Prensa Obrera N° 296

Gorbachov terminó consiguiendo lo que se propuso: fue elegido presidente sin el concurso del voto popular e investido de facultades extraordinarias. Para esto obtuvo el apoyo del Buró Político y del CC del PC, la mayoría de los votos del digitado Soviet Supremo y luego la del no menos digitado Congreso de los Soviets. Todas estas instituciones están férreamente controladas por la burocracia, que en el caso de los dos parlamentos lo logró designando por sí a un número elevado de diputados o consagrando a otros mediante el procedimiento de la candidatura única. Allí donde hubo competencia electoral, los candidatos oficiales perdieron en el 99% de los casos. Gorbachov fue elegido por un período de cinco años con posibilidad de reelección. Está facultado para gobernar por decreto; no es responsable ante el parlamento por la conducción de la seguridad y de las fuerzas armadas; puede declarar el estado de emergencia e incluso disolver el Congreso de diputados, o declarar la nulidad de los soviets de las repúblicas que componen la Unión Soviética y de sus leyes. Estas fueron las características que rodearon la abolición del artículo 6 de la Constitución, que consagraba el monopolio del poder por parte del partido comunista. El artículo que lo suplanta, sin embargo, menciona al PC como fuerza gobernante de la URSS, lo que virtualmente asegura la inviolabilidad de su aparato, de las propiedades que ha acaparado y, de hecho, de sus privilegios principales. Los burócratas se han curado en salud, porque es indudable que una revolución popular no dejaría de expropiar los bienes que la burocracia del PC ha usurpado al pueblo -y si es efectivamente consecuente haría lo mismo con todas las propiedades personales de los burócratas. Para evitar ambas cosas, precisamente, el gobierno de Gorbachov quiere un régimen de “garantías constitucionales” para el aparato stalinista y, claro está, un “estado de derecho” para las propiedades y privilegios personales de los millones que integran la élite usurpadora. Todas estas decisiones fueron saludadas por la prensa occidental como un paso decisivo “de la democracia”. Es obvio que los capitalistas occidentales y sus periodistas entienden perfectamente cuál es el significado de las constituciones y de los códigos — consagrar el derecho de propiedad. A pesar de los violentos debates que la abolición del monopolio constitucional del PC provocó en el plenario del Comité Central, el conjunto de las propuestas de Gorbachov fueron aprobadas con el voto de la llamada ala “conservadora” de la burocracia. Esto puso en evidencia que la política de Gorbachov es la única que permite la sobrevivencia de los privilegios económicos y políticos de la burocracia en un período de características revolucionarias para su régimen. Gorbachov apresuró las decisiones relativas a su elección como presidente — una figura que con estas características nunca había existido en la URSS —, en razón de la posibilidad de que las próximas elecciones lo dejen en minoría en el Congreso y también para hacer frente al proceso de separación nacional de las repúblicas, en especial en el Báltico. Hay que tener en cuenta que la burocracia gorbachiana vive una situación terrible, y esto no solamente en el plano económico. En Leningrado el aparato oficial ha quedado en minoría y la disputa dentro del PC ha ganado las calles, con la consiguiente desintegración del partido comunista. En diversas regiones y ciudades, los dirigentes oficiales han sido destituidos como consecuencia de violentas protestas populares. El movimiento huelguístico es constante. Es un régimen acorralado el que debe hacer frente a las demandas de los sectores más diversos de las masas. La demagogia gorbachiana no logró, sin embargo, impedir la declaración de secesión de Lituania, ni el funcionamiento de un parlamento paralelo en Estonia. Todo indica, sin embargo, que la separación lituana es solo de palabra y tiene por objetivo ocultar una negociación que ya está en curso con el gobierno central. La separación de Lituania es una medida de eminente cuño democrático, pues no hay que olvidar que su incorporación a la URSS fue un resultado del pacto Hitler-Stalin. Pero el movimiento separatista está liderado por una pequeña burguesía nacionalista, que pretende convertir a los países bálticos en la puerta de entrada del capitalismo a la URSS. Esta tendencia fue alentada desde el comienzo por Gorbachov, que creyó que podría controlar la situación dentro de los límites de una “zona franca" enclavada en territorio soviético. Ahora el gobierno de Gorbachov pretende negociar con las autoridades lituanas, lo que podría llegar a convertirse en una Commonwealth, como el que tiene Gran Bretaña con sus colonias. Esto incluiría un tratado de seguridad, acceso militar para la URSS y un determinado status internacional para las repúblicas. La decisión secesionista del parlamento lituano no produjo ninguna emoción en la pequeña república, cuyos dirigentes “sabiamente” se quedaron en la palabra. En esta cuestión tan importante el gobierno norteamericano dejó en evidencia los acuerdos alcanzados con Gorbachov en Malta, a fines del año pasado. Se pronunció por una salida negociada, es decir por el apoyo total al colega “comunista”, violentando la trayectoria diplomática norteamericana que nunca reconoció la anexión de los países bálticos por Stalin. Definitivamente, el imperialismo mundial le teme a la posibilidad de una situación revolucionaria desde el Elba hasta el Pacífico, que no dejaría de extenderse en poco tiempo al oeste de Europa. Los diarios que en la provincia argentina del imperialismo reproducen el cablerío noticioso internacional, siguen hablando de una euforia de inversiones capitalistas en el este, cuando en realidad existe una crisis total como consecuencia de la cesación de pagos de varias empresas de importación soviéticas y euro-orientales. Algunos comentaristas occidentales temieron hace un tiempo que el invierno europeo hiciera estallar una tremenda explosión en el este, particularmente en Polonia, y es cierto que Polonia fue crucificada durante la estación del año que termina la semana próxima. La temperatura política del país se puede apreciar en estos dos datos: el PC vio reducidos sus afiliados de 2.500.000 a 5.000, pero al lado de esto, Solidaridad, que tenía seis millones de afiliados en 1980 no tiene más de un millón desde que sus dirigentes han pasado a apoyar al gobierno conjunto de la burocracia stalinista y el FMI. Ahora los comentaristas están anunciando peligro para el verano del hemisferio norte. Pero el problema no son las estaciones sino la necesidad de una dirección revolucionaria.

Carlos Menem le estrechó la mano a Pinochet no solamente porque ha comenzado a admirar al hombre cuya política pretende aplicar en Argentina. En Santiago, el canciller Domingo Cavallo reveló, además que, “esto nosotros lo conversamos con Aylwin y con el futuro canciller, Enrique Silva Cima, en Buenos Aires y quedamos de acuerdo en que los presidentes de Argentina, Uruguay y Brasil asistieran al total de los actos de transmisión" (Clarín, 11/3). El protocolo, entonces, fue el resultado de una negociación internacional —en la que intervino el propio Aylwin. Días más tarde, Menem le revelaría a Bernardo Neustadt que Patricio Aylwin le había agradecido personalmente su saludo a Pinochet porque con ese gesto respaldaba la política de la “transición" chilena que consiste en aceptar la continuidad del régimen político militar trasandino.

Con la asunción del demócrata-cristiano Patricio Aylwin “la democracia" chilena ha tomado el relevo del gobierno pinochetista. Aylwin fue uno de los principales promotores del criminal golpe del ’73. Bajo el paraguas protector de la “democracia” y de los "demócratas” naturalmente, las instituciones fundamentales de la dictadura quedan en pie. Continúa vigente la constitución pinochetista de 1980; siguen las FF.AA. y los organismos represivos pinochetistas; los miembros de la Corte Suprema nombrados por Pinochet son vitalicios; el presidente y el directorio del Banco Central duran ocho años; y hasta hay senadores vitalicios en el Congreso. Chile se ha convertido en Roma, tiene un Nerón de comandante en jefe y hasta el edificio del Congreso, en Valparaíso, lleva las trazas imperiales. Aquí los pinochetistas son mayoría como consecuencia, además, del código electoral. Algunos comentaristas califican al nuevo régimen de “pinochetismo sin Pinochet”, algo que no es completamente exacto porque el dictador no se va. Además de retener el mando del Ejército, forma parte del Consejo de Seguridad Nacional encargado de vigilar "el cumplimiento de la Constitución”. Pinochet se ha llevado a la mayor parte de su gabinete a la comandancia del ejército, en lo que ha sido calificado como la formación de un gobierno paralelo. Todo este paquete, incluida la permanencia de Pinochet fue aprobado por la oposición “democrática” en ocasión del plebiscito de julio de 1989. El presidente Aylwin, por aquello de que lo que abunda no daña, ha reiterado que su política no diferirá sustancialmente de la de Pinochet. Se comprometió a no modificar las bases de la política económica pinochetista y a “no tomar ninguna iniciativa” que promueva el enjuiciamiento de los crímenes cometidos bajo la dictadura. En el discurso que pronunció ante 300.000 personas aseguró, luego de liberar a un 10% de los presos políticos, que ya tiene decidido “perdonar” a los personajes de la dictadura que pudieran ser condenados en sede judicial, aunque Aylwin no pretende tomar iniciativas judiciales. La izquierda Esta maniobra política democratizante es la más derechista de las aplicadas en América Latina incluso si se tiene en cuenta lo ocurrido en Paraguay. Pero aun así ha contado con el sólido apoyo de la izquierda. En el caso de los stalinistas, se aplicó una política de fina perfidia, que en 1986 significó proclamar el inminente desencadenamiento de una rebelión popular, con la intención de controlar la crisis de la Juventud Comunista, mientras se estaba armando el pacto con la democracia cristiana y el clero para negociar con Pinochet. El PC y su Izquierda Unida apoyaron a Aylwin en las recientes elecciones. Ahora las distintas fracciones socialistas se han reunificado en un partido único en función de su participación en el gobierno de Aylwin donde cuentan con un tercio del gabinete. Por su parte, Luis Guastavino — uno de los máximo dirigentes del stalinismo— puntualizó que "aunque no somos un partido de gobierno, tampoco somos de oposición”, y “la tarea suprema del PC de Chile es el éxito de las finalidades democráticas del gobierno” (Sur, 10/3). Sea dentro o fuera del gabinete, la izquierda apoya a un gobierno burgués y antiobrero y a las instituciones pinochetistas vigentes. Esta es la "renovación" que stalinistas y socialdemócratas han producido en Chile. Contradicciones En sus primeros discursos como presidente, Patricio Aylwin recomendó “ejercer la virtud de la prudencia”, “no iniciar una caza de brujas” y esperar que “llegue la hora del perdón” (Gazeta Mercantil, 13/3). La batalla campal entre manifestantes y carabineros con que culminó el primer discurso de Aylwin revela que sus llamados van a contramano de las expectativas populares. El enviado de la Gazeta Mercantil de San Pablo en Chile ha observado que “uno de los obstáculos que enfrenta Aylwin es la prisa de algunos de sus partidarios —y de las multitudes en las calles— por ver juzgados a Pinochet y a todos sus acólitos, civiles y militares”. También hace referencia a los “temores de las patronales” ante lo que consideran inminentes luchas obreras. Es precisamente el motivo que está llevando a la burocracia sindical a procurar un pacto social con los empresarios. Suprema tarea. El "paquete” que ataron Pinochet y la oposición burguesa tiene más de un cabo suelto. Es que contra lo que dicen los charlatanes la situación económica general es precaria, como lo demuestra la ausencia de inversiones. Las privatizaciones sirvieron para sustituir deuda externa por interna. El 40% de los chilenos está por debajo de los niveles de pobreza. En enero, un aumento del costo de vida de casi el 3% mostró la fragilidad económica. Entre la ausencia de perspectiva económica y la lucha popular, que viene en ascenso con intermitencias desde 1983, el paquete chileno será desatado violentamente.

