Prensa Obrera N° 286

En estas páginas se viene reflejando desde hace cuatro meses la intensa solidaridad popular con el PO, que está sometido a un proceso Judicial que amenaza con enviar a la cárcel a la mayoría de su dirección y con la ilegalización del partido. Este proceso tiene toda la traza de la persecución política y de la insustancialidad Jurídica, es decir de la arbitrariedad. Constituye una amenaza a las libertades democráticas. Por eso la campaña por el cese de este juicio persecutorio debe proseguir más que nunca. El régimen de la hiperinflación y del hambre sostiene a este proceso como una espada de Damocles porque se sabe incapaz de evitar la repetición de esos flagelos. En esta edición de Prensa Obrera hemos tomado la iniciativa de entrevistar al compañero Juan Carlos Capurro, apoderado legal del PO, para esclarecer las principales alternativas del ataque que sufre nuestro partido. P.O.: ¿Cuál es la situación actual del proceso contra el PO? J.C.C.: Está en la etapa de instrucción. En este período el fiscal busca acumular las pruebas que avalen su pedido de condena. Hasta ahora no encontró ninguna. Pero, simultáneamente, la Cámara Federal tiene todavía a resolución el pedido del fiscal para que se dejen sin efecto las excarcelaciones otorgadas. De prosperar este planteo, todos los procesados deberíamos ser nuevamente detenidos y pasar en prisión todo el tiempo que dure el proceso. P.O.: ¿Por qué no hubo aún resolución? J.C.C.: La burocracia judicial tiene un ritmo habitualmente lento, pero lo que ocurre es que la fiscalía se encuentra con el problema de que no existen pruebas contra el Partido Obrero. Lo que está haciendo ahora es ratificar algunas diligencias producidas durante nuestras detenciones. Se trata de trámites puramente administrativos. El fiscal no ha conseguido ningún elemento que avale su posición. P.O.: ¿Y entonces en qué basa su acusación? J.C.C.: Todo el proceso está montado sobre la interpretación dada a volantes atribuidos al Partido Obrero. Técnicamente se trata de una prueba insustancial. Pero el hecho de que la causa prosiga su curso a pesar de esto, revela el carácter subjetivo del proceso y la filiación política de la acusación. P.O.: ¿Qué se le imputa a los procesados? J.C.C.: Basándose en el artículo 213 bis del Código Penal, se nos imputa la pretensión de imponer ideas por medio de la fuerza o el temor, un delito penado entre tres y ocho años de prisión. Este artículo penal es un verdadero engendro antidemocrático. Su antecedente es un decreto firmado por Frondizi en la época del plan CONINTES (1959). Ante la ola de huelgas contra su política proimperialista la burguesía se da cuenta que no tiene una legislación represiva para las asociaciones legales como los partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, comisiones internas, etc. Entonces inventa la figura de “asociación lícita que comete un ilícito", que es el artículo 213 bis. Se reprime así a toda organización legal que pretenda “imponer sus ideas por la fuerza o el temor". Por “temor” o “fuerza” se entiende cualquier cosa, por ejemplo una huelga, una manifestación, o un piquete. Con esto, el Código logra burlar los derechos consagrados en la Constitución. Porque es evidente que el Código no se refiere a hechos de violencia punibles como tales sino a otros hechos que no pudiendo ser penados se les atribuye una finalidad ideológica. Con esto el artículo 213 bis consagra la persecución política. El juez dice "la propuesta de PO de organizar una manifestación es delictiva, porque se daba en el marco de una crisis nacional". El poder judicial se arroga así la tutela sobre la orientación de los partidos políticos legales, sobre volantes y declaraciones. Significa la abolición de la libertad de expresión. P.O.: ¿El 213 bis tipifica la persecución ideológica? J.C.C.: Así es. La violencia o coacción está penada en otros artículos El 213 bis reprime las ideas Esta es la clave del artículo. Es la represión del delito de opinión. La base social de este tipo de pensamiento digamos "jurídico", lleva directamente a la quema de libros. Por eso en la declaración indagatoria el fiscal preguntaba acerca de la concepción que los compañeros tenían de la violencia en las luchas políticas. P.O.: ¿Cómo juega en todo esto el estado de sitio? J.C.C.: Nuestras detenciones se producen bajo el estado de sitio. Pero no se nos pone a disposición del Poder Ejecutivo. Se nos hace un proceso, en cambio, que perdura por encima del estado de sitio. Es digna de análisis la conducta del juzgado. El estado de sitio fue dictado por decreto del entonces presidente Alfonsín. Esto es abiertamente inconstitucional, ya que el estado de sitio en épocas de funcionamiento del Congreso, debe ser dictado por éste. El poder judicial debe ejercer lo que se llama el "control de razonabilidad" de las medidas tomadas bajo el estado de sitio. La primera debe ser el de controlar si ese estado de sitio es correcto o no. El juez que nos detiene, en cambio, nos endilga no haber acatado políticamente ese decreto inconstitucional. Lo caracteriza como un empeño a favor de la “tranquilidad pública". A partir de esto caracteriza nuestras propuestas de lucha contra el saqueo capitalista como pretendiendo subvertir el orden público y tomar el poder. Es decir que pretende que nos hubiéramos sumado a la política de Alfonsín. El juez convalida la ilegalidad de la situación creada por Alfonsín. Para el criterio del juez debíamos hacernos cómplices, en términos políticos, de esta situación. P.O.: ¿Puede prosperar entonces este juicio? J.C.C.: Si se aplica el derecho, si se contempla la legislación vigente, es evidente que no se puede seguir este proceso legalmente. Su prosecución opera como un intento de ataque contra nuestro partido. No hay que olvidar que el proceso involucra a la dirección de nuestro partido. Se está persiguiendo a toda una dirección. P.O.: ¿Qué papel ha jugado en todo esto la solidaridad manifestada hacia el PO? J.C.C.: Ha sido, es y será fundamental. Los telegramas y cartas que siguen lloviendo de todo el país y del mundo entero contra este proceso son claves. Tanto sobre el juzgado como sobre el gobierno actual, que ha tomado la posta en este juicio iniciado por los radicales y lo prosigue sin mosquearse. En este contexto es significativa la conducta de los partidos políticos patronales. Ninguno ha dicho absolutamente nada cuando lo que está en juego es la cárcel contra toda una dirección política. Se han puesto del lado de la burocracia del Estado y del aparato de represión. Esto caracteriza ya holgadamente la artificialidad de los partidos burgueses en relación a su independencia de la burocracia estatal. Es fundamental continuar y profundizar la campaña contra este proceso. Sólo podemos triunfar si la presión nacional e internacional desenmascara a este juicio. No tenemos ilusiones “jurídicas”. Solidaridad de la APDH de Neuquén "La APDH Neuquén expresa su más enérgica condena y repudio a la prosecución de la causa penal iniciada contra los militantes y dirigentes del Partido Obrero. "La continuidad de tan injusto proceso, basado en razones exclusivamente Ideológicas, implica una peligrosa limitación al ejercicio de las actividades políticas y de las libertades públicas establecidas en la Constitución Nacional, incompatible con el sistema democrático. ‘Ante el procesamiento de los dirigentes del Partido Obrero no podemos dejar de señalar que, mientras se enjuicia y persigue a militantes y luchadores del campo popular se libera a través del indulto y el desprocesamiento judicial a los responsables del genocidio y la miseria del pueblo argentino. 'Por todo ello, exigimos el inmediato cese de las actuaciones judiciales referidas y expresamos nuestra solidaridad con todas aquellas organizaciones y militantes que luchan por la Libertad y la Justicia. " Neuquén, 29 de octubre de 1989 Por JUNTA PROMOTORA APDH DEL NEUQUEN Noemí Alemany José Pacheco Carlos Segovia Susana Pino Oscar Ragni Sara Mansilla p. Bernardo Busto De Derechos Humanos de la UBA Buenos Aires, 9 de octubre de 1989 “Las Secretarias de DD.HH de Ciencias Sociales de la U.B.A. exigimos el inmediato cese del juicio a los compañeros del Partido Obrero como parte de una campaña destinada a amedrentar y perseguir a las organizaciones y militantes populares. Asimismo, repudiamos todo intento de proscripción de los partidos de izquierda, en defensa de las libertades democráticas." Sec. de D.D. H.H. Sociología Cs. de la Comunicación Trabajo Social Repudiamos la agresión contra Rodolfo Nadra Un grupo de uniformados violó el domicilio del secretario de redacción del diario "Sur", Rodolfo Nadra. La acción forma parte de la oleada de provocaciones que se ha desatado contra la izquierda luego de la sanción del indulto. Luego del indulto la mano de obra "desocupada", ha encontrado mayores oportunidades de empleo. Se trata de un nuevo paso en la persecución política que lleva adelante el gobierno de Bunge y Born. Se prepara así para aplicar palos y mano dura contra el pueblo, para mantener salarios de hambre y entregar el patrimonio nacional al imperialismo.

