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Prensa Obrera N° 298

3 de abril de 1990 · 27 notas

Notas de este número

3 de abril de 1990
"Argentina mendiga"

La Cámara del Crimen acaba de producir un fallo que deja sin efecto el edicto policial sobre mendicidad y vagancia. A partir de ahora no se podrá arrestar a las personas que deambulen por la calle sin trabajo ni domicilio comprobables. Las leyes que reprimen la vagancia están asociadas a la formación del capitalismo, que por este medio reclutaba por la fuerza a la fuerza de trabajo necesaria para la reproducción del capital. En Argentina esta legislación tuvo una importancia histórica enorme, toda vez que el gauchaje podía ganar su sustento sin necesidad de conchabarse como trabajador, esto gracias a la abundante existencia de tierras libres y de ganado cimarrón. La formación de la estancia y la caza al gaucho constituyen un solo fenómeno económico y social, el cual tendrá su culminación bajo el régimen político rosista. La represión de la vagancia ha dejado hace mucho de tener aquella función de permitir la formación del capital productivo (“acumulación original o primitiva''). Su cometido ulterior fue encubrir la represión de la protesta social y la defensa de la propiedad y dar cuenta del nuevo fenómeno capitalista: la desocupación en masa. No, como antes, la escasez de mano de obra, sino su abundancia. En lugar del gaucho libre, que podía alimentarse fuera de la organización social capitalista, surgía ahora el mendigo, que precisamente se moría de hambre como consecuencia del agotamiento del régimen capitalista, que ya había cubierto y sobrepasado sus posibilidades y función histórica. El flamante tallo de la Cámara del Crimen hace ingresar la legislación represiva contra los explotados en una nueva etapa. Los camaristas declaran sensacionalmente que el edicto policial en cuestión "ya no tiene razón de ser luego de que el propio gobierno reconociese que se vive una grave emergencia económica y gran número de personas viven en límites lindantes con lo infrahumano” (La Nación, 14/3/90). Es decir que la generalización fenomenal de la desocupación y del hambre hace inviable la represión policial selectiva. El tema ya no es solo la “vagancia” o la “mendicidad” sino el “estallido social”, para el cual el gobierno acaba de prever, precisamente, la intervención de las fuerzas armadas, después que los jueces federales de la provincia de Buenos Aires; en colaboración con el cafierista ministro de gobierno, hubieran hecho el año pasado el aporte de aplicar el artículo 213 bis del Código penal contra los supuestos "Instigadores" del temido estallido. Ni qué decir que más allá de estas características el fallo de la Cámara equivale a una declaración de principios del régimen social y político actual Los juristas del régimen burgués han recaracterizado al país de aquí en más como la "Argentina mendiga”. El “derecho al trabajo", que no es otra cosa que la explotación forzada del trabajador por el capitalista, ha sido reemplazada por el “derecho a la mendicidad”. La nueva figura jurídica representa a las familias que procuran subsistir con los restos que dejan las verdulerías y declara como nuevo habitat a los basurales. Esta es la nueva conciencia "ecológica” del capital. Los jueces han superado a los propios economistas en la precisión del futuro de miseria que reservan a las masas el capitalismo y sus “ajustes”. Esta declaración judicial se produce en circunstancias en que gobierna el justicialismo cuya constitución de 1949 pretendía garantizar el derecho al bienestar desde la cuna a la tumba. La realidad ha mandado todas estas pretensiones al archivo irrecuperable de la demagogia, porque ningún gobierno burgués, por popular que se pretenda, puede ir más allá de las posibilidades del régimen social que se encarga de custodiar. El fallo de la Cámara del Crimen tiene las características inconfundibles del epitafio. Aquí yace el régimen social de la mendicidad.

3 de abril de 1990
Malvinas: Argentina, semicolonia inglesa

El 31 de marzo, casi exactamente ocho años después del desembarco argentino en Malvinas, el gobierno nacional reanudará las relaciones diplomáticas con la Corona británica, en virtud de los acuerdos de Madrid II. Pero estos acuerdos constituyen la renuncia oficial del Estado argentino a la soberanía sobre las Malvinas y las islas en disputa. El papel fundamental en todo este proceso diplomático corrió por cuenta del gobierno norteamericano. Este urgió a la Argentina, desde el fin de la guerra, a presentar su capitulación formal como requisito para la reanudación plena de relaciones. La Casa Blanca ha sido el verdadero árbitro de las negociaciones. Poco antes de viajar a Madrid, el canciller Cavallo fue a Washington a discutir los textos con el Secretario de Estado, James Baker, y con el asesor de seguridad de Bush. El propio Bush, en una carta personal a Menem, declaraba “esperar que (de) la reunión (Madrid II) surja el acuerdo para establecer completamente las relaciones diplomáticas" (Clarín, 13/2). “Cualquier otra cosa —concluía Bush— sería de lo más Infortunado". En boca del principal acreedor argentino, esto equivalía a una amenaza abierta. Bajo la supervisión norteamericana, Menem y Cavallo fueron a fondo por el camino abierto por Alfonsín y Caputo (negociar "dejando de lado la cuestión de la soberanía”) y finiquitaron un acuerdo que significa la rendición incondicional argentina. “Seguridad” imperialista Cavallo y Menem presentaron como uno de los grandes logros del acuerdo el fin de la zona de exclusión unilateralmente impuesta por Gran Bretaña en 1982. La “zona” es ahora reemplazada por un sistema de “alertas recíprocos”, que abarca una superficie aún más amplia, que casi “toca” las costas argentinas. Dentro de ella Argentina está obligada a informar del movimiento de sus naves o aviones militares. Existe, además, un sector más restringido (70 millas) en las cuales no se podrá ingresar sin la autorización de la potencia costera La zona de exclusión, lejos de desaparecer, se ha ampliado. Esto llevó al canciller británico a afirmar que “hemos reemplazado la zona de protección por algo que desde el punto de vista de la seguridad es mejor” (Clarín, 16/2). Esta nueva “zona de exclusión” significa el reconocimiento de la soberanía inglesa sobre Malvinas. Madrid II pone a las FF.AA. argentinas bajo la auditoría de una potencia invasora al establecer la “supervisión" de los ejercicios navales y aeronáuticos y la visita a “bases militares" por ambas partes. Naturalmente, los acuerdos no dicen una palabra acerca de la reducción o el desmantelamiento de la “Fortaleza Malvinas”, lo que convierte al Imperio británico —con la anuencia argentina— en la potencia militar hegemónica de la región. Los acuerdos de Madrid extienden el área de las costas y el espacio aéreo nacional sujeto al monitoreo y control de la OTAN. Comercio La firma de los acuerdos no resolvió la cuestión de la pesca. “La zona de administración interina (de los ingleses) instalada también unilateralmente en 1986 mantiene para la Argentina todo su poder limitativo” (Clarín, 16/2). Para poder acceder a la zona de pesca, Argentina debería solicitar autorización a las islas, lo que equivale al reconocimiento —de hecho y derecho— de la soberanía británica Los acuerdos, eso sí, establecen “la garantía recíproca de las inversiones", algo que naturalmente sólo sirve para proteger las inversiones de los pulpos británicos en Argentina. El Madrid II es la puerta para que los bancos y el gran capital británico se lancen en masa a participar del proceso privatizador. Precisamente, pocos días después de firmado, María Julia voló a Londres a “interesar" a los financistas ingleses en la privatización de Entel. Al considerar la “seguridad” de las inversiones —algo que deberá extenderse más allá de los inversionistas británicos— materia de un acuerdo internacional, y no de las leyes que regulan la vida económica interna, el gobierno menemista ha liquidado aún la soberanía sobre el propio territorio continental.

3 de abril de 1990
"Socialismo en democracia" en judiciales
Redacción

El viernes pasado se realizó una Asamblea del gremio de judiciales de Capital para elegir la Junta Electoral. Las corrientes de la izquierda y el activismo se habían puesto de acuerdo para constituir una lista común contra la burocracia azul y la “oposición” marrón. La Azul es promenemista, en tanto que en la Marrón revistan elementos de las 62, de De Gennaro, del PTP, fachos, etc. La trayectoria de esta lista es similar a la Azul; no pelearon contra el desenganche salarial "para no hacerle paros a Menem”. En torno a la Granate se nucleó en cambio un creciente activismo (PO, PC, independientes y últimamente el Mas). Para la Asamblea se había resuelto luchar por una junta electoral representativa de los tres sectores, pero la dirección del Mas a espaldas de todos decidió apoyar a la Marrón, lo que provocó el repudio unánime del activismo y aún de la compañera del Mas que la Granate había resuelto designar como candidata a la Junta Electoral. La posición de apoyar a la burocracia, aun la que tiene componentes derechistas, está planteada por el Mas en “Solidaridad Socialista" (27/3), donde dice que "para ampliar la movilización se requiere la unidad con todos los que están dispuestos a impulsar la lucha, incluyendo los sectores de la vieja dirigencia que lo hagan”. Ni que decir que la dirección del Mas se reserva la facultad de identificar a la especie inexistente de "la vieja dirigencia" que "impulsa (¡!) la lucha” Pero un partido que caracteriza a la situación política como “revolucionaria” y llama al mismo tiempo a apoyar a la "vieja dirigencia" (contrarrevolucionaria) es un monumento al descaro y a la impostura.