Escuela municipal "Tomas Guido" n° 6 distrito escolar V En el año 1988 los techos de la planta alta de la escuela comenzaron a desmoronarse. La Municipalidad contrató los trabajos de refacción con la empresa SADE, la que luego de desmontar el techo adujo problemas económicos con la municipalidad para abandonar la obra. Durante el periodo de vacaciones, un grupo de padres junto con miembros de la cooperadora, trataron infructuosamente por la vía de los reclamos, que la intendencia reiniciara las obras. La maraña burocrática y la total indiferencia del intendente Grosso hizo que este año comenzarán las clases con la escuela aún sin techo y sin la seguridad de que algún día lo tenga. En una asamblea realizada por padres y docentes en el recinto de la escuela y ante la insensibilidad de las autoridades, implementamos un plan de lucha en defensa de nuestra escuela de 103 años y de la educación de nuestros hijos. Convocamos al corte de la Avda. Caseros y a una sentada, que se realizó los días 5 y 6 de marzo. Acudieron al lugar algunos medios periodísticos y televisivos que dieron cierta trascendencia al conflicto. Luego, el 7 de marzo, llamado por los padres el día "D", se concretó la movilización del alumnado junto a sus padres, hacia la intendencia metropolitana. Recorrimos el corazón del barrio de Constitución, con corte de tránsito, cantos y carteles que decían "Grosso nuestros hijos quieren estudiar como los tuyos”. La llegada a la Intendencia fue recibida con aplausos por los transeúntes. Como resultado de este plan de lucha se logró que la Intendencia realizara trabajos urgentes de refacción. Los padres en Asamblea resolvieron formar una comisión de seguimiento de los trabajos que aún deben realizarse y el contacto con padres de escuelas con similares problemas a los efectos de colaborar y luchar juntos contra el ataque a la educación gratuita, que beneficia a los privatistas.

“La zona sur de la ciudad está custodiada por la Gendarmería; la nordeste, por la Policía Federal, y la noroeste, por efectivos de la Prefectura Naval’’ (La Capital 7/3/90). Así resumía un informe periodístico la “asistencia estatal” a las barriadas de Rosario durante los últimos quince días. El gobierno de Reviglio no ha vacilado en calificar de "maleantes” a los pobladores desesperados que abordaron camiones o comercios de alimentos en el sur de la ciudad. En cambio, pretende soslayar el fraude de la “ayuda alimentaria”, así como el verdadero cerco represivo que se ha tendido sobre las barriadas. Fracaso de la ayuda alimentaria Desde comienzos de año, 3.000 trabajadores santafesinos fueron despedidos, 8.300 sufrieron suspensiones y otros 6.400 soportaron reducciones de horario. La mayoría de estos casos afectaron a los metalúrgicos del sur de la provincia. La situación social de los barrios de Rosario “no es igual a mayo pasado”... sino peor. La "ayuda alimentaria”, en cambio se ha revelado como un gigantesco curro: en febrero pasado, diferentes camarillas del PJ santafesino se acusaron mutuamente de haber canjeado por dinero 3.500 bonos solidarios, “operación” que concretaron utilizando las cuentas corrientes de grandes firmas comerciales. Días más tarde, saltó a la luz la existencia de depósitos clandestinos, de cajas PAN. En Rosario, la apertura de la cajas ‘“PASA” (versión local del PAN) deparó a sus "beneficiarios” otra amarga sorpresa: "mucha gente que recibió la leche señaló que la misma se encontraba en mal estado” (LC, 1/3/90). Puede concluirse, a esta altura, que a los barrios santafesinos sólo llegaron las migajas del operativo "asistencial”. El resto, quedó “pegado” a los bolsillos de los funcionarios y políticos patronales. La constatación de este repugnante negociado ha despertado la indignación del pueblo hambriento. Uno de los “saqueos” más difundidos de los últimos días se produjo en la localidad de Wheelright: luego de un reparto de cajas PAN que resulta insuficiente para las familias que habían concurrido a recibirla, los funcionarios informaron que “el reparto continuará mañana”. Al día siguiente, los vecinos se encuentran con la oficina del PAN cerrada. Enfurecidos, violan su puerta. “Después que se destapó el escándalo de los bonos —comentó a “Prensa Obrera” una directora de escuela— pasó por mi escuela el asesor de un diputado justicialista; quería desprenderse de quinientos bonos que le quemaban las manos, y me indicó que los repartiera entre las familias de mis alumnos. Cuando intentamos hacerlo, una multitud de familias desesperadas se agolpó frente a la escuela para reclamar su bono. La ayuda alimentaria llega a cuenta gotas. La gente reacciona contra esta insuficiencia y contra las arbitrariedades”. Escala represiva La gendarmería ha tendido un verdadero cerco sobre el barrio Las Flores, en el sur de Rosario. Al atardecer, las tropas recorren las calles amenazando a los vecinos: "todo el mundo a sus casas”, es el grito que baja desde los camiones de las fuerzas represivas, junto con balazos al aire que no dejan de oírse durante toda la noche. “El barrio está sitiado —comenta un joven desocupado". “Ya hubo varios heridos, y en toda la zona se habla de un joven que habría sido muerto”. Reviglio y el “socialista” Cavallero, impotentes para solucionar la hambruna popular, no han cesado de reclamarle “seguridad al gobierno nacional”. Qué debemos hacer Los asaltos a mercados, almacenes o depósitos de víveres han esta- do presentes en la historia desde que existe la lucha de clases, como una respuesta del movimiento popular contra el acaparamiento, la carestía o el saqueo a que se han librado los explotadores en los períodos de crisis. Pero precisamente la experiencia histórica y la lógica dicen que este movimiento popular sólo triunfa cuando adquiere un carácter de masa y adopta una orientación política. Lo primero se puede conseguir por medio de las manifestaciones dirigidas a imponer al poder político y a los propios capitalistas, la exigencia de los precios máximos, la rebaja de productos esenciales y la entrega gratuita de alimentos, medicamentos y útiles escolares. Nuestra consigna para el movimiento popular contra el hambre es esa: manifestaciones de masa. Este es el camino para una situación que se va a agravar a medida que se agotan los salarios mensuales y los aumentos de la primera quincena. En lo que se refiere a la orientación política el movimiento popular contra el hambre tiene que ligarse a la lucha de la clase obrera por la huelga general. El hambre es la síntesis de toda la descomposición capitalista para el pueblo. Para superar este flagelo que el capitalismo genera en medio de la mayor abundancia es necesario luchar por un gobierno de trabajadores. Los barrios de Córdoba se mueven La movilización docente del lunes 12 sirvió también para impulsar la organización de los vecinos de distintos barrios de Córdoba. Tanto en el barrio SEP como en San Vicente se realizaron asambleas en donde se votó concurrir a la marcha docente y luchar por las propias reivindicaciones. La asamblea del barrio SEP fijó las siguientes tareas: visitar las escuelas de la zona para ponerse en contacto con los docentes, realizar una jomada de agitación e invitación al resto de los vecinos para sumarse a la marcha, y la confección de pancartas con los reclamos. También se resolvió continuar el movimiento después de la marcha.

