El 1° de enero pasado, el gobierno “nacional y popular’’ lanzó un enésimo pacotazo económico, disimulado como un ataque a la “patria financiera” y a la “burocracia contratista", lo que fue aceptado por algunos incautos como los aliados del Frejupo y el diario Página 12. Pero el pacotazo no es más que una brutal confiscación de los salarios y de los ahorros populares con vistas a salvar, por sobre todas las cosas, a los grandes bancos y a los "capitanes de la industria” que constituyen el núcleo fundamental de los grandes contratistas de obras públicas. La apreciación adecuada de este “plan” exige ubicarlo en el marco más general de la hiperinflación desatada por el gobierno a partir de los primeros días de noviembre. Con la devaluación y la “libertad cambiaria’’ adoptadas primero por Rapanelli y luego por González, se desató una colosal carestía que redujo a la mitad el salario de los trabajadores en solo veinte días. Semejante expropiación fue ejecutada de un modo directo por el Estado en beneficio del conjunto de la clase capitalista que formó su habitual “colchón de precios”. Pero por sobre todo benefició a los grandes bancos y a los “capitanes de la Industria” que habían acumulado dólares, y naturalmente a los exportadores, que en el caso de los cerealeros vieron incluso disminuidos aún más los impuestos a la exportación. En este mismo período, el congreso nacional votó, en cambio, la generalización del impuesto al valor agregado, que constituye un golpe mayúsculo al consumidor. El gobierno se ha esforzado por presentar el pacotazo de año nuevo como un “remedio heroico” a una situación insostenible. Es al revés: la situación insostenible fue creada por el gobierno para hacer posible la aplicación de este nada heroico remedio. Otra variante de este mismo ataque hubiera sido hacer subir el dólar a 4.000 o 6.000 australes -un plan que denunciamos como verdadera primicia en nuestra edición anterior-, el cual solo fue postergado, pero no archivado, como consecuencia de que su trascendido provocó un colapso comercial y banca-rio en los últimos días del año. La hiperinflación de diciembre produjo una suba del costo de vida que supera el 120% -algo que las estadísticas registrarán repartido en los índices de diciembre y enero. Significa que sirvió para ‘limpiar” el medio aguinaldo por completo. Los aumentos de suma fija y el 15% que se está pactando en las paritarias equivalen a poco más de la mitad de aquella caída. Como además se cobran mucho después de la estampida de precios, la pérdida de los salarios de diciembre es irrecuperable. Se ha vuelto al ‘método” de desatar una crisis colosal para luego presentar un plan supuestamente salvador. El incendiario pretende que se lo admita como bombero y además recibir la medalla al mérito. Lamentablemente, estos bomberos vienen al rescate con una dosis adicional de productos inflamables. A muy corto plazo asistiremos a una crisis aún mayor y a una extraordinaria explosión de la lucha de clases. Al rescate de los bancos La similitud entre el pacotazo menemista y los “planes” del alfonsinismo no se limita a la expropiación producida contra los trabajadores. Otra característica común de ambos es que concurren al rescate de los bancos y del pago de la deuda externa. Para esto se ha producido una expropiación extraordinaria, de miles de millones de dólares, en perjuicio de los ahorristas que tenían sus depósitos a plazo fijo. El mecanismo es muy sencillo: como los Bonex que se darán a cambio de estos depósitos valdrán en el mercado un 60 u 80% por debajo de su valor de emisión, se producirá una pérdida de 2.4 billones de australes sobre los 3.3 billones de australes en que se ha calculado la porción de depósitos que se rescatarán por bonos, al 31 de diciembre último. Esto significa una confiscación de entre 1.200 a 1.800 millones de dólares. Esta expropiación perjudica casi exclusivamente a los ahorristas, una buena parte de los cuales está constituida por trabajadores y hasta jubilados, que depositaron sus aguinaldos, indemnizaciones por despido o pagos de deudas de las Cajas, para evitar que se vieran desvalorizados. En el caso de los grandes depositantes, como por