3 de abril de 1990
¡En defensa de los hospitales!
Redacción

Por un decreto firmado por Grosso, la MCBA declaró el estado de emergencia sanitaria y destinó una partida de 5.000 millones de australes para los 21 hospitales municipales, cifra que sólo alcanza para cubrir las necesidades de una sola semana en los hospitales (ver declaraciones del Dr. Cormillot, Clarín, 30/3). Esta medida que fue arrancada por la extraordinaria movilización de los médicos y profesionales de los hospitales, es entonces menos que un paliativo. El gobierno ha llevado al sistema hospitalario estatal al colapso, porque se propone liquidar los gastos sociales y reducir los hospitales públicos a la categoría de salas de auxilio. La declaración de la emergencia sanitaria determinó una tregua de 10 días, en que se discutirán el conjunto de los reclamos. La marcha blanca El martes 27/3 los médicos, residentes y otros profesionales de los hospitales municipales desarrollaron una nueva movilización masiva con pocos días de diferencia En esta oportunidad se sumaron los hospitales e institutos nacionales: Hospital Rivadavia, Borda, Moyano, Posadas, María Ferrer, Garraham, Malbrán, Gastroenterología; y también el sanatorio municipal Julio Méndez. Se reunieron más de 3.000 manifestantes pese a que ninguno de los grandes sindicatos que militan en el sector (ATE, UPCN, UOEM), se pronunció a favor de esta movilización; la burocracia de la UOEM (municipales) directamente saboteó la marcha. La movilización fue garantizada por la Asociación Médica Municipal y la CONAMER. El conflicto sólo se ha postergado y por lo tanto hay que aprovechar la experiencia acumulada para extender la lucha a fondo Residentes del Ramos Mejía: "Hacer retroceder la política de vaciamiento sanitario” Hablamos con médicos de la Gremial de residentes del Hospital Municipal Ramos Mejía. Adriana Duran, Mario Cousseau, Claudia Alonzo, Guillermo Saniello nos responden: PO: ¿Adónde va este movimiento? MC: Fundamentalmente apunta a la defensa del Hospital Público. Esto quiere decir: aumento del presupuesto sanitario para aumentar el número de camas disponibles, pleno funcionamiento de la capacidad hospitalaria, restableciendo los insumos necesarios. Por ejemplo: comida, medicamentos, hasta llegar a la alta complejidad. Secundariamente es una lucha por mejoras salariales de los médicos jubilados, los activos y los residentes. AD: Como CONAMER. Defensa del hospital público. El hecho positivo es que rescatamos la movilización de los médicos municipales con los residentes. Este movimiento tiene como objetivo hacer retroceder la política del vaciamiento del hospital público y garantizar la gratuidad de la atención sanitaria a toda la población. GS: Intentamos que se tome conciencia el gobierno, la municipalidad, de las medidas que están tomando, recorte presupuestario, la idea del cierre de hospitales, la disminución de las vacantes. Creo en la intencionalidad en estas medidas que se toman. CA: Defendemos al hospital público. Estos paros y movilizaciones pusieron de relieve ante la opinión pública el grado de vaciamiento que se está provocando en el área de la salud, con lo cual en principio se ha puesto freno a este ataque. En clínica médica hay capacidad para 120 camas, el 2° piso se cerró en el 89, en planta baja y primero se retiraron camas. Hay habilitadas, de las 120, aproximadamente 50. No sé si existe con esta política un fin ulterior del gobierno. Es difícil creer que esto es parte de un plan, solo sé que va en desmedro de la salud sobre todo en este momento de crisis que hay más hambre. Cuando hay hambre la gente se enferma más y entonces necesitamos del hospital. PO: ¿Qué piensa hacer la gremial? MC: Mañana se para, todos los médicos de capital, incluidos los residentes, fundamentalmente los médicos municipales para reafirmar el pliego presentado y contra el decreto 435/90 que es el que contempla la incompatibilidad y las jubilaciones de oficio. Los residentes reclamamos por la remuneración correspondiente a 40 horas del médico municipal como salario de bolsillo y respetar el cumplimiento de la ordenanza de residencia a fin de asegurar que se mantengan los servicios de comida, el número de guardias y eventuales modificaciones favorables que pudieran lograrse dado que se está por reformular la ordenanza de residentes. La CONAMER no tiene personería gremial, ni jurídica, estamos luchando por conseguirla y en la posibilidad de llegar a ser una corriente importante en médicos municipales. En cuanto a la defensa del Hospital Público es necesario hacer hincapié en el vaciamiento actual que puede llegar al cierre. AD: En el plano específico el Hospital está en estado deplorable. Hay cierre de salas, retiro de camas, (solo un 50% de disponibilidad), se están postergando cirugías por falta de anestesia, gasas, se postergan los métodos de estudio porque no los pueden pagar ni siquiera aquellos amparados por PAMI que venían cubriéndole gastos a sus afiliados, ahora no lo hacen. Mucha gente que hoy viene al Hospital no sabe que no se le puede garantizar la asistencia que necesita. Nuestro plan de lucha incluye que los beneficiarios tomen parte porque son parte. Mañana 30 hay un paro, habrá guardias solamente. Los pacientes se van a encontrar con problemas pero no ganamos nada con tapar baches sin resolver el problema de fondo: hay que hacer retroceder esta política, hay que derrotarla. Nosotros estamos al lado del paciente y vemos el vaciamiento permanente. CA: Seguir el plan de lucha. La defensa del Hospital Público no es negociable. "En el Sardá queremos una lucha de todos los trabajadores" Reportaje al médico residente del hospital Ramón Sardá, Luis AHUMADA. PO: ¿Cómo proseguirá esta lucha? L.H.: Esta es una lucha en defensa del hospital público, amenazado por la misma política que hambrea al pueblo; de este modo cuando más afectada esta la población humilde se le pretende sacar lo poco que le queda que es la posibilidad de atenderse en los hospitales públicos. También es una lucha por la derogación del decreto 435 y por el salario; por ejemplo un residente de 2 años cobra en la MCBA un salario de ₳ 445.000 con dedicación exclusiva (contra los ₳ 1.200.000 que con igual antigüedad se cobra en los hospitales de la prov. de Bs. As.). En el Sardá somos partidarios de que esta sea una lucha de todos los trabajadores de la salud y en la CONAMER somos partidarios que el curso de la lucha sobre las medidas y negociaciones sea resuelto en asambleas interhospitalarias.

3 de abril de 1990
Por una Lituania independiente y socialista

Gorbachov inauguró su flamante presidencia desatando una virtual agresión contra Lituania, recién declarada independiente. En concordancia con los "nuevos tiempos” que corren, los gobiernos “democráticos” de “occidente” han hecho la vista gorda a esta vulneración de la autodeterminación nacional e incluso están ejerciendo una indisimulable presión sobre el gobierno lituano para que se avenga a las condiciones que pretende imponer Moscú. La totalidad de los medios oficiales y extraoficiales de “occidente” han coincidido en expresar su preocupación, no por la libertad de Lituania, sino por el porvenir de la “perestroika” de Gorbachov. El despliegue militar moscovita contra Lituania tiene lugar en un marco de creciente rebelión de las nacionalidades que integran la URSS Siguiendo los pasos de Lituania, el parlamento de Estonia, elegido en comicios relativamente libres, se apresta a declarar la independencia de esta república. Según lo admite el propio secretario general del PC de Georgia, Givi Gumbaridze, existe en esta república un “vacío de poder” al punto que la policía estaría controlada por la oposición (The Wall Street Journal, 28/3). En las recientes elecciones regionales, los movimientos independientes obtuvieron votaciones impresionantes en Ucrania, en particular en-su sector occidental. Es indudable que la burocracia rusa asiste a una desintegración de la URSS en varios frentes. Entretanto, en el plano político general continúa la crisis de abastecimientos, crece el desempleo, prosiguen las huelgas, así como también la destitución de burócratas a partir de movilizaciones populares. Gorbachov ya ha admitido que la burocracia deberá resignarse a la “pérdida” de las repúblicas del Báltico, pero pretende condicionar su independencia a una serie de acuerdos, rigurosamente controlados, que otorguen seguridades políticos y militares a Moscú. Bajo la presión de “occidente”, que tiene las consecuencias de la desintegración del Estado burocrático, el gobierno lituano estaría en camino de aceptar la propuesta de Gorbachov. La constitución de la URSS nace 70 años fue un acontecimiento histórico enormemente progresivo. La Unión Soviética se proponía desarrollar la libre unión de las naciones en el marco social de un Estado obrero e impulsar el florecimiento nacional mientras se abolían los antagonismos nacionales. El principio político del Estado soviético prefiguraba la unión internacional de repúblicas socialistas, que era la meta histórica de los obreros concientes del mundo entero. Pero la dictadura burocrática le dio un contenido regresivo a esta unión de naciones y la transformó en el instrumento de la opresión de todas ellas por parte de una burocracia rusificada. A partir de esto la autodeterminación nacional vuelve a ser la condición de la futura unidad libre de naciones. La defensa de la autodeterminación nacional y, aún más, el reclamo efectivo de la separación e independencia nacionales es un arma de lucha contra el despotismo de la burocracia y sus planteos de restauración capitalista. Para las direcciones de los movimientos independentistas, la separación nacional de la URSS va dirigida a consagrar una forma alternativa de opresión nacional y social. Estas direcciones de intelectuales pequeño burgueses pretenden sustituir la opresión moscovita por la esclavización económica y política al imperialismo. La dirección lituana ha contratado los servicios de asesores económicos norteamericanos para realizar la “convertibilidad” integral de la economía lituana al mercado mundial. Esto equivale a su colonización por el imperialismo y a una acrecentada explotación de los trabajadores. La “democracia” lituana pretende consumar por la vía de la “independencia” la misma contrarrevolución social que Gorbachov estuvo impulsando para todo el Báltico, al que ha pretendido transformar en "zona franca” (de libre acceso para el capital extranjero) que hiciera de bisagra entre el capital internacional y la URSS. Pero como consecuencia de la “entente” entre “occidente” y Gorbachov, la política “democrática” no permitirá superar la tutela de Moscú ni impedir la esclavización económica por parte del imperialismo. Sólo una lucha internacional podría lograr una integral libertad nacional. La lucha común de todos los pueblos de la URSS para derrocar a la burocracia y establecer la dictadura del proletariado.

3 de abril de 1990
Córdoba: La jornada del 21

El 21 casi 4.000 trabajadores estatales se concentraron en la Plaza Vélez Sarsfield de Córdoba, en la jornada de paro dispuesta por la Coordinadora de gremios estatales. Esto, a pesar de que los burócratas sindicales aturdieron las radios en los días previos con la posibilidad de dejar sin efecto la jornada. Una semana antes, el lunes 12, 12.000 trabajadores estatales habían desfilado en direcciones diferentes por la ciudad, como consecuencia de la política divisionista de las burocracias de los diversos sindicatos. Pisoni, de ATE, prefirió no poner un solo hombre en la manifestación del 21, ni garantizar el paro. La directiva de UEPC saboteó directamente la marcha al impulsar el paro desde la cero hora sin concurrencia. Esta política repercutió en el paro posterior de 48 horas, cuyo acatamiento bajó al 60%. Mientras las columnas de docentes, lucifuercistas, judiciales o ATE fueron casi simbólicas, la de telefónicos, dirigida por el Comité de Huelga fue importante y combativa, al igual que las de no docentes de la Ciudad Universitaria o la de empleados públicos de dependencias dirigidas por delegados antiburocráticos. La manifestación dejó claramente planteada la realidad de la política traidora de la burocracia Además, esta se siente acosada por la rebeldía de las bases. Para dejarlo bien en claro, en la propia manifestación las invocaciones de la locutora a vivar a Ubaldini fueron recibidas con indiferencia y luego con una generalizada rechifla, en tanto eran aplaudidos los pronunciamientos a favor del paro general. La Coordinadora de los gremios estatales, que los burócratas se disputan para luego hacerla pesar en la interna de la CGT local, se convirtió en el organismo que descordinó y desarmó a los estatales. La manifestación dejó presente que existen numerosos delegados y activistas en varios gremios (con los telefónicos en primer lugar) capaces de dirigir un proceso de lucha. Los salarios del Menem de Córdoba: ¡Retomemos la lucha! El gobierno de Angeloz decretó un miserable aumento del 32% para los empleados públicos de Córdoba frente a una inflación del 95% en marzo. De esta manera el salario de bolsillo promedio será de 325.000 australes (la séptima parte de la canasta familiar) por si esto fuera poco el gobierno descontó los días de paro. Los anuncios del gobierno radical se produjeron después que Chiara levantara los paros con el argumento de la necesidad de “oxigenar" el conflicto. Pero las dependencias más combativas (educación, hospitales) plantearon continuar la lucha, lo que obligó a declarar un estado de asamblea permanente. El pobre Mas siguió a Chiara en levantar la huelga y luego se rompió las narices con el obligado semirretroceso del burócrata Dentro del Mas se ha abierto una crisis. La política de Chiara se manifiesta en otros gremios estatales, por los docentes, UEPC, donde la dirección de Grahovac no realiza asambleas ni movilizaciones. Todo esto apunta a aislar a otros gremios que están en huelga, como no docentes, docentes universitarios, telefónicos y obras sanitarias. La Coordinadora de gremios estatales fue convertida por la burocracia en un sello burocrático. El decreto salarial del gobierno plantea la necesidad de retomar una lucha común; por esto hay que resolver en asambleas de gremio o de dependencias la convocatoria a un plenario de delegados con mandato de base de todos los gremios estatales; el funcionamiento de la coordinadora basado en los delegados y activistas, y un plan de lucha único y común a todos los trabajadores.

3 de abril de 1990
Aerolíneas: Los aeronáuticos "vuelan más alto"
Redacción

La marcha de los estatales del miércoles 21 evidenció un gran ascenso del gremio aeronáutico APA fue el único de los seis gremios que organizó la presencia masiva de los trabajadores en la marcha. Es el único sindicato que se pronunció públicamente contra la privatización. En la asamblea que realizaron los técnicos de tierra, se repudió la privatización que defendía su dirección y se adhirió al paro y movilización de los estatales. En la marcha se pudo ver la presencia de trabajadores de los otros gremios aeronáuticos con carteles y pancartas. El rechazo cada vez más generalizado a la privatización ha dado lugar a la formación de la UNTA (Unión Nacional de Trabajadores Aeronáuticos), una coordinadora impulsada desde APA que nuclea a trabajadores de base de los restantes sindicatos. El ascenso del gremio se manifiesta también en la lucha salarial y contra el decreto que deroga las paritarias. La empresa ofreció a APA un aumento para febrero y marzo del 80% pero sin ninguna recomposición para enero. El plenario de delegados de APA resolvió iniciar paros de dos horas por turno reclamando una suma fija extra de 450.000 australes para todo el gremio y otros reclamos (contratados, etc.). Los otros gremios (más calificados) también coincidieron en lanzar paros de dos horas por turno que debían empezar el viernes 30 Esto significa la paralización prácticamente total de los aeropuertos. Pero el viernes 30 la dirección de APA levantó el paro debido a que la empresa renovó los contratos por tres meses y reabrió las conversaciones salariales La patronal maniobra para impedir una lucha de conjunto. En el gremio ha causado desconcierto el levantamiento sorpresivo de la medida de lucha anunciada. Es necesario que la dirección informe en Asamblea General sobre las negociaciones en curso También es necesario que APA convoque a un Congreso del conjunto de los trabajadores aeronáuticos.