Desde el lunes 22, la docencia de Salta se encuentra en paro por tiempo indeterminado, en reclamo de 75.000 de básico para setiembre y ₳ 95.000 para octubre. Con el correr de los días, la huelga ha ganado masividad y alcanzado un acatamiento prácticamente total en la provincia. También se realizaron asambleas de padres y estudiantes secundarios en adhesión a la lucha docente y para rechazar un posible cierre del ciclo lectivo mediante la llamada ‘promoción automática" de los alumnos, como ya ocurriera en la huelga del '87. Asambleas masivas del gremio han rechazado las ofertas del gobierno de un básico de ₳ 30.000 y adicionales “no bonificables". Lo mismo ocurrió, anticipadamente, con el eventual dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo. La huelga se ha abierto camino a pesar de la directiva del gremio, cuando el gobierno ofertó 72.000 de salario de bolsillo, pero no de básico, la directiva procuró levantar la lucha. Pero los 700 docentes presentes resolvieron continuar la huelga La asamblea votó la realización de un Acto Festival en defensa de la educación pública, que luego recibió el apoyo de los médicos de hospitales (también en conflicto por el salario). La dirección de la lucha y de la ADP La huelga viene precedida de una verdadera disgregación de la directiva de la ADP, enrolada con el garcettismo. Las secretarias general y adjunta renunciaron a sus cargos, y por otro lado el “oficialismo" no ha logrado constituir una lista con vistas a las próximas elecciones del gremio. Es evidente que esta directiva en ruinas no tiene la capacidad de llevar la lucha a la victoria. La huelga ingresa ahora en un período crucial, ya que es bien probable que el gobierno de Cornejo la declare ilegal. Es necesario constituir un verdadero comité de lucha, que tome en sus manos todas las tareas planteadas por la huelga. Es necesario también organizar la solidaridad en las barriadas y colegios, para colocar del lado de los docentes a toda la población explotada.

Por 135 votos a 114 la lista Naranja-Violeta se impuso a la lista Marrón en las elecciones de la gremial docente de Filosofía y Letras de Buenos Aires. La Naranja-Violeta está liderada por los docentes independientes, del PC y del PO, que pusieron en pie a la organización gremial en la Facultad. La lista Marrón, por su lado, se identifica con el peronismo "combativo", crítica al gobierno de Menem y se pronuncia a favor del ubaldinismo y de los 26 puntos de la CGT. La Naranja-Violeta supo delimitarse de esta demagogia, que es una forma extrema de mantenerse en el campo del gobierno de Menem. La Naranja-Violeta se pronunció por combatir la Universidad-empresa de los Bunge y Born, defiende a la CONADU y su funcionamiento en Asambleas y con representantes mandatados por las mismas. También propugna el voto igualitario de docentes y estudiantes para el gobierno universitario, en contraposición al actual voto por "claustros'' que permite duplicar la representación de los profesores. En el primer punto de la plataforma Naranja-Violeta se repudia el Punto Final, la Obediencia Debida, el Indulto y se exige el "desprocesamiento de los dirigentes del Partido Obrero". Los casi 250 votantes de Filosofía representan más de un tercio del plantel docente de la Facultad y más de la mitad del padrón si se considera que buena parte de los mismos dicta su materia sólo en el primer cuatrimestre. La elección gremial en Filo marca una tendencia que se verificará en otras facultades; es un síntoma de la reacción de la comunidad universitaria frente a la política educacional del menemismo. El arancel, el limitacionismo y los Bunge y Born no deben pasar.

El lunes 6, mil enfermeras y enfermeros se movilizaron frente al Congreso contra un proyecto de ley sobre enfermería que tiene ya media sanción de diputados, que desconoce como profesionales y convierte en auxiliares a los matriculados en escuelas de nivel terciario, las cuales proveen en la actualidad el 90% de la enfermería. Las consecuencias de esta ley de descalificación de los trabajadores de la salud serán un mayor deterioro salarial y la imposibilidad de acceder a funciones de enfermería profesional, en servicios de complejidad y en tareas de supervisión y jefatura. La reacción contra este proyecto partió de las escuelas de enfermería, encabezadas por la Municipal Cecilia Grierson, a la cual se sumaron los hospitales municipales, activistas de privados y del Hospital de Clínicas. Se constituyó una coordinadora de enfermeras de distintos sindicatos y establecimientos. El impulso de esta vasta movilización está dado muy especialmente también por el brutal deterioro de los salarios, de ₳ 50.000, y las condiciones bestiales de trabajo. La lucha se produce frente a la absoluta impotencia de las direcciones sindicales de los distintos ámbitos (ATSA, UOEM, ATE, UPCN APUBA). ¡Por la formación de coordinadoras en todos los establecimientos!

