Prensa Obrera N° 308

El desembarco de la plana mayor del Citibank en Buenos Aires en un viaje relámpago (que incluyó a Brasil) fue hipócritamente presentado como un gesto de disculpas diplomáticas del Citi ante el presidente Menem, por las “apretadas" que el pulpo le aplicó para que demorara la “privatización" de Aerolíneas. Los que piensan que esta fue la razón de los capos máximos del banco neoyorquino, están soñando despiertos. El Citi no tiene el hábito de la disculpa y menos cuando se trata de gobiernos cuyo valor corresponde a la deuda externa que representan. El objetivo fundamental de la presencia de John Reed y de William Rhodes fue, en realidad, explicarle “didácticamente" a Menem que cualquiera sea la envergadura del programa de “privatizaciones", ello no exime a Argentina de pagar los intereses de la deuda externa atrasados y corrientes, que se están acercando a la friolera de 8 mil millones de dólares. Precisamente en el mismo momento en que los jefes del Citi se venían “Pa'l sur", la Reserva Federal norteamericana ordenaba a los bancos de Estados Unidos mandar a pérdida el 20% de sus créditos a Argentina y a Brasil, debido al atraso de esos pagos y sin que importe para el caso la puesta en remate de las empresas del Estado, en los dos países, a cambio de títulos de la deuda externa. El mismo “recado" de que hay que pagar los intereses con los dólares acumulados mediante el superávit comercial y con los que provengan de la parte recibida en efectivo por las “privatizaciones", dejó el presidente del FMI, M. Camdessus, en su reciente paso por Buenos Aires. Este “cortocircuito” o crisis explica el bajo precio al que aún continúan cotizándose los títulos que generaron las privatizaciones También explica la brutal decisión tomada contra Brasil a quién le han reducido las líneas automáticas de crédito comercial de corto plazo. Bonos, Ferrocarriles, Defensa y Segba Los hombres del Citi, que aparentemente quedó fuera de la entrega de Aerolíneas por la deserción de su socio Alitalia, han venido también para no renunciar a este bocado. Mediante las presiones al gobierno pretenden obligar a Iberia y a su socio, el Boston, a permitir que el Citi coloque títulos de su cartera para la compra de Aerolíneas. El Citi lograría entrar en el “curro" por la ventana, luego de que fracasó su intento de hacerlo por la puerta. Pero más allá de esto los jefes del Citi han venido a asegurarse que su exclusión de Aerolíneas no se repita para el caso de las subastas de las empresas petroquímicas, el área de Defensa y fundamentalmente ferrocarriles y Segba. Según Clarín (14/7), el gobierno ya habría accedido a duplicar el volumen de “capitalizaciones" (intercambio de títulos desvalorizados en poder de los bancos por propiedades nacionales), para estos rubros como para las áreas petroleras centrales que hasta el momento se pensaba vender al contado. Otro de los “negocios” que han venido a reclamar Reed y Rhodes es el acceso de la banca extranjera al mercado de títulos y acciones, que ha estado monopolizado hasta ahora por los comisionistas registrados en la Bolsa de Comercio. Esto les permitirá usar títulos de la deuda exterior para comprar acciones y empresas, y también les permitirá emitir títulos o bonos privados para aprovechar en beneficio propio el ahorro nacional o los “excesos” de dinero o efectivo que se encuentre en manos de capitalistas individuales. Ahora se ve mejor que una de las finalidades del plan Bonex, que terminó con gran parte de los títulos financieros emitidos por el Estado, ha sido, la de entregar la totalidad del financiamientos interno del país y del negocio de absorber el dinero ocioso, a los bancos internacionales. Aerolíneas: negocio financiero y depredación La crisis de la “privatización” de Aerolíneas fue muy instructiva. Aunque los pliegos se rehicieron y postergaron cuantas veces quiso el Citi, la disputa por el precio de los títulos con su socio italiano y la propia insolvencia financiera de Alitalia los dejó afuera. El Chase, otro número puesto para engullirse a Aerolíneas, tuvo el mismo problema con Varig y KLM al exigir a estas que paguen 25 dólares por cada título para adquirir su parte de Aerolíneas, los que en el mercado valen 12. Al final, e Citibank negoció una sociedad con Iberia-Austral, pero sin éxito. Aunque han quedado formalmente marginados de la licitación, el Citibank y el Chase tienen la sartén por el mango y por otros costados también. Como son los acreedores directos de Aerolíneas, de ellos depende el otorgamiento del “perdón" para que se concrete el remate. Por este lado harán valer sus condiciones, si es que no imponen directamente la convocatoria a una nueva licitación que les asegure la adjudicación. Como ya sucedió con ENTel, los bancos están aprovechando las tratativas generales de la deuda externa para obtener información “confidencial" y adquirir más títulos de la deuda lo que les da, como decimos más arriba, el control del mercado al que tienen que recurrir Iberia y sus socios para obtener los títulos necesarios para comprar Aerolíneas Argentinas. En mayor medida que ENTel, la entrega de Aerolíneas es un negocio puramente financiero en donde está ausente el aporte de capital productivo. A pesar de que AA dio importantes ganancias el último año, ha sido cotizada a un precio muy inferior a su valor de mercado Los aviones fueron tasados a 590.000 dólares cuando están valuados en 7 millones de dólares. Del pasivo de AA. se hace cargo la Tesorería, como ya ocurrió antes con Austral. Pero existe además la posibilidad de que cualquiera sea el comprador final, Aerolíneas termine desapareciendo como marca comercial y que sus rutas sean digeridas por algún yanqui o europeo. Esto estaría conforme con el proceso de monopolización aéreo que está en curso en el mercado internacional. Tarifazos, despidos y carestía El concepto de “privatización" oculta el saqueo y la expropiación capitalista de un patrimonio formado por el aporte de los contribuyentes, que se realiza en forma extraeconómica, a través del despotismo estatal. A partir de aquí se plantea una enorme ofensiva contra los trabajadores y el pueblo, que ha precedido y preparado los pliegos de adjudicación. Los tarifazos van a ser la primera medida de los nuevos dueños, que quieren cobrar precios internacionales pagando sueldos argentinos. El ferrocarril subirá 30% en zonas suburbanas, ya se suspendieron servicios a numerosas localidades, los combustibles treparán con la inminente decisión de “libre disponibilidad”, y ya se confirmó que los teléfonos se ajustarán en un 30,2%, lo que es más todavía porque se eliminará el impuesto para jubilados. La carestía viene a remolque de la entrega de las rutas nacionales a la “patria contratista" y el cobro de peaje, lo que va a fundir a las provincias más alejadas de Buenos Aires. En la Capital habría otro “impuestazo” para financiar la construcción de autopistas, la privatización de los estacionamientos y el control del tránsito. Los “curros" en danza son inagotables y hasta Incluyen la privatización del sistema carcelario. Pero el ataque central son los despidos y el atropello a las conquistas laborales. Ferrocarriles anunció que va a echar a 27.000 trabajadores para cerrar ramales y regalar el lucrativo transporte del cordón cerealero. Junto al puñado de bancos acreedores, un minúsculo grupo de contratistas del Estado se enriquece con el empobrecimiento de millones de argentinos. La burocracia sindical de Andreoni y Ubaldini son los principales responsables de este desfalco. Desgastaron todas las movilizaciones obreras contra la privatización, limitaron el programa de esta lucha a la defensa del estatismo burgués impotente, y su estrategia fue apoyar las modificaciones de los pliegos de venta de las empresas en el Parlamento, que los diputados negociaban con la embajada yanqui. La nueva etapa de combate contra las “privatizaciones" deberá ser encarada a partir de una estrategia completamente diferente. A la ofensiva capitalista hay que oponerle un programa revolucionario de expropiación de los usureros y el gobierno de los trabajadores.

La huelga general que paralizó Nicaragua durante más de diez días, tuvo algunas características de guerra civil, lo cual revela la falta de sustento de la tesis expresada hace varios meses por la dirección del FSLN, de que el triunfo de la Chamorro abria “una etapa necesaria de desarrollo capitalista” y de “confrontación democrática de proyectos sociales". Es la segunda huelga general desde que es gobierno la UNO (Unión Nacional Opositor - sic), pero en esta oportunidad además de la ocupación de edificios de gobierno hubo un levantamiento masivo de barricadas y enfrentamientos armados entre piquetes de huelga y comandos de la “contra". Algunos diarios pintaron una situación de semejanza a los días previos a la insurrección que derrocó al dictador Somoza hace once años. Al igual que lo ocurrido con la huelga general precedente, el enfrentamiento sólo llegó a su fin como consecuencia de la intervención decisiva de mediación del directorio nacional del FSLN. El gobierno oficial presidido por Chamorro fue impotente para lograrlo. Por primera vez se manifestó en el curso de la huelga, el papel fundamental de arbitraje de las fuerzas armadas y de la policía sandinistas, que impidieron que la huelga fuera más lejos, que defendieron de este modo al gobierno oficial, sin la necesidad de llegar a ejercer una represión abierta contra los huelguistas. Independientemente de la actitud más o menos “benevolente" del Ejército Popular Sandinista, esta experiencia puso en claro su inequívoco rol político de protector del gobierno y del régimen político burgueses de Nicaragua, y de las relaciones sociales sobre las cuales se asienta este régimen. Al igual que lo que ocurriera con la huelga general anterior, los trabajadores tuvieron que cesar la lucha sacrificando sus reivindicaciones fundamentales. "Los sindicatos cedieron en la cuestión salarial" (La República, Montevideo, 13/7), esto al "aceptar el 43% ofrecido por el gobierno y la promesa de un aumento para el mes de agosto acorde con la capacidad económica del Estado, al tiempo que se formará una comisión tripartita integrada por el gobierno, los empresarios y el FNT para elaborar una nueva ley de salarlo mínimo" (Ídem). Los trabajadores en huelga habían reivindicado, sin embargo, un aumento del 200% Con relación a la cuestión de la estabilidad laboral fue aceptado el pago de indemnizaciones a los 800 despedidos desde la asunción del nuevo gobierno. "El acuerdo no incluyó las demandas de los sindicatos de que Chamorro retire sus planes de privatizar empresas estatales y su programa de devaluaciones regulares de la moneda" (El Cronista Comercial, 13/7), lo cual es lógico, porque ambas figuraban en la política del FSLN cuando era gobierno. Pero son precisamente estas devaluaciones las que han generado una “inflación acelerada" (Sur, 12/7) que destruye los ingresos de los trabajadores y los campesinos pobres. El gobierno, finalmente, se comprometió a derogar un decreto que permitía a los terratenientes afectados por ¡a reforma agraria a volver a sus antiguas tierras en calidad de arrendatarios pero solo para pasar esta cuestión al Congreso, donde será objeto de una negociación con la bancada sandinista. El acuerdo fue alcanzado rápidamente, después de que la presidente se entrevistara secretamente con el expresidente Daniel Ortega. El jefe del Ejército, Humberto Ortega apareció en público con la Chamorro para afirmar que "el ejército es leal a la presidente y cumplirá sus órdenes de levantar las barricadas" (ídem), La guerra civil en potencia planteada por las huelgas se puso de manifiesto también en el llamado del vicepresidente, Virgilio Godoy, a formar un “Comité de Salvación Nacional" para enfrentar los piquetes de huelga por medio de las bandas armadas de la “contra", lo que llevó a que se hable de un conato de golpe de Estado. Esta posibilidad radicalizó la huelga, creando una situación que llevó al corresponsal del Financial Times en Managua a afirmar que “no está claro hasta qué punto los sandinistas ejercen el control sobre los huelguistas" (Gazeta Mercantil, 11/7). Es a la luz de estas circunstancias que el “estratégico" cardenal Obando se pronunció “contra un golpe de estado” y que “invitara a los dos poderes del país, el de doña Violeta y el Frente Sandinista, a tomar decisiones ponderadas" (Clarín, 12/7). El gobierno norteamericano era de la misma opinión: sintomáticamente, cuando Managua estaba cubierta de barricadas y había enfrentamientos armados entre los huelguistas y la “contra". Departamento de Estado no acusaba a los sandinistas de querer retomar el poder sino, apenas, de “sabotear la reconstrucción económica". El Departamento de Estado estaba sobreaviso de la posición política real de la cúpula sandinista. Esta pretende retornar al gobierno en las elecciones de 1995 y de ningún modo recuperar un poder que consideró mejor pasar a la Chamorro, empujado por un levantamiento popular. “Trabajamos por la estabilidad del país y por el respeto a la Constitución” (Ídem) dijo Daniel Ortega, lo cual en las circunstancias políticas actuales de Nicaragua significa convertir al Ejército y a la policía sandinistas en los árbitros de la lucha de clases en Nicaragua, como medio de protección del Estado burgués. La huelga puso a dura prueba el “pacto de gobernabilidad" existente entre el FSLN y la Chamorro, pero sirvió al mismo tiempo para confirmar a los ojos del imperialismo mundial y, a la burocracia rusa, de que no tienen otra alternativa en Centroamérica que profundizar ese ‘pacto de gobernabilidad".