3 de abril de 1990
La versión santafecina del plan Erman
Corresponsal

El ministro de Economía de la Provincia Vacchiano, acaba de dictar la versión santafesina del decretazo ómnibus contra los trabajadores estatales. Uno de los objetivos específicos del ataque es el Banco Provincial. El suplemento económico del Clarín (domingo 25) sugiere hasta su posible liquidación. Antes que nada la gobernación pretende derogar la estabilidad, aniquilar el convenio y poner al conjunto del personal en disponibilidad. Financieramente el banco está virtualmente quebrado. Tan solo el estado provincial le debe la friolera de 90.000.000 de dólares Los préstamos subsidiados a los capitalistas, también son multimillonarios. Los principales favorecidos son los sectores vinculados a la exportación como Río Dulce y los frigoríficos del sur de la provincia. Los compañeros de la Naranja plantean la ocupación del banco ante cualquier cierre o despidos. Tenemos que formar una auditoría de los trabajadores para denunciar a los verdaderos vaciadores del banco y establecer el control Además todos los estatales debemos organizar la huelga contra el decreto 877.

3 de abril de 1990
Bancarios: Disparen sobre el provincia

Uno de los capítulos más jugosos del informe del Banco Mundial sobre la situación de los Bancos Oficiales está dedicado al Banco Provincia de Buenos Aires. En el informe se señala que el sector público, en particular DEBA, debe casi 500 millones de dólares al banco y que estos préstamos en su mayoría se hallan en mora. De los 700 millones de dólares en préstamos al sector privado, más de 350 millones de dólares también se encuentran en mora. Sólo 50 tomadores capitalistas, privados y públicos, concentraron el 52% de la cartera de préstamos. Es decir que las empresas capitalistas han vivido a costa de los préstamos del banco, es decir del Estado, es decir, de los contribuyentes, es decir de los trabajadores. ¡¡Y no tienen la menor intención de devolverlos!! Todo esto pone de relieve el carácter de las posiciones estatistas burguesas, que en definitiva es una propuesta de rescate de los explotadores nativos. Pero para el Banco Mundial la solución pasa por superar la crisis del Provincia, despidiendo, bajando salarios, cerrando sucursales No se atreve a plantear el cierre del banco para no ir a la guerra con la oligarquía agraria. Amadeo, presidente cafierista del Banco, ha asumido con entusiasmo esta política. En La Plata el Centro de Cómputos pasará posiblemente a la Lotería Provincial y el área viviendas a manos del Instituto Provincial de la Vivienda. Se prevé el cierre de sucursales en dos o tres etapas hasta pasar la centena. En Casa Central los compañeros han tomado conocimiento de la existencia de 1.500 telegramas que “invitan” a iniciar las jubilaciones. Los compañeros del provincia ya empezaron a movilizarse. Hubo en La Plata una asamblea de 1.500 compañeros y después una marcha a la Legislatura. La principal Comisión Interna, la de Buenos Aires, se encuentra partida entre los que, guita mediante, se han pasado con armas y bagajes a defender la política de Amadeo, y los que responden a Bandini, miembro de la conducción nacional de la Bancaria, un sector zanolista y desprestigiado. Hay que desplazar el eje de las decisiones a la Asamblea General del banco y elegir un comité de defensa que organice un programa de lucha. Si se coordina con el resto de la banca oficial, la denota de estos planes es posible.

3 de abril de 1990
FOETRA: Defendamos el plan de lucha
Redacción

El plenario de delegados de Foetra Buenos Aires resolvió realizar paros rotativos de dos horas por turno, quite de colaboración y trabajo a reglamento a partir del 2 de abril, lo que lleva a una paralización casi total del servicio. Reclama una actualización del salario de diciembre por costo de vida, aproximadamente 900.000 a 1.000.000 de australes de bolsillo en abril para las categorías más numerosas. Exige también la reincorporación de los 16 compañeros despedidos de Córdoba, en lo que es una inédita muestra de solidaridad obrera. También plantea un paro nacional de la CGT. Una asamblea general de telefónicos de Rosario, por su lado, resolvió el quite de colaboración y el trabajo a reglamento por los mismos reclamos. Lo mismo ha ocurrido en Córdoba, donde habrá una asamblea general el 6 y en Mendoza. Así las cosas, el 70% del gremio telefónico ha puesto en marcha un plan de lucha al margen de la Federación nacional controlada por el guillanismo Esta declaró un paro aislado de 24 horas para el 4 de abril que excluye en forma expresa a la lucha contra la privatización. El plan de lucha de la dirección de Foetra Buenos Aires supera sus planteos anteriores cuando planteaba "dejar el salarlo en manos de la Federación y ocuparnos de la privatización", tomando en sus manos un reclamo salarial y resuelto. El plan de lucha por ambas reivindicaciones es, además, responsabilidad del congreso de delegados, como fue votado. Hay un marcado ascenso en el gremio y al mismo tiempo ENTel redujo las horas extras en un 50%, lo que significa un 40% menos de salario. Estrategia Foetra Buenos Aires, junto a los sindicatos de Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata, resolvió formar una “corriente de opinión y lucha” dentro de la Federación. En la reunión que se realizó en Rosario, no fue sin embargo admitido el comité de huelga de Córdoba, porque no era "orgánico” ¡pero sí superrepresentativo! Allí se fijó un programa donde llama la atención la oposición a la "extranjerización” de la empresa, como si pretendiera entregar ENTel al capital “nacional”. Tampoco se tuvo en cuenta que ENTel ya está “extranjerizada”, toda vez que sus “proveedores” son pulpos internacionales. A la luz de esto hay que plantear la expropiación y estatización de toda la industria de las telecomunicaciones. A partir de aquí hay que superar el reclamo de una "participación" obrera en la gestión capitalista de ENTel, la cual además compromete la independencia de Foetra ante el Estado, por el control obrero a una gestión elegida por los trabajadores. Muy positivas son las declaraciones de Esquivel, secretario general de la Seccional Buenos Aires en cuanto a que “Los cambios en los pliegos que se tramitan en el Congreso no deben llevar a engaño, es el mismo perro con distinto collar, estamos en contra de la privatización, no estamos a favor de una privatización distinta", una afirmación que fue respondida por una ovación en el congreso de delegados. ¿Habrá comprendido Esquivel, sin embargo, que a partir de la modificación de los pliegos, sus amigos de ATE y del “grupo de los 8" han firmado un llamado a la “tregua nacional" en el Consejo nacional del PJ? ¿Habrá notado también que, después del 21, la coordinadora de estatales se ha llamado a sosiego, a pesar de que no obtuvo nada? ¿De que Mary Sánchez también declaró la tregua? Por todo esto advertimos a los compañeros telefónicos acerca de las presiones que se lanzan sobre Foetra, lo que puede también terminar en una tregua. Por lo tanto, hay que estar vigilantes, reclamando la vigencia de lo resuelto por el plenario de delegados y por las asambleas. En este marco, hay que exigir a Esquivel que sólo reconozca al Comité de Huelga, elegido por el 85% de la seccional Córdoba.

3 de abril de 1990
Unión Ferroviaria: Posición clasista para la obra social
Redacción

Reportaje a René Sotelos trabajador del Policlínico de la Unión Ferroviaria, e integrante de la lista Violeta-Morada-Naranja. PO: ¿Qué pasa en el Policlínico Ferroviario? R.S.: Hay un deterioro generalizado en la obra social ferroviaria. En nuestro policlínico hay desabastecimiento de medicamentos, de material descartable, etc. Con el plan ferroviario del gobierno de Menem, las obras sociales tenderán a desaparecer, con las consecuentes cesantías. Es seguro que los hospitales y sanatorios ferroviarios entrarán en el plan privatizador para beneficio de aquellos que lucran con la salud del pueblo trabajador. PO: ¿Qué pasa con el sindicato? R.S.: Con referencia a la Obra Social, la Unión Ferroviaria tiene carácter de patrón, pues integra la dirección del Instituto junto con la APDF, Señaleros y La Fraternidad, el cual centraliza la labor de todos los sanatorios y policlínicos del país. Aclarado esto, el sindicato de hecho no existe, no tenemos paritarias ya que nuestro salario lo fija el gremio cuando actúa como patrón desde el Instituto. En Tucumán el sindicato nunca informa nada de nada, no hay asambleas y no organiza ningún reclamo, más aún, desmoraliza, infunde miedo, divide y enfrenta a los compañeros. PO: ¿Qué es la lista Morada-Naranja? R.S.: Ante esta situación y la creciente bronca de los compañeros, surgió la iniciativa a partir de un grupo de compañeros de poner en pie un agrupamiento para organizar la lucha por las reivindicaciones que tenemos en el Policlínico y presentarle batalla a la burocracia en las próximas elecciones. Nuestra lista plantea modificar profundamente las conductas gremiales Planteamos entre otras cosas la soberanía de las asambleas, la necesidad de que todo dirigente debe ganar el sueldo de su categoría laboral. Debe rendir cuentas ante la asamblea e Incluso aceptar la revocabilidad de los cargos, levantamos la necesidad de la lucha por un salario acorde a la canasta familiar, hoy valuada en un millón quinientos mil australes; la necesidad de defender la fuente de trabajo, la necesidad de recuperar las conquistas perdidas, como el pase, el carnet, rechazamos la privatización de la obra social y planteamos su control por parte de los trabajadores. Desde ya rechazamos todo el plan de reestructuración ferroviaria que impulsa el gobierno porque significa la entrega, la cesantía y la destrucción de nuestras conquistas. PO: ¿Y qué pasó? R.S.: La junta electoral elegida a dedo por Pedraza y Cía., como lo ha hecho con la mayoría de las listas opositoras, no nos ha oficializado, utilizando argumentos que violan el estatuto gremial y el reglamento electoral, por lo cual ya hemos iniciado las denuncias judiciales y estamos preparando la movilización de los compañeros para denunciar el fraude. Quiero hacer un llamado a todos los trabajadores del Instituto a que unamos en una lucha de alcance nacional en defensa de la obra social ferroviaria y a todos los trabajadores ferroviarios para que en una lucha decidida derrotemos los planes ferroviarios del gobierno nacional.

3 de abril de 1990
Tucumán: Menem apoya a Bussi
Redacción

En Tucumán funciona una Convención Constituyente, que fue convocada en forma inconstitucional y antidemocrática. Esta convención “trucha” ha establecido un conjunto de reformas que apuntan a asegurar al general Bussi el monopolio del poder en las elecciones del 91. La Constituyente resolvió que, a partir de 1991, los jueces sean inamovibles, que las elecciones de renovación parlamentaria se realicen cada cuatro artos (y no cada dos como ahora) y que los nuevos gobernadores y vices presten juramento “por Dios y los Santos Evangelios". Bussi hizo votar también la caducidad de todos los mandatos legislativos en 1991, la unificación de las actuales cámaras de diputados y senadores y la puesta en comisión de todos los jueces. Esto hizo estallar una crisis con la actual legislatura y con el Poder Judicial Menem ha tratado de solucionar el enfrentamiento mediante un arreglo con Bussi, pasando por encima del poder ejecutivo provincial. El acuerdo procura dilatar la puesta en aplicación de las reformas de la Constituyente por unos pocos meses, lo cual constituye una completa capitulación ante el bussismo. El acuerdo Menem-Bussi no fue apoyado, sin embargo, por el PJ tucumano ni por la Corte de la Provincia, que serían los principales perjudicados. Para los políticos justicialistas tucumanos significaría el harakiri. Este enfrentamiento ha dado nuevo aire a la posibilidad de una intervención federal. La intervención federal no puede afectar a la Constituyente, por lo cual sería una victoria para Bussi. Este incluso la ha reclamado, aunque con aplicación limitada a los poderes legislativo y judicial. Bussi tiene el apoyo de las grandes empresas con inversiones en Tucumán, agrupadas en la Fundación del Tucumán, de las fuerzas de seguridad y de Menem. Es el mejor ubicado para aplicar la política de despedir a media administración pública, y reprimir las huelgas. Por eso es la “carta” del propio Menem. El asalto político bussista tiene todas las características de un golpe de estado, con el apoyo de la policía provincial y el gobierno nacional. Es necesario luchar contra el ascenso de Bussi y contra la intervención federal, pero con una política y métodos propios de los trabajadores, ya que radicales y peronistas están agotados en su política de tranzas y maniobras. Debe haber una movilización contra el golpe bussista y contra la intervención federal, que ayude a preparar una huelga general y la convocatoria de una Asamblea Popular, que permita a los explotados tucumanos deliberar sobre su destino.