ejemplo Scania, Atlántida, Cargill, La Nación, Alpargatas, el perjuicio no se produce debido a la capacidad que tienen estos pulpos para Imponer una solución diferente para ellos, e incluso debido a las relaciones que tienen con los propios bancos. Alpargatas pertenece a la Banca Roberts, y sería difícil que Cargill, que tiene la llave de los dólares del comercio exterior, vaya a sufrir un golpe como consecuencia del pago en Bonex. Las medidas que ya se están anunciando, relativas a autorizar el pago de impuestos y la compra de bienes del Estado con Bonex, son una clara expresión de cómo se pretende preservar los grandes depósitos bancarios. Estos pulpos podrán, a su vez, comprar los Bonex desvalorizados a los ahorristas y aplicarlos a distintas operaciones al 100 por 100 de su cotización, lo cual les permitirá realizar negocios de características usurarias. Esta es la verdad del “golpe a la patria financiera” que anuncia el Frejupo, o del “golpe al mercado” ensalzado por Horacio Verbitsky (Página 12, 7/1) —reconvertido a las ilusorias posibilidades del menemismo (antes lo había sido del alfonsinismo), aunque sea timoneado por Alsogaray Negociado con los títulos públicos Además del canje de depósitos por Bonex, el pacotazo también estableció el canje de los títulos y bonos que constituyen la llamada “deuda interna” por Bonex. Esos títulos (unos 1.500 millones de dólares) están en manos de los bancos, capitanes de la industria y exportadores, pero su canje por Bonex no Implica un perjuicio para ellos sino un negociado. Este es un aspecto casi completamente silenciado por los diarios y medios de comunicación. Ocurre que esos títulos se cotizan en muchos casos por debajo de lo que se estima para los Bonex, de modo que su canje producirá un beneficio a sus tenedores. Esto se acentúa a partir de la decisión de pagar las rentas del Bonex en forma mensual, en tanto que los ex títulos se abonaban semestralmente. Pero lo que tipifica el verdadero negociado es la decisión del Banco Central de reconocer para esos títulos (que se ajustan por dólar) un dólar de 1.830, cuando el precio de su rescate, de acuerdo a las cláusulas con que fue emitido, debía oscilar en los 1.000-1.200 australes por dólar. En el mismo acto del canje los bancos ganan un 80%. En el caso de los títulos que se ajustan según las tasas de interés, el Banco Central también ha permitido un superbeneficio ilegal, al autorizar que se computen los intereses pagados hasta el 28 de diciembre, contrariando las cláusulas de emisión que disponen que se tome el índice de la semana previa al rescate. La misma disposición, en cambio, de canjear los depósitos a plazo a 1.830 australes el dólar, ha comportado una confiscación de éstos, porque el precio del dólar cayó en los días siguientes al canje y porque, además, no se le reconocen los intereses que corrieron desde el 28 de diciembre. Por un depósito de 1.830 australes, su titular recibió un dólar que se cotizaba a 1.500 australes (pierde el 20%) en Bonex que valían un 30% (pierde otro 70%). Esos 1 830 australes se convertían así en 450 australes, un desfalco de casi un 80%. Estatización de la deuda privada Los apologistas del manotazo dicen que es el Estado quien ha saqueado a los ahorristas, y no los bancos, y que la gran ventaja de lo hecho es haber reemplazado deuda interna, que se pagaba con altos intereses, por deuda externa, que se paga por intereses menores. Todo esto son tonterías. El Banco Central o el Estado no han hecho ningún beneficio sino que se lo han trasladado a los bancos y a los pulpos en general. Al canjear su deuda con los Bancos por Bonex, el Banco Central no ha alterado su endeudamiento, que simplemente pasó de australes a Bonex-dólares por el mismo valor. La tasa de interés que debe pagar por este cambio en la forma de su deuda con los bancos tampoco habrá de disminuir, porque para conseguir los dólares correspondientes, y hacerlo mensualmente, deberá obtener un préstamo en australes, o usar sus propios australes en lugar de colocarlos a préstamo por intereses que son hoy del 80% mensual (Caja de Ahorro) equivalentes al 1.300% al año. De esta manera, los 300 millones de dólares de intereses