Prensa Obrera N° 311

La crisis en el golfo Pérsico está evolucionando de acuerdo a dos líneas perfectamente definidas. La principal de ellas está dirigida al lanzamiento de un ataque fulminante contra Irak por parte de las fuerzas combinadas de los Estados Unidos; la variante secundaria tiene como protagonistas a algunos Estados europeos y de la Liga Árabe, y procura persuadir a Irak a retirarse de Kuwait. Claro que en este último caso, las perspectivas para el actual régimen iraquiano serían igualmente terminales. Sin pelos en la lengua, un editorial del Wall Street Journal de hace dos semanas (9/8/90) señala que aunque "la retórica del presidente Bush es de bajo tono, sus acciones pueden ser vistas como una preparación sistemática para acabar con el dictador iraquí y establecer protecciones permanentes de las fuentes de petróleo alrededor del golfo Pérsico". Este vocero del capital financiero agrega que “llevará varias semanas montar una fuerza abrumadora, pero garantizará llegado el momento una conquista rápida y decisiva de Irak”. Para mayor precisión, no duda en que las baterías de cohetes de Saddam pueden ser tomadas y su fuerza aérea destruida. Sin cobertura aérea en una región desértica, sus tanques y acorazados serían un tiro al blanco para los pilotos aliados”. El programa político general de estas operaciones militares sería para el "WSJ” el de asegurar que no haya más crisis de este tipo en el golfo Pérsico. Esto entrañará el establecimiento de una tuerza permanente de cierto poder en la región. También significará que los gobiernos del Oriente Medio deberán ajustarse a padrones de conducta más elevados que en el pasado” —lo que equivale a la pretensión de convertir el desenlace de la presente crisis en el medio para imponer un sometimiento sin parangón a las naciones árabes y fundamentalmente a los palestinos. Para el diario derechista, “a Bush y a sus aliados de la OTAN le han tirado la gran ocasión de pacificar una de las regiones más turbulentas del mundo”, algo que, afirma, "parece improbable que Bush deje escurrir por los dedos”. Pero incluso más allá de esto, en un editorial del día anterior, The Wall Street Journal cree que una victoria del imperialismo yanqui serviría para “resolver" otras grandes cuestiones: llevar a la ONU a imponer “un amplio reordenamiento de la seguridad internacional” y hasta reforzar la autoridad del presidente de los Estados Unidos frente al congreso de su país. Todo sumado, Bush podría proceder a una reorganización “institucional” de la economía mundial. Amenaza nuclear La ambición del diario es grande y se parece mucho a un inventario de los problemas de envergadura internacional que enfrenta el imperialismo mundial, y que el tiempo y las políticas ensayadas hasta ahora no han hecho sino agravar. Las opiniones de la Thatcher, de Kissinger y de los jefes del Pentágono van en la misma dirección del “WSJ". Lo único que ninguno de éstos ha dicho claramente es que la operación que defienden supone la alternativa del uso de armas nucleares en el caso de que algo no les salga de acuerdo a lo previsto. Un representante del partido Demócrata, Les Aspin, que preside el Comité de Servicios Armados del congreso norteamericano, opina igualmente que no sería suficiente un retiro iraquí de Kuwait, habría que "acabar con Hussein o con su ejército” (The Washington Post, 12/8/90). Las perspectivas de una conflagración que podría escalar hasta un ataque nuclear, ha dividido las opiniones en el campo imperialista, dentro del cual también se alinea la URSS. El jefe de la OTAN y de la CIA, Stansfield Turner, estima inconveniente fijarse el objetivo exclusivo de un enfrentamiento militar y de la destrucción del ejército iraquí. Aun así cree que hay poco margen para evitar una política de “rendición incondicional” de Hussein (International Herald Tribune, 13/8/90). El gobierno francés apoya el embargo contra Irak pero no el despliegue de fuerzas realizado por Estados Unidos (que debería ser, dice, resorte de la ONU) porque desconfía, naturalmente, del alcance último que tendría la invasión militar norteamericana en la relación de fuer zas entre los distintos imperialismos en el Medio Oriente; lo mismo ocurre con Alemania. Sin embargo, Francia es impotente para frenar esta escalada y su ministro de exterior, Roland Dumas, ha mentido descaradamente al afirmar que “el dispositivo norteamericano desplegado en el lugar es más un cordón de protección que un dispositivo ofensivo” (Le Monde, (10/8/90). Los yanquis, en realidad, han montado el mayor puente aéreo de la historia para trasladar hasta un cuarto de millón de hombres a la región. ¿“Nación árabe”? La crisis ha vuelto a desnudar el mito de la “nación árabe”, naturalmente violentado por la invasión y anexión de Kuwait. La Liga Árabe se ha pronunciado contra Irak y el presidente egipcio se asoció explícitamente a los objetivos estratégicos formulados por Bush La “nación árabe" no existe como realidad histórica, ni las afinidades de lengua o étnicas han podido sobreponerse a las con-sociales que desgarran a| Medio Oriente. La consigna de la “nación árabe" ha servido para encubrir compromisos con los sectores más reaccionarios de los países meso-orientales y para alentar empresas militares bonapartistas cuyos costos fueron siempre pagados por las masas explotadas. El gobierno de Irak es un gendarme feroz de su propio pueblo, mal podría llamar a las masas árabes a levantarse contra sus gobiernos despóticos. Durante toda la guerra contra Irán sirvió a los intereses del imperialismo yanqui y aun del sionismo, que era el primer interesado en la prosecución infinita del conflicto. El gobierno pequeño burgués iraquí oprime a sus propias minorías, como ocurre con los kurdos, algo que hacen igualmente los gobiernos musulmanes de Irán y Turquía. Esto explica la tremenda inmovilidad político-internacional de Irak para enfrentar la agresión imperialista, más allá del limitado acuerdo de paz que ha propuesto a Irán. El régimen de Hussein simplemente ha apostado a la aventura. Para colmo ha amenazado con matar a residentes extranjeros o recurrir a la guerra química, algo que ya ha hecho en el pasado contra iraníes y contra kurdos. Una política revolucionaria contra el imperialismo significaría hoy retirar el ejército iraquí de Kuwait y armar a su población trabajadora para impulsar, con plena autodeterminación la lucha por una República Democrática, y también armar al pueblo iraquí y restaurar sus libertades democráticas. Esto sí sería un golpe demoledor contra el imperialismo frente a la opinión pública mundial. De todos modos, la cuestión fundamental y decisiva es oponerse a la intervención yanqui y de la ONU, que cuenta con la complicidad de Gorbachov, cuyos “intereses nacionales” pasan en un 99 % por la obtención de créditos occidentales. Esta intervención significa la esclavización de los pueblos, y no solamente de los del Medio Oriente. Crisis mundial El ruido de armas en el Golfo Pérsico y hasta la posibilidad de una Hiroshima selectiva” traduce, y esto es muy claro, el nivel y la profundidad de la crisis del sistema imperialista mundial, en el cual están insertados contradictoriamente también los Estados Obreros, alguna vez llamados “países socialistas”. La crisis del Golfo ha sido la chispa que ha puesto al desnudo la enorme situación de bancarrota de las economías y monopolios de los principales países capitalistas y hasta de sus estados, incluido Japón, vedette de los comentaristas de pacotilla. Estados unidos corre el nesgo de enterrarse en un Vietnam árabe si se lanza al ataque y a la ocupación de la región de la Mesopotamia bíblica. Esto de ningún modo le servirá para salir de la crisis económica, que puede sufrir, al revés, un golpe decisivo. En cualquier variante los costos de la crisis militar y de la guerra la pagarán los trabajadores con la inflación y los pueblos semi-coloniales con un incremento de los intereses de la deuda externa y el encarecimiento de sus importaciones. Todo el edificio del “ajuste” se habrá revelado un espejismo —algo natural con todo lo que tenga que ver con los desiertos sauditas—, haciendo sonar la hora a los Menem o Collor que las puras circunstancias han puesto en el camino de los pueblos. La década del 90, que los imperialistas y sus amigos se apresuraron a bautizar como la de los “dividendos de la paz”, se anuncia como una década de guerras y revoluciones, que exigen una alta capacitación política de la vanguardia obrera para que no se conviertan en factores de derrotas sino de triunfos concluyentes.

En 1984, cuando los mineros británicos sostuvieron una dura y prolongada huelga de casi un año contra el gobierno de Margaret Thatcher, los sindicatos mineros (oficiales) de la URSS “tomaron” un jornal de cada trabajador para entregarlo al sindicato minero británico, el NUM. En su momento, este acto de la burocracia sindical soviética fue presentado como un ejemplo de “internacionalismo obrero”. Seis años después, son los recién fundados sindicatos mineros independientes de la URSS los que están en huelga contra el gobierno de Gorbachov. El presidente del NUM británico, Arthur Scargill, miembro del P.C., se declaró violentamente hostil a esta lucha, al punto que se negó a recibir a dos representantes de los sindicatos independientes que viajaron a Londres en búsqueda de solidaridad que por reciprocidad se les debía. Los burócratas del NUM británico, evidentemente, se entienden mejor con sus pares soviéticos que con los trabajadores y sus sindicatos independientes. Se trata de una posición que viene de muy lejos. “En 1977, informa el Wall Street Journal (13/7), el NUM tomó posición contra uno de los primeros sindicalistas rebeldes de Ucrania, Vladimir Klebanov, cuyos esfuerzos por levantar un sindicato independiente lo llevaron a un hospital siquiátrico". La posición de los burócratas ingleses se “entiende” muy bien y no soto por razones “ideológicas”. Según explican tos representantes de tos sindicatos soviéticos, el monto de la colecta de 1984 superó los veinte millones de rublos, aunque oficialmente sólo se “reconocieron” dos millones. Investigadores británicos, por otra parte, revelaron que, por lo menos, un millón de dólares entregados a Scargill nunca llegaron al NUM sino que fue “desviado” hada una organización filo-stalinista con sede en París, la IMO (Organización Internacional de Mineros). Los burócratas sindicales soviéticos y británicos han estafado a los trabajadores de ambos países y se han esforzado por desacreditar ante ambas clases obreras la idea de la solidaridad internacional de tos trabajadores. Como se ve, el antinternacionalismo y el carnereaje son sinónimos. La cuestión de la solidaridad obrera internacional es cada vez más una cuestión capital y se transforma en el eje sobre el que van girando todos los problemas políticos concretos de la clase obrera de cada uno de los países.

