista "Compromiso", formada a instancias de la FEB, que se presentó como “independiente" de todo aparato gremial o político. La FEB, fuerte en el interior de la provincia es un fantasma sindical en el conubarno, y en el caso particular de La Matanza no tiene un sólo local. Todo un sector de la docencia se volcó a las listas de la FEB (o a listas de directores que hacían hincapié en su profesionalismo e independencia) optando a partir de la proscripción de la izquierda, por lo que consideraron un “mal menor” frente al Suteba y al gobierno. Ha recibido un voto “de arriba” pero no será un canal de lucha ni para las aspiraciones de los docentes, ni para enfrentar la destrucción de la enseñanza pública. El voto en blanco El voto en blanco —al que llamó Tribuna Docente— fue el otro dato político de la elección. Sumó como mínimo un 10%, prácticamente en todas las ramas y distritos y en algunas zonas logró una proporción aún mayor (Lanús). Es decir una votación importante si se considera que se trata de una opción por la negativa y que es la expresión más conciente del repudio a la burocracia y al gobierno. Las listas de la izquierda (presentadas por el PO y el Mas) y otras de características independientes fueron proscriptas en masa por las Juntas Electorales digitadas por el gobierno, apoyándose en la propia debilidad de los agrupamientos opositores. El PC (agrupaciones Aníbal Ponce) se opuso a constituir todo tipo de frente contra el mary-sanchismo, profundizando su línea de seguidismo a la burocracia. El Mas se refugió una vez más en la perspectiva de la lista “propia”, y al solo efecto del relumbrón electoral, en lugar de plantearse un frente que sirviese como canal de organización y lucha al activismo docente. La conducta de los socios de IU, cada uno por su lado, ha sido criminal, pues está a la vista la profundidad del abismo entre la burocracia y la base docente y la potencialidad de un frente de lucha por la recuperación de los sindicatos. Lo que debe tenerse encuesta es que la descomposición de las direcciones de CTERA y del Suteba es imparable y que maduran las condiciones para la formación de una gran agrupación docente en la provincia.

El Partido Obrero ha decidido mantener la manifestación programada contra la presencia de Bush, en conjunto con otros partidos de izquierda. Los “amigos" centroizquierdistas han renunciado, en cambio, incluso a la deposición de una ofrenda floral a los caídos en Malvinas. Esta decisión de lucha no sólo responde a la necesidad de reforzar la lucha contra la opresión nacional y contra la acción internacional del imperialismo contra otros pueblos. También responde a la exigencia de luchar contra el ataque al derecho de movilización que entraña el estado de sitio, dictado en especial para defender la visita de Bush. Neuquén: “Fuera Bush de la Argentina” Ante la visita a nuestro país del presidente norteamericano, por invitación del gobierno nacional, las organizaciones abajo firmantes repudiamos esta visita. Esta visita representa a todas luces el apoyo del imperialismo al plan de entrega y ajuste que Menem aplica en nuestro país, y que es el mismo que sufren el resto de los países de Latinoamérica. También significa la profundización del sometimiento de nuestro país a los planes de agresión del imperialismo, como ocurre hoy en su mayor despliegue en el Golfo Pérsico y como fuera ayer en Panamá, Cuba, Granada y Nicaragua. El gobierno entreguista de Menem, los partidos patronales y pro imperialistas y la burocracia sindical, recibirán con todos los honores a quien fuera responsable, junto a Reagan, de la muerte de nuestros soldados en Malvinas, y mientras planean indultar a todos los genocidas del proceso, continuando la tarea iniciada con las leyes de amnistía y punto final. Para repudiar este nuevo acto de servilismo de Menem y compañía, convocamos a los trabajadores, organizaciones gremiales democráticas y antiimperialistas a realizar una jornada de protesta el miércoles 5 a las 20:30 horas en el Monumento a San Martín. Neuquén, 1° de diciembre de 1990 Movimiento al Socialismo-Patria Libre-Partido Comunista-Partido Obrero

