Prensa Obrera N° 285

Militante del PC de Ingeniero Budge "A los Compañeros del PO; “Les hago llegar mi expresión de solidaridad militante frente al atropello arbitrario que sufrieron vuestros dirigentes de reconocida trayectoria y compromiso, con la clase trabajadora y que amenaza extenderse a todos los sectores populares, que hoy como ayer tenemos que soportar esta política hambreadora y de entrega de nuestro país a los amos del norte. "Hoy nuevamente el pueble argentino, esa gran masa peronista, se ve defraudado, traicionado Esos dirigentes a los que entregaron su voto de esperanza, hoy los mandan apalear, asesinar impunemente. "Mientras que el gobierno tiene en el poder a los más nefastos saqueadores, que desde hace 100 años nos tienen hundidos en la miseria y la humillación. Hoy este gobierno “popular" se apresta a dejar en libertad genocidas que violaron, asesinaron, torturaron más de 30.000 compatriotas. "A los Seineldín que ayer se levantaron en armas contra la democracia, contra la voluntad del pueblo todo, este gobierno los reivindica y loa designa en puestos claves, para así asegurar un estado represivo, necesario para poder aplicar la política económica de los Bunge y Born y Cía. Ante todo esto no nos queda otra alternativa que organizamos, más allá de las ideologías y las banderías políticas, y así presentar una efectiva resistencia. "Reciban mi solidaridad y respeto." José O. Cardozo - Militante del PC - Ing. Budge 18/8/89 De ex militante del Mas "A LOS COMPAÑEROS DEL PO" “Les hago llegar mi más ferviente solidaridad activa. "Desde que el compañero Altamira, junto con otros compañeros, fueron detenidos en la sala de prensa de la Casa Rosada, a lo que siguió el cierre de los locales del Partido y la detención de otros integrantes del PO, no he dejado de explicar a todos los que me rodean a diario, cuál era el verdadero contenido de este alevoso ataque. "Este ataque que se realiza en el marco del régimen democrático, verdadera “careta" del sistema capitalista, deja al desnudo el verdadero carácter de clase de este estado, el estado burgués. "La represión, la prepotencia ante la posición fijada por el PO confirman lo dicho. "Conciente que sólo la denuncia sin tregua de este sistema corrupto y decadente es el camino para el esclarecimiento y la elevación del nivel de conciencia de las masas, lo que significará seguir engrandeciendo esta herramienta que es fundamental para la clase obrera y el pueblo, para que de una vez por todas y para siempre golpee como una gran maza, derrumbando los cimientos del sistema capitalista, destruyendo al estado burgués. "Con el lema ‘Destruir para Construir' digo: "No a la prosecución de la causa contra el PO "No a la persecución de los compañeros del PO y demás luchadores “Me despido con un abrazo militante." Hugo Raúl Cardozo - (ex militante del MAS) Ing Budge - 13/10/89 Del bloque justicialista de la legislatura de Santa Cruz De la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Bs. As. 24 de Agosto de 1989 Sres. del PARTIDO OBRERO "Estimados Compañeros: "Nos dirigimos a Uds. para manifestarles, una vez más, nuestra solidaridad ante las acciones judiciales seguidas contra los dirigentes de vuestra agrupación. "Entendemos que mediante ese juicio se quiere cuestionar la actuación de un partido claramente identificado con las luchas de nuestro pueblo y servir de advertencia al conjunto de fuerzas populares que resisten el plan económico de B.B., que significa hambre, desocupación y marginamiento para los trabajadores y el remate del patrimonio nacional. “Sabedores que ese plan profundamente antipopular y antinacional sólo puede llevarse adelante acompañado por represión, los sectores dominantes mantienen y refuerzan el aparato coercitivo. La proyectada impunidad total que se prepara para los militares imputados de graves crímenes contra los Derechos Humanos marcha en esa misma dirección. "Por todo ello es que reclamamos que se dejen sin efecto los procesos y que cesen las persecuciones a los partidos políticos populares. “Reciban un fraternal saludo.” Félix Cantero, Sec. General Héctor Luis Trajtemberg, Depto. Jurídico El elenco de "La Revistita" se solidariza Buenos Aires, 16 de octubre de 1989 "Compañeros: "Los abajo firmantes, todos integrantes del elenco de LA REVISTITA' nos solidarizamos con vuestros dirigentes y militantes. "Repudiando la persecución política desatada contra el Partido Obrero por el gobierno radical y que continúa ahora con las órdenes de loe cortesanos de Bunge y Born. "Reclamando el levantamiento de los juicios, y la libertad inmediata de quienes lo que hicieron fue denunciar a los saqueadores del pueblo." Rolando José Flores, Iván Moschner, Diego Ambrosios, Roxana Moschner, Sergio F. Coy, Fabiana Falcón, Karina Peisajovich, Karen Berestovoy, Mónica Pansian, Gabriela Moreno, Daniel Berenson, Daniel Begino, Luciano Suardi, Daniela Paz, Claudio G. Messina De Julio Raúl Bonini A los Compañeros del Partido Obrero: "Quiero expresar mi solidaridad con los compañeros que fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas represoras del gobierno seudo democrático alfonsinista, que después de hambrear a la clase trabajadora, han empujado a los desocupados, marginados, a una salida del momento, desesperada, para calmar el hambre y saquear los lugares donde habla comida. “Está claro que esta situación no fue ni planteada, ni provocada por el PO. Es consecuencia de la política económica de la burguesía, que primero cerró fuentes de trabajo, fugó capitales del país, utilizó los créditos para la especulación financiera y llevó a la clase más humilde a la desesperación colectiva. "Este ataque a los dirigentes que defienden a los trabajadores tiene como contrapartida el premio que se les da a los verdaderos saqueadores de la Nación. “Tomemos como ejemplo