Prensa Obrera N° 309

A Cuba le han "fabricado” en los últimos días una “crisis de las embajadas al mejor estilo" de las que fueron "manufacturadas por Gorbachov el año pasado en Europa oriental. Pero mientras el operativo de la burocracia rusa en esa ocasión era precipitar cambios de personal y de política en la cúpula del poder, con la finalidad de disipar la posibilidad del derrocamiento de la burocracia por medio de una revolución popular, en el caso de Cuba el montaje de la crisis no tiene ese carácter “preventivo”, sino que apunta a forzar al gobierno a seguir el camino "democrático", de Nicaragua y a alinearlo en la vía de la restauración capitalista que viene pactando Gorbachov con el imperialismo mundial para el conjunto del otrora "bloque socialista". Complot del este y del oeste Todo hace suponer que se ha pretendido crear el ambiente para crear un movimiento masivo de algunas miles de personas hacia las embajadas, (del tipo similar al de hace algunos años conocido como la emigración de los “marielitos”), lo cual de ningún modo hubiera sido suficiente para crear una crisis política interna, pero sí para aportar elementos para la creación de una "crisis Internacional". Esta crisis hubiera servido para presionar al régimen casuista a efectuar “concesiones políticas”. El carácter artificial de este reclamo de asilo está demostrado por la existencia de 20.000 pedidos de visas para emigrar a Estados Unidos, que el gobierno de Bush se niega a conceder. Es significativo que a la cabeza de este movimiento se encuentre España, el país con el cual Cuba tiene los mayores entendimientos económicos, en especial en lo relativo a inversiones en la “Industria" hotelera, en cuyo desarrollo reposa gran parte de la política económica cubana. Como consecuencia de la "crisis”, Felipe González ha "suspendido la asistencia económica", reclamando lo mismo de parte de la Comunidad Económica Europea. Es decir que estamos en presencia de un chantaje montado con todas las piezas Hay que decir “en deshonor” de Felipe González, que ha estado a la cabeza de esta política desde hace un tiempo, pues ya en marzo, cuando se encontró con Fidel Castro en Brasil durante la asunción de Collor de Mello, le reclamó “la necesidad de producir Inmediatos cambios políticos en la Isla", y ya desde entonces "la asistencia española a Cuba no estaba en su punto más óptimo”. La “crisis de las embajadas" implica también a los regímenes burocráticos del este, como lo evidencia la participación de Checoslovaquia. El cambio de gobierno en este país no significa que se hubiera derrocado al régimen burocrático, el cual sigue alegremente en pie, dirigido por “comunistas" restauracionistas y ex disidentes “democráticos" Estos burócratas del este (Hungría, etc.) propiciaron recientemente una resolución contra Cuba por "violación de los derechos humanos", claramente orquestada por el imperialismo y a la cual no es ajeno Gorbachov —protagonista n° 1 de la ajetreada diplomacia Este-Oeste de los últimos dos años. La burocracia rusa, que está desesperada por un crédito occidental y que acaba de vender “Alemania oriental" por un préstamo de cinco mil millones de dólares y el mantenimiento por tres años de las tropas allí estacionadas, sabe muy bien que en la reciente reunión de Houston de los siete países imperialistas se resolvió condicionar el crédito de occidente a que la URSS cese la ayuda económica a Cuba". De manera que la burocracia rusa está tanto o más interesada en una “perestroika" tropical que el propio Felipe González. Los convenios económicos entre Cuba y la URSS vencen en 1991, y según Roberto Robaina, miembro del Consejo de Estado de Cuba, que estuvo recientemente en Buenos Aires, "con la URSS no sabemos qué puede pasar más allá” de esa fecha. Perestroika en Cuba El régimen castrista ya ha emprendido (según él aún antes que Gorbachov) su propia “perestroika" (o "rectificación"), aunque todo indica que sus alcances y ritmo no conforman al imperialismo. En el plano político, esa "perestroika” se limita a procurar la "separación entre el partido y el Estado", integrados con carácter constitucional. La consagración constitucional del partido único o “guía” revela hasta qué punto estamos en presencia de un régimen burocrático cristalizado. Ese partido es el de la burocracia, y oficia de mecanismo de selección y promoción de los funcionarios, una función que en las democracias burguesas lo cumple la ley del “servicie civil". El PCC no es, entonces, ni obrero ni revolucionario. También se discute en las esferas oficiales cubanas, como parte de la rectificación”, el establecimiento de elecciones directas a la Asamblea Nacional, a diferencia del régimen actual en el que la designación de los diputados es el punto final de varias elecciones inferiores o intermedias que arrancan del nivel municipal. Otra cosa en debate es atenuar la elevada estatización económica y legalizar las actividades comerciales que hoy se realizan "en negro”, entre las que predominan las transacciones ilegales entre empresas estatales. Pero ninguna de estas medidas podría modificar el carácter burocrático del régimen y más bien apuntan hacia una salida "parlamentaria" en lo político, y de "mercado" en lo económico, que permitan mantenerlo y reforzarlo. Por más que proteste en sentido contrario, el régimen castrista va en la misma dirección que la burocracia de los otros países del ex “bloque”, con la diferencia de que pretende ejercer un control mayor sobre los “cambios" y dilatarlos en el tiempo. La "separación" del partido respecto al Estado no elimina en absoluto la cooptación de funcionarios por medio de la burocracia estatal existente ¡inclusive sirve para disimular mejor el papel del "partido" en ese trabajo de selección y promoción! No basta una reforma constitucional (se está hablando de esto) para modificar un régimen social y político. Con respecto al sistema de elección directa es cierto que puede dar mayor autoridad a los diputados frente al ejecutivo (Fidel Castro) y a la burocracia administrativa, pero también acentúa la autonomía de estos diputados respecto a sus electores, como ocurre en cualquier país capitalista. El régimen de poder personal En definitiva, el régimen burocrático no queda cuestionado por la “rectificación” y hasta es una salida a su crisis, ya que la protesta popular contra la ineficiencia y el mandonismo han crecido mucho en Cuba en el último tiempo. Una “perestroika" (la “rectificación" es similar en su naturaleza a la política de Gorbachov para la URSS) acentuaría la desintegración de la economía estatizada en especial en las actuales condiciones internacionales. El gobierno cubano pretende resolver el problema del derrumbe de sus convenios económicos con el este y la URSS mediante la diversificación de sus mercados extranjeros, pero la “crisis de las embajadas" demuestra los límites políticos de esto y la crisis política que le plantea al régimen Es indudable que el régimen político cubano tiene características propias que lo diferencian del resto. La principal es que es un “régimen de poder personal": todo el mundo admite que en Cuba Fidel Castro puede hacer y deshacer, así como alterar cualquier ley escrita y pasar por encima de las instituciones. Con relación a esta cuestión crucial, la "rectificación" pretendería sustituir el arbitrio del líder por medio de una transferencia de poder a las “Instituciones”, pero esto no es tan sencillo, y sería más bien imposible, esto porque el régimen de poder personal en Cuba se deriva del arbitraje que ejerce Fidel Castro entre la burocracia y las masas dentro de Cuba, enfrentadas cada vez más agudamente, y entre el imperialismo y esas mismas masas a nivel general, con una agudeza que tiende a crecer en perspectiva. Todo intento de pasar de un régimen burocrático arbitrario a un “Estado de derecho", el cual legalizará privilegios sociales conquistados "de hecho” por la burocracia, plantea para ésta el peligro que representarían las Iibertades democráticas y los progresos de organización que las masas podrían conquistar en el camino, lo que en el caso de Cuba obligaría a acentuar el arbitraje de Fidel Castro y del régimen del poder personal, en lugar de disminuirlo. Pluripartidismo y revolución política En resumen: Cuba no escapa a la alternativa común a todos los Estados burocráticos, entre la revolución política que expropia a la burocracia, o la restauración capitalista que expropia a las masas sus conquistas revolucionarias. Tampoco escapa Cuba a la otra alternativa fundamental: o desarrollo y victoria de la lucha del proletariado internacional contra el imperialismo y la burocracia, o hundimiento inevitable del “socialismo en un solo país", esto como consecuencia de las presiones del mercado mundial y de la política mundial que se desarrolla sobre la base de ese mercado. Las presiones a favor del pluripartidismo" en Cuba, sobre la base del régimen burocrático, pretenden injertarle a éste una prótesis parlamentaria que facilite el tránsito al Estado de Derecho, es decir a las garantías jurídicas de las propiedades personales de los burócratas, y en definitiva al capitalismo —que es el paso ulterior que da la propia burocracia una vez que ha logrado institucionalizar sus privilegios, es decir desembarazarse de la presión de las masas. Naturalmente que la vanguardia obrera debería aprovechar un eventual pluripartidismo burocrático para organizar su propio partido revolucionario, que impulse la revolución política, y de ningún modo, claro está, para adherir a la estrategia del Estado de derecho. La consigna de libertad política completa y de libertad de organización debe formar parte de una política y de una estrategia por la verdadera dictadura del proletariado, lo que significa: expropiación económica y política de la burocracia; control obrero de lo producción y gestión obrera de la economía; régimen político basado en consejos obreros, libremente elegidos y revocables y con completos derechos para todos sus partidos políticos. Defensa de Cuba La defensa de Cuba pasa por la reconstrucción de la acción internacional de la clase obrera y de su organización en un partido mundial. El destino de todas las conquistas históricas de los explotados se juega en la arena de la lucha de clases mundial. La pretensión de esquivar esta política y de sustituirla por una “diplomacia Inteligente" está condenada al fracaso. La “crisis de las embajadas" es una advertencia y no es precisamente prematura, ni la primera. El Partido Comunista de España apoya a Felipe González contra Cuba El socialismo monárquico que gobierna el Reino de España (Felipe González) ha estado a la cabeza del complot internacional contra Cuba. Toda la burguesía y la prensa de la península apoyaron el chantaje... y también lo hizo, y con todas las letras, el Partido Comunista Español. El eurocomunista stalinismo español “pidió al gobierno de Cuba 'una rectificación profunda' de los términos Insultantes’ que utilizó su Cancillería contra el jefe de la diplomacia española Asimismo, el PCE 'reitera su apoyo a las normas Internacionales de respeto e inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas, por lo que condena la violación del recinto de la Embajada española en La Habana por la policía cubana' " (La República. Montevideo, 21/7). Los “nuevos tiempos" no cambiaron nada al viejo stalinismo español por la razón de que el stalinismo no es reformable: su inocultable subordinación a la diplomacia soviética y su congénita capitulación ante la burguesía española. La declaración anti-cubana del PCE ¿hará reflexionar a los militantes comunistas argentinos sobre el carácter definitivamente contrarrevolucionario del “movimiento comunista Internacional”?