Al asumir la presidencia de la Federación Rusa —la principal república soviética— el “ultra-reformista" Boris Yeltsin lanzó un llamado “plan de los 500 días”, el cual fue adoptado por Mijail Gorbachov apenas hubo finalizado el 28° Congreso del PCUS. La unificación de los programas de Gorbachov y del hombre que encabezó la ruptura de los “reformistas” con el PC es un signo indiscutible de la quiebra política del partido stalinista. El “padre” del plan Pero el verdadero autor del plan de Yeltsin-Gorbachov es otro “emigrado del 28° Congreso”, Mijail Bocharov, calificado como “el primer empresario (privado) de la URSS, que comanda un conglomerado de 25 empresas (la Butex Corporation) que actúa en los más diversos sectores (construcción civil, resinas plásticas y hasta la banca)” (O Estado de Sao Paulo ,5/8). “Bocharov, un abogado de 49 años elegido diputado al Soviet Supremo, es uno de los muchos reformistas que cambiaron la filosofía del funcionario público en ascenso por el cargo de presidente de una corporación, para el cual fue elegido y que Implica los mismos riesgos de las sociedades anónimas occidentales, como la quiebra” (ídem), Bocharov —según “O Estado”— logró sacar a “su” conglomerado del control estatal debido a que encontró un “método adecuado” para privatizado: entregarlo en alquiler a sus empleados y directores. Bocharov es el prototipo de los dirigentes del llamado "complejo industrial”, una vasta capa social que abarca a los gerentes, ingenieros y técnicos superiores soviéticos. Su completa independencia respecto del control administrativo del Estado (y fundamentalmente respecto de la sociedad y de los trabajadores) le ha permitido forjar una vasta red de intereses sociales específicos que se expresan cada vez más abiertamente. “El thatcherismo es la guía de nuestra acción", afirma sin rubores uno de estos hombres, Boris Fyodorov, Ministro de Finanzas de la Federación Rusa y —como Yeltsin y Bocharov— otro “emigrado del 28° Congreso” (Wall Street Journal. 26/7). “El plan de los 500 días” El “secreto” del “plan de los 500 días” —según el propio Bocharov explicó a “O Estado”—es “la velocidad con que se introducirán las reformas". “Bocharov —según el diario paulista— sigue una línea semejante en muchos puntos a la que fue recomendada al fin de un seminario sobre la creación de una economía de mercado en la URSS realizado en el FMI, en Washington, a fines de mayo". El plan pretende resolver el problema de pasar las empresas del Estado al capital privado en un país donde no existen capitales ni un mercado “libre" de la fuerza de trabajo y donde tampoco el Estado tiene el "derecho" de enajenar la propiedad estatizada. El "plan de los 500 días” está concebido exclusivamente como un “esquema de transición” al establecimiento de la propiedad capitalista. El alquiler de las empresas a sus empleados supone la adecuación de la producción a la obtención de ganancias sobre el giro de los negocios, lo cual permitiría crear un fondo de acumulación, capaz de convertirse potencialmente en capital. “El leasing (alquiler), afirma Bocharov, debe servir apenas para la transición del Estado a la iniciativa privada. Después de alquilada, la empresa debe ser comprada por los nuevos socios controladores al Estado" (ídem). Es decir que en el período de transición las empresas deben haber podido crear un conjunto de relaciones económicas y sociales típicamente capitalistas. A partir de aquí se emitirán acciones, con acceso por igual a los ciudadanos y al capital extranjero, por medio de “la apertura de una bolsa de comercio y la reglamentación de la constitución de sociedades anónimas” (ídem). Esta “transición” en el plano económico y social exige un régimen político basado en el sufragio universal y en el “derecho individual”, que permita acometer las modificaciones jurídicas y hasta constitucionales, necesarias para la privatización. El “plan” estipula la “libre formación de los precios", y en primer lugar del precio del salario. Pero este no existe cabalmente en la URSS, ya que representa una pequeña fracción del derecho de compra total de los trabajadores. “Un obrero ruso cobra 200 rublos por mes (u$s 12,50 al cambio paralelo) (pero) en contrapartida la previsión social, la educación, los alimentos, el transporte, el alquiler y otros son subsidiados y muy bajos” (ídem). Como ya lo experimentara en la Butex Corporation, Bocharov propone “aumentar los salarios para que cada uno pague lo que quiera comprar a precios de mercado”, los que se irían por los nubes. Al mismo tiempo propone aplicar un impuesto a los salarios para sostener los gastos estatales. El nuevo salario estará determinado por la concurrencia entre los obreros, por la “oferta y la demanda de trabajo", en un país donde la tasa de desocupación pasará a ser terrible. Bocharov introduce la competencia entre los trabajadores, el elemento decisivo para poner en pie un “libre” mercado laboral a la usanza capitalista. “Con los precios liberados, quien no consiguiese rápidamente trabajo en las empresas dentro de la nueva estructura pasaría hambre” (ídem). El “plan de los 500 días” significará un enorme agudizamiento de la concentración de la renta y de la desigualdad social en la URSS y de las penurias de las masas soviéticas. Pero, aún a este costo, no resuelve lo que se ha propuesto. El “esquema de transición" supone, naturalmente, el acceso al mercado internacional de capitales, empréstitos y compra de tecnología. Esto lleva a la supresión del monopolio estatal del comercio exterior y a la dependencia del capital mundial, mucho antes de que se hubiera llegado a la fase de la privatización total. De manera que el “esquema de transición” no asegura el éxito del pasaje al capitalismo, pero sí el caos, la pauperización y la polarización social y política.

La entregada de Lorenzo Miguel dejó cerradas las tratativas salariales hasta el 6 de setiembre, cuando lo que arregló la burocracia para el mes de agosto (9%) no alcanza ni para cubrir la primera quincena de aumento del costo de vida (15 a 18%). Esto sin olvidar lo que se perdió de abril a esta parte. Con los anuncios tarifarios de estos días queda aún más claro el aniquilamiento de nuestro salario con la complicidad de Miguel y toda su comitiva. Sin este auxilio Menem sería un Cafiero, pero la consecuencia es también la situación de derrota de la propia burocracia. Esta ha perdido el control de las fábricas, donde una gran masa de trabajadores ha repudiado el acuerdo y ha dicho NO a la irrepresentatividad peronista en el plebiscito bonaerense. Ha marcado así el camino de la revocabilidad de los puestos directivos de los sindicatos e internas de fábrica. No podemos esperar al 6, debemos llenar el vació que dejó nuestra dirigencia reclamando en asambleas la reapertura inmediata de la paritaria salarial planteando el problema de quién decide el reclamo y quién discute, que lleva a la elección de nuevos representantes y paritarios. El NO al plebiscito ha demostrado la conciencia independiente de los trabajadores y la debilidad de la burguesía y sus aliados y cómplices —hayan votado Sí o No. Es tarea fundamental de la vanguardia metalúrgica, militantes combativos independientes y de la izquierda impulsar un agrupamiento del NO a las paritarias a nuestras espaldas y a la burocracia, que tenga por primera tarea batallar por las asambleas de fábrica y la asamblea general.

“No al peaje - la ruta y el puente son de la gente”, fue la consigna que movilizó a tres mil manifestantes de Neuquén y Cipolletti para oponerse a la entrega de la ruta 22 a un grupo empresario para su explotación mediante el sistema de peaje. La inminente colocación de una caseta en el puente, que une a ambas ciudades cayó como una bomba por su efecto dislocador sobre la economía regional, y el presupuesto de los miles de habitantes que lo cruzan diariamente. El grupo adjudicatario está integrado por pulpos de la construcción responsables en gran medida de los despidos que se han producido en la provincia. El cruce del puente costará 1,25 dólares para cada vehículo particular y 6 dólares para los camiones y colectivos. La recaudación diaria se estima superior a los 50.000 dólares, a los que hay que sumar otras dos casetas que son de pasaje obligatorio hacia Bariloche y la zona turística. A cambio de este saqueo que se otorga por 12 años, las adjudicatarias se obligan a:... trabajo de mantenimiento y bacheo... servicio de auxilio mecánico..., y a construir un nuevo puente entre Cipolletti y Neuquén, sin que el pliego coloque plazos precisos de ejecución de estas obras. ¡Se van a embolsar 400 millones de dólares sin ninguna inversión previa! Ante este saqueo se han delimitado dos posiciones. Una es la del Concejo Deliberante, los gobiernos provinciales y los partidos burgueses que plantean “soluciones alternativas" a “este” peaje (en síntesis: “otro” peaje), y la sostenida por el Partido Obrero y otras organizaciones de izquierda y populares, que se oponen a todo tipo de peaje y reclaman un plan de obras públicas y redes viales bajo control de los trabajadores, financiado con impuestos a las grandes fortunas. Por eso el futuro de la movilización depende de la independencia política con que actúe la izquierda respecto a la burguesía local. El PO propone formar rápidamente un comando de movilización, que impulse una nueva movilización desde las barriadas.