la deuda externa, esto sí es un saqueo, y la tenemos que pagar con hambre y miseria. "Sigan luchando contra la injusticia, porque la lucha es una causa noble cuando se está al lado del pueblo trabajador. "Nosotros seguiremos ¡untando firmas, organizando a los trabajadores y denunciando a este régimen de explotación, único responsable de la miseria del pueblo. “Por la anulación de la causa que se les sigue a los compañeros del PO, hago llegar mi solidaridad y mi respeto a estos luchadores." Por el gobierno obrero y el socialismo Julio Raúl Bonini, Lomas de Zamora 3/8/89 Un compañero de Siam (Avellaneda) "Compañeros del PO: "En momentos que vi la detención de Jorge Altamira y demás compañeros del PO, dije, esto no es un ataque cualquiera, nos amenazan a todos y liquidan lo poco que tenemos en Iibertades democráticas "También pensé, encarcelan a la verdad, a lo único que defiende a nuestra clase. "Compañeros, vuestra lucha es nuestra lucha. La actitud que tomaron es la única que corresponde a los revolucionarios, por eso creo importante escribir esto y decirle a los activistas de nuestro gremio que hay que defender al PO porque nos defendemos nosotros mismos." Saludos atentamente UOM Avellaneda Trabajador de Siam Un trabajador, poeta y periodista "Desde mi posición de trabajador hago llegar mi solidaridad a los compañeros del Partido Obrero. "Ante la campaña desatada por la burguesía para acallar y aplastar a toda organización que se resista a los planes de hambre y miseria que nos imponen los gobiernos rehenes del FMI. No permitamos que nos amordacen. Por el levantamiento del proceso a todos los militantes y dirigentes, basta de persecución ideológica. Cárcel a los únicos saqueadores responsables de la desocupación, el hambre, la persecución y la muerte contra el pueblo en general." Hugo Rubén Mino Poeta y periodista

Cuando la prensa capitalista aun no había dejado de felicitarse por la brusca partida de Honecker, en Alemania Oriental, otro ítem habla ya subido al primer pedestal de las noticias: ¿se va la Thatcher? El operativo de su desplazamiento ya ha comenzado; la única incógnita es si será un aterrizaje suave o de emergencia. Margaret Thatcher subió al gobierno hace diez años en el marco de una aguda y persistente crisis económica, precisamente la que ha comenzado a aflorar ahora signando su fracaso. La libra se ha desvalorizado ininterrumpidamente en las últimas semanas como consecuencia del déficit de la balanza comercial del orden de los 70 mil millones de dólares en los últimos doce meses. A pesar de haber gastado tres mil millones de dólares en sólo dos semanas para evitar su caída, la libra perdió el 5% de su valor frente al marco alemán (y casi un 15% desde enero). Esto ha obligado al Banco de Inglaterra a elevar la tasa de interés para atraer capitales, llevándola al 15% anual —la más alta de los países industrializados. "Gran Bretaña, dice un corresponsal en Londres, está enfrentando el déficit más alto de sus cuentas externas en toda su historia”. El aumento de las tasas de interés ha tenido un efecto demoledor sobre una gran parte del pueblo británico. Unos tres millones de hogares que adquirieron su casa propia por medio de préstamos hipotecarios desde 1979 se verían ahora enormemente perjudicados por la crisis financiera. El pago de las hipotecas ha pasado a consumir el 40% del ingreso familiar, contra el 23% de hace una década. El nuevo nivel de la carga hipotecaria significa la ruina económica de numerosos hogares, porque al mismo tiempo el valor de la propiedad ha caído como consecuencia del crecimiento de los intereses. La situación en el plano industrial no es mejor. El producto de la industria cayó en un 0.5% en promedio anual y no existe perspectiva de recuperación por medio de las exportaciones. Por primera vez desde 1979 las empresas industriales y comerciales tuvieron déficit financiero, al superar sus gastos de inventario y de inversión a la totalidad de sus beneficios. Este déficit es ya de 15 mil millones de dólares, pero constituye sólo una parte del endeudamiento total. Con la suba de los intereses, el comercio y la industria británicos deben hacer frente a expensas financieras muy altas. Los pagos de intereses pasaron de 18% de los beneficios industriales y comerciales en 1988 al 30% en el segundo trimestre de 1989. Esta tendencia plantea la posibilidad de cortes de inversiones e inventarios los que sumirían al país en una recesión de amplitud imprevista. La Thatcher, que ha representado en sus diez años de gobierno a los intereses de las finanzas británicas, ha decidido defender el valor de la libra sin que importe el gravamen que esto cause a los hogares e industrias endeudados. La Confederación patronal de la industria es partidaria, en cambio, de una devaluación de la libra y de la reducción en los intereses. El gobierno se niega, por otro lado, a intentar la estabilización de la libra en un acuerdo con la Comunidad Europea, esto porque pretende defender la libertad de acción de la City de Londres. La crisis británica envuelve a partir de esto un conflicto financiero internacional más vasto. Los datos expuestos denuncian el agotamiento de la experiencia thatcheriana, lo cual preocupa a los conservadores que han visto caer sus preferencias en el electorado. Este agotamiento traduce el inicio de un nuevo período de crisis en Europa occidental y de giro hacia la izquierda en la opinión pública. En los últimos dos o tres años Europa ha presenciado una lenta pero segura recomposición del movimiento obrero y estudiantil, que puso un límite a la vasta ofensiva que había diseñado el gran capital durante el período 1981-87. Precisamente ahora que la Thatcher enfrenta la cuenta regresiva, el gobierno nacional y popular del menemismo ha cedido en toda la línea al imperialismo Inglés.