Con la presencia de 250 compañeros se realizó el fin de semana pasado el Congreso Nacional de la UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO. Delegaciones de varias provincias, representantes de círculos juveniles de numerosas barriadas obreras, activistas secundarios y universitarios de diversas regionales colmaron el aula de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En esta conformación del propio Congreso se manifestó la necesidad de organizar a todos los sectores de la juventud que sufren la opresión capitalista. Decenas de intervenciones tradujeron la conclusión de que es necesario poner en pie un movimiento independiente de los jóvenes trabajadores y estudiantes, que no sólo sea un instrumento de lucha conjunta sino que brinde una perspectiva política general: acabar con la explotación del capitalismo e imponer el gobierno de los trabajadores. Organización y lucha Los compañeros de los barrios fueron muy claros. En el plenario de nuestra zona - señaló un representante de Lomas de Zamora— votamos una serie de reivindicaciones para organizamos contra la prepotencia policial: no a las detenciones arbitrarias, comisión de vecinos y jóvenes, investigación de los malos tratos en las comisarías, cese de la persecución permanente de los uniformados. La descomposición de las condiciones de vida de la juventud es terrible y por esto mismo —agregó un delegado de Ezeiza— crece el desengaño político con los representantes de este régimen, a la cual debemos responder con una organización socialista de masas de la juventud. A partir del reclamo de una pelota de fútbol —explicó— de espacios y recursos para la actividad deportiva; debemos organizar un movimiento y nuestros locales deben ser el centro de la organización social, recreativa y cultural de la juventud de cada zona. La cuestión del arancel y la lucha contra el limitacionismo estuvo presente en la intervención de varios compañeros universitarios. Se planteó la necesidad de una campaña nacional contra el arancelamiento. Los compañeros de La Plata llamaron a recuperar los Centros de manos de los representantes burocráticos del régimen que los han vaciado de todo contenido reivindicativo, por medio de la formación de Cuerpos de Delegados, Asambleas soberanas y la unidad docente-estudiantil. También los secundarios ocuparon la tribuna para denunciar el caos y la regimentación imperante en la escuela media; las deserciones de profesores y alumnos, las condiciones de estudio deplorables, el ajuste del torniquete represivo por la vía del sistema de faltas y las sanciones disciplinarias. Tenemos que dirigirnos directamente a la masa secundaria —dijo un compañero de Salta— y ser protagonistas de la organización masiva de los Centros, la autorganización estudiantil contra los estatutos y reglamentos burocráticos. Planteamiento político En el Congreso se registraron las tendencias de lucha que se agitan en el seno de la juventud. La cantidad de compañeros presentes reflejó un aspecto de la radicalización de la juventud, puesto que duplicó en número a las delegaciones presentes en el plenario nacional de la UJS de mayo último. El Congreso aprobó una resolución política general que define políticamente a la UJS como la organización que lucha por la “fusión de la juventud con la clase obrera en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, es decir, por la expropiación del capital y el establecimiento del socialismo, por la fraternidad entre hombres y pueblos libres”. La UJS se plantea la organización de la juventud trabajadora como su objetivo estratégico para arrancarla de la influencia de la burguesía y darle un marco de desarrollo propio, en el terreno de la lucha de clases, de la dictadura del proletariado y del socialismo internacional. Tareas Junto a la resolución política general el Congreso aprobó una plataforma de reivindicaciones. Fue elegida una dirección nacional de la UJS y se aprobó una campaña inmediata contra el indulto menemista y la participación en la Marcha de la Resistencia. El Congreso aprobó también la realización masiva de cursos de verano de formación política para la juventud y la colaboración de toda la UJS durante el receso lectivo en las tareas de extensión e implantación de la UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO entre la juventud trabajadora y barrial, por los derechos de la juventud, contra el proyecto superexplotador de la “flexibilización" laboral, por la puesta en pie de una organización de masas y de lucha de todos los jóvenes oprimidos económica, social, cultural y políticamente por el capitalismo. ¡Manos a la obra! Juventud sin fronteras Un compañero chileno de Mendoza y un compañero paraguayo de Corrientes pidieron la palabra en el Congreso de la UJS para subrayar la importancia que tenía la propuesta de la organización socialista, independiente, de masas para organizar también a los jóvenes de los países fronterizos que se concentran en varias ciudades de nuestro país. Las limitaciones del nacionalismo burgués no son un fenómeno "argentino", las burguesías de América Latina se arrodillan ante el imperialismo y el capital financiero. La UJS puede y debe ayudar a esta juventud explotada de nuestras naciones hermanas. El Congreso aprobó en este sentido luchar por la unidad latinoamericana de la juventud bajo la gran consigna de "por los Estados Unidos Socialistas de América Latina".

Los trabajadores de la Casa de la Moneda resolvieron en una Asamblea realizar un paro de actividades de 3 horas por turno para reclamar, entre otras cosas, lo siguiente: a) 60% de aumento por recuperación del salario. b) Se les abone el premio a la participación en las ganancias que este año se les ha negado. c) Que se instituya el convenio propio. A pesar de las intimidaciones de funcionarios gubernamentales las medidas se mantienen con firmeza.

Quince días atrás los trabajadores de KICSA comenzaron un quite de colaboración reclamando una deuda salarial atrasada. Desde el mes de agosto que los compañeros tienen sus salarios congelados con quincenas de hambre que oscilan entre los 35.000 y los 45.000 australes. Ante la negativa patronal a considerar el reclamo, una asamblea votó profundizar el plan de lucha con paros por turno que llevaron a la paralización total de la planta. Luego una nueva asamblea rechazó la conciliación obligatoria decretada por el ministerio de trabajo y aprobó continuar con la lucha hasta arrancar un aumento del 51% sobre el básico de 90.000 australes. La patronal despidió entonces cien compañeros y suspendió a los trescientos cincuenta restantes. En respuesta a esta acción provocadora de la empresa, otra asamblea votó la permanencia en la planta hasta la reincorporación de todos los compañeros. La ocupación duró dos días hasta que la planta fue desalojada por un Juez y la policía de la provincia. El lunes 6, los compañeros resolvieron entrar a la fábrica pero no trabajar hasta que reincorporen a los cien compañeros cesantes. Ahora existe la nueva amenaza de un nuevo desalojo. La fuerza, decisión y vigor de los trabajadores de KICSA —que han resuelto cada uno de sus pasos en asamblea— choca sin embargo con la parálisis de la UOM regional de Di Tomaso. ¡La lucha de los compañeros de Kicsa debe triunfar! El PO está impulsando la solidaridad activa y el reclamo de un inmediato plenario regional de delegados para que vote el paro solidario en toda la zona. 7/11

Los médicos del Hospital Municipal, que carecen de convenio, se organizaron y decidieron reclamar su categorización y municipalización, y su integración al gremio municipal, ya que el Hospital pertenece a la comuna. Para respaldar su pedido, pararon durante 46 horas hasta que la intendencia aceptó. Sin embargo, el Intendente descontó los dos días de paro, por lo que se fue a una huelga indefinida, que duró 13 días. Esta finalmente fue levantada ante la promesa de no descontar los días de paro. Ahora resulta que el dirigente del sindicato municipal y el de la CGT regional que firmaron el acta se habrían comprometido a trabajar varios sábados, fuera de horario, para recuperar los días “perdidos" de paro. Al conocer esta versión, una asamblea de municipales repudió este acuerdo y se resolvió no trabajar los días "pactados” a sus espaldas.

Tres trabajadores de Piedra del Águila cayeron al vacío desde una altura de ocho metros al romperse —el pasado viernes 3— un andamio en el que estaban trabajando. El "accidente" —que ocasionó diversas heridas a los compañeros— se produjo exactamente 24 días después de que en un hecho similar, y por las mismas causas (rotura de andamio), murieran tres trabajadores de la represa. Los accidentes en Piedra no son, sin embargo, accidentales: “el número de accidentes por mes supera los 100, más del 15% graves" (Río Negro, 5/11). En lo que va del año han muerto cuatro compañeros. ¿Cuántos han quedado con secuelas o incapacidad permanente? Luego del trágico accidente de hace un mes, una de las asambleas más masivas de la historia de Piedra resolvió elaborar un reglamento de seguridad y nominar un delegado por cuadrilla para imponer su cumplimiento. La patronal se niega a reconocer este reglamento y a los delegados con la excusa de la “ausencia del director de la obra". Mientras tanto, los compañeros siguen accidentándose. Ante esta situación, una nueva asamblea resolvió no trabajar en los sectores considerados “peligrosos". El viernes 3 se demostró, sin embargo, que “toda la obra es peligrosa". Los “accidentes” en Piedra del Águila son la consecuencia del desprecio por la vida del obrero que caracteriza a la explotación capitalista. Para los patrones, la seguridad de los trabajadores es un gasto improductivo que hace menos “rentable" su empresa. La burocracia sindical es co-responsable de estos “accidentes” porque nunca ha planteado el control obrero sobre las condiciones de trabajo y se atrinchera en la posición de la indemnización por accidente En la obra no hay siquiera médico sindical porque la Obra Social está vaciada por la conducción sindical que encabezan los ahora enfrentados Farías y Gerardo Martínez. La acción del Ministerio de Trabajo tan activa para decretar arbitrajes obligatorios o la ilegalidad de las luchas, es nula en el control de los accidentes de trabajo. Los “accidentes” siguen y los beneficios de UCASA aumentan... Es necesario el control obrero de las condiciones de trabajo.