Droga, política y tv: El Partido Obrero es “yerba” Los lunes 9 y 16 de julio, Canal 13 emitió Vuelta a la Vida, en el programa La Aventura del Hombre —un “informe sobre la rehabilitación de drogadictos", al decir de su presentador. Mario Grasso. Un informe sobre El Programa Andres, que dirige el Pastor bautista Carlos Novelli, comunidad terapéutica derivada de las creadas en EEUU en 1963 (según texto). Llamativamente, durante el video, aparece como “chivo” un afiche del Partido Obrero del cual solo consigue leerse “A LA PLAZA” y “PO - PARTIDO OBRERO", ya que el texto ha sido arrancado. El afiche aparece tres veces; dos en forma casi imperceptible, la tercera en primerísimo plano, mientras una secundaria prende un cigarrillo y la voz del locutor sentencia: “la adolescencia coincide con la etapa del colegio secundario, configura un mágico período de ilusiones, de sueños, de búsqueda y descubrimiento de posibilidades. Sin embargo, estos objetivos muchas veces quedan traspapelados entre las páginas de los sistemas de enseñanza". El mensaje pretende descalificar ante la sociedad y, en particular ante la juventud, al Partido Obrero, para lo cual se vale de un medio visual que pretende cumplir una función “imparcial”, “objetiva", “documental", “incuestionable" y un efecto de asociación por “ideas afines": entre la adicción, por un lado (la chica que fuma) y las propuestas partidarias socialistas y revolucionarias, per otro lado que son presentadas como “magia”, “ilusión", “sueño”, que no serían combatidas por el sistema de enseñanza que las dejarla “traspapeladas”. (¡Pasemos entonces la educación al clero, que da vuelta cada página mojando el dedo!). La realidad objetiva de nuestra sociedad, que día a día cercena a la juventud hasta los más elementales derechos y que la han privado de futuro, plantea la posibilidad cierta de que los objetivos socialistas no queden traspapelados y que la juventud emprenda una clara lucha por la defensa de sus derechos y por la construcción de una sociedad mejor. El ataque al Partido Obrero aparece así por este lado como un reconocimiento tácito de la actualidad de su planteo político y del temor que inspira a la burguesía su arraigo en la juventud. Más allá de su ataque al Partido Obrero, el video no ahorra esfuerzos en marcar su posición represora hacia la juventud: enumera los síntomas que supuestamente podrían permitir a los padres reconocer la adicción en sus hijos: pero que se parece demasiado a las características psicológicas propias de un adolescente, lo que, indudablemente, transforma a todo joven en “culpable hasta que se demuestre lo contrario” y prepara a la opinión pública para la represión que se desata contra la juventud trabajadora y estudiante con el pretexto de la lucha contra la drogadicción. Raquel

Sin consultar a ningún trabajador, la burocracia del gremio docente de Santa Cruz resolvió levantar una larga y combativa huelga, justificándose en la ilegalidad decretada por el gobierno provincial. El paro se cumplió durante más de 40 días lectivos desde principio de año y se reinició apenas finalizado el receso invernal. Al viejo reclamo de aumento salarial se sumó la elemental exigencia del cobro de los sueldos adeudados desde principios de mes, y el rechazo a la inminente sanción de la “ley de emergencia” que desconocerá convenios y conquistas históricas. Frente a la continuidad de la lucha, el gobierno que hambrea a docentes y asfixia el presupuesto educativo, amenazó con despidos masivos para hacer valer el “derecho a aprender". Con maestros cesantes, los niños aprenderán, seguramente, que lo único que le importa al gobierno es la destrucción de la educación política. La directiva de ADOSAC (radical-ubaldinista) primero llamó a una manifestación de repudio, la que reunió 600 compañeros. Luego llamó a un plebiscito a los afiliados (método Cafiero) en lugar de convocar a Asambleas resolutivas. Pero a pesar de que el resultado del plebiscito fue favorable a seguir el paro, la directiva resolvió levantar (!). Los plebiscitas solo aceptan los resultados que les convienen. El propósito del plebiscito fue buscar enfriar el conflicto, poner en duda la combatividad, no aceptar la opinión de la base. La directiva de docentes se puso a tono con toda la política desmovilizadora que desarrolla la burocracia de los restantes gremios. En el último mes, las grandes huelgas de la administración pública fueron desgastadas en cada gremio y los reclamos salariales fueron sustituidos por un programa que reclama la "defensa de la provincia y de la actividad privada”. El primer paso para lograr esto es, naturalmente, romper las huelgas que luchan por el salario contra la voracidad capitalista. La burocracia ha salido al rescate del gobierno antiobrero de Granero, que sustituyó a Del Val en medio de una gran crisis política, y que se encuentra en colapso. Granero incluso amenazó con renunciar y precipitar una intervención federal, un típico chantaje a los sindicados. La burocracia ha postergado la convocatoria al congreso provincial de gremios que debía fijar un curso de lucha y un programa obrero a la crisis. Toda esta política agravará la ya grave situación actual —de ningún modo abrirá el camino de las soluciones. El P. O. denuncia a la burocracia y llama a luchar por la independencia de los sindicatos del Estado, por el reemplazo de la burocracia, por la democracia sindical y por el desarrollo de un partido de trabajadores.

El gobierno dio un particular destaque al anuncio de un plan de aumentos diferenciados para los maestros, que consiste en incrementar mensualmente los haberes en un 50% por encima de la inflación. El 20,8% de aumento que correspondería a los sueldos de junio, llevaría el inicial a 644.920 australes, que con descuentos significa algo más de 500.000 Sin embargo, el gobierno ha dilatado en un mes el comienzo de su “reajuste" de modo que el primer aumento recién se cobrará en agosto. Es decir que el “salariazo” de Salonia empieza con una reducción del salario real. De aquí en más todo es promesa: “ojalá pudiéramos repetir una fórmula semejante en los próximos meses” acaba de declarar Salonia (Los Andes, 6/7). Y si todavía falta algo a todo este “verso”, el plan Salonia no compromete a las provincias ni a la municipalidad de Capital. ¿Cómo sorprenderse entonces que el ministro de educación goce del menor “rating" de credibilidad en las encuestas, aún por debajo de Triaca y Bauzá? La conducción ubaldinista de CTERA no tiene política frente a esto. CTERA ha quedado reducida a una ficción de sindicato: en su último congreso resolvió un paro aislado de 48 horas y “dejar que en cada provincia el gremio local arbitre y continúe su programa de lucha de acuerdo a sus propios requerimientos". Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y otras provincias han resuelto planes de lucha. La conducción del Suteba ha informado “verticalmente” un paro de 48 horas al inicio de las clases, que empalmaría luego con el de CTERA. Ante toda esta situación la tarea principal es organizar las escuelas, elegir delegados, formar organizaciones de ligazón entre las escuelas, organizar asambleas, tomar medidas de lucha organizadas —y preparar así el camino para poner en pie una nueva dirección.

Los trabajadores de la UOCRA se están movilizando en defensa de sus salarios por encima de la directiva de Martínez. Martínez es un hombre puesto a dedo por el Ministerio de Trabajo de Menem, y “pide" un aumento del 50%, que es lo que ya se está cobrando en "negro". La hora está a 3500 y nos pagan en las obras 1500 más en "negro". El "plan de lucha”, de Martínez es, lógicamente, un saludo a la bandera. El lunes 23, más de 3.000 trabajadores decretaron un paro activo, llamados por un conjunto de cuerpos de delegados autoconvocados. Estos habían reclamado el paro y movilización a la directiva de la UOCRA y frente a su negativa decidieron autoconvocarse. Los trabajadores marcharon a la sede sindical de Rawson 42, donde la burocracia se negó a recibirlos. Un plenario de delegados fue convocado para el miércoles 25. Al cierre de esta nota estaba sesionando. Los delegados se encontraron con un gran dispositivo de armas y matones. Un núcleo de los autoconvocados entró al plenario y otro resolvió boicotearlo. Pero los autoconvocados volvieron a llamar a un paro activo para el viernes 27 a las 10 horas de la mañana Se concentrarán en Plaza Once y desde allí marcharán hasta el Ministerio. En la UOCRA de Capital se está abriendo una nueva perspectiva de lucha y reagrupamiento antiburocrático.

