Prensa Obrera N° 304

Menem anunció que “antes de fin de año" dictará el indulto a los ex comandantes detenidos en Magdalena, autores según la Justicia de un “plan criminal” contra el pueblo argentino. El indulto alcanzaría también al general Ramón Camps, “quien alguna vez admitió que bajo su jurisdicción se habían producido más de 5.000 muertos" (Clarín, 20/5) y Carlos Suárez Mason, ex jefe del 1er. Cuerpo de Ejército, acusado de la responsabilidad de 36 homicidios. La inclusión en el indulto de Suárez Mason, cuyo juicio ni siquiera ha comenzado, se debería precisamente a la necesidad de evitar que el proceso produzca una reactualización de las denuncias de los crímenes cometidos por los esbirros de la dictadura. Además de los asesinatos y de las torturas figuran también los robos y el saqueo patrimonial de las víctimas. Los indultados no pueden justificar sus crímenes de lesa humanidad en ninguna razón de altruismo, ni siquiera en el fanatismo ideológico o político. El secuestro de ciudadanos fue por norma general, el paso inicial de un delito económico. La dictadura dio su propia versión de la defensa de la “propiedad privada". Menem vaticinó que esta tercera etapa de indultos tendría lugar en setiembre, luego de la visita de Bush. ¡Hay que preservar al “demócrata" del norte de la interpretación de que podría estar apoyando el “perdón” menemista! La exaltación de los “valores humanos de Occidente” y aún de su “sentido de Justicia" quedaría preservada por este no menos occidental manto de hipocresía. Bush obtendría el indulto que reclama, sin “ensuciarse las manos”. Pero es Bush, ex director de la CIA, quien más reclama el indulto, porque esto permitiría satisfacer el reclamo principal del alto mando militar, y con ello lubricar definitivamente la integración de las fuerzas armadas argentinas a las norteamericanas. Para eso han venido, precisamente, el general Thurman, violador de Panamá, y los “boinas verdes". Con el pretexto del “narcotráfico" los “demócratas” pretenden militarizar aún más el Estado y dislocar el proceso político a semejanza de lo que ocurre en Colombia, Perú y Bolivia. Es el regreso de los “grupos de tareas” lo que está detrás de la liberación de los jefes máximos de los “grupos de tareas". Por 60 millones de dólares: La tumba política de montoneros Junto con los excomandantes será beneficiado con el indulto, Mario Eduardo Firmenich, como ya ocurriera con Vaca Narvaja y Perdía en el indulto anterior. La liberación de Firmenich tiene como eje la devolución de los 60 millones de dólares que Montoneros obtuvo del secuestro de los hermanos Born, algo que PO fue la primera en denunciar. En un reportaje concedido a la prensa extranjera, Menem reconoció que “estamos conversando con el gobierno cubano sobre la posibilidad de conseguir el objetivo que nos hemos propuesto (recuperar el dinero que la organización Montoneros depositó en Cuba)" (Ámbito Financiero, 18/5). La otra condición para la liberación de Firmenich, el apoyo incondicional a Menem, Montoneros la está cumpliendo a rajatablas. Lo ocurrido con los jefes "montos" constituye una de las formas de la descomposición que asume el foquismo, precisamente por caracterizarse como una estrategia que apunta a la manipulación de las masas, y no a que éstas encuentren, a través de la lucha de clases y de la acción consecuente de un partido revolucionario, el camino de su propia emancipación. Esto hay que tenerlo en cuenta mucho en la actualidad, cuando una nueva generación de luchadores obreros y populares enfrenta una verdadera encrucijada histórica -es decir, la oportunidad de formar una gran vanguardia obrera para dirigir la revolución socialista.

Hace un año, el gobierne alfonsinista montó una provocación contra el PO, acusándolo de promover los saqueos a supermercados protagonizados por la población desesperada de hambre debido al plan económico del propio gobierno. Los locales partidarios fueron allanados, así como las viviendas de numerosos militantes. Mientras estaba en la Casa de Gobierno protestando por estos hechos, una parte de la dirección nacional entera fue detenida allí mismo. Otro tanto ocurrió en la sede central partidaria con los dirigentes presentes. La “caza de brujas” desatada fue frenada por la tremenda indignación popular que causaron las detenciones, a la que acompañó una lluvia de telegramas del país y de todo el mundo exigiendo la libertad de los detenidos y el fin del proceso al PO. Días después los compañeros recuperaron su libertad. Pero allí no terminó la cosa. La libertad" conquistada fue solo “condicional”, lo que significa que en cualquier momento pueden ser detenidos nuevamente. No se ha cerrado la acusación. El proceso continúa abierto contra el PO. El proceso no se basa en pruebas materiales. La acusación es ideológica. Se acusa al PO de llamar a manifestar a Plaza de Mayo contra la política de hambre y desesperación que impulsaba Alfonsín. Eso es todo. Un aberrante artículo del código penal de épocas dictatoriales, que nada tiene que ver con los hechos ni con la política del PO, ha sido invocado para reclamar una pena de hasta ocho años de prisión para nuestros dirigentes y militantes acusados. La prosecución de la causa contra el PO sólo puede explicarse a partir de una definida estrategia represiva del Estado. El expediente judicial se limita a un montaje ideológico y a la total ausencia de material probatorio. La solidaridad nacional e internacional contra este proceso fue clave, en su momento, para lograr la libertad de los compañeros detenidos. Ahora, el proceso entra en una etapa de definiciones. Se está terminando la “instrucción”, luego de lo cual se podrían pedir —desde la fiscalía— penas de prisión contra los procesados. Es fundamental redoblar el esfuerzo de esclarecimiento sobre el carácter de este proceso. Pedir —más que nunca— el apoyo del movimiento obrero, de las comisiones internas de fábrica, de las organizaciones barriales y populares, de los centros de estudiantes y de todo el pueblo, para exigir el cese del proceso de persecución contra el PO. Llamamos en este sentido a un pronunciamiento masivo en nuestro país así como también a la solidaridad del movimiento obrero internacional ante este ataque a una organización obrera revolucionaria.

Se conoció finalmente el fallo del caso Budge. Establece cinco años de prisión para los policías Balmaceda y Miño y doce para el cabo Romero. Para los jueces no existió asesinato alevoso sino “homicidio en riña", esto a pesar de que las pruebas y los testimonios del juicio demostraron que fue un crimen a sangre fría. El asesinato hubiera sido penado con la cadena perpetua. Indulto Balmaceda, principal culpable de la matanza, estará libre en pocos meses, beneficiado por la “condicional”. El cabo Romero, al que se le impusieron doce años, podrá salir por “buena conducta” en cinco años. El fallo de Budge se revela así como una forma de indulto. La función de un fallo de esta naturaleza es dar seguridades a las “fuerzas de seguridad", que están comprometidas en torturas y asesinatos reiterados en las barriadas obreras. Los patrones y sus políticos cuidan muy bien a esta franja del aparato represivo. Silencio Durante el juicio, los funcionarios oficiales y los dirigentes de los partidos “democráticos" alentaron entre los familiares y la ciudadanía la certeza de que el tribunal dictaría la cadena perpetua. Era una política de apaciguamiento, a pesar de las evidencias en contrario. Ahora estos mismos funcionarios y políticos dicen que lo importante es que hubo una “condena". Pero la condena que la ley fija es cadena perpetua, no unos artos de vacaciones pagas Los jueces solo pusieron el moño de una situación preparada de antemano por el juez de instrucción, Rousseau, que cambió la carátula de asesinato a “homicidio en riña" y por el fiscal que pidió once años de cárcel para lo que correspondía perpetua. Al frente En el régimen capitalista, que necesita a los represores para mantener su política de hambre, no hay lugar para una justicia “independiente”. La tarea de la hora es denunciar lo ocurrido y apelar este fallo para proseguir la lucha hasta el final. Desmontar la farsa judicial y la complicidad oficial con los asesinos. Exigir la cadena perpetua a través de la movilización, ligando el caso Budge con las denuncias recientes de tortura y asesinato policiales en Moreno y Villa 21, así como la investigación de lo ocurrido en el incendio en el Penal de Olmos. Para ello llamamos a constituir un frente de todas las organizaciones barriales, de derechos humanos, partidos antipatronales estudiantes y vecinos, que exija el castigo del crimen de Budge. A movilizarse en cada barrio, fábrica y colegio contra la represión y la tortura a la juventud trabajadora y estudiosa.