Se acaba de destapar la existencia de un nuevo grupo clandestino dentro de la Policía Federal. Ya se sabe que “Los Arcángeles" se dedicaban a acaparar armas y a robar autos y que estarían vinculados también a asaltos a empresas y a secuestros extorsivos. La banda criminal operaba —como ya es común— bajo la pantalla de una “agencia de investigaciones" y estaba ampliamente ramificada en la policía Se trata de otro de los “grupos de tareas" que se adiestraron en secuestros bajo la dictadura y que se enriquecieron chantajeando a empresarios durante el gobierno radical. “Los Arcángeles" son, además, fascistas declarados, sostenidos por una organización católica derechista —PROLATIN— especializada en campañas “moralizadoras" y macartistas. El líder de todos estos delincuentes fue uno de los principales testigos en el juicio de "La Tablada", y su testimonio fue tomado para decretar las sentencias a perpetuidad a los miembros del MTP.

"EI ex-coronel Seineldín fue dado de baja por el Ejército pero no por el pueblo argentino". Esta inusitada afirmación de Menem sólo puede interpretarse de una manera: el presidente ha creado el primer para-militar oficial. Semejante planteo “subversivo'' no ha sido desafiado hasta ahora por ninguno de los sectores liberales o ubaldinistas del gobierno. "Si el gobierno necesita de él, lo llamaremos" agregó el mandatario. Esto originó la versión que pintaba al jefe carapintada como comandante de “un grupo de tareas de despliegue rápido destinado a enfrentar el narcotráfico y las conmociones urbanas y rurales”. “Prensa Obrera" ya había denunciado estos planes hace más de un mes. Se trata de un cuerpo paramilitar. El pase a retiro de Seineldín significa, por lo tanto, una resolución, apenas transitoria, de la crisis militar en favor de los generales del Pentágono. Seineldín decidió acatar la decisión de Cáceres luego de una serie de entrevistas con funcionarios gubernamentales y con el propio presidente, porque simplemente no tiene alternativas fuera del gobierno de Bunge y Born. Habría, sí, recibido seguridades de que los cuatrocientos oficiales que participaron en los alzamientos no serían sancionados ni obligados a renunciar y que serían ascendidos a fines del año próximo. El pase a retiro de Seineldín, no ha cerrado la crisis militar como afirma el presidente. No en vano, el vocero oficioso de Seineldín, La Prensa, afirma que “esos oficiales serán los que tendrán ‘los fierros' (mando de tropa) en su poder a partir de 1990".

¿Qué diferencia hay entre un Bussi, un Menem o un Alfonsín? La diferencia es solamente de grado o de matiz. Todos son representantes de la misma clase social explotadora y en algunos casos hasta de los mismos pulpos económicos. Alfonsín reprimió con el estado de sitio al pueblo hambriento; Menem indultó a los militares, completando el trabajo de los radicales, Bussi y Menem se pusieron de acuerdo en vísperas de las elecciones en Tucumán en torno a un sistema electoral que mantuviera la mayoría peronista en la Legislatura aunque las elecciones las ganara el ex dictador de la provincia. A cambio de esto la nueva Legislatura menemo bussista se ha comprometido a aprobar la ley de emergencia que habrá de barrer con las pocas conquistas que les quedan a los tucumanos. Al votar mayoritariamente por Bussi el pueblo de Tucumán votó por su victimario a igual título que si lo hubiera hecho por cualquier otro de sus rivales patronales. La ciudadanía tucumana ha sido víctima de la demagogia de un hombre de la dictadura militar, que denuncia la corrupción del Estado burgués del que forma parte mientras prepara su propio sistema de corrupción y de represión, como ya ocurriera bajo la dictadura pero ahora bajo el paraguas de la democracia. Cuando los políticos patronales democráticos se desgarran las vestiduras debido a que el pueblo tucumano votó por el seudo-partido del ex dictador, pretenden con ello disimular su carácter de representantes de los explotadores y de victimarlos de las masas, y colocarse en un plano cualitativo diferente al de Bussi. Pero no es así. Las masas no se han "descarriado" —siguen detrás de los representantes de su clase enemiga. Las elecciones en Tucumán han servido de registro, principalmente, de la enorme bancarrota del radicalismo, es decir del gobierno anterior, de cuyo electorado Bussi ha sacado el 90% de sus votos. Se trata de un hecho interesante si se tiene en cuenta que el radicalismo no ha gobernado a Tucumán. Es indudable que las masas tucumanas han sido llevadas a concluir, al menos en una gran parte, que la responsabilidad exclusiva de la miseria en la provincia la tenía el gobierno nacional y a conservar así su atadura al peronismo. Sin embargo, una gran parte del gran Tucumán, donde se concentra una de las zonas de mayor pobreza en la provincia, votó por Bussi y no por el peronismo. Según los voceros de éste, se habría “castigado” así al mal gobierno de Domato, gobernador de Tucumán. Es decir que en este caso se ha echado la responsabilidad sobre el gobierno de la provincia, no sobre el gobierno nacional. Todo esto traduce la enorme confusión política que existe entre los explotados tucumanos y en la pequeña burguesía. Las masas están en una terrible impasse, que si por un lado las ha llevado a votar por Bussi, por el otro es un anuncio de inminentes explosiones populares, esto porque la nueva Legislatura menemo-bussista habrá de agravar con su acción el desgobierno de Domato en la provincia y de Menem a nivel nacional. Las elecciones son siempre y únicamente una cara de la moneda, y en determinadas circunstancias la menos relevante. Tucumán todavía va a ser pródiga en giros muy bruscos. Las elecciones han disimulado la virtual bancarrota del justicialismo, la cual es seguramente el resultado más importante de las elecciones. El PJ solo puede subsistir gracias a una ley que permite la formación de lemas y sub-lemas hasta el infinito dentro de la boleta de un mismo partido. El PJ le esquivó así a la división y a la catástrofe electoral. Pero ninguno de sus caudillos logró ser elegido por el distrito de la capital. El justicialismo ha dejado virtualmente de existir, y esto se va a acentuar todavía más, si cabe, dada la enorme debilidad con que emerge de las elecciones el débil gobierno de Do-mato. Apenas éste intente pasar las leyes de emergencia provincial y las que reclama la Fundación del Tucumán, que reúne a los 60 principales pulpos que actúan en la provincia, Tucumán ingresaría en una situación de crisis compleja que dejará planteada la intervención federal. Menem se tendrá que poner de acuerdo con Bussi para esto, y con el conjunto del aparato represivo. El justicialismo quedará reducido a un papel decorativo. Esta catástrofe política obligará a las masas a buscar Intensamente una orientación revolucionaria. Amplios sectores han ido detrás del bussismo como consecuencia exclusiva de su gran desmoralización política. Las luchas libradas en los últimos años no han logrado evitar la miseria. El justicialismo y la burocracia sindical llevaron a los trabajadores tucumanos a una derrota tras otra. La superación de esta situación habrá de venir de las próximas luchas y del desenmascaramiento que ellas produzcan de la demagogia menemo-bussista. El bussismo es un fenómeno regional, que hunde sus raíces en el aparato represivo y burocrático de la provincia que tiene un peso desorbitado en el Estado tucumano. También tiene sólidos lazos con la minoría de explotadores de la provincia, que controla el 80% de su movimiento económico y financiero. Para que se pueda desenvolver como una alternativa en el plano nacional, debería poder desplegar una demagogia social muy acentuada y delimitarse del gobierno menemista. Los Bussi o, para el caso, los Seineldín, no tienen condiciones objetivas ni subjetivas para jugar ese rol “desestabilizador” cuyo resultado final no podrían garantizar. En realidad, el fenómeno de Bussi es la expresión del movimiento epiléptico de la crisis del Estado burgués y de sus partidos, y que próximamente tendrá un reflejo complementario en el triunfo de la Unidad Socialista en las elecciones municipales de Rosario. Pero Bussi tiene menos títulos de alternativa duradera que Estevez Boero. Los comentaristas periodísticos no han logrado ver en las elecciones tucumanas el fenómeno realmente decisivo de la bancarrota del peronismo, y por sobre todo de la evolución política que este hecho puede producir en las masas. La experiencia tucumana demuestra la ilusión que la democracia burguesa representa para las masas en condiciones de disolución del régimen capitalista.