Las características de la “privatización” de ENTel no dejan dudas sobre su carácter de negociado y estafa contra los intereses nacionales. Un decreto presidencial ha fijado en 1.000 millones de dólares “el valor del 60 por ciento de las acciones de ENTel próximas a privatizarse" (Clarín, 11/3). Estos 1.000 millones de dólares son, sin embargo, un verdadero precio de “oferta” o de “remate” cuando se lo compara con los 3.200 millones de dólares en que fueron tasados los activos fijos por el Banco Nacional de Desarrollo, aunque esta tasación no tomaba en cuenta el capital invertido en ENTel, que según las evaluaciones “como mínimo es de 4.900 millones de dólares” (El Cronista, 12/3). Pero “el monto base que deberán abonar los oferentes en billetes es de 214 millones de dólares, suma a partir de la cual podrán agregarse papeles de la deuda externa siendo el ganador de la licitación quien más certificados ofrezca" (Clarín, 11/3). Estos “papeles de la deuda” serían aceptados “al 100% de su paridad”, cuando se “cotizan hoy a 11/12 dólares por cada 100” (El Cronista, 12/3). Esta sola disposición asegura a los bancos un beneficio inmediato del 1.000%, pues ellos ya han descontado en sus balances la desvalorización de los títulos de la deuda. Para mejorar estos superbeneficios María Julia Alsogaray suspendió además la comercialización del plan Megatel IV, que preveía entregar 300.000 líneas telefónicas en un plazo de 42 meses, lo que ahora quedará a cargo de la nueva empresa. Como el precio de las líneas a Instalarse es de 1.500 dólares, se producirá la transferencia gratuita “de un activo de U$S 300 millones a los compradores de ENTel” (A. Financiero, 8/3). Rentabilidad asegurada No se agotan con esto las características saqueadoras de esta “privatización”, esto porque “el pliego de condiciones asegura a los operadores una renta anual del 16% garantizada por el Estado Nacional... y esa rentabilidad utiliza como base la valuación oficial de ENTel de 3.200 millones de dólares” (Página 12, 11/3). El 16% sobre 3.200 millones de dólares significa que el Estado le asegura a un “inversor” de 214 millones de dólares (que aparentemente aportaría otros 200 millones en cuotas) una utilidad anual de 500 millones de dólares. En menos de 6 meses el pulpo adjudicatario habría obtenido un beneficio del 100% en dólares, es decir que recupera ¡y retira! lo que invirtió. ¿Por medio de qué procedimiento asegura el Estado esta ganancia mínima de 500 millones de dólares? Sencillamente otorgándole a los nuevos dueños de ENTel, que tendrán el monopolio telefónico, la fijación arbitraria de las tarifas, típico de un monopolio. Un anticipo lo ha proporcionado el aumento del 433% del abono telefónico expresamente “justificado” en la necesidad de avanzar hacia la obtención de ese nivel de rentabilidad para la ENTel privatizada. Pero como un superaumento de las tarifas podría reducir el número de abonados o la utilización de los pulsos, afectando el lucro, se incluirá una cláusula por la que el Tesoro Nacional compensará a la ENTel privatizada si no alcanzara los 500 millones de dólares de utilidad anual (A. Financiero, 8/3). ¡Viva el “riesgo empresario"! Como se puede observar, la privatización de ENTel incluye privilegios que superan los del más completo monopolio, el cual siempre está sujeto a una restricción del Estado que puede invocar para ello causas extremas. Aquí, al revés, el Estado es restringido por el monopolio, que podría invocar las causas extremas para forzar una elevación de los beneficios más allá de las condiciones del mercado. Un negocio bancario La cláusula que establece que el 80% del valor basa de ENTel puede “pagarse" con títulos de la deuda revela que la “privatización" no es otra cosa que un negocio bancario para rescatar la deuda externa; la “modernización" del servicio telefónico tiene un carácter secundario. ENTel será adjudicada, no a quien presente la mejor propuesta técnica, la más moderna, sino a quien haga la mejor oferta financiera, de modo que el operador telefónico es tan sólo la fachada de los bancos En las reuniones que mantuvo María Julia Alsogaray durante su gira por Europa, los diarios se sorprendieron por el contraste entre la gran concurrencia de gerentes de bancos y la casi nula asistencia de los ejecutivos de empresas telefónicas. A los adjudicatarios no se les exige ningún compromiso de inversiones futuras ni de incorporación de tecnología, al punto de que “se les da un plazo de 10 años para alcanzar metas razonables de calidad de servicio” (A. Financiero, 8/3). Como los pulpos telefónicos mundiales transfieren a los países atrasados la tecnología y los equipos obsoletos de sus casas matrices, a eso apunta la mencionada cláusula. Se invertirá en obsolescencia mediante el acaparamiento del crédito interno, lo que previamente exigirá la concentración de la banca instalada en el país en favor de los mismos beneficiarios. Después de todo, la diferencia entre los intereses de un crédito en dólares (8 a 10% anual) y el beneficio asegurado del 16%, permite un negocio colosal sin poner un peso de capital. La perspectiva es que la nueva compañía actúe como redistribuidora de las líneas vacantes que dejarán los actuales usuarios que no puedan cancelar el abusivo abono telefónico. La privatización de ENTel constituye de este modo una confiscación económica en perjuicio de un patrimonio formado por los aportes de los contribuyentes y una confiscación material de los teléfonos de los usuarios Terrible hipoteca Las cláusulas de esta “privatización" establecen que ENTel será entregada de blanco, sin su deuda externa, calculada en 800 millones de dólares, la que quedará a cargo de la Tesorería. El gobierno menemista procede de esta manera a la segunda estatización de la deuda externa. Pero si esto es así: ¿cuál es la deuda externa que se acepta como medio de compra de ENTel? No la deuda de ésta sino los títulos que los bancos han comprado en el llamado “mercado secundario” a 10 centavos de dólar. Mientras realizan por medio de este procedimiento un “brillante” negocio (el gobierno les reconoce valor 100), la deuda original de ENTel “mejora de perfil" para los bancos, porque pasa al Tesoro, el que se ha comprometido ante el FMI a obtener un superávit para pagarla. La deuda original de ENTel está en manos del Citibank, el cual tiene poder de veto sobre cualquier modificación de la propiedad de la empresa. Esto según el contrato de deuda externa. El Citi obtiene así una mayor calidad para sus préstamos a ENTel y la posibilidad de venderle a 100 los títulos que ha comprado a 10 ó 12. Las normas de “privatización” comprometen la gestión de futuros gobiernos: los contratos no respetan los períodos constitucionales. Durante toda la vigencia de aquéllos el Estado no podrá reducir tarifas sin compensarlas mediante subsidios o indemnizaciones Pero esto plantea algo que no ha sido esclarecido: ¿en qué sede judicial se ventilarán los eventuales litigios? Todos los contratos de deuda externa tienen establecidos a los de Nueva York. Esta disposición perfecciona naturalmente, a la democracia argentina, pues consagra la división de los poderes en cuatro (dos judiciales), sin necesidad de ampliar el número de jueces ni hacerse problemas con el enganche de los empleados judiciales neoyorquinos. Han muerto las ideologías, claro, pero no los intereses de clase que son el sustento de las ideologías, ni por supuesto la política, que es el medio despótico que impone las ideologías y por sobre todo los intereses.

La “privatización” de ENTel excede por lejos los alcances propios de una transferencia del paquete accionario de una empresa, para transformarse en una de las mayores estafas de la historia argentina. La segunda confiscación El patrimonio económico de ENTel está constituido, de un lado, por la acumulación del dinero que el Estado ha ido confiscando a los contribuyentes a través del tiempo por medio de los impuestos y tarifas. Se trata exactamente de una expropiación porque los ingresos así capturados quedaron fuera del control de los aportistas y sirvieron para permitir una acumulación de capital al margen de ellos y beneficioso, en gran parte, para los proveedores y contratistas de ENTel. Por otro lado, el patrimonio de la empresa se ha formado con la explotación de sus trabajadores. La “privatización” elimina el velo que ocultaba el carácter capitalista de la empresa "estatal” y pone al desnudo la confiscación de los contribuyentes realizada por el Estado en el pasado. Estos, efectivamente, no tienen ni un título de propiedad. La “privatización” suplanta la mediación ficticia que el Estado ejercía hasta ahora entre el capital y los trabajadores. Sin embargo, la “privatización” no se limita a un cambio de manos del capital acumulado por el Estado capitalista. La “privatización” significará una nueva expropiación de los contribuyentes, esto porque deberán financiar con mayores impuestos la pérdida de ingresos tarifarios que sufrirá el Estado y deberán pagar a través de mayores tarifas la elevación de los lucros, que es uno de los objetivos principales de la “privatización”. Este incremento de los lucros empresarios, que adquiere proporciones enormes, se obtiene mediante cuatro procedimientos: 1) la adquisición de Entel por debajo de su valor; 2) el aumento monopólico de las tarifas, ¡del cual se encarga el propio Estado!; 3) la confiscación de las líneas telefónicas a los usuarios que no puedan pagar el encarecimiento; 4) la profundización de la explotación de los trabajadores telefónicos, que se expresará en principio en la derogación de los regímenes laborales. La ideología libreempresista con que se pondera la “privatización”, es la cobertura de una expropiación despótica ejecutada por el Estado. Ni qué decir que todo esto pone de manifiesto el carácter vacío del reclamo de la burocracia sindical y de la izquierda democratizante para que el Estado no abandone funciones que le serían propias. Pero al “privatizar” el Estado capitalista está cumpliendo una función propia típica, que es impulsar la expropiación económica de contribuyentes y usuarios a favor del capital. Para que el Estado pueda cumplir la función inversa de expropiar a los capitalistas, debería estar en manos de los trabajadores. Los períodos de estatización económica bajo el régimen burgués son necesariamente muy breves, precisamente porque su finalidad última es beneficiar al capital de carne y hueso, con toda la rivalidad que esto pueda suscitar, naturalmente entre los diferentes capitalistas. Estafa Los alcances de las "privatizaciones” actuales superan, con todo, las características de una expropiación “normal” de los contribuyentes. La “privatización” de ENTel, por ejemplo, es esencialmente una operación bancaria dirigida a permitir la cancelación parcial de la incobrable deuda externa. La burguesía nacional, que participa de este negocio, se transforma así, por medio de su Estado, en un agente de la enajenación nacional. Por todo esto la “privatización” no puede dejar de tener el carácter de un negociado —incluso de una estafa penada por las leyes en vigencia. Ha sido necesario para ello que dos leyes especiales, las de “emergencia económica” y de “reforma del Estado”, permitieran gobernar por decreto. Estas leyes fueron votadas por el PJ con el quórum imprescindible de la UCR. La banca internacional y sus Estados han presionado enormemente en favor de las “privatizaciones”, al punto de convertirlas en la cuestión diplomática prioritaria. La razón de esto es que el sistema bancario internacional está en quiebra y su salvataje requiere la expropiación de las naciones más débiles. Hace pocos días, bancos tan importantes como el Chase, el National Westminster, Lloyd y otros, tuvieron que liquidar con enormes pérdidas el Libra Bank, en el que estaban asociados, debido a la incobrabilidad de su cartera de créditos, comprometida en un 80% con Argentina y Brasil. Alsogaray Los promotores políticos de las “privatizaciones” no son, por este motivo, otra cosa que agentes de la banca internacional, y es en calidad de tales que entran en choque con otros intereses capitalistas que se ven relegados del negocio. El gobierno de Menem se ha ido transformando, desde la partida de Bunge y Born, en un instrumento exclusivo de los banqueros extranjeros, algo que se acentúa aún más con el nombramiento de González Fraga y de Carballo, anunciado el miércoles por la noche. La divisoria entre Menem y Alsogaray de un lado y Angeloz, Alfonsín y Cafiero del otro, es una consecuencia de la monopolización del gobierno por las huestes que lidera el Citibank. Esto explica el desplazamiento de Angeloz del oficialismo a la oposición, así como el viraje opositor de la UIA, aunque ello es también una consecuencia de los privilegios otorgados a la oligarquía terrateniente. A partir de esto, el Estado ha quedado enormemente debilitado como amortiguador de las presiones del imperialismo sobre el país e incluso como instrumento de la burguesía nacional frente a la competencia extranjera. Este hecho está expresando la acentuada disgregación del régimen capitalista, absolutamente ligada a la crisis mundial. Las “privatizaciones” exigen una política de conjunto, no son viables en forma aislada. Exigen recomponer el pago de los intereses de la deuda externa; adaptar el presupuesto del Estado a este objetivo mediante la liquidación de los “gastos sociales”; reducir los salarios y acentuar la explotación para aumentar la competitividad de las exportaciones (es decir el superbeneficio de los exportadores); establecer, en fin, un Estado policial. Una consumación completa de las “privatizaciones” puede, naturalmente, dependiendo de las condiciones internacionales, crear un boom económico limitado y fuertemente especulativo. Ello sería así, en primer lugar, por la euforia capitalista que generaría la derrota de los trabajadores. La victoria de las "privatizaciones” significaría la expropiación del ahorro nacional que sería canalizado hacia los pulpos beneficiados. Esto acentuaría la hipoteca sobre los recursos nacionales y deformaría aún más el desarrollo económico con relación a lo que necesitan los trabajadores. Los bancos, que no ponen un dólar para quedarse con las empresas del Estado, tampoco lo pondrán para reactivarlas — deberá salir del crédito interno e internacional garantizado por el Estado, lo cual agravará las penurias populares Expropiar al capital Frente a las terribles luchas que han comenzado, es necesario que los trabajadores comprendan entonces el carácter que tiene el presente momento histórico. Sería un error proponerse como objetivo estratégico el retorno a la situación anterior a la última dictadura militar, y ni qué hablar de la anterior a la “libertadora”. No hay condiciones para ello, aunque Ubaldini, De Gennaro o Mary Sánchez pretendan lo contrario. La mejor prueba es la cobardía política con que están actuando. El desarrollo de una sociedad independiente de carácter capitalista es una pretensión anacrónica. La expropiación que ejecutan los capitalistas sólo puede ser superada por medio de la expropiación de los capitalistas a cargo de un gobierno de trabajadores. En esta crisis de fondo los trabajadores deben impulsar los medios revolucionarios de lucha, como la huelga general, y su organización de masa, para constituirse así en una alternativa de poder.