Tuvo un cumplimiento impresionante el paro general convocado por los sindicatos uruguayos el 24 de mayo pasado. Así lo han tenido que reconocer todos los cables de noticias. Quedó desmentida así la tesis política principal de la burocracia sindical del PIT-CNT y de los políticos del F.A. que venían asegurando que el movimiento obrero se encontraba aislado y de que tal situación solo podía ser superada por una reactivación económica capitalista. Semejantes planteos se vienen repitiendo desde 1985 sin mayor correspondencia con la realidad y han reaparecido en el documento presentado por la dirección al congreso del PIT-CNT. El éxito del paro mostró la existencia de una “creciente tensión sindical” (La República, 25/5), que se expresa en la huelga por tiempo indeterminado de los choferes de colectivo y las amenazas de huelgas en todo el transporte y en otros gremios. También refleja el enorme repudio que existe al impuesto del 15% fijado sobre los salarios, una especie de variante uruguaya del impuesto a los pobres de Margaret Thatcher. El paro fue muy seguido tanto en Montevideo como en el interior. A pesar del éxito del paro, o quizás precisamente por esto, uno de los dirigentes del PIT-CNT afirmó que “Así vamos por el mal camino"—“tendremos que definir nuevos instrumentos”, un signo inconfundible de que se pretende cerrar el camino abierto con el paro del 24. La enorme presión de las bases sindicales —y no los méritos de la política de la burocracia— es la “culpable” de los crecientes movimientos huelguísticos y reivindicativos. La “tensión sindical" también sirvió para revelar el rápido agotamiento del gobierno lacallista. Voceros del ex-presidente Sanguinetti, que también integran la coalición gubernamental, no se preocuparon por ocultar la existencia de “desacuerdos" dentro del gobierno en torno al “ajuste” (Ámbito Financiero, 25/5). Los funcionarios oficiales pronostican que “los conflictos entre los trabajadores y el gobierno se agravarán en el presente año", una perspectiva que Lacalle comparte con Collor y Menem. Es la respuesta obrera y popular al completo empantanamiento de sus “ajustes" fondomonetaristas.

El Frente de Salvación Nacional obtuvo una aplastante victoria en las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo 20 en Rumania y se aseguró una abrumadora mayoría en las dos cámaras legislativas. El Frente de Salvación Nacional, que está integrado por notorios dirigentes del disuelto PC rumano, gobierna el país desde diciembre, cuando fue impuesto en el poder por el Ejército ante la caída de Ceausescu Desde entonces, tiene además el apoyo del aparato estatal ceausesciano y de Moscú. El conjunto de las cancillerías occidentales también apoyó fervorosamente el ascenso del FSN al poder y hasta reclamó en su respaldo la invasión de las tropas del Ejército Rojo a Rumania. El sostén burocrático-occidental a los ex-ceausescianos se mantuvo incólume, aun ante la deserción del Frente de “Intelectuales Independientes" y de las numerosas manifestaciones populares contra el “continuismo". El jefe de la delegación de observadores enviada por Bush declaró enfáticamente que “no observamos ningún fraude sistemático y obvio; hubo limpieza en el proceso (electoral)" (Gazeta Mercantil, 22/5), haciendo caso omiso de la manipulación del aparato estatal y de las irregularidades comprobadas. El apoyo yanki-soviético al FSN ilustra la decisión de Bush y Gorbachov de sostener férreamente los regímenes estatales burocráticos de Europa del Este, frente a la amenaza de la revolución política. En Rumania no tenían para ello otro personal político que los “disidentes" del PC. Pero también en Alemania, Checoslovaquia, Hungría y Polonia (donde los PP.CC. fueron derrotados en las urnas), el aparato estatal montado por el stalinismo sigue en pie: en la “católica" Polonia mantiene incluso la presidencia y una presencia decisiva en el gabinete; en la “conservadora” Alemania, en Hungría y en Checoslovaquia, hoy gobiernan sus viejos “compañeros de ruta" y que hasta han sido acusados de ser colaboradores de la policía política stalinista. En toda Europa Oriental, la burocracia stalinista mantiene un férreo control sobre las FF.AA., que juegan un papel político cada día más determinante. El co-gobierno stalino-imperialista, que en sus distintas expresiones domina la escena política en Europa Oriental, pretende ser la respuesta del "orden" a la irrupción de las masas.

A pocas horas de subir, la presidente Chamorro tuvo que enfrentar una huelga de trabajadores estatales que reclamaban contra la suspensión de la estabilidad laboral y un aumento salarial del 200% —en consonancia con el aumento experimentado por los precios. Pero al cabo de unos días la dirección sindical sandinista redujo primero el reclamo a 100% y levantó luego el paro a cambio de la oferta inicial de Chamorro de 60%, más un adicional del 25%, otorgado como adelanto del mes próximo. Se acordó además dejar de lado el índice de hiperinflación de mayo como base de las negociaciones salariales futuras, y tener en cuenta sólo el aumento de precios registrados en las últimas dos semanas. Aunque el gobierno suspendió los despidos, simultáneamente envió al parlamento —donde tiene mayoría— un proyecto de anulación de la estabilidad laboral y una reforma del código de trabajo. También mandó al parlamento un proyecto de ley contra la autonomía universitaria que primeramente había sido objeto de un decreto. La autonomía universitaria sólo existe en Nicaragua desde marzo último y concentra el gobierno de la Universidad en la persona del rector. La dirección sindical sandinista presentó su capitulación ante el gobierno como una “victoria”. Pero el dirigente Lucio Jiménez, de la Federación Nacional de Trabajadores (FNT), no tuvo problemas en explicar que “decidió aceptar la oferta de la contraparte para no ser acusado de responsable de una hiperinflación" (La República, 17/5). ¡Ah! El líder de los empleados de la Administración Pública, Douglas Díaz, por su parte, argumentó que hubo que aceptar “porque entendemos que no se puede manejar una política estable en las actuales circunstancias" (Sur, 18/5). La dirección sindical sandinista actuó en su bautismo como opositora con la misma política que cuando era oficialista: el Estado primero. La opinión de los corresponsales de prensa norteamericanos es inequívoca: “las demandas claves (de la huelga) quedaron insatisfechas". “La cuestión de la estabilidad laboral sigue sin resolver". “La mayoría gubernamental en la Asamblea Nacional facultará al gobierno a despedir a los empleados de alto rango" (sandinistas) (The Washington Post, 19/5/90). El artículo en el que se publican estas conclusiones lleva, sin embargo, por título un inverosímil “La huelga de Managua rompió el pacto de la transición”. El recule impuesto a la huelga por la propia dirección del FSLN queda en evidencia en la caracterización que hicieron del paro luego que éste hubo concluido “Líderes del partido Sandinista -dice el W.P.- admiten que la huelga fue probablemente inoportuna y que puede haber alienado al público al obstruir servicios vitales”. Semejante opinión equivale a una condena del movimiento huelguístico. Lo dice textualmente Carlos Caviron, alto dirigente del FSLN: la huelga “fue espontánea y no estuvo muy bien planeada” (ídem). Esta primer gran crisis post-sandinista permitió observar el funcionamiento del pacto o compromiso entre el FSLN y el gobierno Chamorro, naturalmente a costa de los trabajadores. Es que el “ajuste" de la UNO no hace más que proseguir el iniciado por el gobierno precedente y está inspirado por la misma estrategia de “reactivación capitalista".

El martes 22 se concretó un paro activo de estatales y una concentración que reunió a unos 1.000 trabajadores convocados por el Frente Gremial Estatal para reclamar un básico de 450.000 australes y rechazar el pago fraccionado de los sueldos. Aunque, en la concentración los oradores se esforzaron por señalar el éxito de la movilización, la escasa cantidad de gente y el desaliento con que abandonó el acto demuestra lo contrario. Esto se debe al clima de desmovilización que rodeó al paro, sin asambleas previas y casi sin información. El paro activo fue un hecho aislado, luego de que en la mayoría de los gremios sus direcciones abandonaron sus planes de lucha. Por este motivo, la tarea principal es hoy reclamar asambleas para hacer un balance del paro en una asamblea general de todos los estatales y promover un comité de lucha responsable.