Petroquímica PASA está ubicada en el cordón industrial de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Esta empresa pertenece al holding de Perez Companc. En ella trabajan alrededor de cuatrocientas personas entre obreros y empleados que están agrupados en un sindicato por fábrica. Días pasados se originó un conflicto en reclamo del cumplimiento de un acuerdo que prevé el ajuste salarial por inflación y que la patronal dejó de efectivizar a partir de la hiperinflación de julio. Frente a la intransigencia patronal y agotada todas las instancias los trabajadores decidieron quedarse en planta sin cumplir tareas. Con la misma celeridad que actuaron en La Plata para desalojar a los Obreros de Techint o en Quilmes con los obreros de Cattorini, aquí también un juez hizo desalojar compulsivamente a los trabajadores. Luego, como también viene ocurriendo en todos lados, la patronal procedió al despido de una parte del personal, donde por supuesto están incluidos los dirigentes, delegados y activistas más combativos. La burocracia sindical adopta frente a estos hechos concretos la misma conducta, no importa si es ubaldinista o de la Mesa de Enlace: dejar aislados los conflictos para que se desangren y mueran sin darles ningún tipo de apoyo efectivo. Tanto en el conflicto de PASA como en otros donde las internas están identificadas con el ubaldinismo, la solidaridad que han recibido estos trabajadores en huelga no ha ido más allá de la exhortación o los buenos deseos. Otra característica de estos conflictos es el esfuerzo que hacen estas direcciones para que el conflicto no salga de las fronteras de la fábrica y para que se encarrile por medio de los funcionarios de gobierno, diputados, senadores o Incluso, la burocracia sindical, con la esperanza de evitar que la huelga se extienda. Entretanto, el gobierno impone la conciliación obligatoria con los despedidos afuera, declara Ilegales las huelgas o amenaza anular las personerías gremiales de esos sindicatos. Mientras los dirigentes de PASA hacían gestiones en la Capital Federal, Triaca se declaraba abiertamente en contra de los huelguistas acusándolos de no comprender la emergencia nacional que estamos viviendo. En los pronunciamientos de solidaridad producidos ritualmente por el justicialismo como por la burocracia sindical no se dice que Perez Companc pertenece a las empresas saqueadoras que han llevado al hundimiento nacional y mucho menos que esta patronal recibió un subsidio del Estado por 15 millones de dólares con lo cual podría mantener los salarios de los trabajadores de PASA por varios años, aun si éstos no produjeran nada. Por si esto fuera poco, Perez Companc le transfirió su deuda externa al Estado argentino por varios millones de dólares que paga el pueblo con tarifazos, impuestos y bajos salarios. Todos estos son hechos políticos y necesitan respuestas políticas. A la división que instrumentan las patronales entre los cesanteados y los que aún siguen conservando el trabajo tenemos que responderle con la unidad en la lucha formando piquetes para que nadie quiebre la huelga. A los rompehuelgas, que, como en el caso de PASA, introduce la burocracia sindical de la UOCRA, solo se los puede expulsar organizando a los huelguistas y apelando a la solidaridad efectiva de la CGT y de los otros sindicatos.

A tres semanas de las elecciones municipales de Santa Fe, el gobierno de Reviglio ha enviado a la Legislatura los proyectos de “emergencia económica" y de "reforma del Estado". Se establece el desenganche de los bancarios y los judiciales respecto de sus convenios nacionales y se coloca "en disponibilidad" a todo trabajador estatal. Se prevé la entrega de los servicios públicos, de la banca oficial y de las empresas provinciales a los mismos que las fundieron: el gran capital. Se propugna también la transferencia de los servicios de educación y salud a las quebradas municipalidades de la provincia, lo que no es más que el preámbulo de la privatización de estos servicios. ¿Cuál es la posición de los candidatos que se disputan la intendencia de Rosario frente a esta ofensiva? Alberto Joaquín —candidato del Frejupo en Rosario— ha planteado, precisamente, la "descentralización y municipalización" de hospitales y escuelas, así como un amplio plan de privatizaciones que incluye al propio puerto de Rosario. El programa de Joaquín está cortado a la medida de las leyes de Reviglio, que las “copió” —a su vez— a Dromi y Rapanelli. Consiste en definitiva en hacerle pagar al pueblo rosarino la bancarrota provocada por los explotadores. Pero, ¿qué dicen sus opositores? Radicales y “socialistas” D'Ambrosio, el candidato rosarino de la UCR, acaba de pedir la intervención federal a la provincia, ¡en oposición a un fallo de la Corte Provincial que equipara — hacia arriba— los salarios de los municipales de Rosario con el resto de los municipales santafecinos! Para el angelocista D'Ambrosio esta recomposición salarial es un síntoma definitivo de "desgobierno". El radical D'Ambrosio resulta así el más consecuente de los menemistas. Sobre el mismo tema, el “socialista" Cavallero advertía que el fallo de la Corte “compromete seriamente, aún más de lo que ya se encuentran, las finanzas municipales" (!!) (La Capital, 3/11). Es decir que si usted vota a Cavallero, la Intendencia no va a cumplir con el aumento a los municipales. Para dejar las cosas más en claro, Cavallero señaló ante todo el periodismo rosarino que no sería un Intendente opositor “al gobierno legítimamente electo el 14 de mayo". Esto, después de las leyes de emergencia. Si Cavallero gobierna Rosario lo hará con los planes de Bunge y Born. Los trabajadores intervienen Las reivindicaciones de los trabajadores de Santa Fe van en sentido contrario al señalado por los Joaquín, D'Ambrosio o Cavallero. AMSAFE ha retomado la lucha por el salario, con un nuevo paro de 24 horas en este martes 8. Los trabajadores del Banco Provincial acaban de parar por el salario y contra la ley de emergencia. La federación municipal afronta un plan de lucha. En San Lorenzo, los obreros de PASA resisten una ofensiva patronal sin precedentes (ver artículo). El 26 de noviembre, es necesario darle a esta tendencia de lucha una expresión política adecuada. Detrás de angelocistas, menemistas y “socialistas" hay un mismo libreto: el de Bunge y Born. A través del voto al Partido Obrero, la vanguardia obrera, juvenil y barrial de la provincia debe pronunciarse por la defensa integral de sus reivindicaciones, y por su organización política independiente de los partidos y candidatos del gran capital. Santa Fe, San Lorenzo, Rosario: No a los ¡partidos del estado de sitio! Hace solo cinco meses el pueblo de Rosario fue protagonista de un gigantesco movimiento popular contra la hambruna a que lo sometían los grandes remarcadores capitalistas. La "salida" que aportaron radicales y justicialistas a esta desesperada rebelión fue el Estado de Sitio, bajo el cual más de 1.500 rosarinos fueron detenidos en el curso de pocos días. El Estado de Sitio lo decretó Alfonsín, previamente lo había reclamado el gobernador santafesino Reviglio (quien además quería que se aplicara la ley marcial en las barriadas de Rosario), en tanto Menem, desde La Rioja, exigía la suspensión de las garantías constitucionales contra el mismo pueblo que lo habla votado. Al final el estado de sitio fue votado por las bancadas de la UCR, el PJ, la Ucedé y la Unidad Socialista. Hace cinco meses, estos partidos apalearon al pueblo a cuenta de los remarcadores. Este es el verdadero programa que no osan difundir en sus campañas electorales Advertimos al pueblo de Santa Fe que detrás de los Joaquín, D'Ambrosio y Cavallero están los partidos que pidieron a gritos el envío de la Gendarmería y de la Federal contra las masas. ¡Abajo los candidatos del Estado de Sitio y de los remarcadores! ¡Fuera los Bunge y Born! Votar por el Partido Obrero el próximo 26 de noviembre.