A principios de julio se realizó en San Pablo el “Encuentro de Organizaciones y Partidos de Izquierda de América Latina y el Caribe”, convocado por el Partido de los Trabajadores de Brasil. La prensa internacional le concedió un espacio escaso a la reunión, y los pocos comentarios que provocó no sabían si atribuirle al evento el carácter de una conspiración destinada al inmediato derrocamiento del capitalismo o el de una “modernización” política para poner a la izquierda al compás de las privatizaciones y de la “economía de mercado” de moda en los últimos tiempos. A la reunión asistieron unas cincuenta organizaciones políticas de catorce países diferentes de la región. El término “izquierda” para caracterizar a los participantes, es algo más que engañoso. Estuvieron presentes partidos burgueses o de contenido burgués, como el Partido Revolucionario Democrático de México, el Partido Democrático Trabalhista de Brasil, el M-19 de Colombia o los seguidores de Seregni del Frente Amplio de Uruguay. En el curso de la reunión varios de ellos objetaron al socialismo como objetivo histórico y como estrategia, y el secretario político de Seregni se negó a firmar la declaración final, precisamente por incorporar el objetivo socialista con características generales, en el texto. De manera que es un fraude sutil atribuirle a la reunión un “espectro ideológico muy amplio”, como lo hace el dirigente mandelista del PT, Joao Machado, en una publicación del Directorio Regional de San Pablo. Fue, dicho con más propiedad, una reunión de composición “policlasista", que aspiraba a un entendimiento político entre partidos obreros o de trabajadores con partidos con intereses históricos opuestos, es decir, burgueses. Para diluir esa diferencia de principios de clase, Joao Machado caracteriza al PRD de México como “nacionalista revolucionarlo”, lo cual confirma su contenido burgués. Pero el PRD no tiene nada de revolucionario, pues nace del tronco del partido histórico de la burguesía mexicana, el PRI; es fundamentalmente una coalición electoral, y recientemente tuvo frente a las privatizaciones de bancos en su país la misma posición que en Argentina tienen un Raúl Alfonsín o a lo sumo un Federico Storani. No puede atribuirse un carácter “revolucionario” al PDT de Brasil, que se ha caracterizado por su oposición a las huelgas obreras, por su apoyo a los “pelegos” de la CGT (rival de la CUT “petista”) y por las denuncias policiales acerca del origen de los fondos que estarían sosteniendo al Partido de Lula. Tampoco es “revolucionario” Liber Seregni, algo que el general uruguayo procura dejar perfectamente claro todos los días, con un éxito envidiable. El “espectro ideológico amplio” valdría como descripción de una reunión de partidos que tienen una base social común. El Mas también ha procurado escapar por la tangente con relación a una caracterización rigurosa del “Encuentro", agregando de su propia cosecha la presencia de partidos “antimperialistas” al lado de los de “izquierda”. El trotskista Mas está señalando que no piensa tener en cuenta las características de “frente popular” que tuvo la composición de la reunión. Esto no debe sorprender porque ya ha hecho lo mismo con la formación del frente que integraron el PT, el PDT y hasta el PSDB (partido orgánico de la burguesía paulista) en el segundo turno de las últimas elecciones brasileñas, el cual tenía en vista la formación de un gobierno de coalición entre esos partidos. Esta característica “policlasista" del “Encuentro" descartó de antemano la posibilidad de que la reunión pudiera convertirse en un principio de reagrupamiento político internacionalista de partidos obreros, aunque no fuera naturalmente esa la única expresión de esta limitación política, pero sí la decisiva. Es que incluso los partidos de izquierda burocráticos o stalinistas que estuvieron presentes en la reunión, se caracterizan por impulsar en sus países y a nivel internacional una estrategia de colaboración clasista con la burguesía “democrática" o "progresista”. En el “Encuentro" estuvieron presentes organizaciones que integran la Izquierda Unida de Perú, por ejemplo, la cual apoyó a Fujimori en el segundo turno de las últimas elecciones peruanas. La IU de Perú está pasando ahora por una undécima y severa crisis como consecuencia de que algunos de sus miembros han pasado a integrar el gabinete fondomonetarista del japonés “emergente”. De manera que la configuración del “Encuentro” tuvo una limitación perfectamente definida con relación a la posibilidad de que pudiera significar un paso en dirección a una política internacional de clase de los obreros de América Latina, y en ese sentido como un paso para reconstruir el internacionalismo proletario destruido concientemente por el stalinismo. El horizonte político de la reunión estuvo circunscripto al nacionalismo o antiimperialismo latinoamericanos, y el democratismo en abstracto (como “valor”) lo que significa que adoptó el programa de la pequeña burguesía o de determinadas fracciones de la burguesía nacional, frente a lo que la declaración final del Encuentro denominó la “ofensiva neo-liberal”. Con este concepto el Encuentro disimuló su impotencia para caracterizar la desintegración capitalista mundial que se expresa en la economía y aún en el derrumbe de regímenes políticos enteros, e incluso de relacionar el derrumbe de los regímenes burocráticos de Europa del este y de la URSS con esa crisis capitalista mundial. Por otro lado, esa caracterización tiene un contenido altamente ideológico, como si se tratara de una “ofensiva” que se enmarca en lo establecido por una supuesta corriente de pensamiento afortunada, y evita señalar que responde a las tendencias más profundas del capitalismo y la burguesía mundiales como un todo, la que adopta por sobre todo características “anti-liberales”. Toda esta distorsión tiene como consecuencia descartar la vigencia de la revolución socialista mundial y la necesidad de su preparación por medio de una acción y organización internacional independientes de la clase obrera, y pone en su lugar la “defensa del patrimonio latinoamericano” y la "reafirmación de la soberanía y la autodeterminación de América Latina”, como si esto fuera aún posible en los marcos capitalistas, y como si se pudiera avanzar decisivamente en esta lucha sin el concurso del proletariado de Europa, de la URSS e incluso de los Estados Unidos. La presencia del Partido Obrero en el Encuentro tuvo en cuenta la presencia allí de la inmensa mayoría de las organizaciones obreras y de izquierda de América Latina, y tuvo por finalidad defender una política internacionalista de cara a la enorme crisis del movimiento obrero mundial, así como a las gigantescas tareas y movilizaciones que éste tiene por delante en el futuro inmediato. Porque al margen de todas las limitaciones “subjetivas” del Encuentro, éste fue una expresión de los enormes problemas que la situación mundial ha planteado objetivamente al conjunto del proletariado del mundo entero. “La crisis del socialismo real” El debate relativo a la bancarrota de los regímenes burocráticos de Europa del este, la URSS y China, dominó con amplitud en el curso de todo el Encuentro. La posición mayoritaria coincidió en referirse a “la crisis de Europa oriental y del modelo de socialismo allí impuesto”, lo que constituye indudablemente un indisimulado apoyo a la “perestroika” de Gorbachov (y dicho sea de paso a su política “neo-liberal"). Esa es precisamente la caracterización que emplea Gorbachov para negar la bancarrota de la burocracia y para encubrir su política de salvataje del régimen existente, con el consenso, claro está, del imperialismo mundial. El régimen burocrático y stalinista no fue nunca un “modelo de transición al socialismo”, afirmarlo es proceder a un intolerable embellecimiento. El stalinismo fue el producto, y a su turno artífice, de gigantescas derrotas del proletariado mundial y de la URSS, de modo que difícilmente hubiera podido ser un “modelo de transición al socialismo". El stalinismo expropió políticamente a la clase obrera y encaramó en el poder a una burocracia parasitaria. La declaración final del Encuentro evita incluso referirse a la URSS, y se limita a hablar del “socialismo impuesto” en Europa del este, como si la bancarrota de la burocracia se limitara a la RDA, Polonia o Hungría. Estas conclusiones apologéticas de los regímenes contrarrevolucionarios de Europa del este, URSS, China fueron una valla insalvable para que el Encuentro pudiera discernir los factores revolucionarios que actúan en la crisis de esos estados, es decir, el comienzo de movilización independiente del proletariado, la que deberá acentuarse con el agravamiento de la crisis. Mal podía entonces esta reunión definir una política concreta con relación al proletariado de aquellos países y en definitiva con relación al proletariado de toda Europa, pues es evidente que los acontecimientos alemanes deberán poner en marcha al conjunto de la clase obrera de este país y, por lo tanto, de Europa. La declaración afirma, en su versión final, el “rechazo a la restauración capitalista en Europa oriental” sin mencionar a la burocracia rusa y sin señalar que la fuerza fundamental que impulsa la restauración capitalista al interior de esos países es la propia burocracia De manera que sin una acción histórica independiente del proletariado de Europa del este y de la URSS, es decir, sin una revolución política, no se podrá evitar la restauración capitalista. La visión apologética de los regímenes burocráticos, la coincidencia tácita con los planteos gorbachianos y el carácter puramente ideológico de la caracterización de la crisis (que se refiere a “modelos"), han sido obstáculos Insuperables para que el Encuentro se pronunciara por la solidaridad con los mineros soviéticos, con los ferroviarios polacos, con los reclamos de libertad nacional do Lituania y Armenia —y por el repudio a los acuerdos Bush-Gorbachov y Kohl-Gorbachov, que pisotean el derecho a la libre autodeterminación de Alemania y le Imponen al pueblo alemán la anexión capitalista y el mantenimiento dentro de la OTAN. En este debate importa señalar la posición del miembro informante del PT de Brasil, el cual calificó a los sucesos del este como una crisis que afecta al conjunto del socialismo mundial, los cuales expresarían, por sobre todo, la crisis “histórica” del “paradigma de 1917 y de la Internacional Comunista”. De este modo, una de las principales corrientes del Encuentro repitió sin pelos en la lengua la tesis vieja de 20 años del italiano Berlinguer, referido al agotamiento histórico de la Revolución de Octubre. Para el compañero del PT el “socialismo real” (así se lo insistió en llamar) no fue de ningún modo el resultado de las derrotas del proletariado mundial sino un “compromiso con los límites históricos del socialismo”. Stalin no hizo más, simplemente porque no podía Lo que estaba en crisis y agotado sería el bolchevismo. Es natural que dentro de estos lineamientos se reivindicara a la democracia en abstracto y se pretendiera desconocer su carácter de régimen político históricamente condicionado. Una buena parte del debate se desarrolló, a partir de aquí y a partir de la intervención del PO, en relación a la dictadura del proletariado —que la mayoría del plenario consideró agotada. Pero si esto es así, el conjunto del proletariado internacional no tiene más vías que el capitalismo, lo cual condena a la clase obrera de Europa oriental a seguir a Gorbachov y a la de América Latina a intentar de nuevo la vía fracasada de los Alan García, de los Siles Suazo, de los Salinas, Andrés Peréz, etc. Y a la clase obrera norteamericana a tolerar sin estrategia propia el inminente recrudecimiento de la crisis en Estados Unidos como consecuencia de la recesión. Para algunos de los expositores de la tendencia mayoritaria, la burocratización de los Estados “del este” sería una consecuencia de la existencia del partido único, y no al revés, este partido único la consecuencia de la degeneración burocrática del Estado. Esto permite postular como salida el pluripartidismo sin necesidad de una revolución política y sin necesidad de restablecer la real dictadura del proletariado. Se da así una coincidencia perfecta entre el democratismo de Izquierda y el neo-liberalismo: restablecer la vigencia del parlamentarismo burocrático propicio para la restauración capitalista. En este marco fue sorprendente que nadie se refiriera a Nicaragua, que acaba de hacer una experiencia “pluralista” hasta el final, que culminó con la entrega indolora del gobierno a los partidos de la contrarrevolución. Pero quizás por esto mismo, no debiera sorprender la ninguna discusión de la experiencia nicaragüense. (Continuará en el próximo número de Prensa Obrera)