El gobierno nacional resolvió transferir a la comuna porteña los terrenos fiscales que ocupan las Villas de la Capital, con la aparente finalidad de venderlos luego a sus actuales ocupantes. En la manifestación de apoyo al decreto en Plaza de Mayo, uno de los dirigentes barriales, Guillermo Villar, declaró que “la firma del presidente significará un acta de devolución histórica para los villeros" (Página 12, 23/5). ¿Reivindicación histórica o privatización? El decreto firmado por Menem fue elaborado por una “mesa de concertación" integrada por dirigentes del Movimiento Villero y la Intendencia. Según sus términos, “se faculta al Instituto Movilizador de Activos y a la Comisión Municipal de la Vivienda a fijar un precio para las tierras ocupadas y la financiación conveniente entre las partes" Como cualquiera se puede imaginar los villeros no podrán pagar esta “privatización" de terrenos con títulos desvalorizados de la deuda externa, como ocurre en las privatizaciones que benefician a los pulpos capitalistas, ni los terrenos tendrán un precio de remate como en los casos de ENTel o Aerolíneas. Al revés, el precio de estos “bienes del Estado” será valorizado como consecuencia del trabajo realizado por sus actuales ocupantes, que han rellenado bajíos, abierto calles, desratizado baldíos y alargado cañerías de agua a esos terrenos. “Nuestra idea —señaló el intendente Grosso (Clarín, 25/5)— es que la gente pague una cuota por su terreno, que esa cuota pase a ingresar un fondo, y que con otra cuota para la construcción vayamos haciendo un conjunto que, sumado a las técnicas de autoconstrucción y al trabajo de la gente desocupada de los propios barrios, nos posibilite la tarea constructiva con supervisión pública". Se trata entonces que los villeros y desocupados paguen, no una sino dos cuotas, que irán a un fondo “supervisado" por la Comuna. La posibilidad de adquirir los terrenos que ocupan, está condicionado a la capacidad de los villeros para pagar el precio que se fije a la tierra y el costo de la urbanización del barrio. Esto da la razón a los delegados de Villa Cildañez, que afirmaron que “bajo la apariencia de resolver el tema de la tierra —que es nuestra— y en el marco de la Ley de Emergencia Económica y el proyecto de Reforma del Estado en que se nos incluye, lo que en realidad se está encubriendo es un proyecto mucho más ambicioso que significa entregar las tierras fiscales a la voracidad de los grandes grupos transnacionales y a los negociados" (Sur, 24/5). Es que aquellos vecinos que no puedan afrontar las cuotas, se verán expulsados de las tierras, lo que dará lugar a un nuevo proceso de concentración de la propiedad urbana. Lo que no lograron las topadoras de la dictadura, lo harán ahora las leyes del mercado. Con inigualable perfidia, el decreto no hace referencia a los terrenos que son de propiedad privada, pero que a partir de ahora los dueños pretenderán rescatar en los términos del decreto, fijando su precio de acuerdo a una valuación fiscal. Quedaría así definido el comienzo de una verdadera expulsión de villeros, varias veces intentada en el pasado. Por un programa independiente Las consecuencias inmediatas del decreto significará cargar sobre las espaldas del villero tremendos tributos como el pago de las cuotas, de impuestos y de servicios públicos. El que no puede soportarla será “erradicado”. El movimiento villero necesita un programa claro frente a este intento confiscatorio del Estado capitalista. Los compañeros villeros del PO proponen: —Cesión directa y gratuita de las tierras a su pobladores actuales —perfectamente censados y organizados— que han pagado anticipadamente sus terrenos con el trabajo de mejoras. Expropiación de las tierras privadas, que no son contempladas en el decreto, sobre las que se asientan algunas villas importantes como la de Ciudad Oculta; el valor de los lotes es social y debe considerar las mejoras efectuadas por los vecinos, por eso el precio de las cuotas (que no puede superar el 10% del salario del jefe de familia) deberá estar referido a los trabajos de urbanización que deberán ser solventados por la Municipalidad. Los proyectos urbanísticos deben ser aprobados por la asamblea de villeros y ejecutados bajo su control.

Una verdadera catarata de subsidios ha prodigado el gobierno en los últimos días a la clase capitalista. No es poca cosa para un régimen que ha proclamado el fin del “Estado benefactor" y la vigencia del capitalismo "de riesgo". Es así que el eficentísimo Banco Central ha distribuido redescuentos entre 13 bancos insolventes, unos 225 millones de dólares, con el extraño argumento de que si los deja quebrar la pérdida para el Estado será aún mayor, debido a que garantiza los depósitos y los créditos extranjeros. A la luz de esto la banca capitalista resulta lo más parecido a un asilo de ancianos, que necesita de ayuda oficial para sobrevivir. Esos 13 bancos hace rato que están en la lona (varios de ellos intervenidos) y que vienen recibiendo chorros de dinero del gobierno. La plata que le han regalado a estos bancos elimina de un golpe todo el “superávit fiscal” obtenido en los últimos meses a costa del derrumbe de los salarios de empleados públicos, de la liquidación de las jubilaciones y el mantenimiento de una situación de colapso administrativo en toda la estructura del Estado. La farra no termina aquí porque igualmente se ha autorizado a las oligarquías regionales a cancelar sus deudas con los bancos de provincia mediante Bonex 89, que pueden ser comprados a la mitad de su valor. Los bancos de provincia podrán cancelar con esos Bonex 89 los préstamos que hubieran recibido del Banco Central. Al final, los oligarcas habrán reducido sus deudas en un 50% a costa del Estado, es decir, de los contribuyentes. Adicionalmente, la reactivación de la demanda de Bonex 89 que provocará este subsidio, mejorará su cotización, lo cual elevará el beneficio de los bancos privados que fueron acaparando este título cuando se cotizaba al 30% de su valor de lámina. En el caso del Banade, la cancelación de las deudas se podrá hacer con otros títulos de la deuda externa, que se cotizan más bajo aun que el Bonex 89. Este “curro” beneficiará a los “capitanes de la industria", que además asegurarán el negocio poniendo uno de sus hombres como presidente del Banade. ¡Sólo en la Argentina de Menem la gestión de un banco supuestamente en quiebra queda bajo la dirección de sus deudores! ¡Esto sí que es el "curro” elevado a la enésima potencia! ¡Por qué sorprenderse entonces de que el subsecretario de economía, Carlos Caballo, reconociera nada menos que la “reforma del estado" NO ES RACIONAL, PERO SI NECESARIA! Otro “curro" del Banade consiste en que comenzará a vender los 15 millones de dólares en acciones que tiene en cartera, con un 80/90% de descuento sobre el valor de libro de esas acciones. El Estado capitalista, como se ve, es una vaca lechera inagotable, aun quebrado, un enigma cuya clave es muy simple: la explotación de los trabajadores, sobre la que se basa el Estado, tampoco tiene límites. Pero hay más, pues a las compañías exportadores que se quedan con el IVA el gobierno se apresta a concederles el derecho a no repatriar las divisas que obtenga por las exportaciones, de manera que de aquí en más se legaliza la fuga de capitales y la fuga de impuestos no pagados. En medio de “la crisis" también se redujeron los impuestos a la exportación, lo que privará al fisco de 70 millones de dólares al ario, es decir del 70% del presupuesto anual de todas las universidades del Estado. Los estudiantes compensarán con aranceles los beneficios que se otorgan a los capitalistas y a la exportación —y luego Aliverti, Eliaschev y los “zurdos modernos" dirán que el arancel es justo porque no se puede permitir el subsidio al estudiante, que sería un hijo de “ricos". El “curro” más grande es naturalmente la inminente privatización de empresas con uso de títulos de deuda externa al 100% de su valor, cuando su precio de mercado es 12. A cambio de nada los pulpos capitalistas pasarán a controlar enormes industrias cuyos beneficios luego girarán al exterior. Las privatizaciones agravarán enormemente la hipoteca de la deuda externa. Si el capitalismo le pone a su propio sistema social bandera de remate, la misión de los trabajadores no es rescatarlo a costa propia sino terminar con él a costa de los explotadores y ricachones ladrones.

Tres listas disputarán, el próximo 31 de mayo, las direcciones central y departamentales del sindicato docente santafesino: la lista celeste —que dirige el gremio a nivel provincial; la corriente radical de Ediberto Sánchez, a cargo de las direcciones departamentales de Rosario y la Capital, y el “Frente de Lucha Docente", impulsado por el Mas. PO y sectores del PC y el Fral. La elección tiene lugar luego de una extraordinaria huelga de 45 días, que desnudó el compromiso de celestes y radicales con los gobiernos nacional y provincial. Pero la huelga también demostró que la burocracia está agotada como fuerza para los docentes, lo que explica que las mociones por entregar la huelga hubieran sido derrotadas en numerosas asambleas. Una expresión más aguda de esto fue protagonizada en departamentos fundamentales que votaron la constitución de un comité de huelga provincial para sustituir a la burocracia en la dirección del conflicto. La lucha por una nueva dirección se planteó vivamente en el curso de la huelga, deberá expresarse ahora en la votación que recibirá el “Frente de Lucha Docente".