La opinión generalizada de los observadores, invitados y periodistas que asistieron al congreso del Mas, que se realizó a fines de mayo, coincidió en que el congreso se caracterizó por la ausencia de un debate de controversias así como de cualquier otro tipo de discusión, de manera que se asemejó más a un acto público que a una asamblea deliberativa. Para un partido que pretenda fundar su política sobre la base de una estrategia y que responda a intereses históricos de clase determinados; que pretenda someter esa política a la verificación de la lucha de clases; y que pretenda, en definitiva, formar una vanguardia obrera mediante el insustituible recurso de la delimitación política con otras clases y partidos; en resumen, para un partido que pretenda esto, las características del congreso del Mas son el síntoma inconfundible de una deformación cristalizada o en desarrollo. El congreso le dio la espalda al debate sobre la Asamblea Constituyente, una consigna que para la dirección del Mas debe resolver la cuestión del poder y transformarse en el canal (pacífico y parlamentario) de la transición al socialismo. Una resolución del Congreso presenta a la Constituyente como una “alternativa democrática para que (Menem) se vaya”, pero otra la transforma en referéndum “sobre la continuidad o no de su política”. Esta revisión extraordinaria del punto de vista marxista sobre el Estado, coloca al Mas en la misma línea “teórica” de las corrientes “renovadoras” de los partidos stalinistas y de otros partidos democratizantes como el PT de Brasil y la Izquierda Unida de Perú. Ahora mismo, con relación a la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el Mas opone al planteo cafierista una reforma que sea efectuada por una Convención Reformadora convocada por el gobierno de turno. Se dejan de lado así las categóricas y reiteradas polémicas libradas por Trotsky acerca de que el carácter de una Asamblea Constituyente está determinada por el poder que la convoca. El congreso del Mas no tuvo en cuenta (más bien no puso siquiera en debate) la experiencia de las diez reformas constitucionales ya realizadas en las provincias desde 1984, que dieron a luz disposiciones reaccionarias y de integración del movimiento obrero al Estado, ni la experiencia de la Constituyente de Bussi que se declaró ¡soberana! —con la consecuente intención de asumir la dirección política cotidiana de la provincia mientras estuviera en sesiones. Ni qué decir que el congreso dejó pasar también experiencias internacionales como la Constituyente peruana de 1981, en la que la sección del Mas propuso una famosa "moción roja”, con la cual pensaba convertir a la Constituyente en institución revolucionaria, pero que terminó inevitablemente cumpliendo su función de ordenar el tránsito del régimen militar al “constitucional”. El congreso del Mas ni siquiera consideró, dadas sus características, las reiteradas afirmaciones de sus principales dirigentes acerca de que si Menem obtenía mayoría en una Constituyente, su política reaccionaria pasaría a tener legitimidad incluso con relación a la posición contraria que tuviera el movimiento obrero. Si gana Menem “tendrá legitimidad para privatizar todo lo que se le ocurra”, le dijo Zamora a Clarín (3/5). En este extremo, la consigna de la Constituyente tiene directamente un carácter reaccionario, porque somete a las organizaciones obreras creadas en oposición al Estado burgués, a la completa tutela de éste. El democratismo en abstracto se convierte así en la defensa concreta de un régimen de clase. El congreso tampoco consideró la posición del Mas y de Izquierda Unida sobre los sucesos de La Tablada y sobre el posterior boicot de ambos a una marcha de Madres contra las leyes de militarización del Estado. En aquella ocasión, el Mas e IU criticaron violentamente la “criminalidad” de los asaltantes, y hasta lo hicieron por medios extraordinarios como solicitadas pagas en los diarios, encubriendo la masacre que perpetraban Alfonsín y el alto mando militar para justificar la formación de un Consejo de Seguridad. El congreso tampoco examinó los acuerdos establecidos con Alfonsín con relación a la marcha contra el indulto, ni las reiteradas afirmaciones de los dirigentes del Mas acerca de que esta marcha fue un éxito porque habría logrado impedir la liberación de los comandantes en jefe, en momentos en que eran indultados centenares de oficiales y civiles. Otras más: el congreso tampoco discutió el desesperado intento de I.U. y el Mas para que Ubaldini cierre el acto del 1° de Mayo, cuando no había movilizado un solo sindicato contra el régimen ni roto en ninguna forma sus relaciones con el gobierno. De manera que la concepción de un “congreso abierto” produjo exactamente lo contrario de la posibilidad de un debate democrático y es contradictorio con los métodos de formación de un partido revolucionario, los cuales se deben caracterizar en todas sus manifestaciones por servir a la formación (educación política) de una vanguardia obrera. Frente del No Las características amorfas del congreso no fueron obstáculo (al contrario sirvieron de ariete) para que se adoptaran en él resoluciones que rompen por completo con una política marxista. Nos referimos a la consigna de organizar el “Frente del No”, en el cual se incluyen a los más variados representantes de la oposición al menemismo. En uno de los informes leídos en el congreso se afirma que “ha surgido un gran frente, un amplísimo frente, como nunca lo hubo en nuestro país, el frente del No...”, porque, se agrega, “nunca hubo un gobierno tan abiertamente proimperialista, hambreador y entreguista como éste”. Semejante descripción cobija dentro del Frente desde los Cafiero y Alfonsín hasta Izquierda Unida (y hay hasta quienes meten al PO). Un frente de esta amplitud es un típico “frente popular”, es decir un frente burgués-obrero, cuyo contenido político no puede ser sino burgués. Este planteamiento es una versión vulgarizada de la tesis stalinista, favorable al llamado “bloque de las cuatro clases”, que parte de la afirmación de que la presión imperialista une a las clases de la nación que es oprimida y hasta nivela sus intereses y aplana sus contradicciones. La experiencia histórica mundial y la realidad argentina contemporánea demuestran lo contrario: la opresión imperialista (o “la entrega”) agudiza enormemente los conflictos y luchas de clases, no solamente separando de este modo más abiertamente a la clase obrera de la burguesía, sino forzando como nunca antes a las clases intermedias de la sociedad a elegir su campo de lucha. Las huelgas de metalúrgicos, docentes, empacadores de frutas, trabajadores fueguinos y patagónicos, contra la burguesía, son una prueba de ello, como también lo es el pasaje de la burocracia sindical al campo de la “entrega”. La reforma reaccionaria de la provincia de Buenos Aires ha llevado a muchos de la “vereda del No” a votar por el Si (y aún a varios de la “vereda” de la “entrega” a votar por el No), es decir a votar a favor de la Constitución que incorpora las exigencias del FMI. SI no hay una dirección consecuente de la clase obrera, las clases intermedias pueden ser ganadas por derechistas demagógicos y fascistas, en lugar de revistar en el campo de lucha que dirige la clase obrera. En realidad, aunque la política oficial suscite toda clase de contradicciones y crisis, el frente del No a este gobierno no existe. El Frente es un concepto político, para que exista debe mediar un acuerdo entre partidos, lo cual requiere una homogeneidad relativa de intereses. La coincidencia entre quejas, protestas o reivindicaciones no constituye un Frente; éste solamente existe cuando es explícito y tiene una fisonomía política concreta. Para que exista un Frente que englobe a los partidos de la burguesía y a los del proletariado es necesario que estos últimos se subordinen a la estrategia de los primeros (nunca ocurrirá lo contrario) y naturalmente que esos partidos obreros se esfuercen por restringir el planteamiento político propio de la clase obrera hasta hacerlo entrar en el chaleco de fuerza de las posiciones burguesas. Por este motivo, un Frente de estas características es contrarrevolucionario. Después de más de sesenta años de lucha del marxismo contra el stalinismo contra los Frentes Populares (y desde mucho antes aún, esto si se considera que la primera experiencia trágica de Frente Popular fue el gobierno provisional de Francia, entre febrero y junio de 1848), tenemos a un partido formalmente trotskista adoptando la política del stalinismo en extinción. Claro que nada viene de la nada: las conclusiones (preestablecidas ) del congreso del Mas, constituyen una “profundización” (si cabe la palabra) del legado “teórico” de N. Moreno y, por sobre todo, de su tradición política. La conclusión política frentepopulista la sacó sin ninguna dificultad un diario como La Nación, que más que un diario es una institución de la burguesía y del Estado, al titular que el Mas propugnaba “un gran frente de oposición” (29/5), agregando que planteaba “un gran frente nacional con la convicción de que ésta será la única alternativa para que pueda gobernar el pueblo”. La caracterización de La Nación constituye, hasta cierto punto, un certificado de legitimidad burguesa para esta política. Movimientismo Estas conclusiones se alcanzaron sin debate de posiciones enfrentadas y más bien sin ninguna clase de debate. Como el plebiscito de Cafiero, forma y contenido se complementan. Es indudable que estas posiciones reflejan una presión de la desharrapada “centro-izquierda”, que está procurando estructurarse como Frente para las elecciones de 1991. Todos los llamados al Frente del No por parte del Mas, van en esta dirección: Ubaldini, el grupo de los 8 y hasta la izquierda de la UCR. De manera que aunque el congreso ratificó la vigencia de Izquierda Unida, lo más probable es que se le haya extendido un certificado de defunción. El PC en disgregación ya no es un puente para el “Frente de oposición” y tampoco representa un imán político de nuevas fuerzas; de cualquier manera, la resolución por un Frente del No va en contra de una política de frente de izquierda. Esto ya se ha puesto de manifiesto en la campaña específica contra el plebiscite bonaerense, en las dilaciones a realizar movilizaciones políticas conjuntas y actos públicos comunes del Comando del No, que se ha formado entre IU, PO y otras fuerzas. El congreso también votó la propuesta de formar en todos los frentes de trabajo “agrupaciones del No” — lo que significa que dejarían de existir las agrupaciones partidarias, por ejemplo en el movimiento obrero, para dar paso a agrupaciones políticamente indiferenciadas o indefinidas desde el punto de vista político. De manera que, más allá del “frente opositor”, el Mas pretende convertirse en el receptor único de la "vereda de enfrente” o en un “movimiento del No”. Este planteo es completamente consecuente, porque a nuevo programa nueva organización. El reemplazo de un programa rigurosamente formulado como expresión conciente de la época y de los intereses históricos del proletariado, por tres o cuatro consignas de No, debe dar lugar a un movimiento que corresponda al nuevo programa. Advertido o no, el congreso ha votado el abandono de la construcción del partido en beneficio de la formación de un Movimiento. El Movimiento se diferencia del partido en que pretende armonizar intereses y planteos de clases diferentes y contradictorias, para lo cual necesita abandonar el principio de la delimitación política. La sustitución del partido por el movimiento no excluye, sino que por el contrario implica, el reforzamiento de la burocracia o aparato existente, que pasaría a ser su dirección práctica. Ningún movimientismo logró superar nunca las contradicciones entre bases y dirección — al contrario, exacerbó enormemente el peso de los sectores parlamentarios o con posiciones sindicales, es decir, de los que gozan del beneficio de la función estatal o de la integración al Estado. La contradicción base-dirección solo puede ser superada por medio de un partido organizado para la lucha, capaz de adaptarse a las características cambiantes de ésta, y mediante la aplicación de los principios de la centralización de la actividad y de la democracia interna. El Mas no tiene su nombre actual por casualidad, pues precisamente en su fundación hizo un planteo movimientista dirigido a fas corrientes del viejo socialismo que existían en el país, a las que llamó a formar una fuerza común. Era la época en que se presentaban los triunfos de Felipe González o de Miterrand como victorias propias, que demostraban la vigencia internacional del “socialismo”. Se ve entonces con claridad que el congreso “abierto" donde no se discutió nada, no tuvo nada que ver con una “desprolijidad” o improvisación. Fue un típico congreso movimientista , de acuerdo a la definición del reformista clásico Eduard Bernstein, “el movimiento es todo el objetivo no es nada”. Crecer, avanzar, adaptarse, conquistar posiciones — dejar de lado la preparación política revolucionarla de los activistas y de las masas. Claro que la variante movimientista tiene el límite insalvable de las contradicciones explosivas de la historia. Desde Gorbachov, los reformistas “de mercado” rusos y euro-orientales, el castrismo, el PT de Brasil o el FA de Uruguay, y ni qué decir de los “eurocomunistas”, en particular los italianos, el movimientismo está a la moda. Y con toda razón, porque es una forma extrema de adaptación de las burocracias obreras al medio hostil que les van creando las situaciones revolucionarias que tienden a formarse en numerosos países.