Menem redujo finalmente a una hora su visita a Nicaragua, en lo que fue una inequívoca represalia por el anuncio de Daniel Ortega de que Nicaragua anularía el cese unilateral del fuego con los "contras" como consecuencia de las continuas incursiones de éstos dentro de las fronteras nicaragüenses. El representante político del pulpo Bunge y Born no hizo más que denunciar, con su actitud, el completo sometimiento del gobierno justicialista al imperialismo yanqui y su repudio a la Independencia nacional latinoamericana. ¿Es que acaso Daniel Ortega no tiene cómo sustentar su denuncia? ¿Es que acaso es verdad que la decisión que tomaría el sandinismo no sería más que un pretexto para impedir las elecciones nacionales de febrero próximo? El presidente de Nicaragua denunció que los ataques de la "contra" produjeron 736 muertos, 1.153 heridos y 1.481 secuestrados o desaparecidos desde marzo de 1988, cuando el FSLN estableció el cese unilateral del fuego. Funcionarios norteamericanos que tacharon de "infladas” estas cifras, tuvieron que admitir que los ataques contrarrevolucionarios son “de un 30 a un 40% del nivel pico alcanzado en 1986 y 1987” (Washington Post, 30/10). Es natural entonces que Ortega reaccionara brutalmente ante el enojo de los presidentes reunidos la semana pasada en Costa Rica cuando les anunció el posible fin del cese del fuego: “No veo la misma preocupación o alarma —dijo— acerca de la masacre reciente de 19 nicaragüenses”. El corresponsal del Washington Post tiene que admitir que aunque “los cinco presidentes centroamericanos acordaron en agosto pasado la desmovilización voluntaria y la reubicación de los ‘contras’ a más tardar el 5 de diciembre, es obvio que los rebeldes están intensificando su lucha y no demuestran interés en deponer las armas...”. ¿Son o no válidas entonces las denuncias de Ortega? El mismo corresponsal norteamericano informa que “los rebeldes gozan por lo menos del tácito apoyo de la administración Bush, que dice querer que los contras se mantengan en el terreno por lo menos a lo largo de las elecciones del 25 de febrero”. “La mayor parte de los estimados 12.000 rebeldes —prosigue el periodista— permanecen en bases en Honduras próximos a las fronteras con Nicaragua, donde son alimentados, vestidos, alojados y abastecidos con equipamiento no letal por los Estados Unidos. Pero fuentes diplomáticas dicen, y los comandantes contras lo confirman, que los rebeldes han incrementado su número y operaciones dentro de Nicaragua desde agosto”. Es evidente, por otra parte, que la llamada “presión internacional” no va a desalojar a los “contras" por mucho tiempo: cuando una comisión oficial de la ONU y de la OEA reclamó hace poco que los "contras" abandonen las hostilidades, fue inmediatamente criticada por el secretario de Estado norteamericano, J. Baker, y nada menos que por el propio secretario general de la ONU, Perez de Cuellar, quienes dijeron que esa desmovilización sólo podía ser, según lo acordado, “voluntaria”(!!). ¡Y toda esta gente pretende que el gobierno sandinista mantenga el cese unilateral del fuego en estas condiciones! El jefe de la bancada demócrata en el congreso norteamericano apoyó a Bush en la crítica que éste formuló contra Ortega y la oposición nicaragüense, que dirige Violeta Chamorro, “ha adoptado el punto de vista norteamericano según el cual los contras deben permanecer intactos por el momento” (W.P.). Surge claro de aquí que existe un bloque internacional en torno a la política de reclamar y controlar las elecciones, por un lado, y proseguir la guerra contrarrevolucionaria por el otro. Es significativo que coincidan republicanos y demócratas, europeos y norteamericanos, la ONU y la OEA, los Menem y los Pinochet. La “democracia" siempre se ha valido de la bayoneta imperialista. Todas estas informaciones revelan los descomunales límites del llamado “proceso de paz” establecido por los presidentes de Centroamérica con Nicaragua y las características contrarrevolucionarias del proceso político-electoral o de institucionalización que se ha impuesto en Nicaragua. El brazo civil de los "contras", el frente dirigido por la Chamorro, que recibe además financiamiento norteamericano, goza de toda la libertad política de acción, a pesar de representar, precisamente, a la contrarrevolución. La "doctrina" del "pluralismo” es inviable, exactamente porque presupone la coexistencia de la revolución y de la contrarrevolución. El FSLN ha admitido como consecuencia de su política democratizante y pro-capitalista el rearme político de la contrarrevolución en el escenario nicaragüense, la injerencia internacional del imperialismo y hasta la acción armada de los "contras", esto en virtud del cese unilateral del fuego. Es el deber de todo antimperialista repudiar el acoso imperialista contra Nicaragua y en especial al presidente justicialista de los Bunge y Born.