Al cierre de esta edición, culminaban las deliberaciones del IV° Congreso Intersindical Patagónico en Río Gallegos (Santa Cruz). El Congreso aprobó, por unanimidad, llamar a la formación de intersindicales en todo el país, convocar a una jornada de protesta patagónica para el 28 de agosto y convocar a un encuentro nacional de sindicatos, agrupaciones y trabajadores en Buenos Aires, tentativamente para el 17 de octubre. Por aplastante mayoría el Congreso resolvió llamar también a una campaña para que la dirección de la CGT sea elegida directamente por los trabajadores, a través de delegados elegidos en asambleas o del voto directo, denunciando el congreso trucho e irrepresentativo llamado por la burocracia para el 17 de octubre. También votó impulsar la agitación y la acción por la reorganización desde la base de las CGTs patagónicas. Sobre el punto referido al “llamado a construir un partido de trabajadores”, que fue tratado en el tramo final del Congreso, se resolvió “no considerar el tema en las resoluciones” por 45 votos a 35 y algunas abstenciones, cuando se habían retirado ya de las deliberaciones una parte de los delegados obligados por lo avanzado de la hora. En forma prácticamente unánime y tomando la experiencia de un congreso en que no se vedó el acceso y la palabra a ningún delegado de base, el Congreso adoptó como criterio para futuros encuentros la participación abierta a todo trabajador sin discriminación alguna. En el Congreso participaron 140 trabajadores mandatados por 40 organizaciones sindícales, muchas de ellas de importante representación en las provincias patagónicas. Cabe destacar que es la primera oportunidad en la que una asamblea obrera debate extensamente sobre la construcción de un partido de trabajadores, partiendo de la constatación que, de todas las clases del país, la clase obrera es la única que no tiene expresión política propia. Este se convirtió en el tema dominante de las deliberaciones, al punto de insumir gran parte de las jornadas y motivar despachos en todas las comisiones. La corriente dirigente de ATE, que había presidido y regimentado la intervención del activismo en el III Congreso Intersindical, realizado en Viedma, no sólo no se hizo presente sino que dio la orden de boicotearlo porque “no servía a la acumulación en favor de la candidatura de Ubaldini”. El Mas tampoco participó pretextando la “escasa representatividad” del encuentro, a pesar de que la única diferencia con el anterior consistió en la ausencia de la corriente que encabeza el dirigente de ATE, De Gennaro.

El segundo cuatrimestre se iniciará en las 26 universidades nacionales con paros progresivos de 24, 48 y 72 horas en las próximas tres semanas. Las medidas, resueltas en el Congreso de Conadu del sábado 10 prevén, además, la realización de un plenario nacional para el 1° de setiembre para decidir la continuidad del plan de lucha. Todos los mandatos de los congresales planteaban medidas huelguísticas, pero los delegados afines al ubaldinismo y al marysanchismo pugnaron por evitar que se concretaran, y el no inicio de las clases perdió por apenas tres votos. Lo que no pudieron evitar es que se rechazara una reforma de los estatutos que autorizaba a la mesa ejecutiva de Conadu a levantar medidas de lucha sin consulta con el plenario de delegados. En la misma línea el 40% de los delegados impugnó la participación de la Conadu en la “Asamblea Universitaria Nacional” digitada por el Ministerio de Educación y los rectores para viabilizar la política de destrucción de la enseñanza pública superior. Los informes de todas las regionales reflejaron un muy alto acatamiento a la no toma de exámenes resuelta para el receso invernal y la disposición de los docentes a iniciativas huelguísticas de carácter general, permanentemente diluidas por la dirección ejecutiva de la Conadu. Muchos congresales intervinieron para señalar que la dirección no está a la altura de su base. Está planteado, por lo tanto, impulsar las medidas de acción directa en función de fortalecer a la corriente de delegados combativos, por una dirección políticamente independiente frente a la burocracia sindical y universitaria.

La lucha de la docencia tucumana ha llegado a un punto crítico. Desde que se tomó la decisión de no reiniciar las clases reclamando que el gobierno pague las diferencias de sueldo acumuladas y mejores salarios, la lucha fue creciendo en extensión y profundidad. Así se han realizado en este período varias movilizaciones, algunas en el interior (Tafí Viejo, Alberdi) que fueron acompañadas por sectores de la población y por paros del comercio. El gobierno solo atinó a responder con medidas represivas (descuento de los días de paros) y la conciliación obligatoria. Como esto no alcanzó, el gobierno suspendió por decreto el Estatuto del Docente por 6 meses, lo cual le deja las manos libres para proceder a los despidos y traslados. La respuesta de la docencia fue una imponente marcha de más de 5.000 docentes y padres. A la movilización se hizo presente la directiva de CTERA. Mary Sanchez junto con la Directiva de ATEP, se reunió con el gobernador, mientras la gente se hallaba concentrada en la Plaza Independencia, y firmó un Acta Compromiso, que significa una entregada de la lucha en toda la línea. El Acta condiciona la vigencia del Estatuto al levantamiento de la huelga, chantajeando con ello al conjunto de los delegados, los cuales en una asamblea posterior rechazaron todo este acuerdo anti-docente. En ese acuerdo se llegó incluso a dar aval al gobierno para que siga pagando con demora los salarios, y con respecto a las deudas acumuladas no se decía ninguna palabra. En el único punto donde aparece una aparente concesión es donde se refiere a la rezonificación, pero esto sólo después que sea aprobado por la Legislatura sin fecha cierta, la cual podría aprovechar para reducir los actuales beneficios, como ya ocurrió en otros distritos. El Secretario de ATEP salió inmediatamente a proclamar las bondades del acuerdo, pero el factor clave en esta entregada ha sido Mary Sanchez, puesto que su presencia fue la de asegurar el acuerdo y darle el aval a la directiva de ATEP para que busque imponerlo en la asamblea de delegados. Pero fracasó.

El solo hecho de que en diez provincias los maestros estén en lucha, con huelgas por tiempo indeterminado, paros progresivos o paros sucesivos refuta sin concesiones la tesis burocrática de que “no habla condiciones” para el “no inicio” luego del receso escolar. Lo que está ocurriendo revela hasta qué punto existe un abismo entre las tendencias profundas de la docencia a enfrentar la catástrofe educacional y la cúpula de CTERA. El discurso “opositor” de la dirección ubaldinista ante el gobierno no debe llevar a la confusión. La tarea “sucia” y fracasada de Mary Sánchez en Tucumán, firmando sin consultar a nadie la rendición de los maestros en lucha a 72 horas del congreso de CTERA, convocado supuestamente para "continuar” la movilización nacional docente, clarifica a los que aún pueden ilusionarse con las “dos caras" de la dirigente cegetista. La seudo oposición radical ha sido cómplice de la capitulación tucumana y viene de levantar incondicionalmente la gran lucha de los maestros santacruceños. La burocracia, sin embargo, ha entrado en un período de demolición porque el gobierno no da tregua y la política del mary-sanchismo es seguir golpeando las puertas del Ejecutivo y el Parlamento a la búsqueda de alguna migaja. Sindicatos de inconfundible filiación celeste como Río Negro o Neuquén han tenido que salir a luchar por el salario y contra la "municipalización” en marcha. Peor El Ministerio de educación ha resuelto un “aumento” del 21 % por el trimestre julio-setiembre para los docentes nacionales, lo que no cubre ni la inflación de agosto. Las provincias, con sueldos aún más bajos, pagan a cuentagotas. Los cierres de secciones de grado continúan sin pausa. 30.000 maestros serán jubilados de oficio a fin de año. La transferencia de las escuelas nacionales se hará sin recursos capaces de sostenerlas. No hay por lo tanto compromiso posible. “Es hora de que la sociedad empiece a notar los privilegios de un sector que tiene tres meses de vacaciones, licencias, y una semana de receso invernal” ha dicho el Presidente, indicando claramente de qué lado estarán los privilegios. Que los maestros decidan El congreso de CTERA ha resuelto un paro de 24 horas para el 28 de este mes, un paro de 72 horas para el 12,13 y 14 de setiembre y una marcha nacional a Plaza de Mayo, en la que “ayunarán" dirigentes de sindicatos docentes entre uno y otro paro. Dos medidas aisladas y una movilización no constituyen un plan de lucha en momentos que miles de docentes están en lucha, sirve para “tirar” hasta octubre mientras se acerca el fin del ciclo lectivo. La conducción actual ha convertido a CTERA en una ficción y su política no sirve ni de taparrabos. Debemos impulsar en cada provincia y en la Capital, la asamblea general, la renovación de los cuerpos de delegados y una coordinación de los distritos en lucha. Que la dirección celeste ponga sus mandatos a consideración de la base docente, por dos sencillas razones: han fracasado y estamos ante una crisis excepcional que exige los mejores hombres y las mejores ideas en la conducción de CTERA. ¿Qué pasaría si la directiva marysanchista tuviese "su" plebiscito en el gremialismo docente? Hay algo que ya es rutina: los mandatos combativos que surgen de asambleas mueren en los secretarios generales (Suteba) o en los congresales truchos. En un año debería haber elecciones en CTERA pero los tiempos estatutarios no tienen nada que ver con las necesidades de una lucha victoriosa para poder comer y educar. Planteamos: renuncia de toda la dirección de CTERA y los congresales y elecciones anticipadas generales, fundadas en la democracia sindical. En cada distrito, unir la lucha a la exigencia de inmediatas elecciones y una nueva dirección. Formar un gran comando del NO a la catástrofe educativa y a la burocracia.

Con el mayor sigilo han sido convocadas las elecciones para tribunales de clasificación docente en la provincia de Buenos Aires. Estos órganos deben decidir sobre la calificación de los maestros para la asignación de cargos. Pero lo que debería ser materia de decisión soberana a través de tribunales resolutivos integrados sólo por docentes, queda en manos del gobierno de turno. Este tiene mayoría en el Tribunal Central de Clasificación. Esto fue consagrado así por el Estatuto del Docente provincial y no mereció objeción alguna de las direcciones del Suteba o de la FEB. Es además, un acto antidemocrático hasta la médula. Las Juntas Electorales son designadas por la Dirección de Escuelas, es decir el gobierno. Se exige un 3% de avales, votan sólo los titulares, sólo pueden ser candidatos los maestros con 10 años de antigüedad. Llamamos a pronunciarse contra la injerencia del gobierno en los tribunales de clasificación. Llamamos, a pesar del carácter proscriptivo de los comicios, a poner en pie una lista independiente del Estado y del gobierno que levante como programa la soberanía plena de los maestros y la comunidad educativa, a formar una lista del NO al totalitarismo de los funcionarios, que son a su vez la voz de mando de la clase capitalista. A poner en pie una lista que luche para que los maestros puedan decidir.

El atraso de más de dos semanas en el pago de sus sueldos ha provocado una amplia movilización de todos los estatales de Santa Fe. Los trabajadores de los hospitales provinciales (UPCN) reclaman un inmediato aumento de salarios y denuncian el descalabro sanitario de la provincia. El lunes pasado fue tomado el hospital Cullon de la Capital y se realizaron asambleas en los restantes hospitales. Mientras tanto los docentes de AMSAFE hacían un paro de 24 horas y el cuerpo de delegados e interna del Banco Provincial resolvían convocar a una marcha de repudio a la política salarial y contra la entrega del Banco. La movilización de bancarios, docentes y de UPCN tuvo por consigna: “Paro provincial, lucha hasta el final”. El mismo día, una gran marcha de los trabajadores de todos los hospitales de la ciudad Capital confluía al ministerio de Salud. La burocracia de UPCN ha reclamado un 35% de aumento que podría pagarse en cuotas cuando el desfasaje salarial acumulado desde marzo supera el 80%. En el Cullen y el Baigorria se ha votado, en cambio, la exigencia de 2.000.000 de australes de básico. Los delegados de los hospitales en lucha han iniciado un movimiento común que puede culminar en una coordinadora de delegados.