Con posterioridad a la finalización del “Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe” fue dada a conocer su Declaración Política, que no pasó, sin embargo, por el trámite de la votación formal por parte de las organizaciones presentes. La inmensa mayoría de los asistentes había aceptado encargar la redacción del texto a una comisión especial, que luego tuvo la misión de incorporar aquellas enmiendas que fueran coherentes con su planteamiento general. El diario “La República”, de Montevideo, que dio a conocer la versión final del documento en su edición del miércoles 11 de julio, informó simultáneamente que “el delegado del Frente Amplio, Carlos Baraibar, y la Corriente Popular (que integra igualmente el FA) no (lo) suscribieron... ya que sus organizaciones no tienen la definición socialista del documento, no obstante compartir los criterios políticos de la declaración”. Este pronunciamiento, que incluye al presidente del Frente Amplio, Líber Seregni, de quien Baraibar es secretario político, ilustra las características policlasistas y la consecuente heterogeneidad ideológica del Encuentro, al mismo tiempo que pone en evidencia que la estrategia política definida por la declaración es de características antiimperialistas burguesas y no internacionalistas proletarias. La declaración concluye con el objetivo nacionalista abstracto de “una América Latina libre, justa y soberana”, y carece de una política hacia la clase obrera mundial, incluida la de América Latina, que lucha en una convergencia objetiva contra el imperialismo mundial y las burocracias contrarrevolucionarias. Hoy es más claro que nunca, sin embargo, que la causa de la liberación nacional de los países oprimidos y la defensa de las conquistas sociales de las masas en los Estados obreros, contra la acción de restauración capitalista impulsada por las burocracias, depende de una estrategia y organización política común del proletariado mundial. “Convocados por el Partido de los Trabajadores (PT) nos hemos reunido en San Pablo, Brasil, representantes de 48 organizaciones, partidos y frentes de izquierda de América Latina y el Caribe. Inédito por su amplitud y por la participación de las más diversas corrientes ideológicas de la izquierda, el encuentro reafirmó, en la práctica, la disposición de las fuerzas de izquierda, socialistas y antiimperialistas del subcontinente a compartir análisis y balances de sus experiencias y de la situación mundial. Abrimos así nuevos espacios para responder a los grandes retos que se plantean hoy a nuestros pueblos y a nuestros ideales de izquierda, socialistas, democráticos, populares y antiimperialistas. En el transcurso de un debate intenso, verdaderamente franco, plural y democrático hemos tratado algunos de los grandes problemas que se nos presentan. Analizamos la situación del sistema capitalista mundial y la ofensiva imperialista, cubierta de un discurso neoliberal, lanzada contra nuestros países y nuestros pueblos. Evaluamos la crisis de Europa oriental y del modelo de transición al socialismo allí impuesto. Pasamos revisión de las estrategias revolucionarias de la izquierda de esta parte del planeta y de los retos que el cuadro internacional le plantea Seguiremos adelante con éstos y otros esfuerzos unitarios. Este encuentro es un primer paso de identificación y aproximación a los problemas. Desarrollaremos un nuevo encuentro en México, donde continuaremos sumando inteligencias y voluntades al análisis permanente que hemos iniciado, profundizaremos el debate y buscaremos avanzar propuestas de unidad de acción consensuales en la lucha antiimperialista y popular. Promoveremos también intercambios especializados en torno de los problemas económicos, políticos, sociales y culturales que enfrenta la izquierda continental. Hemos constatado que todas las organizaciones de la izquierda concebimos que la sociedad sea justa, libre y soberana y el socialismo sólo pueden surgir y sustentarse en la voluntad de los pueblos, entroncados con sus raíces históricas. Manifestamos por ello nuestra voluntad común de renovar el pensamiento de izquierda y el socialismo, de reafirmar su carácter emancipador, corregir concepciones erróneas, superar toda expresión de burocratismo y toda ausencia de una verdadera democracia social y de masas. Para nosotros, la sociedad libre, soberana y justa a la que aspiramos y el socialismo no pueden ser sino la más auténtica de las democracias y la más profunda de las justicias para los pueblos. Rechazamos por eso mismo toda pretensión de aprovechar la crisis de Europa oriental para alentar la restauración capitalista, anular los logros y derechos sociales o alentar ilusiones en las inexistentes bondades del liberalismo y el capitalismo. Sabemos, por la experiencia histórica del sometimiento a los regímenes capitalista y al imperialismo, que las imperiosas carencias y los más graves problemas de nuestros pueblos tienen su raíz en ese sistema y que no encontraron solución en él, ni en los sistemas de democracias restringidas, tuteladas y hasta militarizadas que imponen en muchos de nuestros países. La salida que nuestros pueblos anhelan no puede ser ajena a profundas transformaciones impulsadas por las masas. Reafirmación socialista Las organizaciones políticas reunidas en San Pablo hemos encontrado un gran aliento para reafirmar nuestras concepciones y objetivos socialistas, antiimperialistas y populares en el surgimiento y desarrollo de vastas fuerzas sociales, democráticas y populares en el continente, que se enfrentan a las alternativas del imperialismo y el capitalismo neoliberal y a su secuela de sufrimiento, miseria, atraso y opresión antidemocrática. Esta realidad confirma a la izquierda y al socialismo como alternativas necesarias y emergentes. El análisis de las políticas proimperialistas, neoliberales aplicadas por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, sus trágicos resultados y la revisión de la reciente propuesta de “integración americana” formulada por el presidente Bush para encauzar las relaciones de dominación de los EE.UU. con Latinoamérica y el Caribe nos reafirman en la convicción de que a nada positivo llegamos por ese camino. La reciente propuesta del presidente norteamericano es una receta ya conocida, pero endulzada para hacerla más engañosa. Implica liquidar el patrimonio nacional a través de la privatización de empresas públicas estratégicas y rentables a cambio de un irrisorio fondo al que los EE.UU. aportarían 100 millones de dólares. Busca la aplicación permanente de las nefastas “políticas de ajuste" que han llevado a niveles sin precedentes el deterioro de la calidad de vida de los latinoamericanos, a cambio de una minúscula y condicionada reducción en la deuda externa oficial con el gobierno imperial. La oferta de reducir la deuda oficial latinoamericana con el gobierno de los Estados Unidos en apenas 7.000 millones de dólares, no representa nada para una América Latina cuya deuda externa total se eleva a más de 430.000 millones de dólares, si incluimos la deuda con la banca comercial y con los organismos multilaterales. Más aun, los 100 millones de dólares de “subsidios” prometidos a los países que apliquen reformas neoliberales no llegan ni al 0,5% de los 25.000 millones que América Latina transfirió al exterior sólo en 1989 por concepto de intereses, amortizaciones y remisión de utilidades del capital extranjero. El plan Bush pretende abrir completamente nuestras economías nacionales a la desleal y desigual competencia con el aparato económico imperialista, someternos completamente a su hegemonía y destruir nuestras estructuras productivas integrándonos a una zona de libre comercio, hegemonizada y organizada por los intereses norteamericanos, mientras ellos mantienen una Ley de Comercio Externo profundamente restrictiva. Así pues, estas propuestas son ajenas a los genuinos intereses de desarrollo económico y social de nuestra región y van combinadas con la restricción de nuestras soberanías nacionales y con el recorte y tutelaje de nuestros derechos democráticos. Ellas, en realidad, apuntan a impedir una integración autónoma de nuestra América Latina dirigida a satisfacer sus más vitales necesidades. Conocemos la verdadera cara del imperio. Es la que se manifiesta en el implacable cerco y la renovada agresión contra Cuba y contra la revolución sandinista en Nicaragua, en el abierto intervencionismo y sustento al militarismo en El Salvador, en la invasión y ocupación militar norteamericana de Panamá, en los proyectos y pasos ya dados de militarizar zonas andinas de América del Sur tras la coartada de luchar contra el “narco-terrorismo". Por ello, reafirmamos nuestra solidaridad con la revolución socialista de Cuba que defiende firmemente su soberanía y sus logros, con la revolución popular sandinista que resiste los intentos de desmontar sus conquistas y reagrupa sus fuerzas; con las fuerzas democráticas, populares y revolucionarias salvadoreñas que impulsan la desmilitarización y la solución política a la guerra; con el pueblo panameño —invadido y ocupado por el imperialismo norteamericano, cuyo inmediato retiro exigimos— y con los pueblos andinos que enfrentan la presión militarista del imperialismo. Defender el patrimonio latinoamericano Pero también definimos aquí, en contraposición con la propuesta de integración bajo dominio imperialista, las bases de un nuevo concepto de unidad e integración continental. Ella pasa por la reafirmación de la soberanía y autodeterminación de América Latina y de nuestras naciones, por la plena recuperación de nuestra identidad cultural e histórica y por el impulso a la solidaridad internacionalista de nuestros pueblos. Ella supone defender el patrimonio latinoamericano, poner fin a la fuga y exportación de capitales del subcontinente, encarar conjunta y unitariamente el flagelo de la impagable deuda externa y la adopción de políticas económicas en beneficio de las mayorías, capaces de combatir la situación de miseria en que viven millones de latinoamericanos. Ella exige, finalmente, un compromiso activo con la vigencia de los derechos humanos y con la democracia y soberanía popular como valores estratégicos, colocando a las fuerzas de izquierda, socialistas y progresistas frente al desafío de renovar constantemente su pensamiento y su acción. En este marco, renovamos hoy nuestros proyectos de izquierda y socialistas, nuestro compromiso son la conquista del pan, la belleza y la alegría, nuestro afán de lograr la soberanía económica y política de nuestros pueblos y la primacía de valores sociales, basados en la solidaridad. Declaramos nuestra plena confianza en nuestros pueblos, que movilizados, organizados y conscientes forjarán, conquistarán y defenderán un poder que haga realidad la justicia, la democracia y la libertad verdaderas. Hemos aprendido de los errores cometidos, así como de las victorias alcanzadas. Armados de un innegociable compromiso con la verdad y con la causa de nuestros pueblos y naciones, nos echamos a andar, seguros de que el espacio que ahora abrimos lo llenaremos junto a las demás agrupaciones de la izquierda latinoamericana y caribeña con nuevos esfuerzos de intercambio y de unidad de acción como cimientos de una América Latina libre, justa y soberana". San Pablo, 4 de julio de 1990