Exactamente cuatro meses después de asumir, el gobierno de Menem-Bunge y Born tiene que enfrentar la colosal huelga de los choferes de colectivos. Con asambleas de base, con piquetes, con coordinadoras interlíneas, los obreros del volante han señalado un camino a todos los trabajadores del país. “Primera gran huelga salvaje contra el gobierno” titulan los “civilizados” diarios que apoyaron al régimen que torturó y asesinó a decenas de miles de personas. Huelga de todos, contra los ₳ 60.000 con que quieren convertir a la mayoría de la nación en un ejército de pordioseros. Huelga de todos, contra la burocracia sindical, que no tiene otro principio que la defensa de sus privilegios. “Terminó la espera” plantean los choferes junto a los maestros, a los empleados públicos, a los bancarios, a los centenares de miles que están luchando en todo el país contra los Bunge y Born y “su” estado. “Terminó la espera”, es una conclusión que debemos sacar todos para emprender la lucha a fondo por el 100% de aumento y por la plena vigencia de los convenios, a partir de asambleas soberanas y genuinas direcciones de lucha. Los choferes perciben un básico de ₳ 37.000 que con presentismo, boletera y otros complementos redondea un "conformado” de ₳ 58.000. Restándoles los descuentos, les quedan unos ₳ 47.000 al mes, luego de jornadas agotadoras de no menos de 10 horas por día. En larga distancia, el ingreso no supera los ₳ 80.000 y los choferes deben hacerse cargo del alojamiento en los lugares de destino, lo que se lleva la tercera parte del sueldo. Desde hace casi dos meses, los reclamos frente a esta situación desesperante fueron ahogados entre la burocracia sindical y el Ministerio de Trabajo, mediante dos conciliaciones obligatorias sucesivas. Pero el martes 7 confluyeron dos hechos: venció la conciliación y se cobraron los sueldos sin un peso de aumento. Peor aún, en varias líneas las empresas descontaron adelantos ya otorgados y hubo trabajadores que no cobraron ni 10.000 La reacción fue previsible: los choferes abandonaron en el acto las unidades, improvisaron asambleas en las que se votó la huelga general, el reclamo de 120.000 de básico y el rechazo a cualquier represalia contra los trabajadores en lucha. Allí se organizaron concentraciones de micros en los nudos de transporte —Avellaneda, Liniers, Vicente López— y piquetes de huelga que convirtieron el movimiento en un paro total. Hacia el mediodía más de un centenar de activistas confluyó en la sede central de UTA reclamando el paro general y puteando a viva voz a los dirigentes del sindicato. La burocracia, que prometía un paro de actividades para el viernes, se encontró con una huelga resuelta por la base y de apuro decretó un paro de 36 horas y más tarde uno de 24 horas en las líneas de subtes. Contra la infinidad de pronunciamientos que plantearon la huelga general por tiempo indeterminado, la burocracia se jugó a limitar el movimiento de lucha a un paro parcial. Sin embargo, cuando en la noche del miércoles 8 fracasan las tratativas con la patronal y el gobierno declara un ilegal "arbitraje obligatorio”, la burocracia no tiene otra salida que declarar la huelga indefinida. El movimiento de huelga se extendió por todo el país en cuestión de horas. En una asamblea que duró cinco minutos, los choferes de Córdoba resolvieron el paro por tiempo indeterminado. En Mendoza donde el sindicato local no está afiliado a la UTA, se aprobó el paro por 36 horas. El miércoles 8, la deserción del transporte dio paso al vaciamiento de escuelas y lugares de trabajo y la jornada tuvo características de paro general en vastas zonas del país. Una huelga de todo el pueblo Contra la campaña que han montado los "comunicadores” de la hipocresía como Neustadt, que acusa a los choferes de hacer una huelga “contra los pobres que no pueden volver a sus hogares", el paro fue inmensamente popular entre los trabajadores. El sobre de los ₳ 57.000 agitado por los choferes era, chirola más o menos, el sobre de todos y la conclusión general: "esto es lo que tenemos que hacer todos”. La huelga permitió mostrar una salida al empantanamiento de las paritarias y reactivó las tendencias a la lucha en todos los gremios. A estas horas, la Circunvecina de Fraternales y seccionales ferroviarias discuten la posibilidad de un paro para el próximo viernes. El Ministerio de Trabajo intimó al levantamiento de la huelga y amenazó luego con la aplicación del "arbitraje obligatorio" pero éstas son sólo bravatas en tanto la burocracia de UTA no garantiza encuadrar el movimiento y desmovilizar a la base. El ubaldinista Palacios especula con la desorganización del activismo para volver a tomar las riendas, pero el choque con la base es muy profundo y ha calado muy hondo en la masa del gremio la esterilidad de los paros parciales y de nuevas "conciliaciones" o "arbitrajes". A su vez, cualquier concesión salarial desmorona el frente de gobierno y patronales en torno a los ₳ 12.000 o el 13%. Está planteada la asamblea general para imponer lo que ya resolvieron las bases: paro por tiempo indeterminado hasta obtener lo reclamado. Que nada se firme sin asamblea general. Impulsar las coordinadoras de delegados interlíneas, punto de partida para expulsar a la burocracia entreguista. "Si no luchamos vamos a quedar peor que antes" Dicen los compañeros de la 504 en Puente La Noria En el puente La Noria decenas de choferes se concentraron para organizarse y bloquear la General Paz y el acceso a la zona Sur. La combatividad es enorme. Todos se pronuncian por el paro y su garantización por medio de asambleas y piquetes. Allí dialogamos con los compañeros. P.O.: Los choferes decretaron un paro para luchar por sus salarios. El Ministerio da Trabajo dice ahora que va a decretar nuevamente la conciliación obligatoria. ¿Qué pensás? Ricardo: Yo opino que el paro debe ser por tiempo indeterminado. Esta es la posición de la mayoría de los choferes, que somos los que sufrimos las consecuencias de estos salarios de miseria que nos pagan. P.O.: Después del paro decretado por la base, la conducción de UTA larga un paro por 36 horas. ¿A dónde crees que apunta? Ricardo: ¿Por qué la UTA declara ahora este paro? Es raro, ¿no? Yo creo que es una maniobra de la burocracia