En la actualidad ningún acontecimiento político, cultural o social es capaz de tener atrapado casi durante treinta días a la mayoría de los países del mundo. El fútbol lo consiguió. Las condiciones cada día más paupérrimas de las masas no impiden que se practique el fútbol en todo el planeta, porque para hacerlo no se necesita ser socio de ningún club, ni equipos costosos, ni alquilar canchas. El fútbol sigue siendo en el mundo un asunto de potreros. Así es que de fútbol todos saben y todos opinan, acá en la Argentina, en los países árabes o en África. El fútbol es el deporte propio de los pobres. El mundial es un opio Cada cuatro años la FIFA arma el mundial y éste se transforma en el acontecimiento del planeta. Nadie del “gran mundo" está en contra, pues todos ganan con él. Los diarios la TV, las radios las empresas gráficas, los empresarios, los auspiciantes, los jugadores que van a la vidriera del mundo para luego cotizarse a nivel internacional, los técnicos con similares intereses. Los trabajadores, que no ganan nada con él, son manipulados durante treinta días, para beneficio de los gobernantes de turno, y por medio de cualquier golpe de efecto. En 1978 a Videla le armaron un mundial para blanquear su política. En 1990, Menem trató de acomodarse a los resultados de la selección, durante 30 días se suspendieron guerras, se levantaron reuniones parlamentarias, las entrevistas de presidentes se realizaban en las tribunas, y hasta se paró la agitación de la izquierda a la espera de que pasara la “fiebre” del mundial. En fin, hubo una tregua de treinta días impuesta por los grandes capitalistas de la FIFA, con el acuerdo de todos los gobiernos del mundo. El fútbol profesional es un gran negocio Los capitalistas del fútbol no se rigen por los patrones que se rigen los hinchas argentinos. Para ellos no hay problemas de racismo, ni de norte y sur, o de países desarrollados y sub-desarrollados. En Italia juega la mitad de los integrantes del seleccionado argentino y la mitad del seleccionado alemán, el 90 por ciento del seleccionado uruguayo y el setenta del de Brasil. Austria, Holanda, Yugoeslavia, España e Inglaterra aportan lo suyo para este gran negocio que es el fútbol. Estos viven en Europa con sueldos de miles de dólares, pero cada cuatro años, cuando se tocan los himnos de cada país son más “nacionalistas” que nunca, y no digamos si se lo chiflan. Las circunstancias (no la calidad del juego) permitieron que Argentina pudiera ganarle a los locales europeos que tenían todo preparado para llegar a las finales, entre otras cosas porque son los verdaderos dueños del negocio del fútbol actual. A medida que se progresaba hacia la final, la prensa derechista italiana y argentina alimentó todo tipo de nacionalismo para incentivar la pasión de la población. Pero el mundial no le deja nada a los trabajadores. No es correcto identificar las movilizaciones que saludaron a la selección con un repudio a Menem, tampoco es un síntoma de tiempos y movilizaciones futuras Fiesta Las verdaderas epopeyas de los pueblos del mundo no están ni estarán impulsadas por manifestaciones manipuladas por las burguesías Como la canción de Serrat...“se acabó la fiesta". “Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a sus riquezas y el señor cura a su misas". Los trabajadores vuelven a sus puestos. Los cables nos transmiten que en Italia habrá una huelga general contra la decisión de las patronales de no reconocer la escala móvil de salarios (24/6/90, La República) algo que no ocurre desde hace dos años. En Argentina se tendrá que seguir enfrentando las privatizaciones entreguistas de Menem, la reforma reaccionaria de Cafiero, la política de indultar a los genocidas. La republiqueta de Camerún será asediada por movilizaciones de los negros hambrientos, los holigans no son la política de la Thatcher, no es Kohl el representante de los que tiraron abajo el muro de Berlín. Que se divierta el pueblo que no es sabio. Que festeje por algo no es malo, lo malo es alentar expectativas que sólo llegarán de la mano de la organización revolucionaria de las masas y no de las manipulaciones de los "comunicadores sociales”.

Buenos Aires tiene nuevo Arzobispo. Al igual que todos sus antecesores, no fue elegido por la ciudadanía ni tampoco por la grey católica, sino simplemente digitado por el Papa. A pesar del carácter manifiestamente antidemocrático de la nominación, el nombrado tendrá una injerencia colosal y decisiva en el Estado argentino, considerablemente mayor que la de todos sus ciudadanos juntos. Porque el flamante Quarracino no vota cada dos o seis años sino todos los días, imponiendo gracias a los recursos y relaciones de la Iglesia su voluntad política incluso al más taimado de los gobernantes. Pero la designación específica de Quarracino tiene el significado especial de significar una ofensiva en regla del Vaticano a favor del indulto y de la clericalización de la enseñanza y la política, a través del apoyo a Menem. Quarracino no se comió palabras en la primera declaración que hizo apenas se conoció su nominación: “No importa como se llame perdón, indulto o amnistía, hay que hacerlo... Para el bien del país hay que dejar zanjada esta cuestión de los comandantes presos" (Sur, 12/7). Menem naturalmente felicitó sin vueltas la elección de “su amigo". Después de todo, pertenece a la fracción del episcopado que apoyó la candidatura presidencial del riojano, contra los que preferían a Angeloz. Menem pasa a gobernar así, con “liberales" en economía y con “integralistas" en política. El prontuario de Quarracino habla por sí solo. Ha sido el pregonero más descarado del indulto desde 1983, cuando se pronunció a favor de una “ley de olvido" y no dejó de visitar puntualmente a Videla en el Penal de Magdalena. En la época de la dictadura declaró que “los desaparecidos están paseando por Europa” (Sur, 11/7), mientras mantenía una estrecha relación con Monseñor Plaza, amigo de Camps y comprobado visitante de los campos de concentración. En la última década Quarracino encabezó una cruzada contra el sandinismo financiada por la CIA. Es indudablemente un “militante”. El Vaticano que tiene derecho de interferencia en la soberanía nacional designando hombres públicos que viven con los impuestos que paga el pueblo argentino, se tomó tres años para designar a Quarracino, que era resistido por Alfonsín. Su elección apunta a reforzar también el actual curso reaccionario. Es un fiel retrato del régimen político dominante.

El desfile “cívico-militar” del 9 de julio fue un cambalache que hubiera asombrado al propio Discepolín. Nada tuvo que envidiar al del 6 de abril (la Plaza del Sí) Tras los blindados y los infantes de marina desfilaron cerdos, vacas y gallinas, chatas portando plantas de cereales, chinos acróbatas simulando un dragón, grupos de gauchos, de indios, de clubes de barrio. La Iglesia aportó alumnos de colegios religiosos. El momento más emotivo, sin embargo fue el paso de los ex combatientes de Malvinas, testimonio vivo de la negligencia e incapacidad de los mandos militares que el desfile pretendía reivindicar. El bloque del autoindulto estuvo completo. Los mandos militares fueron acompañados por la oligarquía, la Iglesia y los privatizadores. Lo que faltó naturalmente es el pueblo. El argumento de que la escasa concurrencia se debió a la lluvia es ridículo pues a esa misma hora decenas de miles de personas se agolpaban desde Ezeiza a Plaza de Mayo para recibir a la selección de fútbol. Los que fueron, por su parte, son los que siempre estuvieron a favor del indulto y del proceso. No es novedad que los Alsogaray apoyaron al Proceso y están a favor de una reivindicación del rol de las fuerzas armadas en la “guerra sucia”. No puede asombrar entonces la presencia de los habitantes de los elegantes barrios que recorrió el desfile, de la avenida Libertador y Palermo Chico, saludando desde sus balcones. Con el desfile sólo se sumaron los familiares de los que desfilaron. Se dio el caso poco habitual que los 20 mil que desfilaron equilibraran a los espectadores. El objetivo gubernamental de lograr a través de la adhesión al desfile una manifestación de consenso hacia el próximo indulto resultó, así, un completo fiasco. En el propio desfile se vio a cuerpos como el GAM (Grupo antitumulto motorizado) mientras el locutor oficial ponderaba la utilidad del armamento presentado para combatir la “guerrilla urbana”, la “guerrilla rural” o para asegurar la “paz social”, es decir, para reprimir las huelgas, manifestaciones y ocupaciones de fábricas que resultarán inevitablemente de la aplicación del plan hambreador de los privatizadores. En su discurso en la cena de las fuerzas armadas, el viernes 6, Menem señaló la necesidad de “recobrar el orgullo y la dignidad militar” y del “reencuentro entre civiles y militares”. Pero su intención de indultar a Videla y Cía. no tendrá en cuenta que el divorcio entre el pueblo y sus represores sigue en pie.