La concentración docente del pasado miércoles 23 frente al Congreso fue un acto burocrático, a la que asistió no más de un millar de maestros y en la que faltó el fervor. Concebida como el punto culminante de un seudo plan de lucha de CTERA, fue el taparrabos de la “tregua" declarada por la burocracia sesenta días atrás. No hubo reclamos por el salario, ni por el “nomenclador único", ni por nada fuera del pedido de una ley de financiamiento educativo, que es la triquiñuela urdida por la dirección de CTERA para ocultar el abandono incondicional de la lucha. El fracaso del acto marysanchista pone al rojo vivo la bancarrota de esta dirección y plantea la necesidad do un vigoroso reagrupamiento de los activistas y de los delegados combativos del gremio.

El “plan de lucha" de la UOM no está concebido para vencer. No tiene objetivos precisos ni en materia salarial ni plantea nada en cuanto a los despidos y suspensiones. El supuesto reclamo de un aumento no es oficial y aun así solo elevaría el básico de un obrero especializado a 1.100.000 australes. El plan de paros materos por turno no sirve, porque las plantas están trabajando al mínimo. La burocracia sólo ha propiciado una movilización para el 31 y encima sin abandono de los lugares de trabajo. La cúpula miguelista ha puesto particular énfasis en el respeto a la “verticalidad" de este “plan de lucha". Por eso “recomienda" en una circular “el ajuste del accionar de las seccionales a los mecanismos estatutarios y a la consulta con los cuerpos orgánicos de la UOM, ante la eventualidad do conflictos capaces de alterar la paz social". El mensaje está destinado a sofocar los brotes de rebeldía que se expresan en los congresos de delegados de varias seccionales. Los “superiores” intereses de la UOM En realidad, el “plan de lucha" apunta a preservar los "supremos" objetivos de la “organización”, que no son los de los trabajadores. Lorenzo Miguel ya ha obtenido que “uno de sus hombres el empresario Juan Carlos Cattáneo, se haga cargo de la acería Somisa —la mayor de la rama—” (Pág. 12, 22/4/90) Otro objetivo de la burocracia es asegurarse la repartija de fondos de las obras sociales, que en el caso de la UOM están con un rojo de 20 millones de dólares. Lorenzo Miguel aspira a que uno de sus “fieles” —Aníbal Martínez— sea parte del reducido elenco burocrático que dispondrá de los casi 70 millones de dólares por mes que entran al Anssal. Asambleas para cambiar El cumplimiento de los paros por turno es absolutamente desigual en numerosos talleres no han comenzado y en las plantas más organizadas se acata sin mayor convicción. Es necesario un verdadero plan de lucha, con asambleas en las fábricas y asambleas seccionales. En las condiciones actuales el camino de una victoria pasa por la huelga con movilización.

El congreso de delegados de Foetra Capital resolvió realizar una asamblea general para el 12 de junio, y un paro y movilización para el 20 de junio. Lamentablemente, la asamblea general se hace sin abandono de los lugares de trabajo y por lo tanto desalentando la concurrencia masiva, y el paro del 20 tiene un carácter aislado y está sujeto en cuanto a fecha y modalidad “a lo que decida la comisión administrativa". Esta posición fue aprobada en el cuerpo de delegados por 140 votos contra 30, que correspondieron a la moción presentada por las corrientes de izquierda, la que planteaba una inmediata asamblea general con abandono de tareas y un plan de lucha. La moción aprobada es el resultado de un compromiso dentro de la propia Celeste y Blanca. La agrupación “9 de noviembre" (de las 62) ha cancelado sus reparos a la privatización de ENTel a partir de la modificación de los pliegos realizada en el Parlamento. Por otro lado, la agrupación “18 de marzo" ha difundido un documento político en el que llama a la CGT a una “continuación del plan de lucha Iniciado el 21 de marzo y la realización de la anunciada huelga general". Para Foetra propone la “movilización permanente... inventando nuevas formas de protesta y transformando al sindicato Buenos Aires en un Parlamento de Trabajadores”. La propuesta final presentada por la Celeste y Blanca ante el congreso de delegados tiene las limitaciones derivadas de su adaptación a la política de las 62. Esto vuelve a llevar a un callejón sin salida al sindicato. La 18 de marzo debe romper con el miguelismo y concretar un frente con la izquierda, para producir de inmediato una gran renovación de delegados y convocar a una masiva Asamblea General. Con relación a la Asamblea del 12 llamamos a que se haga con abandono de tareas, para convertirla realmente en un Parlamento obrero ejecutivo.

El viernes 25 se realizó en Cipolleti una reunión de delegados, agrupaciones y activistas de Río Negro y Neuquén para preparar el IV Congreso Intersindical Patagónico. Participaron unos 35 compañeros en representación del Sindicato de la Fruta, y de la Comisión Transitoria de Obreros Rurales de Cinco Saltos, de una parte del secretariado de la UOCRA Neuquén, las comisiones directivas de docentes universitarios y del sindicato telefónico y de agrupaciones de UOCRA, Foecyt, ATE. Fue destacable la coincidencia inicial en concurrir a Caleta con el mandato de exigir la plena participación de delegados y agrupaciones de base con independencia de que estén o no avalados por las conducciones de sus sindicatos. La discusión en torno a la burocratización de los sindicatos llevó a plantear la necesidad de un congreso de bases de la CGT y de la constitución de una nueva dirección en la clase obrera. Esta formulación indudablemente supera la sola exigencia de un plan de lucha de la CGT que coronó el último congreso intersindical de Viedma. La discusión final giró en torno al programa a llevar a Caleta, el cual quedó plasmado en un documento, cuya parte resolutiva dice: “El encuentro de Cipolleti llama a los trabajadores a construir una alternativa que se proponga ser la nueva dirección sindical y política del movimiento obrero, para romper el acuerdo de la burocracia, el gobierno y los monopolios capitalistas contra los trabajadores. "PROPONEMOS Al Cuarto congreso de Caleta: La participación plena de las agrupaciones sindicales, delegados de base, y sindicatos que expresen la lucha creciente y el protagonismo de los trabajadores y el pueblo "Proponemos medidas de emergencia y lucha: 1°) Salario igual a la canasta familiar, indexado de acuerdo al costo de vida. 2°) Salud y Educación gratuita y pública. 3°) No a la subvención privada de la educación, no a la municipalización, no al arancelamiento. 4°) Por un presupuesto educativo del 25%, financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas. 5°) Por una vivienda digna, que no afecte más del 10% de un salario mínimo. 6°) No a las privatizaciones, ni a sus formas encubiertas, como empresas mixtas y concesiones; por el control de los trabajadores de las empresas públicas y de la producción; control obrero de las regalías provinciales. 7o) Confiscación de la banca y nacionalización del comercio exterior. 8°) No pago de la deuda externa e interna. 9°) Contra el desempleo creciente, plan de obras públicas financiado con el no pago de la deuda e impuestos progresivos a los grandes capitales. 10°) Analizando los diferentes encuentros intersindicales del Nordeste, La Matanza y Patagonia, surge la necesidad de la convocatoria de un gran congreso de delegados de base de la CGT que instrumente un plan de lucha. 11°) Este encuentro reclama al Cuarto Congreso que incluya en su temario el tratamiento de la reglamentación del derecho de huelga."