Una verdadera revolución se ha producido en Foetra Córdoba. Después de años de parálisis, sin plan de lucha, de asambleas fallidas, y de maniobras constantes de la dirección contra las bases, una numerosa asamblea de 300 compañeros votó por unanimidad salir al paro desde el martes 13 hasta el lunes 19, cuando tendrá lugar una movilización masiva. El primer día el paro se cumplió con un acatamiento del ciento por ciento. El gran motor que fue abriendo paso a este proceso de lucha es la miseria salarial, pero la detención de diversos compañeros telefónicos bajo la acusación de fraude y estafa contra la empresa fue la gota que colmó el vaso y que sirvió para incorporar a secciones enteras a la lucha, al margen de la política de la dirección. El pliego de reclamos plantea un salario igual a la canasta familiar, que se fijó en 1.200.000 australes, esto porque los 600.000 australes que sacan los compañeros cuando hacen horas extras no alcanza para llegar al día 15. También rechaza la privatización que fue definida como un ataque inaceptable a las condiciones de trabajo, a la estabilidad del empleo y al propio salario. Lo que desbordó a los compañeros fue la pasividad de la dirección del sindicato frente al encarcelamiento de más de diez empleados acusados de fraude y estafa. Se procedió contra los compañeros en forma brutal, con operativos en las dependencias, revisión de cofres sin orden legal y otras arbitrariedades. Para el conjunto de los trabajadores el hecho anunciaba un ataque inminente contra todos y era una forma encubierta de despidos. La rebelión telefónica es el producto de un proceso de organización de activistas y delegados, acentuada en los últimos meses del año pasado por la necesidad de un plan de lucha por el salario y contra la privatización. Hubo una campaña de petitorios para exigir la convocatoria a asambleas generales. La semana pasada un grupo de delegados y activistas planteó la necesidad de impulsar una asamblea general incluso si debía ser convocada al margen de la dirección del sindicato. El movimiento cobró fuerza y más de 30 delegados concurrieron al local sindical a exigir la asamblea. Ante la negativa de la Directiva, los delegados decidieron convocarla para el viernes 9 en el edificio más céntrico de Entel. Para contrarrestar esta acción, la burocracia convocó para ese mismo día al cuerpo de delegados y a una asamblea general para al lunes 12. Los delegados que concurrieron al plenario apoyaron la asamblea llamada para ese mismo día. La directiva se comprometió a participar solo para “informar”. Cuatrocientos telefónicos participaron de la asamblea del viernes, convirtiéndose en una de las más nutridas de la historia del gremio. Allí se resolvió por unanimidad, aplausos y gritos, parar el lunes 12 y movilizarse por las calles de Córdoba a partir de las 10 de la mañana. La Directiva se vio obligada a avalar el paro, pero luego lanzó una intensa campaña contra el paro y la manifestación. Durante todo el fin de semana, la Directiva recorrió las secciones, con la complicidad de los jefes, para levantar las medidas de fuerza, pero fracasó estrepitosamente. El lunes, paró el 70% y 500 compañeros se movilizaron por las calles céntricas. A la asamblea del lunes concurrieron 300 compañeros y se votó por unanimidad el paro de una semana. Foetra ha quedado conmovida por esta rebelión gremial. Se abren entonces enormes perspectivas de renovación sindical y de una lucha consecuente. Es necesario reforzar la cohesión de los activistas y delegados, para preparar así las condiciones de una nueva dirección. Que el cuerpo de delegados asuma la conducción del gremio. El empalme entre la rebelión de las bases de Córdoba y el proceso no concluido de ascenso de las bases de Buenos Aires, deben transformar a Foetra en un sindicato imbatible.

“¿A usted le alcanza el sueldo? A mí no. Todos a las 11 horas en el hall". Decenas de estos cartelitos fueron pegados en los pasillos del edificio central de YPF, el martes 13. A las 11 estaban concentrados más de 300 compañeros. En los días previos se había debatido en las oficinas la necesidad de emprender un curso de acción frente a la parálisis del sindicato. El salario en YPF fue congelado, se dispusieron jubilaciones anticipadas y la empresa está siendo desmantelada en favor de la “patria" petrolera. Un núcleo de activistas y delegados, agrupados mayoritariamente en la lista de oposición antiburocrática Granate, tomó entonces la iniciativa de convocar de ese modo original a una asamblea. Lógicamente la burocracia del SUPE hizo una campaña en contra por todo el edificio. Sin embargo concurrió un número importante de compañeros que resolvió dirigirse a la oficina gremial para reclamar que la empresa abone inmediatamente un ajuste salarial Allí fueron recibidos por el secretario adjunto del SUPE Capital quien rechazó los planteos de la asamblea. Sólo "cuando lo crea conveniente” el SUPE convocará a asambleas o plenarios de delegados, dijo el burócrata. A última hora, la empresa anunció el pago de una serie de “bonificaciones" por un monto de ₳ 200.000, lo que fue interpretado por todos los compañeros como un resultado de la movilización emprendida.

El viernes una nutrida concentración de los obreros de la construcción (2.000 trabajadores) marchó por las calles de Neuquén, se detuvo frente al Banco Hipotecario ocupado por sus trabajadores donde se realizó un acto y concluyó frente a la gobernación. La marcha fue convocada por un plenario de delegados de la UOCRA ante la angustiosa miseria salarial y los continuos despidos y suspensiones. Al plenario los delegados del cordón San Lorenzo habían llevado el mandato de una asamblea general para que la marcha se hiciera en horas de la tarde, de manera de posibilitar una mayor concurrencia, en lugar de la idea original de hacerla por la mañana, lo cual permitió la formación de columnas desde las obras y barrios. Del Cordón San Lorenzo concurrieron 400 compañeros. La combatividad de la marcha se sintetizó en la consigna más coreada: “Se va a acabar, se va a acabar con la huelga general".

