El gremio de Sanidad cayó en manos del gobierno cinco años después de haber sido recuperado por el “naranjazo", que echó a patadas a West Ocampo. En cinco años de ubaldinismo, pero especialmente de IU y del Mas, ATSA no libró una sola lucha de conjunto. Semejante bancarrota es el resultado de la política reaccionaria que durante todo este tiempo llevaron adelante el Mas, el PC y sus aliados ubaldinistas. El PO fue señalando, paso a paso, el carácter burocrático de esta conducción, denunciando su política antisindical y advirtiendo sobre el derrumbe a que se llevaba al gremio. Estrangulamiento del “naranjazo” La expulsión de West Ocampo de ATSA tradujo el enorme ascenso antiburocrático que vivía el gremio en 1985 y que se expresaba también en la masiva elección de delegados y comisiones internas representativas. La política de la Directiva “izquierdista" estranguló el empuje del “naranjazo”. En enero del '86, ATSA lanzó un paro de dos horas, que fue levantado inmediatamente. Las resoluciones en favor de un plan de lucha y de convocar a una asamblea general fueron desconocidas por los entonces integrantes del Frepu. Ese paro de dos horas fue la única medida de acción convocada por la Directiva de ATSA en estos cinco años. La Directiva frepuísta había comenzado, a poco de asumir, un operativo de desmoralización de la base sindical y de adaptación a la burocracia, que no habría de abandonar. La adaptación al ubaldinismo se manifestaba crudamente en el apoyo del Mas y del PC al “programa de los 26 puntos” de la CGT, entonces unificada. Con la demagogia de la “moratoria” (y la “ayuda” de la izquierda), la burocracia maniobraba para disipar el ascenso obrero que se manifestó en el paro general del 24 de enero de 1986. Subordinación a West Ocampo En abril del '87, ATSA realizó la primera asamblea general en dos años de conducción naranja. En ella, todas las tendencias de la Directiva votaron en bloque con las “62 Organizaciones" y la burocracia de West Ocampo, en contra de un plan de lucha propuesto por los delegados de ASIS y del PO. En su lugar, resolvieron un “plan de trabajo" que consistía, básicamente, en solicitar una entrevista a West Ocampo, quien —siendo un hombre de “los 15"— podía interceder ante el entonces ministro Alderete. Este planteo de subordinación a la burocracia y de integración al Estado se repitió el 1° de Mayo de 1987, cuando los representantes del Mas y del PC firmaron una solicitada de ATSA en la que se reclamaba “un pacto social dirigido por los trabajadores”. La explicación de todas las derrotas es la subordinación de la Directiva ubaldino-moreno-stalinista a West Ocampo, que se resume en su negativa a encarar la lucha por un convenio propio de ATSA-Buenos Aires. Pero sin convenio, no hay política sindical ni sindicato. Toda la “lucha” de los “izquierdistas" se redujo a peregrinar mes a mes hasta la sede de FATSA, en una permanente reedición del "plan de trabajo". La política antisindical de la Directiva “izquierdista” diluyó a ATSA en la Federación mucho antes de que la Justicia y la Policía “recuperaran” el sindicato. El desbande del gremio Durante estos cinco años, la Directiva de ATSA saboteó cada una de las luchas salariales y contra los despidos y los cierres de establecimientos que libraron los trabajadores, algunas de ellas de extraordinaria combatividad y tenacidad. Ante cada conflicto, cuando la FATSA decretó "planes de lucha", la conducción no rechazaba ni apoyaba, simplemente giraba la responsabilidad a los establecimientos. Cada cual debía arreglarse como bien lo entendiera. Con esto, se abandonó la responsabilidad más elemental de una dirección gremial. Para actuar dispersos y divididos no hace falta un sindicato. Un punto clave de esta conducta antisindical fue el Hospital Español. En agosto del '87, se votó en asambleas por tumo salir a la lucha por el salario, en contra de la moción de la burocracia y el Mas. Lanzado el paro, el Ministerio intimó a levantarlo, lo que fue rechazado por las asambleas. El bloque mayoritario de la Interna (West Ocampo-Mas) firmó