El próximo 2 de junio tendrá lugar en Caleta Olivia, Santa Cruz, el IVo Congreso Intersindical Patagónico. La sola circunstancia de que se hubieran hecho cuatro congresos patagónicos en seis meses aproximadamente, está demostrando la gravedad de los problemas que están enfrentando los trabajadores del sur argentino y la profundidad de sus luchas. La deliberación sistemática por parte de los sindicatos que abarcan una geografía tan extensa, es también la expresión de la total pasividad, cuando no de la completa capitulación ante las patronales y el Estado, de las dos CGT, es decir, del conjunto de la burocracia sindical. La Patagonia y Tierra del Fuego viven un proceso de vaciamiento económico, que está relacionado con la incapacidad de la burguesía para industrializar en forma independiente al país y con la tendencia, al mismo tiempo, a una creciente expropiación económica en beneficio de la banca internacional. El gobierno menemista ha hecho suya esta orientación capitalista mediante el impulso a las privatizaciones, cierres de empresas, despidos masivos y reducción de salarios. No es casual, entonces, que el sur argentino haya asistido en el último tiempo a movilizaciones de la envergadura de los paros generales de Trelew y Río Grande, a las huelgas prolongadas de los estatales de Río Gallegos, o a la ocupación de galpones por parte de los embaladores de fruta de Río Negro y Neuquén. Congreso de bases La iniciativa del movimiento inter-sindical patagónico la tiene el sector sindical que lidera ATE a nivel nacional, acompañado por varias direcciones ubaldinistas. Este sector se ha empeñado a fondo para que el movimiento tenga un carácter “orgánico", lo que significa que debe limitarse a reunir a las burocracias de los sindicatos y a ser una “garantía” para las direcciones burocráticas que quieran cambiar de alineamiento. El Mas apoya casi fanáticamente el enfoque “organicista", que es rechazado por un número extraordinario de agrupaciones, activistas y delegados de base, otros partidos de izquierda o combativos y por el P. O. que quieren, precisamente, un “Congreso abierto", que en el campo sindical tiene una completa justificación. La cuestión del “Congreso de bases" volverá a plantearse en Caleta Olivia, y de su solución depende que el movimiento intersindical cobre un carácter de masas y se desparrame como mancha de aceite. Estatismo burgués u obrero En los congresos anteriores, el temario de las discusiones estuvo dominado por las reivindicaciones salariales y las referidas a la defensa de las empresas del Estado, así como por el reclamo de un plan de lucha a la CGT Azopardo. En Caleta Olivia ocupará un lugar muy importante la cuestión de la reglamentación del derecho de huelga. Pero la experiencia de lo ocurrido hasta ahora obliga a profundizar los planteos, porque es evidente que las privatizaciones, la caída del salario, el desempleo y aún la violación del derecho de huelga, prosiguen su marcha sin que ello afecte en lo más mínimo a la CGT miguelo-ubaldiista, y hasta prosperan con su complicidad. Es evidente que el movimiento obrero no puede limitarse a defender las empresas estatales de una manera genérica, sino que deberá abordar la cuestión de la ocupación de sus instalaciones y de la huelga general, contra la “privatización” en el marco de un plan de lucha que apunte a conseguir la movilización masiva del pueblo. La defensa de las empresas estatales tiene lugar contra la acción entreguista, no ya del capital imperialista, sino aun de la burguesía nacional y del propio Estado. La posibilidad de una victoria contra las “privatizaciones” lleva a la modificación del carácter de clase del propio Estado. La conclusión de esto es que se debe señalar como objetivo político del movimiento obrero el control obrero de las empresas del Estado y el gobierno de los trabajadores. Congreso de Regionales -Comités de Huelga y Asambleas Populares Está claro que no se puede simplemente repetir el reclamo de un plan de lucha de la CGT, sino que hay que dar pasos que permitan concretarlo. Como la situación de crisis de la Patagonia tiene un alcance nacional y el reclamo de un plan de lucha es común a muchos sindicatos y regionales del interior, el congreso de Caleta Olivia tiene la oportunidad de llamar a un congreso de sindicatos y regionales cegetistas incluidas sus expresiones de base. En relación con esto está igualmente planteada la oportunidad de profundizar los métodos de lucha, a la luz precisamente de las luchas patagónicas y fueguinas Las huelgas prolongadas y los movimientos masivos indican la necesidad de establecer Comités de Huelga a nivel provincial, que involucren al conjunto de los sindicatos en lucha y que permitan la participación sistemática de los trabajadores. Los Comités de Huelga deben ser elegidos en asambleas, de modo de comprometer la responsabilidad de la dirección de la huelga frente a los trabajadores. Pero la crisis patagónica y nacional no afecta solo al movimiento obrero, ni tampoco tiene un carácter exclusivamente económico — al revés, se transforma rápidamente en crisis política. El congreso intersindical no debe ser ajeno a esta realidad y es por ello que sería necesario que señale la necesidad de organizar la intervención política del conjunto del pueblo a través de Asambleas Populares. En Santa Cruz, por ejemplo, la deliberación de una Asamblea Popular permitiría orientar políticamente al pueblo con total independencia de los partidos patronales que se están disputando, sin reparar en los procedimientos, el control de la gobernación. Partido de Trabajadores Queda por último una cuestión de importancia histórica que podría convertir a la distante Caleta Olivia en una ciudad que no se borre jamás de la memoria de la clase obrera de Argentina. El congreso intersindical no puede menos que constatar que de todas las clases del país, la clase obrera es la única que no tiene una expresión política propia. Durante cuatro décadas delegó esa representación en el peronismo, un movimiento profundamente popular pero cuya dirección y objetivos históricos no pertenecían a la clase obrera. Esa delegación está hoy completamente en ruinas El carácter capitalista del PJ ha sido esclarecido por la propia realidad. Frente a la ofensiva política centralizada del Estado capitalista, entonces, la clase obrera no tiene su propio instrumento ni organización políticos. Esto quiere decir que tampoco tiene los medios para convocar al resto de los sectores oprimidos, que por otra parte constituyen la mayoría nacional, a una movilización bajo su dirección para disputar el Estado a la clase capitalista nacional y extranjera. Pero si los trabajadores se privan de la posibilidad de poder ejercer una presión política sobre el Estado apoyados en el descontento nacional y de la posibilidad de la conquista del poder político, se están privando al mismo tiempo de cualquier posibilidad de éxito frente a la tremenda crisis y desintegración del capitalismo, a la que asistimos. Está a la orden del día, de un modo objetivo, es decir, impuesto por la realidad y no por una ideología determinada, la construcción de un partido obrero independiente, de un partido de trabajadores. El congreso intersindical debe examinar esta cuestión con toda atención. Un debate adecuado permitirá formular un llamado a formar un partido propio de la clase obrera a todos los explotados del país y a sus organizaciones. Lanzará al ruedo de la política obrera y nacional el debate sobre una cuestión de importancia histórica. La propuesta de convocar a un congreso de luchadores del movimiento obrero para formar un partido de trabajadores, abrirá necesariamente una perspectiva poderosa de poder contra el descalabro menemista y contra las supuestas, y por sobre todo las cosas falsas, alternativas opositoras tradicionales. Si lo que importa es la unidad nacional de los explotados bajo la dirección de la clase obrera, es necesario llamar a construir un partido de trabajadores. Un partido de activistas y masas, no de “punteros", que ponga en vigencia la democracia obrera, la unidad de acción y la elaboración política común. A los compañeros educados en la tradición teórica del frente nacional les decimos que éste solo puede tener hoy un carácter consecuentemente emancipador y antiimperialista bajo la dirección de un partido propio, independiente en términos de programa y de acción de clase de los trabajadores.

A principios de Mayo la empresa despidió un delegado por “realizar asambleas no autorizadas". Luego aplicó una tanda de sanciones arbitrarias. Ante la pasividad de ATE, la empresa aprovechó fiara despedir a otro delegado y arreciar más con las sanciones y persecuciones. Pero al final una Asamblea votó enfrentar este ataque con una manifestación al Ministerio de Defensa para reclamar la reincorporación de los despedidos, el pago de salarios adeudados y un inmediato reajuste salarial. La Asamblea tuvo lugar en la verja para que pudieran participar los despedidos. El gobierno quiere vaciar el Astillero para privatizarlo, lo que según Ámbito Financiero (22/5) ocurrirá después de la licitación de las empresas petroquímicas. Los ingresos por la venta que quedará a cargo del Ministerio de Defensa, “serán destinados a la reestructuración y reequipamiento de cada fuerza” (armada). Hay un plan para desmovilizar a los trabajadores por todos los medios. La semana pasada la empresa cerró sus puertas con la excusa de falta de agua. Es que los trabajadores aparecen como la única valla a la entrega. Está prevista una Asamblea General de fábrica al cierre de esta edición de PO, en la que se reclamará a ATE un plan de lucha nacional. Es necesario entonces que se convoque un plenario de delegados de base de todo el gremio.