El próximo 15 de noviembre deberá tener lugar el primer turno de las elecciones presidenciales en Brasil y un mes más tarde el segundo entre los dos candidatos más votados. El proceso electoral se desarrolla en medio de una crisis económica espectacular, con tasas de interés mensuales del orden del 60% y con índices de costo de vida de un 40%. La deuda pública de Brasil se aproxima a los 300.000 millones de dólares; más de 130.000 millones de dólares corresponden a la externa y unos 145.000 millones de dólares a la interna. El déficit nominal del presupuesto del Estado es de un 45% con respecto al total de los gastos. El candidato que sea elegido para presidente deberá hacer frente a la bancarrota capitalista. La fuga de capitales durante 1989 se calcula en unos cinco mil millones de dólares. La brecha entre el dólar "oficial” y el “negro" es del 200%. El ritmo devaluatorio es del 80%. En las últimas semanas el panorama político estuvo dominado por la caída en picada en las preferencias electorales del candidato derechista, Collor de Melo, y por el ascenso no menos abrupto del candidato del PT, Luis Inácio da Silva, Lula. Collor descendió, según las encuestas, del 42 al 28% de las intenciones de voto, en tanto que Lula ha pasado del 5 al 18%, desplazando del segundo puesto a Leonel Brizola, que ha quedado clavado durante varios meses en el 14%. Se plantea entonces la posibilidad de que el segundo turno se convierta en un enfrentamiento entre Collor y Lula y de que éste pueda resultar elegido como consecuencia de la polarización electoral. Este desenvolvimiento de la situación política y de la campaña electoral ha determinado una serle de realineamientos. En el campo de la burguesía se ha abierto un debate que seguramente se profundizará con el correr de los días de acuerdo con cómo se perfile el segundo tumo electoral. El presidente de la Federación de Industrias de San Pablo aseguró que un triunfo de Lula provocaría una tremenda fuga de capitales (¡como si esto ya no estuviera ocurriendo como consecuencia de la bancarrota económica!) y que ochocientos mil empresarios abandonarían el país. Esto fue visto como un llamado a la desestabilización económica y política, sin que se vislumbre sin embargo el esquema en el que esta política pretende sustentarse. El imperialismo persiste en hacer valer los mecanismos constitucionales, y la perspectiva de un golpe de estado no es planteada por ningún sector de la burguesía. Delfim Neto, un representante del capital financiero paulista y por mucho tiempo ministro de economía de la dictadura, declaró que "no había nada que temer'. Para el principal vocero patronal, la "Gazeta Mercantil”, "los empresarios no deben temer por el futuro. Creer en los nuevos límites constitucionales impuestos a la actuación de cualquier gobernante es creer en el estado de derecho”. Según este criterio, lo que caracteriza a la democracia es la posibilidad que ofrece de poner un límite al cumplimiento de la voluntad popular. El diario tampoco cree, por otra parte, que los planteamientos y el programa de Lula pongan en peligro el Estado burgués: "a pesar de la polarización que comenzamos a verificar en el proceso electoral en curso, no creemos que eso signifique una disputa ideológica por regímenes económicos o políticos" (19/10/89). Lula rebatió las amenazas del presidente patronal afirmando que "la burguesía no admite la posibilidad de que un obrero administre la riqueza producida". No es esto, sin embargo, lo que la burguesía teme, porque ello no sería más que un manejo de la crisis dentro del orden capitalista; la burguesía teme su expropiación como clase, algo que según la mayoría de los sectores patronales no estaría planteado por una victoria de Lula. La expropiación de la burguesía, que debería comenzar por el desconocimiento de la deuda externa, excede naturalmente las posibilidades de un proceso electoral y el interés o capacidad de la burocracia del Estado burgués. Ella es posible sólo por medio de una movilización revolucionaria, lo cual está fuera del horizonte del PT. La dirección del PT y la inmensa mayoría de sus fracciones políticas están completamente convencidas de las posibilidades de desarrollo que permitiría el régimen burgués democrático. Es natural a partir de aquí que la campaña de Lula transcurra en dos planos diferentes. Con referencia a la masa popular que se radicaliza día a día, Lula plantea que “la peonada gobierne el país" y hasta se ha presentado como futuro “presidente de un gobierno de trabajadores". Las adhesiones a Lula han venido creciendo desde que éste comenzó a hacer estos planteos, en un viraje de 180° respecto a su timorato discurso anterior dirigido "a la clase media". Pero de otro lado el PT negocia activamente un acuerdo con la burguesía, el cual comporta varios aspectos. El primero es que ha formado con otros partidos pequeño burgueses proimperialistas o patronales el Frente Brasil Popular, que se coloca naturalmente en el campo de la propiedad privada capitalista. El segundo es que este FBP ya está negociando con sectores de "izquierda" o escindidos del partido oficialista, el PMDB con vistas al segundo turno y eventualmente a la formación de un gobierno de coalición. Activan en esta dirección el gobernador de Pernambuco, Miguel Arraes, y Mario Covas, el candidato del disidente PSDB. Una victoria de Lula daría lugar así a un gobierno de conciliación de clases o de frente popular. Antes de llegar a esta instancia la burguesía se esforzará, de todos modos, por revitalizar la candidatura de Brizola — el hombre de la “revolución productiva”, aunque Bunge y Born apoye en Brasil a Collor. Brizola ha decidido reorientar su campaña "izquierdista" y comenzar a denunciar los "extremismos” de "izquierda" y de "derecha”, en un ostensible esfuerzo por presentarse como el candidato que podría derrotar a Lula. Esta maniobra pone de relieve un proceso de crisis en el conjunto de los candidatos que se oponen a Lula, lo que no es más que una expresión de la confusión que reina en la clase capitalista con relación a las consecuencias que tendrá la enorme crisis económica y la radicalización popular. Las masas brasileñas ven a Lula como una candidatura clasista contra los explotadores, y este es el hecho que da el tono a toda la campaña. Detrás del objetivo de derrotar electoralmente a los partidos de la burguesía, los explotados aspiran a ver realizadas sus aspiraciones sociales. Los trabajadores viven intensamente la experiencia electoral, pero es indudable que se verán obligados a superarla en muy poco tiempo. Porque cualquiera que sea el desenlace comicial, Brasil ingresa en un período de violenta acentuación de la lucha de clases. Los vientos revolucionarios sacuden a oriente y a occidente.