Una oleada de huelgas de trabajadores estatales está sacudiendo a Tierra del Fuego. Están ATE, municipales, docentes primarios y secundarios, y sanidad pública. Las huelgas tienen un carácter activo, con movilizaciones callejeras conjuntas en Río Grande y en Ushuaia. Esta también surgiendo una nueva camada de delegados y activistas. En Ushuaia la asamblea municipal desplazó a su secretario general, por colaboracionismo con el gobierno Crisis política Las huelgas han desnudado la quiebra del Estado territorial. El gobernador menemista Torrea fracasó en obtener del gobierno central el pago de regalías e impuestos co-participables, que constituyen el 85% del ingreso del Tesoro territorial. Entonces, echó mano de los fondos del Banco del Territorio, pero los estatales continuaron so-portando deudas y atrasos salariales. Ahora, los ucedeístas y un sector del PJ acusan a Torres de desvío de fondos y reclaman su enjuiciamiento. Al mismo tiempo reclaman una “drástica racionalización administrativa", es decir, despidos masivos. El fraude de la provincialización La crisis en curso ha revelado adónde lleva la provincialización de Tierra del Fuego: a más impuestos zonales en reemplazo de lo que debería apodar el Estado nacional y que va al pago de la deuda externa. Para luchar contra esta ofensiva económica y política contra los trabajadores, es necesario un plan, que debe salir de un congreso de delegados obreros del territorio y de todo el país. A través de éste, el movimiento obrero organizaría la huelga general por sus reivindicaciones inmediatas y fijaría su propia posición política frente a la provincialización y las elecciones constituyentes. El mapa de la nueva provincia... lo trazan la Thatcher, Cavallo y Alsogaray La “ley de provincialización" de Tierra del Fuego aprobada por el Parlamento nacional ¡fue modificada antes de que pudiese entrar en vigencia! Bajo la presión de la diplomacia de Thatcher y Bush, Menem veto el artículo de la ley que incluía a Malvinas y al Sector Antártico dentro de las fronteras del nuevo estado. No fue suficiente, como ya lo habíamos previsto en esta página, que el artículo vetado hubiera condicionado la vigencia de esas fronteras (y por lo tanto la soberanía nacional) a los tratados que firma el gobierno nacional. El ucedeista (y “nacionalista") Durañona y Vedia, se encargó de reformular el artículo “limitando la jurisdicción de la provincia al Territorio de la Isla Grande, Islas de los Estados e Islas de Año Nuevo”. En relación a Malvinas y Antártida el ejecutivo provincial actuaría sólo “como delegado federal del gobierno nacional, tal como lo viene haciendo el gobernador del Territorio" (Tiempo Fueguino, 16/6/90). La UCR fueguina (caputiana) informó que “apoya en su integridad esta propuesta", “que comparte (también) el justicialismo" (ídem). Pero esto también es puro “verso". La diplomacia de Malvinas pasa por Cavallo, Bush y Thatcher, es decir, por los agentes de los intereses pesqueros internacionales y de la OTAN. Nótese que la diplomacia colonial argentina no pudo conseguir nada de la “distensión" (más bien integración) entre yanquis y rusos y que la fortaleza militar pirata sigue ahí inmune al derretimiento de la guerra fría.

Primero fue una denuncia efectuada por la Gremial Interna de ATE la que destapó las decenas de muertes por desnutrición en el Hospital Moyano. Mientras los funcionarios responsables trataban de encubrir los hechos y pasarse las culpas, se produjeron más muertes. Es que la desnutrición no se para por decreto ni tampoco puede hacerse eso con la política capitalista de destrucción de la salud. Ya “en marzo pasado, una asamblea de profesionales solicitó que se declarara al Moyano en estado de emergencia ante la falta de alimentos, insumos básicos y recursos humanos, pedido que no tuvo respuesta" informa Clarín (5/7). Nuevamente, la única manifestación de alerta y preocupación partió de los trabajadores — de los que, en la jerga capitalista, “no quieren laburar". Pocos días más tarde, los trabajadores del Malbrán denunciaron que el Hospital estaba prácticamente fuera de servicio — lo que imposibilita la aprobación de más de 250.000 dosis de vacunas obligatorias— porque “no recibe partidas presupuestarias desde hace ocho meses". El colapso de la Salud Pública inmediatamente desató una crisis política en el Ministerio de Acción Social. La subsecretaria de Salud, Matilde Menéndez, reconoció que “el Hospital está superpoblado y que sólo hay una enfermera cada 200 internas” porque el organismo a su cargo —se "acordó" la funcionaría— “no tiene fondos para atender las necesidades hospitalarias" El ministro Bauzá aprovechó para despedirla y para revelar que la doctora Menéndez sólo había utilizado el 7% de los fondos presupuestados para salud (El Cronista Comercial, 13/7). Lo que ni Bauzá ni la doctora Menéndez dicen es que, de no haber estallado tan “inoportunamente" el escándalo del Moyano, esos fondos habrían quedado retenidos en la Tesorería para crear el “superávit fiscal" que el gobierno ha comprometido ante el FMI para pagar la deuda externa. ¡Esta es la cuestión! La crisis del Moyano, sin embargo, no parece ser la única causa de la crisis ministerial. “El relevo de la doctora Menéndez pone al Poder ejecutivo ante la resolución de una de las cuestiones estratégicas para el rumbo general de su gestión: el pedido del gobierno de los Estados Unidos para que nuestro país admita el régimen internacional de patentes de medicamentos” (El Cronista Comercial, 13/7). El reclamo encuentra la oposición del ministro Bauzá, que hace causa común con los pulpos farmacéuticos nacionales. La subsecretaría Menéndez, en cambio, llegó a comprometer en Washington la aceptación argentina. Las muertes por desnutrición en el Moyano han servido para “arreglar”, por ahora claro está, el enfrentamiento entre los pulpos farmacéuticos. El patentamiento transferiría a los pulpos extranjeros los extraordinarios beneficios que la protección del mercado nacional ofrece a los nacionales. El ministro Bauzá ha logrado sobrevivir a una nueva crisis después de los escándalos de los bonos solidarios y de los guardapolvos. La cabeza de Barrionuevo está asomando para poder quedarse con todo a costa de Bauzá. Barrionuevo acaba de impulsar para el cargo de Subsecretario de Coordinación y Administración (encargado del manejo del presupuesto del Ministerio) a Carlos Sergnase, quien “está siendo investigado por enriquecimiento ilícito en la función pública” (Clarín 14/7) ¡Defendamos el Hospital Público! Según Bauzá, "Menem pide soluciones inmediatas y definitivas”. “Hemos sido autorizados” -agregó— a terminar con el congelamiento de personal, lo que implica una excepción a la Ley de Emergencia Económica” (Clarín, 6/7). Colocado bajo presión, el ministro no tiene empacho en reconocer que la Ley de Emergencia Económica —que votaron peronistas y radicales— ha condenado a los hospitales a la falta de personal e insumos elementales y a los pacientes a la muerte. Pero esto no lo va a cambiar Menem. La época de la Salud Pública ha sido dejada completamente atrás por el capitalismo, ya que la ley de la explotación y del beneficio lo obliga a transformar la medicina en una rama de la producción mercantil. Salud Pública y mercado son incompatibles, lo mismo ocurre, a término, entre la Salud Pública y el Estado burgués. Esta es la situación, por lo que la única perspectiva realista es una política anticapitalista. Para defender la Salud Pública, es decir, la salud como derecho social, hay que luchar a muerte contra el gobierno fondomonetarista. Por una comisión investigadora de los trabajadores, técnicos y profesionales elegida en asamblea. Coordinadora de gremios y asociaciones profesionales de salud para organizar la lucha, retomando el camino de los médicos municipales. Contra el cierre de los servicios, contra las privatizaciones y los despidos, por el aumento salarial, por el aumento de presupuesto. Expropiación de los pulpos sanatoriales y farmacéuticos bajo el control de los trabajadores. Por un plan único, gratuito e igualitario de salud, no al pago de la deuda externa.

Con bombos y platillos, las seccionales provinciales de ATE y UPCN anunciaron la celebración con Cafiero de la convención colectiva para los estatales bonaerenses. Pero la información periodística aclara que dicho convenio incluye el principio de la “autorregulación” del derecho de huelga, lo cual entrega el principio elemental de defensa del movimiento obrero. El dato lo sacamos del diario Clarín (3/7/70) porque la burocracia no ha informado acerca del contenido de este acuerdo, que sin embargo elogia. La desconfianza de los compañeros, se expresa en los reclamos de distintas reparticiones para que los delegados “bajen” con la información; y en el fracaso del acto público organizado por la burocracia en “celebración" de la paritaria (200 compañeros).

El intendente de Salta con el apoyo del Concejo Deliberante se ha lanzado a privatizar sectores y servicios (Mataderos, terminal, barrido y limpieza, electricidad, etc.), en beneficio de empresas contratistas emparentadas en muchos casos con los altos funcionarios municipales. Las privatizaciones se hacen en nombre del ahorro del gasto público pero significan en realidad mayores gastos y despidos masivos de personal, cuyos salarios son desastrosos y no los cobran en fecha. Prensa Obrera se reunió con un grupo de trabajadores que tienen deudas salariales a cobrar de la municipalidad Con la posición que ha tomado el sindicato no creo que cobremos -nos dijeron—. Tanto la directiva como el sector cercano a Serrano proponen dejar todo supeditado a la vía “administrativa”. La directiva de Díaz se ha negado a convocar una asamblea general del gremio para tratar el tema a pesar de que se le presentaron 450 firmas, que es mucho más de lo que pide el estatuto para que se haga la asamblea. El Intendente dice que no hay plata pero cada vez que vamos a una lucha aumenta las categorías altas y a los de abajo nada. Nosotros reclamamos que el trabajador controle la recaudación y así veremos a dónde va a parar. Sabemos desde ya que la FEPA (Federación de transporte de pasajeros) debe millones de multas que jamás paga (por andar con los colectivos violando todas las exigencias de normas de tránsito), que se cobren esas deudas y habrá plata para que se pague esa deuda a nosotros y nos aumenten los sueldos. Nos piden que aguantemos y que hay “crisis'', pero la última venida de Menem a Salta costó setecientos millones. Mirá, acá lo que tenemos que hacer es exigir al sindicato que convoque a asamblea y si no, nos autoconvocamos. La plata no va a aparecer por medio de papeles sino cuando en la asamblea decidamos un plan de lucha por el cobro de la deuda y para terminar con las privatizaciones" concluyeron los compañeros.