Los metalúrgicos han cumplido masivamente durante la semana el paro de 48 horas al igual que los paros internos “1 x 1” en los días anteriores. Los piquetes de huelga siguen siendo un factor de primer orden en la extensión de las medidas de fuerza, aunque su organización tropieza con la propia burocracia, que trata de regimentarlos y confinarlos sólo a aquellas plantas en las que está presente el aparato miguelista. Pero en este panorama hay algo nuevo: la tendencia de los metalúrgicos a ganar la calle y a tomar en sus propias manos la organización de fondos de huelga frente al cerco por el hambre que arman las patronales y el gobierno. El 24, miles de metalúrgicos cordobeses salieron a las calles convirtiendo el primer día de paro matero dispuesto por la UOM en una huelga activa. El 26 los metalúrgicos de Villa Constitución harán lo mismo, no sólo por el conflicto salarial sino contra la “flexibilización laboral” impuesta por Acindar. En Campana y en San Nicolás los congresos de delegados votaron la constitución de fondos de huelga, y en Capital y en varias fábricas de la zona norte se decidió salir con las alcancías a la calle en los días de paro. En la base metalúrgica crece la conciencia de que se está ante una lucha decisiva, que va más allá de una pulseada por la recomposición del salario. “Aquí se quiere derrotar a los metalúrgicos y al resto de la clase obrera y si estamos en mitad del río, lo peor es volverse atrás”, fue el comentario dominante en numerosas plantas. Las patronales han cerrado filas en la estrategia de quebrar a los metalúrgicos por el hambre. No sólo descontaron los días caídos y el salario familiar, sino que se negaron al pago del anunciado subsidio por escolaridad invocando la falta de “reglamentación" al decreto. La “dureza” empresaria está férreamente comandada por el gobierno. Hasta podría afirmarse que el frente patronal habría estallado frente a la contundencia de la lucha metalúrgica si no fuera por la presión impuesta desde la Casa Rosada para quebrar a la UOM. Con esta finalidad el gobierno salió a otorgar una serie de concesiones a los empresarios. “El viceministro de Economía, Carlos Carballo... se cuidó de recordar a sus Invitados que el equipo económico está trabajando sobre la necesidad de bajar el componente impositivo en las tarifas de electricidad y gas. Además habló del plan de regulación de los reembolsos a las exportaciones”. (Ámbito Financiero, 19/7/90). Hace unas horas, Carlos Menem firmó el proyecto de ley de privatización de Somisa. El objetivo de derrotar a los metalúrgicos, es dar paso a la reglamentación del derecho de huelga, a la “ley de empleo", y a la destrucción de los convenios. La política de Miguel no es solución La ofensiva del gobierno contra los metalúrgicos ha dejado a la burocracia miguelista sin política. La cantinela de que “nuestra lucha es contra los empresarios y no contra el gobierno", la búsqueda desesperada de la mediación de Menem o Triaca; el rechazo a “sacar a la UOM a la calle” reclamado en asambleas de planta y en congresos de delegados en función de una intervención salvadora del gobierno, todo esto se ha revelado absolutamente estéril. Con 700.000 trabajadores en lucha —metalúrgicos, papeleros, construcción, entre otros—, la conducción de la UOM no ha planteado el reclamo elemental de un confederal de la CGT para resolver un plan de lucha que centralice el movimiento huelguístico. Más aún, Lorenzo Miguel se opuso en el plenario de delegados de la UOM Capital a propiciar una marcha a la Casa Rosada, planteando como "último recurso” una concentración en un estadio cerrado. El futuro de la lucha metalúrgica se dirime en las fábricas y las seccionales, en la puesta en pie de coordinadoras Inter-fabriles que organicen los piquetes de huelga, la búsqueda de la solidaridad activa de la población a través de la movilización y los fondos de huelga y el reclamo para que la UOM gane las calles, tanto a nivel seccional como nacional organizando una gran marcha a la Plaza de Mayo. Reclamemos asambleas seccionales y un congreso nacional de delegados con mandato de asambleas para decidir el curso futuro de la lucha y que nada se firme sin su aprobación. Quilmes: A la huelga con ocupación y piquetes Hablamos con un delegado de la UOM Quilmes: “los paros se cumplen masivamente y los piquetes siguen funcionando, los compañeros detenidos la semana anterior —entre ellos tres directivos— fueron liberados, pero lo importante es que este hecho no ha creado temor, que es lo que pretendían las patronales”. “El cumplimiento de los paros —agregó— ha tenido un cambio rotundo respecto a la primer fase del plan de lucha, que se cumplió poco y nada, el cambio tuvo que ver con la decisión de encarar medidas más profundas y la comprensión de que estamos ante un conflicto duro”. “El problema —siguió reflexionando— es como continúa la lucha y en este punto yo y otros delegados pensamos que hay que ir a la huelga por tiempo Indeterminado”. La huelga indefinida está objetivamente planteada en la actual lucha y debe ser impulsada pero unida a dos planteos: que sea activa, sacando a la UOM a la calle y no “matera" como los paros de 48 horas, dos, a la elección de comités de huelga en asambleas de seccional para que sea la base metalúrgica la que decida quien dirige y de qué modo la huelga general. Córdoba: Un gran paro activo El martes 24 los metalúrgicos cordobeses cumplieron el paro de 48 horas decretado por la UOM nacional con una manifestación callejera en la que participaron más de 2.500 trabajadores Con anterioridad la patronal de Sevel, la principal fábrica del gremio había decretado un verdadero lock out, al disponer el cierre temporario y la suspensión de todo el personal con el argumento de la falta de insumos. En Sevel había un masivo cumplimiento del plan de lucha, presencia de piquetes en la puerta y estado de deliberación obrera en la planta. La manifestación callejera sirvió para unificar al conjunto de los talleres chicos y dar un nuevo impulso a la lucha. La presencia de los metalúrgicos en las calles puso también un nuevo ingrediente a la situación provincial, pues hacía mucho tiempo que el sector de trabajadores industriales no se movilizaba. La lucha de los metalúrgicos dará un Impulso a los reclamos del conjunto de los trabajadores, una perspectiva que el Partido Obrero de Córdoba ha colocado en el centro de su actividad. Zona Norte: Los piquetes de Corni Corni es una planta metalúrgica de la zona norte, ubicada en las cercanías del cruce estratégico entre 197 y la Panamericana. Este es el lugar “tomado” por los piquetes de la fábrica con sus alcancías, que recaban la solidaridad de los miles de trabajadores de Ford, Atlántida y otros establecimientos que pasan por allí. Más allá del apoyo material, el cruce se ha convertido en un centro de agitación en favor de la lucha metalúrgica. La iniciativa de promover fondos de huelga no nace de la burocracia de Minguito sino de la decisión de los trabajadores de cada planta. La cuestión es unir todos los esfuerzos dispersos, coordinando los piquetes metalúrgicos de las distintas fábricas, e impulsando una comisión de apoyo de delegados y activistas de otras fábricas del cordón por la victoria de esta gran lucha

En las distintas seccionales se ve una tendencia a transformar los paros materos de Miguel en huelgas activas y en organización de piquetes. En fábricas como Artimsa (Ciudadela), donde la patronal adeudaba parte del aguinaldo, los paros parciales se convirtieron en paro total, votado en una asamblea que reunió los dos turnos de la fábrica. En Carrier frente a despidos y suspensiones, se desarrollaron movilizaciones al Ministerio de Trabajo y asambleas permanentes. Allí donde hubo intentos de arreglar bajo cuerda, como en Praxitell —ofrecieron un 35%—, una asamblea en fábrica les contestó que ofrezcan eso en la paritaria para toda la UOM. En la seccional Avellaneda una asamblea en Siam planteó llevar la lucha a la calle para triunfar, denunciando a viva voz la esterilidad de los paros materos. “Paramos 48 horas en nuestras casas dos veces seguidas, esto no sirve, si la conducción de la UOM no encara una huelga activa, hagámosla aquí en Avellaneda, cortemos Mitre o Pavón, lo Importante es tener la gente en las fábricas y movilizarla", fue el comentario repetido. Los compañeros reclaman la profundización de la lucha poniendo a los metalúrgicos en la calle. Recuerdan que bajo Alfonsín-Sourrouille, en un conflicto que no tenía la profundidad del actual, se resolvió una marcha que escasamente preparada juntó 15.000 metalúrgicos. La burocracia sigue siendo "oficialista" frente al gobierno que exige la rendición incondicional de la UOM, por eso no moviliza o solo sale a hacer piquetes cuando le queda bien o con "su propia gente". La herramienta del activismo deben ser las asambleas de fábrica, la coordinación entre fábricas, el fondo de huelga —que se aplique el 50% de los fondos sindicales a este fin—, el reclamo por asambleas seccionales para exigir un inmediato paro activo y convertir en activo el plan de lucha actual.

El 26, 27 y 28 de Julio se efectuarán las elecciones de comisión directiva en APBA. Aunque son tres las listas que se presentan: Verde-CUF (peronistas y aliados), Blanca-Renovación (UCR) y Naranja-Frente de Recuperación Gremial (MAS, PO, PC e independientes) son solo dos las opciones, pues en los últimos seis años peronistas y radicales han ido alternándose en la dirección de la APBA con el resultado de una APBA burocrática que ha dado la espalda a las luchas de los psicólogos en salud y educación y ha producido una masiva desafiliación como producto de los compromisos de estas direcciones con los gobiernos de turno. La Verde y la Blanca impulsan la colegiación obligatoria en Capital Federal. Si esto se impone, todos los psicólogos (incluso los que trabajen ad honorem) deberemos pagar para poder trabajar. Además, la habilitación profesional pasará a depender de una burocracia privilegiada, la cual se constituirá en un nuevo “filtro" para la profesión y hasta en la posibilidad de que todo el ejercicio de la disciplina pase a quedar condicionado a una camarilla empresarial. Frente a esto el Frente Naranja plantea la necesidad de recuperar la APBA como sindicato, con una dirección combativa que tenga como compromiso impulsar la lucha de todos los psicólogos en el marco de la defensa de la salud y educación gratuitas y estatales.