RETIRO: Viernes 9 de marzo a las 15 hs. La lluvia no ha logrado impedir que cientos de compañeros con su inconfundible ropa de trabajo se hagan presentes en el andén N° 2 de la estación de chapas del ferrocarril San Martín. Los carteles identifican a las barras de APDFA, La Fraternidad y Señaleros. Todos cantan contra las privatizaciones. Hacen uso de la palabra Gregorio Flores por PO, Parrilli por el Mas, Sigal por el Fral, Lázara por el PSU, Vicente por IU, Luis Brunati por el PJ y un diputado de la UCR. Cierra el acto el compañero Juan Vitale por la Coordinadora de la Línea San Martín. Durante el acto se reparte entre los presentes un volante de la Coordinadora, que plantea la movilización a la UF el 14/3 (por el salario, contra la entrega y la proscripción electoral en el gremio) y la necesidad de realizar asambleas de seccional para votar un paro con movilización a Plaza de Mayo (en coincidencia con los demás gremios estatales). El “Sierras Grandes" partió de Retiro entre cálidos saludos de los compañeros de material remolcado y coche motor. En un coche iban los compañeros de la Coordinadora y sus invitados. Arriba del tren se desarrollaron los debates que preocupan a la vanguardia: los compañeros de la Seccional Alianza que luchan por una asamblea; si es posible garantizar el paro, un compañero que señala que nos están matando de hambre y que la base un día de esos va a pasar a todo el mundo por arriba. Uno de los compañeros opina que las directivas de Señaleros, La Frate y APDFA van a sacar en cualquier momento un paro para descomprimir y reacomodarse. Otro replica, contundente: ¡No jodamos! prácticamente está todo el movimiento obrero en pie de lucha y si no salimos todos juntos es porque Ubaldini y la directiva de la CGT están frenando para evitar el desborde. Cuando los diálogos se hacían más sabrosos hubo que empezar a organizar el acto de Junín. Una multitud desbordante ocupaba el andén. Carteles de ATE, Luz y Fuerza y docentes se mezclaban con los de los partidos políticos. La combatividad de los cantos es muy grande y la temperatura más alta del acto se registra en la ovación que recibe Gregorio Flores cuando dice que hay que meter presos a los del Citibank, Techint, SADE y Cía verdaderos responsables de la destrucción del ferrocarril, derrotar al gobierno con la huelga general y poner a los ferrocarriles en manos de los trabajadores. La represión no se hizo esperar. El jefe de Estación apuró la salida del tren con intervención de la policía —que intentó detener algunos compañeros de la Coordinadora que se pusieron en la vía. De este modo solo pudieron evitar que hablara el último orador. Antes de irnos un compañero del PO de Junín nos comunicó que la burocracia había desatado una campaña contra el “infiltrado" que había volanteado los talleres invitando al acto. Otra vez en marcha y otro debate ¿Deben intervenir los partidos en los actos de la Coordinadora? Algunos compañeros opinaron que se daba pasto a las fieras y que favorecía el macartismo. Si sos negro no te pintes de blanco, defendé que sos negro -respondió un compañero; sobre todo después de la respuesta obtenida en Junín. En un clima muy politizado siguió nuestro viaje. Gregorio Flores es invitado al comedor con otros compañeros del partido, donde es tratado con gran simpatía por los mozos. Luego siguen los Actos en Rufino y Laboulaye, ambos con nutrida concurrencia y con el “Goyo", Parrilli y Brunati como oradores. Gregorio Flores planteando una perspectiva de HUELGA GENERAL El balance de la gira no puede ser mejor. Como P.O. repartimos 5.000 volantes, hablamos en todos los actos, intervinimos en todos los debates con sólidas posiciones e hicimos una verdadera experiencia de lucha con una nueva camada de activistas. 13/3/90

El paro docente se ha cumplido en forma aplastante en todo el país. Aún en el caso de Capital, el ausentismo rondó el 50% contra el 30% en el paro de 24 horas. La huelga fue particularmente profunda en el caso de los docentes secundarios. El macizo paro de 72 horas fue acompañado por movilizaciones en varios puntos del país. La marcha convocada por los sindicatos de Capital y Gran Buenos Aires adheridos a CTERA convocó a más de 10.000 maestros, número importante si se considera el escaso tiempo de preparación. “Era asombroso ver como los docentes se habían organizado escuela por escuela, a pesar de que el paro era sin presencia en los lugares de trabajo, para concurrir a una marcha escasamente propagandizada” —resumía una compañera bonaerense. La movilización fue sumamente combativa y de franco acto de repudio al gobierno hambreador. Cómo se gestó En las jornadas previas podía vaticinarse que el paro de 72 horas iba a ser un mazazo. Los docentes de seis provincias habían lanzado la huelga por tiempo indeterminado —San Juan, Santiago, Salta, Santa Fe, Jujuy, Catamarca por 750 u 800.000 australes de básico, no por los 360.000 que plantea la dirección de CTERA. El paro de 72 horas fue mucho más cumplido que el de 24 horas, porque era más profundo como medida de acción. No es casual que creciera el reclamo de huelga indefinida, como se vio en los congresos de delegados de SUTEBA del fin de semana previo al paro, en los que se hicieron presentes un mayor número de representantes, con mandatos de escuela, unos a favor de la huelga indefinida, otros por la continuidad de las medidas que la dirección del SUTEBA evita definir. ¿Existen “condiciones” para la huelga general? El paro de 72 horas ha zanjado la polémica acerca de si están reunidas las condiciones para la huelga general indefinida Es evidente que la oposición de la dirección de CTERA a la huelga indefinida tiene que ver con la búsqueda de un compromiso con el gobierno, el cual no pude hacerse sino a costa de los docentes. El gobierno Menem-Alsogaray-Cafiero, no va a conceder de gracia los aumentos que reclama el conjunto del país, ni tampoco va a cumplir lo que firme. La táctica oficial es, nuevamente, dislocar a la docencia en luchas por provincia. Pero los límites que los dirigentes de CTERA han impuesto al movimiento huelguístico no han podido evitar la radicalización de los maestros. Casi se podría decir que la ha acelerado por reacción. El “mar de fondo” que agita a la docencia y al pueblo es tremendamente violento y el reclamo de huelga general crece en todo el país. ¿Qué hará la CTERA? “Este no es un paro por dos pesos más, sino por la dignidad”, planteó Mary Sánchez en la movilización docente. Pero Mary Sánchez tasa la dignidad en solo ₳ 360.000, una cuarta parte de la canasta familiar, lo que por lo exiguo tampoco hiere la “dignidad" de los banqueros del gobierno. Pero aun el reclamo de las leyes de financiamiento educativo y de paritarias docentes no tiene cabida en el cálculo oficial. El esfuerzo de CTERA para llegar a un compromiso es total. Por eso Mary Sánchez llama a avanzar “con cautela” y a confiar en el “supercauteloso" Ubaldini. Pero al día de hoy, siete provincias no habían abonado siquiera los 360.000 de bolsillo de febrero ni han recibido los fondos prometidos por el gobierno nacional. Los 420.000 de bolsillo para marzo anunciados por Salonia se aplican solo a los docentes nacionales, lo cual equivale a la muerte no declarada de la comisión participativa salarial que se quiso presentar como paritaria. La famosa “ley de paritaria docente” que iba a ser enviada al Parlamento sigue varada, porque en realidad fue un señuelo para evitar el no inicio de las clases. El pensamiento oficial lo expone La Nación en un editorial (5/3): “es necesario realizar un esfuerzo sostenido para superar una idea muy extendida... suponer que necesariamente los maestros y profesores de todas las jurisdicciones del país, en cada provincia o región, deben obtener siempre idénticas remuneraciones. El país no debe tener miedo a las diferencias...” En momentos en que los explotadores plantean el “desenganche” como política general no van a admitir que se instale una “paritaria docente”, a menos que sufran una completa derrota política. Esta sólo puede ser producida por una huelga indefinida. La dirección de CTERA tiene la intención de seguir con los paros parciales. Ha trascendido que convocaría a uno de 48 horas para la semana próxima o para la siguiente, y a otro de 96 horas para la primera o segunda semana de abril. Más a la corta que a la larga, esta política desgastará a los docentes —no al gobierno. El desgaste concientemente provocado servirá luego de pretexto para un compromiso. Asambleas por la huelga indefinida Pensamos que el espíritu de lucha que existe debe tener otro final. Para eso habrá que poner el acento en cuatro cuestiones: • Que se hagan asambleas y que se elijan delegados con mandatos. • Que las bases decidan el monto de la reivindicación salarial. • Que se vote la huelga indefinida con piquetes. • Que los activistas formen comisiones de enlace para impulsar esta política en común.

Como parte de la privatización de Aerolíneas Argentinas, sus trabajadores en enero y febrero no recibieron aumento. Cuando hace 15 días la dirección del sindicato (A.P.A.) decidió lanzar un paro de 24 horas, el Ministerio decretó la “conciliación obligatoria". El estado es juez y parte. En las secciones y edificios no se da más. El promedio de ingreso de la masa de personal es de ₳ 300.000. Se han comenzado a desarrollar medidas aisladas —como la reciente sentada de 150 trabajadores en Ezeiza que demoró la salida de los vuelos durante horas. La empresa otorgó entonces ₳ 200.000 como “adelanto de haberes". Aunque la dirección gremial, ha formado “comisiones" para denunciar la entrega de Aerolíneas, de lo que se trata es de encarar una movilización de conjunto. Existe un activismo combativo en el gremio. Por eso es necesario que se coordine para impulsar en cada edificio la convocatoria de Asambleas y reclamar una urgente Asamblea General.

En el último congreso de delegados de la UOM Quilmes, varios compañeros reclamaron la huelga general y la convocatoria a una asamblea general. Planteaban, por medio de esta vía de acción, luchar contra los despidos masivos y por un salario de 1.200.000 australes. El momento de mayor tensión se produjo cuando el secretario general, “Barba" Gutiérrez, planteó la necesidad de “respetar los tiempos" y esperar los resultados de la paritaria de la UOM. Entonces se paró un viejo delegado y replicó: “¿Cuánto gana Lorenzo Miguel, que puede seguir esperando?" “Y si Uds. dicen que se puede esperar cuando nosotros no damos más, me pregunto entonces, ¿cuánto ganan Uds.?” El “Barba” a duras penas se dio maña para zafar, y conseguir que el agitado congreso pasase a un cuarto intermedio. En la UOM Quilmes se aplica la política miguelista. La “locomotora” gremial resultó un furgón de cola. El salario está por el suelo. Al momento del congreso, el peón venía cobrando ₳ 80.000 por quincena y un oficial múltiple apenas rondaba con suerte los ₳ 140.000. Cada fábrica está abandonada a su propia suerte. Un tendal de compañeros en Croatto, Ragor, Delgado, ha ido quedando en la calle. La disconformidad del activismo y la bronca generalizada contra la UOM nacional han provocado una crisis en la corriente “Felipe Valiese”, agrupamiento al que pertenece el “Barba" Gutiérrez. De ahora en más El cambio de rumbo exigido por los delegados sigue planteado, máxime cuando la UOM acaba de suscribir un insatisfactorio acuerdo por el 102% de aumento. Un oficial múltiple pasará a cobrar 550.000 al mes, apenas una cuarta parte de la canasta familiar; no hablemos de las categorías como la de peón. La directiva de Quilmes vendrá al próximo congreso de delegados de la seccional con el hecho consumado y pasará la pelota a las tratativas naciones que se abren para marzo. Para romper este círculo vicioso del retroceso, hay dos planteos que parecen insoslayables: que las reivindicaciones salariales se fijen por adelantado en asamblea general, la que al mismo tiempo debería lanzar un plan de lucha contra los despidos y elegir un comité de lucha responsable ante las bases. La otra medida es impulsar una interseccional de activistas para desenvolver esta política en todo el país.

