Prensa Obrera N° 301

Luego de seis semanas, la huelga docente santafesina pugnaba por sostenerse, frente al fuego cruzado de las provocaciones gubernamentales, de la completa deserción de las burocracias del gremio y de la traición de CTERA. Doble paliza El gobierno de Reviglio aplicó un tenaz operativo para aislar a la huelga y aplastarla. Para eso, suscribió una “tregua” con las burocracias de UPCN y bancarios provinciales, para que levantaran los planes de lucha de sus gremios. Luego, Reviglio giró una propuesta a la docencia que reiteraba las ya rechazadas por las bases. Intentó imponer esta “oferta’’ trucha por medio de Ediberto Sánchez, dirigente de AMSAFE, seccional Rosario, a quien impulsaba también un grupo de "mediadores", integrado por el “centroizquierdista" Estévez Boero, por uzandizaguistas y por la burocracia de la CGT. La base docente aplastó esta maniobra en dos asambleas consecutivas, a iniciativa de los delegados del “Frente de Lucha Docente” (ver recuadro). La asamblea provincial aprobó también una marcha desde todos los departamentos hacia la ciudad de Santa Fe, propuesta por Tribuna Docente. La ratificación de la huelga no fue acompañada, sin embargo, por la constitución de un comité provincial de huelga, lo cual dejó su dirección en manos de la burocracia —que había sido derrotada en las votaciones. Luego de postergar la marcha en dos ocasiones, Ediberto Sánchez y los celestes la sabotearon al enviar delegaciones raquíticas de los departamentos que controlan. En la última asamblea del gremio se reflejó el desgaste producido por esta profunda labor de zapa: aunque 9.500 compañeros votaron continuar la huelga, 7.500 plantearon su suspensión. En consecuencia, se resolvió continuar, pero sólo hasta el cobro de los salarios de marzo, que aún se adeudan íntegramente. Esta resolución limitada encendió, sin embargo, la ira del gobierno, que clamó por el “Incumplimiento de lo pactado con los dirigentes del gremio”, en referencia al compromiso asumido por la burocracia de “los dos Sánchez" (Mary y Ediberto) de liquidar la huelga de plano. Perspectivas Los burócratas han convocado ahora a una nueva asamblea, donde propondrán levantar la huelga sin condiciones, tal como lo exige el gobierno. El activismo antiburocrático mocionará ratificar lo resuelto por la última asamblea —continuar hasta el cobro integral de marzo— y rechazar el descuento de los días de huelga. La presente huelga debutó con los marysanchistas locales ya desprestigiados y su desarrollo desnudó la completa dependencia de los radicales de AMSAFE respecto del Estado y su “tregua” con la dirección de CTERA. Sólo denunciando implacablemente a los que vaciaron esta huelga, y poniendo de relieve su completo sometimiento a las trenzas patronales, podrá edificarse una vanguardia docente capaz de dirigir las luchas que vendrán La izquierda y la lucha de Amsafe Para fines de mayo, han sido convocadas las elecciones para renovar las comisiones directivas provinciales y departamentales de AMSAFE, lo que ha dado lugar a la constitución del "Frente de Lucha Docente”, integrado por Alternativa (Mas), Tribuna Docente y expresiones docentes del PC y el Fral. Los delegados y activistas del Frente han impulsado la huelga de AMSAFE contra la burocracia. El PC y el Mas, sin embargo. se han opuesto a plantear la con-signa del Comité de Huelga, a la que sustituyeron por la de formar una comisión negociadora Integrada por “delegados de base y la CGT provincial”. Los representantes de la CGT, entretanto propa-gandizaban las humillantes ofertas de Reviglio. Fue por esto que cuando Tribuna mocionó en Rosario por la ratificación del paro, le agregó la concreción de la marcha hacia Santa Fe y la constitución del comité de huelga provincial. El Frente de Lucha debe pronunciarse por una campaña activa por la constitución de un comité provincial de huelga, responsable ante la Asamblea provincial del gremio, de lo contrario es inconsecuente. M.P.

El congreso de CTERA, que se encuentra en sesiones, resolverá librar “batalla" en el “terreno político”, como se ha dado en llamar a la suspensión de los paros y a la “tregua” que está en vigencia desde hace un mes. La burocracia se encamina a la capitulación total, luego de someter a los decentes a un operativo de desgaste “Se han modificado las condiciones en que se desarrolla el conflicto", plantea el “documento de trabajo" enviado por la Junta Ejecutiva de CTERA a los secretarios generales, por cuanto “el gobierno central suspendería de ahora en más toda forma de asistencia financiera específica a las provincias y éstas están en quiebra". ¿Entonces? Entonces, a cuarteles de invierno: “Sería errar el camino si nos enfrascáramos en un planteo en el que el eje excluyente fuera el salarial", plantea el documento, así como “dejarnos arrastrar a una escalada de conflictos, al modo de quienes creen que esta lucha se define en términos de una mera progresión geométrica de los días de paro”. La burocracia ha descubierto las "ventajas" de poner en primera línea los reclamos de la Ley de Financiamiento educativo y de Pacto Federal educativo, es decir de abandonar la lucha. Es una rendición total y profunda. La dirección de CTERA se plantea además abandonar en los papeles —en los hechos no figuró nunca— el reclamo del ‘nomenclador único salarial", que en su momento fue la gran bandera de la Celeste para copar la CTERA “¿Es correcto seguir planteando el básico unificado en todas las jurisdicciones del país como uno de los objetivos del accionar de CTERA?” se interroga la Junta Ejecutiva y sigue: “¿Puede resultar válido dispersar el accionar gremial por lo salarial y mantener la unificación de la acción en torno al tema del financiamiento?". ¿Y la “paritaria docente” con la que se engatusó a los docentes a principios de año? ¿Qué quedó de ese “gran logro” con proyecto de ley incluido que, según la dirección de CTERA, “no hacía conveniente radicalizar el conflicto"?. Verso, solo verso. No hubo paritaria, por eso los básicos docentes están más dispersos que nunca, y Salonia plantea todos los días que “cada jurisdicción se arregle como pueda”. No hubo paritaria ni la habrá, si de la burocracia se trata. “El nomenclador único no va más" es la consigna ahora, en una “realista” adaptación a lo que el régimen capitalista ofrece. CTERA soy yo La dirección de CTERA ha resuelto la rendición. Pero ésta significa “paz con el gobierno" y “guerra con los maestros”. La jerarquía Celeste se lanzará ahora a una feroz regimentación de los sindicatos de base de CTERA en función de aparecer como eficaz garante de la tregua y cubrirse las propias espaldas. “Lo negativo es la imagen de un frente gremial disgregado" plantea el “documento de trabajo”, para proponer brutalmente “reordenar nuestra propia fuerza, poniendo límites a las situaciones que debilitan y quitan coherencia al accionar de CTERA". La mujer que ha producido, entre sus textos más importantes, los estatutos fascistas del Suteba, se apresta ahora a un nuevo intento de disciplinamiento de los maestros. Se vienen las sanciones, los aprietes, la "obligatoriedad” para las provincias de contar con el visto bueno de la camarilla dirigente para emprender una huelga. Así le irá. No hay “tregua” posible El gobierno destruye cada día la “tregua" que armó pacientemente con los dirigentes de CTERA. De los anuncios “extraoficiales" de Salonia de 650.000 iniciales para abril, se pasó a ofrecer “una solución global que Incluya marzo y abril". Ahora la propuesta presentada es nada para marzo, salvo el “decretazo" de los 440.000 para los nacionales, y 450 000 para abril —10.000 australes más!!! El gobierno ha resuelto esta provocación porque se lo permite la política de la burocracia. Por todo esto planteamos la coordinación en los distritos de delegados elegí- dinadoras. Proponemos el llamado a una Conferencia Nacional para constituir un frente de lucha para la victoria de los maestros, sobre la base de las direcciones, delegados y activistas que han impulsado e impulsan la huelga indefinida. Los "encantos" de Mary Sanchez Las asambleas del Suteba llamadas a discutir los mandatos frente al Congreso de CTERA fueron minoritarias, fruto del desgaste pero también del odio que suscita la política liquidadora de la burocracia Allí, los dirigentes plantearon una “nueva metodología" que consiste en disfrazar el abandono total de la lucha con "retiros de colaboración", “clases públicas", “asambleas con los padres" y otras medidas dilatorias de este tenor. ¿Qué hicieron los "cuadros” de IU? Los del Mas propusieron que el Suteba se pusiera al frente del acto del 1° de Mayo, lo que significa un respaldo a la política de la burocracia. Precisamente, a la hora de votar la moción que presentó la burocracia, los del Mas se abstuvieron y los "oficiales" del PC la apoyaron. En la genuina “vereda de enfrente” quedó Tribuna junto al activismo, votando en minoría una propuesta de plan de lucha consecuente C.R.