En Alemania oriental se ha producido el comienzo clásico de la revolución. Luego de la partida de miles de refugiados hacia el sector occidental tuvieron lugar enormes movilizaciones, unas más masivas que las otras, contra el gobierno que dirigía el geronte Erich Honecker. Luego de la renuncia de éste y de la asunción de su delfín, Egon Krenz, las movilizaciones cobraron mayor intensidad aún. Es que mientras el régimen sigue sin ofrecer ninguna salida, el pueblo ha encontrado su unidad en el reclamo de completa libertad política, liberación de los presos políticos y, por sobre todo, elecciones libres. “Honecker fue volteado abruptamente —informa una periodista del The New York Times desde Frankfurt (23/10). Después de las demostraciones en Leipzig y otras ciudades, los comunistas locales fueron llamados a Berlín Este para discutir cómo restaurar el orden. Fueron informados de los planes de convocar a una reunión de Comité Central para mediados de noviembre para adoptar ciertos cambios de política. Loa convocados protestaron, diciendo que no podían controlar la situación ni siquiera por algunas semanas y que la política de no hacer nada debía ser reemplazada de inmediato". La caída de Honecker fue, así, impuesta desde afuera por una acción de masas — un signo típico de la revolución. Pero el reemplazo de Honecker no ha alcanzado para provocar un cambio de política, por eso la crisis se ha acentuado. La concesión de las libertades políticas y las elecciones libres barrerían al PC del gobierno y plantearían una crisis a escala de toda Alemania y Europa, esto porque la cuestión de la unidad de Alemania quedaría insoslayablemente planteada. De ahí los límites que tiene una versión alemana de la "perestroika". En un mensaje a los militares, Krenz dijo sin vueltas que “quien saque la conclusión de que nuestro partido no está en condiciones de cumplir su rol dirigente, malinterpreta su fuerza y su experiencia” (International Herald Tribune, 31/10). Esta declaración de inmovilismo político ha llevado a los analistas internacionales a esbozar dos alternativas para la situación: o el derrocamiento violento del gobierno "comunista" o una edición alemana de la masacre de Tiananmén. La oposición al gobierno es relativamente reciente y, aunque reclama 30.000 miembros, está poco estructurada, lo cual contribuye al vacío de poder. Esta oposición opera en parte bajo el paraguas de la iglesia protestante. Durante los últimos acontecimientos llamó a las multitudes reunidas en las iglesias a no manifestar, pero fue olímpicamente desoída. La oposición se esfuerza por "dar seguridades" al régimen burocrático y por eso se ha pronunciado rápidamente contra la unidad de Alemania. En su manifiesto del 12 de setiembre último, el grupo opositor mayoritario Nuevo Forum, se pronunció contra la unidad del país y contra el capitalismo y por la reestructuración "socialista y democrática" del Estado. Pero como lo demuestra la experiencia reciente de todos los Estados obreros burocráticos, la llamada “reestructuración” en los marcos exclusivos de cada país y en el cuadro de la cooperación política internacional con el imperialismo, es una vía de la restauración del capitalismo. La causa del socialismo sólo es viable en el plano internacional, por la acción conjunta del proletariado de todos o de los principales países contra el capitalismo mundial, y en Alemania esto plantea antes que nada la unidad política del proletariado alemán. La “reestructuración" de Alemania del Este, “socialista y democrática", dentro de sus “fronteras" la convertiría en una dependencia mayor del capitalismo germano-occidental, de lo que ya es en la actualidad. El imperialismo ha dejado inequívocamente señalada su oposición a la unidad alemana, la cual destruiría el equilibrio político en Alemania Occidental y convertiría a la Alemania unida en el receptáculo de todas las contradicciones históricas anudadas en Europa, desde la URSS hasta el Atlántico. Para el canciller francés, Dumas, por ejemplo, “no se han reunido las condiciones para poner fin a la división alemana... que resulta de tratados internacionales” (Le Monde, 10/10) Del mismo modo se pronunció Willy Brandt, de la socialdemocracia alemana occidental, para quien la unidad debe entenderse como la coexistencia especial entre los dos estados. Para Bush, la "reunificación" tomará tiempo y requerirá una evolución prudente, así como el entendimiento entre Francia y Alemania y de los británicos con los alemanes” (International