Según la versión del diario Clarín, una llamada telefónica de Lorenzo Miguel fue determinante para que Curto y luego Ubaldini hicieran aprobar, en el Confederal, y luego en el plenario de regionales, la moción de “facultar al consejo directivo para que tome medidas de fuerza en el momento oportuno" Con este “saludo a la bandera" respondió la burocracia de la CGT a las huelgas y movilizaciones que numerosos sindicatos, decenas de miles de trabajadores y varias regionales cegetistas están desarrollando en todo el país. El telefonazo de Miguel no fue un descuelgue. Dos días antes del confederal la amenaza del conflicto “fue uno de los temas dominantes del almuerzo que compartieron Mera Figueroa y Jorge Triaca con Lorenzo Miguel y Diego Ibañez” Horas después Miguel declaraba que “a muy corto plazo veremos si este modelo de economía tiene o no solución, pero no ponemos plazos” (Crónica, 7/3). Luego del almuerzo con los ministros, Lorenzo Miguel cerró apresuradamente la paritaria metalúrgica con un acuerdo de miseria, que incluso no había querido firmar unos días atrás. El acuerdo metalúrgico establece un aumento para febrero del 102%, igual a los 150.000 adelantados por el gobierno. Para el operario significa un básico de 300.000 australes y para el oficial múltiple 500.000. Considerando los plus “en negro" el operario llega malamente a cubrir la tercera parte de la canasta familiar. Boleto de ida y vuelta Ubaldini no revela expectativas en el plan Alsogaray, pero de otro modo saca la misma conclusión de Miguel. “El problema no es ir al paro, sino cómo regresar", planteó un allegado al líder cegetista según La Nación (8/3/90). Ubaldini no quiere subirse al tren de la lucha sin un boleto deida y vuelta. Quiere la cuadratura del círculo: ¿cómo luchar sin romper con el gobierno? Ya no puede apelar a ficciones de lucha, como hizo bajo Alfonsín, y que naturalmente los califica por eso de “anécdotas”. La huelga general es un choque político entre los explotados y el Estado: ¿Cómo “regresar” de esto? La burocracia es incluso reacia a un paro general aislado, por temor a ser desbordada por la tendencia a la huelga general. El vigor de las luchas explica que Miguel se haya volcado a respaldar más abiertamente a Menem y que la CGT se refugie en la impotencia. La burocracia sindical de Azopardo también busca la protección del bloque Angeloz-Cafiero-Alfonsín-Clérici, como si esta coalición patronal sirviera para proteger a los trabajadores o fuera enemiga de las privatizaciones y del FMI. La política de la CGT de Ubaldini apunta a agotar a los trabajadores con paros parciales y aislados, en un intento para ver lo que ofrece “el modelo económico a corto plazo”. El problema es que la viabilidad del “modelo", y a muy cortísimo plazo, depende de que el gobierno propine una derrota duradera a los trabajadores. Este es, en definitiva, el único “shock de confianza” que entusiasma a los explotadores. Por esto mismo, la consigna de huelga general, dirigida a los sindicatos y a la CGT, debe seguir orientando la movilización y la lucha de los trabajadores, en el entendimiento de que, como ocurre en ferroviarios y acaba de ocurrir en FOETRA de Córdoba, debe estar acompañada de una organización independiente de los activistas, de la formación de coordinadoras o interseccionales, de asambleas generales, de la elección de delegados representativos y de la formación de comités de huelga. Esta política deberá permitir que la clase obrera se convierta en alternativa de poder y que el régimen capitalista se baje para siempre en alguna de las próximas elecciones.

En oportunidad de la ocupación del Banco Hipotecario la semana pasada, Zanola se sacó de encima el reclamo para que se resolviera una huelga general de bancarios mediante el recurso de propiciar en su lugar un paro general de la CGT. Luego levantó los paros generales que había resuelto el plenario de delegados de la Bancaria. Pero más tarde, en el Confederal de la CGT Azopardo, Juan José Zanola hizo causa común con el bloque miguelista, en el cual también estaba Ibáñez de Supe, para oponerse a fijar una fecha al paro general. Según algunos diarios, por ejemplo La Nación, Zanola fue quien más empeño puso para evitar una huelga de la CGT. El abogado Zanola demostró ser un súper-impostor, esto aunque algunos “socialistas" lo defiendan “porque lucha"... claro, de palabra. Para cerrar esta historia, que es más bien una historieta, la dirección de la Asociación Bancaria, al cierre de esta edición de P.O., declaraba que no adhería a la huelga con movilización resuelta por un sector de gremios estatales encabezado por ATE y CTERA. Tampoco lo hizo, naturalmente, Diego Ibáñez. Esta gente se llena la boca con la causa “nacional y popular", pero por si acaso quiere ver si “el modelo económico anda... a largo plazo” — como lo declaró Lorenzo Miguel.

Con los recibos de las jubilaciones recientemente cobradas que marcaban un riguroso haber de ₳ 122.200, más de 10.000 jubilados se concentraron en Plaza de Mayo el miércoles pasado. Desde el 26 de febrero, 12 jubilados están en huelga de hambre frente al Ministerio de Economía reclamando un haber jubilatorio equivalente a 100 dólares. Ningún funcionario de la Casa Rosada quiso recibir a una delegación de los manifestantes, lo cual se explica debido a que el plan en marcha prevé reducir todavía más las jubilaciones. Esto enardeció a los compañeros jubilados, quienes fueron contenidos a bastonazos por la Policía Federal. Varios jubilados fueron hospitalizados y otros detenidos. Ante la combatividad y fortaleza de los jubilados, el secretario de la Presidencia, Alberto Kohan se “dignó” por fin a recibirlos. Pero fue terminante “al no correr más la recaudación por cuenta del Estado sino de PAMI, no podían hablar de porcentajes ni montos de aumentos" (Clarín, 15/3). Si esto es así, lo que corresponde es que el Estado devuelva los fondos sustraídos a las Cajas de Jubilaciones por los distintos gobiernos capitalistas, estimados en 40.000 millones de dólares. A su vez, los involucrados en el sistema (los trabajadores y jubilados) deberían tener en sus manos el control de la recaudación previsional, lo que tampoco ocurre. En realidad no es que el Estado no tiene nada que ver con las jubilaciones sino que ahora más que nunca ha concentrado todo en sus manos para reventar el sistema jubilatorio. El PAMI es una dependencia del Secretario de Seguridad Social, a tal punto que allí funcionan las oficinas de Santiago de Estrada; éste fija a su criterio los haberes jubilatorios mensuales y tiene a su cargo la recaudación previsional. Los jubilados resolvieron movilizarse todos los miércoles a Plaza de Mayo. Este es el camino que el PO apoya resueltamente.

Siete mil trabajadores (uno de cada seis habitantes de la ciudad) ganaron las calles de Río Grande el jueves pasado, durante el paro con movilización convocado por la CGT local. La marcha transcurrió en medio de una gran tensión como consecuencia de las consignas hostiles que se coreaban contra el gobierno y que la dirección cegetista y las autoridades municipales no lograban acallar. El intendente justicialista de Río Grande (uno de los oradores previsto en el acto que programó la CGT) desistió de hablar, para evitar la segura rechifla. El secretario general de la central obrera, por su lado, dio lectura a un documento de la “multisectorial” fueguina, que reclama la restitución de la promoción industrial para las patronales electrónicas. Las demandas de un salario igual al costo de la canasta familiar y la garantía horaria, reclamadas por delegados sindicales fueron en cambio, ignoradas. El documento le da a las patronales el oro y el moro: una restitución parcial de los subsidios y el mantenimiento de los bajos salarios unido a una mayor explotación. Lo interesante es que la asociación patronal que agrupa a los pulpos electrónicos, que se han beneficiado de los subsidios, ni siquiera integra el frente “multisectorial fueguino”. Es decir que los burócratas y los políticos se desviven por defender los intereses de una clase que no les retribuye con la misma moneda. Esto refleja la circunstancia de que el gobierno nacional acaba de reducir los derechos de importación de partes electrónicas en forma general, lo que permitirá erigir “armadurías” en cualquier lugar del país. De aquí en más, la conveniencia de producir en la Isla dependerá del nivel de explotación que permitan sus obreros. El vaciamiento del Territorio sólo puede impedirse a partir de la estatización de la industria y de su puesta en marcha bajo control obrero.

Varios gremios estatales, en particular ATE, Foetra Capital y CTERA han convocado para el miércoles 21 a un paro general de sus gremios acompañado de una movilización. La jornada marcará seguramente uno de los picos máximos de la tensión popular. Los trabajadores del Estado vieron cercenados la totalidad de sus derechos en el último paquetazo anunciado por Erman González. En medio de la “híper" han sido condenados a cobrar 450.000 australes en abril. La decisión de los estatales había sido largamente demorada. Pero la parálisis del sector Miguel-Ibáñez no dejó otra alternativa. El paro del miércoles no forma parte de un plan de lucha ni expresa una decisión consecuente de lucha por parte de las direcciones involucradas. En el caso de CTERA, el paro le permite a su burocracia seguir con la táctica de los paros aislados y desviar por un tiempo la presión hacia la huelga general. Pero la jornada del miércoles 21 puede convertirse, como consecuencia del conjunto de la situación objetiva, en un fuerte espaldarazo a una lucha generalizada. Por eso, no solamente hay que apoyarla, sino que es necesario plegar a otros sectores al paro y a la manifestación. En especial llamamos a luchar para que Supe, los bancos oficiales, UPCN y ferroviarios paren y salgan a la calle el miércoles, pasando por encima de sus direcciones, en el caso de que no puedan ser forzadas a adherir. Otra cosa muy importante es que en todo el país se cumplan paros y manifestaciones similares. En Córdoba, donde hay manifestaciones para todos lados, se impone una manifestación única a la gobernación.