El martes 17 de abril estalló la huelga por tiempo indeterminado en la Universidad de Morón contra el aumento de la cuota mensual a 270.000 australes (315% de principio de año hasta ahora), impuesto en forma completamente despótica. SI los jóvenes somos el futuro de este país no puede haber ningún impedimento para nuestra formación; una vez más se ponen de relieve los objetivos de la clase patronal respecto a la educación, que no son otros que los de explotar a la juventud. El PO llama a organizar esta lucha con piquetes de huelga para que no quede ningún estudiante sin participar de la misma, y a formar Coordinadoras para extender la lucha a todos los gremios y a los vecinos que se enfrentan a los tarifazos. Todo esto fue planteado en una declaración de la UJS-Morón.

La decisión de la Universidad Nacional de Córdoba de establecer el arancel universitario se ha topado con el obstáculo de una lucha de camarillas. La propuesta del rector Delich y de Franja Morada de convertirlo en una "contribución obligatoria" de 15.000 australes al mes controlada por las cooperadoras y los centros de estudiantes encuentra la oposición de los decanos ligados al justicialismo que exigen que ese control quede a cargo de cada facultad. La finalidad de los 15.000 australes no es, dado lo exiguo, solucionar el problema financiero de la Universidad, sino, como lo dijo el decano de Derecho, Vaggione (candidato de IU para rector e iniciador de la campaña del arancel), "permitir" depurar el padrón de estudiantes”. El planteo del arancel está acompañado por el de la privatización de la Universidad, por medio de la venta de sus servicios a las empresas, lo cual condicionará los planes de estudio a los intereses estrechos de los Arcor, los Sevel, los Renault, los Citibank, etc., los mismos que han hundido la nación. El cierre de carreras (ya se rumorea la de Cine y la de Lenguas) estará a la orden del día. ¿Y el movimiento estudiantil? Entre los estudiantes existe una gran confusión. La crisis presupuestaria ha hecho estragos. Los estudiantes son bombardeados con la especie de que el Estado no puede hacer nada y de que la gratitud es un subsidio de los pobres a los “ricos”. No se dice que la arancelización es un subsidio que harán los estudiantes para pagar la "deuda" al Citibank y los "curros" como Yacyretá o los descuentos a los bancos.

El radical Shuberoff fue reelecto rector de la UBA luego de varias votaciones de la llamada “asamblea universitaria’’, dominada por los representantes de los docentes titulares, que constituyen un 15% del total del claustro de profesores, y un porcentaje infinitesimal de la totalidad de la comunidad universitaria. Cuatro años atrás Shuberoff tuvo que hacer sesionar a esta “asamblea” bajo custodia policial para impedir la presencia de los universitarios que impugnaban sus características fraudulentas. Ahora fue ungido por una alianza “progresista”, con peronistas “renovadores” e izquierdistas “independientes”, entre los que se incluyen a los estudiantes de la agrupación “Compañeros de Base” de Filosofía y Letras, FICSO de Ciencias Sociales y la AEI de Exactas. Una parte de esta izquierda había apoyado en las primeras votaciones al profesor Hugo Scolnik, que “atribuyó la política de ‘democratización universitaria’ al gobierno de Raúl Alfonsín” (Clarín, 11/4/90). Entre sus seguidores estaba Juan Fló, “peronista de base”, y dirigente de la CONADU. Shuberoff se ganó con estas maniobras un perfil “centroizquierdista”, lo cual no fue obstáculo para que esta centroizquierda no considerara necesario incluir el punto de la huelga docente y de la bancarrota presupuestaria en la Asamblea Universitaria. Los progresistas dicen haber votado por el “mal menor”, para ocultar su apetito de puestos. Los “Compañeros de Base” conquistaron algunos puestos rentados en el Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente de la UBA; los representantes de Exactas pugnan ahora por la vicerrectoría o por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UBA; los de Agronomía y Veterinaria disputan el primero de ambos cargos. Los centroizquierdistas de todo tipo han hecho simplemente una política de camarillas a la sombra de los menguados recursos de la Universidad. Ni bien concluyó la asamblea de la UBA, Shuberoff fue a la Casa Rosada, donde Menem anunció al Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales que recibirán “una parte” de los recursos que se obtendrán con el remate de ENTel, pero semejante desfachatez no provocó ningún reparo. Ningún centroizquierdista repudió a esta “nueva forma de financiamiento”, lo cual convierte a la centroizquierda en sucursal del menemismo. Cuarenta y ocho horas antes, una asamblea estudiantil-docente de Filosofía y Letras había reclamado a los consejeros que representan a la facultad el voto en blanco y la impugnación de la Asamblea Universitaria, un mandato de base que los “Compañeros de Base” resolvieron desconocer. 5to. año pide socorro “Socorro, 5° año”, el programa de Canal 9 que sigue las vicisitudes de un grupo de adolescentes en el último curso de la secundaria, ha desatado una virulenta campaña de los “custodios de la moral pública": el Consejo Superior de Educación Católica, la Liga de Madres de Familia, la Liga de Padres de Colegios Privados, La Prensa y hasta Zulema Yoma. Un exjuez, Manuel Obarrio, reclamó ante la justicia que el programa sea levantado. "Programa subversivo de devastadores efectos", resume uno de los impugnadores. Los censores, por supuesto, no critican la estereotipia de los personajes —tanto profesores como alumnos— ni el tratamiento superficial de los temas ni el matiz menemista de sus “remates" (un representante de la Dirección Nacional del Menor y la Familia asesora al libretista). Los censores critican que en el programa se “filtre” la vida: una joven embarazada a la que se pretende expulsar del colegio, el debate político, el aburrimiento de la enseñanza escolástica, la disciplina represiva. La realidad de nuestra educación es todavía más “subversiva” y es por eso que el programa apenas la recorre a vuelo de pájaro: miles de chicos que no pueden concurrir a la escuela por la miseria imperante, colegios atiborrados sin la más mínima condición para funcionar, disciplina represiva, docentes que desertan masivamente porque el salario no cubre el transporte, promiscuidad en la vivienda, falta completa de recursos para la joven pareja, negociados con los comedores escolares y los guardapolvos. El celoso ocultamiento de este “orden" es lo que los impugnadores llaman “fundamentos éticos de la educación”. Todo esto no debe aparecer, ni aún deformadamente y con cuentagotas, y a esto apuntan los censores. El COMFER ya pidió los “tapes" del programa para “evaluarlos”. Alejandro Romay, dueño de Canal 9, dice que está estudiando los reclamos. Algo habrá “estudiado", ya que los propios secundarios denuncian que “el programa se está desinflando" y que cada vez se parece más a un “teleteatro juvenil" (Sur, 16/4). Finalmente es Romay quien decide qué y cómo puede verse en TV. Esta dictadura tiene sin cuidado a los censores porque en sus instituciones rigen los mismos criterios de arbitrariedad. ¡Y si no que lo digan los estudiantes de la Universidad de Belgrano o del Salvador!