Durante 4 horas y media deliberó una Asamblea General convocada por la C.l. de Editorial Atlántida a la que asistieron 200 compañeros. A su término se resolvió por aclamación un programa que oriente al movimiento obrero frente a la ofensiva actual de las patronales y del conjunto del Estado Capitalista. Por sí misma la asamblea fue la contracara de la política de la burocracia ongarista, que ha dejado pasar despidos en masa y el arrasamiento de enormes conquistas, sin luchar, sin organizar y sin asambleas. La Asamblea puso en claro en qué consiste la democracia sindical que deberá expulsar a la burocracia del Sindicato Gráfico. El sábado 14 de julio, una Asamblea General gráfica de la Editorial Atlántida reunió a todas las secciones, de los tres turnos, de la planta Garín y del sector Azopardo. El programa que detallamos abajo, analizado y elaborado, punto a punto, colectivamente, no sólo es un planteamiento ante la empresa, sino un puente de unidad en la lucha común con el gremio gráfico y aún con los compañeros de prensa de la propia editorial. La Asamblea misma constituye un hito de movilización, y el carácter de la votación, unánime y aclamatoria, expresó la decisión de luchar por lo resuelto. A cinco años de un evento similar realizado en el Sindicato Gráfico, la reunión repasó años de lucha en los que una y mil veces salimos a rescatar un salario bombardeado mes a mes por la inflación, contrapesado por el hundimiento del convenio y hasta bloqueado por prohibiciones oficiales durante toda una etapa. El debate hizo aflorar la relación indisoluble entre las conquistas internas, el salario y la lucha contra el despido. La Asamblea valorizó la eliminación de la arbitrariedad patronal en el despido, la anulación de toda persecución al activismo sindical y la capacitación en lugar del desplazamiento, como un capital logrado estos años y como un programa de cara al futuro. El tema Sindicato y movimiento obrero no estuvo ausente, al contrario, cada punto del programa lo abordamos como parte de un gremio que necesita de la lucha por un salario, una paritaria y un convenio que tome las banderas de sus bases: “no al trabajo de encargados y jefes", “garantía salarial frente a las suspensiones", "salubridad", “francos 5 x 2 en diarios", etc. Por lo cual, exigimos la Asamblea General del gremio y decidimos militar por ella. Combatimos aquella posición de empresarios y gobiernos de “ajustar” las caídas de rentabilidades contra nuestra condición de vida, la de los asalariados. Impulsamos, en cambio, una recuperación salarial tal, que sea la locomotora de una reactivación productiva No aceptamos la llamada “flexibilidad laboral", que nos transforme en “braceros" temporarios. Al contrario, luchamos por la estabilidad laboral, por el sencillo motivo de que queremos mantener a nuestras familias: igualmente hemos repudiado todos los cercenamientos al derecho de huelga, los que están y los que quieran imponer, porque estamos dispuestos a defender con esa herramienta, los puntos irrenunciables del programa que exponemos a continuación: 1) Ningún despido. 2) Ante incorporación de nueva tecnología: capacitación y eventuales traslados de sección dentro de la rama gráfica, respetando categorías y condiciones de salubridad de cada compañero. 3) Que de reducirse el plantel gráfico, sea por su disminución natural en los próximos años. Que se retiren sólo aquellos que voluntariamente así lo decidan. 4) Reducción de jornada, sin afectar el salario en los picos de falta de trabajo. 5) Respeto integral del convenio y de las conquistas Internas. 6) Constitución de la Comisión de Higiene y Salubridad. 7) No al trabajo gráfico de encargados y Jefes. 8) Pase a gráficos del personal mal encuadrado en prensa y respeto irrestricto a la tarea gráfica de fotocomposición, como del resto de las secciones y tareas comprendidas en convenio. 9) Por la recuperación del salario Atlántida, de acuerdo al costo de vida. Por un salario equivalente a la canasta familiar, para el gremio y para toda la clase trabajadora. 10) Por la unidad en las luchas comunes con las comisiones internas de prensa de Azopardo y Garín. 11) Reconstitución del fondo de huelga. 12) Solidaridad con los talleres en lucha. Por la no realización de trabajos de los talleres en conflicto, en el resto de las empresas gráficas. 13) Exigimos el plenario de delegados y la Asamblea General del gremio por paritarias, por el convenio y por las fuentes de trabajo de los gráficos.

Chacabuco: Un paso al frente "En el día de la fecha los integrantes del Movimiento al Socialismo, Partido Comunista, Partido Obrero de la ciudad de Chacabuco, hemos decidido realizar actividades en conjunto por el NO previo acuerdo para enfrentar la política antiobrera y antinacional de Menem, Cafiero y Alfonsín y a su reforma antidemocrática, tramposa y reaccionaria de la constitución de la provincia de Bs. As. Llamamos a los trabajadores, organizaciones barriales y estudiantiles y a toda la población laboriosa a unirse a las actividades para decirle NO a la reacción el día 5 de Agosto. M.A.S.- P.C.-P.O." Así reza el comunicado conjunto que firmaron las organizaciones de izquierda en Chacabuco. Los militantes de las tres organizaciones han salido a pintar juntos, han colocado mesas de agitación conjuntas y se proponen cubrir todos los fiscales de la zona. El PO viene planteando la necesidad de convocar a un acto común, lo que está en discusión hasta el momento. Retiro: Acto el 31 por el No El Mas no quiere Con la presencia de Jorge Altamira se inauguró el local del P. O. en Retiro. Altamira explicó ante unos 30 trabajadores (ferroviarios del Mitre, del San Martín, del Hospital Ferroviario, de empresas de la zona) por qué el PO llama a votar No a la reforma reaccionaria. En la Charla estuvo presente una delegación del PC de Retiro. De allí surgió la convocatoria a una Jornada de Agitación y a un acto que se realizará el martes 31 en la Estación de Retiro. En la misma hablarán compañeros del PO, del PC y de agrupaciones independientes (La Fraternidad, etc.). El Mas hasta ahora ha respondido con evasivas a la necesidad de constituir un Comando Unificado por el No en Retiro. Con los compañeros del PC e independientes lo volveremos a invitar para que agiten por el acto y llegar así a miles de trabajadores que diariamente pasan por la zona. La Plata: Medio paso al frente El PO de La Plata viene planteando la necesidad de conformar un comando unificado por el NO en la zona. Se dirigió al PC y al Mas. Realizó plenarios, una amplia campaña de pintadas que ha copado importantes paredones de la ciudad frenando las provocaciones de los partidarios del Sí. Finalmente se acordó con el PC-Fral la realización de un acto conjunto para el jueves 2 de agosto. Allí hablarán Sigal (PC) y Jorge Altamira (PO). El Mas responde con evasivas. Dicen que están armando su propio acto (!!). “La izquierda dice NO a la reforma del hambre y del indulto. Comando NO La Plata. PO-Fral", así rezan las pintadas que estamos llevando ahora a cabo en común. Capital: Que se forme el comando del No El PO de la zona centro de Capital hizo un llamado al PC y al Mas para concretar un comando por el NO. En nuestra zona diariamente pasan miles de trabajadores. Pero aquí propusimos no solo repudiar el reaccionario plebiscito, sino también el “impuestazo” que decretó Grosso en la Capital. Finalmente, con el PC hemos constituido un comando que convoca a una jornada para el viernes 3 de agosto en la peatonal de Diagonal y Florida. Le hemos planteado al Mas que se integre a la actividad. Los compañeros bancarios, petroleros, estatales de la zona centro del PO ya nos hemos lanzado a la campaña. Comenzaremos el viernes 27 con un acto propio donde se denunciarán los “impuestazos”, las luchas en curso y se planteará la necesidad de organizar en forma independiente a los trabajadores contra la reforma reaccionaria y el régimen de explotación capitalista que nos oprime.

Hace pocos días la opinión pública pudo enterarse de que la tasa de desocupación en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires había alcanzado el récord histórico del 18%. “Revolución productiva” mediante, un millón de trabajadores se encuentran así en la calle y sus familias en la inanición. Un nivel de desempleo similar se verifica en Córdoba, mientras que el índice llega al 25% en Rosario y al 30% en Tucumán. ¿A dónde apuntan, entonces, los gobiernos responsables de semejante descomposición social cuando quieren reformar la Constitución y, para peor, servirla empaquetada al pueblo a través de un plebiscito? Los gobiernos que han sido impotentes para hacer frente al problema del hambre no se superarán ni serán superados con una nueva papeleta constitucional. Pretender lo contrario es un acto de distracción política. “Dime quién reforma y te diré lo que busca”. Es natural entonces que el proyecto inspirado por los dos partidos que en los últimos ocho años han presidido el derrumbe nacional tenga un carácter reaccionario. El proyecto que se obliga a la ciudadanía a plebiscitar no es ni siquiera reformista. Toma por base la Constitución del “fraude patriótico" de 1934, a la cual hace alteraciones que no afectan su régimen político. La “reforma” legitima así la Constitución que pretende “modernizar”. Democrático hubiera sido convocar a una Asamblea Constituyente que derogase en bloque esa Constitución del 34, asumiese la plenitud de las funciones gubernamentales y dictase una nueva Constitución. Pero éste es un reclamo imposible a partidos burgueses que han gobernado durante sesenta años con esa Constitución de la “década infame”. La reforma es reaccionaria. Refuerza el burocratismo estatal al declarar representantes de la soberanía popular a los funcionarios digitados; reafirma el sostenimiento de la Iglesia; desconoce el derecho de huelga; autoriza la violación de la correspondencia y no preserva las comunicaciones telefónicas de la intervención de los “servicios”; penaliza el aborto, dejando sin protección a la mujer y a la familia (hay mil abortos clandestinos por día); establece el trabajo obligatorio, una figura fascista, mientras no asegura la protección del derecho al trabajo; plantea la conciliación entre el capital y el trabajo sin derogar el carácter obligatorio con que es aplicada en la actualidad; mantiene la justicia de instrucción en manos de la policía. Prohíbe la soberanía de las Convenciones Constituyentes; introduce el plebiscito como arbitrio del Estado pero lo rechaza como iniciativa popular; al autorizar el veto parcial de las leyes permite que el gobernador promulgue su propia ley; exige que la Legislatura se transforme en apéndice del Poder Ejecutivo porque debe tratar en no más de 30 días los proyectos de éste; se autoriza la reelección del gobernador, lo que en un régimen burocrático acentúa el sistema de camarillas. Profundiza la privatización de la educación, lo que comporta su entrega ideológica al clero y a los empresarios, condicionando políticamente a los docentes y destruyendo la gratuidad. El gobernador Cafiero ha afirmado que en la “nueva" Constitución la educación pública tiene un carácter subsidiario respecto de la “educación familiar". Se trata de una regresión medieval que nos deja atrás de Grecia y Roma. La reforma autoriza por primera vez la intervención de los municipios por la provincia. “Descentraliza” los servicios de educación y salud hacia los paupérrimos municipios, para mejor privatizarlos y para justificar el incremento de los impuestos municipales. Autoriza las expropiaciones por utilidad pública, si son avaladas por la Legislatura, y carga las indemnizaciones al presupuesto municipal. Esta descentralización es una exigencia de la banca internacional para que el gobierno nacional utilice sus ingresos para pagar la deuda externa. Se trata de un ataque a las Iibertades democráticas, de un reforzamiento de la burocracia estatal y de una ofensiva económica contra el pueblo. Por esto llamamos a votar NO, advirtiendo que la modificación profunda que la Nación necesita sólo será posible con la conquista del poder político por parte de los trabajadores. El método confusionista del plebiscito ha servido para que algunos derechistas llamen también a votar No, en un acto propio de impostores, porque la reforma viabiliza la política del gobierno privatizador que están apoyando. Los hombres de la “economía Social de mercado” le objetan el uso de la palabra Social a Cafiero y a Alfonsín. Los grandes confiscadores del dinero del pueblo, como con el Plan Bonex o el pago forzado de la deuda externa, se quejan, pero la reforma sigue el camino que ellos han indicado. Los ucedeístas (y aun los radicales) que apoyaron la Constitución y la Constituyente inconstitucionales de Bussi (convocada por decreto) pretenden ahora posar de constitucionalistas. Los Alsogaray, los Cafiero y los Alfonsín sólo se disputan entre sí el control y los beneficios de las privatizaciones, cuando de lo que se trata es de poner fin al saqueo capitalista de Argentina. * Este artículo fue solicitado al compañero Jorge Altamira por el diario "Córdoba" de esa ciudad.