3 de abril de 1990
Ingenio San Pablo: Mil doscientas familias en la calle ¡hay una salida!
Redacción

El ingenio ha sido declarado en quiebra. En los últimos tres años funcionó arrendado por una cooperativa cañera, que cesó a partir de noviembre con la culminación de la zafra. La totalidad del personal temporario y permanente (1.200 compañeros) ha quedado desocupado con parte de los salarios, aguinaldo y vacaciones sin cobrar. La dirigencia del sindicato y de FOTIA se ha limitado a seguir las negociaciones que el juez a cargo de la quiebra habla iniciado con diversas empresas para vender o arrendar nuevamente el Ingenio. Para pagar algunas Impaciencias en algunas ocasiones se repartió el bono solidario y se montaron algunos comedores de emergencia. El propio gobernador se hizo presente en febrero para pedir paciencia y recomendar hacer huertas en casa. El cura del pueblo recordó que no había que hacer el juego “a la subversión”. Las asambleas que periódicamente la dirigencia se veía obligada a realizar se limitaban a informar las novedades que transmitía el juez de la quiebra, pero no se permitieron críticas ni mociones de la base. A mediados de marzo la paciencia se fue terminando. En una asamblea, una mujer dio la nota diciendo que si los dirigentes y los hombres no se ponían los pantalones las mujeres iban a salir a luchar. La burocracia maniobró con un corte de la ruta 38 por 24 horas y desechó otras mociones combativas que proponían un plan de lucha y la movilización el día 21 en la plaza Independencia junto con los trabajadores estatales. Pero las mujeres hicieron saltar la liebre cuando organizaron una marcha de más de 200 compañeras hasta el canal 10 (10 km). El impacto de este hecho obligó a Villavicencio a convocar una nueva asamblea en la que fue completamente rebasado. Intervinieron varios compañeros y varias mujeres; se impuso que se votaran todas las mociones; por unanimidad se decidió una marcha hasta la plaza Independencia donde se instaló una olla popular. La dirigencia de FOTIA y de la CGT ha dejado en el más completo aislamiento a los obreros del San Pablo. Significativamente, los gremios estatales en conflicto evitan concurrir a la plaza Independencia. Villavicencio entretanto ha proseguido negociaciones de venta o arrendamiento pero sin garantía de emplear a todos los trabajadores. ¡Plena ocupación es la consigna! Sin embargo, es probable que se llegue al cierre y liquidación definitiva. Ante estas posibilidades es necesario plantear la confiscación del ingenio por el Estado y su puesta en funcionamiento bajo control de los trabajadores Asimismo hay que reclamar la eximición de pago de tarifas, impuestos y un abono para viajar a todos los trabajadores del Ingenio a cargo del Estado. Para ello es necesario organizar una asamblea obrera y popular que elija un comité de lucha, responsable ante ella para organizar una acción consecuente en defensa de la fuente laboral. ¿El Mas apoya el "Comando Atila"? Según el Mas la reciente sublevación policial de Tucumán, forma “parte de los reclamos de los trabajadores estatales” (Solidaridad Socialista, n° 324, 27/3) Para llegar a esta conclusión S. Socialista se ve obligada a despegar a Bussi de los acontecimientos. Según el Mas, la sublevación policial se habría realizado incluso contra el ex-dictador. Pero no sólo el general dijo “comprender los reclamos de esa sufrida policía tucumana", sino que “entre sus filas hay decenas de efectivos que fueron denunciados por el Colegio de Abogados de Tucumán debido a sus aberrantes delitos, tales como tormentos y asesinatos” (Sur, 24/3). Es lógico entonces que “los amotinados (hubieran) pedido la mediación del general como la única personalidad confiable" (Clarín, 25/3). Mario “Malevo" Ferreyra, el “líder” de la rebelión, dice también Clarín, “se encarga de hacer pública en cuanta oportunidad puede su admiración por el general Bussi y el año pasado se lo relacionó con un grupo parapolicial denominado ‘Comando Atila' —encabezado por Ferreyra— acusado del secuestro de un delincuente al grito de Viva Bussi" (Clarín. 25/3). Ahora, después de zanjada la crisis policial con la victoria de los sublevados, los policías que según el Mas formarían parte del “movimiento de lucha de los trabajadores estatales”, han constituido un nuevo comando terrorista, denominado, en honor a su jefe, “Comando Malevo". Los parapoliciales amenazaron de muerte al juez que actúa en la causa abierta con la sublevación, en un “operativo" típico de la “Triple A” ¿Se tratará de nuevos métodos de “acción directa" de los trabajadores estatales?

3 de abril de 1990
Respuesta a la agresión de Mary Sánchez
Adriana - La Matanza

Un hecho vergonzoso acaba de producirse en la marcha de los estatales: la burócrata Mary Sánchez y sus matones, además de reventar los paros docentes, traicionándolos por migajas, esta vez golpea y atropella a militantes populares. El día 21, me acerqué a repartir volantes y ofrecer la Prensa Obrera en todas las columnas donde estaban los gremios estatales y hacer lo que debe todo militante revolucionario que es repartir las consignas de la huelga general con el fin de esclarecer, apoyar la marcha y lograr que ella se extienda a la mayor cantidad de trabajadores posible. Al llegar a la columna de CTERA, me acerco a un grupo de docentes con un volante, digo que soy del Partido Obrero, y quien se da vuelta expresa : "El Partido Obrero, ya me tiene repodrida”, al verle la cara, vi que era nada más ni nada menos que Mary Sánchez; al verle la cara de ira que le llegaba de la cabeza a los pies respondí: “cómo no te vamos a tener repodrida si sos una rompehuelga”, de repente, manoteó una pila de volantes que tenía y los rompió, mientras me atacaba, un grupo de matones se acerca, me agarra de los brazos, trato de defenderme con lo único que tenía libre, mis piernas y mi boca, intentó darme una bofetada y me rompieron toda la pila de volantes y periódicos partidarios que tenía, pero no pude frente a la actitud de los cobardes que de un empujón logró tirarme sobre la acera. A pesar de la bronca que tenía, no iba a dejar humillarme, y como todavía me quedaban un poco de volantes, y estaba con fuerza, comencé a repartirlos de mano en mano entre los que me miraban y la gente exclamaba a Mary Sánchez: ¡hija de puta!, y así fui recorriendo el cordón y al que me preguntaba por qué el escándalo se extendió, al contarle recibía constantemente el apoyo de los trabajadores. Pero más allá del hecho callejero, creo que habría que analizarlo al calor de la lucha de clases. ¿Es que acaso el P.O. es tan grande que Mary Sánchez le tiene miedo?, creo que hay que pensar la política del Partido Obrero, que se empieza a hacer carne en la base de los docentes, es lo que ella teme; es la política de denuncia del PO. hacia la burocracia sindical lo que teme Mary Sánchez, porque teme a ser desenmascarada. Una dirigente sindical que utiliza métodos tan chabacanos como es el de pegarle a un militante popular, no merece estar en la dirección de un gremio. Entonces por la impotencia política que aparece en las filas de la burocracia, es que reacciona de esta manera, golpeando, atropellando, echando gente del gremio como sucedió en La Matanza, ésta es el arma de la burocracia sindical, no ponerse a la cabeza de las luchas, luchar por un salario, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores; es por eso que el Partido Obrero es un grano bien grande, difícil de reventar. Luchar por una dirección combativa y consecuente de los trabajadores, independientemente de toda esta casta es el objetivo del Partido Obrero, al cual me siento orgullosa de pertenecer. Por eso hago un llamamiento abierto a todos los docentes, luchar porque los docentes estemos en la dirección del gremio: por un salario igual a la canasta familiar, formar comités de huelga e impulsar asambleas en cada escuela, aglutinar las luchas de los docentes con otros gremios, organizaciones de base, barrios, etc organizarnos para poder desembocar en nuestra única herramienta: huelga general.

3 de abril de 1990
¿Lista fraudulenta en una elección fraudulenta?
Redacción

La lista Celeste convocó a elecciones en la seccional La Plata de Suteba. Este combativo distrito había sido intervenido a finas del año pasado por la patota marisanchista, desplazando a la agrupación Compromiso (PC) y expulsando a sus principales dirigentes. La Celeste ha “naturalmente” confeccionado un “nuevo padrón”, “depurando” a decenas de activistas y a centenares de docentes. Incorporó, en cambio a “nuevos afiliados” de otros distritos y a los “ñoquis" del Ministerio de Educación de la Provincia. Para conformar una lista antiburocrática única del activismo y de las agrupaciones nucleadas en la coordinadora interescuelas se realizó una asamblea el martes 21 con la participación de unos 60 compañeros. Participaron independientes y Compromiso (PC), Tribuna Docente (PO) y Alternativa (Mas). Aunque se discutió un programa y se eligieron candidatos, también estalló una seria crisis a partir de militantes de “Compromiso" que ahora actúan como “Independientes". Estos se niegan a definirse respecto al plan de lucha de CTERA, la necesidad de la huelga indefinida y hasta el monto de la reivindicación salarial. El paro de 48 hs de CTERA del 28 y 29 de marzo no mereció la menor atención y para colmo fue carnereada por la compañera del bloque Compromiso-"independientes" electa para encabezar la lista. En las reuniones siguientes Compromiso y sus "independientes" exigieron: 1) que los candidatos de la Lista actúen a título individual y no como miembros de sus agrupaciones. 2) que ninguna agrupación pueda distribuir conjuntamente materiales propios con los de la lista. 3) ninguna agrupación puede sacar materiales propios para la campaña electoral. Compromiso pretende colocarse a la derecha de la Celeste, para mejor llegar a un acuerdo con Mary Sánchez. Tribuna Docente plantea que la lista debe denunciar las limitaciones del plan de lucha de CTERA y la necesidad de elegir comités de huelga y de la huelga general, con un plan de asambleas por escuelas y elección de delegados. Esta es la línea divisoria contra cualquier "compromiso" espurio. La lista antiburocrática y de lucha debe servir para formar una vanguardia ligada a las bases, y de ningún modo para mezclar a luchadores con rompehuelgas.

3 de abril de 1990
Conadu: En La Plata quieren huelga indefinida
Redacción

La asamblea convocada por Adulp para fijar el mandato al Congreso de la CONADU fue la más numerosa de todo el año y allí manifestó la voluntad de lucha y la creciente confianza de los docentes en su movilización. Una semana antes, el miércoles 14, se convocó una movilización que reunió a casi 2.000 docentes, estudiantes y no docentes. Siguiendo las directivas de CONADU, también en La Plata la directiva da Adulp (PJ, PC, Pl) concurrió con la posición de “cambiar la modalidad" de las medidas de fuerza para permitir la toma de exámenes. Pero optaron por callarse al ver el ánimo de lucha de la asamblea. Sólo el PJ fue a fondo en el planteo, siendo derrotado 76 a 5. Tribuna Docente mocionó que se votara la exigencia a la CONADU de la huelga general indefinida, lo que fue aprobado por la asamblea por 45 votos contra 31. También se aprobó reamarle a la CONADU que coordine con los gremios provinciales en lucha el reclamo de la huelga general a la CTERA, la fijación de un día semanal de movilización al rectorado y la aparición de un boletín de huelga. La asamblea tradujo una maduración política del activismo y de la docencia platense.