Una creciente resistencia obrera se está produciendo en Salta frente a los ataques del gobierno de Cornejo. Al día de hoy se encuentran de paro por falta de pago los docentes, municipales, médicos y los trabajadores del interior. En capital, la sanidad cobró los sueldos recién después de que los trabajadores amenazaran con no distribuir los alimentos a los enfermos; en Orán después de amenazar con la toma del hospital por médicos y enfermeros; en Güemes después de un corte de ruta que duró un día; mientras que en Cafayate los municipales realizan una olla popular y anuncian medidas similares en distintos municipios a partir del lunes 30. La resistencia obrera adquiere otros matices en el caso de los trabajadores de la Dirección Provincial de Energía, que impidieron la asunción del interventor de ese organismo, en oposición al proceso de privatización. También los privados están en lucha. Los compañeros del tabaco ocuparon la planta de cigarrillos de Rosario de Lerma ante el anuncio de que cerraría Massalin. También hay inquietud ante el posible cierre de ingenios y despido masivo de trabajadores, con el pretexto de la integración azucarera con Brasil. Esta resistencia, no ha encontrado aún una dirección que la unifique y potencie. El Frente de Gremios Estatales ha amagado con una movilización en la tercera semana del mes que luego levantó. Ha anunciado ahora que convocará para el 31 de agosto un congreso de delegados estatales. El Frente está actuando más bien como bombero porque aparece cuando estalla el incendio y después se borra. La dirección de la CGT, por su lado, es un apéndice de Cornejo. Este cuadro de luchas obreras se combina con una crisis política y económica. El bono ha dejado de recibirse como moneda en las estaciones de servicio, y el comercio anuncia que si no se aumenta rápidamente el porcentaje de convertibilidad en australes, dejaría también de recibirlo. De hecho ya se ha desvalorizado con una quita del 5 al 10 por ciento. El trabajador sufre así una inflación adicional en la provincia. Cornejo ha firmado con la nación un acuerdo por el que sólo se aumentará a los empleados públicos un 8% para julio, un 4% para agosto y un 3% para setiembre, y prepara privatizaciones y despidos. El PJ ha entrado en una interna que capitanean el gobernador Cornejo y el ex gobernador Romero, dueño del diario El Tribuno y diputado nacional. Denuncias cruzadas por corrupción han dejado planteado el juicio político al vicegobernador, que responde a Romero y al propio Cornejo. Hay testaferros de Romero que lo acusan de pagar sobreprecios por la construcción de la represa del Tunal, por más de veinte millones de dólares, en beneficio de Pescarmona, Nisalco, Sollazo. La disputa ya llevó al raje de dos senadores provinciales, al destape de corrupciones de todo tipo, destitución de intendentes y funcionarios. Al compás de la crisis del peronismo se destapa una parte del saqueo capitalista del Estado provincial. ¿Qué hacer? Es necesaria una Asamblea Popular que resuelva un programa conjunto de acción de los explotados, que prepare la huelga general con ocupaciones de lugares de trabajo y estudio —y que permita plantear una salida política para la provincia.

La sola mención de la posibilidad de que se autorizara la libre importación de azúcar del Brasil desató una tempestad en todo el Noroeste porque el azúcar brasileño es 50% más barato que el argentino. Esto beneficiaría naturalmente a los grandes pulpos alimenticios argentinos, que consumen el 40% de la producción nacional. ¿Los mismos intereses? Los pulpos de los ingenios, los grandes y pequeños cañeros, la FOTIA, las legislaturas y los gobernadores del Noroeste reclamaron inmediatamente el cierre de la importación de azúcar en nombre del común interés de la “defensa de la producción nacional”. Pero no hay ninguna “comunidad de intereses” entre los explotadores y los explotados del Noroeste porque con el pretexto de la importación la gran burguesía y la oligarquía azucarera están montando un ataque contra los trabajadores y los pequeños cañeros. En nombre de la necesidad de “competir”, los “barones del azúcar” acaban de obtener una reducción del impuesto a la exportación. También montaron una campaña publicitaria para “demostrar" que la "eficiencia brasileña” obedece a sus menores salarios y cargas sociales. La dirección de la FOTIA parece haberles dado la razón pues aceptó un reajuste salarial muy por debajo de la inflación del trimestre. “Fue un aporte al momento crítico que se avecina en la industria azucarera”, reveló uno de los “sindicalistas”. Los grandes ingenios pretenden resolver la situación por la vía de una fenomenal concentración de la producción azucarera, en particular de los cañaverales. Federico Zorriagueta, presidente del Centro Azucarero Argentino, fue muy claro cuando afirmó que “el factor más ineficiente es el minifundio cañero”. La Fundación de Tucumán (que agrupa a los grandes intereses azucareros, industriales y financieros de la provincia) señala claramente la necesidad de una “reconversión azucarera” que dejaría en pie “solo a los más eficientes, tanto a nivel industrial como cañero”. Un sector de los grandes propietarios de cañaverales (menos del 1 % controla el 50% de las tierras) apoya esta “concentración”. Esto permitiría dar el paso siguiente fundamental, que es el de la asociación de capitales brasileños y argentinos para dominar el mercado de ambos países y lanzarse a la disputa de una parte mayor del mercado internacional. En esto consiste la “integración argentino-brasileña”. Una política independiente Una política obrera en estas circunstancias debe partir de la defensa y recuperación de las conquistas sociales y del salario y debe plantear una acción común entre los trabajadores de Brasil y de Argentina. Esta acción internacional contra la desintegración social de nuestros países permitirá elaborar un planteo alternativo de organización industrial, sobre la base de la expropiación de los barones del azúcar, el control obrero de la producción y la asociación libre de los pequeños productores para impulsar la tecnificación.

León Trotsky declaró con insistente frecuencia que consideraba como la tarea más importante que le había tocado en vida, la de transmitir la herencia del programa revolucionario marxista a las generaciones que habrían de emerger de la segunda guerra mundial, tarea que identificaba con la construcción de la IV° Internacional— “partido mundial de la revolución socialista". Esta conclusión mostraba la conciencia que tenía Trotsky de la magnitud del exterminio político que había realizado el stalinismo y en general el conjunto de fuerzas hostiles a la causa del socialismo, como consecuencia de las grandes derrotas sufridas por la clase obrera europea y la revolución china desde mediados de la década de 1920. Esta reflexión extraordinaria por parte del hombre que co-dirigió la revolución social más grande de la historia moderna, recupera toda su naturalidad cuando se tiene presente que la esencia del marxismo en tanto estrategia política, es el internacionalismo proletario. Eso mismo es el trotskismo. Desde el momento en que el comercio internacional y la explotación del trabajo asalariado crearon la economía mundial, los Estados nacionales nacieron desde el vamos en el marco de la política mundial. La política mundial es el terreno estratégico (original y último) de la revolución socialista. Sin una política mundial propia la clase obrera no existe realmente como tal, es decir como clase con su propia conciencia histórica. Cuando León Trotsky enfrentó vigorosamente “la teoría” staliniana del “socialismo en un sólo país", no solamente denunció en ella a una utopía reaccionaria que pretendía resolver los problemas del desarrollo social en el marco de la autarquía económica, rechazando el progreso realizado por las fuerzas productivas en el marco de la economía mundial. Por sobre todas las cosas denunció el esclavizamiento que suponía de la clase obrera a los límites y prejuicios nacionales y la transformación del proletariado en carne de cañón de las políticas nacionalistas contra otros pueblos, incluidas las guerras. Hoy que se ha puesto de moda hablar de la democracia como “valor universal", cuando en realidad es la denominación engañosa del Estado burgués organizado en forma constitucional, es oportuno señalar que la “democracia” tiene un carácter nacional y que presupone, por lo tanto, la división de la humanidad en naciones, las rivalidades entre ellas, la opresión de una “democracia” sobre la otra, e incluso las guerras. El internacionalismo proletario tampoco es un “valor universal” sino la política de la clase obrera que es conciente de su finalidad histórica, pero precisamente por esto tiene un rango universal del que carece la famosa democracia. Las primeras organizaciones obreras comunistas fueron organizaciones de alcance internacional e incluso ocurrió lo mismo con varias de las primeras luchas y huelgas de la clase obrera moderna. La formación de los grandes partidos obreros socialistas de masas constituyó una etapa histórica posterior. Cuando Lenin proclamó la necesidad de una nueva Internacional, luego de la traición de la II° Internacional, no dudó en llamarla Internacional Comunista, tomando el nombre de la Liga (internacional) del mismo nombre en que actuaron Marx y Engels. Una de las cuestiones que más agudamente han vuelto a ser planteadas a partir de la bancarrota de la burocracia rusa y de la caída del muro de Berlín, es la necesidad de reconstruir la política internacional de la clase obrera. La quiebra del stalinismo significa objetivamente la pulverización de un aparato que tenía inmovilizado a un enorme sector del proletariado mundial, en los países del este de Europa y de la URSS por medio de la represión y en el resto del mundo por la acción de una burocracia munida de los sólidos recursos materiales que le proveía la burocracia rusa. En la Unión Soviética este fenómeno ya ha alcanzado el estadío de las huelgas y las manifestaciones de masa contra la burocracia y su política pro-capitalista. Es decir, una etapa incipiente de la revolución política. La emergencia de una etapa con nuevas posibilidades para reconstruir el internacionalismo de la clase obrera se constata en la multiplicación de los contactos, reuniones y discusiones internacionales que se producen entre organizaciones de izquierda o socializantes. La entrada en escena del proletariado soviético ha cambiado por completo las coordenadas de referencia que tenía hasta ahora el movimiento obrero mundial organizado. Son manifiestas las enormes tentativas que realiza la Internacional Socialista para alistar a estas nuevas fuerzas en sus filas y hacerles jugar el rol de segundo violín en el apoyo a la perestroika capitalista. Los viejos y nuevos burócratas stalinistas (como el PC de Italia) y hasta algunos “trotskistas" (dentro del PT de Brasil) están impulsando la “reunificación" de las organizaciones obreras en aquel viejo tronco reformista. Pero la Internacional Socialista no puede ofrecerle nada nuevo al proletariado soviético, como no se lo puede ofrecer al proletariado de Alemania, donde sin embargo la Internacional Socialista es tan fuerte. En Alemania ha sido cómplice de un simulacro de “unidad” que pasó por alto la consulta, el voto y la movilización de la propia clase obrera alemana. La crisis de dirección que sufre la mayoría del proletariado del mundo exige una política obrera internacional. Es ésta la que pueda dar una salida a esa crisis, y no al revés. Las ideas hacen a los cuadros. Esta crisis de dirección es tremenda y aguda en Europa oriental, donde los obreros apoyan a la nueva "nomenklatura" democrática, clerical, reformista (y en todos lados ligada al stalinismo), para luego tener que salir a enfrentar empíricamente sus planes de carestía, privatizaciones y desempleo. El legado de León Trotsky para esta política internacional de la clase obrera es el programa de transición. Su otro legado es la continuidad histórica, porque es evidente que la nueva Internacional deberá comenzar su trabajo allí donde lo dejaron las Internacionales que la han precedido. Como solo se puede construir en la historia concreta y no en el vacío, la Internacional a reconstruir es la IV° Internacional. La reconstrucción de la IV° Internacional no es una reivindicación “sectaria" del trotskismo sino la reanudación y superación de un trabajo histórico ya emprendido por el proletariado mundial en el curso de los últimos 150 años. Es cierto que existe un Secretariado Unificado de la IV° Internacional, del cual no se sabe qué es peor, si ser una secta de universitarios o ajena al trotskismo. La cuestión de la IV° Internacional está aún pendiente. Es la que debe ser seriamente abordada en esta nueva etapa. Para quienes tenemos que encarar esta labor, León Trotsky ha muerto ayer.