La reforma constitucional bonaerense es un monumento de impostura política. No hay absolutamente nada en el proyecto que se somete a plebiscito que no se encuentre ya en vigencia como consecuencia de las diferentes leyes, decretos o reglamentaciones que el Estado ha ido imponiendo en el curso del tiempo. El cercenamiento del derecho de huelga; la conciliación o el arbitraje en los conflictos laborales con carácter obligatorio; la penalización del aborto; la destrucción de la educación pública (a la cual Cafiero acaba de definir como subsidiaria); la privatización de la salud y de la educación; la subordinación del Legislativo al Ejecutivo; la injerencia de los servicios de informaciones; la descentralización provincial y municipal de los gastos sociales a cargo del Estado; el régimen de gobierno por decreto, y hasta los propios plebiscitos, disfrazados de consultas populares, todas estas “reformas” ya son práctica corriente de la gestión del Estado. La conclusión más elemental de todo esto salta a los ojos: no son las papeletas o cartas constitucionales las que determinan el carácter del Estado, sino que es éste el que determina la Constitución real. Esta simple constatación demuestra el carácter ilusorio de las propuestas que pretenden modificar el Estado a través de una reforma constitucional. Si los trabajadores y los explotados quieren una Constitución política que responda a sus intereses, primero será necesario conquistar el poder político y destruir el Estado burgués. Una tarea como ésta sería la más democrática del mundo, porque significaría poner fin a una inmensa y refinada maquinaria de opresión y de aplastamiento de los derechos políticos de la mayoría. Aún existen regímenes parlamentarios y Constituciones, pero la era del parlamentarismo y constitucionalismo burgueses ha terminado hace mucho tiempo en la mayoría de las naciones. El poder político es un inmenso aparato burocrático que se encuentra fuera del control de cualquier representación popular, suponiendo que esta misma representación popular no sea ya un refinado aparato burocrático. Concentrar la atención del pueblo en la posibilidad de reformas constitucionales progresistas es convertirse en fabricante de espejismos. La reforma menemo-cafiero-alfonsinista no solamente es reaccionaria, simplemente no tiene nada de reforma. Toma por base a la Constitución del. "fraude patriótico" del 34 y conserva naturalmente su régimen político. De manera que tal reforma es, en realidad, una legitimación, o dicho de otro modo, un acto de restauración plebiscitario. Un planteo constitucional-democrático consecuente debería partir de la anulación de la Constitución vigente y de la entrega de todo el poder político a una Asamblea Constituyente libremente elegida. Pero para esto la clase obrera debería conquistar el poder político, porque la burguesía ha usufructuado durante sesenta años de la Constitución de la “década Infame” y del conjunto del régimen constitucional mitrista del país. Denunciar las limitaciones insuperables del constitucionalismo burgués, su completo sometimiento al statu-quo y a la continuidad jurídica, y su tendencia histórica reaccionaria, ayuda a disipar las ilusiones políticas en el régimen burgués y a acentuar en las masas la tendencia a su organización independiente y a su movilización política. Consecuentes, precisamente, con este punto de vista, señalamos los extraordinarios límites que ha tenido la movilización de la izquierda en la campaña contra el plebiscito y reforma bonaerenses y llamamos a efectuar todos juntos un gran acto de cierre, que impulse la lucha del pueblo que hoy están librando metalúrgicos y docentes. * Este artículo fue solicitado a Jorge Altamira por el Semanario Propuesta

Excelente acogida está recibiendo nuestro folleto acerca de la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Esto se percibe en el nivel de la venta en empresas, en plazas, terminales y estaciones. Una recepción especial ha tenido entre los docentes y en los medios de difusión de las radios comunitarias, donde se han llegado a leer capítulos enteros del folleto Es muy importante toda esta difusión y la discusión que resulta de ella, pues permitirá demostrar la incuestionable superioridad del marxismo revolucionario frente a la fraseología constitucional y la vigencia de su método de caracterizar las Constituciones políticas a la luz del carácter de los regímenes sociales y políticos que las prohíjan. El contenido del folleto pone de relieve que el PO es el único partido de Izquierda que existe sobre la base de un programa y estrategia preciso y definidos Esto es lo que deberá asegurar en definitiva, su supremacía política. Pida, entonces, el folleto en todos los locales del PO.

El descomunal “impuestazo" dispuesto la semana pasada por la Municipalidad de Buenos Aires desató inmediatamente una enorme conmoción popular, sencillamente porque se agrega a la insoportable lista de acciones confiscatorias del Estado capitalista contra el pueblo. Este presupuesto comunal del afano fue aprobado en la votación general por el conjunto de los partidos representados (PJ, UCR, Pl, Ucedé, Unidad Socialista y Blanco de los Jubilados). Esto demuestra el contenido capitalista común a todos estos partidos y la inevitabilidad de que, a partir de ello, actúen en forma despótica y expropiatoria contra las mayorías populares. La U.C.R. está pegando un afiche en el que afirma que se opuso al impuestazo, lo cual es una mentira, porque votó el presupuesto de conjunto y luego, como otros partidos, propuso reemplazar algunos impuestos por otros. La Ucedé votó con las dos manos el robo de Grosso, lo cual es muy positivo, porque ha servido para demostrar cuánto miente un Albamonte o un Clérici o un Alsogaray cuando se reclama opositor a los “impuestazos”. El impuesto inmobiliario, que aumentó un 400%, golpea a los pequeños propietarios pero no a los grandes monopolios inmobiliarios, que lo transfieren a sus inquilinos. El impuesto a los Ingresos Brutos, que aumentó un 85%, se traslada enteramente a los precios, al igual que el costo de las patentes de los camiones, camionetas y colectivos. Solo los pequeños propietarios deberán hacer frente al aumento del 270% de las patentes con su propio bolsillo. En su afán recaudador, los concejales y el intendente votaron dos Impuestos que afectan los intereses de la burguesía: uno que grava la publicidad gráfica, radial y televisiva y el aumento de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre las transacciones cambiarias y bursátiles. Pero precisamente por esto, Grosso anunció que vetaría estos aumentos, al cabo de una furibunda campaña de oposición que la prensa y la Bolsa desataron contra ellos. “Después de una reunión con representantes de los medios —dice Ámbito Financiero, (25/7)— Grosso resolvió vetar el impuesto a la publicidad. De la misma forma “redujo la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre transacciones financiera que pasará de 15,25% a 4,9%“. Julio Ramos llegó entonces a la conclusión de que el intendente era “más lógico”. Grosso tuvo que eximir del impuesto inmobiliario a los jubilados que perciban menos de dos sueldos mínimos (1.000.000 de australes), simplemente porque éstos no lo podrían pagar nunca, ni el pago sería avalado en sede judicial, pero solo otorgó un descuento del 50% a los que tienen una remuneración de entre dos y tres haberes mínimos (1.500.000 australes). Queda confirmado el carácter confiscatorio del impuestazo, esto porque como los sueldos de la inmensa mayoría de la población laboriosa de la Capital no supera al de los jubilados quedan amenazadas de embargo las viviendas. “Asunto terminado" declaró Grosso después de los vetos y “flexibilizaciones” a favor de los patrones. Se equivoca, señor Intendente.