Los trabajadores estatales estamos en la mira del gobierno. Primero fue el decreto ómnibus 435: un verdadero plan de guerra para reventar los convenios y las paritarias. Semanas después fue la jubilación obligatoria una forma indisimulada de empujar a más de 70.000 compañeros a morirse de hambre y sin remedio. Ahora y como lo exige el FMI (lo que en boca de Menem y Erman González se denomina “monitoreo" de la reforma del Estado), el gobierno afila las uñas para una nueva provocación. Ha “prometido” ajustar los salarios de abril un 10% por encima de la inflación... a la que “calcula” en un mentiroso 15% cuando los tarifazos del gas, ferrocarril, correo, nafta, transporte, rondan el 30% de promedio. Pero lo peor, naturalmente, es que la “promesa" se come la inflación del 95% de marzo. Con ajuste y todo, el grueso de la administración pública apenas podrá arañar los 100 dólares o sea la quinta parte de la canasta familiar estimada en 2.500.000 australes. Cuanto más grande es la miseria de los empleados públicos (según la Universidad Argentina de la Empresa el salario estatal cayó un 52% en un solo año) mayor es la parálisis y la traición de la burocracia. Cada día que pasa los Candore y los Andrés Rodríguez ratifican con los hechos que son títeres y "chirolitas” del gobierno. ¿A quién puede llamarle la atención que quienes han apoyado todos los decretazos de Menem y han hecho suyo el lenguaje y los argumentos de Neustadt y Alsogaray, ahora se apresten a convalidar la estafa salarial en la comisión participativa? La conducta de la cúpula de UPCN es completamente previsible. Pero la tregua no es sólo patrimonio de ella. También se ha sumado la conducción de ATE, cuyo secretario general, Víctor De Genaro, es flamante integrante de las 62 lideradas por Lorenzo Miguel. Es así que ha abandonado el más mínimo reclamo salarial con la excusa insostenible de que mientras no cambie la política económica no tiene sentido "luchar por el salarlo". Al planteo del gobierno de reglamentar el derecho de huelga ha opuesto la “autorregulación", una forma de coincidir con la necesidad de que hay que ponerles fin. No se puede estar con Dios y con el Diablo. El mensaje de miles de compañeros que ganaron la calle el 21 de marzo no fue la tregua para que se siga saqueando la nación ni hambreando a sus trabajadores sino la huelga general, la lucha para derrotar esta política entreguista de Menem-Alsogaray. La Lista Naranja llama a todos los trabajadores estatales, afiliados a UPCN, ATE y no afiliados a realizar asambleas conjuntas por repartición y delegación para votar un reclamo salarial unificado y un aumento mínimo y de emergencia del 150% a partir del piso de los 450.000 fijados para Abril. La conducta de los Candore y Andrés Rodríguez, también la parálisis del ubaldinismo y de De Genaro imponen una reflexión obligada al activismo: es necesario construir una nueva dirección. En eso está la Naranja.

Tras la convocatoria del gobierno al pueblo, para apoyar la desastrosa política económica y ante el anuncio de un nuevo tarifazo que nos hunde más en la miseria, a la clase trabajadora le fue reemplazado el derecho a trabajar por el derecho a mendigar. En la Argentina, hoy con un gobierno “nacional y popular”, al obrero para poder subsistir se le ha legalizado el podar recorrer basurales y poder mendigar. La otra gran “alternativa” para poder comer él y su familia es concurrir a las ollas populares, que en un acto de "generosidad y gran sensibilidad social”, el gobierno ha instalado para “pallar el hambre del pueblo” y “debido a la emergencia económica que vive el país”. En Ing. Budge (Lomas de Zamora), funcionan dieciséis "ollas populares” custodiadas por corruptos representantes del gobierno municipal (PJ). Los habitantes del Cuartel Noveno venimos sufriendo desde hace muchos años las consecuencias do los pésimos gobiernos, que son la falta de agua, luz, pavimentos, gas, cloacas, atención hospitalaria, escuelas. Todo esto no hace más que anunciar el Intento del gobierno de colocar a los trabajadores en un virtual "estado de agonía” y asegurar una larga y próspera vida a la clase burguesa. Pero los trabajadores no vamos a permitir esto. Es necesario una respuesta de conjunto de la clase trabajadora a esta política de hambre, miseria y entrega de los gobiernos capitalistas de turno. Los trabajadores debemos organizamos en forma independiente del estado capitalista y de sus partidos. Debemos impulsar nuestra propia organización. Porque las "ollas” no son, ni pueden ser la solución al hambre de los trabajadores y tampoco pueden ser otro lugar donde los corruptos funcionarios (todos) y sus “punteros” sigan lucrando con la necesidad del pueble. Debemos ser nosotros mismos, mediante la elección en asamblea de delegados por cuadra o por manzana, los que ejerzamos el control de la recepción de los alimentos y su posterior cocina y distribución. La solución a todos estos problemas se logra garantizando trabajo para todos y esto solo será posible cuando consigamos instaurar un gobierno de trabajadores. Norma Lago - Ing. Budge

La desesperante situación social en toda la zona de Cuartel Noveno obliga a los funcionarios del gobierno justicialista de la provincia y del municipio a exprimir al mango su “imaginación" para tratar de frenar la irrefrenable ola, cada vez mayor, de reclamos y protestas contra la política de hambre, miseria y desocupación que aplica el gobierno del Citibank, Alsogaray y Cía. Según declaraciones de Rafael Roma, ministro de Acción Social de la Provincia de Bs As., "si los dirigentes no somos capaces de revertir esta situación, el estallido social lo vamos a tener dentro de unos años, con el aumento de los índices de mortalidad, desnutrición Infantil y la sobrepoblación de las escuelas para diferenciales”. Continuó diciendo Roma que “el 44% do los habitantes del conurbano padecen condiciones de extrema pobreza, con un 36% de hogares incorporados en la pobreza estructural” (Crónica 23/3/90). Estas declaraciones fueron realizadas en oportunidad del lanzamiento del plan PAIS (Plan Alimentario Integral y Solidario) en el municipio de Lomas de Zamora y no hacen más que desnudar la total incapacidad del Estado capitalista, sus instituciones, sus funcionarios y los partidos patronales para resolver los más elementales problemas de los explotados. Debemos recordar que en Lomas el PJ os gobierno desde el 83, o sea que en nuestro distrito el "verso" de que todo lo que pasa es consecuencia del gobierno radical no cabe ¡¡El gobierno anterior fue el del hoy vicepresidente Duhalde!! Pero veamos qué es el plan PAIS: "Es un plan que tiene como objetivos, a partir de la solidaridad y la acción común, paliar los efectos de la crisis por la que atraviesa nuestro país” (sic). Se dictarán cursos para la construcción de hornos de barro, la manufactura del pan casero, el cultivo de huertas comunitarias y la utilización de la leña como combustible. La mejor contestación a esta bochornosa propuesta la dio un compañero ya entrado en años, viejo habitante de Cuartel Noveno; “Mire señor, estamos en 1990 y vivimos a cinco minutos de la capital. El hombre ya llegó a la luna y en nuestro país hay no sé cuántos millones de vacas y para solucionar el problema del hambre Uds. nos quieren hacer volver a la prehistoria. Así no va. Parecería que no se enteraron lo que pasó en Salta con ése de la CGT".