Los medios de comunicación no han dado el suficiente destaque (¡cómo podría ser de otro modo!) al paro activo de la CGT de Trelew, que paralizó el Parque Industrial, los bancos, la administración pública, la universidad y los pequeños negocios. Al acto convocado por la CGT concurrieron más de 5.000 compañeros, entre los que se destacaron los textiles, estatales, UOCRA y la columna de docentes, no docentes y alumnos. En el enorme acto se registró una verdadera “rebelón de las bases” contra la burocracia sindical y el gobierno. El secretario general de la CGT Regional no pudo hablar, barrido por los silbidos y puteadas de los trabajadores. Tampoco se salvaron el intendente Pitiot ni el gobernador Perl. La masividad del paro y la combatividad del acto ponen de relieve la catástrofe capitalista que azota a la Argentina, y que en Trelew ha producido una ola de despidos y suspensiones que ha terminado con la vida económica y provocado una brutal acentuación del hambre. La obra pública, además, ha quedado paralizada por falta de fondos provinciales o municipales. La desocupación entre los compañeros de la construcción es atroz. Cuando hace un año comenzaron los primeros despidos y suspensiones, las conducciones de la CGT y de la AOT local formaron “comisiones de concertación” con las patronales y el gobierno provincial, que no resolvieron naturalmente nada, pero que sirvieron para aislar y esterilizar los movimientos de resistencia que surgían en cada empresa. Pero la lucha de los municipales de fines del año pasado, la ocupación de varias fábricas de la AOT y más tarde la movilización de los despedidos de la UOCRA, impulsaron el movimiento de conjunto que culminó con el paro activo. Está planteada ahora la convocatoria de una Asamblea Popular, de todos sus gremios y barrios, que vote un pliego de reivindicaciones para poner fin a la miseria y a la desocupación y establezca una orientación política.

El lunes 12 por la mañana miles de trabajadores de distintos gremios marcharon en forma separada y con destinos diferentes por las calles de la ciudad de Córdoba. Más de 5.000 docentes se movilizaron a la Casa de Gobierno. Más tarde hicieron lo mismo los empleados públicos. Los trabajadores de EPOS (obras sanitarias), los docentes universitarios y más de 500 telefónicos, se congregaron frente al Banco Hipotecario, ocupado por su personal, junto a una delegación de la bancaria y de Luz y Fuerza. Todo esto fue la expresión callejera de un creciente proceso de asambleas, paros y movilizaciones que incluye a los judiciales de la provincia, los judiciales federales y a los no docentes de la Universidad de Córdoba, y hasta a algunos barrios que se han auto-convocado en asambleas. Aunque las directivas de los distintos gremios en lucha formaron una coordinadora, la movilización no es única ni conjunta. Es que la coordinadora se esfuerza para no cumplir la misión encomendada. Aunque Chara, dirigente de empleados públicos, Correa (de la CGT) y directivos de otros gremios han reclamado un paro general de la CGT nacional, esto no se ve avalado por la política que desarrollan. La situación planteada el lunes 12 en las calles es la evidencia más clara de la necesidad de una acción común y única. Al paso de las columnas de empleados públicos y de docentes frente a la CGT local los trabajadores exigieron al ubaldinista Correa un paro general.

Una imponente manifestación de trabajadores estatales convocados por la Coordinadora de gremios del sector recorrió las calles salteñas al grito de “huelga general”. La manifestación se dirigió resueltamente a la sede de la regional de la CGT, de donde sacó a empujones al secretario general Mariano Durán. Los trabajadores conminaron a Durán a convocar al paro general y a renglón seguido le entregaron un bombo, y lo obligaron a encabezar la marcha al estilo de los suplicios chinos. Al grito de “tocá más fuerte o te reventamos”, Durán caminó al frente de los manifestantes hasta la Legislatura Provincial. Allí el burócrata intentó escapar, refugiándose en el interior del congreso provincial, pero fue nuevamente apresado y obligado a escribir su renuncia, lo que tuvo que hacer. El movimiento salteño hacia la huelga general ha ganado a todas las capas de la población; junto a los estatales manifestaron pobladores de los barrios. Salta está madura para la huelga general y para una nueva dirección.

El 3 de marzo comenzó a funcionar la Asamblea Constituyente, convocada en forma inconstitucional a fines del año pasado, pues se hizo por decreto del gobernador y sin que mediara un debate de la opinión pública. A través de estas y de otras irregularidades, como la que autorizó la concurrencia de las tendencias internas de los partidos en una lista común, el partido del general de la dictadura, Bussi, se llevó la mayoría absoluta de la Asamblea. A partir de esto el futuro régimen constitucional de la provincia ha quedado en manos de la oligarquía y los bancos, del clero y de los militares videlianos. Aunque la Constituyente tiene la potestad o el derecho de asumir el poder político, Bussi se ha abstenido de hacerlo. A pesar de la descomposición del gobierno peronista de la provincia, Bussi prefiere usarlo para lo que necesite en lugar de voltearlo y tomar las riendas del Estado en su lugar. Esta conducta revela, por una parte la coincidencia de fondo que Bussi tiene con el gobierno de Menem, el cual hoy no podría dejar pasar por alto un golpe constitucional en Tucumán. También expresa el temor a la reacción popular que esto podría provocar en todo el país. Entretanto, el gobierno peronista ha podido hacer aprobar en la Legislatura la ley de desenganche que liquida el régimen salarial de los empleados públicos, y la elevación de la edad para jubilarse, gracias precisamente a los votos de Bussi. Estas dos medidas fueron abiertamente reclamadas en octubre pasado por la Fundación del Tucumán, que aglutina a los principales ingenios, bancos e industrias de la zona. En esa ocasión, el PO anunció que ese programa había sido la base de un acuerdo entre Bussi y Menem. Otro aspecto del acuerdo, el que reclamaba que los redescuentos que otorga el Banco Central se canalizaran a través de la banca privada en lugar de la estatal, ya está en ejecución, como lo ha probado la crisis en torno a Folcini, flamante ex-presidente del Banco Central. Es decir que en Tucumán funciona el co-desgobierno Bussi-Menem, que tiene al gobernador Domato como pantalla precaria e inestable. Esta precariedad se manifiesta en la impotencia del gobierno provincial para paliar la miseria en Tucumán y en el temor que existe en los medios oficiales de que sea desbordado por un “estallido social”. Esta última posibilidad es la que ronda la cabeza de los funcionarios que han preparado un plan de intervención federal a la provincia. Esto que sería una manera de intentar el salvataje del desmantelado PJ de Tucumán, debería contar con el apoyo de Bussi. Es probable que para evitar que se produzca esta situación extrema, Bussi haya lanzado, recientemente, algunas críticas al gobierno nacional. Los bussistas están preparando una constitución provincial clerical y ultrarreaccionaria, donde figuren las exigencias de la Fundación del Tucumán. Sin el consuelo de que eliminen las disposiciones de corrupción electoral que rigen en la actualidad, como la ley de lemas. Es por esto que planteamos para el movimiento popular que tiene por eje la lucha contra el hambre, la incorporación de la exigencia de que se disuelva la Constituyente reaccionaria.

Más de 5.000 compañeros se concentraron el jueves 15 en la Plaza Independencia, convocados por la coordinadora de gremios estatales. Las columnas de docentes primarios y secundarios, de los hospitales provinciales, de municipios y reparticiones oficiales constituyeron el grueso de los participantes. Durante la concentración se denunció a los dirigentes de la CGT que en caravana se habían ¡do al aeropuerto a recibir a Palito Ortega. Algunos dirigentes que integran la cúpula de la CGT y que se hallaban presentes fueron "apretados” para convocar a un paro general de la provincia. Luego la concentración se transformó en una marcha que recorrió las calles céntricas hasta el consejo de Educación, donde se intentó una toma simbólica. Al paso frente a la legislatura predominaban los gritos de “ladrones” y “que se vayan”. Luego la marcha regresó a la plaza. Aquí, el orador que cerró la jornada, hizo un llamado a concretar un paro general lo cual llevó a que la concurrencia coreara la consigna “luchar, luchar por la huelga general”. El sindicato de empleados públicos (ATEP) antes de la concentración realizó un plenario donde se votó por unanimidad la continuidad de la huelga por tiempo indefinido como respuesta a la provocación del gobierno de descontar los días de huelga y decidió pasar a cuarto intermedio para después de la concentración donde se discutirá la modalidad de cómo continuar el paro indefinido. Se barajaban distintas alternativas desde una autoconvocatoria a las bases para organizar un paro provincial hasta la organización de una marcha provincial. Lo concreto es que por primera vez los gremios estatales se movilizan conjuntamente y masivamente y esto ha abierto un panorama para una lucha más decidida y de conjunto en la provincia hacia la huelga general.

