El gobierno cafiero-menemista se ha lanzado a organizar “jornadas” dedicadas a instruir a los docentes acerca de las bondades de la reforma constitucional, naturalmente con el apoyo del alfonsinismo. Con absoluta desfachatez pretende convertir a los maestros en pregoneros del “Si”, sin importarle la política de hundimiento salarial de la docencia y de destrucción de la educación que ha llevado adelante en conjunto con los gobiernos de Alfonsín y de Menem. En esta empresa de perfidia política espera contar con el apoyo de la burocracia de Suteba, que ha anunciado (sigilosamente por ahora) la realización de un congreso extraordinario del sindicato para tratar la posición de los docentes frente al proyecto constitucional de menemistas, cafieristas y alfonsinistas. Hipocresía En lo que es posiblemente un caso extremo de hipocresía política y moral, el capítulo del proyecto de reforma constitucional dedicado a “educación y cultura" plantea que “la provincia asegura el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y posibilidades". Se trata, evidentemente, de un despropósito cuando se consideran los cierres de grados y la baja de maestros en escuelas públicas del conurbano a raíz de la deserción escolar. El gobierno de los banqueros internacionales no solamente niega "oportunidades" y “posibilidades” a los alumnos desnutridos sino también a los docentes, los cuales en gran parte tienden a convertirse y ya se han convertido en los padres de los alumnos que se ven privados de toda clase de “oportunidades” y “posibilidades". Los menemo-cafiero-alfonsinistas mejor hubieran establecido un salario obrero y docente mínimo igual al costo de la canasta familiar y la triplicación del presupuesto educativo en lugar de las pavadas constitucionales sobre las “oportunidades" y “posibilidades", que sólo sirven para subrayar la evidencia del completo hundimiento de unas y otras. Opresión El proyecto radical-justicialista ratifica también una posición antilaicista, esto al plantear la “libertad de enseñanza", la cual nada tiene que ver con los principios de una enseñanza libre, democrática y anti-dogmática. Se trata, en realidad, de una expresión que encubre la privatización escolar y el clericalismo, es decir la liquidación de la libertad política, de conciencia y educativa. En un proyecto de reforma que mete cada dos palabras la palabra “pluralismo", se plantea el “reconocimiento de establecimientos educacionales creados por particulares y personas jurídicas privadas" (art.190, p. 10), lo que, de una parte, impone una dictadura ideológica sobre docentes y alumnos por parte de los patrones de la enseñanza y en especial del clero, y por el otro convierte a la educación en una rama de la explotación capitalista, suprimiendo así de un plumazo las “oportunidades" y “posibilidades" de la mayoría trabajadora. Destrucción de la gratuidad Se proclama nada menos que la “gratuidad de la educación básica" (art. 190, 1), pero se proyecta una constitución para mejor violarla, ya que se avanza en la asfixia económica de la educación pública y se estimula la “privatización" ¡además subsidiada! por el Estado. ¡Todo el aparato montado en torno a la enseñanza privada se financia en la provincia con fondos estatales implícitos (exenciones tributarias) o explícitos (aportes directos del Estado)!. Ahora, el proyecto justicialo-alfonsinista pretende dar rango constitucional al subsidio a la educación privada, al establecer en el artículo 190 la “cooperación del Estado para los (privados) que no persiguen fines de lucro” Ni que decir que de ahora en más pulularán las organizaciones “sin fines de lucro" visibles o declarados pero lucrativas bajo cuerda, que debidamente subsidiadas y al calor de la destrucción de la educación pública, se convertirán oportunamente en entidades con declarados y ostensibles “fines de lucro", y por sobre todo con contenidos educacionales reaccionarios y clericales. Clericalismo Entre las “entidades sin fines de lucro" predominan las controladas por la Iglesia, de modo que cuando hace algunos meses el gobierno cafierista anunció una redistribución de subsidios en beneficio de las que llamó “más necesitadas" suscitó la protesta de ADEEPRA, que nuclea a los patrones “comerciales" o “laicos". Ante esto Cafiero se echó atrás a la espera de un acuerdo entre los intereses en disputa. La propuesta de reforma pretende definir con toda claridad el subsidio a la enseñanza clerical. ¡Esto es lo que van a votar los "jóvenes" de Franja Morada y los “laicistas" del Partido Socialista y de la UCR! Destrucción de la educación pública En