Menem pretende largar el indulto esta semana misma, para aprovechar su victoria militar, el apoyo de Bush y, porque no, el estado de sitio. Con esto quedará completamente claro el papel reaccionario del bando “democrático" en los últimos enfrentamientos militares. Las reivindicaciones históricas de los carapintadas serán consumadas así por el gobierno que los reprimió el lunes pasado. El indulto, sin embargo, hará emerger la enorme contradicción de que lo que se perdona a los Videla se castiga a los carapintada. Unos y otros se levantaron contra un gobierno constitucional, con la diferencia de que los primeros asumieron la responsabilidad por una gigantesca matanza. La obligación que se ha impuesto el gobierno de penar a los sublevados hace saltar la enorme inmoralidad de indultar a los ex comandantes en jefe. Pero para Menem las cartas están echadas. No le importan ni estas contradicciones ni la repulsa popular. Debe cumplir ante el imperialismo y dejar limpio el cuaderno de las relaciones con los hombres de la dictadura. El indulto es importante a la hora de tejer las alianzas con los Bussi, los Ulloa, los Palacio y toda su cohorte de seguidores procesistas. La última crisis militar, independientemente de la victoria de Menem y de su fortalecimiento político resultante, ha ahondado en el pueblo el rechazo a las amnistías y a los indultos, a los cuales se ve como responsables por las sucesivas crisis militares. Sin opositores de fuerza en el aparato del Estado, ahora que quedaron neutralizados los radicales, los ubaldinistas y los carapintada, Menem se encuentra con una oposición cada vez más profunda del pueblo. Por todo esto la vigencia de la consigna contra el indulto es mayor que nunca. El Partido Obrero ha establecido un estado de movilización permanente de su militancia, en la convicción que el decreto será precedido por el sigilo. Llamamos a todo el mundo a ganar la calle de inmediato y a reforzar la protesta cuando el indulto sea hecho público.

Por primera vez, los carapintadas no se levantaron para reclamar la amnistía, la impunidad o el indulto para los militares responsables del asesinato a sangre fría de miles de argentinos. Fueron entonces derrotados. Las banderas carapintadas ya habían sido satisfechas en gran parte por Alfonsín y definitivamente por Menem. Se habían transformado en programa de gobierno, en igual medida que los planteos de los capitanes de la industria o de la banca acreedora. Los altos mandos y los inferiores cerraron, entonces, filas, no con los carapintadas, sino contra ellos. No hubieron esta vez los Alais que no reprimían nunca, ni los Cáceres que se sentaban a tomar un café con los sublevados maquillados. Los seguidores de Rico y de Seineldín se salieron con las suyas, en todo o en parte, cuando fueron la fuerza de choque de que se valió el imperialismo para obtener la preservación y la impunidad del cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas argentinas. Cuando dejaron de cumplir ese rol; cuando declararon su oposición a la invasión de Panamá o al envío de naves al Golfo; o cuando -¡horror!- amenazaron con aguar el recibimiento a Bush, fueron despiadadamente reprimidos. Enemigos jurados del marxismo y de la teoría de la lucha de clases y del carácter de clase del Estado, los carapintadas recibieron una lección contundente y trágica sobre la vigencia de la concepción materialista de la historia. Los carapintadas ya no eran útiles Este es el meollo de lo ocurrido el 3 de diciembre. Menem podrá fanfarronear a su gusto ante los periodistas intimidados, jactándose de su mayor firmeza de carácter con relación a Alfonsín. Pero esto no alcanza para explicar porqué el riojano aplaudía al radical cuando éste capitulaba ante los carapintadas todas las veces que era necesario (y hasta coqueteaba con éstos), y porqué el político vacilante de Chascomús aplaudió al de Anillaco cuando éste ordenó el “aniquilamiento” de la reciente sublevación Ambos personajes se caracterizan por la inestabilidad de carácter, de modo que es poco lo que uno puede pavonearse frente al otro Lo que explica la diferente reacción de un Menem con respecto a un Alfonsín es que las sediciones carapintadas han dejado de tener utilidad para la burguesía o para el imperialismo tomados en su