Herald Tribune, 28/10). Es decir que esa unidad no debe ser el resultado de una libre determinación del pueblo alemán sino, nuevamente, de tratados internacionales, y en ningún caso debe apoyarse en el derrocamiento de los aparatos estatales que mantienen dividida a la nación. El “socialismo con democracia” en un sólo país es irrealizable y constituye un planteo reaccionarlo porque va dirigido contra la unidad de la clase obrera internacional. Qué decir entonces del "socialismo con democracia" en un tercio de país, sino que lo convertiría a éste en la colonia político-económica de los otros dos tercios y del imperialismo mundial. La causa del socialismo en Europa y, en definitiva, en el mundo depende mucho de que los socialistas revolucionarios tomen como propia la lucha por la unidad nacional de Alemania y de que la traduzcan en términos de movilización conjunta de los trabajadores de ambas partes. Esto les daría una enorme autoridad en Alemania y en toda Europa. Es evidente que si el derrocamiento de la burocracia stalinista fuera obra del proletariado de las dos Alemanias movilizadas conjuntamente, el capitalismo europeo habrá quedado en la picota. Y la cuestión de esta unidad ya no la puede soslayar nadie, de modo que sólo puede ganar quien la plantee primero y mejor. Abajo la burocracia. Elecciones libres. Unidad socialista de Alemania.

Desde hace más de un mes los trabajadores de Petroquímica PASA vienen sosteniendo un quite de colaboración para que se cumpla el acta-acuerdo que establece el ajuste automático del salario según la inflación. La patronal desconoció este acuerdo en agosto pasado, pagando sólo la mitad del índice del 196% de julio. Cuando luego fueron suspendidos 10 trabajadores que —en cumplimiento del trabajo a reglamento— se negaban a realizar tareas de reemplazo de personal fuera de convenio, se inició un paro con permanencia de todos los obreros en la planta durante las veinticuatro horas del día. En la tarde del domingo 29 de octubre, la patronal envió escribanos para anotar el nombre de todos los ocupantes de la planta, en una inconfundible amenaza de despido. En la madrugada del lunes 30, un juez completó la ofensiva al presentarse en la puerta de la planta para "sugerir" su desalojo... mientras un fuerte cerco policial rodeaba las instalaciones de PASA. La patronal en tanto, ya habría enviado unos 60 telegramas de despido. ¿Qué persiguen PASA-Pérez Companc? No sólo una reducción histórica del salario, sino también doblegar al sindicato que los agrupa. Los salarios de PASA son "referentes" para las restantes fábricas químicas y papeleras del cordón. Por eso, estas otras patronales y gobierno están jugados a muerte a derrotar al SOE-PU. La lucha de PASA es un episodio de gran importancia en la actual pulseada de todo el movimiento obrero contra la miseria salarial El PARTIDO OBRERO plantea: ¡que la CGT regional resuelva un paro activo con concentración en defensa de las reivindicaciones de PASA, y por el cese de todas las represalias patronales! Por este objetivo, el PO de San Lorenzo está desenvolviendo una campaña de agitación y solidaridad en la zona.

Durante 35 horas ininterrumpidas los trabajadores del Astillero ocuparon la Plaza de Mayo, donde instalaron un "campamento” para exigir el pago de salarios adeudados con los aumentos correspondientes. Como consecuencia de esta movilización el gobierno tuvo que abonar los salarios con el aumento, pagar el interés bancario por los 20 días de atraso y reconocer los días y horas caídas por las medidas de fuerza y las asambleas realizadas. Con este triunfo se revierte la política de parálisis y desmovilización de la dirección de ATE. A fines de setiembre, ésta levantó un plan de movilización que se venía desarrollando a cambio de “promesas... de pronta solución a los reclamos". En ese momento un núcleo de compañeros se opuso al levantamiento de las medidas y reclamó por el contrario que fueran apoyadas por el sindicato con acciones de conjunto. Esto no cayó en saco roto, porque 20 días más tarde una asamblea resolvió paros y ganar la calle. La lucha del Astillero provocó una gran solidaridad en la zona y en el sindicato. Consumado este importante triunfo se plantea ahora la necesidad de enfrentar la decisión de limitar el aumento de los salarios para todo el próximo semestre. El astillero sufre además una política de vaciamiento y existe la intención de privatizarlo. Todo esto plantea la exigencia de un plan de lucha conjunto de todo ATE.

