Brasil se declara en quiebra
El gobierno de Collor de Mello debutó el pasado 15 de marzo con un "pacotazo" económico que incluye las clásicas medidas como tarifazos, congelamiento de precios y salarios (luego que los primeros hubieran aumentado un 400% solamente en las 24 horas previas), corte de subsidios a productos alimenticios, cierre de algunas empresas estatales, privatización inmediata de otras y "apertura” comercial a la competencia extranjera. A los salarios que deben cobrarse a principios de abril se les reconoce la variación del 72% en el costo de vida que se registró entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, pero no la carestía de los últimos quince días de marzo. De ahora en más los aumentos salariales serán calculados de acuerdo a la inflación que prevea el gobierno, que naturalmente será establecida en baja, y, por lo tanto, por debajo de la inflación que se registre en el mes en que el salario es efectivamente gastado. No fueron, sin embargo, estas medidas profundamente antiobreras las que ganaron la primera plana de los diarios. El impacto del “pacotazo” fue causado por la decisión de congelar en un 85%, durante 18 meses, la totalidad de los depósitos bancarios y las aplicaciones en títulos de la deuda pública interna, y establecer una serie de impuestos a las operaciones financieras. En una medida mayor a lo que ya había ocurrido en Argentina con el reemplazo de los depósitos a plazo fijo por Bonex, en Brasil prevaleció la opinión de que se estaba en presencia de un ataque a la “patria financiera" y a la “especulación", y de que la principal víctima del “pacote" eran los bancos. Los bancos, por su parte, sin desmentir para nada esta especie, declararon, sin embargo, su apoyo al plan Collor. La suma involucrada en el congelamiento financiero es cuarenta veces superior a la que fue transformada en Bonex en Argentina: casi 90.000 millones de dólares, lo cual no solo afecta a la clase media sino a la gran burguesía. No debe sorprender entonces que en Brasil se diga que la burguesía ha recibido un duro golpe. Como asimismo prevé la liberación gradual del dinero retenido por medio de licitaciones periódicas, admite la posibilidad de que los depósitos sufran un desagio es decir una pérdida para sus titulares. Lula tuvo que decir que él no había pensado ir tan lejos lo cual es rigurosamente cierto, porque el PT solo hacía planteado la “renegociación” de la deuda pública. Esto simplemente pone de relieve las descomunales limitaciones del programa capitalista del PT. Los “audaces" teóricos pequeño-burgueses del PT se jactaron en todo momento del “rigor” de su programa reformista al que atribuían alcances capaces de transformar la estructura social del país. Pero ya de entrada, a diferencia de lo hecho por Collor, ese programa dejaba sin tocar la enorme deuda pública. Pero sin la solución radical de la deuda pública, que entre la “externa" y la "interna” suma más de 250.000 millones de dólares, no hay siquiera principio de posibilidad para la transformación social de Brasil. El “pacote" de Collor, que es dentro de sus alcances netamente burgués, pone al desnudo la completa incapacidad del programa petista. Durante la última campaña electoral, una parte de la intelectualidad burguesa, e incluso sectores de la propia burguesía, había señalado la conveniencia da elegir un gobierno del PT a fin de “descomprimir" la presión popular y frenar las luchas obreras. A la luz de lo que está ocurriendo, la prioridad para el Estado brasileño y la burguesía en su conjunto era otra: consagrar a un indiscutible representante de los explotadores para adoptar medidas excepcionales que hagan frente a la descomposición del régimen capitalista, sin suscitar por ello la desconfianza, y mucho menos la insubordinación, de la burguesía. Carácter y alcance del “pacotazo” Aunque pueda asombrar, el gobierno brasileño caracterizó al “pacote” como un plan de “libre mercado’ —lo mismo que repiten los charlatanes rioplatenses. En realidad, el Estado brasileño ha puesto bajo su control el 80% de la riqueza líquida y a la casi totalidad del sistema financiero. El “pacotazo" de Collor, ¡como lo fue el de Erman González-Alsogaray!, es una completa refutación del “mercado libre". Collor ha ido incluso más lejos que la mal llamada “nacionalización de los depósitos” efectuada por Perón en 1946, la cual se limitaba a poner los préstamos bancarios en manos del Banco Central; en tanto que en Brasil los propios depósitos han sido retenidos en un 80% por el Estado. Este monumental intervencionismo estatal fue exigido por la bancarrota del Estado, no menos monumental, la cual amenazaba ya la sobrevivencia de los bancos, de las grandes empresas y, a término, del régimen capitalista. El “pacotazo" equivale a una declaración oficial de quiebra. El Estado ha intervenido en forma brutal, como lo hace el poder judicial en una convocatoria de acreedores, y de ningún modo dejó la tarea de hacer frente a la crisis al “juego libre de las fuerzas del mercado”. Intervino como recurso último de un capitalismo agonizante, ejerciendo de este modo su rol histórico de guardián de las relaciones de propiedad imperantes. El rescate del capitalismo es el objetivo del "pacotazo", es decir el reforzamiento de la explotación de los trabajadores. El apoyo que se está brindando al “pacote” desde el PT revela una colosal incomprensión y es un manifiesto crimen político. En la defensa de la sociedad capitalista en quiebra, el gobierno Collor le pasará por encima a todos los derechos democráticos y obreros La bancarrota pública y financiera de Brasil se puede computar muy simplemente. La