El día 13/7 se realizó en la Federación de Box una asamblea general de ATSA Buenos Aires que debía ser la respuesta del gremio al fallo judicial que anula las últimas elecciones y dispone la caducidad de la actual Directiva lU-ubaldinista. La asamblea se desarrolló en medio de una intensa campaña de la burocracia nacional (FATSA) en respaldo de la intervención decretada por el juez, pero lamentablemente sólo sirvió para demostrar la impotencia política de la dirección “izquierdista”. Desde hacía varias semanas se venían cerrando las pinzas del operativo de la burocracia y el Estado contra la filial Buenos Aires de ATSA. La FATSA, que controla West, había resuelto expulsar a los congresales de Buenos Aires con el pretexto de la “violencia” ejercida por una manifestación de 500 trabajadores de la filial, que habían reclamado ante la sede de FATSA por el salario y por la participación en las paritarias que monopoliza West Ocampo. La nulidad de las elecciones ante la justicia laboral se viene tramitando desde agosto del 89. En los once meses transcurridos la conducta de la dirección de Buenos Aires, de fantástica pasividad en todos los planos, en especial ante el avasallamiento permanente de las patronales (sueldos de hambre, despidos, cierres de establecimientos), lo cual permitió que la burocracia recuperara establecimientos clave como el Sanatorio Güemes, y los Hospitales Italiano e Israelita, entre otros. Bajan los brazos Ante la ofensiva de FATSA y la Justicia Laboral, las agrupaciones que integran la dirección de ATSA se revelaron incapaces nuevamente de movilizar al gremio. El Mas impulsó una alianza con las listas burocráticas Gris y Blanca, para llamar a elecciones. Sus volantes hacen “un llamado especial a los compañeros de la Lista Blanca y al compañero Alonso del Güemes”, para “el llamado a nuevas elecciones”. El PC, en su prensa, reconocía “la falta de acuerdos con el Mas”, pero justificaba su inacción, por lo que llamó “desarticulación y falta de atención política”. (Reportaje a tres miembros de la directiva de ATSA del PC) (Propuesta N° 35). Pero el PC y el Mas coincidían en la “imposibilidad” de movilizar al gremio, a pesar de que la movilización a FATSA y la creciente asistencia de delegados a los plenarios demostraban lo contrario. La agrupación ASIS, en cambio, planteó la posibilidad de poner al gremio en marcha sobre la base del reclamo salarial y la realización de asambleas de establecimiento que voten sus propios paritarios y sus pliegos de condiciones. Es indudable que la tesis de que el gremio no dá, servía como anillo al dedo a la política de adaptación a FATSA y de usufructo burocrático de la filial Buenos Aires. La asamblea La asamblea general no fue, entonces, un objetivo para la preparación y movilización del gremio. Asistieron 600 compañeros, terriblemente pobre. El dato político sobresaliente fue la jugada del peronismo atacando a la izquierda. La 17 de Octubre, que forma parte de la conducción de ATSA y sectores de la Blanca tomaron la iniciativa como quintacolumna política de West Ocampo. Impusieron el canto del Himno Nacional “porque somos todos argentinos” y más tarde cantaron la marchita. Después de proponer el inmediato llamado a elecciones se fueron retirando de la asamblea. Esta terminó con menos de 300 compañeros y con una resolución general y anodina: estado de alerta y funcionamiento del cuerpo de delegados, abierto, cada 15 días Los delegados e internas combativos tienen planteado sacar un balance de esta situación que desemboca en una intervención del gobierno y la burocracia en ATSA. Hay que lanzar una campaña para que el cuerpo de delegados tome la iniciativa de un plan de movilización del gremio, por sus reivindicaciones, por la paritaria propia y contra la intervención a ATSA.

La semana pasada volvió a quebrar “La Razón" y volvió a dejar en la calle a sus setecientos trabajadores, gráficos y periodistas. La noticia dejó sin aire, sin política y sin vergüenza a los funcionarios y burócratas que en abril pasado habían presentado a la reapertura del diario como un triunfo de la “concertación” y de la “armonía social” y hasta como una derrota de los “extremistas" (¡que no eran otros que los trabajadores del diario, que lo habían mantenido ocupado durante siete meses!). Los saboteadores de la ocupación a la que no apoyaron con movilizaciones ni luchas, pretendieron anotarse un poroto contra los que bancaron con su lomo y sacrificio de sus familias, la defensa de su derecho al trabajo. A la cabeza de los impostores se había puesto alegremente, J. Caamaño, secretario general del Sindicato de Prensa (UTPBA). Ahora el país se entera por Ámbito Financiero (12/7) que la “concertación" y la “armonía" de abril fueron el biombo de un fraude. Que el objetivo de la reapertura “armónica” fue disimular la venta de las acciones de Papel Prensa de La Razón, pero en poder del Banco Nación como garantía de préstamos dados al diario, a Clarín. El precio de las acciones no tuvo en cuenta su valor de mercado, varias veces superior al nominal. De este modo se consumó un negociado que hace decir a Ámbito que “entre Canal 13 y acciones de Papel Prensa a valor nominal, Clarín ya supera los 15 millones de dólares recibidos del actual gobierno”. Mediante este negociado, Peralta Ramos cancela sus deudas con el Nación y ahora se deshace de la empresa mediante la quiebra, cuyo pato pagarán gráficos y periodistas, pero no Caamaño, ni Ubaldini felices gestores de la “conciliadora" maniobra de abril. Esta vez la quiebra va en serio, lo prueba la ausencia de la fanfarria ubaldinista “para que la Razón no se pierda”. Ya apenas reabierta la planta empezaron los atrasos de sueldos y las amenazas de quiebra de Peralta Ramos. Asambleas del personal del diario respondieron, en su momento, lanzar una campaña de agitación, resolución incumplida por la interna del diario y por la conducción de UTPBA. Estos especulaban, una vez más, con una negociación, mediante la cual el diputado Rossi, testaferro de Duhalde, encabezaría un grupo de empresas que comprarían el diario. Se desvió la atención de los trabajadores acerca de la necesidad de preparar nuevamente la resistencia mediante la lucha. Una semana atrás ante la inminencia de la quiebra, una asamblea conjunta de gráficos y periodistas de “La Razón” resolvió la ocupación en caso de cierre y la edición del diario en planta. Cuando llegó el cierre los trabajadores ocuparon pero la conducción jugó el papel de bombero. No se cumplió la resolución de editar el diario, no se llamó a la movilización del gremio, ni se resolvieron medidas de agitación contra el desalojo de la planta con que amenazaba el juez. La concentración espontánea de activistas y militantes de partidos que concurrieron, se dispersó sin pena ni gloria. El plenario de delegados de UTPBA, ultraminoritario, no resolvió nada efectivo. En un clima de desmoralización, en que los dirigentes puteaban contra los que no estaban presentes “porque la cara la damos siempre los mismos”, se impulsó la votación del desalojo en reuniones minoritarias de periodistas y gráficos que se realizaron por separado. Este es un botón de muestra del sindicalismo de “conciliación" el cual está en total y generalizada bancarrota, como lo prueba el paso de las “privatizaciones" sin lucha organizada. Los burócratas nacionalistas e izquierdistas han perdido la brújula de la burguesía nacional, que hace algunas décadas explotaba el negocio de la “independencia económica", y repartía sus dádivas, y que ahora participa del negocio privatizador y entrega las coimas a los burócratas “actualizados". El derrumbe de los Ubaldini, Caamaño, su intolerable farsa y jactancia de abril, es la expresión de la caducidad del nacionalismo burgués. A ver si Caamaño escribe en Página 12, como en abril, para explicar cómo la “conciliación" encubrió la quiebra y los despidos.

En el conflicto metalúrgico se ha producido un cambio con el cumplimiento masivo de los últimos paros, transformados en jornadas de movilización en numerosas plantas, y la entrada en acción de los piquetes de huelga. Fue la acción de estos piquetes, organizados a partir de las fábricas más concentradas, lo que modificó la situación en contraste con la quiebra estrepitosa de la “primera fase" del plan de lucha de la UOM. Catorce directivos, delegados y activistas de la UOM Quilmes fueron detenidos en las últimas horas por “agitación". En fábricas del Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario los empresarios reclamaron “protección policial” contra los piquetes. Los paros fueron convertidos en activos en plantas con despidos y suspensiones, como en los casos de Camea (Capital) o Carrier (Ciudadela). Lo que en la óptica burocrática estaba planteado como un movimiento “gradual” y “pacífico”, es decir, desgastante está dando paso a un enfrentamiento vivo con las patronales y a una creciente deliberación de la base metalúrgica. Otro dato nuevo es la realización de asambleas en las plantas y la aparición de nuevas voces en los antes sepulcrales congresos de delegados. En el congreso de Capital realizado el 17, “la fábrica Iturri propuso un paro activo con alcancías para juntar un fondo de huelga y anunció que ellos lo implementarán en el paro de 48 horas", informa un corresponsal, que agrega: “varios compañeros delegados propusieron no hacer un acto en lugar cerrado, como había planteado Lorenzo Miguel, sino en Plaza de Mayo otro lugar abierto". Reclamos similares se escucharon en UOM Ciudadela y en otras seccionales. Este vuelco está acelerando las presiones para cancelar el conflicto. Varias plantas han salido a proponer arreglos salariales por cuenta propia y por encima de la oferta hecha en la paritaria (Carnea, Pirelli, Centenera, las siderúrgicas). Esto apunta naturalmente a dividir al gremio y por eso fue rechazado y denunciado por numerosos delegados y comisiones internas. El gobierno convocó de urgencia a los empresarios para impedir “una negociación salarial que podría significar una señal desfavorable para el plan económico” esto no bien se conoció la existencia de una propuesta oficiosa de aumento del 31% sobre abril por parte de las patronales "fuertes”. La burocracia está buscando afanosamente un punto de acuerdo mediante el sacrificio de los limitados objetivos que le planteó al gremio: ya no reclama 35% para mayo sino el 23. En el congreso de delegados de Capital, Miguel anunció un posible arreglo en base a una “suma fija” para mayo que no dio a conocer. Lo de la “suma fija” implica que no se acrecentarán los básicos y reduce los “plus” y los “premios” que se calculan sobre los básicos actualizados. El secretario de la UOM ha anunciado que un plenario de secretarios generales resolverá el 25 sobre la continuidad de la lucha. Se ha abierto para los activistas la posibilidad de organizar coordinadoras interfábricas que tomen en sus manos la centralización de los piquetes de huelga y asambleas de fábrica. Hay que reclamar una asamblea general y ni qué decir que sólo una asamblea general está autorizada para firmar un acuerdo.

Una asamblea docente resolvió el sábado 6 parar a partir del 10 si no se cobran los sueldos y un paro de 72 horas después de las vacaciones como punto de partida de un nuevo plan de lucha. Asimismo resolvió que los delegados salteños al congreso de CTERA (elegidos en la asamblea): repudien a la directiva de Mary Sánchez por su actitud frente a la reciente huelga de los maestros del NOA (Noroeste argentino); exijan la convocatoria a un plenario nacional de entidades docentes en el que participen todas ¡as entidades de base, reclamen un básico de 1.200.000 australes para todo el país. La asamblea resolvió expulsar a Bayón y Tapia, ex-dirigente de ADP, que, con el apoyo del gobierno y sus jueces, pretenden desalojar a la actual directiva democráticamente elegida. Por último la directiva convoca a un congreso provincial de delegados para el 27 y 28. Tribuna Docente ha saludado la resolución de esta asamblea y apoyo la convocatoria a un verdadero congreso de representantes de toda la docencia del país. Sostuvo también que el congreso provincial de delegados es un instrumento para montar una masiva asamblea general del gremio que desarrolle un plan de lucha en la provincia. Todo esto es más necesario que nunca porque sigue vigente la amenaza de la justicia contra la conducción gremial y no hay otra vía para defender el gremio que lo hecho.