3 de abril de 1990
La "tregua" de Mary Sanchez y Lorenzo Miguel
Redacción

La dirección de CTERA ha resuelto una “tregua” ampliamente prevista y denunciada desde estas páginas. Queda de este modo, manifiestamente evidente la ausencia de un real planteo de lucha por parte de la burocracia de Mary Sánchez. Con la “tregua” se tira por la borda el enorme sacrificio de los docentes, que han pagado con descuentos salariales la lucha ficticia de la CTERA. De un sólo golpe, CTERA le dice a los docentes que no tienen posibilidades ni perspectivas. “Debemos abrir un compás de espera para unificar los reclamos de todas las provincias”, plantearon los representantes del marysanchismo. Parece que los tres meses de verano y el mes de lucha anterior no fueron suficiente “espera” ni sirvieron para “unificar reclamos”. Si esto es así, la dirección debería reconocer su incapacidad y renunciar. El operativo desmovilizador estuvo presente desde el inicio con el planteo de paros aislados, sin embargo tomó forma concreta en la víspera del paro de estatales, en un encuentro que congregó a Mary Sánchez, Triaca, Salonia y Lorenzo Miguel en el selecto “quincho” de Raele, un empresario amigo del burócrata metalúrgico. Allí se discutió la posibilidad de que los docentes no participaran en la jornada del 21 y más allá de esto, cómo desactivar las propias huelgas docentes. En el reciente plenario del comité nacional del PJ, se votó, precisamente, el llamado a una “tregua nacional”, que fue apoyada por el “grupo de los 8" —los amigos de Mary Sánchez, Ubaldini y De Gennaro. La “trenza” tejida en el "quincho” se hizo pública una semana después por boca del viceministro de Educación, Bulit Goño, quien “reveló que Economía estudia un incremento de la masa salarial para el magisterio cuya distribución (entre básico y no bonificable) será decidida por los propios gremios” (Clarín, 31/3/90). Puras palabras, que, a lo sumo, según “algunas versiones una de las posibilidades era incorporar al sueldo los 60 mil asignados para gastos de material” (Pág. 12, 21/3). En tal caso el inicial sería de australes 420.000, cifra irrisoria y de cobro incierto como los 360.000 de febrero, que hasta ahora sólo han sido cobrados por los maestros de cuatro distritos. Operativo desgaste Esta política liquidadora se había hecho sentir en la movilización del 21. Según La Nación, la dirigente de CTERA había propuesto “sacrificar la movilización”. Aunque esta tuvo lugar, la burocracia retaceó los micros y llevó a Congreso una columna raquítica que trató de regimentar férreamente. Luego llevó adelante un operativo de confusión respecto al paro de 48 horas del 29 y 30. Hasta último momento no se supo si se hacía el miércoles y el jueves o el jueves y el viernes y esto llevó a que numerosas escuelas pararan por la propia o no pararan. Así, el cumplimiento del paro en el conurbano y la Capital estuvo por debajo —con grandes desigualdades— del de 72 horas. En los plenarios de delegados del Suteba, solo “informativos”, la burocracia se limitó a escuchar los reclamos del activismo sin proponer absolutamente nada y a anunciar la tregua resuelta por la cúpula. El llamado a desmovilizar fue la línea de la Celeste en todo el país (ver nota Amsafe). Los gobernadores aprovecharon esta política para, por boca de Cafiero, insistir en “que no habrá otro aumento salarial sin financiación adicional del Tesoro” (Pág. 12, 21/3). La burocracia ha capitulado cuando es mayor la evidencia de que el gobierno tiene la intención de no dar un mango. ¿De qué sirve nuestro voto? Esto se escuchó en los plenarios de delegados del Suteba, en alusión a los mandatos votados en las asambleas en favor de la huelga indeterminada o de los paros sucesivos de 72 horas. Este desprecio por la base plantea la necesidad de que el activismo se coordine en los distritos con delegados elegidos en las escuelas. Organicemos una campaña de repudio a la tregua y organicemos reuniones y asambleas en las escuelas para formar coordinadoras a escala de los distritos y las regiones. Para los maestros y profesores, como para todo el país, la cuestión es: lucha o miseria.

3 de abril de 1990
Amsafe: Por un comité de huelga provincial
Redacción

Luego de rendir homenaje a la continuidad de la huelga para las tribunas, la burocracia de AMSAFE mostró la verdadera hilacha al anunciar una decisiva restricción: "esto sí no se plantea flexibilizar nuestra lucha en función de una propuesta del gobierno provincial’’. Ahí frente a sí tenía más de 1.500 docentes, que acababan de protagonizar una huelga masiva en la ciudad capital. Horas antes el gobernador Reviglio había recibido a la directiva celeste de Amsafe y a Eriberto Sánchez (UCR) de la seccional Rosario. Este había planteado la “solución” de un “conformado” de 500.000 y el descuento de los días de paro “en cuotas”. Pero la asamblea reventó la maniobra burocrática. Una docente de Tribuna denunció el pacto de la burocracia con el gobierno provincial y llamo a mandatar la elección de un comité de huelga provincial y la inmediata constitución de un fondo de huelga. La ovación de los maestros no la dejó terminar. La huelga prosigue. La huelga en Santa Fe está amenazada, como se ve, por marisanchistas y radicales, pero en especial estos últimos, debido al repudio que existe hacía los celestes. La oposición radical está bloqueando la formación de un comité de huelga y una política consecuente de movilizaciones y de unidad con otros gremios provinciales y con otros distritos de CTERA. Como lo mencionamos más arriba, busca un “arreglo” que equivale a una miseria. Por eso la propuesta de "comité de huelga provincial” es tan importante y la única que puede llevar la lucha a la victoria.

3 de abril de 1990
Conadu: Retroceder es ir al abismo
Patricia Greis

Cuando se reúna el 7 de abril próximo el plenario de delegados de CONADU, el debate se polarizará abiertamente sobre la continuidad o no del paro. Presiones en favor del cese parte de la propia dirección de CONADU, en tanto que “la tendencia dominante entre los delegados era continuar con el paro”, como lo admite Adriana Puiggrós, identificada con los líderes peronistas de CONADU, qué defiende el levantamiento en un reciente artículo. (Sur, 22/3). Para la hija dé Rodolfo Puiggrós la huelga sería un “instrumento insuficiente de presión", esto porque “quienes deben poner el dinero que falta (no) se preocupan por la marcha de la universidad pública y (no) admiten su importancia para el país”. El argumento, como se ve, cuestiona cualquier huelga o medida de acción directa y hasta supone que la historia de las luchas obreras ha sido de victorias ante explotadores dispuestos a “poner dinero”. Lo que la columnata de Sur propugna para los universitarios, se extiende a todos los docentes, aunque ella pudorosamente lo oculte. ¡Y aún a todos los trabajadores! De este modo, A. Puiggrós concluye coincidiendo con Menem y Neustadt, de que “quienes pierden son los alumnos”. Para la profesora Puiggrós, Argentina no es Brasil o México, donde “la clase dirigente estaría convencida de la utilidad de la educación superior”. De acuerdo con esto hay que suponer que en estos países no hay huelgas docentes o que son breves y felizmente victoriosas. Falso. En Brasil hubo una huelga docente de medio año, desde principios de 1989 y también en México hubo una huelga general indefinida. A diferencia de Argentina, “os professores” brasileros organizaron enormes movilizaciones, que concluyeron con un monumental enfrentamiento “no palacio dos Bandeirantes” —como se conoce a la gobernación de San Pablo. La profesora repite la pavada de que las burguesías de Brasil y México “son otra cosa”, o que “allá se endeudaron pero para invertir” ¡Puras macanas! Al final, ¡cuánta filosofía para querer levantar la huelga! Según la profesora Puiggrós, “una visión estrecha de las clases dirigentes les hace suponer a las universidades nacionales como competidoras de las privadas”. ¿De dónde sacó esto la profesora Puiggrós? ¡Las “clases dirigentes” quieren la “colaboración” entre la universidad estatal y el capital y la educación privados! Ningún planteo de “reforma educativa” ha planteado eliminar a la Universidad estatal, sino “privatizar” su orientación a través de modificaciones de los planes de estudio, salida laborales o privilegios para ciertas investigaciones. La “colaboración” que propugnaría A. Puiggrós es exactamente el punto de vista de los grandes capitales con relación a la Universidad. Para la profesora, las “aulas vacías”, por causa de la huelga, es un factor de desmovilización. Así se llega a la conclusión que levantar la huelga es un llamado a la lucha. Semejante tontería raya con el cinismo. La propuesta encaja con la “tregua nacional” que acaban de votar, desde la "derecha” a la “izquierda" todas las tendencias del PJ. Lo que realmente desmoviliza es la falta de una política consecuente. CONADU no llama a una huelga indefinida de toda la docencia. No impulsa una “marcha blanca” de todos lo que enseñan y aprenden. No levanta tribunas. No plantea una dirección huelguística común a todos los sindicatos docentes. No plantea la unidad con los médicos. No quiere ir a fondo. No quiere romper con “los que tienen el dinero”. Y hace todo esto, sabiendo que por este camino va a la derrota, como ya ocurrió en 1988, cuando la burocracia traicionó la huelga docente, ante Cafiero y Alfonsín, que tenían dinero que Menem —una traición que pretendía, justamente, pavimentar el camino electoral de Cafiero. ¡Así les fue!