En un artículo publicado en el diario Río Negro (15/8), su autor, Carlos Alberto Brocato, se indaga, con referencia al asesinato de León Trotsky, acerca del “aspecto o dimensión de este episodio tenebroso (que) debería escogerse para una recordación hecha a medio siglo de distancia y en el momento en que los asesinos y cómplices se derrumban”. Brocato elige sin vacilar el carácter “doctrinario” que habría tenido el asesinato, lo cual ve ejemplificado en la defensa política que hace el autor del primer atentado contra Trotsky, David Alfaro Siqueiros. Para éste, el atentado contra la vida de Trotsky fue “un acto de desesperación revolucionaria” y por lo tanto “política y humanamente justificable”. En definitiva, los asesinos de Trotsky se defienden como comunistas y naturalmente como defensores de la Unión Soviética. La conclusión de Brocato es que para los partidarios de Stalin, “asesinar a Trotsky era obra santa, o lo que es lo mismo, tarea militante. Millones de comunistas compartieron esta moral de clase' por la que la eliminación física de los adversarios inermes estaba justificada”. Se trata, para Brocato, de la manifestación “(d)el mito revolucionario en toda su potencia mistificante: el orgullo de asesinar a los enemigos de la revolución". Brocato condena indiscriminadamente tanto el asesinato, como la responsabilidad que tuvieron en él “millones de comunistas” y hasta el propio ideal revolucionario. Esto significa que “en el momento en que sus asesinos se derrumban", las ideas de León Trotsky no tienen posibilidad de realizarse ni vigencia, pues su programa también plantea una “militancia revolucionaria” y una “moral de clase”. En definitiva, el “tenebroso episodio” de hace medio siglo fue inspirado por el “mito revolucionario”, de modo que el asesinato tiene las características "simbólicas” del suicidio ejecutado con mano ajena. Es la misma y vieja conclusión que no consiguen superar ni renovar los plumíferos pequeño burgueses desde hace mucho más que medio siglo. Trotsky es siempre descripto como víctima de su política: el bolchevismo como creador del stalinismo; el “centralismo” bolchevique como creador de la burocracia; la organización de seguridad de la Revolución como responsable de la futura GPU. La “moral comunista” armó el brazo de los asesinos del comunista León Trotsky. “La revolución devora a sus hijos...”, se escribió por primera vez bastante antes de agosto de 1990. Que David Alfaro Siqueiros y otros esbirros del stalinismo hubieran pretendido justificar sus crímenes en términos ideológicos, no le da a sus alegatos y acciones un carácter “doctrinario”, ni siquiera una motivación de ese carácter. León Trotsky demostró con toda claridad que la burocracia rusa era un accidente y no una necesidad histórica, razón por la cual no podía inspirar ninguna doctrina adecuada a una determinada etapa del desenvolvimiento de la humanidad. El stalinismo era el empirismo y oportunismo brutos, los zig zags constantes, la falta completa de escrúpulos. Los comunistas alemanes que se encontraban refugiados en Moscú no pertenecían a la categoría de “adversarios”, sin embargo esto no impidió que Stalin los entregara a la Gestapo sin otra motivación que la de dar a Hitler una prueba de “buena voluntad”. León Trotsky y los trotskistas eran adversarios declarados de Stalin, pero éste convirtió a muchísimos de sus partidarios en “adversarios" de ocasión para justificar su eliminación física. ¿Es esto “moral de clase", responsabilidad de "millones de comunistas”, “mito revolucionario en toda su potencia mistificante"? El articulista de Río Negro no se ha dado cuenta que su tesis no tiene la menor diferencia con la esgrimida por el nazismo, más tarde por el stalinismo y sus aliados “democráticos", y ya en nuestras costas por los alfonsinistas: la "teoría” de las “culpas colectivas". Lo que para uno fueron los judíos o la sinarquía y para otros el pueblo alemán en su conjunto, para los últimos fue el “enano fascista" que los argentinos llevaríamos adentro, en este caso el responsable o cómplice de la dictadura militar. Para Brocato ese lugar lo ocupan los “millones de comunistas" y su “moral de clase". Stalin seria entonces un producto completamente propio de la clase obrera comunista, la que de aquí en más debería confiar su destino a los “demócratas” de cualquier laya. Si el asesinato de Trotsky es de responsabilidad colectiva del proletariado comunista, ¡qué cosa tan monstruosa han creado, entonces, el marxismo y dos siglos de lucha de los militantes obreros de todo el mundo! ¿Y por qué no extender la misma responsabilidad a la clase obrera socialdemócrata por los asesinatos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebcknecht y por la asociación del SPD alemán con los “cuerpos francos” fascistas, mucho antes de que el “terror rojo" hiciera su aparición en Moscú? La “eliminación física de los adversarios inermes" no ha sido nunca “moral de clase", como lo prueba la magnanimidad de todas las grandes revoluciones populares con sus enemigos —como la Comuna de Paris, la revolución de Octubre, etc. Trescientos mil trabajadores mexicanos desfilaron ante el féretro de Trotsky, bien que casi no lo conocían y a pesar de la descomunal agitación desplegada por la prensa staliniana de México contra el organizador de Octubre. Como expresión del inconciente colectivo de las masas, ese tributo final sí que fue todo un símbolo, porque la conducta de los explotados mexicanos reflejó una asociación elemental entre la revolución mexicana, que parecía revivir con el nacionalista burgués Cárdenas, y la revolución de Octubre, a la que Trotsky representaba en forma universal. ¡Voilá!, como diría un francés, el mito revolucionario en su auténtica expresión. El asesinato de Trotsky fue un crimen político ejecutado por al aparato stalinista para acabar con toda expresión organizativa y pensante de la vanguardia obrera. En este aspecto Stalin obró por cuenta del conjunto de la burguesía mundial; el FBI norteamericano, frontera de por medio, había hecho la vista gorda. Ese aparato de stalinistas contrarrevolucionarios no nació del espíritu santo ni se formó en el recato de un convento. Fue el producto de una serie de derrotas de la clase obrera mundial sin precedentes históricos. Fue reclutado entre comunistas quebrados y desmoralizados, o entre emigrados de la democracia, como el menchevique Vischinsky, fiscal en los procesos de Moscú, quién en 1917 libró orden de detención contra Lenin sobre acusación de “espía alemán". Este aparato de comunistas degenerados y quebrados (ínfima minoría) hizo la escuela política del crimen en España, donde sabían que defendían al Estado burgués contra la posibilidad de una revolución proletaria. No los animaba el “mito revolucionario" sino una política contrarrevolucionaria harto conciente. A los millones de obreros comunistas de todo el mundo el asesinato de Trotsky les provocó una enorme repugnancia, como también les había provocado repugnancia el pacto con Hitler. Cuando la situación mundial pegó un giro de 180° y pudieron tomar las armas contra las tropas hitlerianas, volvieron a actuar de acuerdo a los métodos de la Revolución de Octubre, como lo habían hecho sus compañeros franceses y españoles de la década precedente, y se tuvieron que enfrentar con el aparato stalinista y sus escuadrones contrarrevolucionarios o criminales —como en Grecia en 1946/48, en Francia, en Italia— y Alemania, donde se perpetró una feroz represión contra la clase obrera, con la consigna ojo por ojo y diente por diente". Y luego en Berlín (1953), Budapest (1956), Polonia... “La capacidad simbólica condenatoria" del asesinato de León Trotsky se encuentra delante de los ojos de cualquiera que la quiera ver: en las figuras de los trabajadores mexicanos y en el derrumbe de la burocracia asesina por la resistencia y la acción de la clase obrera, que busca así el camino de la revolución política preconizada por el mártir de Coyoacán.