El congreso de CTERA ha resuelto un paro nacional de 48 horas para el 1 y 2 de agosto, con movilización el segundo día de paro. La burocracia marysanchista se repitió a sí misma en un escenario conocido, proponiendo y haciendo votar una medida aislada por una mayoría de delegados celestes que actúan al margen de las asambleas de distrito. El congreso sería una anécdota intrascendente si no fuera que allí, minoritaria y regimentadamente por tratarse de un encuentro burocrático, se expresaron las tendencias de lucha que animan a la docencia y que volverán a aflorar luego del receso. La moción de la cúpula de CTERA se enfrentó a la postura del sindicato tucumano en favor de la huelga por tiempo indeterminado -13 votos- y de la ADEP salteña por paros semanales de 72 horas, que recogió 22 votos. UTE de La Pampa trajo igualmente mandato por el no inicio y estuvieron ausentes los sindicatos docentes de Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Chaco, los tres primeros con planes de lucha planteados La corriente radical de Ediberto Sánchez (Amsafe) no concurrió al congreso de CTERA e influyó en varios de estos gremios con la postura abstencionista, que no tiene nada que ver con un planteo combativo si no con el propósito de armar un frente burocrático y colaboracionista al margen de la burocracia ubaldinista. Estas tendencias de lucha se expresaron también en la provincia de Buenos Aires, en oportunidad de las asambleas de hecho a raíz del paro del Suteba en las que se congregaron centenares de docentes reclamando el paro por tiempo indeterminado. Las asambleas del Suteba previas al congreso fueron sin embargo minoritarias y en ellas la burocracia impuso su noción de paro por una semana, lo que presentó en forma combativa e incluso como un "no inicio por tiempo determinado". Debe tomarse en cuenta que junto a los reclamos de lucha, la realidad en las escuelas es de una honda desconfianza al Suteba y a sus asambleas regimentadas, en las que van contados maestros con mandatos de lucha en sus escuelas pero que no llegan a expresarse por el clima “miguelista” que impone el marysanchismo. Esto se reviene allí donde el activismo anuncia y prepara desde las escuelas su batalla contra la burocracia, tratando de superar la dispersión existente y fijándose objetivos prácticos inmediatos con la elección de delegados y la puesta en pie de coordinadoras en las zonas Por la huelga y una coordinación de lucha Los días del paro de CTERA deben ser aprovechados como jornadas con movilización y para realizar asambleas que permitan votar la única perspectiva de victoria: paros progresivos y escalonados hasta la huelga indefinida y un claro programa de reivindicaciones. En relación a este objetivo dos tareas son claves: una, empeñarse a fondo en la elección de delegados en las escuelas y en su coordinación, dos, impulsar una conferencia nacional de gremios, agrupaciones y activistas docentes para coordinar la lucha de los distintos distritos y plantearse los pasos prácticos para recuperar CTERA de manos de la burocracia.

Ajuste sobre el ajuste. Impuestazo sobre los impuestazos. Así pueden calificarse los aumentos dispuestos por el intendente Grosso, con el voto unánime del PJ, del Pl, la Ucedé, Blanco de los Jubilados y el voto “en general" de la UCR y la Unidad Socialista. A partir del próximo mes, el impuesto inmobiliario aumentará un 400%, con la novedad, de que su cobro será mensual; las patentes a los automotores un 270% y los ingresos brutos un 85%. Todos estos impuestos serán pagados por los trabajadores. El Impuesto Inmobiliario porque lo pagan los inquilinos. Ingresos brutos, como las patentes de camiones o pick-ups, se trasladan directamente sobre los precios. ¿Estabilidad? ¿Un dígito de inflación? Solamente por estos aumentos el salario en la Capital caerá un 10%. Tenemos aquí una radiografía de la “autonomía municipal” que Cafiero, Menem y Alfonsín propugnan para la provincia de Buenos Aires. Pero por sobre todo vemos el acuerdo fundamental que existe entre la UCR y el PJ, de un lado, y la Ucedé, del otro, en favor de los “impuestazos" ¿Con qué autoridad los impostores “liberales" pueden criticar a la Constitución menemo-alfonsinista de Buenos Aires, que facilita a los municipios la posibilidad de dictar estos nuevos impuestazos en cada comuna? ¿Y por qué aumentan de esta manera escandalosa los impuestos? Es sabido que Grosso está montando un conjunto de negociados en beneficio de la “patria contratista" de la que es un ex-funcionario. (Fue presidente de la financiera del grupo Macri, SOCMA). Pavimentación y trazado de autopistas y avenidas rápidas, reconversión de Puerto Madero, etc. Es por eso que más del 50% del presupuesto de gastos aprobado está destinado al Tesoro comunal y para obras públicas, que es por donde se procesan todos los "curros" municipales. También en esta defensa común de la “patria contratista" municipal se han unido los partidos “populares" y la Ucedé, lo que de nuevo revela el acuerdo de fondo que tiene con la reforma bonaerense, cuyo capítulo municipal está íntegramente destinado a favorecer los negocios contratistas.

“La desocupación alcanzó un récord histórico" fue el titular destacado de los diarios del pasado miércoles. El cálculo efectuado para Capital y Gran Buenos Aires computó ochocientos mil desocupados y subocupados, más de la sexta parte de la población en condiciones de trabajar. Ochocientas mil familias, más de tres millones de personas se encuentran, en una zona geográfica de la Argentina moderna, totalmente desprovistos del "derecho al trabajo”. El Instituto de Estadística informó también que este nivel de desocupación significaba un aumento de un 15% por sobre los catastróficos niveles alfonsinistas. “Vamos bien” afirma entretanto el presidente y le hacen eco a coro sus “comunicadores”... El mismo día en que se daban a conocer estas cifras, las terminales automotrices anunciaban la suspensión de 5.000 trabajadores y el gobierno llevaba a cabo la “racionalización” del Banco Hipotecario. Estos ochocientos mil desocupados, o tres millones de personas sin ingresos en la Capital y el Gran Buenos Aires, ponen de relieve la enorme hipocresía contenida en la nueva Constitución bonaerense cuando afirma que “el trabajo es un derecho social”. Por un lado, este “derecho" significa, bajo el capitalismo, la explotación económica de los trabajadores por los dueños de los medios de producción; significa la expropiación del esfuerzo y del trabajo ajeno, toda vez que el capitalista se apropia de la parte del león producida por el trabajo. Pero por otro lado, este derecho a la explotación existe al lado de la negación de ese derecho a trabajar, de los despidos y de la desocupación; la desocupación es el gran método del que se valen los capitalistas para disciplinar a los trabajadores activos. Ninguna Constitución podrá resolver este flagelo que está en la naturaleza del régimen capitalista. Por eso, el derecho a vivir plantea la necesidad de un gobierno de trabajadores y la abolición del capitalismo. Ni qué decir que la demagogia del “derecho al trabajo” tendrá el mismo destino que la promesa electoral de los 300.000 nuevos puestos de trabajo. La demagogia cafierista no impide —ni es su intención— que las patronales despidan y suspendan a mansalva. Semejante cuadro de catástrofe social no es de ningún modo “natural” sino consecuencia del conjunto de la política del FMI y de los monopolios y Estados capitalistas para hacer frente a la extraordinaria crisis mundial capitalista. El aumento de la desocupación es un objetivo conciente para forzar mayores reducciones salariales y aumentar la tasa de explotación del trabajador. Esto último queda claro cuando se observa que la caída de la ocupación supera largamente la caída de la producción. Hagamos notar también que en el conflicto metalúrgico, las patronales amenazan “compensar” con despidos cualquier aumento salarial. ¡“Ley de empleo”! El fantástico aumento de la desocupación y de la superexplotación obrera y la no menos fantástica reducción salarial han producido un verdadero “shock capitalista", que ha redundado en que el 70% del ingreso nacional vaya a parar a los propietarios del capital. Ahora se está preparando una “ley de empleo”, que es el verdadero rostro del “derecho al trabajo”, dentro de los límites en que es posible ejercerlo bajo el capitalismo. El proyecto de “ley de empleo" —cuya sanción Menem está urgiendo al Congreso— tiene como objeto declarado "flexibilizar el mercado laboral" y como objetivo real autorizar el empleo de personal sin necesidad de cumplir con la legislación laboral ni con lo establecido en los convenios colectivos, e incluso derogando los beneficios previsionales. La desocupación masiva es utilizada así como método de presión para destruir las condiciones del trabajador empleado, de modo que el “derecho al trabajo” se convierte en la autorización para destruir conquistas laborales y las condiciones de trabajo. La burocracia sindical deja pasar esta catástrofe mirando para otro lado: es un engranaje más del Estado y del régimen social, el cual se sostiene desintegrando moral y físicamente a la población laboriosa. La salida no es constitucional La superación de este golpe mortal que significa la desocupación es perfectamente posible, claro que no mediante reformas constitucionales, claro que no dentro de los límites del constitucionalismo burgués, sino mediante la lucha y una adecuada orientación política. El derecho al trabajo, es decir a ser explotado, de un lado, y el derecho a comer, es decir a que el explotador alimente a su esclavo, son los únicos derechos que realmente se le puede exigir al capitalismo. El primero significa no a los despidos, que el tiempo de trabajo se reparta entre el conjunto de los trabajadores de la empresa sin que ello afecte al salario. El segundo significa el establecimiento de un seguro de desempleo equivalente al 100% del salario, con un mínimo que no puede ser inferior al costo de la canasta familiar. El “seguro de desempleo" no figura en la Constitución menemo-alfonsinista. Se habla ahí, en cambio de un “sistema integral de seguridad social", lo cual significará que el trabajador deba aportar de su salario para tener acceso a los hospitales que deberían ser gratuitos, y quizás para que aporte, él mismo, a su propio “fondo de desempleo”. Este “fondo”, que sería manejado por el Estado, serviría entre tanto para financiar proyectos capitalistas y especulativos, como ocurrió con las cajas de previsión. No, por un seguro de desempleo integralmente sostenido por los ricos y los grandes capitalistas mediante un impuesto especial. Es posible un plan de lucha contra el desempleo en masa, sólo hace falta una dirección sindical y política dispuesta a impulsarlo.