al año, por los 3.000 millones de dólares de Bonex, se convertirán a “grosso modo’’ en los 7.500 millones de dólares que se pagaban hasta hoy como consecuencia de la “bicicleta financiera”. La distinción que se hace entre deuda interna y externa es completamente arbitrarla, porque para pagar la deuda, sea en dólares o en australes, el Estado debe conseguir el dinero a tasas de interés que son usurarlas para el país tanto en el mercado nacional e internacional. Pero al emitir Bonex, el Banco Central se ha transformado además en deudor directo de todos los depósitos colocados en los bancos. Se ha llegado así a la estatización del 99% de toda la deuda que circula por el país, la que será pagada con impuestos a los consumidores-trabajadores. Menem completa el trabajo iniciado por la dictadura y luego continuado por Alfonsín, con la presencia insustituible de Cavallo en los dos extremos, esto porque el hombre se ha licenciado en la especialidad del desfalco nacional. Desfalco sin atenuantes El gobierno se apresta a dictar algunas medidas como la posibilidad de pagar los impuestos con depósitos en Bonex, o su uso para la compra de bienes del Estado y hasta la posibilidad de un redescuento especial para que los bancos adquieran los Bonex que deben entregar a sus clientes. Por esta vía se licúan por completo los ingresos del Estado, con el consiguiente aumento del déficit fiscal, y se impulsa la creación de moneda sin respaldo. La bonexización se convierte de este modo en licuación de las deudas capitalistas en perjuicio del fisco y del contribuyente. En realidad, el gobierno y el Estado no tienen medios para impedir que los Bonex circulen como lo quiera el mercado capitalista, ya que constituyen una "cuasi moneda". Podrán servir como medios de pagos o como garantías para obtener créditos. Serán un factor de alza de la demanda de crédito en australes y por lo tanto de las tasas de interés. El aumento de los intereses provocará la emisión de australes, sea por ingreso transitorio de dólares o por redescuentos del Central. El viejo mecanismo especulativo no ha sido destruido sino salvado, precisamente a través del negociado que implica emitir 3.000 millones de dólares en Bonex mediante el desfalco de los ahorristas. La única alternativa a esto es una brutal recesión. El negocio de los “capitanes” Ha pasado desapercibida la importante decisión de que los bancos estatales liciten el cobro de los créditos otorgados a la industria y a los terratenientes. El mecanismo permitirá que éstos salden esas deudas a mucho menos de su valor y que el banco intermediario saque su comisión. Esta licuación de pasivos industriales y agropecuarios demuestra el interés del Estado en favorecer, dentro del pacotazo, a este sector. Por eso el reclamo efectuado por los “capitanes de la industria’’ (Macri, Techint, Massuh), de pagar en Bonex desvalorizados sus deudas con los bancos, encontrará una vía de satisfacción. Cavallo ha insinuado que la contrapartida sería permitir que los bancos puedan comprar Bonex desvalorizados para canjearlos por los plazos fijos. Quedaría así repartido un negocio de 500 millones de dólares. Simultáneamente se produciría una colosal desvalorización de los activos de los bancos estatales que procedan a licitar sus créditos. El negocio no es del Estado sino a costa del Estado. Liquidación de la banca oficial Hay una campaña para cerrar el Hipotecario, la Caja de Ahorro y los Bancos de provincia, pero no se ha percibido que el pacotazo los limpia con guante blanco. La eliminación de los depósitos a plazo fijo y de los créditos basados en ellos, privilegia la modalidad de crédito de las “obligaciones negociables", que son bonos emitidos por empresas poderosas y colocados por medio de los bancos más fuertes. Por este medio los bancos privados, especialmente extranjeros, coparán el crédito interno, lo que provocará el mayor desplazamiento de la banca oficial desde la “revolución libertadora”. Privatización El arruinado Estado Nacional, con una deuda “externa” de 70.000 millones de dólares y otra “interna” de 10.000 millones de dólares, no están en condiciones de sustentar el valor de un nuevo título, como los