conjunto. Los carapintadas cometieron, ni qué decir, el terrible “crimen” de sublevarse en las vísperas de la llegada de Bush, el verdadero dueño del país. Un fracaso de la visita del norteamericano como consecuencia de la crisis militar ponía en tela de juicio la solidez del Estado, y por lo tanto la solidez de los negocios firmados en el marco de las privatizaciones y de las negociaciones de deuda externa. En definitiva, si el levantamiento carapintada no era de modo alguno un principio de violación de la propiedad privada, sí constituía una acción disolvente con respecto a los intereses mayores del gran capital. Quien no tenga en cuenta esto a la hora de buscar una explicación a la rapidez con que el Estado encaró la crisis, no habrá entendido nada respecto de ella. La fauna “democrática", incluida la de “Izquierda", reclamó desde el primer momento el “aplastamiento” de la sedición o golpe, sin importarle en lo más mínimo que este apoyo al gobierno habría de significar el reforzamiento del indulto, de la entrega, de la superexplotación, del trabajo precario, de la cesantía masiva, de la colaboración con la opresión de otros pueblos, de la corrupción, del gobierno por decreto, de la reforma constitucional de la reelección y espaciamiento de los períodos electorales, del reforzamiento —en definitiva— del aparato represivo y de la represión. Sin importarle en definitiva que Bush estuviera detrás de Menemo quizás precisamente por eso. Los “demócrata” no supieron adoptar una línea independiente del imperialismo, denunciando simultáneamente el contenido reaccionario y antinacional de la política de Menem frente a la crisis militar y las características aventureras del levantamiento carapintada. No es casual que los “demócratas" se encuentren empeñados en una lucha teórica contra la tesis de Clausewitz y Lenin, de que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios, porque la negación de este planteo les permite justificar en un conflicto armado el abandono de todos los principios democráticos y abrazar la causa de uno de los campos opresores cotidianamente “criticados". Golpe de Estado Los carapintadas pretendieron negar, al igual que lo hicieran en el pasado, que estaban protagonizando un golpe de Estado, como si esto solo fuera válido cuando existe la expresa intención de derrocar al gobierno, y no cuando se trata de que cambie de rumbo por medio de una acción anticonstitucional. Con este encubrimiento, los carapintadas volvieron a descubrir su inconsistencia política y, al igual que en conatos anteriores, su dependencia del imperialismo y de la burguesía, que no admiten hoy la implantación de gobiernos militares Pero mientras los carapintadas pretendían dar un golpe que negaban, Menem procedió a ejecutar el golpe que imputaba a otros. La declaración del estado de sitio por decreto constituye una forma de golpe de Estado, porque significa la suspensión de las garantías constitucionales y es un procedimiento no admitido por la Constitución. La medida política más importante de la crisis fue dictada entonces contra los derechos ciudadanos, lo cual no solamente sirve como antecedente para la represión de las luchas populares, sino que fue concebida para impedir una intervención popular en la crisis militar y la posibilidad de una gran manifestación de repudio a la presencia de Bush. El camino de las dictaduras militares de la década del 70 fue preparado por los gobiernos constitucionales y sus congresos mediante la creciente aplicación del estado de sitio. En esta crisis militar, el campo oficial no era la expresión de la democracia constitucional contra la tentativa de instaurar un gobierno militar. El choque opuso, de un lado, a un gobierno super-entreguista y profundamente antiobrero contra un grupo militar cuya vigencia ya no era aceptada por el imperialismo y que expresaba a los sectores desplazados por las últimas crisis políticas El campo reaccionario fundamental era el del oficialismo, al que se incorporaron no solamente los Bush y los Alsogaray sino también los Bussi, los Ulloa, los Bignone, es decir los Viola, Videla y Galtieri de la dictadura pasada El deber político esencial de un partido marxista en esta circunstancia