La asamblea general de vecinos del barrio Los Olivos de Pablo Nogués del día 1/4/90, dio mandato al cuerpo de delegados para que convoque a una Asamblea de organizaciones barriales y vecinos de General Sarmiento para el 29/4. Esta convocatoria es un paso adelante. Se da luego del triunfo de diciembre pasado que consiguió la ley de expropiación de tierras y el otorgamiento a sus actuales ocupantes. Con el mismo método con el que se consiguió la ley de expropiación, asamblea general, delegados por manzana y movilización, Los Olivos le propondrá a los otros barrios encarar la lucha por los problemas centrales de los trabajadores y la construcción de una Coordinadora. La visita a otros barrios y radios de la zona ha dado ya importantes muestras de adhesión: “Por fin aparece en Sarmiento un sector organizado de vecinos que nos convoca a dar este paso”. “Hasta ahora nuestros reclamos en la Municipalidad y las denuncias eran permanentes pero aisladas”. En Los Olivos ya está corriendo una denuncia firmada con nombre y apellido, documento y domicilio sobre la entrega DISCRIMINATORIA de mercaderías en la delegación municipal de Nogués y la exigencia de que se respete el censo realizado por el Cuerpo de delegados y la actuación del mismo como fiscalizador de la entrega. (17/4/1990)

Los vecinos de Villa Tesei han emprendido una creciente movilización contra los impuestazos y tarifazos. Como en el resto del Partido de Morón, las boletas han llegado con el monto duplicado o triplicado, lo cual las hace impagables. En una reunión en la Sociedad de Fomento 26 de Enero, a la que concurrieron 20 vecinos, se discutió el tema y se resolvió convocar a una asamblea resolutiva e invitar a los bloques de concejales para una interpelación. La comisión directiva de la Sociedad de Fomento, junto a un grupo de vecinos, realizó una invitación casa por casa y esto dio como fruto que el 21 se juntaran unos 90 vecinos (4 veces más que la anterior). A la asamblea sólo concurrió el bloque radical, que se eximió de responsabilidades, aduciendo que eran minoría. La realidad es que fueron gobierno municipal durante 4 años y que también son responsables de los distintos fraudes habidos en el municipio. Se presentaron dos petitorios, que están trabajando varias sociedades de fomento del partido de Morón, donde se plantean impuestos y tarifas accesibles al sueldo de los trabajadores y jubilados, junto a la apertura de los libros para investigar en qué se invierten los fondos recaudados. Esto último fue ampliamente apoyado por los vecinos en sus intervenciones, lo cual obligó a decir a los concejales presentes que “el 80% del presupuesto iba a parar a sueldos de los funcionarios", entre ellos muchos “ñoquis" metidos por el PJ. También se denunció que las grandes empresas de la zona (CIDEC, Tres Cruces, etc.) no pagan los impuestos que corresponden a sus ganancias. Finalmente se votó participar en una movilización convocada por la “Comisión de organizaciones intermedias y vecinos de Morón" para el 27 de abril frente a la municipalidad y la suspensión del pago de las boletas hasta obtener una respuesta satisfactoria de las autoridades. La asamblea constituyó un gran paso adelante en la lucha por derrotar los tarifazos. Quedó claro que forman parte del “ajuste" exigido a Erman González por el FMI en su último viaje a Washington, para que el Estado pueda hacer frente al pago de la deuda externa y a los vencimientos de los Bonex. Se hace necesario extender la agitación y organización, manzana por manzana y al resto de los barrios de la zona para garantizar una masiva concentración el 27.

Después de varias semanas de una lucha tenaz que asumió las carac­terísticas de una verdadera guerra de clases, los trabajadores de la fruta de Neuquén y Río Negro obtuvieron una gran victoria contra la patronal estafa­dora que pretendía desconocer el sa­lario pactado hace varios meses con los obreros. Se había acordado un sueldo de 1.950.000 australes a marzo y querían abonar solo 1.300.000, con el argumento de que son exportado res y el “dólar no tuvo ei comporta­miento esperado”. Como el trabajo ya está concluido y la fruta está emba­lada en los galpones para ser embar­cada, los capitalistas querían llevarse la mercancía sin pagarle a los trabaja­dores. Los obreros (en su mayoría mujeres) ocuparon entonces 70 de los 80 galpones del Alto Valle y bloquearon la salida de los camiones con el apoyo de las barriadas circundantes. El go­bierno ensayó todas las maniobras para hacer retroceder a los trabajado­res, pero no lo consiguió. Amenazó, intimidó, irradió una gran campaña pu­blicitaria contra los “saboteadores de la exportación”, ocultando que ésta es un negocio capitalista y que incluso el Estado no recibe ningún beneficio de las mayores ventas al exterior co­mo consecuencia de la fuga de capita­les y del pago de la deuda externa. Cuando se agotaron las exhortaciones al desalojo, la policía se lanzó a una provocación contra dos plantas. En Cervic y Sargento Vidal rodeó los galpones y atacó con una ferocidad sin precedentes. Hubo mujeres y niños heridos, pero no pudieron quebrar a los obreros, los que lucharon cuerpo a cuerpo con los gendarmes, prendieron fogatas, e impidieron la sa­lida de muchos camiones. La agresión policial produjo una fe­nomenal conmoción en las dos provin­cias. El tiro le salió al gobierno por la culata, porque en pocos días una ca­tarata de pronunciamientos de sindi­catos, partidos, organizaciones veci­nales, repudió el atropello y exigió la li­bertad de los detenidos. Se hicieron actos en varias localidades, y en Neuquén la CGT terminó convocando una movilización. Al cabo de casi veinte días de lucha la patronal aceptó pagar la cifra convenida originalmente. El triunfo de los empacadores de fruta puso de relieve toda la fuerza que tiene el movimiento obrero cuan­do encara una lucha con firmeza, aún en el aislamiento. Cuando esto ocurre, la debilidad del gobierno menemista se hace patente. Como sucedió con los “fraternales”, Triaca lanzó una amenaza tras otra (quitar la personería, aplicar anticipadamente la legis­lación contra el derecho de huelga), pero terminó aceptando que no podía aplastar la huelga. Las fracasadas arremetidas policiales contra dos gal­pones, demostraron que si se intenta­ba desalojar las 70 plantas se iba a una lucha generalizada y de enormes proporciones con todos los trabajado­res de la región. La patronal negrera debió pagar lo acordado aunque trató de disimular su recule con la negativa a homologar el acta pactada, la amenaza de descon­tar los días de huelga y la negativa a fi­jar el salario de abril y mayo. Dos pun­tos decisivos que están pendientes y que deben ser el eje de un reclamo democrático de todo el Valle, son la li­bertad a 5 detenidos y cesación de to­da acción judicial contra los partici­pantes en la huelga. La victoria de la fruta puede ser el punto de partida para una acción ge­neral de todos los trabajadores de la zona. En Neuquén existen duros con­flictos en curso, en el Banco Provincial y judiciales, y reclamos importantes en estatales y docentes. Es la oportunidad de realizar un gran acto el 1° de Mayo por las reivin­dicaciones de los trabajadores y en fa­vor de una huelga general. La UOCRA ha hecho una convoca­toria a organizar el acto, pero a la es­pera de una respuesta de las direccio­nes ubaldinistas no se decide a tomar ella misma la iniciativa. ¡Que el acto obrero y de lucha del 1° de Mayo sea una realidad!