deuda pública “interna” (en moneda nacional) de 120.000 millones de dólares, era financiada en definitiva, en un 75%, con depósitos colocados en los bancos a un sólo día de plazo. Los 90.000 millones de dólares involucrados en esta hipoteca eran refinanciados diariamente a una tasa de interés ajustada por inflación, que había llegado al 73% mensual. El monto de los intereses anuales que debía pagar el Estado era un 250% mayor que la totalidad de los impuestos recaudados en el año. Brasil tenía así un déficit fiscal descomunal a pesar de contar con un superávit operativo. La financiación del déficit se hacía con la emisión de nuevos títulos y de moneda. La brecha entre el mercado oficial y paralelo de cambios había llegado al 140%, lo que revelaba una fuga del cruzado al dólar y por lo tanto la imposibilidad de seguir financiando el déficit con deuda pública. El colapso bancario se presentaba con toda claridad por la persistente fuga de depósitos. Los títulos públicos en poder de los bancos iban perdiendo el respaldo de los depósitos, lo que comprometía el capital y el patrimonio de los bancos. Estos se veían amenazados de perder sus capitales y de tener que malvender los títulos por debajo de su precio de ajuste. Existía la amenaza de una fantástica desvalorización del 80% del capital líquido y de la caída de los bancos. El congelamiento del “pacote" enfrenta este peligro, y lejos de ser el responsable por un desagio de las colocaciones financieras, ha tomado medidas para limitar, no ya el desagio, sino la drástica desvalorización del capital líquido. Pero el “pacote" no ha eliminado la impresionante deuda pública; al revés la ha consolidado Esto significa que el Estado emprenderá de aquí en más un vigoroso ataque anti-popular para reunir el dinero que le permita pagarla, con mayores impuestos, descenso del salario real y despidos masivos por cierre y privatización de empresas estatales El capitalista individual repudia la injerencia del Estado, de su propio Estado, en su bolsillo, pero la función del Estado es defender la supervivencia del régimen capitalista como un todo. El balance de los perjuicios y beneficios del “pacote" dentro de la clase capitalista dependerá de las relaciones de fuerza. El gobierno ya se ha comprometido a liberar, y ya ha liberado, depósitos por encima del tope fijado, invocando distintas razones. Este mecanismo de devolución de dinero a los grandes capitalistas seguirá su curso. El gobierno se propone también cubrir necesidades de crédito o de financiamiento mediante redescuentos del Banco Central. El capitalista que tiene su depósito congelado, es decir, preservado, recibirá dinero por otra vía para inversión o giro comercial. El Estado pretende así arbitrar la distribución del capital, algo que será motivo de innumerables conflictos y que supera sus posibilidades. Los depósitos congelados se “reciclan" —vuelven en forma de redescuentos o de otro tipo de autorizaciones. Cuando lo justifique, al capitalista le convendrá rescatar su depósito con desagio, por medio de las licitaciones, para aplicarlo a un negocio más lucrativo. Este poder omnímodo que se arroga el Estado apunta a asegurar a los grandes capitalistas, cuyos hombres controlan el gobierno y la burocracia estatal, su capital. Otra muestra de la tentativa de estatizar el pasaje de capitales de una esfera de la especulación a otra, está representada por “certificados de privatización”, por medio de los cuales los títulos de la deuda en poder de los bancos podrán aplicarse a la compra de empresas del Estado. Los “bonos" desvalorizados se podrán aplicar a otras inversiones. A través de este procedimiento se pone de manifiesto la nueva etapa en la que entra la economía de Brasil: del endeudamiento al remate de empresas para pagar la deuda Collor realiza la propuesta del PT de aplicar la deuda interna a la privatización Con este cambio, el capital no se conviene por ello de “especulativo” en “productivo” como se dice por ahí, sino que culmina una etapa “especulativa" e inicia otra de remate de los activos de las empresas estatales a un precio superior al pagado por su “privatización". Todo este procedimiento permitirá ahora discutir con la banca internacional la aplicación de la deuda externa a las “privatizaciones" y aún a la adquisición de empresas privadas en quiebra. El congelamiento en principio, de 80 de los 120.000 millones de dólares colocados en depósitos y títulos, deja a la economía con una liquidez de 40 mil millones de dólares, lo cual equivale a un 12% del producto bruto, que podría llegar al 15%. Esta es también la proporción de dinero colocado en títulos y bancos que se aplicaba, anteriormente, a las transacciones comerciales El “pacote" delata así la convicción de sus autores do que podrán suplantar a los capitalistas en la asignación de los capitales a las distintas ramas de la producción y del comercio y suplantar de paso la anarquía por la “racionalidad". Se trata de una típica utopía pequeñoburguesa aplicada al servicio del régimen capitalista. El arbitraje del Estado no podrá resolver la crisis capitalista, y lejos de conseguir una atenuación de los antagonismos de clase los agravará. El arbitraje del Estado no podrá nunca, por su carácter capitalista, superar las presiones del gran capital nacional y de la banca internacional El “pacote" ha “estatizado" por completo la crisis económica y social capitalista. La crisis política y, a término, la crisis revolucionaria, será la forma de manifestación de toda la crisis. La declaración de quiebra efectuada por el Estado significa que se ha ingresado en una etapa de profunda declinación económica.