“Puede ser que lleguemos a un gran acuerdo electoral para 1991 (con el PJ)”, afirmó el capitán-ingeniero Alsogaray en el acto que lo consagró como prepresidente de la UCD porteña. “Será —dijo— sobre la base de la doctrina y la plataforma", pero con los antecedentes de María Julia, Vaca y los “periodistas" de Ámbito metidos a funcionarios, lo que el “chancho" quiso decir es que todo depende de prebendas y cargos. Pocas horas antes de este pronunciamiento, el Comité Nacional de la UCD (dominado por Adelina-Albamonte y Federico Clérici, opositores a Alsogaray) había desechado aparentemente, y solo aparentemente, la posibilidad de este acuerdo. “A María Julia —cuenta uno de los asistentes a este plenario— lo más barato que le dijeron fue cortesana..." (Ámbito Financiero, 13/7). “La crisis por el acuerdismo del 'gurú' puede fracturar a una fuerza, que hasta los comicios de julio del año pasado aparecía como una fuerza política válida", afirma el diario que pretende ser la voz de los banqueros. De manera que en plena ofensiva privatizadora, el partido de los privatizadores se encuentra en desintegración. El Comité Nacional dominado por los “antiacuerdistas" autorizó, sin embargo, a los distritos a llegar a acuerdos con el PJ (a partir de que la última palabra la tiene la Convención Nacional dominada por Alsogaray), con lo que puso en marcha el acuerdo establecido por esta cúpula con el propio Menem, el mes pasado. La “antiacuerdista” Adelina propuso “admitir la realización de acuerdos concretos en función de los objetivos de transformación planteados por Menem” (La Nación, 8/7). Tantas vueltas llevó al diputado Siracusano a admitir que “somos unas prostitutas baratas", a las que ni el peronismo quiere (La Nación, 8/7). No menos sugestivo que las declaraciones de Adelina es el hecho de que Alberto Albamonte, otro “anti-acuerdista" pilotea un proyecto que lo pondría como vice-gobernador de una fórmula encabezada por el justicialista Alberto Pierri. El proyecto Pierri-Albamonte —que cuenta con el auspicio de la Liga Federal de Duhalde y hasta con el guiño del propio Menem (Ámbito Financiero, 13/7)— podría ser “ayudado" por un fracasos de Cafiero en el plebiscito. Albamonte desmintió totalmente esta versión para seguir manteniendo la ficción de su “independencia". Dentro de la Ucedé, la tendencia a la alianza electoral con el peronismo es irresistible. “El que dice que no, es porque todavía no le ofrecieron nada”, afirma Jorge Pirra, un hombre del clan Alsogaray (Ámbito Financiero, 12/7). Otro síntoma de esta tendencia es la fractura de la corriente interna de Clérici, como consecuencia del desplazamiento de Durañona y Vedia hacia el “acuerdismo”. La Ucedé ha atado su destino (o su falta de destino) político al menemismo. La continuidad de este “operativo” requiere la posibilidad de la reelección presidencial y, por lo tanto, una reforma constitucional. De esta manera, el antireformista clan Alsogaray se verá obligado a transformarse en partidario de la reforma. Pero para viabilizar este flamante proyecto reeleccionista deberá llegar a un acuerdo parlamentario con el cafierismo y con el alfonsinismo, o aprovechar un fracaso o derrota de éstos en el plebiscito bonaerense para impulsar el acuerdo con Angeloz, De la Rúa, Duhalde, Barrionuevo, como lo reclama Bush y el FMI. La crisis de la Ucedé, que también se reveló en la casi nula concurrencia a las recientes elecciones internas en Capital, es una consecuencia directa del negocio “privatizador", que como todo verdadero negocio sólo beneficia a unos pocos. Los “liberales" de la Ucedé están haciendo, a sus expensas, la experiencia de que el proceso capitalista es concentrador y monopólico, y que donde manda “capitán” o “interventora", no manda marinero ni diputado. ¿Puede haber algo más lógico que el hecho de que lo que el negocio unió el negocio separe? Los Albamonte y los demás partidarios de la “independencia” de la Ucedé, se han lanzado a probar suerte en Buenos Aires con el No al plebiscito, a ver si logran evitar con esto que se los trague la tierra. Procuran asomar de sus tumbas, explotando en su beneficio, demagógicamente, el masivo sentimiento popular de oposición al gobierno cafierista y al alfonsinismo. Pero si lograran debilitar al cafierismo como consecuencia de un fracaso del Si, no por ello lograrían salvar la “independencia" de la Ucedé, sino que esto los precipitaría aún más a apoyar al PJ, que sería encabezado, en Buenos Aires, por el menemismo. La experiencia de la Ucedé demuestra que un comisionista de bancos puede llegar a Ministro pero nunca construir un partido, y que así como es un parásito en economía también debe serlo en política, viviendo aquí también a expensas de otros. El No de la Ucedé en el plebiscito de Buenos Aires es un episodio de la lucha sigilosa que se ha entablado por el control del proceso “privatizador", no constituye en absoluto una oposición de principios a la reforma menemo-cafiero-alfonsinista, que está calcada de las exigencias de la banca internacional.

La Corte Suprema de la Nación acaba de rechazar el reclamo de inconstitucionalidad del plebiscito bonaerense presentado por un grupo de políticos y abogados derechistas. El recurso ya había sido rechazado con anterioridad por la Suprema Corte de Buenos Aires, a la que se le adjudicó inclinaciones cafieristas y alfonsinistas. Pero esta decisión final de la Corte Nacional, de inconfundible mayoría menemista, disipa cualquier duda acerca de la intención de respaldar sin vacilaciones el plebiscito. Los cuestionantes objetaban con razón que la Constitución bonaerense en vigencia autorice el recurso del plebiscito para modificar la mitad de su texto, en los aspectos más variados. La Corte rechazó el recurso “sin discutir el fondo del asunto" es decir el procedimiento que se emplea para la reforma (La Nación, 7/7). Se sacó de encima esta espinosa controversia alegando una “falta de personería de los accionantes", en lo que volvió a coincidir con la Corte bonaerense, “la mera calidad de ciudadanos electores domiciliados en el territorio no legitima a los demandantes a peticionar la inconstitucionalidad” (ídem). Esa “falta de personería” significa que no se les reconoce a los peticionantes el carácter de titulares de derechos vulnerados por el plebiscito. Para la Corte no hay materia de litigio. Apenas 24 horas después de rechazar la inconstitucionalidad del plebiscito, esta misma Corte Suprema anuló, sin embargo, una resolución de un juez inferior que paralizaba la privatización de Aerolíneas. Para esto tuvo que violar el ordenamiento jurídico existente en el país, el cual no autoriza a la Corte a tomar a su cargo los expedientes que se tramitan en tribunales inferiores (“per saltum"). Claro que, en su momento, la conformación de esta Corte con jueces pro-menemistas fue justificada por la necesidad de garantizar las privatizaciones. Es lo que ha ocurrido, precisamente, e ilegalmente. Pero es por eso muy significativo que esta Corte haya legalizado el plebiscito cafierista. Las discrepancias que hubo en la Corte a la hora de dictar el fallo sobre el plebiscito son más que significativas: el derechista Oyhanarte —hombre del frigerismo— fue el que mayor énfasis puso, según La Nación, en rechazar el recurso de inconstitucionalidad. La Suprema Corte es el vértice decisivo de la preservación jurídica del Estado, por eso es importante que haya dado vía libre a la reforma bonaerense, lo cual demuestra que esta reforma está en la misma dirección que los principales intereses capitalistas. El Sí a la reforma por parte de la Corte donde conviven menemistas, cafieristas y alfonsinistas (que llaman a votar por el Sí) y frigeristas y ucedeístas (que llaman a votar No) es la prueba irrefutable de que la burguesía y el imperialismo están, de conjunto, por el Sí. Pese a la demagogia “anti-cafieradora" de los Frigerio y los Albamonte, esto es así porque la nueva Constitución permitirá viabilizar los planes del FMI y la política del imperialismo, que consiste en forzar el pago de la deuda externa mediante el remate del patrimonio estatal y la superexplotación de los trabajadores, superando constitucionalmente los límites que les impone la Constitución actual en su ataque al pueblo. El No de la derecha es “trucho”. Así lo ha dictaminado la Suprema Corte.

Cuando faltan apenas dos semanas para la realización del plebiscito bonaerense, la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural han salido en forma coordinada y simultánea a reclamar su suspensión. Mientras que la UIA pide postergarlo por 90 días, la CAC ha planteado que la reforma de la constitución se ajuste al procedimiento de la elección de una Convención Reformadora. A ninguna de esta gente se le escapa que una suspensión del plebiscito colocaría al gobierno de Cafiero al borde del abismo. Tampoco se les escapa que estas declaraciones golpean duramente al bloque oficialista partidario del Sí, lo que puede decidir su derrota en las urnas. ¿Por qué estos grandes representantes capitalistas han decidido impulsar una crisis política? ¿Acaso porque la reforma constitucional bonaerense afecta sensiblemente sus intereses? Si fuera este el caso, no se entiende por qué demoraron tanto el pronunciamiento, ni cómo es que no lograron impedir que el proyecto de reforma traspusiera el umbral de las meras intenciones. Cuando en el verano pasado los empresarios de la prensa denunciaron que el artículo 11 del proyecto de reforma afectaba su monopolio periodístico, armaron de inmediato una batahola que obligó a Cafiero a vetar el texto y a la Legislatura a revisarlo —con lo que se produjo el aberrante hecho de que la reforma de la Constitución terminara siendo una criatura del Poder Ejecutivo. En la Argentina democrática las constituciones son hijas del decreto y los decretos se prohíjan, a su vez, en los despachos patronales. La reforma constitucional bonaerense tiene características similares a las efectuadas en otras diez provincias en el pasado reciente, y ninguna de ellas fue objetada por las centrales empresarias. Tampoco esta vez hacen el eje en la oposición al contenido de la reforma, prefieren tomar como blanco el procedimiento del plebiscito o la falta de información. ¿Pero por qué la falta de claridad informativa lleva a las patronales a impulsar una crisis política, cuando ellas se mueven normalmente en el sigilo y el secreto, y cuando no son ellas, precisamente, las que carecen de información sobre la reforma en debate? Para que no queden dudas sobre la calculada orquestación de esta demorada ofensiva política, también Alsogaray acaba de salir a pronunciarse contra el plebiscito por primera vez —lo cual, todo sumado, hace suponer que a esto no son ajenos los bancos acreedores, sin cuyo consentimiento no hace nada la Argentina capitalista. Se ha planteado de este modo una posibilidad prevista en estas páginas hace exactamente un mes. “Él imperialismo y el grueso de la burguesía están por el Sí, decíamos, porque cualquier otra cosa debilitaría en forma decisiva a Menem. Solamente en el caso de que en las próximas semanas la situación del gobierno de Menem se hiciera insostenible, el imperialismo cambiaría de posición, pero en este caso para reclamar la postergación del plebiscito para las elecciones de 1991" (Prensa Obrera N° 306, 21/6/90). De acuerdo a esta previsión, la explicación de lo que estamos comentando es que la burguesía está previendo un peligro importante con la realización del plebiscito, y ha resuelto pegar un viraje. Ese peligro es fundamentalmente que pueda ganar el No. Algunas encuestas ya lo estarían demostrando, y ésta fue por sobre todo la preocupación que Cafiero le manifestó a Menem simultáneamente con la publicación de las declaraciones empresarias. En la posibilidad de un triunfo del No interviene el repudio del golpeado pueblo bonaerense a Cafiero, pero también la creciente disgregación dentro del justicialismo, donde muchos sectores están “hambrientos” por cosechar los frutos de una derrota de Cafiero. De manera que la crisis política declarada por los empresarios es el resultado de una crisis política. El FMI Sin embargo, en el estallido de esta crisis política está presente un factor estructural, que la cuestión del plebiscito simplemente se limitó a re-encender. Desde las crisis hiperinflacionarias de diciembre y marzo pasado, el gobierno norteamericano, el FMI y los banqueros han estado reclamando un “acuerdo político”, fundamentalmente entre Menem y Angeloz, que diera garantía de continuidad al enorme plan privatizador, el que aún está sujeto a enormes imponderables y a previsibles choques de intereses Cafiero y Alfonsín se colocaron como obstáculos a este acuerdo, en nombre de un acuerdo de contenido similar pero que fijara algunos límites a las privatizaciones, que contemplara en forma más “equilibrada" los distintos intereses en juego, que no redujera las privatizaciones a un negocio exclusivo de los comisionistas de la banca y que sirviera para fortalecer los aparatos oficiales del PJ y la UCR. En el plebiscito bonaerense vuelven a chocar estos dos sectores y es evidente que una victoria de Cafiero y de Alfonsín postergaría el “acuerdo político" que reclama Bush. El tema del “acuerdo" volvió a ocupar un lugar excepcional en las reuniones de la semana pasada entre el presidente del FMI, M. Camdessus, y las ocho principales entidades empresarias del país. De acuerdo a lo publicado por Clarín (13/6), “ ‘En los Estados Unidos, en los centros financieros internacionales, consideran aconsejable que en la Argentina se concrete un acuerdo político para darle confiabilidad y continuidad al ajuste', fue el mensaje que dejó, palabras más palabras menos, en la casona presidencial el mandamás del FMI”. Este se reunió también con Cafiero, Angeloz y Alfonsín, y solo el jefe radical desentonó, “sorprendiendo”, según Clarín, “a los hombres del hemisferio norte". En definitiva, el objetivo del “acuerdo político” exige ir a un choque con Alfonsín y en menor medida con Cafiero. Si esto no se resuelve en poco tiempo, sus posibilidades pueden anularse a medida que se acerquen las elecciones de 1991. Chantaje La UIA, la CAC y la SR (ya vendrán las asociaciones de bancos) han puesto sobre la mesa los términos de una negociación política: vía libre al “acuerdo político" a cambio de una tolerancia empresarial con el plebiscito y con el fraude que lo rodea. Chantaje típico, que solo encuentra atenuante en que está dirigido a otros chantajistas. Esto coloca en la mesa el tema de la sucesión a la gobernación de Buenos Aires, que probablemente el gobierno yanqui prefiera ver en manos de un hombre “más consustanciado" con la “renovación mental" menemista y con menos remordimientos por los efectos del “ajuste social". La colonización completa del país por la banca extranjera exige poner a la cabeza de los partidos tradicionales a los incondicionales de la entrega. De manera que la conjugación del peligro de una derrota del Sí con la acentuación de la crisis en los partidos tradicionales y con la crisis en torno al “acuerdo nacional", han determinado la explosión de la presente crisis política. La oposición burguesa al plebiscito o a la reforma, que hasta ahora solo había despertado el entusiasmo de elementos marginales como Albamente, Frigerio o Rico, ahora es el instrumento de una gran negociación política que apunta a la menemización del radicalismo y del justicialismo y a la concentración del poder político en manos del capital financiero. Reforma reaccionaria Todo esto no le quita un ápice al carácter reaccionario de la reforma constitucional y del plebiscito, que está en la línea de los reclamos del FMI. La reforma viabiliza las exigencias de la Iglesia y del FMI porque asegura el ataque capitalista a la educación y a la salud, a los derechos políticos de los trabajadores, de la mujer y de la familia; impulsa los impuestazos para pagar la deuda externa e incorpora a los municipios a la tarea de expropiación económica de contribuyentes y trabajadores, para abrir nuevas vías a los negocios capitalistas. Las protestas contra el lenguaje “social" del proyecto son pura hipocresía, porque es el mismo lenguaje de la “economía social de mercado” de Alsogaray. Las protestas contra el peligro de confiscaciones son hipocresía cuando parten de los confiscadores del plan Bonex y de los que fuerzan al pago de la deuda externa por parte del pueblo. Las protestas por inconstitucionalidad solo sirven para retratar a los impostores que gobernaron con las inconstitucionales dictaduras militares y que apoyaron la reforma constitucional de Tucumán convocada por decreto (con apoyo radical). Las protestas contra la mentira de la “autonomía municipal" son una pura estafa cuando viene de quienes bajo Videla y luego en los acuerdos con el FMI, han firmado y apoyado toda clase de descentralización de gastos de salud y de educación y de mayores impuestos. No Los derechistas son unos impostores que quieren capitalizar el repudio popular y confundir al pueblo. Ahora piden la suspensión del plebiscito para impedir la victoria del No. Además declaran una crisis política para imponer el acuerdo nacional reclamado por el FMI. Los partidarios derechistas del No quieren impedir la victoria del No, que le abriría una crisis enorme a su gobierno.