El nuevo plenario que realizó el miércoles pasado en FOETRA la Coordinadora Interbarrial de la capital, ratificó la marcha del 27 con la consigna "NO A LOS TARIFAZOS”. Los informes de los diferentes barrios revelaron que ha caído un poco la participación vecinal en las asambleas debido a la postergación de la llegada de las boletas y de los pagos, y en algunos casos a un deficiente trabajo de las comisiones barriales. Un hecho importante fue la participación en calidad de observadores de una representación de la Coordinadora del partido de Vicente López, que está desarrollando importantes movilizaciones contra los tarifazos municipales y provinciales en la zona, y que también concurrirá a la marcha. Lo destacable del plenario fue que a pesar de las dificultades en la actividad, el conjunto de los participantes intervino y votó para seguir trabajando, por la marcha del 27, organizar más los barrios y llevar al triunfo el no pago de las tarifas.

A lo largo de casi cincuenta días, los estatales salteños desarrollaron una gran lucha. En su transcurso propinaron una publicitada paliza a la dirección de la CGT, enfrentaron las provocaciones y la represión gubernamentales e integraron con sus reivindicaciones al movimiento barrial. También se constituyó el Frente de Gremios Estatales Ahora hay una tregua precaria, lo que impone un balance para seguir adelante. Cornejo y el Frente La política de Cornejo para imponer la ley de emergencia provincial fue intentar quebrar el "Frente” y forzar una negociación por separado. Varias asambleas generales rechazaron estos intentos, y "el Frente no se va” fue la consigna más coreada en las marchas callejeras. Cuando Cornejo apeló a la represión mostró la inviabilidad de su política y el movimiento pudo imponer la libertad de los delegados y activistas encarcelados. Luego de la paliza al carnero Durán, el “Frente” se constituyó en el punto de referencia del conjunto de los explotados salterios. Estaba en sus manos la responsabilidad de convocar a un movimiento de conjunto de privados y estatales y de ocupados y desocupados, es decir la huelga general. El Frente en cambio, se recluyó en “su” huelga y renunció a erigirse en alternativa a la dirección entreguista de la CGT. El Frente produjo un "documento base”, en el que se formulan múltiples denuncias acerca del saqueo capitalista de la provincia. Reclama la publicación de las listas de deudores del Banco Provincial y una “ley de tenencia de la tierra que castigue la improductividad”. Es decir que plantea una salida que tiene por sujeto estratégico al Estado provincial de Cornejo-Menem. Por eso, el documento no contiene una sola línea destinada a fijar un plan de acción para los trabajadores salterios contra el Estado burgués. Una tregua sin futuro La huelga del Frente fue levantada luego de que la Legislatura sancionó una ley que establece un salario mínimo de 550.000 australes para todos los estatales, así como una amnistía respecto de los días caídos. Aunque esto está lejos de los 800.000 que reclamaba el Frente, Cornejo vetó el pago de los días caídos. Esto plantea la necesidad de recomponer el movimiento de lucha del frente. Para superar las limitaciones de la base salteña, realicemos un Congreso de delegados de base estatales, que estructure el Comité de Huelga de la provincia.

El Mas resolvió retirar la Lista Naranja-Violeta 72 horas antes de los comicios de la Uocra. Invocó para ello un acuerdo preexistente por el cual si la Junta Electoral no atendía las exigencias democráti­cas de la oposición — voto en obra y con sobre, exhibición de padro­nes, autorización a fiscales— la lis­ta se marginaría de la elección pa­ra no convalidar el fraude. No nos consta la existencia de este acuerdo, pero si así fuera, ¿cuál era el objetivo que se busca­ba con la presentación de la Na­ranja-Violeta? Si todo se resumía a retirar la lista ante los signos del descomu­nal fraude, se hubiera debido re­nunciar de entrada a presentar ba­talla en los comicios amañados por la burocracia y el Ministerio de Trabajo, que son la norma en to­dos los sindicatos. ¿O es que aca­so existía alguna posibilidad de que la patota menemista fuera a conceder graciosamente comicios limpios, ante el solo reclamo de la lista opositora? La función de presentar una lis­ta independiente de la burocracia no es otra que la de impulsar la re­belión de las bases, la de organi­zar al activismo en la batalla por una dirección. A pesar de los pa­drones brutalmente truchados y del envío de “emisarios” de Ge­rardo Martínez a las seccionales, en una serie de lugares estaban planteadas las condiciones para propinar una derrota a la burocra­cia allí donde había un mínimo control de la base y aun así de­nunciar el fraude nacional. En varias seccionales y en mu­chas obras los agentes de la patota son profundamente odiados y no están en condiciones siquiera de imponer un control gangsteril de los comicios. ¡Un triunfo de la Naranja-Violeta colocaba a estas “direcciones” al borde del de­rrumbe, acelerando las condicio­nes para dar paso a una conduc­ción de base! En relación a esta situación y posibilidades el retiro de la lista es objetivamente una capitulación, porque desmoviliza al activismo cuya insurgencia de­bió ser la razón para presentarse a las elecciones. Las posibilidades de una rebe­lión eran factibles en Río Grande —donde fue electa una junta elec­toral democrática-, en Río Galle­gos, en Neuquén Capital, hasta cierto punto en La Plata y según el PC, también en La Pampa y Men­doza. ¿Después del 25, qué? El PC (Lista Violeta) se opuso a la decisión del Mas de retirar la lis­ta, caracterizándola como de “ma­nifiesta complicidad con la buro­cracia”. Oficiosamente, la acusa­ción es más concreta: Alcides Christiansen —Mas— había enhe­brado un acuerdo con Gerardo Martínez para evitar con el retiro de la lista la intervención de la bu­rocracia a la UOCRA Neuquén. El retiro de la lista ha creado una situación incierta, porque la decisión fue tomada al margen del activismo que puso la espalda y algo más para enfrentar el colosal fraude, y que ahora se ve ante la situación de bajar los brazos por la “orden de arriba". Será nece­sario un encuentro nacional anti­burocrático de trabajadores de la UOCRA para hacer un balance y discutir la puesta en pie de una corriente de lucha que tenga co­mo estrategia la expulsión de la burocracia y la independencia obrera.