para aparecer como "combativa", y tratar de ponerse, después que la base la "sobrepasó", a la cabeza del movimiento. Pero esto es "trucho", porque en realidad con esta medida lo único que intentan es parar la lucha. Ahora el Ministerio de Trabajo va a decretar la conciliación obligatoria y la burocracia la va a volver a acatar. Si no luchamos vamos a quedar peor que antes. No te olvides que ayer terminó una conciliación obligatoria y no se obtuvo ninguna mejora para el gremio. P.O.: Hoy muchos compañeros que plantean concretamente que la única alternativa es el paro por tiempo indeterminado. Ricardo: El paro debe ser por tiempo indeterminado. Los paros progresivos nunca han dado resultado. Además la mayoría de los choferes estamos de acuerdo con el paro por tiempo indeterminado. Ayer hubo compañeros que cobraron 3.000. Si paramos un día nos lo descuentan y no se consigue nada. No nos queda otra que el paro por tiempo Indeterminado. Por lo menos estás luchando por defender tu salario y no como ahora que laburás un mes y no cobrás un mango. "El que nos está cagando es el gobierno que votamos nosotros" A las once de la mañana del pasado 7 de noviembre, la sede central de la UTA estaba virtualmente rodeada por más de 300 choferes que hablan concurrido a la puerta del sindicato a reclamarte a la burocracia que largue un plan do lucha hasta conquistar el conjunto de los reclamos levantados por los choferes (ver reportajes). El clima, de tensión y de combatividad, había llevado a la directiva del gremio a mantener bajas y trabadas las rejas de la entrada. Por todos lados, alrededor de las esquinas, se improvisaban corrillos y pequeñas asambleas de choferes que esperaban los resultados del diálogo de la representación de las líneas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires con si gremio, que habían subido a plantear su posición a la dirección do la UTA. En un momento de esos, antes de que la dirección del gremio se aviniera a la declaración de la medida de fuerza, los delegados de la coordinadora de líneas de zona norte salieron e informaron al resto de los compañeros. Uno de los delegados informó que se les había dicho todo a los burócratas, porque "entre nosotros, aquí, no hay tramoya. Todo lo que pedimos, y que también el que nos está cagando es el gobierno, el gobierno que votamos nosotros y que es nuestro y con el que estamos viviendo una situación que es la peor de los últimos seis años. Nunca nos pasó una cosa así, en General Sarmiento nos mandaron la infantería", denunció. Mientras tanto, algunos muchos coreaban: “¡Ay, Ay, Ay, Ay, este gobierno es liberal!” Corresponsal "Decidimos salir a pelear, y chau, nos mandamos" Son las primeras horas del martes 7. En la ruta 197 y la Panamericana hay piquetes de choferes que paran las líneas que los cruzan. Compañeros de Prensa Obrera llegan con delegados de la línea 741 para intercambiar ideas con compañeros de la Independencia (una de las líneas más grandes de la Zona Norte). Estaba por comenzar una Asamblea. Mientras se generalizaba el conflicto y se sumaban nuevos trabajadores, realizamos estas notas. Con Eduardo González, delegado de la línea 741. E.G.: Salimos al paro para recuperar el despojo salarial que sufrimos en Junio, del 65 por ciento, y que nos ha dejado en una situación insostenible". P.O.: ¿Cómo se resolvió el paro? E.G.: Hizo punta la 740. Vinieron a pedir apoyo a nuestra línea y a la 365 (La Independencia). Resolvimos parar y fuimos a plantear lo mismo a la línea 176 (la que finalmente se plegó en la mañana del 7 de noviembre). La gente dijo que había que parar. La decisión es de todos, pero viene desde muy abajo. Somos 110 choferes. La gran mayoría de nosotros, cuando fuimos a cobrar nuestro salario, no cobramos casi nada y algunos quedaron debiendo dinero a la empresa. Los que más cobraron recibieron 10.000 o 15.000 australes. P.O.: ¿La bronca viene desde el último conflicto? E.G.: La conciliación obligatoria que nos impuso el gobierno consideramos que no fue legal, porque estábamos trabajando a código. Fuimos a la justicia y fallaron en contra de UTA y dieron cinco días hábiles que se vencieron el 6 de noviembre. Nosotros pedimos movilización a UTA de zona norte, hacia la sede central del gremio, a la Plaza de Mayo, y no resolvieron nada. P.O.: ¿Cómo observan el conflicto? E.G.: No tememos que lo declaren ilegal y pensamos realizar el paro hasta conseguir lo que queremos. Con Manuel Arraigado y Oscar Escobar, delegados de la Línea 740 M.A.: Somos 700 compañeros en la línea. La asamblea decidió paro general. P.O.: ¿Qué posición adoptó la UTA? M.A.: Apoyo moral (se ríe). Pero nosotros decidimos salir a pelear solos y chau, y nos mandamos. P.O.: ¿Y si hay despidos? M.A.: No pueden tocar a ningún tipo de compañero porque con todos vamos a salir a defenderlo. P.O.: ¿Cómo es la situación con la empresa? M.A.: El diálogo está roto y no vamos a permitir los despidos porque nos van a tener que despedir a todos. P.O.: ¿Cuáles son los pasos a seguir? M.A.: Mañana queremos salir hacia UTA central (por el 7 de noviembre) y al ministerio, para sacar una solución de conjunto y no un arreglo por líneas en forma individual Nuestro reclamo es de 70.000 australes a marzo sin descuentos y que a partir de allí se incremente el salario. P.O.: El presidente Menem ha declarado hace unos días que si hay huelgas se descontarán del salario los días caídos y que si no se resuelve así se Impondría la conciliación obligatoria... M.A.: Nosotros queremos preguntarle a Menem si con conciliación obligatoria nosotros vamos a cobrar lo que necesitamos para darle de comer a nuestros hijos. P.O.: ¿Cómo sale el paro? O.E.: Las bases están cansadas del manoseo, de ir de conciliación en conciliación, y no hay satisfacción para nuestros reclamos, que son cómo darle de comer a nuestros hijos. P.O.: ¿Cómo se organizó el paro? O.E.: La 740 hizo punta, porque había cosas que venían desde muy abajo. Faltaba que alguien hiciera punta y la gente se fue plegando. P.O.: ¿Qué opinan del plan Bunge y Born? M.A.: Que es bueno, para las empresas y para el Estado Pero para nosotros es un costo muy caro porque es hambre para todos nosotros y para nuestros hijos. Por eso pedimos aumento de salarios.