En el Astillero hay congelamiento salarial, amenaza de privatización, vaciamiento y falta de trabajo. En 6 meses pasamos de uno de los mejores salarios de la zona a ganar una miseria. En febrero, luego de una prolongada lucha conseguimos elevar el mínimo de 20 a 70.000 ₳ y sobre ello la aplicación de los “módulos" (categorías). Pero la hiperinflación volvió a destruir nuestra base salarial. En Asamblea se votó reclamar: básico de 230.000 australes para marzo, más la aplicación de los “módulos” salariales, un anticipo de 400.000 australes a cuenta y el pago de todas las deudas atrasadas. Bloqueos Pero este reclamo se encontró con un gran número de bloqueos: 1) la negativa de la directiva nacional de ATE (De Gennaro) a unificar las luchas de los estatales y sus divergencias con la directiva seccional de Ensenada (enrolada en el menemismo). Lo concreto es que en dos marchas que hicimos a Buenos Aires nos negaron los micros. Igual fuimos en tren y a pie. 2) La política de la directiva burocrática de Ensenada que impulsó todo tipo de maniobras dilatorias en “gestiones” infructuosas y viejas bicicletas. Pero esto se acabó: una masiva asamblea chifló durante 3 minutos al representante de De Gennaro y votó marchar a Buenos Aires para repudiar la oferta de 117.000 australes que propugnaba aceptar la directiva seccional. Movilización Esta marcha fue seguida de otra a la legislatura de La Plata. Allí se chifló y abucheó a los diputados y senadores. A sus hipócritas notas de adhesión a la movilización obrera se les cantaba: “no te creo nada”, “mentirosos", “ladrones", “el turco nos cagó”, ¡Ojo! que hasta ahora, por iniciativa de la directiva menemista — y de algunos “izquierdistas” del PTP— en las movilizaciones no se cantaban consignas de repudio al gobierno. Permanencia En una nueva Asamblea se planteó preparar la “permanencia” dentro de planta por 48 horas, hecho que se efectivizaría esta semana. Esto equivale a una virtual ocupación de dos días. Ya en el pasado los trabajadores del Astillero hemos derrotado los ataques patronales ocupando “en permanencia” las instalaciones. Tres problemas se plantean: 1) organizar la movilización de todos los trabajadores y explotados de La Plata, Berisso y Ensenada en solidaridad con la “permanencia" de los trabajadores del Astillero; 2) Esto permitirá gestar las condiciones para transformar esta “permanencia" en permanente hasta tanto se solucionen los reclamos obreros; 3) Reclamar urgentemente a ATE que convoque al plenario general de delegados para lanzar un plan de lucha de conjunto que haga trizas la miseria salarial y la política de privatizaciones y entrega.

El gobierno resolvió abonar a los jubilados que cuentan con sentencias favorables el 60% de las deudas reconocidas del Estado en 15 cuotas ajustables, pero con la grave aclaración de que lo hará sin posibilidad de optar, “por un régimen de actualización que no está originado en norma legal alguna” (La Razón, 16/5). Estamos ante lo que en castellano se llama extorsión. Esta extorsión es una continuidad de una extorsión anterior, perpetrada por Alfonsín, quien en 1987 quiso imponer con el mismo método el decreto 648 que obligaba a los jubilados a aceptar un descuento del 70% de lo que se le adeudaba por incumplimiento del pago del 70/82% en un lapso de tres años. Unos 800.000 jubilados aceptaron este chantaje para poder cobrar algunos pesos, pero ni aun este desfalco fue cumplido por el gobierno en los plazos acordados Ahora el gobierno menemista pretende darle su merecido a los 10.081 jubilados que habían rechazado la extorsión alfonsiniana. El desamparo de los jubilados es total pues el Poder Judicial no hace nada para efectivizar las sentencias en firme ya dictadas. La gran estafa no termina, con todo, aquí, pues el gobierno no está pagando tampoco las jubilaciones actuales como correspondería, es decir de acuerdo al 70/82% de los salarios. La relación ha caído al 50% y según Clarín (20/5) "durante el año pasado el haber mínimo promedio cayó más del 20% en relación al de enero de 1989 y en el primer cuatrimestre de este año el deterioro es del 25,5% también en relación al haber devengado en enero de 1989, claro está sin contabilizar la pérdida del poder de compra de esos haberes como resultado de los altos índices inflacionarios registrados en 1989 y comienzos de 1990”. De modo que el gobierno financiaría las deudas jubilatorias que estaría dispuesto a pagar mediante la reducción de las jubilaciones actuales. Que el “estado de derecho" es para los jubilados un monumental fraude lo demuestra precisamente el hecho de que el Estado les desconoce en la práctica un derecho que previamente les ha reconocido en los papeles tribunalicios. Menem, como antes Alfonsín, especulan simplemente con la desesperación de los jubilados. Por eso está como secretario de Seguridad Social un clerical militante, Santiago de Estrada (antes embajador alfonsiniano ante el Vaticano), quien acaba de informar que recién a fin de mes se pagará la primera cuota de la deuda consolidada bajo Alfonsín a los jubilados que nacieron en 1908 (82 años).

Cuarenta instructores ‘boinas verdes" vendrán a la Argentina en setiembre para realizar "ejercicios de guerra convencional" con oficiales argentinos en un "teatro de operaciones" que abarcará desde las Cataratas del Iguazú al Delta. Los “boinas verdes" ganaron su triste fama en la “guerra sucia” vietnamita: las "operaciones especiales", los “interrogatorios" y las masacres —como la de Mi Lai— integran la tenebrosa “foja de servicios” de esta unidad de élite. La llegada de los “boinas verdes” confirma la enorme integración de las FF.AA. argentinas al dispositivo militar imperialista en América Latina. La presencia de altos jefes militares yankis se ha hecho habitual en Buenos Aires. El último en llegar fue Maxweel Thurman, jete del "Comando Sur" y máximo responsable militar norteamericano en América Latina. Thurman fue el ejecutor de la evasión a Panamá. El objetivo de los viajeros, según sus palabras, es el de “coordinar la lucha contra el narcotráfico y la subversión Interna". En las próximas semanas, el Ministro de Defensa Humberto Romero irá a Washington a entrevistarse con su “colega" yanki para dar los toques finales a esta cooperación: en las últimas semanas oficiales de ambos países han realizado “operativos" conjuntos en el Delta y “cursos de perfeccionamiento" en Campo de Mayo. Con el verso de la droga, los yankis están montando un vasto cordón militar cuya cabeza está en el “Comando Sur” (Panamá), que ya cuenta con bases en Perú y Bolivia y con una flota aeronaval instalada frente a Colombia. Los "operativos conjuntos" traducen el violento alineamiento de la diplomacia argentina con el imperialismo: en febrero, Argentina reanudó sus relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, en abril se anunció la suspensión del proyecto del misil “Cóndor II” y, también en abril, Cavallo en Estados Unidos anunció la decisión del gobierno de aceptar la supervisión internacional del programa nuclear argentino. También se ha revelado que las FF AA. realizan “operaciones conjuntas” y “cursos de especialización” con militares de España e Italia, potencias pertenecientes a la OTAN, de la cual también forma parte Gran Bretaña. Incluso trascendió que la Armada Argentina participaría en el “Operativo Unitas" que anualmente realiza la “U.S. Navy" con el apoyo logístico de la OTAN, junto a las armadas latinoamericanas en el Atlántico Sur. La integración argentina a los dispositivos extracontinentales de la OTAN significa un reaseguro a la ocupación militar británica de las Malvinas y el Mar Argentino. La contracara de la integración militar argentina al imperialismo son los anuncios de la participación de las FF.AA en la represión interna y el indulto a los genocidas. El fortalecimiento de los organismos represivos contra los pueblos es el común objetivo del imperialismo y la burguesía argentina. El objetivo estratégico último del imperialismo norteamericano es integrar a toda América del Sur junto con Canadá, en un único espacio económico, político y militar. Esta ha sido la posición histórica del capitalismo norteamericano con referencia a nuestros países. Ahora que no puede esgrimir como pretexto el “peligro soviético", queda irrevocablemente al desnudo el carácter imperialista del capitalismo. El sometimiento completo de América Latina es para el imperialismo yanqui una necesidad de alcance mundial, ya que está dirigido a derrotar a los imperialismos rivales y a centralizar la acción de los estados imperialistas para impulsar por todos los medios la restauración del capitalismo en la Unión Soviética. Esta tentativa histórica del imperialismo deberá ser derrotada por medio de una acción de proyección internacional de la clase obrera de todo el mundo y de la unidad de acción de los trabajadores de América Latina.