El proyecto de ley de reglamentación del de­recho de huelga pretende ser la respuesta políti­ca del gobierno de Menem a su derrota frente a los fraternales. Su objeto —así lo ha declarado el presidente— es aplastar las huelgas de los ferro­viarios, los docentes y los telefónicos. La necesidad del gobierno derrotado de dar una rápida respuesta a sus vencedores —los tra­bajadores— y también a sus mandantes —los capitalistas— llevó a Menem a impulsar en prin­cipio la prohibición de las huelgas por decreto. Su transformación en proyecto de ley traduce el acuerdo alcanzado con el radicalismo y con la burocracia sindical. El propio Saúl Ubaldini acaba de agradecer públicamente al presidente el envío de la ley an­ti-huelgas al Congreso. La nueva ley viene a reglamentar un derecho que prácticamente no existe, ya que los instru­mentos de que goza el estado contra las huel­gas son innumerables: conciliación y arbitraje obligatorio, declaración de ilegalidad, suspen­sión y retiro de personerías gremiales, etc. Por sobre esta regimentación, el Estado cuenta además con una burocracia adicta, sostenida por el propio Estado a través de la ley de asocia­ciones profesionales. Con semejante arsenal le­gal político, el gobierno de Menem ha sido, sin embargo, incapaz de frenar las huelgas, lo que traduce el hundimiento de la autoridad del cau­dillismo nacionalista burgués sobre las masas. Una ley fascista La nueva ley, que pretende reglamentar las huelgas en los servicios considerados "esen­ciales”, define como tales a aquellos "cuya In­terrupción parcial o total pueda poner en peli­gro la vida, la salud, la libertad o la seguridad respecto de toda la comunidad, parte de ella o de las personas". Bajo este enfoque, todos somos “esenciales” ya que la explotación del trabajo ajeno constituye la “libertad” de los pa­trones, los que naturalmente son “personas”. La nueva ley liquida el derecho de huelga para todo el movimiento obrero. La amplitud de la definición de "esencialidad” pone de manifiesto la inspiración fascista de la nueva ley que convierte a los trabajadores en conscriptos al servicio de la “sociedad” corporizada por el Estado. Una excusa para la provocación El proyecto menemista, establece que antes de declarar una huelga hay que pasar por la conciliación obligatoria y, terminada esta, hay que comunicar por escrito —con diez días de anticipación— su duración y modalidad. En esos diez días, el Ministerio de Trabajo estable­cerá cuales serán los "servicios mínimos” que no podrán dejar de prestarse. Con esto, la ley pone un arma fenomenal de provocación en las manos de las patronales: ningún despedido podrá ser defendido hasta cuarenta días después de su despido. Además, la ley establece que las patronales designarán a los trabajadores que estarán obligados, bajo amenaza de despido, a prestar los “servicios mínimos”, lo que le permitirá nombrar a los de­legados y activistas para liquidar la huelga. La nueva ley integra todas las formas de regi­mentación aplicadas hasta ahora. La “nove­dad” es que a diferencia de las normas anterio­res, hace responsables primarios del incumpli­miento de la ley, no a los sindicatos sino “a los trabajadores”. El Estado defiende a la buro­cracia contra los trabajadores, reforzando toda la legislación sindical anterior. La urgencia de san­cionar la ley se explica, entonces, después que los fraternales derrotaron al gobierno pasando por encima de su propia burocracia. Esto expli­ca también, el unánime apoyo de la burocracia sindical —Mesa de Enlace y ubaldinistas— a la liquidación del derecho de huelga. La ley establece también que “el derecho de huelga no dará lugar en ningún caso al co­bro de remuneraciones por el período de sus­pensión de trabajo”, lo que significa equiparar­lo con el "derecho a faltar” según la Ley de Contrato de Trabajo. Lisa y llanamente, la ley de­roga absolutamente el derecho de huelga, aún de aquellas que sean declaradas legales en el cuadro fijado por esta ley super-reaccionaria. Esta ley anti-huelgas no sólo va a ser usada contra el movimiento obrero, los delegados y ac­tivistas sino también contra los partidos de iz­quierda. La ilegalización de las huelgas significa la ilegalización de los partidos que la inscriben en sus programas como método de lucha —sin­dical y político. La derogación del derecho de huelga abre el camino para promover causas penales contra los partidos que las propugnan. Para el movimiento obrero es vital quebrar esta ley que lo condena a la ilegalización. Es ne­cesario que los cuerpos de delegados y las asambleas sindicales reclamen a la CGT la huel­ga general por la derogación de esta ley-bozal y de todas las normas regimentadoras del dere­cho de huelga. Una “vereda” que se “autoregula” El dirigente de la Democracia Po­pular Carlos Auyero, sindicado como inquilino de “la vereda de enfrente", acaba de pronunciarse a favor de la “autorregulación del derecho de huelga" (La Razón, 2314). Esta “autorregulación" —compar­tida por Ubaldini y "los ocho"— signi­fica que deben ser la burocracia y las patronales quienes determinen me­diante acuerdos voluntarios, en parita­rias, cómo y de qué manera deben ha­cerse las huelgas. Auyero pretende que esta injerencia patronal en las re­soluciones que son propias de los trabajadores constituye un “mecanismo democrático”, algo que es absolutamente falso. La “autorregulación” significa el desconocimiento de la so­beranía de las democráticas asam­bleas de trabajadores y la subordina­ción de estos a la antidemocrática bu­rocracia sindical. Auyero, no es novedad, es hostil a la independencia de las organizacio­nes obreras, una posición que com­parte con los vecinos de su "vereda". La “vereda” de Auyero no es la de los trabajadores.

La iniciativa política de las organizaciones de izquierda de convocar a una movilización política contra la ofensiva anti-obrera y antinacional del gobierno menemista este 1° de Mayo, pone de manifiesto la completa caducidad de la vieja dirección del movimiento obrero, así como del nacionalismo de contenido burgués en general. Todos los trabajadores constatan la extraordinaria parálisis de la burocracia sindical frente al descomunal ataque que sufren las masas, al extremo de que consiguió pasar por tres hiperinflaciones demoledoras de las condiciones de vida del pueblo, sin mover un solo dedo. En un plano más particular, la bancarrota de los Guillán y de los Ongaro o el sabotaje de la conducción ceterista a la desesperada lucha de los docentes, demuestra la falta total de vigencia de las viejas direcciones en todas sus tendencias políticas para hacer frente a la completa descomposición del capitalismo. En estos mismos momentos, la burocracia sindical, con Ubaldini a la cabeza, se apresta a entregar en forma definitiva el raído derecho de huelga. Que esta capitulación tenga lugar inmediatamente después de la huelga victoriosa de las bases fraternales, incluso contra su propia burocracia, revela que la burocracia, lejos de pretender proteger a los trabajadores por medio de los sindicatos, procura al Estado para protegerse a sí misma de los trabajadores. La conducta del “grupo de los 8”, que acaba de suscribir el documento político oficial del Consejo nacional del PJ y hasta brindó número para poder viabilizar la ampliación de miembros de la Corte Suprema, medida de inconfundible signo derechista y represivo, demuestra que más allá de la burocracia sindical estamos en presencia de la bancarrota política del nacionalismo burgués. El veloz fracaso de la experiencia de gobierno de los Bunge y Born ha refutado la tesis de que la burguesía nacional es capaz de establecer un llamado "nuevo centro de poder” o un pretendido “nuevo modelo de acumulación”, y la fatigosa acción del embajador Todman para lograr el rejunte de los "capitanes de la Industria" y un acuerdo político entre el PJ y la UCR, nos indica la completa tutela del imperialismo sobre los explotadores nativos. De todo esto se desprende la necesidad de una nueva dirección. La tentativa de revitalizar a la burocracia o a sus tendencias de “Izquierda” en torno a propuestas “antiimperialistas” lleva al estrangulamiento de la vanguardia obrera que está surgiendo. Es indudable que la deserción política de la burocracia sindical da lugar a un cuadro de polarización política que es, sin embargo, prematuro cuando se tiene en cuenta el ritmo de evolución de las grandes masas. Pero precisamente por esto es necesario preparar políticamente a la nueva vanguardia para que asuma su papel de dirección, separándola del cadáver insepulto del nacionalismo burgués. También en el plano internacional asistimos a la completa caducidad de la burocracia "obrera" y a su entrega casi completa al imperialismo. Uno y otro se alían para pisotear las libertades nacionales y reprimir el movimiento independiente de la clase obrera. La jornada intemacionalista del 1° de Mayo es propicia para ratificar la vigencia del llamado del Manifiesto Comunista: "Proletarios de todos los países, uníos” contra el imperialismo y la burocracia opresores. (*) El presente artículo es una colaboración solicitada por el Semanario "Propuesta", del Partido Comunista, con motivo de la movilización del 1° de Mayo.