3 de abril de 1990
Un maduro paso adelante

Durante tres días deliberó el primer “Congreso de dirigentes, delegados y militantes sindicales" de Santa Cruz con la participación activa de más de 200 compañeros. El encuentro fue convocado en febrero por la directiva de ATE (ubaldinista) en el curso de una movilización contra la privatización de YCF en Río Turbio. De las reuniones preparatorias realizadas en Gallegos se destacaron la asamblea de 70 compañeros de "UOCRA de los trabajadores", que impulsa la expulsión de la burocracia y la recuperación del sindicato; una asamblea docente de 40 compañeros y las reuniones de los agrupamientos antiburocráticos y plenarios de delegados en APAP (estatales) y en municipales. En todas estas asambleas se elaboraron despachos para el Congreso con las reivindicaciones de cada gremio y un planteo común referido al salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, al rechazo a las leyes privatizadores, a la exigencia de un impuesto a las grandes fortunas y al reclamo de un paro activo de la CGT provincial. Esta se encuentra dirigida por los sindicatos más chicos y está alineada con las 62. Se sumó, sin embargo, a la organización del Congreso con el inocultable fin de desvirtuarlo. Entran los “inorgánicos” El Congreso se inició con una victoria del activismo cuando la burocracia no pudo impedir el ingreso de la “UOCRA de los trabajadores” y a partir de aquí el de las restantes corrientes de oposición. El congreso sesionó con total libertad y la burocracia quedó a la defensiva. No pudo manipular la lista de oradores y hasta tuvo que archivar las escasas ponencias reaccionarias que había elaborado, como la que postulaba la discriminación laboral contra los trabajadores chilenos no "radicados legalmente” en la provincia (planteada por la UOM). La presencia de las organizaciones antiburocráticas permitió superar las limitaciones del reciente Congreso de la Intersindical Patagónica, el cual planteó en términos de principios que sólo podían deliberar las expresiones "orgánicas" del movimiento obrero, es decir la burocracia y su régimen legal de integración al Estado. Dos planteos frente a la crisis Luego de la lectura de los mandatos y propuestas de las distintas delegaciones se pusieron de manifiesto dos planteos enfrentados: la tendencia de De Gennaro defendió los 26 puntos de la CGT y, en esta línea, planteó la oposición a las privatizaciones y la necesidad de una "asistencia social" sin ningún ataque a la gran propiedad capitalista. Dentro de los límites de esta estrategia, propuso un paro regional y la constitución de una “Coordinadora Estatal” integrada a la CGT. En un terreno opuesto, las corrientes antiburocráticas y especialmente la Agrupación de Base de APAP, plantearon no pagar la deuda externa, estatizar el comercio exterior, expropiar la banca y el control de loa trabajadores de los sectores neurálgicos de la economía. Destacaron la inutilidad de los paros parciales aislados y la necesidad de la huelga general y un congreso de bases de la CGT para unificar las luchas obreras. En el desarrollo de la discusión se estableció un acuerdo acerca del salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; de un impuesto especial a las petroleras, pesqueras, estancias y grandes fortunas; del control del presupuesto público por los trabajadores; y de un inmediato para activo nacional de la CGT. Los términos de este programa constituyen un franco paso adelante del movimiento obrero, pues sustituye por un planteo de acción la demagogia de contenido capitalista del programa de la CGT Azopardo. Un franco progreso del activismo La burocracia propuso la formación de tres comisiones ceñidas a puntos específicos; salud, educación y reforma del estado, en un intento tardío de bloquear el debate político general. Pero por abrumadora mayoría se aprobó que todas las comisiones elaboraran también despachos sobre la situación política nacional y provincial. ¡Estas son las ventajas de la representación de los “inorgánicos”! Las comisiones de educación y de reforma del estado fueran escenario de una discusión abierta y profunda sobre el programa y los métodos de lucha. Quedó establecida la diferencia entre la “expropiación sin pago de la penca" y la "nacionalización” —la primera, una medida contra el capital que sirve para reorganizar la economía en beneficio de los trabajadores, y la segunde un rescate de los bancos en quiebra para asistir con créditos subsidiados a la burguesía nacional. Una delimitación similar se produjo entre la “moratoria de la deuda externa” y el “no pago" o su "desconocimiento”, siendo la primera un reconocimiento de los derechos de la banca acreedora sobre la riqueza acumulada por el país y sobre el trabajo de la clase obrera. Al planteo de "participación obrera" en las empresas, se opuso el “control Obrero”, el cual fue aprobado por una comisión y tuvo consenso mayoritario en otra. La comisión de educación aprobó reclamar que se suspendan los subsidios a los colegios privados y luchar por una escuela laica, gratuita y pública. Uno de los planteos más importantes, aprobado en esta misma comisión en forma unánime fue el reclamo de un "congreso de bases de la CGT con delegados electos en asamblea para resolver un plan de lucha" lo cual significa que la clase obrera se estructura superando las restricciones de la ley estatal y en tanto que clase opuesta al Estado capitalista. En la misma línea se aprobó en ambas comisiones la formación de una "coordinadora de base de los gremios estatales, con delegados electos en asamblea” a diferencia del planteo original de una “coordinadora de carácter orgánico Inserta en la CGT” ¿Dónde está hoy Braden? En la sesión final fueron objeto de debate los "26 puntos" de la CGT de 1986. Los dirigentes de ATE pretendieron que se aprobara el programa de la CGT “a libro cerrado" por entender que tenía el "consenso" de la clase obrera. Pero un miembro de la delegación de ADOSAC (docentes) se dedicó a demostrar que las resoluciones aprobadas en el congreso contradecían las propuestas de la CGT, pues estas partían de que los trabajadores deben ser la rueda auxiliar de una reactivación impulsada por los capitalistas, en tanto que el programa del Congreso hacía frente a la crisis social mediante un ataque a los saqueadores capitalistas. Un orador pretendió atacar por elevación este programa aludiendo a la alianza de la izquierda con la Unión democrática (en realidad del PC y del PS). Pero de inmediato se le respondió que Braden estaba hoy representado por Alsogaray en el gobierno menemista. El Mas presentó durante el debate en comisiones las resoluciones del III congreso de la Intersindical Patagónica realizado en Viedma. “No estamos ni con los 26 puntos ni con la otra propuesta” fue la “tercera posición” del Mas, ocultando que el programa de Viedma es una variante de los 26 puntos de 1986, también aprobados por el Mas. Los activistas entendieron el carácter de la "tercera posición", la cual se fue diluyendo a medida que se clarificaban las posiciones sustentadas por uno y otro bloque. El PC se dividió entre un sector que apoyó a ATE y otro que se alineó con la izquierda del congreso. Lo más significativo, de todos modos, fue el realineamiento producto en las propias filas de ATE, en la que varios compañeros votaron en bloque o parcialmente la postura del bloque alternativo. El Congreso decidió publicar todos los despachos de las comisiones y en el caso de reforma del estado los de mayoría y minoría, para ser discutidos en asambleas por gremio que prepararán un nuevo encuentro. Tanto la CGT como ATE prefirieron evitar una votación final que hubiera indicado que el 40% de los participantes impugnaba políticamente el programa, la acción y la organización de la central obrera y proponía una alternativa fundada en la lucha de clases y la independencia frente al estado capitalista. Se resolvió un paro activo provincial — tentativamente para el 17 de abril- que deberá ser refrendado por los gremios, así como el llamado a un paro activo nacional. El Congreso fue un gran paso adelante de los trabajadores de Santa Cruz, que revela la amplitud que está cobrando el movimiento obrero de la Patagonia y retrata la maduración política de su vanguardia Estatización o confiscación de la banca En los debates del congreso sindical de Santa Cruz se confrontaron dos posiciones en torno al destino de la banca: su "nacionalización” —planteada por dirigentes de ATE y ADOSAC, entre otros— o su "confiscación sin pago, bajo control de los trabajadores", planteada por militantes del PO de varios gremios. Los argumentos en favor de la "nacionalización" fueron respondidos señalando que se trataba de una medida de socorro en favor de los capitalistas. Aplicar la “nacionalización” significa que el Estado debe indemnizar a los financistas y aún hacerse cargo de sus deudas. También significa que el Estado asuma como pérdida los créditos que la banca hubiera otorgado a la industria y que ésta no pudiera pagar. La consigna correcta es la “confiscación sin pago” porque los banqueros deben ser económicamente expropiados. Además, los capitalistas industriales —que han vaciado sus cofres para presentarse en quiebra- también deben ser estatizados A partir de estas medidas se podrá reestructurar la industria nacional en función de los intereses de los trabajadores, y a esto se aplicarán los recursos financieros del país. La ejecución de este programa solo puede ser hecha por trabajadores. El debate soslayó la situación que hoy tiene la banca estatal, que se halla en situación de quiebre como consecuencia de los créditos subsidiados otorgados a los capitalistas. El circuito bancario oficial es una fuente “tradicional" de recursos subsidiados, es decir, financiado por el pueblo mediante impuestos, para el gran capital, como bien se denunció en el caso del Banco Provincia de Santa Cruz.

3 de abril de 1990
Correo de lectores
Correo de lectores

¿Cuál es el salario mínimo? Compañeros: Proponga que la suma de salario mínimo propuesta por el Partido para el miércoles 21 sea modificada. Un millón doscientos mil australes no se ajusta a la realidad, no puede de ningún modo satisfacer las necesidades de un trabajador sin familia. En el caso de tos con hijos, se agrava aún más. Mi cálculo, que si es necesario podría pasarlo por escrito claramente, es que al 15/3 un trabajador necesita COMO MINIMO ₳ 2.000 000 aproximadamente. Para un matrimonio con dos hijos, los gastos indispensables rondarían los ₳ 4.000.000 En este segundo caso, las dificultades son agravadas para un trabajador con esposa que no trabaja afuera, pero sí es ama de casa. Guarderías no hay (gratuitas). Las trabajadoras domésticas para cubrir las funciones de ama de casa deberían cobrar como mínimo, el mínimo de ₳ 2.000.000. Por lo tanto, una madre con dos hijos que mantener necesita aproximadamente de ₳ 3.400.000. Mi último salario familiar para dos hijos en edad escolar (incluyendo "ayuda escolar") fue de ₳ 85.000. Debería incrementarse en un 1.000%, a ₳ 850.000 por hijo. Si como sucedió desde noviembre a hoy, las patronales dieran aumentos promedios del 80 o 100%, los sueldos actuales para abril se aproximarían (y en otros casos superarían) el millón doscientos mil. Alberto (Artistas) 17/3/90

3 de abril de 1990
Ushuaia: Por un congreso de bases de toda la isla
Redacción

Al igual que en Río Grande, la ola de suspensiones y despidos, y la miseria salarial y la carestía, están golpeando duro a los obreros de Ushuaia. En estas condiciones, la “Mesa pre-CGT" (integrada por una serie de burócratas interventores y normalizadores) convocó a una reunión multisectorial con el objetivo de plantear la “defensa de la ley de promoción industrial", como vía para superar la “crisis del territorio". El desarrollo del plenario “multisectorial" mostró, sin embargo, que los trabajadores no estaban dispuestos a marchar como furgón de cola de la patronal “promocionada” por esa ley. A la reunión, concurrieron más de 150 trabajadores, entre ellos gran parte de los cuerpos de delegados de los principales gremios locales, dirigentes barriales y compañeros desocupados. Ya al comenzar el plenario, un obrero de la construcción reclamó “que se retiraran todos los concejales y legisladores presentes, por haber traicionado al pueblo". Los acusados fueron defendidos firmemente por la burocracia y el plenario se polarizó entre las “fuerzas vivas" (cámaras y partidos patronales) por un lado, y los trabajadores, por el otro. Cuando la “Mesa" pretendió hacer votar la defensa de la ley 19.640 (de promoción industrial), diferentes delegados plantearon que la misma permitió el enriquecimiento de los dueños de los galpones, a costa de la miseria obrera. En cambio, se aprobó la lucha por la estabilidad laboral y por el salario. En medio de mociones que reclamaban medidas de lucha, se aprobó la realización de un paro activo regional. Los burócratas, sin embargo, sustituyeron el paro por una movilización callejera que reunió a más de mil trabajadores donde se reclamó el “paro activo". ¡Congreso de bases! La “Mesa" de interventores y normalizadores es una oficina a sueldo del gobierno y de las patronales. Por eso los activistas están discutiendo la constitución de una coordinadora de lucha. La coordinadora deberá dar cabida también a los delegados de base de los gremios vaciados o “intervenidos" (como UOM y UOCRA) y a los activistas barriales y llamar a un verdadero Congreso de delegados de toda la isla.

3 de abril de 1990
Discutamos el Congreso Intersindical Patagónico

Las crónicas que presentan tanto el PC como el Mas del Congreso Intersindical Patagónico de Viedma (ver Prensa Obrera n° 297) coinciden en que en esta reunión funcionó una alianza del Mas con la burocracia para impedir la participación de los delegados votados por las bases al margen de las direcciones sindicales burocratizadas, a las que caracteriza como representaciones “orgánicas” del movimiento obrero. “La opción ubaldinista (fue) apoyada curiosamente desde el Mas”, señala “Propuesta" (23/3), agregando que se vinculó “con aquellos sectores que propiciaban la “organicidad"... los delegados del Mas coincidieron con el ubaldinismo en la anulación de dos comisiones de debate referidas a la “burocracia sindical" y los "derechos humanos", y en que “la comisión de poderes resolviera que solo las direcciones de los sindicatos y los delegados aceptados por las conducciones tuvieron voz y voto”. Como se puede apreciar, el Mas no aplicó en Viedma su publicitado principio de “que la base decida”. Como no había una huelga que debiera ser dividida o debilitada con este slogan, sino un congreso a manejar en común con la burocracia, el Mas dejó de lado la “opinión de los de abajo" para defender la “organicidad”, la cual no es otra cosa que el sindicalismo integrado al Estado. La versión de lo ocurrido que proporciona "Solidaridad Socialista" (22/3) es un pequeño modelo de falsificación. “Se votó —dice S.S. y por unanimidad los congresales resolvieron que este era un congreso de delegados y no de agrupaciones”, pero no señala que los delegados debían tener el aval de la burocracia de sus sindicatos, y que se resolvió excluir tanto a los que no lo tenían como a quienes pertenecían a sindicatos cuyas direcciones no concurrieron al congreso. Los términos de la votación a la que se refiere S.S. no se presentaron nunca en el congreso, es un invento de los “socialistas con democracia”. De lo contrario, que el Mas explique por qué el documento final invoca la representación “orgánica” del movimiento obrero. Para el Mas la burocracia sindical ha dejado de existir y los sindicatos serían organizaciones independientes del Estado, que incluso representarían adecuadamente a las masas en lucha. Para el Mas “la burocracia lucha”, entonces hay que defenderla como expresión “orgánica” del movimiento obrero contra los “loquitos” que proponen “paros” porque “no tienen un sindicato atrás” (imborrables conceptos vertidos por A. Christiansen al diario Río Negro - ver Prensa Obrera n° 297). Las diferencias de enfoque entre el PC y el Mas desaparecen, sin embargo, al momento de evaluar los resultados finales del Congreso, Para “Solidaridad Socialista”, “no sólo se debatió profundamente la grave crisis nacional, sino que también se avanzó en la formulación de un programa alternativo que apunta a dar una salida de fondo a los problemas del país”. “Propuesta”, por su lado, reproduce directamente la resolución final del encuentro con elogios hacia el “nuevo momento” que se articuló “con esta propuesta”. Pero el programa “alternativo” que se aprobó en Viedma no es más que una versión desmejorada de la constitución peronista de 1949 — propiedad del subsuelo por parte del Estado y estatización de la banca, indemnización mediante y en el marco capitalista. El programa “alternativo” no establece en ningún lado un programa que oriente a la clase obrera a la lucha por el poder a partir de sus reivindicaciones políticas y sindicales inmediatas. En lugar de señalar las limitaciones de los planteos nacionalistas y su inviabilidad como factores de emancipación, el llamado programa que defiende el Mas respeta al Estado burgués y a la propiedad privada y hasta postula la ampliación del capitalismo a través de medidas estatistas de alcance parcial. Que el congreso de Viedma haya aprobado semejante programa está muy lejos de ser una tragedia, porque este es el marco ideológico que sigue el movimiento obrero desde hace medio siglo. Pero que lo apoyen y lo defiendan el PC y el Mas, y que lo hagan con el ahínco propio de los reales inspiradores, traduce el completo repudio de estos partidos a los principios del marxismo, del socialismo y de la independencia ideológica de la clase trabajadora. El documento final de Viedma llama a "fortalecer el Estado”, es decir a la violencia organizada de la burguesía contra los trabajadores. No señala que la estatización económica es una forma de la expropiación capitalista y que lejos de superar a la privatización la viabiliza, esto porque los pulpos que se apoderan de las empresas estatales son los que crecieron gracias a ellas. Perez Companc y Bridas crecieron gracias a YPF; Pecom-Nec y Siemens gracias a ENTel; el Citibank gracias a la deuda externa de ENTel y a la estatización de la deuda externa en general. El documento no plantea el desconocimiento de esta última, por lo tanto admite los derechos que dan a sus titulares sobre el país —derechos que permiten a los pulpos fijar la política económica del Estado aún cuando se haya caído en una moratoria en el pago de los intereses ¡El programa “alternativo” no es siquiera antimperialista! Ahora que todas las tendencias del PJ se pusieron de acuerdo en llamar a una “tregua nacional”, los planteos del Mas acerca de los burócratas “luchadores” volverán a caer en el ridículo y lo obligarán a nuevas volteretas verbales.