El plebiscito convocado para votar la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ha puesto en un duro aprieto a la "vereda de enfrente" Carlos Auyero, de la Democracia Popular, Estévez Boero y Raúl Dellepiane, de la Unidad Socialista, Leónida Gassoni, de Coninagro y Juan Mazar, de la CGE, se pronunciaron abiertamente por el SI a la reforma en una encuesta realizada por el diario Clarín el pasado domingo 20 Auyero y Dellepiane elogiaron la "modernización" y el "contenido progresista" de esta reforma Más prácticos, Nazar y Gassoni apoyaron la posibilidad que la reforma otorga a los municipios para levantar nuevos impuestos. Estos políticos y estos empresarios integran la “vereda de enfrente" según la clasificación efectuada hace un mes y medio por Solidaridad Socialista, el periódico del Mas, que la describía como yendo “desde la CGE hasta los trabajadores pasando por la burocracia sindical”. Este sector de la “vereda de enfrente" se apresta a convalidar con el SI la política cafiero-alfonsino-menemista, so pretexto de la reforma constitucional. Después de todo, un gobierno que es capaz de modificar nada menos que la organización del Estado en términos “progresistas", no puede ser tan antinacional o antipopular como aparenta, o en todo caso es susceptible de ser corregido y hasta transformado. La defensa del Estado ha producido así esta mutación, para nada milagrosa, de “la vereda del no" a "la vereda del sí". De paso se hicieron pelota las baldosas de las "veredas" como si por encima les hubiera pasado una dotación de Gas del Estado o de ENTel. Todo esto prueba una vieja verdad sociológica y política: la pequeña burguesía y la burguesía nacional se cruzan de vereda tantas veces como les resulta necesario para la defensa de sus intereses de clase. La pretensión de clasificarlas irrevocablemente en el campo revolucionario, o aún menos, en el campo de los llamados “enemigos del ‘ajusta"', es una tontería doctrinaria refutada por la historia. Pero como ya ocurriera en oportunidad del plebiscito del Beagle, las deserciones en la “vereda del no" son mucho más amplias. Eduardo Sigal, por ejemplo, del partido comunista, evita pronunciarse por el No a la reforma, en la misma encuesta de Clarín. “Vamos a impugnar el plebiscito y a reclamar una Asamblea Constituyente”, dice Sigal escapándose por la tangente. En el Beagle el PC votó por el SI, el planteo de Sigal hace presumir ahora una abstención o voto en blanco. Un planteo similar tendría la Idepo, que lidera Néstor Vicente, un enamoradizo de la “vereda del no", pero inconstante como la luna, según el reproche de Romeo a Julieta en la obra de Shakespeare. Por fin, para cerrar este “retrato de vereda con ausentes”, está el PTS, partidario de la abstención, la cual además de costarle su buena multa y dolores de cabeza al ciudadano habilitado, favorece el proyecto cafiero-menemista. La "vereda del no” ha abortado antes, naturalmente, de su primer gemido, a pesar de que la interrupción del embarazo se encuentre prohibida en el artículo 9 de la confesional reforma de Cafiero, Storani y Alfonsín. Fracturas similares ocurren, por supuesto, en la “vereda del sí", donde muchos votarán por el no. pero esto sólo puede sorprender a quien ignora que los explotadores son una clase dividida por la billetera. La deserción de los charlatanes centroizquierdistas y democratizantes de la campaña contra la reforma constitucional ayuda a clarificar las posiciones políticas dentro del llamado “campo popular" y muestra la necesidad de la completa independencia que deben tener los explotados respecto a los pequeño-burgueses Las contradicciones políticas en el campo oficialista delatan la profundidad de la desintegración que sufre el Estado burgués. La política de la “unidad" de “la vereda del no" es simplemente la adaptación de la izquierda a la pequeña burguesía y a la burguesía. En lugar de esto llamamos al PC, al Mas y a todos los luchadores a votar No a la reforma bonaerense y a hacer una campaña política común que tenga por eje, no el problema constitucional, sino las luchas populares por el pan y el trabajo, es decir las luchas de masas objetivamente enderezadas contra el Estado capitalista.

El arancelamiento de la enseñanza universitaria es defendido por sus partidarios como una medida destinada a... democratizar la educación. A esta especie se ha sumado desde hace un tiempo el periodista Aliverti y el “comunicólogo aggiornado” Pepe Eliaschev, un hombre que se hizo famoso por una encuesta televisiva acerca de la relación entre la geometría y el orgasmo femenino y por su fácil pasaje del alfonsinismo al menemismo y del socialismo nacional al mercado occidental. Desde esta trinchera se sostiene que la gratuidad es un medio para “perpetuar privilegios" en favor de la “patria universitaria” y de una “universidad de minorías” (ídem). El ex-rector de la Facultad de Arquitectura de la UBA sostuvo alguna vez que en la Universidad pública “la alpargata financia al mocasín" o sea que los pobres financian el estudio de los ricos. Estamos, sin duda, ante una verdad más grande que una casa. Sus autores ni imaginan que al igual que aquel personaje de Moliere que hablaba en prosa sin saberlo, ellos hacen un marxismo “inconciente”. Es que en la medida que toda la producción de valor y de riqueza bajo el capitalismo tiene su origen en la explotación del trabajo asalariado, los servicios educativos que brinda el Estado resultan de una distribución de la plusvalía arrancada a los obreros. Lo mismo ocurre, aunque ellos tampoco lo sepan, con los honorarios que cobran Aliverti, Eliaschev y el ex-rector de Arquitectura —que también se derivan de la plusvalía social creada por el trabajador productivo. Estos marxistas a pesar suyo, nos demuestran sin saberlo que la gratuidad de la enseñanza no importa ninguna clase de igualdad social, simplemente porque se basa en un régimen social de explotación. De donde se concluye, aunque esta no sea la conclusión de los mencionados, que toda reforma tiene por límite insuperable a este régimen social y que el camino de la igualdad social pasa por la abolición del capitalismo. Pero así como el monsieur Papelin de Moliere no podía componer una prosa de calidad, estos adversarios de izquierda de la gratuidad son visceralmente incapaces de sacar conclusiones marxistas, o sea consecuentes. Porque si según ellos hay que arancelizar la educación para que los pobres dejen de financiar a los ricos, habría que hacer lo mismo con todas las actividades, e incluso establecer aranceles progresivos según el nivel de riqueza de los capitalistas que se apropian del trabajo obrero. De esta manera, habría que establecer un impuesto progresivo sobre los ingresos y la propiedad, obtenidos del trabajo del otro, que en cierto nivel deberían ser directamente confiscatorios. Es precisamente lo que propugnaba el primer programa comunista de la historia. Pero Aliverti, Eliaschev y el ex-rector sólo quieren arancelizar la Universidad, y dejar afuera a banqueros, industriales, latifundistas y exportadores ¿Y a estos ricos quién los financia si no los pobres? La arancelización de la educación, contra lo que piensan los susodichos, no modificaría la situación de los estudiantes ricos, aunque sí, y considerablemente, la de los que lo son menos. El arancel aliviaría el presupuesto del Estado y por lo tanto la parte de las ganancias industriales que va a parar al fisco en la forma de impuesto. Lo que el rico pague por arancel lo dejará de pagar en impuestos. Esta ventaja no la tienen los estudiantes que no son capitalistas, que verían aumentar aún más sus gastos cotidianos. Como en Argentina el superávit fiscal se destina al pago de la deuda externa, lo que Aliverti, Eliaschev y el ex-rector proponen es que los universitarios financien al Citibank. El gobierno menemista, que admite pagar 3.500 millones de dólares de intereses anuales por la deuda externa, se niega a aumentar un presupuesto universitario nacional de 200 millones de dólares. Es cierto que los capitalistas pueden transferir a los precios el costo de los servicios que brinda el Estado gratuitamente, pero esto no es motivo para abandonar la gratuidad sino para extender el campo de la lucha contra los capitalistas reclamando por ejemplo la expropiación y control obrero de los monopolios. La lucha contra la arancelización es una lucha en defensa de la cultura para el pueblo, y para que tenga un carácter consecuente debe transformarse en una lucha socialista. No es casual que la gratuidad de la enseñanza haya representado históricamente una conquista de la izquierda, del movimiento obrero y del socialismo, esto porque plantea la socialización de los beneficios y de los progresos de la humanidad. También no es casual que se pretenda negar la gratuidad en la época de descomposición capitalista, porque con la creación de universidades privadas o centros de enseñanza masivos, se crea artificialmente un nuevo ámbito de explotación directa en beneficio del capital privado.