P: ¿Por qué el P.O. va el 1° a Plaza de Mayo? Jorge Altamira: El más elemental de los deberes de un revolucionario es apoyar y sostener con todas sus fuerzas toda lucha, movilización o protesta que vaya dirigida contra el régimen de explotación, su Estado, su gobierno o aún sus políticas, con independencia de las características parcializadas o de las limitaciones políticas que puedan tener esas manifestaciones como consecuencia de la naturaleza y de la estrategia de los partidos que se ponen a su cabeza. Este es claramente el caso de la movilización a Plaza de Mayo cuando se asiste a una profunda ofensiva del gobierno capitalista de turno, por un lado, y a extraordinarias luchas obreras, como la de los fraternales, docentes o estatales o empacadores de frutas, por el otro. La limitación política que le imprime Izquierda Unida al pretender servirse de ella para arrancar un frente de adaptación al ubaldinismo o a la “vereda de enfrente”, la cual iría desde la UCR y algunos sectores de >a burguesía hasta los trabajadores, debe ser señalada y clarificada, oponiéndole también una plataforma independiente de lucha. P: ¿Cuál sería esa plataforma? Jorge Altamira: Es necesario no disimular sino denunciar la complicidad de la burocracia sindical con el gobierno anti-obrero, denunciar que se apresta a entregar lo que queda del derecho de huelga, y convocar a la lucha por una nueva dirección. También es necesario reclamar a los sindicatos y a la CGT la defensa de las luchas en curso, de las reivindicaciones y del derecho de huelga por medio de una huelga general. Dado el carácter intemacionalista de la jornada, es imprescindible denunciar los acuerdos del imperialismo con la burocracia rusa contra las libertades nacionales, las conquistas sociales, las revoluciones y la lucha obrera, y llamar a la unidad del proletariado mundial y de los explotados de las naciones oprimidas. P: ¿Qué perspectivas abre esta movilización? Jorge Altamira: La movilización 1° de Mayo mostrará un cuadro de polarización política frente a la plaza de Neustadt, que todavía es en gran parte prematuro, dada la todavía lenta evolución política de las grandes masas y la política del imperialismo, que es consciente del cambalache del 6 de abril y que está empeñado en organizar un “centro” político con el PJ y la UCR. Pero esta polarización es profundamente real como tendencia. Es necesaria liberarla del peso muerto del pasado, de las ilusiones del antiimperialismo o democratismo pequeño burgueses, y darle un franco carácter revolucionario y socialista.