Argentina se encuentra en un momento histórico absolutamente excepcional, en donde la disolución social creciente del capitalismo comienza a ser enfrentada por un movimiento de masas que puede llegar a adquirir una gran envergadura. Es decir en una situación prerrevolucionaria. En circunstancias de este tipo es muy necesario lograr entender de la manera más adecuada la evolución de los acontecimientos. ¿Estabilidad económica? En cualquier diario de los últimos días se puede leer la expectativa de que la frenada del dólar, en las últimas dos semanas, pudiera ser la señal de un principio de estabilidad económica. La fracción oficial de la burguesía lo proclama así abiertamente. Para los Alemann y los Alsogaray “vamos bien". El quinto plan del gobierno menemista, en solo seis meses, sí podría acabar con la hiperinflación. La inmensa mayoría de los economistas empresariales y hasta los propios asesores de Bush discrepan con esta caracterización. Para algunos, a partir del plan Bonex más de la mitad de la banca quedó en situación de quiebra irremediable y su solo rescate sería suficiente para provocar otra estampida de la inflación. Si se dejara caer a esos bancos, las consecuencias no serían diferentes, porque el Banco Central es garante de los depósitos que aún quedan en el sistema financiero al igual que de las deudas que tienen con el exterior. En cualquier variante, la crisis bancaria exigiría una emisión de moneda que, en las presentes circunstancias, pondría fin al Menem V o Erman III, como se prefiera, y probablemente al mismo gobierno. Otros economistas empresariales destacan el hecho de que el gobierno está comprometido a pagar durante 1990 unos 1.500 millones de dólares en concepto de renta de los Bonex, más otros 1.100 millones de dólares por intereses de la deuda externa, como habrá de figurar en el próximo acuerdo con el FMI. El Banco Central carece de las reservas para ello, por lo cual debería vender su reserva última en oro, o salir a comprar esos dólares con australes, para lo que necesitaría un fenomenal superávit fiscal si no quiere caer en la emisión. Por último, se ha observado que la posibilidad de este superávit fiscal en medio de la enorme recesión industrial actual es nula porque necesariamente la recaudación impositiva deberá ser menor que la que se espera. Hay quienes subrayan el hecho de que la política fiscal se basa en una reducción tan brutal de salarios, de gastos sociales y de transferencias a provincias, que es imposible mantenerla en el tiempo. Estas diferentes apreciaciones de la situación económica traducen la incertidumbre que reina en las filas de la gran patronal. En realidad, los economistas que critican el plan actual no tienen respuestas para superar las contradicciones de éste, como lo prueba que se limitan a recomendar un acuerdo político con un plan económico similar. En tanto siga vigente el pago de la deuda externa y los compromisos con la banca internacional, todos los países Involucrados estarán bajo la amenaza de la hiperinflación y de la crisis industrial, y hasta de las dos al mismo tiempo Argentina es solo un caso extremadamente agudo dentro de un fenómeno que no ha dejado ni dejará de afectar a ninguna nación oprimida. En estas condiciones, la posibilidad de una estabilización de la situación económica depende de la lucha de clases, o sea de la capacidad de la burguesía para imponer una derrota a los trabajadores. Dos bloques, dos métodos El gobierno menemista está monopolizado por la fracción Alemann-Alsogaray, que se ha transformado en el pasaje obligado de las privatizaciones y negociados. Esto ha provocado una fractura con un conjunto de intereses industriales y bancarios, que ha pasado a expresarse a través del bloque Angeloz-Alfonsín. Según Clarín del domingo pasado, el gobierno de Bush estaría viendo como muy peligrosa esta división y por eso habría iniciado un acercamiento a los “capitanes de la industria". Pero la situación se ha polarizado aún más con el retorno de González Fraga al gobierno, un hombre del Citibank, que no sólo había chocado en el pasado reciente con Bunge y Born sino también con los exportadores de granos. El gobierno estaría entonces cerrándose en torno a los agentes de la banca acreedora, que quiere la privatización con capitalización de deuda, cueste lo que cueste. La aceptación de títulos de deuda para privatizar Entel, al 100% de su valor, testimonia el total dominio de la banca internacional, pues semejante concesión solamente la obtuvo en el Chile de Pinochet. La fracción de los banqueros pretende conseguir un “shock de confianza” para su plan, mediante un enfrentamiento directo con los trabajadores. A esto apuntan las amenazas de Menem de enviar “a los agitadores" a Las Lomitas. El sector que por ahora lideran Alfonsín y Angeloz cree posible frenar la reacción popular mediante un acuerdo político. Esto es lo que está propugnando el gobierno Bush, que no rechaza de manera alguna una acción fuerte contra el movimiento obrero pero que quiere que sea seguida por un acuerdo general. El bloque Angeloz-Alfonsín ha retrocedido en los últimos días porque es incapaz de liderar una resistencia popular. Es impotente frente al gobierno y los banqueros. Solo serviría para, después del incendio, hacer las paces con los triunfadores. Sin embargo, si el movimiento popular hace retroceder al gobierno, los Angeloz-Alfonsín, acompañados por Cafiero, Ubaldini y Miguel, serán la alternativa de rescate, que si Menem no la acepta podría conducir a su caída. La burocracia sindical La señalada división dentro de la burguesía se reproduce en la burocracia sindical. La CGT Andreoni acaba de recibir con ovaciones a Menem porque ha decidido apoyar incondicionalmente la alianza con Alsogaray. La CGT de Ubaldini sigue una política de desgaste de las luchas, parcializando y aislándolas. El miguelismo tomó una posición todavía más frenadora. Lo sigue Ibáñez de Supe, que se ha entongado con la privatización de las áreas centrales de YPF. Las iniciativas de paros parciales que ha tomado la fracción ubaldinista no expresan una posición de lucha sino una adaptación burocrática para evitar que las masas vayan a una lucha decisiva. Expresan una política de desgaste. Pueden servir para potenciar a las masas, a pesar de sus direcciones, solo si no se deposita ninguna confianza en ellas y se critican sus limitaciones insalvables. Organizar la huelga general El estallido de otra ola hiperinflacionaria no es descartado por nadie, dado la fragilidad del esquema económico y la debilidad política del régimen gubernamental en su conjunto. Los senadores peronistas se han pronunciado por un acuerdo político, lo cual puede provocar un choque entre el Congreso y el Ejecutivo. Está en carpeta la posibilidad de cerrar el parlamento. La gravísima situación de las masas las ha ido empujando a luchas crecientes en todos los planos y en todo el país. Con relativo retraso existe un cambio en la apreciación que hacen los trabajadores de las diferentes fuerzas políticas y un comienzo de radicalización. Se parte de un nivel subjetivo muy bajo que puede ser aceleradamente modificado como consecuencia de la experiencia de lucha. Los sucesos de esta semana en Foetra Córdoba o lo que está ocurriendo al cierre de esta edición en varias seccionales ferroviarias, donde se enfrentan a la directiva, se desconocen sus decisiones o simplemente se las voltea, marcan el principio de formación de una vanguardia de la clase obrera. El conjunto de huelgas y la catástrofe económica impulsan sistemáticamente la tendencia a la huelga general. Pero sobre esta última no debe formarse una idea romántica. Por sí sola no puede modificar la situación, debe servir como factor de organización y para poner en pie una nueva dirección obrera. Por eso la preparación y el impulso a la huelga general deben consistir en ese trabajo de organización y de dirección, y de ninguna manera en siquiera un gramo de confianza en la burocracia sindical, que inevitablemente habrá de traicionar la huelga general que no pueda impedir o que no puede desviar mediante paros generales aislados. La coincidencia de numerosas movilizaciones en reclamar la huelga general ha demostrado el carácter distraccionista y frenador del planteo de una asamblea constituyente o de cualquier consigna que quiere hacer pasar al movimiento obrero por el parlamento. En cierto momento el planteo constitucional se transforma en directamente reaccionario. La consigna de la huelga general indefinida es el único eje concreto de un frente de lucha. Por un frente de lucha por la huelga general y por una nueva dirección del movimiento obrero.

Cuando Bernardo Neustadt se “enoja” con Saúl Ubaldini o reprocha a quienes se entrevistan con él, hay algo que el exoftálmico periodista no entiende: la burocracia sindical no puede controlar para nada la marejada de la bronca popular y está por eso obligada a adaptar su lenguaje y su demagogia, con mucha lentitud por cierto, al estado de ánimo que prende a pasos agigantados entre las masas. En Salta el secretario general de la regional de la CGT sufrió una virtual humillación china cuando miles de trabajadores públicos y de los barrios lo hicieron marchar al frente de una manifestación luego de que se había rehusado a hacerlo, y más tarde lo obligaron a firmar su renuncia como dirigente. En Tucumán, otra manifestación obligó a un burócrata cegetista a repudiar a sus colegas ausentes, que se habían ido a recibir a Palito Ortega. En CTERA, los mandatos en favor de una huelga general crecen como hongos. Los jubilados han resuelto movilizarse en permanencia los miércoles frente a la Casa de Gobierno. Esto no ocurre en ningún otro país. “Se va a acabar, se va a acabar con la huelga general” — dicen los trabajadores de la construcción de Neuquén. “Luchar, luchar por la huelga general” — dicen los empleados públicos y docentes de Tucumán. Neustadt, simplemente, está imposibilitado de decir públicamente que comprende la política de Ubaldini, porque con ello provocaría el gran deschave nacional. La política de Ubaldini consiste en buscar el desgaste del movimiento popular en cuotas, es decir, con paros parciales y aislados, de modo de darle al plan de Alsogaray todas las chances posibles. No es casual que sus aliados más importantes, como Miguel e Ibáñez, estén frenando a fondo, y en el caso del primero procurando aislar a los trabajadores privados de los estatales. Pero semejante política es menos consuelo que una aspirina. La situación de los desocupados en las barriadas de Rosario, gran Buenos Aires, Tucumán, Córdoba o Mendoza está sencillamente al borde de la explosión. La burocracia tiene un dilema clásico de los grupos políticos terminados: si frenan, la gente les pasa por encima; si hacen demagogia la gente los desborda. La burocracia sindical que lidera Ubaldini procura anclarse en el bloque “alternativo” de Angeloz-Alfonsín y Cafiero, pero este bloque ha estado retrocediendo en los últimos días debido a su temor a quedar involucrado con la lucha popular. La burocracia no puede, como cualquiera se lo imagina, llevar una huelga general a la victoria. Si la largara, lo que es difícil, sería para traicionarla. Por eso al calor del llamado y del impulso a la huelga general indefinida, es necesario organizar una nueva dirección, mediante coordinadoras, intersindicales, asambleas y comités de huelga. Hay que quebrar al régimen del Citibank-Alsogaray; hay que echar a la burguesía. Esto no se logra con remiendos constitucionales sino con la lucha.