Hace exactamente 50 años, el 20 de agosto de 1940, León Trotsky caía asesinado en su exilio mexicano por al agente stalinista, Ramón Mercader. Stalin logró eliminar así al hombre que representaba la experiencia histórica del movimiento obrero mundial y, al mismo tiempo, a la cabeza política capaz de dotar a una nueva generación de la vanguardia obrera de un programa revolucionario. En la persona de León Trotsky, Stalin intentó asesinar a la revolución proletaria internacional. Culminación de una etapa El asesinato del creador del Ejército Rojo fue preparado políticamente durante años. En los llamados “Procesos de Moscú” (1936/38) Stalin liquidó a la vieja guardia bolchevique que dirigió la Revolución y la Guerra Civil. Al mismo tiempo, Stalin hacía asesinar a los familiares y compañeros de Trotsky que se encontraban en el exilio o que militaban en el movimiento obrero de sus países. Con alcance de genocidio, hizo matar a sus opositores, especialmente trotskistas, que tenía confinados en los campos de concentración. Estos asesinatos fueron posibles por la victoria de la reacción mundial y las grandes derrotas de la clase obrera. Primero en Alemania, donde el PC se rindió sin lucha ante Hitler, un crimen de dimensiones históricas aceptado alegremente por una Internacional Comunista completamente degenerada. Luego en España, donde el stalinismo ahogó en sangre la revolución en nombre de la “república democrática”, algo que se repetía en Francia donde su proletariado era entregado a la colaboración con la burguesía liberal imperialista. Finalmente el pacto Hitler-Stalin, que fue un golpe brutal a la clase obrera mundial y permitió a los nazis lanzar la guerra en Europa. León Trotsky libró una batalla implacable contra cada uno de estos crímenes en nombre de los intereses de la clase obrera internacional y de la defensa del socialismo revolucionario. El asesinato del hombre que encarnaba, en sus ideas y en su acción, al internacionalismo proletario era una “necesidad” impostergable —que el mismo Trotsky pronosticó. Escuela de asesinos El asesinato fue confiado a expertos en la materia, los “comisarios políticos" de la GPU staliniana en la guerra civil española. España fue el escenario de una lucha política fundamental entre la revolución y la contrarrevolución. En las retaguardias republicanas, la burguesía “democrática" y sus aliados stalinistas libraron una verdadera “guerra sucia” contra los “comités” que levantaron los trabajadores españoles para defender su revolución. Los “comisarios” de la GPU fueron los jefes de los “grupos de tareas" que asesinaron a miles de revolucionarios, anarquistas, poumistas y trotskystas. Asesinando la revolución proletaria, el stalinismo abrió el camino a la victoria de Franco. Fueron estos hombres, asesinos profesionales de revolucionarios, los reclutados para asesinar a Trotsky. Su arquetipo era el italiano Vittorio Vidali, “comisario” del tristemente célebre "5° Regimiento”, y responsable del secuestro, tortura y asesinato del dirigente del POUM y ex-presidente de la Internacional Sindical Roja Andrés Nin. Hicieron también su carrera dirigiendo la represión en España hombres como Palmiro Togliati y Victorio Codovilla, secretarios generales “vitalicios" de los PC de Italia y Argentina. Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, también “sirvió” en España. España fue la verdadera “prueba de fuego” que entrenó y “formó" a estos hombres que alguna vez habían sido sinceros comunistas. Allí también se forjaron los hombres que entrarían en Europa del este con los tanques soviéticos para formar las “democracias populares” de Europa del este: entre el sangriento aplastamiento de la insurrección obrera de Barcelona y la brutal represión de los levantamientos de los trabajadores de Berlín, Budapest y Praga hay todavía un hilo conductor. El asesinato La ejecución fue cuidadosamente planificada. En setiembre de 1939, los “enviados de Moscú” acusaron a algunos de los dirigentes del PC mexicano de “debilidad ante Trotsky”. En el congreso celebrado en los meses siguientes, se formó una comisión especial, secreta, encargada de planificar “la lucha contra Trotsky", dirigida realmente por Vidali, pero presidida “nominalmente”, según Pierre Broué, por el argentino Victorio Codovilla, que de acuerdo al mismo autor, era un agente de la GPU desde fines de la década del 20. El 24 de mayo de 1940 se produjo el primer atentado: un nutrido comando de la GPU y el PC mexicano, vestidos de policías, penetró en la casa de Coyoacán disparando con ametralladores y arrojando bombas molotov. Milagrosamente, Trotsky y su esposa salvaron sus vidas. La prensa stalinista lanzó la acusación de un “auto-atentado” pero en menos de un mes el cuento se desplomó al comprobarse la autoría de prominentes figuras del PC mexicano. Uno de ellos era el muralista David Alfara Siqueiros, viejo dirigente stalinista y “veterano" de la GPU en España Siqueiros pasaría un breve período en la cárcel, en 1941, aprovechando los permisos nocturnos para salir de parranda con el stalinista Pablo Neruda y la compañera de Vidali, Tina Modatin (ex-compañera de Juan Antonio Mella y probable corresponsable de su asesinato). Paralelamente, la GPU trabajaba con un plan alternativo: infiltrar a uno de sus agentes en las cercanías de Trotsky. Ramón Mercader, con el nombre falso de Frank Jackson, cumplió esa tarea. Agente de la GPU en España, era hijo de una agente stalinista conocida en Cataluña por su ferocidad contrarrevolucionaria. En 1937, Mercader fue enviado a Moscú; a su regreso se instaló en París donde se relacionó con una militante trotskysta estadounidense, lo cual al cabo de un tiempo le permitió llegar a Trotsky. El 20 de agosto de 1940, ocultando bajo su impermeable un pequeño pico de alpinista, Mercader entró en la casa de Coyoacán con la excusa de presentarte un texto a Trotsky. Cuando éste se inclinó a leerlo, Mercader le clavó el pico en la cabeza. Al día siguiente fallecía León Trotsky. Durante dos días después del asesinato, una impresionante muchedumbre de más de 300.000 personas se acercó al cuerpo sin vida del viejo revolucionario. La vinculación del asesino con la GPU es irrefutable. En su decadencia, y para echar lastre, las herederas de Stalin han debido reconocer que la orden del asesinato partió del Kremlin. ¿Pero podían los servicios secretos yanquis (FBI) desconocer los planes del asesinato, en un país que forma parte de su “Área de seguridad” y donde sus agentes circulan libremente? La burguesía yanqui odiaba a Trotsky en una medida sólo comparable a su terror por la revolución. El Departamento de Estado le negó asilo político en 1933; la prensa yanqui hostilizó a México por haberle brindado refugio; en 1938, la cancillería rechazó su ingreso temporal aun cuando había sido invitado por una Comisión parlamentaria. Muerto Trotsky, el Departamento de Estado prohibió el ingreso de sus cenizas, solicitado por los trotskystas norteamericanos para realizar un acto de homenaje. La negativa del Departamento de Estado yanqui a permitir hasta el ingreso de las cenizas de Trotsky revela que la mano asesina de Stalin asumió la representación de la burguesía mundial, que, como Stalin, veía en Trotsky al representante de la revolución mundial. Las últimas palabras de León Trotsky fueron “estoy seguro de la victoria de la IV° Internacional, ¡adelante!”. Cincuenta años después del asesinato, el stalinismo es un cadáver pestilente y la bandera de la revolución proletaria mundial encuentra en la figura y en la obra de León Trotsky su programa y su ejemplo.

Como si se hundiera lentamente en un pantano, la educación argentina se está desintegrando. La miseria de los salarios docentes forma parte de un operativo más general. La política oficial consiste en dejar que el cuerpo de la enseñanza pública se pudra sin remedio, para poner en marcha una cirugía privatista-capitalista de gran alcance. Un senador justicialista acaba ahora de presentar un proyecto cavernario que propone reducir en tres años el ciclo de la enseñanza primaria y secundaria. Existe una línea general del capital para golpear sobre el organismo de la educación nacional para reorientarlo en función de planes privatistas que ya se encuentran altamente definidos. “La Nación" (15/8/90) acaba de plantear sin ambages la necesidad de la “desregulación del sistema educativo”, y de “que las escuelas gocen de plena libertad para diseñar su propio proyecto pedagógico y su curriculum”. A partir de estas medidas la infraestructura educativa oficial podría ser privatizada o entregada en “leasing” (alquiler) a grupos capitalistas y/o confesionales Algo así estaba objetivamente planteado a partir de la frustrada reforma de la constitución bonaerense. La calculada indiferencia oficial ante el derrumbe educativo ha desorientado a mucha gente, al punto que existen quienes propugnan abandonar la lucha salarial para “no hacerle el juego” al oficialismo. Semejante conclusión consagraría naturalmente la victoria del gobierno, el que procedería entonces a la desregulación “en orden” de la educación. La constatación del agotamiento de las medidas de lucha parciales, limitadas al aspecto salarial, debería dar paso, si se comprende la situación, a la huelga general y a la ocupación de escuelas y universidades en función de un cambio de conjunto. Esto es lo que tienen planteado la FUA, Conadu, Fatun y CTERA. Para llevarlo adelante deben romper con el cuerpo político impotente de la burguesía, sus rectores y sus políticas, que mientras protestan por el bajo presupuesto se empeñan en enfrentar las huelgas de los trabajadores. En la última Asamblea Universitaria se encomendó la solución del bajo presupuesto educativo a la Cámara de Diputados —y con esto está todo dicho. ¡Un ejemplo! El avellaneda resiste prepotencia policial El miércoles 8 pasado 17 alumnos del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de la Capital fueron detenidos por la policía de manera absolutamente discrecional. La prepotencia policial no tuvo excusas porque los alumnos se encontraban en la calle, frente al establecimiento, con permiso y conocimiento de las autoridades del mismo. Los uniformados no pudieron por esto siquiera ampararse en ordenanzas y edictos que permiten impunemente detener por “averiguación de antecedentes”, “vagancia", “encontrarse fuera de la escuela en horario de clase”, etc... Los secundarios del Avellaneda respondieron inmediatamente al ataque, paralizando el colegio contra “la patota policial”: "Somos peligrosos porque somos jóvenes”, “no nos quieren dejar pensar”, “no toleran las libertades que conquistamos junto a las autoridades". De la protesta se pasó a la organización; una Asamblea del colegio resolvió reclamar mediante un petitorio masivo la investigación, esclarecimiento y castigo de los culpables de este abuso, convocar a reuniones por año para elegir representantes y juntarse con delegados de otros colegios de la zona para organizarse en conjunto. Ahora se está discutiendo impulsar una concentración de todo el colegio ante el Ministerio y preparando una serie de charlas y actividades para debatir la represión de la juventud, los ataques a la educación y cómo organizarse para enfrentarlas.