Cuando el jueves pasado la Izquierda Unida decidió dejar de lado la realización de un acto el 1° de Mayo en un estadio de fútbol para convocar a una concentración en Plaza de Mayo, quedó planteada la posibilidad de una movilización política popular contra el gobierno menemo-fondomonetarista y sus ataques contra los trabajadores. Hasta ese momento Izquierda Unida venía llamando a Ubaldini y a la burocracia de la CGT a convocar un acto público, sin denunciar el sabotaje que ambos estaban impulsando contra las huelgas de fraternales, docentes y telefónicos, ni tampoco la “tregua” que habían pactado a partir del último documento del Consejo Nacional del Partido Justicialista. IU había olvidado el principio elemental de que para desenmascarar a la burocracia sindical y contribuir a la educación política de los trabajadores (si esa era la intención), se debía primero señalar la política anti-obrera de la burocracia y reclamarle la ruptura práctica, y de ningún modo verbal, con la burguesía y su gobierno. IU insistía en llevar adelante esa misma orientación con el "grupo de los 8”, sin importarle, para decir lo menos, que este sector hubiera también suscripto el documento del Consejo Nacional del PJ y que luego hubiera contribuido al quórum parlamentario que habría de permitir al menemismo ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema con la finalidad de ponerla bajo su control. Izquierda Unida desarrollaba una política de adaptación a la izquierda pequeño burguesa del justicialismo y a la burocracia sindical ubaldino-miguelista, lo cual pudo ser verificado también en los congresos intersindicales de la Patagonia donde invariablemente hacía bloque con las burocracias sindicales contra los delegados de base o representantes de coordinadoras. En homenaje al rigor debe decirse que el Mas superaba ampliamente en estos menesteres a sus aliados e incluso que entraba en choque con ellos en algunas oportunidades. El llamado a una concentración en Plaza de Mayo no significó una modificación de esos planteamientos políticos. Aun ahora el Mas insiste en ofrecer a Ubaldini el cierre del acto en Plaza de Mayo, incluso cuando Ubaldini ha saludado la actitud de Menem de enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley que deroga virtualmente el derecho de huelga. Es notable el extremo al que ha llegado el Mas en su adaptación a la burocracia, al punto que asume características reaccionarias, porque equivale a hipotecar la lucha contra el proyecto de anulación del derecho de huelga. Se verifica así la circunstancia de que cuando grandes contingentes obreros evolucionan hacia la izquierda como consecuencia del agotamiento del peronismo, se levanta en el campo de la izquierda una política que pretende una involución política de los trabajadores. De este modo, la convocatoria de IU a Plaza de Mayo plantea una situación clásica y reiterada en la historia política: la posición que se debe adoptar ante movilizaciones que tienen a su cabeza a direcciones inconsecuentes, democratizantes o incluso nacionalistas. El marxismo tiene una posición tomada con relación a esto desde 1848: apoyar toda movilización o lucha de clases contra el régimen de explotación u opresión Imperante, señalando al mismo tiempo las características de clase y las limitaciones políticas de sus direcciones, para contribuir de este modo a que puedan ser superadas por los explotados. El llamado a concentrarse el 1° de Mayo en Plaza de Mayo tiene un inconfundible carácter de movilización política que solamente pueden negar los necios. Únicamente los charlatanes pueden denunciar la pasividad de la burocracia y luego abstenerse ante un llamamiento que objetivamente moviliza a todos los golpeados por la política capitalista y que por lo menos suscita la simpatía de los que luchan cotidianamente contra ella. Cuando el gobierno y la burocracia procuran atomizar al movimiento obrero, el llamado a manifestar frente a la Casa Rosada sirve para reunificarlo y contribuye a su protagonismo como clase. Naturalmente, este aspecto puede ser revertido y contrariado por el carácter de la dirección que encabeza la movilización, que se quiere servir de ella para desviar a las masas de sus objetivos históricos independientes. Pero es precisamente la obligación de un partido revolucionario luchar para que esto no ocurra, mediante una política que ayude a las masas a superar los obstáculos políticos de las direcciones a través de la experiencia. El llamado a celebrar un acto de oposición política el 1° de Mayo frente a la sede de gobierno significa un respaldo a las luchas en curso y refuerza su defensa contra el sabotaje de la burocracia; es también un acto de lucha contra la anulación del derecho de huelga. Apoyar esta manifestación de movilización política no fortalece las posiciones democratizantes si se adopta una posición clara, ya que es evidente que un éxito de la movilización contribuye a reclamar la profundización de las luchas y a la posibilidad de darle características clasistas y políticas definidas. A la luz del conjunto de sus posiciones políticas es evidente que para Izquierda Unida la movilización del 1° de Mayo es un medio de presión extremo para forzar un acuerdo o frente con el ubaldinismo y con las tendencias políticas que podrían girar en su torno, incluida la centroizquierda. A esto el PC lo llama el “bloque popular alternativo”. El Mas ya declaró que apoyaría una candidatura a gobernador de Ubaldini, con el argumento de que ella sería obrera; lo mismo haría, para el caso, su “rival”, el PTS. La colocación de la campaña por el acto bajo el signo de la “vereda de enfrente” traduce una política de colaboración de clases, esto porque en la “vereda de enfrente” se engloba, no al conjunto de los explotados, sino a sus representaciones políticas históricas, que en realidad están en la vereda menemista. La burguesía puede disputar entre sí por el carácter de las privatizaciones o aun sobre su conveniencia, pero todas coinciden en aplicar un poderoso “ajuste” sobre las masas. Desde Angeloz hasta la CGT de Azopardo y Estévez Boero, pasando por Cafiero padre y Cafiero hijo, toda la “vereda de enfrente” es partidaria del “acuerdo de gobernabilidad” que impulsan Bush y Todman. En la “vereda de enfrente” se mete al proletariado como remolque de la burguesía y aun del imperialismo. Es un crimen político contribuir desde la izquierda a esta confusión; por el contrario hay que separar a la clase obrera de la burguesía y convertirla en la dirección socialista de la única vereda de enfrente que conforman los explotados. Existe todo un método de manipulación política, el del Mas cuando exhorta a los radicales a venir con la “boina blanca” y a los peronistas “con las fotos de Perón y Evita”. Naturalmente cada trabajador vendrá como le venga en gana, pero hay que estimularlo a que venga con sus protestas y sus reivindicaciones y no invitarlo a que se cocine en su propio impasse político. El Mas se dirige a la gente como si ésta fuera disminuida mental y fuera incapaz de percibir los alcances políticos que tiene para ella su concurrencia a la movilización. El lenguaje también es política y en este caso es política reaccionaria. No se trata tampoco de convocar a la plaza del “no”, porque esto convierte a Menem en un árbitro político cuando en realidad es el representante estatal de los explotadores. No se trata de postular un tire y afloje entre el “sí” y el “no” para volcar las preferencias del presidente, al que también se pide que cumpla con un programa que IU, sin embargo, criticó en la campaña electoral. En lugar de política consecuente estamos en presencia de “marketing” electoral. Hay que estimular en las masas las tendencias que la impulsan a superarse, no las que las aferran a un pasado que las destruye. La movilización permite que la izquierda ocupe por un tiempo los primeros planos de la situación política, pero esto no significa que en el país se haya producido todavía una polarización. De un lado sería darle a la derecha un peso y una cohesión que no tiene, lo cual quedó patente en el acto de Neustadt, el cual como expresión de movilización política está a años luz de las protagonizadas por el peronismo, y que tuvo más las características de un cambalache que de una expresión de fuerza. Por otro lado todavía es lenta la evolución de las masas hacia una posición histórica propia o independiente; no existe aún una situación revolucionaria. La izquierda democratizante no pretende, por otra parte, constituirse en dirección política Independiente sino Integrar un frente popular o de colaboración de clases. La perspectiva que abrirá en lo inmediato la movilización del 1° de Mayo será un ascenso en el entusiasmo político de la vanguardia de los trabajadores y de la juventud. Y esto hay que fecundarlo por medio de la organización y de un programa socialista revolucionario.

El Partido Obrero llama a los trabajadores y a la juventud a movilizarse este 1° de Mayo a la Plaza de Mayo para protestar contra el salvaje saqueo del salario, la destrucción de la salud y de la educación del pueblo, la desocupación masiva, el aniquilamiento de las jubilaciones, el remate del patrimonio nacional y la violación de los derechos de organización y de lucha de la clase obrera. Mientras crece la miseria en los hogares obreros, crece también el festín en las mansiones de los explotadores. La Bolsa bate nuevos records para el mejor engorde de los especuladores capitalistas. Mientras la producción se cae por el suelo, los balances de las empresas siguen anunciando beneficios. El Banco Central riega con “generosos” redescuentos a los bancos privados, mientras los capitalistas agro-industriales se embolsan sin intención de devolver los préstamos que les otorgan los “ineficientes” bancos oficiales. El ingreso de las exportaciones se transforma en fuga de capital (700 millones de dólares en la hiperinflación de febrero). La evasión impositiva y previsional es multimillonaria. Los balances del Citibank y del Chase Manhattan, publicados la semana pasada en Nueva York, inscriben en su cuenta de beneficios los “negocios en monedas locales en los países de América Latina”. Los niños de nuestros países pagan con sus vidas el indecente rescate de los bancos imperialistas en quiebra. El Partido Obrero llama, entonces, a manifestar la oposición política de los trabajadores a la política rabiosamente capitalista del gobierno menemista. El PO denuncia el pérfido intento de privar de su último recurso de defensa a los trabajadores mediante la derogación del derecho de huelga. El gobierno que sube a 1.000 australes la tarifa mínima del colectivo, acusa a los choferes y a los ferroviarios de privar de transporte a la población. El gobierno que expropia al pueblo de sus teléfonos con tarifazos, acusa a los telefónicos que luchan contra el negociado de la familia Alsogaray. El gobierno que priva de medicamentos y de hospitales al pueblo, acusa a los médicos y a las enfermeras que defienden la vida de la población. ¡Es el gobierno “acusador” el que debe ser puesto en el banquillo de los acusados! El Partido Obrero denuncia la miserable capitulación de la burocracia sindical, incluido Ubaldini, que tolera sin chistar estos ataques y que se apresta a convalidar la derogación del derecho de huelga. El PO denuncia a los políticos “opositores”, que están negociando un “acuerdo de gobernabilidad" a instancias del embajador norteamericano, Todman. El Partido Obrero llama a luchar por una nueva dirección política de los trabajadores y a reclamar una huelga general en defensa de los trabajadores y de la nación. El Partido Obrero denuncia la trenza de Bush y Gorbachov contra la libertad nacional, las conquistas sociales y las luchas populares y reivindica la consigna inmortal: “¡Trabajadores de todos los países, uníos!”.