3 de abril de 1990
UPCN: Crónica de un fraude
Redacción

En UPCN el fraude estaba asegurado por el absoluto dominio de la burocracia sobre la Junta Electoral, nombrada a dedo por el propio Andrés Rodríguez. La Junta se convirtió en una verdadera “central de inteligencia'' de este operativo. Los padrones —a los cuales la Naranja no tuvo acceso— fueron inflados de una manera escandalosa, al punto que los inscriptos duplicaban el número real de los afiliados. Los fiscales de la Naranja denunciaron que muchos votantes con números viejos de afiliación, “curiosamente”, tenían carnets flamantes. Eso sí, la Junta tuvo la preocupación de proceder a la depuración de opositores, muchos de los cuales, también “curiosamente”, no figuraban en los padrones. La Junta Electoral también tuvo el cuidado de impugnar prolijamente a los fiscales de la Naranja: más de cien fueron “bochados” en la víspera de las elecciones. Otra de sus tareas fue la de verificar rigurosamente que las boletas de la Naranja no llegaran a ninguna mesa de votación. En la mayoría de ellas, las boletas fueron provistas por los propios fiscales de la Lista. Con todo esto, con el dominio de la Junta Electoral y el aparato sindical, con el apoyo incondicional del Ministerio de Trabajo —que aprobó cada una de estas maniobras— y con la proscripción de la Lista Azul (ubaldinista), Andrés Rodríguez se consideraba, a justo título, “el caballo del comisario”. Alrededor del mediodía aparecieron los primeros resultados. Tucumán dio el primer “batacazo": La Naranja gana 120 a 92 ¡El 56% de los votos! Poco después se conocían los resultados del Registro de la Propiedad Automotor: ¡la Naranja 52 a 17, con más del 75%!! Ante estos primeros resultados adversos, la patota de Andrés Rodríguez extremó todos sus “cuidados". En el Hospital Rivadavia, una patota integrada —entre otros— por los miembros de la Interna secuestró al fiscal naranja para expulsarlo del Hospital. En esa urna Rodríguez “ganó" 206 a 9. Los presidentes de mesa recibieron la orden de no entregar certificados de escrutinio a los fiscales de la Naranja. Sólo en la tercera parte de las dependencias donde se pudo constatar el triunfo de la oposición antiburocrática, los presidentes entregaron las actas del comido. Los fiscales oficialistas y los presidentes de mesas, además, fueron instruidos para votar dos veces, una en la mesa en que se encontraban empadronados, la otra en la que estaban fiscalizando. De la mano de la patota, desaparecieron urnas que luego aparecieron llenas de votos oficialistas. Así, en la Caja de Industria y Comercio, Rodríguez “ganó” 100 a 0! Innumerables urnas "fijas" fueron convertidas en "volantes”: en gran cantidad de dependencias, los presidentes de mesa impidieron el escrutinio provisorio en los lugares de trabajo “huyendo" con las urnas a la Junta Electoral. En cada uno de estos casos, el “apriete" contra los fiscales de la Naranja fue violento. Todo este matonaje fue convalidado puntualmente por los funcionarios del Ministerio de Trabajo, algo completamente natural porque el Estado de los Alsogaray y el Citibank necesita de su “guardia pretoriana" de los Rodríguez, los Guillán y los Pedraza para imponerle sus planes de hambre a los estatales. A esta altura, comprobado el fraude monumental que los representantes de Alsogaray (dentro y fuera de UPCN) estaban montando contra los trabajadores, la Lista Naranja decidió no concurrir al escrutinio definitivo en la sede de UPCN y denunciar pública y judicialmente el fraude. ¡Pero aún faltaba lo peor! Después Todo el proceso realizado a puertas cerradas en las dependencias de la Junta Electoral después de los comicios fue trucho, falso y fraudulento. A las 21 horas, la Junta Electoral le “asignaba" a Rodríguez 8.900 votos y 1.000 a la Naranja. Apenas una hora después, un nuevo comunicado de prensa “rectificaba" los datos: 19.000 para el oficialismo, 1.800 para la oposición. ¡¡Diez mil votos en apenas sesenta minutos!! Se intentó presentar como votantes, naturalmente de Rodríguez, a casi la mitad del padrón "superinflado" cuando la abstención —como consecuencia de la consciente política de desmoralización de la dirección sindical— fue un comentario obligado de todos los trabajadores estatales. La Junta Electoral "asigna” a la Naranja apenas un 9% de los votos. Pero allí donde el escrutinio pudo ser verificado, la votación de la Naranja no bajó del 50% y llegó hasta el 75% (ver cuadro). En otro comunicado, la Junta informó que Rodríguez se había impuesto en todas las dependencias, excepto en tres: Tucumán, La Plata y el INTI. Pero en la Casa de la Moneda, la Naranja obtuvo el 59% de los votos, lo mismo que en el Ministerio del Interior y en el Policlínico del Ministerio de Economía. En la Secretaría de Acción Cooperativa gana con el 58% de los votos también venció en Migraciones, Aduana, Construcciones Portuarias y el Boletín Oficial. En Mercedes, la Naranja perdió por un solo voto; en el COMFER por dos. Allí donde pudieron actuar los fiscales, la Naranja se impuso por afano. Naranjazo en UPCN Estos son los resultados de la votación en los lugares en que los fiscales de la Naranja pudieron actuar y estar presentes en el escrutinio de los votos.

3 de abril de 1990
UPCN: Fraude para impedir el naranjazo

Las elecciones en la UPCN han culminado en un fraude sin precedentes. El escándalo ha sido tan mayúsculo que aún bastante después de la elección, la prensa y la TV patronales seguían recogiendo las denuncias de fraude hechas por la Lista Naranja. El operativo grosero y burdo montado por la burocracia apuntó en dos direcciones convergentes. Por un lado, desconocer los miles de votos naranjas, que en la mayoría de las mesas que pudieron ser fiscalizadas, daban el triunfo a la oposición antiburocrática por más del 60%. Aún en las dependencias consideradas “bastiones” de la burocracia, como la Secretaría de Industria o el Registro de las Personas, la Naranja tuvo una votación superior al 30%. Por otro, disfrazar la cantidad de votantes para aproximarlos a los padrones supertruchos y superabultados, en un gremio donde la desafiliación es diaria y masiva y donde los afiliados reales no superan el 50% de los 47.000 “fabricados” por la directiva porteña encabezada por Andrés Rodríguez Larreta. El 21, una fecha clave En realidad, el nerviosismo burocrático era ya evidente en los días previos a la elección. La burocracia lanzó una campaña millonaria de volantes contra la Naranja, en particular después del carnereaje de Andrés Rodríguez, en la seccional, y de Candore, en la Unión, al paro y movilización del día 21. El repudio generalizado de la base a esta conducta traidora tomó forma práctica y concreta en los miles de compañeros que pararon desafiando a la conducción y en la compacta columna de UPCN que marchó el 21 junto a los estatales. Fue la Naranja la corriente que impulsó decididamente la huelga activa del 21 junto a los activistas de ATE en las distintas reparticiones y fue esta evidencia lo que prendió la luz de alerta roja en la burocracia. Estaba planteado el peligro mortal de que estas elecciones se convirtieran en un plebiscito contra la política entreguista de la dirección sindical. Por eso ni bien se conocieron los primeros cómputos favoreciendo a la Naranja —y que proyectaban su triunfo— la patota de la Mesa de Enlace, con el auxilio y concurso de la “barra brava” de Chacarita, salió a “quemar las urnas” Se generalizó la rotura de boletas, la intimidación y aún la agresión a los fiscales naranjas, las urnas fijas convertidas en “volantes", el huir con las urnas abiertas y sin escrutar al sindicato. ¡Sólo en un 30% de los lugares donde se pudo constatar la victoria de la Naranja, los presidentes de mesa aceptaron entregar los certificados de escrutinio provisorio! UPCN no es de los traidores..." El fraude ha puesto en evidencia lo que sostuvo la Lista Naranja en la campaña electoral: que esta dirección no solo es un cuerpo totalmente extraño a la base del gremio sino también que está herida de muerte y va a ser barrida por el ascenso nacional que están protagonizando los trabajadores estatales. La votación masiva por la Naranja revela que canalizó en masa al activismo enfrentando a la burocracia, en particular aquel alineado con el peronismo y que vuelca sus simpatías al ubaldinismo y al degenarismo. La Lista Azul, proscripta por la Junta Electoral y que asume la representación de este bloque político, llamó a votar en blanco pero no tuvo eco. Los votos en blanco fueron insignificantes y numerosos activistas “azules” estuvieron en la primera línea de defensa del voto “naranja”. ¿Y ahora qué? La Naranja ha iniciado una campaña y movilización contra el fraude y ha impugnado la elección, presentando denuncia a la justicia penal sobre todo lo acontecido sustentada en abundantes pruebas materiales. Lo que debe preocupar es la organización del vasto activismo que se volcó a la Naranja y que ha sido protagonista de las principales luchas. Está planteada la consolidación de una poderosa corriente clasista y antiburocrática que plantee la lucha por recuperar las comisiones internas, las delegaciones y las regionales. El fraude es natural en una conducción que pretende imponerle a los trabajadores estatales las cesantías, las jubilaciones forzosas, la liquidación de las paritarias, el congelamiento salarial y las privatizaciones. Pero la elección naranja ha madurado las condiciones para barrer con el fraude y sus beneficiarios, planteando audazmente la batalla por una nueva dirección en UPCN.