Cuando los senadores terminaron de dar su voto a la liquidación del derecho de huelga, Saúl Ubaldini, Hugo Curto, Mary Sánchez y otros notorios dirigentes ubaldinistas se retiraron cabizbajos y silenciosos. “No nos complace la ley", explicaron a los periodistas. El “disgusto” de los burócratas, sin embargo, no pasó de “un sentimiento”. ¡Esto explica que mantengan una férrea política de “autorregulación” de las luchas y que se empeñen a fondo en desgastar y aislar los conflictos que no pueden evitar! Ni la CGT ubaldinista, ni sus sindicatos adheridos pasaron del terreno declarativo frente al ataque gubernamental al derecho de huelga y, aún en este caso, para reclamar que sean los propios gremios los encargados de “limitar" las huelgas. Los burócratas están a gusto con la reglamentación estatal precisamente porque esta injerencia los defiende diariamente de sus bases. La preocupación de Ubaldini y Miguel son los fondos de las Obras Sociales o el pasaje a la OIT en Suiza. Es necesaria una inmediata campaña nacional en defensa del derecho de huelga, a la cual llamamos a los partidos de izquierda y corrientes sindicales y populares combativas. Senadores y jueces: Tribunal constitucional prohíbe el derecho de huelga por Jorge Martín Aún antes de que el Senado aprobara la reglamentación del derecho de huelga, la Corte Suprema había establecido en una acordada que “el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos, ni el orden social ni la paz pública". Para la Corte, el ejercicio de la huelga debe ser indoloro, inodoro e insípido, es decir que no debe servir como presión ni económica ni política. Esto quiere decir, naturalmente, que el Poder Judicial ha abolido un derecho que está consagrado en la Constitución. Los sindicatos pueden descontar entonces, que cualquier recurso contra la ilegalización de una huelga que establezca el Poder Ejecutivo, será rechazado. La acordada de la Corte supera al propio proyecto de Ley aprobado por el Senado en la negación del derecho de huelga. Ni qué decir que la acordada de la Corte sirvió al gobierno para declarar la ilegalidad de la combativa huelga de los empleados judiciales y permitió a los senadores incluir a la Justicia entre los llamados "servicios esenciales”, que no pueden ser paralizados aunque los trabajadores ganen sueldos de miseria. La acordada de la Corte es la primera desde su “reconversión” menemista, y el debut no ha podido ser más inconstitucional. Ocurre que la acordada no “juzga" sino que “legisla”, de modo que invade las funciones del Congreso. Al mismo tiempo se convierte en un Tribunal Constitucional y hasta de Orden Público, pues emite fallos generales al margen de un litigio judicial concreto. El “general” Bussi ha introducido, precisamente, esta institución antidemocrática en la Constitución de Tucumán. La Corte también le “reconoce al Estado... por imposición constitucional... todas las facultades que fuesen necesarias para asegurar (la continuidad de los servicios públicos, el orden social y la paz pública)”, lo que significa que propicia la militarización de los huelguistas. La Corte brinda así al Poder Ejecutivo los recursos jurídicos de una dictadura militar. Cuando los senadores dieron su media sanción a la reglamentación del derecho de huelga, conocían esta resolución de la Corte. Al no rechazarla, ni tampoco ratificar la vigencia del derecho de huelga, el senado coloca a su propio proyecto dentro del marco mucho más reaccionario de la Corte. ¡Pero mientras abolía de este modo un derecho que no tiene facultades para cuestionar, pues es un derecho constitucional, la Corte establecía su propio derecho de huelga contra la Nación toda, esto al reclamar autarquía presupuestaria para poder autofijarse los sueldos que le vengan en gana! Es evidente que al resolver unilateralmente su autonomía económica, la Corte está condicionando al cumplimiento de esta exigencia la eficacia y el carácter de la función que tiene a su cargo. La Corte protesta por los bajos salarios de los jueces, al mismo tiempo que acepta la reducción del salario real de los empleados judiciales y el desconocimiento de las convenciones que establecen el “enganche" entre los salarios de uno y otro. ¡Con este procedimiento, la burocracia del Estado (lo mismo hicieron los legisladores) se “desengancha" aún más de los trabajadores y de la sociedad, mientras el “tero" menemista vocifera contra los “privilegios” obreros! Todo esto demuestra el carácter arbitrario del ataque al derecho de huelga, que no responde a razones de “justicia” sino de conveniencia, tampoco a razones de equidad sino que es expresión del despotismo de clase. No son los “derechos de los terceros” lo que se quiere preservar contra los huelguistas, sino la “razón de Estado" y de la clase capitalista, para asegurar la explotación obrera.

En un régimen político de camarillas, nada más normal que los problemas familiares del presidente de la Nación se transformen en asunto de Estado. Ponen de relieve la profundidad y extensión de la crisis política. Lo más destacado, sin embargo, en el enfrentamiento entre Carlos Menem y Zulema Yoma, ha sido la incapacidad del jefe de Estado para resolver en tiempo oportuno la situación. Esto nos habla de su baja capacidad de arbitraje político. A la crisis entre camarillas generada por el grupo que rodea a su esposa, Menem le ha respondido con la formación de una nueva camarilla privada, en la que se destacan Neustadt y Constancio Vigil. El personaje de teleteatro no lo interpreta, como alguno podía suponer, su esposa, sino Menem. La dilación del presidente para recuperar la residencia de Olivos, que aunque simbólica es una parte del poder, ha obligado a movilizarse al embajador norteamericano, Todman, y a los dignatarios de la Iglesia, como si fuera una pequeña Malvinas. El yanqui está actuando como el verdadero árbitro de la situación, algo que testimonia el extremo al que ha llegado la injerencia imperialista, de una parte, y la desintegración del Estado, por la otra. Todman es naturalmente divorcista, no solo porque es protestante, sino porque su gobierno tiene depositadas todas las fichas en Menem. El clero, en estas circunstancias, también es divorcista, porque esto es lo que le conviene al César y a la bolsa de sus súbditos. Si según Neustadt, los curas consagran matrimonios con novias embarazadas, bien puede añadirse un divorcio a lo que Dios ha unido. Para ganar la “interna" en el 88, Menem recurrió a los buenos oficios de monseñor Calabresi para reconciliarse con su esposa, o el nuncio se los impuso sin necesidad de que se lo pidan. Ahora para mantenerse en el gobierno el presidente vuelve a depender del embajador del Vaticano. Lo que el clero une, el clero separa. La clerical burguesía argentina se ha convertido al divorcismo, unida contra la primera dama. En esto como en todo, los explotadores tienen dos medidas.

En agosto del año pasado Carlos Menem aseguró que Argentina tendría en noviembre una inflación negativa ¡Para qué! En su lugar se produjo la hiperinflación de diciembre. Erman González, en enero, anunció que se rebajarían las tarifas públicas, pero lo que vino después fue el "naftazo" y el “telefonazo". Si hace dos semanas Menem y González aseguraron que no se pagarían los intereses atrasados de la deuda externa, ¿qué tiene de sorprendente que el gobierno acabe de firmar un acuerdo con los bancos acreedores para pagar esos intereses de inmediato? La "cifra considerable en concepto de atrasos de intereses..." a que alude Clarín está estimada en 500 millones de dólares. Imposición El acuerdo con los acreedores le dio luz verde al acuerdo con el FMI, luego de discusiones que el corresponsal de “La Nación" en Washington llegó a calificar de “dramáticas". Sucedió simplemente que el FMI condicionó el tratamiento del convenio con Argentina a un "acuerdo previo con los bancos respecto del pago de intereses atrasados" (La Nación, 25/5). Los bancos acreedores, a través de W. Rhodes, del Citibank, le hicieron saber a González Fraga, vicepresidente del Banco Central, que Argentina debía “regularizar la relación del país con los bancos comerciales acreedores" (La Nación, 26/5). Para disipar cualquier malentendido, el hombre del Citibank anuncio que el 7 de junio “el gobierno (argentino) y el Comité de 13 Bancos discutirá la reanudación de un flujo regular de pagos de la Argentina a los bancos acreedores" (La Nación, ídem). González Fraga, con el aval de Erman González, aceptó el ultimátum, el que le fue comunicado al FMI. Sobre esa base se firmó el convenio. Esta es una apretada síntesis de la extorsión aceptada por el gobierno argentino, como si Argentina fuera un garito de los bajos fondos de Nueva York. Todo al paquete El pago de los intereses atrasados es una parte del paquete, porque para hacerlo efectivo, Argentina, necesita producir un “superávit fiscal” que debe obtenerse con mayores impuestos y tarifazos y reventando el salario, la salud y la educación. Es así que el gobierno se comprometió ante el FMI a: “Las tarifas se ajustarán periódicamente...” “Los salarios... no recuperarán el fuerte retraso de marzo" “El gobierno elevará el impuesto al valor agregado (IVA) hasta el máximo permitido por la ley...” “Se hará un acuerdo con las provincias para entregarle los gastos de enseñanza secundaria, vivienda y caminos" “Se eliminarán retenciones a la exportación...” (Clarín, 29/5) El programa de gobierne de Menem lo fija el FMI y los bancos imperialistas. El gobierno nacional ha quedado reducido a un simple recaudador de tributos para pagar la deuda usurara y fraudulenta. ¡Ni la enseñanza secundaria escapa al desquicio nacional! ¿Qué dicen frente a este programa de guerra contra los trabajadores y el pueblo, la CGT y los sindicatos? Lorenzo Miguel, Ubaldini y Andreoni se entretienen disputándose la representación oficial ante la OIT, mientras dejan también que el Parlamento cercene el derecho de huelga. El PO llama a los delegados y luchadores del movimiento obrero a impulsar asambleas y reuniones para derrotar al gobierno fondomonetarista, e impulsar una lucha común en los sindicatos por congresos de delegados de base que aprueben planes de lucha y la huelga general.