El retiro del proyecto de reimplantación de la pena de muerte por parte de Menem le valió el inmediato “reconocimiento” de todos los sectores “bienpensantes" de la sociedad, en primer lugar la burocracia de la Iglesia católica. La retirada presidencial y la rápida aquiescencia de sus “críticos” revelan que el proyecto era, apenas, una jugada para “apurar” la aprobación de un conjunto de leyes que refuerzan fenomenalmente los aparatos represivos. Los hechos confirman plenamente esta caracterización. La Cámara de Diputados acaba de aprobar “en general” la ley de “seguridad interior”, que fuera "consensuada” por el PJ y la UCR, La ley legitima el famoso decretazo presidencial de febrero que autorizó la intervención de las FF.AA. en la represión en caso de “conmoción interna” (estado de sitio mediante). La ley, además, crea un Consejo de Seguridad Interior encargado de coordinar las acciones represivas y de inteligencia de la Policía Federal, las policías provinciales, la Gendarmería y la Prefectura. Desde el Plan Conintes (1958) para aquí, los “naturales” destinatarios de los afanes” de los sucesivos Consejos de Seguridad fueron los militantes populares, los activistas sindicales, los partidos de izquierda y el conjunto de la población trabajadora. Los senadores, por su parte, aprobaron una serie de enmiendas al Código Penal que aumenta las penas de prisión contra el “delito social” y la actividad sindical y política. Los legisladores, sin embargo, no encontraron “oportuno" aumentar la pena por el delito de violación y hasta se dieron el lujo de reducir la pena de cárcel por el delito de “prevaricato”, es decir la coima al funcionario público. Todo esto retrata el cinismo de todos los actores de esta “penosa” comedia. Los senadores tampoco se olvidaron de duplicar la pena por la “compulsión a la huelga”, lo que significa ilegalizar a los sindicatos y al activismo obrero exactamente en el momento en que Menem los “apura” para poner a las huelgas fuera de la ley. El nuevo código penal, además, liquida la libertad de prensa al penar “la publicación de datos políticos, económicos o militares que sin ser reservados o secretos no estén destinados a su publicación”. Con esto, tos senadores resguardan legalmente la actividad conspirativa diaria del Estado contra los explotados. Por si esto fuera poco, los senadores crearon una nueva “figura delictiva” de carácter exclusivamente político, “la turbación del acto electoral”, lo que significa la negación de la libertad política al prohibir el boicot electoral como un arma política. El Senado también reformó el Código de Procedimientos Penal limitando enormemente la posibilidad de excarcelación de tos procesados por delitos leves o contra la propiedad. Con la reforma reaccionaria al Código Penal y al de Procedimientos y con la instauración del Consejo de Seguridad Interior, la burguesía se prepara para emprender una represión salvaje contra la actividad política y sindical de tos trabajadores, contra la resistencia a sus planes de miseria y degradación social y contra “el delito contra la propiedad”, una forma apenas velada de guerra civil desencadenada por la descomposición de su régimen social. El papel directriz a la hora de definir la estrategia represiva de la burguesía contra el pueblo lo jugó el clero. La Conferencia Episcopal fue tajante: no rechazó la pena de muerte sino que, apenas, la consideró “inoportuna”, pero se pronunció por un urgente “endurecimiento del sistema judicial y penal”. Cumplido su papel de presión y distracción, el proyecto de pena de muerte puede ser archivado, pero queda como un “valioso” antecedente para legitimar el “ajusticiamiento" de detenidos y “sospechosos”. “Volveremos” amenazó el presidente. Así son las cosas La “muerte institucional” en argentina El “ajusticiamiento" de detenidos indefensos es una norma no escrita de la legislación, la justicia y la policía argentinas, según lo revela una investigación realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa ñica, publicada por Página 12 (12/8). Los investigadores del Instituto relevaron lo que se denominan “muertes institucionales” (producidas por policías, guardiacárceles y otras fuerzas represivas). Las cifras obtenidas son verdaderamente escalofriantes. Según el informe, se produce anualmente una “muerte institucional” en Buenos Aires cada 59.000 habitantes; en Córdoba se produce una cada 27.000 habitantes, cifras infinitamente superiores a las que registran las violentas ciudades estadounidenses que nos presentan las series de televisión. En New York, hay una muerte institucional cada 265.000 habitantes, una cada 342.000 en Chicago o una cada medio millón de personas en Detroit. Los mismos indicadores de la represión policial en Bélgica muestran una “muerte institucional" cada tres millones y medio de personas. El retiro del proyecto presidencial de la pena de muerte sirve para mejor encubrir esta verdadera masacre.

A Argentina tenía que tocarle un presidente de ascendencia árabe y conexiones musulmanas para colocarla ante la posibilidad de secundar el asalto imperialista en el golfo Pérsico. El canciller Cavallo ha dicho con toda claridad que la Armada participaría de un bloqueo contra Irak si así lo reclamaran las Naciones Unidas, algo que es perfectamente posible. El comandante en jefe de la Marina dijo, a su vez, que el arma tiene todo dispuesto para apoyar a los que inter-vinieron contra nuestros soldados en Malvinas hace sólo ocho años. La lógica de esta posición es que cualquier cosa es buena para mejorar la “credibilidad” del país frente a los acreedores y capitalistas internacionales. No sólo tenemos la obligación de pagar con miseria del pueblo a los usureros, también deberemos hacerlo con la vida de nuestros jóvenes. La sola circunstancia de que el envío de tropas argentinas figure en las intenciones del gobierno que proyecta la ley de pena de muerte, es motivo harto suficiente para ganar la calle contra estos designios. Que los Alchourrón y los Richard Handley vayan a morir por la causa de sus socios, no los trabajadores y jóvenes de Argentina. El régimen que no se cansa de proclamar “la defensa de la vida desde la concepción", tampoco cesa un instante en levantar como estandarte la bandera negra con la calavera en el centro. Es necesaria una lucha de conjunto frente a esta amenaza, porque cada día que pasa es más evidente que el pago de la deuda externa, las privatizaciones, los bajos salarios, la desocupación, la muerte de bebés, la destrucción de la educación y el envío de tropas a la carnicería imperialista, forman un solo bloque, un solo tejido, que exige ser superado de cuajo para encontrar la salida a cada uno de los problemas que nos agobian.

La “iniciativa para las Américas" que lanzó Bush promete una “nueva era de prosperidad y cooperación” con Latinoamérica, pero en realidad refleja la ausencia de iniciativa y el empantamiento en que se encuentra el imperialismo yanqui. Bush pretende nada menos que los gobiernos de la región auxilien a la economía estadounidense en crisis, llevando adelante un conjunto de medidas contradictorias entre sí. Exige que América Latina continúe desangrándose con el pago de la deuda externa, pero incremente al mismo tiempo la compra masiva de mercancías estadounidenses, sin recibir además ningún tipo de inversión extranjera. Bush está a la búsqueda de la cuadratura del círculo, porque es evidente que las naciones que se empobrecen con el saqueo de la deuda, no pueden aumentar su capacidad de importación por más que reduzcan aranceles, “abran sus economías" y revienten las industrias locales. Bush proyecta hacia América Latina la “impasse” del imperialismo. La insolvencia de tos grandes bancos (que ha descontrolado el déficit presupuestario norteamericano) lo fuerza a exigir que los países morosos se pongan al día con el pago de la deuda. La ridícula oferta que hizo de condonar 7.000 millones de dólares de una deuda que supera los 430 mil millones, confirma que no hay ningún “perdón” a la vista, por más privatizaciones y “capitalizaciones” que se implementen. El creciente déficit comercial norteamericano demuestra que la industria yanqui retrocede frente a sus competidores imperialistas y enfrenta la recesión interna, la sobreproducción mundial y la declinación de su productividad. Bush propone una “zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego” para intentar contrarrestar el derrumbe del 40% de las exportaciones norteamericanas en la zona en la última década. Pero se niega a levantar las barreras proteccionistas de sectores agro-industriales, que bloquean el ingreso de productos latinoamericanos a Estados Unidos. La pretensión de convertir a toda la región en un mercado único y cautivo de los yanquis no tiene contrapartida en el mercado estadounidense, y si Latinoamérica no puede vender tampoco podrá comprar. A países exportadores de alimentos como Argentina tos somete además a una competencia feroz, al robo sistemático de clientes, a las manipulaciones de precios y de financiación. La "iniciativa" de Bush no contempla ninguna colocación genuina de capital, ya que el “fondo de inversión y donaciones” propuesto es irrelevante. Según “Ámbito Financiero" (1/8) buscaría “lograr las máximas garantías” para las operaciones financieras y comerciales “al punto de pedir que en caso de disputas jurídicas se laude por la Corte de Nueva York”. El objetivo es asegurarse que las estafas en curso, de cambio de papelitos desvalorizados por empresas públicas rentables sean intocables en el futuro. Los Menem, Collor, Alwyn, Salinas y Fujimoris se sumaron inmediatamente a la propuesta de Bush. Ya adoptaron como prueba de buena voluntad nuevos “shocks" para reanudar el pago de la deuda y medidas de reducción de aranceles, especialmente en aquellos sectores conflictivos con tos yanquis, como tos fármacos y computación. Lejos de aprovechar el debilitamiento y la declinación del opresor imperialista para reducir la asfixia de Latinoamérica, las burguesías nacionales aumentaron su servilismo y se disputan entre sí el papel del alumno que “mejor hace los deberes". México ya se “adelantó” con la firma de un tratado de “libre-comercio” y Chile rivaliza con Argentina y Brasil para ocupar el segundo puesto. Bajo la conducción de semejantes "patriotas” las naciones de la región son empujadas al inútil sacrificio de rescatar al capitalismo yanqui de una crisis incontenible. La única “iniciativa" viable, real y practicable es el derrocamiento de tos explotadores, la instauración de gobiernos de tos trabajadores, enlazados en los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