3 de abril de 1990
La "tregua nacional" del Partido Justicialista
Redacción

Para el movimiento obrero, la noticia más importante de la semana fue el acuerdo unánime alcanzado en el plenario del consejo nacional del partido justicialista. No tanto porque el plenario hubiera apoyado el “rumbo económico” del gobierno Menem-Alsogaray y hubiera llamado a una “tregua nacional”, sino porque esto fue suscripto también por el “grupo de los 8", como se denomina a los diputados que siguen la orientación del bloque sindical que dirigen Víctor De Gennaro y Mary Sánchez. Es así que en plena ofensiva antiobrera y “privatizadora", el ala “combativa” de la dirección sindical reclama una “tregua”, que va dirigida por sobre todo contra los trabajadores que se encuentran luchando contra la entrega de las empresas del Estado. El “precio” que tuvo que pagar el menemismo para obtener esta capitulación tan indecorosa fue puramente “filosófico”. Esto quiere decir que el documento que dará a conocer el PJ habrá de realizar, para satisfacción de “los 8”, una delimitación doctrinaria del justicialismo respecto al liberalismo, sin importarle naturalmente que la realidad los tenga por socios. Pero incluso esta concesión del menemismo al cafierismo y al grupo “de los 8” tendrá su contrapartida en el reconocimiento que también hará el documento de la necesidad de que el justicialismo “actualice" su “doctrina", que es como se denomina su adaptación a las privatizaciones con títulos de la deuda externa al 100 por 100 de su valor nominal. Para justificar esa “actualización” y sus propias volteretas ideológicas, Menem ha dicho, siguiendo a Perón, que “lo único permanente es la evolución” El presidente ha contrariado así su catolicismo filosófico, pues para éste la evolución y la relatividad no existen y lo único verdadero es lo absoluto e inmutable representado por Dios. Menem se ha colocado, con su cita, en la posición de un hereje, y para colmo de un hereje liberal y “progresista". Para el “progresismo” filosófico la aplicación productiva de los descubrimientos científicos debe permitir un desarrollo económico ininterrumpido y gradualmente armónico, sin tomar en cuenta las trabas propias de la organización capitalista de la sociedad ni la explotación de la clase obrera. Este “progresismo" es lo que pregonan Menem y Alsogaray con la entrega, la “privatización” y la liquidación de la legislación laboral, como antes lo hacían Alfonsín y sus “intelectuales”. Lo que Menem no sabe es que, además de la evolución existe la involución, como lo prueba entre otras cosas el hecho de que él y Alsogaray puedan ser gobierno. Lo permanente es entonces la contradicción entre la evolución y la involución, la oposición de los contrarios, la dialéctica, la lucha entre ambos y su superación, obreros o capitalistas, revolución o contrarrevolución, gobierno de trabajadores o Menem y Alsogaray. Para intervenir en esta lucha es necesaria una “doctrina” critica, revolucionaria, que de un lado penetre entre las masas y del otro eleve a las masas a la comprensión y ejecución de sus tareas históricas. Sepultar el 21 Es indudable que el llamado de todas las tendencias del PJ a una "tregua nacional" pretende sepultar las perspectivas abiertas por la jornada del 21, que protagonizaran especialmente los sindicatos estatales. El acuerdo entre el menemismo y "los 8", Cafiero mediante, culmina las maniobras iniciadas por Lorenzo Miguel desde antes del 21 para bloquear la posibilidad de una lucha de conjunto del movimiento obrero. En ocasión del cumpleaños del "metalúrgico" se puso en evidencia un principio de acuerdo de Miguel con José Rodríguez y Cavalieri para unificar a la CGT detrás del apoyo al gobierno. El planteo de la “tregua nacional”, que la casi totalidad de la prensa interpretó como un llamado al radicalismo, constituye por sobre todo la manifestación de una ofensiva política contra el movimiento obrero, para obligarlo a soportar resignadamente el "ajuste”. Los activistas sindicales deben esforzarse por asimilar el siginificado de estos acontecimientos. No existen sectores "progresistas” en la burocracia sindical. El degenarismo no representa una lucha consecuente contra la entrega debido a que tiene por límite su defensa del régimen social y político capitalista En las próximas semanas se va a acentuar la política de este sector "combativo” de la burocracia sindical para “poner en vereda" a las luchas más duras que están librando los trabajadores y por descabezar a sus dirigentes auténticamente combativos. En el plenario justicialista, no fue Menem sino "los 8" los que tuvieron que hacer el “sacrificio” de la "autocrítica". En efecto, “los 8” reconocieron haberse equivocado cuando no contribuyeron a formar quórum en el parlamento para que pudiera aprobarse la ampliación de la Corte Suprema. El ala "combativa” se apresta, entonces, ni más ni menos que a refrendar el copa-miento judicial que necesitan los Alsogaray para sortear cualquier litigio que se presente con motivo de las privatizaciones. ¡Qué aporte que están brindando estos “soldados" de la causa "nacional y popular” a la política del remate nacional! Todas estas “matufias” no le aportan a sus autores el premio consuelo de poder asegurar la unidad del justicialismo. La banca internacional está poniendo a su propia gente en la conducción del Estado sin importarle los “derechos adquiridos” de los “viejos luchadores". La “tregua nacional” es una “tregua" que se ha dado el justicialismo a sí mismo en un momento peligroso para el Estado capitalista que todos defienden por igual. Pero mientras el peronismo se agota en sus propias reyertas y en el encubrimiento de la entrega, la crisis capitalista y la de todos sus partidos sigue despertando a una nueva perspectiva política a miles de luchadores. Los pliegos de Entel No ha sido ajeno a esta reaproximación dentro del justicialismo las modificaciones introducidas a las condiciones para la privatización de Entel. Pero esto simplemente demuestra la enorme “sensibilidad” de las distintas fracciones justicialistas a los intereses en juego y su total desinterés para luchar contra la privatización. La venta de Entel viene generando una enorme disputa capitalista, principalmente entre los bancos acreedores y los proveedores de la empresa. Los primeros han estado reclamando que los dólares que el Estado reciba por Entel se utilizaran para comenzar a pagar los intereses atrasados de la deuda externa; los proveedores, en cambio, han exigido que ese dinero fuera a pagar las deudas contraídas con ellos. El enfrentamiento fue tomando proporciones de crisis política, que amenazaban no ya la licitación de Entel sino la política general del gobierno. Los Alsogaray han estado representando a los banqueros y Angeloz y la UCR a los proveedores. El nuevo pliego fue negociado con el embajador norteamericano, a pesar de las protestas de la banca acreedora. Un asesor de Alsogaray hija, R. Zinn, ya habría presentado la renuncia con motivo de estas divergencias. El destino del dinero de la privatización no quedó decidido, ya que el nuevo decreto se lo adjudica a la educación y a la salud, es decir que patea la pelota para adelante. Este choque entre la banca extranjera y los capitanes de la industria es la causa por la que no se ha llegado al "acuerdo nacional” con Angeloz que viene reclamando el gobierno norteamericano. A raíz de esto, Bush habría planteado, según Clarín, un acercamiento con los capitanes nativos en la búsqueda de un entendimiento. Como esto aún no se ha logrado, los choques que puede generar el nuevo decreto sobre Entel amenazan de nuevo la precaria estabilidad del dólar. La “tregua nacional” que propone el PJ significa que los gremios estatales ven como "positiva” la modificación de los pliegas de Entel, así como las que se introdujeron en los casos de Aerolíneas y Ferrocarriles. Pero ninguna de estas modificaciones altera nada esencial en lo que hace a la entrega a precio vil del patrimonio estatal a la banca. Advertimos entonces acerca de la posibilidad de que los gremios ubaldinistas y los que siguen a ATE respalden los nuevos pliegos y pasen a frenar la resistencia popular contra la privatización. Al mismo tiempo señalamos la posibilidad de un rápido agravamiento de la crisis política como consecuencia de la oposición de los bancos a las nuevas condiciones. La perspectiva de una ofensiva de la banca acreedora, anunciada en principio por el Banco Mundial (Clarín, 1/4), hace menos admisible que el movimiento obrero respalde la política de entrega “atenuada" del gobierno. Los trabajadores debemos aprovechar cualquier profundización de la crisis política para debilitar a cada una de las alternativas capitalistas, para lo cual es necesario actuar con independencia de todas ellas. El FMI “non presta” Desde antes del 8 de julio se le viene vendiendo a Menem el buzón de la ayuda en dólares que nunca termina de aparecer. Primero fue Bunge y Born, luego Alsogaray. La sanata se volvió a repetir en las últimas semanas con el anuncio de una "inminente" ayuda del FMI. Pero el FMI ha postergado la posibilidad de un acuerdo hasta fines de mayo, lo que en la situación argentina equivale a un siglo. ¿Por qué? Ocurre que para el FMI las previsiones del presupuesto fiscal de 1990 están “dibujadas” y de ningún modo corresponden a la realidad. El déficit seguirá siendo alto y el FMI quiere un superávit para poder pagar la deuda externa sin emitir australes. Las privatizaciones están empantanadas por conflictos capitalistas y tampoco se logra un acuerdo nacional. En una reciente interpelación en el senado norteamericano, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que Argentina estaba “en observación”. Esta es la exacta situación de precariedad del gobierno y de sus planes. El FMI se permitió reclamar nuevos impuestos, más corles de gastos, más despidos, más privatizaciones y por sobre todo el cierre de los bancos de provincia De lo contrario, dice, las cuentas no cierran. La situación, a la luz de esto, es insostenible. Con semejante cuadro general, el justicialismo pretende mecer al movimiento obrero en la cuna de la “tregua nacional”. ¿Estabilidad? ¡Las pelotas! El retroceso del dólar y de algunos precios en las últimas semanas hizo que más de uno se preguntara si con el otoño no había llegado la estabilidad. Pero este fenómeno ya se había producido luego de la “híper” de mayo-junio y de diciembre pasados cuando los precios retrocedieron algunos peldaños con relación a su descomunal suba anterior. Estas reducciones de precios ponen en evidencia los brutales beneficios que los capitalistas obtuvieron con la "híper", en especial en los alimentos y en los medicamentos, y que en su mayor parte conservan. Por eso se ha constatado un aumento de los precios medidos en dólares. Pero semejante “estabilidad” se ha obtenido por medio de una caída sin precedentes de la producción, de la virtual desaparición del crédito y de una enorme caída de la capacidad adquisitiva de la población. El FMI considera, sin embargo, que esto es insuficiente si se tiene en cuenta que el gobierno debe pagar los intereses de los Bonex en las próximas semanas y de que la banca acreedora reclama que se le comiencen a pagar los intereses atrasados. Para comprar los dólares para estos pagos, el Banco Central emitió en las últimas tres semanas cerca de tres billones de australes, lo cual nuevamente ha dejado una masa de dinero en circulación que no encuentra canalización ni hacia la inversión ni hacia el crédito. Fue de esta forma como se gestó la última “híper”, al devolver el Banco Central casi las dos terceras partes de los depósitos a plazo fijo que supuestamente debía haber canjeado por Bonex. Cuando pague los intereses de estos Bonex, el Banco Central se habrá quedado sin los dólares pero con los tres billones de australes aun circulando por el mercado La posibilidad de un retomo a la híper está condicionada a la “tregua” que han dado los acreedores en función de los prometidos planes de privatización y de cesantías masivas Por eso la crisis que han experimentado estas privatizaciones y las renuncias de los asesores de Alsogaray amenazan con voltear la estantería. La precariedad económica es tan aguda que el gobierno no sabría qué hacer con el superávit comercial previsto para 1990, que sería de 7.000 millones de dólares. Es que un ingreso semejante de divisa significaría emitir unos 35 billones de australes y aumentar la base monetaria unas ocho veces. No es entonces la falta de capital sino su exceso lo que ensombrece la situación del capitalismo en Argentina. Horizonte La perspectiva que se desprende de este vuelo de pájaro sobre la situación nacional es que deberá profundizarse la crisis del gobierno y del régimen político, en el marco de una catastrófica situación económica y de enormes presiones del capital internacional. La política de “tregua" no tiene futuro pero a ella están obligados a recurrir quienes se oponen a una salida fuera de los marcos del capitalismo. Es necesario tomar conciencia del carácter prerrevolucionario de la situación nacional y desarrollar el partido obrero.

3 de abril de 1990
La "tregua" es verso
Redacción

El llamado a la “tregua” efectuado por el partido justicialista responde tardíamente al reclamo del gobierno norteamericano para que radicales y peronistas arriben a un acuerdo nacional. La convocatoria a la “tregua” fue firmada por todos los sectores justicialistas, incluida por lo tanto su ala “combativa” o “nacional y popular”. De este modo tenemos a todos los grupos internos de los partidos “mayoritarios” actuando bajo la batuta del imperialismo yanqui. Pero la “tregua nacional” no significa que habrá un compás de espera en los tarifazos o en la entrega, o que se suspenderán los grandes negociados capitalistas, ni mucho menos que vaya a haber trabajo para los desocupados. La política antinacional proseguirá su rumbo o se profundizará. No es a esto que se refiere la “tregua”. La “tregua” es simplemente una exigencia dirigida a los trabajadores para que cesen en sus luchas. Esta es la naturaleza del llamamiento que han suscripto los “combativos” integrantes del “grupo de los 8”, que responden a Ubaldini, Mary Sánchez o De Gennaro. El llamado a la “tregua” es una convocatoria contra el movimiento obrero y la aceptación conciente de la entrega al imperialismo. Los trabajadores deben reflexionar sobre estos hechos y preparar, mediante la lucha y la organización, una nueva dirección política y sindical de la clase obrera. La “tregua” de todos modos, estallará en mil pedazos antes de lo que canta un gallo. Porque para que tenga vigencia, los capitalistas deberían dejar de enfrentarse entre sí por el acaparamiento de los mejores negocios que ofrece el gobierno entreguista. En lugar de la “tregua” es inminente una nueva crisis política. Para superar a este régimen que se agota todos los días, agotando a los trabajadores solo está el camino del gobierno de los explotados.