aquella propuesta de aumentar los subsidios a la “enseñanza privada más necesitada" se planteó que “la iniciativa privada ponga en función social el inmueble y las instalaciones para el funcionamiento del servicio educativo", en cuyo caso “el Estado financiará el servicio hasta el 100%" (en reemplazo de la cobertura que financiaba sólo los salaros de los docentes). Esta iniciativa que retoma ahora el proyecto constitucional, propone ¡una educación pública bajo gestión privada! Se consuma así la destrucción más pérfida de la educación pública y laica, aunque esto tampoco garantice una educación “sin fines de lucro”, ya que los subsidios del Estado están fuera de control y la presión económica sobre el alumno será inevitable, como ya ocurre con las escuelas del Estado. Ni qué decir que la “enseñanza privada" aprovechará los subsidios para remodelar sus “edificios" y para valorizarse en consecuencia, de modo de encarar después los “fines de lucro". Persecución ideológica La Iglesia y los patrones de la educación reclaman la “libertad de enseñanza” para afirmar sus derechos de propietarios al interior de los establecimientos, contra la libertad de enseñanza de docentes y de alumnos. En las “escuelas privadas" los docentes no pueden sindicalizarse, están sometidos a la censura y a la autocensura, a la cesantía frente a las huelgas, no se permite la organización estudiantil independiente, ni educarse fuera de los preceptos impuestos desde arriba. En el proyecto constitucional no se encontrará una sola línea dedicada a alterar este estado de cosas, que convierte a los docentes privados en parias sociales y en robots y autistas ideológicos. Las recientes expulsiones de una joven madre de un colegio bajo dirección militar y de una recién casada en uno privado-confesional, hablan por sí solas. Organización totalitaria En el proyecto constitucional presentado como modelo de “democracia participativa", la toma de decisiones en materia educativa está concebida como una dictadura del poder político central. “El gobierno y la administración de la educación estarán confiados al Ministerio del ramo”, estipula la reforma (art. 191). Se prevé la constitución de un Consejo Provincial de Educación integrado por 12 miembros, de los cuales nueve son nombrados por el Ejecutivo y el Parlamento y solo tres por los docentes, con funciones puramente decorativas pues —dice— “tendrá funciones de asesoramiento de carácter no vinculante". El estado provincial concentra así todas las decisiones. El gobierno escolar es un fiel retrato del régimen político de dictadura civil burguesa. Justicialistas y radicales endiosan el sufragio universal cuando se trata de oponerse a la revolución social que protagonizan las masas, pero se “olvidan” rápidamente del sufragio cuando plantean la organización de su Estado, el cual es en realidad una enorme burocracia administrativa, militar, judicial y parlamentaria “La comunidad educativa participará en el desarrollo de las actividades... a través de órganos de apoyo", reza la “nueva" Constitución, y está todo dicho. El sufragio para elegir y destituir, en todos los escalones, es incompatible con la “democracia burguesa”. El propio plebiscito es una muestra de esto, pues sustituye a la deliberación popular que debería ejercer una asamblea constituyente soberana. Derrumbe de la escuela En una provincia donde el Director Salviolo se ha ufanado sistemáticamente de haber volcado a la educación mayores recursos que el resto del país, los “reformadores" se cuidan muy bien de precisar qué porcentaje del producto bruto de la provincia se destinará a la enseñanza pública. No pueden hacerlo porque han puesto en marcha la reducción del gasto en educación, como surge del operativo "racionalizador” que está en ejecución en la provincia: achique de los planteles docentes adaptándolos a la caída de la matrícula escolar, eliminación de las asignaciones por zona desfavorable a las escuelas, restricción hasta la penuria de los fondos para comedores escolares, etc., etc. ¡Una tarea docente! Los docentes tienen entonces poderosas razones para oponerse a la reforma antidemocrática, policial, rompehuelgas y clerical y para convertirse en propagadores de un No socialista y revolucionario. ¡Pero la lucha por el No es también una lucha contra la burocracia marysanchista, que ha convertido los sindicatos docentes en oficinas del gobierno proimperialista! Llamamos a los maestros y a los profesores a ponerse a la cabeza de una campaña masiva por el No al gobierno hambreador y por la lucha franca del pueblo contra el estado capitalista.