Don Antonio Cafiero le dio una lección magistral al diario La Nación acerca del significado de la tan cacareada función “social” de la propiedad que pregona la reforma constitucional bonaerense. Es sabido que La Nación and company han caracterizado a la “reforma” de “socializante” debido a que su texto afirma la “función social" de la propiedad. Claro que don Álvaro también habla de economía “social" de mercado y que el fascismo también se “maquilló" con el vocablo “nacional-socialista”, algo que La Nación prefiere no tener en cuenta. El añejo diario de los Mitre parecería querer un sistema capitalista sin una pisquita de demagogia. En un reportaje a toda página, Cafiero les dijo sencillamente a los periodistas de La Nación que era necesario incluir el carácter “social" de la propiedad para tener un respaldo constitucional para las “decenas de millones de dólares" que su gobierno está gastando para subsidiar “a los campos privados” afectados por las inundaciones. “Si yo no esgrimo el argumento de la función social de la propiedad —se descubrió Cafiero— esa inversión es altamente cuestionable”, pues con justa razón le podrían reclamar por que ese dinero “no lo ponés en el conurbano”, “por qué no salvas las carencias básicas de la gente en vez...” (de socorrer a la oligarquía) ¡Qué tal! ¡Los subsidios industriales y agrarios son constitucionalmente respaldados con la definición “social” de la propiedad! Como el campo, según Cafiero “cumple su función social produciendo, yo acá invierto 00 millones de dólares...” —una jugosa respuesta que dejó a La Nación boquiabierto y a los interlocutores de Cafiero buscando temas diferentes para el reportaje. Pero la principal lección de don Antonio apunta a los izquierdistas que defienden el “constitucionalismo social”. No comprenden que la propiedad privada es una relación social que consiste en el derecho de los poseedores a explotar a los no propietarios. Sin esta relación social la propiedad no sería tal, sino apenas un objeto de decoración o de consumo. Los políticos capitalistas que dicen que la propiedad tiene una función social enuncian una tautología, y están señalando que se valdrán de la maquinarla del Estado para hacer valer ese derecho de los explotadores allí donde sea cuestionado por los trabajadores o aún por la crisis económica, a costa también de los trabajadores. Cafiero defendió con uñas y dientes el intervencionismo del Estado en la economía... como “cuando uno desgrava impuestos". “Hemos desgravado más de lo que hemos cobrado. El año pasado hemos desgravado por más de 20 millones de dólares...", de impuestos a la gran propiedad. Lo que Cafiero no dijo es que esas desgravaciones fueron compensadas con “impuestazos" a la población trabajadora, o con inflación, como ocurrió con el impuesto inmobiliario y que llevó a importantes movilizaciones contra las intendencias y municipalidades. Estas definiciones de Cafiero terminan de pulverizar el pretendido “progresismo" que la centro-izquierda y el peronismo de “los 8" pretenden darle a la reforma alfonsino-cafierista. Vuelven a ratificar su carácter reaccionario y la impostura de los Frigerio y Albamonte que se han “colado” a la campaña del No para sembrar confusionismo en el campo popular.

Para los capitalistas, la Constitución es un escaparate que sirve para ocultar el carácter explotador del régimen burgués, disfrazándolo de Estado de derecho o de garantía de los derechos individuales. Este derecho individual es muy importante para el capitalista, pero para el obrero solo significa el derecho a ser explotado e incluso el derecho de perder el empleo y pasar a integrar la legión de los desocupados. Cafiero se ha empeñado, por esta razón, en demostrar que la “reforma" que propicia es una garantía mayor para la propiedad capitalista que la que establece la constitución vigente (ver artículo en esta edición y La Nación del 25/7). Es por eso que pretende asegurar con el fraude un triunfo del Si. Sin embargo la campaña del PO para lograr miles de fiscales no solamente apunta a luchar contra este fraude, sino por sobre todo a impulsar la organización de los trabajadores para luchar contra el Estado capitalista. Necesitamos MILES DE FISCALES, para que las boletas del NO estén en todas las mesas y para que no se abra ninguna sin este requisito, para establecer un escrutinio claro. Quedan muy pocos días para que el PO y el conjunto de la izquierda puedan lograr los 27.000 fiscales necesarios para que haya un fiscal del NO en cada mesa de hasta el último rincón de la provincia. ¡Adelante! El sábado 4 de agosto a las 17 horas habrá reuniones de fiscales del NO en todos los locales del PO en la Provincia para dar todas las instrucciones y clarificaciones que sean necesarias. ¡Concurra!

Menem ha vuelto a recurrir a la amenaza de reglamentar por decreto el derecho de huelga si el Parlamento no lo aprueba antes del 30 de agosto sin importarle dos rábanos que ello sería inconstitucional. El hecho sirve para demostrar que el Estado burgués necesita establecer el régimen de gobierno por decreto y que en esta dirección apuntan las reformas constitucionales de cualquier color o pelaje. Semejante régimen de gobierno por decreto es ya práctica corriente dentro de límites bastante amplios. Por decreto se declaró en dos oportunidades el Estado de Sitio. Por decreto se paga la deuda externa. Por decreto se confiscaron los ahorros a fin de año (Plan Bonex). Por decreto se privatizan las empresas estatales. Por decreto se indultan a los militares procesados y serán indultados Videla y Massera. Como garantía de este régimen de gobierno por decreto, la Corte no dio amparo a los detenidos en ocasión del Estado de Sitio; y ahora en su versión menemista amparó la ilegal privatización de Aerolíneas. Incluso admitió el adelantamiento de la entrega del gobierno a Menem, lo cual extiende el período de mandato de este y viola el mecanismo sucesorio previsto en la constitución. Aunque los radicales se muestren “sorprendidos" y hayan “reaccionado" ante esto que consideran un “nuevo agravio al Congreso”, lo real es que la reforma menemo-cafiero-alfonsinista bonaerense instaura este “agravio” en la nueva constitución porque establece que todos los proyectos de ley del Poder Ejecutivo “deberán ser consideradas dentro de los treinta días por la Cámara de origen, y en igual plazo por la revisora" (art. 93). ¡¡En la reforma constitucional que preparaba Alfonsín se establecía el régimen de decreto ley!! La urgencia de Menem para reglamentar las huelgas se debe a que constituye una pieza indispensable para llevar adelante las privatizaciones. Establece que durante los paros, los patrones pueden designar un grupo de obreros que debe asegurar la continuidad de las tareas. Los paros, a su vez deben preavisarse con 5 días de anticipación y reafirma el intervencionismo y arbitraje del Ministerio de Trabajo. La amenaza de Menem es también un tiro contra los paros metalúrgicos y docentes que ponen en ridículo el pedido de Lorenzo Miguel de que el Presidente “medie" en el conflicto. Menem está jugado a que la huelga sea derrotada y por eso quiere el derecho de huelga reglamentado.

Saúl Ubaldini ha vuelto a dar una demostración de su total alineamiento con el gobierno pro-imperialista. Aunque algunos izquierdistas intenten colocarlo a la cabeza de la oposición política al gobierno, y otros incluso como un abanderado de una supuesta vereda del No, lo cierto es que Ubaldini acaba de salir a respaldar la reforma reaccionaria de Menem, Cafiero y Alfonsín. Los “cuerpos orgánicos” de la CGT Azopardo han anunciado su respaldo al Si, pero no consultaron para ello al movimiento obrero en asambleas y plenarios. Tampoco les importó apoyar una “reforma” que desconoce el derecho de huelga en momentos en que Menem amenaza con reglamentarlo por decreto. La burocracia sindical respalda “orgánicamente” una Constitución redactada al servicio de los “privatizadores” y entreguistas. Lescano, de Luz y Fuerza, acaba de proponer la privatización integral de SEGBA; Diego Ibáñez hace rato le dio la luz verde a la entrega de las áreas de YPF; y Mary Sánchez acepta la “descentralización” de la educación, "principios” todos estos consagrados en la reforma de Cafiero. El voto por el NO el 5 de agosto es un voto también contra la burocracia sindical.

En 1934, un gobierno de ganaderos fascistoides, surgido de un golpe militar, modificó la Constitución de Buenos Aires, recurriendo para ello a la proscripción de partidos mayoritarios y a lo que ese mismo gobierno denominó el “fraude patriótico”. Ahora, menemistas, cafieristas y alfonsinistas han salido en yunta para imponer a la ciudadanía bonaerense la obligatoria participación en un plebiscito que, con el pretexto de la “reforma” de esa Constitución, deja en pie su estructura social y política fundamental. Asistimos, entonces, al pérfido intento de querer legitimar aquella Constitución fraudulenta y reaccionaria por medio de un voto popular a la Pinochet y a la Ceausescu, ya que la no asistencia al plebiscito está penada por ley. Pero la “reforma” refuerza aún más el carácter reaccionario de la Constitución vigente. Desconoce el derecho de huelga, en momentos en que Menem-Triaca se esfuerzan por derogarlo. Otorga rango constitucional a la concitación obligatoria que aplica el Estado contra las luchas populares. Establece un cínico y demagógico “derecho al trabajo”, pretendiendo ignorar que el gobierno que dice esto ha creado un millón de desocupados, luego de haber prometido la creación de 300.000 empleos. Refuerza la integración de la Iglesia y el Estado. Deroga oficialmente la responsabilidad “primaria” del Estado en materia de educación, y establece el absurdo de transferirla a la familia. Establece así el principio de la destrucción de la educación pública y gratuita, lo que ya es práctica corriente. Promueve la enseñanza clerical y privada. Liquida así la libertad en materia de educación, pues la pone bajo la dictadura ideológica del clero y los empresarios. Invoca la “defensa de la vida” para seguir entregando a la muerte y al negocio de la medicina clandestina, a las mujeres y familias que necesitan recurrir al aborto. No obliga al Estado a difundir la educación sexual ni las prácticas anticonceptivas. Es una “reforma” oscurantista y represiva. Admite la violación de la correspondencia privada y no prohíbe las “escuchas” telefónicas. Mantiene la competencia policial en la instrucción de los sumarios judiciales, con la conocida secuela de las confesiones “voluntarias”. No proscribe a los servicios de informaciones dedicados al espionaje político. ¡Liquida la autonomía municipal, pues admite su intervención por parte del poder ejecutivo provincial! Rechaza la soberanía de los vecinos para la redacción de las cartas orgánicas de los municipios. Ejecuta servilmente la principal exigencia del FMI y del Citibank, de transferir a los presupuestos municipales los gastos de salud, vivienda y educación, con el objetivo de que los ingresos por impuestos nacionales se apliquen al pago de la deuda externa. Carga a los presupuestos municipales las expropiaciones que deben realizarse por razones de utilidad pública. Condena de este modo a la completa miseria a los distritos obreros y a la ruina de las escuelas y hospitales. Plantea la posibilidad de los impuestazos para sufragar estos gastos, como el que acaba de largar Grosso en la Capital con el voto de la Ucedé y de los radicales. Esta “reforma” es el programa de acción que ejecutan todos los días los explotadores capitalistas sus partidos y sus burócratas sindicales contra el pueblo trabajador. A esta política hay que decirle No, pero a ella y al régimen que la impulsa solo los podrá derrotar la lucha unida y la organización independiente de los trabajadores. Algunos “muertos vivos” como Albamonte, Frigerio y la nueva Cicciolina criolla se han embarcado también en el No, a ver si pueden cosechar algo del repudio popular. Déles la espalda. Vote contra los estafadores y entreguistas para impulsar la lucha por un gobierno de trabajadores.