Bonex, que ha sido emitido en una cifra muy elevada. Aunque los autorice para el pago de impuestos y otras transacciones, necesita un respaldo mayor para sustentar su cotización. Ese respaldo no es otro que las privatizaciones, que se harán precisamente con “capitalización de deuda”, es decir con Bonex y otros títulos. Para eso los bancos se esforzarán primero en acaparar los Bonex a precio vil. La bonexización plantea, por este motivo, una gigantesca ofensiva contra el movimiento de masas y los sindicatos, porque la función social de la privatización es permitir la superexplotación de los trabajadores de las empresas que están hoy en manos del Estado. Derrumbe y nueva crisis En medio de este plan “antiinflacionario”, destinado según sus mentores a "secar” el mercado de australes, “revalorizarlos”, eliminar la inflación y hasta producir una “cierta” deflación, llega la información de que en solo tres días de la semana pasada el Banco Central del "liberal” Rossi, emitió 600.000 millones de australes. Esto equivale ¡al 40%! del dinero en circulación. La razón de la emisión fue la necesidad de comprar 400 millones de dólares, que serán destinados a pagar la deuda “externa”, incrementada ahora por el servicio mensual de los Bonex Esta emisión constituye una pista muy clara de que el gobierno se apresta a aplicar ahora, expropiados los ahorristas, su plan original de “dolarizar” la economía, que quiere decir que van a llevar el dólar a 4.000 australes. El menemo-liberalismo no tiene otra vía para superar las contradicciones del pacotazo. Si ningún grupo capitalista quiere pagar el costo de la desvalorización de las tenencias financieras, que se descarga sólo sobre los ahorristas; si el Estado se ve obligado a aceptar el nuevo bono para pagar impuestos y créditos oficiales (cuando no los desvaloriza directamente); si para recomponer el crédito se admite la circulación de los Bonex y hasta los redescuentos del Banco Central; si se anuncia la liberación de los encajes por depósitos en cuenta corriente y en Caja de Ahorro; si ocurre todo esto, es claro que el gobierno pretende completar su anterior desfalco con otro más. A través de una megadevaluación confiscará ahora los australes que han quedado. Que esto es lo que se viene lo anuncian las tasas de interés de Caja de Ahorro, que son del 60%, o la cotización del trigo a febrero -un 75% superior a la actual- o de la soja a mayo -¡un 350% más alta!. Esta suba sólo en mínima parte la produce el mercado mundial —el 99% tiene que ver con el precio del dólar que se espera para esa fecha. No es difícil que anunciemos una gigantesca crisis, no sólo económica sino también política y la posibilidad del derrumbe del gobierno menemista. Expropiar a los expropiadores Para controlar la disolución económica de fin de año el Estado tuvo que apelar a la expropiación directa de una parte de los trabajadores y de la clase media. Sin el Estado, el capitalismo, librado a sus fuerzas propias, estarla en la lona. El capitalismo subsiste solamente porque tiene de su lado el monopolio de la fuerza y por la desorientación de las masas. Como régimen social está acabado. Esta situación permite romper el velo oculto de la sociedad capitalista: la expropiación de los obreros por la burguesía, y la mentira de la neutralidad de clase del Estado. Todas las discusiones en los últimos días han girado en torno a quien expropia a quien. En Punta del Este, Cavallo y el presidente del City pretendieron dirimir en torno a una mesa la redistribución de riquezas extraordinarias. Ha quedado al desnudo el carácter expropiador de la burguesía y de su Estado; se ha transformado en objeto de lucha directa; y esto simplifica naturalmente el diagnóstico del problema y de su solución. Esta pasa por la expropiación de los expropiadores. En lugar de la expropiación del pueblo por los Alsogaray, Bunge y Born, “capitanes de la industria” y bancos —la expropiación de éstos por el pueblo. No pagar la deuda pública con el gran capital; estatizar el comercio exterior; expropiar a la banca; establecer el control obrero. Este es el punto de partida de la reconstrucción social. Esta es la tarea de un gobierno de trabajadores.