es desenmascarar el carácter reaccionario de la política oficial, que se esconde pérfidamente detrás del emblema de la democracia, mientras denuncia el carácter aventurero del planteo carapintada y su tendencia inevitable a transformarse en un recurso contra los trabajadores en el caso de lograr sus objetivos políticos. Bancarrota nacionalista Durante vanos años los carapintadas escondieron su condición de fuerza de choque del indulto detrás de la consigna de reconstruir el ejército nacional. Como es típico de una tendencia nacionalista, pretenden reorganizar a la nación sobre la base de la hegemonía de las fuerzas armadas Pero la aguda crisis militar argentina no es otra cosa que el resultado del fracaso de esa pretensión de convertir al ejército en motor del desarrollo nacional —intentada por Perón, Onganía y los Videla. El ejército en función de gobierno ha demostrado que es incapaz de superar las limitaciones de la burguesía nacional En sus tentativas llegó, bajo Perón, a estatizar considerablemente la economía nacional, y bajo Galtieri a hacerle una guerra al imperialismo, y en ambos casos fracasó Los nacionalistas simplemente olvidan que la fuerza armada no puede ir históricamente más allá de la sociedad que la alimenta y arma. La enormidad de la crisis militar resulta de la conjugación de la descomunal crisis capitalista y de la impotencia de la burguesía nacional, por un lado, y del fracaso histórico del ejército, por el otro. Los débiles gobiernos democratizantes de Alfonsín y de Menem no han logrado disciplinar al ejército para conformarlo a la situación de tolerar y admitir su declinio político. La crisis social le ha impedido a la burguesía, además, actualizar el armamento de su fuerza armada y hasta alimentarla adecuadamente. En esto consiste la contradicción entre el ejército y la sociedad burguesa. La descomposición militar es así una expresión de la contradicción profunda en que han entrado las fuerzas productivas que pueden ser desarrolladas potencialmente y el régimen burgués de producción Por este motivo la crisis del lunes no será la última crisis militar. Indulto Menem será empujado por sus mandantes a explotar el desenlace de la crisis, no solamente para decretar con rapidez el indulto (e incluso usar el estado de sitio para protegerlo), sino también para “racionalizar" a las fuerzas armadas y proceder a una cesantía masiva Se abriría camino así a la "reestructuración del Estado en este sector, es decir a la tentativa de formar un reducido ejército exclusivamente profesional. Los “pacifistas se alegrarán con la eliminación o reducción del servicio obligatorio, lo que servirá para encubrir los planes militares imperialistas. Pero hay que tener presentes aún las secuelas de toda esta crisis y de la represión sangrienta. Una vez más los regímenes “democráticos" han hecho la prueba de su capacidad de servicio al imperialismo y de su maleabilidad para llevar a fondo la política de los explotadores. Lo mismo vale para los partidos y para los políticos nacionalistas, como el PJ y Menem. Esta experiencia pone de relieve los límites insalvables de todos los planteos que no salen del marco democratizante" y de la imposible autonomía nacional. Una “cama” a los carapintadas La sublevación carapintada no fue solo una aventura por su falta de objetivos, su inconsistencia y sus métodos putschistas. También lo fue al transformarse en una acción desesperada ante su creciente desplazamiento del ejército, que estaba prevista, controlada y esperada por el gobierno nacional. Así lo han hecho saber Eduardo Menem y funcionarios de la SIDE. Dada la crónica incompetencia de estos servicios en lo que hace a las cuestiones fundamentales, hay que concluir que quien los puso sobre aviso fue la propia CIA. Todo esto desnuda la impotencia de las acciones conspirativas minoritarias para enfrentar a la poderosa maquinaria del estado, y en consecuencia su manifiesta irresponsabilidad política La política revolucionaria es tal cuando se apoya en la acción independiente de las grandes masas, la cual debe ser preparada por una larga y tenaz labor política. Los carapintadas han sido víctimas de su propia política. También ellos son viudas de Menem.