un acta, que entregó a la patronal y al Ministerio, en la cual “deslinda responsabilidades de los sucesos que acontecieran en el Español, dejando constancia de su aceptación de la intimación ministerial" y, por lo tanto, de su desconocimiento de las resoluciones de las asambleas soberanas. Los campeones de “que la base decida" se convertían en carneros. Cuatro meses después, los dirigentes de la huelga —que habían sido elegidos nueva Comisión Interna, pese a la oposición del Mas y la burocracia—fueron despedidos junto con 140 compañeros. Comenzó entonces una denodada lucha de dos meses, con paros, ocupación, olla popular y un festival de solidaridad que tuvo una fantástica repercusión en el gremio (concurrieron más de 800 compañeros). La Directiva de ATSA dio la espalda a la lucha pues ni siquiera convocó al plenario de delegados. La traición del Español se sumaría a los cierres sin lucha del Charcas, Los Andes, Buenos Aires, San Patricio, Liniers y LEFA. La política de los moreno-ubaldino-stalinistas dejó desnudo al gremio frente a los ataques patronales. West Ocampo levanta cabeza La política de parálisis de los “Izquierdistas" los cubrió de descrédito y permitió que West Ocampo volviera a hacer pie en los establecimientos. Ya en diciembre de 1986, la Naranja fue derrotada en las elecciones de Interna del Güemes y del Israelita, que dirigía el Mas. Esta era el resultado de meses de experiencia con la política de freno y de desorganización de la dirección de ATSA y del Frepu en particular. Por la misma época se manifestaba públicamente la división de la Directiva. El renovador Darío Pereyra, secretario general, y algunos ex-izquierdistas se volcaron hacia West Ocampo. La “traición" de Pereyra era la expresión más acabada de la descomposición política de una Directiva impotente. El hundimiento de la dirección ubaldino-moreno-stalinista se hizo evidente en las elecciones de julio del '89, en las cuales la Naranja debió “repintarse” de Marrón-Verde para esquivar un balance crítico de su propia gestión. La “izquierdización” de la “lista" de la IU expresaba, en realidad, una acentuada derechización política: el programa de los “repintados" —nunca discutido por la base— rechazaba la convocatoria a asambleas generales, por expresa indicación de IU que consideraba más “controlables" los Congresos de Delegados. La división de las listas burocráticas ayudó a los “izquierdistas" a pasar las elecciones. El asalto final Desde agosto de 1989, West Ocampo venía gestionando la anulación de las elecciones y, mientras tanto, separaba de FATSA a los congresales de Buenos Aires. La “respuesta” de la Directiva “izquierdista" fue una fantástica pasividad. En la asamblea del pasado 13 de julio —que debía responder a la intervención judicial— se opuso a las iniciativas de movilizar al gremio. La resistencia al interventor estatal-burocrático requería una política de movilización del gremio, organizando el reclamo salarial y las reivindicaciones de los establecimientos. Todas las corrientes de la Directiva, en cambio, se colocaron en la perspectiva de una negociación con el interventor. En particular el Mas, que desarrolló una orientación de “reparto" de la Directiva con la burocracia y convocatoria a elecciones bajo control del interventor. Mientras su prensa vociferaba “lucha” y “resistencia”, la propuesta del Mas al juez fue “el 50% de la directiva y la junta electoral designada por el interventor" (ver Propuesta n° 52, cuando el PC intenta “diferenciarse” del Mas). Ante el ultimátum policial para desalojar la sede, el Mas rechazó las posturas de un sector del activismo de resistir hasta que llegaran los compañeros del gremio. Sus dirigentes, fuera de control, pedían el desalojo inmediato porque “si nos detienen y nos procesan no podremos presentarnos a las elecciones" Esta actitud bochornosa del Mas de doblegarse ante los verdugos puede estar sustentada en la convicción de que marchan a un acuerdo con West Ocampo para una “normalización conversada". Esta es el final vergonzoso de cinco años de capitulaciones.