Al término de una entrevista con Menem, Cafiero afirmó que ésta no será una elección normal". Inmediatamente, avivado de la enorme barbaridad que había dicho, Cafiero se apresuró a corregirse: “quiero decir -se enmendó— que no se trata de una elección habitual”. Cafiero no quiere "riesgos”, y por eso está montando un fenomenal fraude en el plebiscito, del cual existen numerosas evidencias. En primer lugar, no existe padrón electoral, lo que significa blanquear el doble y el triple voto Esto porque se permite votar a los jóvenes de 18 años que no estén empadronados. Y más aún porque se permite votar fuera de la mesa en la cual el votante está empadronado: “la más cercana al domicilio siempre que en el documento figure esta última dirección". Con esto, no sólo podrán votar dos y tres veces los "cafieradores" bonaerenses, sino también los capitalinos, con el simple expediente de dar el “cambio de domicilio” a la provincia. La certificación del voto, por otra parte, no se hará como es habitual mediante un sello sino que “se procederá a pegar la estampilla en el documento cívico en el lugar destinado a ese efecto". (Instrucciones generales para autoridades del comicio). El reglamento está armado expresamente para permitir que los cafieradores puedan votar innumerables veces, simplemente “despegando" la estampilla Tiene razón Cafiero, esta no será una elección “normal". Tampoco es “normal” que se prohíba a los partidos imprimir sus boletas —como en todas las elecciones— y que esto quede reservado únicamente a la gobernación. Será ésta quien las distribuya a los partidos y “en proporción a los votos de las últimas elecciones", lo que asegura al eje Cafiero-Menem-Alsogaray el monopolio de las boletas. Todo esto asegura que no habrá igualdad de boletas impresas y que las del No serán difíciles de hallar. El monopolio de las boletas, les servirá a los “cafieradores" para distribuirlas antes de los comicios y aún para “otros usos convenientes” durante y después de la elección. Este “reciclaje" para nada “normal” de las boletas será posible ya que las “instrucciones" autorizan a los presiden es de mesa a abrir las urnas en medio de la votación y a manipular los sobres “si sobrepasan la capacidad de la urna”. Las “instrucciones”, además, permiten la remisión de las urnas, una vez finalizado el comicio, sin ningún tipo de faja de seguridad, sino sólo “atadas”. La “cafieradora" y el presidente invitan a la población a darle el Sí a la nueva Constitución que reemplazará a la vigente desde la “década del fraude y de la infamia", pero se han cuidado muy bien de aprender todas las “triquiñuelas" de los conservadores... por si hacen falta. Más que nunca, para desbaratar el fraude en curso son necesarios miles y miles de fiscales. Compañero lector, el PO lo convoca a sumarse a esta tarea.

Hace tres semanas se conformó un Comando del No entre el Fral, el Mas, Intransigencia Popular, Patria Libre y el Partido Obrero. Pero fuera de coincidir en que la reforma constitucional y el plebiscito son reaccionarios y anti-democráticos (lo cual se informó en un comunicado de prensa), no se han concretado más que algunos debates públicos localizados, pero no está prevista una movilización general conjunta de todos los partidos, ni un acto público central para cerrar la campaña. En estas condiciones, el Frente por el No disimula la ausencia de un Frente y desplaza a la izquierda hacia una posición marginal, cuando es ella la que tendría que jugar el papel decisivo en la presente campaña. La falta de una intervención política común coloca a la izquierda a remolque en la práctica de la burguesía que llama a votar No. Lo peor de todo es, sin embargo, que se desaprovecha la oportunidad de una agitación política en momentos en que se agrava la desocupación y la crisis de los sistemas de salud y de educación; en que los metalúrgicos han decidido profundizar la huelga y se anuncia un paro nacional docente; y en momentos en que Buenos Aires es cada día más un polvorín, como consecuencia de la inmensa miseria que se ha abatido sobre sus barriadas, al punto de haber desatado una guerra civil larvada bajo la forma de delitos contra la propiedad y represalias armadas de los propietarios alentadas desde los medios de comunicación. En estas circunstancias, la izquierda tiene la responsabilidad de sacar la campaña constitucional del terreno académico y levantar tribunas para defender a los explotados de los ataques capitalistas y para apoyar las luchas obreras. El camino de la emancipación obrera no está pavimentado por reformas constitucionales de ningún tipo, sino por la acción colectiva de los explotados y de sus organizaciones contra los explotadores y su Estado. Llamamos a las bases y a las direcciones de los partidos del Comando del NO a encarar una lucha enérgica, que solo se puede potenciar con una acción de Frente en la práctica. A dos semanas del plebiscito demos al No el contenido de apoyo a metalúrgicos y docentes, de lucha contra los despidos, de defensa de la seguridad de los trabajadores de las villas, de movilización contra el indulto, de movilización de desocupados por el “derecho al trabajo”, de lucha por el salario mínimo capaz de cubrir el costo de la canasta familiar —en definitiva en perspectiva de un gobierno propio de los trabajadores. Upcn y ATE ante el plebiscito Con un esmero digno de mejores causas, Andrés Rodríguez y Quintana de la UPCN, junto a otros dirigentes de la Mesa de Enlace, se entrevistaron con Cafiero para expresarle su apoyo a la reforma de la Constitución bonaerense. Mientras tanto, la dirigencia de ATE guarda un hermético silencio. Este alineamiento de la burocracia sindical en la vereda de la banca acreedora, pone de manifiesto aún más, la necesidad de su desplazamiento de los sindicatos, por una dirección sindical independiente del Estado y sus partidos. Llamamos a los trabajadores estatales y a las agrupaciones sindicales y políticas del movimiento obrero a pronunciarse por el NO a la reforma, por la defensa del derecho de huelga, de las conquistas sociales y de las libertades democráticas, por una jubilación y salario mínimos igual al costo de la canasta familiar, contra la política de entrega del patrimonio nacional.

Durante seis meses las principales entidades empresarias del país no dijeron una palabra para cuestionar el plebiscito y la reforma de Menem, Cafiero y Alfonsín. Ahora que crece en forma incuestionable la tendencia al No y que se plantea la posibilidad de una derrota de la reforma reaccionaria en las urnas, todas se han puesto de acuerdo en salir a pedir la suspensión del plebiscito. Quarracino, el obispo de la “ley del olvido” y del indulto, se apresta en las próximas horas a hacer lo mismo. Los explotadores temen que un triunfo del No desate una crisis política descomunal e impulse a las masas a nuevas luchas. Temen a que el país todo se encamine por el rumbo que han tomado los metalúrgicos, que están defendiendo la huelga y sus salarios con piquetes en las puertas de fábrica. Temen que el repudio al plebiscito y a la reforma reaccionaria signifique un golpe a las privatizaciones saqueadoras de los banqueros. Temen que el indulto a los comandantes en jefe tenga que esperar bastante tiempo más. Ante este viraje de la burguesía, impuesto por el ascenso del repudio popular, hay que profundizar la movilización, la lucha y el No a Menem, Cafiero y Alfonsín. Porque digan lo que digan los Albamonte y los Frigerio, los Rico y los Moreau, los Barrionuevo o los cafieristas, la reforma bonaerense ataca el derecho de huelga, privatiza (destruye) la salud y la educación, refuerza la injerencia del clero, impulsa los impuestazos, ataca la autonomía de los municipios y el bolsillo de los contribuyentes, afrenta a la mujer y a la familia, restringe las libertades democráticas. La Ucedé, el PJ, la UCR y los “socialistas” acaban de votar un enorme impuestazo en la Capital. Están unidos, como se ve, en la agresión al pueblo. Contra todos ellos votemos No y aprovechemos la crisis política en torno al plebiscito para salir con los metalúrgicos, con los docentes, con los trabajadores de los astilleros, con los trabajadores de sanidad, con el pueblo carenciado y oprimido, a la lucha.