La combativa Comisión Interna de Cattorini fue despedida junto a un centenar de activistas. Quince días antes los trabajadores de Cattorini habían realizado paros de dos horas por turno para reclamar un aumento por insalubridad, higiene y producción. Los despidos que de inmediato ordenó la patronal fueron orquestados con el Ministerio de Trabajo y la burocracia del sindicato del Vidrio, quienes desde hace tiempo buscaban descabezar la comisión interna. Al producirse los despidos, una asamblea general declaró el paro por tiempo indeterminado, aunque los no despedidos debían cumplirlo adentro de fábrica, mientras los cesanteados permanecían afuera. Esta modalidad de paro se adoptó a instancias de la Comisión Interna con el propósito de darle a la huelga un "encuadramiento legal” que pudiera favorecer las negociaciones con el Ministerio de trabajo de la provincia (cafieristas), bien que debilitaba notoriamente la lucha. Pero el Ministerio resolvió declarar ilegal el paro y la justicia ilegalizó la presencia, hasta entonces autorizada, de la Comisión Interna despedida dentro de la planta. Sin los delegados, el paro se desmoronó rápidamente por la presión de la patronal y de los elementos afines a la burocracia del sindicato. Los buenos oficios de los "amigos" cafieristas del Ministerio de trabajo provincial no sirvieron para detener el ataque patronal, pero sí para derrotar la lucha. El paro debió realizarse en forma unida, con todos los compañeros fuera de la planta y por medio de piquetes. Al mismo tiempo la Comisión Interna debió llamar a las direcciones combativas de la zona a un frente de lucha. Los "buenos oficios" del cafierismo no son otra cosa que el auxiliar de los atropellos patronales.

Más de 7.000 empleados estatales se agruparon frente a la Legislatura provincial el martes 24. Fue la segunda marcha masiva que los trabajadores cordobeses realizaban con quince días de diferencia contra la sanción del proyecto de ley de emergencia provincial enviado por Angeloz a la Legislatura. De la concentración participaron trabajadores de EPOS (OSN), de EPEC (energía provincial), empleados públicos, viales, bancarios, gráficos y docentes. La movilización adquirió una gran combatividad cuando las columnas tomaron conocimiento de que el proyecto de ley ya tenía la media sanción debido a que los diputados provinciales habían decidido adelantar en varias horas la sesión para evitar hacerlo con los trabajadores en la calle. El apoyo del PJ al proyecto de Angeloz partió directamente del Ministerio del Interior. “Las provincias tienen que sancionar las leyes de emergencia económica y reestructuración de los Estados Provinciales”, había ordenado Bauzá (Clarín, 13/10). La burocracia sindical también apoyó el proyecto, de modo que ambas CGTs se mantuvieron paralizadas y ni siquiera apoyaron la concentración frente a la Legislatura. La concentración del martes 24 estuvo precedida por planes de lucha en todos los premios por un aumento salarial y por el pago de los porcentajes adeudados por el gobierno. El reclamo de 110% correspondiente fue respondido por Angeloz con un ajuste salarial cercano al 30%, que fue masivamente rechazado por los trabajadores en distintas asambleas de gremio, sección o escuelas. La amplitud de la movilización del martes 24 llevó a toda la alcahuetería burguesa y de la burocracia sindical a una histérica campaña de provocaciones. Magnificó las pedradas contra la Legislatura para lanzar una caza de brujas contra los activistas y sindicatos que impulsaron la concentración. Los indultores del PJ plantearon que los "hechos lamentables” no debían quedar impunes” y reclaman “la justicia y castigo para quienes atentan contra la democracia, la convivencia y la paz social” (La Voz del Interior, 27/10). El “síndrome del Cordobazo” fue esgrimido por los medios de comunicación como si el “Cordobazo" hubiese sido una jornada de bochorno y no de gloria. La amenaza de ilegalización de organizaciones sindicales sigue presente para condicionar los futuros pasos del movimiento de lucha. Sin embargo el movimiento obrero sigue luchando por sus reivindicaciones. Están previstos paros bancarios y en la salud y una nueva asamblea general en empleados públicos. El tratamiento de la ley por parte del Senado dará lugar a una nueva movilización. Mientras la burguesía pretende aplicar la política de los hechos consumados los trabajadores estatales tienen mucho por decir. El Partido Obrero de Córdoba plantea el paro activo de toda la provincia contra la ley de emergencia, por el cese de las persecuciones y causas abiertas contra activistas y delegados, el rechazo a los anuncios salariales de Angeloz y por un 150% de aumento. Córdoba: Ley de emergencia de radicales y justicialistas El proyecto de ley de emergencia provincial de Angeloz, es uno de los intentos más serios de liquidar las conquistas laborales y de avanzar sobre las condiciones de vida de la población. El proyecto anula la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo nacionales, elimina el enganche de los trabajadores bancarios y provinciales y modifica el escalafón general de los trabajadores públicos. También autoriza al poder Ejecutivo a trasladar a cualquier trabajador dentro del ámbito de la provincia (eliminando la estabilidad laboral) e incluso la posibilidad de licenciar trabajadores hasta 6 meses sin goce de sueldo. Otro de los puntos resistido por los trabajadores es la estipulación de un premio a la asistencia, con el propósito de vincular el salario al trabajo a destajo. La "descentralización" El proyecto plantea transferir a las comunas, cooperativas e incluso sociedades vecinales la educación, el agua potable, la energía y la salud que hasta ahora estaban dentro del presupuesto provincial, sin que importe que los presupuestos municipales no estén en condiciones de absorberlos. La resistencia de los trabajadores a la ley ha permitido poner a luz su carácter profundamente antipopular. Ubaldinistas cordobeses con Alsogaray Los trabajadores cordobeses están en lucha. ¿Y las CGTs? Correa (madereros) y Salusso (metalúrgicos), no han hecho una sola referencia pública a los conflictos obreros ni han dispuesto una sola medida de solidaridad. Sin embargo, una noticia aparecida el miércoles 25 en los diarios cordobeses daba cuenta de la actividad de uno de e dirigentes. Salusso, secretario general de la CGT Lima (también llamada combativa"), dio una charla sobre el movimiento obrero argentino. ¿Dónde? En el local de la alsogaraísta UDC (Unión Demócrata de Centro), respondiendo a una invitación de la Juventud Liberal, que calificó al hecho como "histórico". Cuando los trabajadores estatales se concentraron en la Legislatura preguntaban a gritos "¿dónde está que no se ve le combativa CGT?", no sabían que la respuesta era tan brutal. Los ubaldinistas cordobeses hacen yunta con Alsogaray mientras los trabajadores ganan las calles. Hay que sacar las conclusiones, sobre todo cuando desde la izquierda se llama a apoyar la resistencia ubaldinista, o acá mismo en Córdoba hace menos de un año, a sumarse a la "combativa" CGT Lima. Esta política no tiene futuro para el movimiento obrero, de seguir a esta burocracia entregada a la política del gran capital sólo ayudaremos a que los burócratas rindan bien el próximo examen frente a los grandes capitalistas.