En el reciente plebiscito bonaerense se destacó la oposición a la reforma constitucional propugnada por una fracción de CARBAP y por la Sociedad Rural. Este “No” de la oligarquía es un reflejo de las contradicciones de los explotadores y de la impasse concreta del régimen capitalista en la presente crisis. Impuestos, siempre los impuestos En su discurso de la exposición Rural, el ex-alfonsinista y ahora menemista Alchourrón resumió la posición de los terratenientes en tres puntos: rechazo a “los derechos de exportación”, que el impuesto al capital sea “sin progresividades" y “ampliar la base contribuyente de los impuestos al consumo”(La Nación, 12/8). El menemismo acaba precisamente de generalizar el IVA y reducir las retenciones. Pero aun antes de esto la situación del Tesoro era insostenible. En el primer trimestre el IVA (ya “generalizado") le significó al Estado una recaudación un 11% inferior a la obtenida en igual período del 88, cuando el IVA aun no tenía ese alcance “general”. En mayo de este año, la Tesorería reconoció haber recaudado “un 40% menos de lo esperado” en concepto de IVA. Por otro lado, como consecuencia de la evasión, “la recaudación por el impuesto a las ganancias bajó un 30%" y “al patrimonio neto, un 85%” (Clarín, 6/8) con relación al 1 “semestre de 1989. La misma fuente calificó de “decepcionante” el ingreso por derechos de exportación, que vienen siendo cuantiosamente evadidos por los exportadores. El FMI y la oligarquía Dado este cuadro, se ha redoblado la presión de la banca imperialista para aumentar la presión impositiva que permita al Estado pagar la deuda externa. Se configura de este modo un choque entre los acreedores y la burguesía argentina, dado que las posibilidades de los impuestos al consumo están limitadas por la recesión y la pauperización. La solución de compromiso armada por Erman González y el Banco Central a estas contradicciones, ha sido reducir el pago de los intereses de la deuda externa a 40 millones de dólares mensuales y comprar dólares para futuros pagos mediante emisión monetaria. La exigencia de que se emita moneda para este fin fue impuesta por el FMI. Pero la inflación creciente ha demostrado el agotamiento de esta política. Las crisis financieras del Estado y los consecuentes problemas impositivos fueron la mecha de todas las revoluciones modernas en los últimos cuatro siglos. Ello es lógico porque esas crisis son un resumen de los problemas económicos sin salida de la sociedad. Los terratenientes de la provincia de Buenos Aires son especialmente vulnerables a esta situación de crisis impositiva, porque en los últimos años se ha producido una enorme concentración de la propiedad de la tierra, que muchas veces afecta a terrenos que no son colindantes. La utilización productiva de estas tierras es muy baja, lo que afecta la productividad media de la economía. En los partidos más ricos de la provincia el 5% de los propietarios llega a ser dueño del 60% de las tierras (Pág. 12, 11/3/90). Un intento reciente de Cafiero de aplicar una progresividad mínima en el impuesto inmobiliario a tos mayores terratenientes provocó una enorme crisis política, ante lo cual Cafiero reculó. ¡Pero es precisamente el FMI el que acaba de reclamar que el gobierno nacional use la transferencia de fondos a las provincias y que éstas se autofinancien con los impuestos de coparticipación federal..., y con el aumento del impuesto inmobiliario! (Ámbito Financiero, 16/8/90). En definitiva Cafiero no había hecho más que aplicar en mínima medida una exigencia de tos banqueros. Esta presión del imperialismo a través de la política impositiva ha dividido las aguas entre las propias filas de los explotadores agrarios. Así, se ha constituido una corriente opositora en la Sociedad Rural, que le reprocha a Alchourrón “connivencia excesiva” con las decisiones impositivas del gobierno, esto por respaldar la generalización del IVA. Este tropel opositor está encabezado por Bunge y Born y otros grandes comercializadores internos de granos y ganados, tos que ven afectadas por el IVA sus operaciones comerciales. Esta fracción, en la que participan conspicuos “seineldinistas”, enarboló la más dura oposición a la reforma bonaerense dentro de las filas de la oligarquía. Crisis entre los explotadores El No de los terratenientes tradujo su oposición a la posibilidad de nuevos impuestos y en particular al incremento del inmobiliario; de ahí que protestaran contra las posibilidades que se otorgaban a los municipios en materia impositiva. Es natural que La Nación hiciera de vocero de estos intereses. Pero la crisis se va a reabrir por la bancarrota del Estado y tos límites de una mayor imposición al consumo. Ante la reciente disparada del dólar se ha vuelto a hablar de devaluar el austral y reimplantar los impuestos a la exportación!! (Ámbito, 16/8/90). El plebiscito reflejó la división de tos explotadores y el impasse del Estado, no el supuesto carácter progresista de la reforma. La UIA concluyó apoyándola tibiamente; porque no veía mal que se aumente el inmobiliario. Ahora ha aparecido en el escenario la posibilidad de un acuerdo sobre impuestos entre Estados Unidos y Argentina, que permitiría gravar los intereses de los depositantes argentinos (industriales y terratenientes) en el exterior. Estas negociaciones argentino-norteamericanas sobre “intercambio de información impositiva" fueron saludadas por el propio banquero John Reed, como un medio para “requerir que ellos (los titulares argentinos de cuentas en Estados Unidos) paguen sus impuestos sobre los intereses ganados” (Clarín, 9/8). En la misma orientación, el gobierno está reteniendo los reembolsos que adeuda desde hace un año a los pulpos exportadores industriales. Estos, a su turno, han resuelto “cobrarse” la deuda mediante la evasión descarada del impuesto a las exportaciones... Este agravamiento de la lucha entre fracciones capitalistas es un aspecto decisivo de la disgregación del Estado burgués. Los explotadores no pueden dar un paso adelante sin generar mayores convulsiones y crisis dentro de su propio campo. Esta división se ha expresado en el plebiscito del 5 de agosto y constituye uno de los síntomas revolucionarios del presente período político.

El plan de Erman González-Alsogaray no ha durado ni cuatro meses. La inflación entre principios y fines de agosto orillará el 30%, y esto sin que se hayan computado aún los nuevos aumentos de los combustibles, el alza de los precios de los alimentos como consecuencia de la reducción de los impuestos a la exportación, ni los nuevos tarifazos de electricidad y de teléfonos que exigen los pulpos privatizadores. El gobierno quiere disimular su bancarrota descargando la responsabilidad por la estampida de los precios en la crisis del golfo Pérsico. ¿Qué irá a decir, entonces, cuando efectivamente la crisis del golfo Pérsico golpee sin disimulo sobre la economía nacional a través del aumento de los precios de las importaciones, la reducción de las exportaciones y la suba de los intereses correspondientes a la deuda externa? Ni el secuestro de los depósitos bancarios que se cambiaron por Bonex, ni la reducción espectacular de los salarios reales de los empleados públicos, ni la desocupación masiva y la caída general de los ingresos del conjunto de los trabajadores —nada de este imponente sacrificio, nada de esta enorme infusión de sangre de parte del pueblo, ha logrado dar vida a este nuevo plan de la burguesía argentina y de su gobierno justicialista-liberal-angelocista. La sociedad argentina se hunde bajo el peso de la impotente burguesía nacional y sus partidos, y del imposible desenvolvimiento del capitalismo. Este es el diagnóstico básico de la catástrofe nacional. No hay salidas en el marco del régimen actual. La completa desorientación del gobierno se aprecia en el hecho de que está pretendiendo detener la inflación por medio del incremento de la deuda pública. Cuando les conviene, a estos “liberales” no les importa convertirse en estatizantes. El Banco Central está vendiendo Bonex 87 para absorber dinero en circulación que él mismo había emitido con anterioridad Por esta nueva deuda deberá pagar intereses en poco tiempo más. De paso, los bancos hacen un nuevo negociado, ya que el dinero que retiraron del Banco Central sin cargo, se lo devuelven ahora como préstamo que rendirá una suculenta tasa de interés. Esta política acrecienta un nuevo factor de déficit al Tesoro Nacional en momentos en que el gobierno declara el objetivo de reducirlo. El empantanamiento no puede ser mayor. La suba del dólar demuestra que la fuga de capitales no ha cesado de ninguna manera y que las privatizaciones están muy lejos de haber inaugurado un ciclo de ingreso de capitales. En realidad estas privatizaciones están al borde de la ruina. Los acaparadores de Aerolíneas no quieren poner ni la plata ni los títulos necesarios para quedarse con la empresa. ¡Quieren que ese capital se los preste el Banco Nación! Tendríamos así un nuevo invento argentino: la privatización estatizada —lo que más sencillamente significa que los ciudadanos ponen la plata y los privatizadores se quedan con los beneficios. La situación con ENTel no es mejor, porque en este caso los privatizadores exigen tarifas elevadas que queden a cubierto de cualquier suba esperada del dólar. Esto equivale a pedir la tarifa estratosférica. Pero sin esa tarifa estratosférica los privatizadores no consiguen reunir el capital para quedarse con ENTel. Es decir que éstos tampoco tienen la plata y sólo la podrían conseguir si obtienen un beneficio garantizado. ¿Pero qué puede garantizar Menem? El empantanamiento es total, lo cual es un síntoma inconfundible de un nuevo estallido de violencia económica. A esto los oficialistas lo llaman el “ajuste sin anestesia”, como si hasta ahora todo hubiera sido un gran jolgorio para los trabajadores. La verdadera salida a este caos es, sin embargo, muy sencilla, porque se trata simplemente de poner fin al saqueo nacional. Esto se logra mediante la expropiación de los grandes grupos capitalistas y el control obrero de la producción. Llamamos la atención de los trabajadores respecto a los violentos ataques económicos que se avecinan. También llamamos la atención para el hecho de que el gobierno que pretende emprender este ataque está políticamente debilitado como consecuencia de sus reiterados fracasos y de la reciente derrota que sufriera en el plebiscito bonaerense. Un síntoma de esta debilidad política es la descomunal crisis en que han entrado el PJ, la UCR y la Ucedé. Para hacer frente a esta situación debemos recurrir a la deliberación popular y a la asamblea —sea de fábrica, estudiantil, barrial. Hay que poner al país en estado de asamblea. De este modo recuperaremos a las organizaciones obreras paralizadas por la burocracia sindical y podremos condensar y sintetizar en una acción consecuente toda la experiencia acumulada.

El Plan Erman-Alsogaray está fundido. Los tarifazos y las descomunales prebendas al gran capital han sido incapaces de darle vida. Se avecina un nuevo período de violencia económica contra los trabajadores. Llamamos a un Frente de Lucha contra estos nuevos ataques y para imponer la voluntad popular expresada en el plebiscito bonaerense.