Dos activistas cordobeses se encuentran presos por su supuesta participación en los “disturbios'’ frente a la Legislatura de Córdoba. El Juez les ha negado la excarcelación como si fueran autores de un crimen personal. El régimen del indulto tiene dos varas y dos medidas. ¡Los compañeros deben ser puestos en libertad! ¡Deben ser desprocesados! La delincuencia política contra la voluntad popular se encuentra no afuera sino adentro de la Legislatura. La inmensa mayoría de los estatales participó en las manifestaciones frente a la Legislatura y se indignó ante el indigno tratamiento nocturno que los legisladores dieron a la “emergencia económica'' para no deliberar bajo la presión popular. Todos somos Azar y Barrionuevo. O todos vamos presos o los compañeros deben quedar libres. Arranquémoslos de la cárcel.

El senado provincial aprobó por unanimidad y sin modificaciones la ley de “emergencia económica" que ya contaba con la media sanción de diputados. El tratamiento del proyecto fue adelantado en una semana y se lo votó en una noche para impedir que los trabajadores se movilizaran durante el debate parlamentario. Se repitió así el procedimiento ya empleado por diputados. La democracia burguesa sólo es practicable a “escondidas". Esto terminó de sacarle la máscara al justicialismo, que pretende defender los intereses de los trabajadores. El PJ presentó las modificaciones introducidas en el debate en diputados con una alteración del contenido del proyecto. Esos cambios, sin embargo, se limitan a establecer una supervisión bi-partidaria de las privatizaciones. El desenganche salarial de los trabajadores provinciales respecto de los gremios nacionales se mantiene, se modifican convenios y escalafones, y se instaura el régimen de asistencia y presentismo. La aprobación de la ley no hubiera sido posible sin la colaboración de la dirigencia sindical. Las CGTs locales no abrieron la boca sobre el proyecto. La dirigencia de los gremios estatales propició el apoyo a las modificaciones del justicialismo, con excepción de la dirección de EPOS (Obras Sanitarias). La reacción contra la ley tuvo por protagonistas a las bases de Luz y Fuerza, docentes y bancarios, que la repudiaron en asambleas y que se movilizaron el día de su tratamiento legislativo. Luego de que 7.000 compañeros marcharan hacia la Legislatura el martes 24, las burocracias de las CGTs como la de los gremios estatales se sumaron al coro de la burguesía y de los partidos patronales para repudiar las pedradas contra el parlamento que tan vilmente sé había comportado con la “voluntad popular". El cuadro de provocación montado por los explotadores y sus representantes políticos fue usado para acusar a dos compañeros, uno de EPOS (Barrionuevo) y otro del SEP (Azar) por los “disturbios", como si éstos no hubieran sido provocados por una repulsa popular. A ambos el juez les denegó la excarcelación, o sea que deberán pudrirse en la cárcel mientras dure el proceso, algo que puede llevar meses y años. La implementación de esta ley provocará sin dudas, la resistencia de los trabajadores. Esto plantea la inmediata discusión de un plan de lucha.

Con el correr de las horas se están sucediendo detenciones de compañeros choferes huelguistas. 4 choferes de la línea 720, otros 4 de la 740 y un compañero de la 520 están detenidos. Las patronales están marcando los activistas a la policía. El "patrón" de la FATAP, por radio, ha llamado a que el gobierno termine con los activistas y los piquetes de huelga. ¡Fuera la policía! ¡Libertad a los compañeros detenidos!

El gobierno de Menem se parece cada vez más en su impotencia al de Alfonsín. ¿Alguien duda a esta altura de que "la Casa Rosada no cambió de dueño”? El dólar a 830 australes y en camino a los 900 es un síntoma elocuente. Rapanelli, como hace nueve meses Sourrouille, ha abandonado a su suerte al austral. El valor de éste, y por lo tanto la inflación, ha vuelto a quedar a merced de la especulación capitalista. La razón de todo esto es evidente. En solo cuatro meses Menem aumentó el endeudamiento del Estado de 4.000 a 11.000 millones de dólares. El déficit que esto ocasiona por el pago de intereses, es de 400 millones de dólares por mes. Para cubrir estos pagos el gobierno emite moneda, cuya circulación aumentó en un 300% desde el 8 de julio pasado. Como se puede apreciar, el gobierno menemo-liberal no ha podido superar ninguna de las contradicciones provocadas por la bancarrota del Estado y por la impotencia de la clase capitalista para superar la crisis. Ninguna cantidad de entreguismo ha logrado aquietar las aguas. Ni el desmantelamiento de YPF, ni el de Entel, ni la libertad de comercialización del trigo, todo lo cual provocará un brutal aumento de la nafta, del teléfono y del pan, los conforma. Los capitalistas reclaman una nueva devaluación, nuevos superbeneficios y, por sobre todo, la represión del movimiento obrero. El podrido plan de Bunge y Born reclama una mayor inmolación de los trabajadores. Menem se proclama “gobierno fuerte” para atacar a los choferes, pero es impotente y servil frente a sus amos. Si los trabajadores no debemos permitir nuestra destrucción en aras de ningún plan capitalista, menos podemos hacerlo en función de uno condenado al temprano fracaso.

La huelga de los choferes es una bocanada de aire fresco en el país de la entrega, de la superexplotación de la miseria y del indulto. Es un acto de inconfundible dignidad ante el indigno saqueo del país y de sus habitantes por parte de los Bunge y Born, los Alsogaray los Citibank. No hay nada más digno que la defensa del salario, porque es la defensa de la familia y de la niñez trabajadoras. A través de los compañeros del transporte, los explotados le dicen BASTA a los explotadores. A través de la huelga del transporte, los trabajadores que hace cinco meses votaron al menemismo le dicen BASTA a la hipocresía patronal de Menem. La huelga de los choferes es una revolución en el movimiento obrero. Las bases impusieron sus aspiraciones y barrieron con la burocracia. Superaron las limitaciones del sindicalismo burocratizado formando Coordinadoras, que representan la voluntad de los trabajadores en lucha. Los choferes sacaron a las paritarias del limbo burocrático al que pretendían condenarlas la burocracia del Estado Bunge y Born y la burocracia sindical. Le dieron un corte al macaneo y salieron a la huelga indefinida y a los piquetes de huelga en defensa del derecho a vivir. Ellos son los únicos que defienden la “cultura del trabajo” contra la incultura de la superexplotación. “Huelga salvaje” —titulan los diarios del régimen y del capitalismo. ¡Salvaje, un cuerno! Salvaje es el sobre de ₳ 50.000 al mes por un trabajo agobiador. Salvajes son los superbeneficios de FATAP. Salvaje es la evasión de impuestos y de jubilaciones de las patronales. Salvaje es la “civilizada” explotación capitalista. La huelga indefinida y los piquetes son la respuesta humana y viril a la superexplotación animal del capitalismo. Si el gobierno liberal-justicialista tacha de “salvajes" a los choferes, es porque les piensa aplicar el método de la “civilización”. El “tigre de los llanos” está dispuesto a no ahorrar sangre de gauchos para defender a los Bunge y Born. Menem ha planteado la militarización de los choferes. Los trabajadores debemos responder a cualquier intento en este sentido con la huelga general. Los compañeros choferes marcan el camino. Los metalúrgicos, los químicos, ¡los ferroviarios!, los gráficos están al acecho. Pero la burocracia sindical los está conteniendo para evitar que se sumen a la huelga del transporte. Basta de dilaciones: hagamos todos como los choferes, salgamos ya a defender el pan de nuestras familias. Defendamos a los compañeros choferes contra la militarización con la huelga general. Luchemos por las reivindicaciones salariales aprobadas en asambleas. Salgamos ya a la huelga, para hacer fuerza junto a los choferes por las reivindicaciones comunes. Contra el enriquecimiento indecente de los capitalistas, defendamos un aumento del 100% de los salarios y de las Jubilaciones, y reclamemos un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que es de 300.000 australes. El Partido Obrero levanta como emblema y como ejemplo a loe compañeros choferes de UTA.