Los bancarios oficiales de Mendoza están librando un importante combate. La burocracia seccional de la Bancaria había firmado, semanas atrás, un acuerdo con la patronal por ₳ 56.000 de básico, que está por debajo del promedio de los principales bancos oficiales del interior. El gobernador Bordón anunció un proyecto de "ley de emergencia económica provincial" que convierte a los bancarios en empleados públicos de la provincia, los cuales carecen de convenio laboral. Una asamblea general rechazó el acta-acuerdo firmada por la burocracia y aprobó un plan de lucha por ₳ 105.000 de básico. En la asamblea abundaron las críticas a la burocracia nacional de Zanola, por negarse a impulsar un plan de lucha nacional frente a un conflicto que ya envuelve a la mayoría de los bancarios del interior. Como parte de este plan de lucha se realizaron paros de 48 horas durante dos semanas consecutivas. Luego se abrió un paréntesis debido a la conciliación obligatoria dictada por el gobierno y acatada por la dirección bancaria. El activismo de los bancos oficiales trabaja por una nueva asamblea general, en la perspectiva de un gran movimiento nacional contra el desenganche.

El 30 de noviembre se eligen comisiones seccionales y comisión directiva en la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. En la seccional Organismo Central, por lejos la más importante, se presenta la lista NARANJA, frente del PO, PC e Independientes, que proclama la necesidad de dar una batalla contra las privatizaciones, en defensa de la fuente de trabajo y contra el congelamiento salarial dispuesto por el gobierno. La Naranja enfrenta a dos listas burocráticas responsables de haber permitido una reducción histórica del salario. Son corruptos y venales. Los actuales directivos cobran viáticos y gastos de representación que con el sueldo superan los ₳ 700.000. También han permitido que las sucesivas administraciones coloquen a sus hombres en el funcionariado, violando el escalafón ferroviario. Esa gente apoya las privatizaciones. Los compañeros de la NARANJA han denunciado que el gobierno pretende liquidar el Organismo Central de Ferrocarriles Argentinos. Sus empleados serían convertidos primero en adscriptos y luego cesanteados. La NARANJA plantea frente a esta ofensiva la necesidad de una unión con los activistas de los otros gremios ferroviarios, también bloqueados por la podrida traición de la burocracia. Los compañeros de la NARANJA se plantean dar batalla por le democracia sindical y la construcción de un frente de lucha contra la política de destrucción de los ferrocarriles. Esta lucha está encabezada por una consigna que define el curso a seguir: ¡¡fuera los Bunge y Born de Ferrocarriles Argentinos!!

Liliana Rodríguez es delegada de Planeamiento Comercial en el edificio central de YPF. Su sección, junto a otras reparticiones, integra el bloque del que han partido posiciones de resistencia al remate de la empresa en el congreso de delegados y al que se han sumado últimamente representantes alineados tradicionalmente con la burocracia Celeste. P.O.: ¿Qué cambios apreciás entre los trabajadores petroleros a 100 días de la asunción de Menem-Frigerio? Liliana: Lo nuevo es la intranquilidad que ha ganado a mi sector —y a otros— en el último tiempo. Nuestra área de trabajo —Comercial— es una de las declaradas como privatizables y esto ha hecho que mis compañeros se planteen la necesidad de dar la lucha en defensa de la fuente de trabajo. El hecho de que se quieran entregar las bocas de expendio a las privadas y que esté en camino la privatización de la comercialización de los lubricantes, como así también la desregulación del mercado de combustibles, ataca directamente nuestro trabajo cotidiano. Estas áreas, involucradas de entrada por el plan de entrega, son los primeros focos do resistencia en el Supe Capital. En otros sectores que no están vinculados a la producción (personal, obra social, etc.), el ataque no se presenta en forma inminente y esto hace que no se generalice la preocupación. A pesar de esto yo diría que por lo menos en Sede Central la discusión se da a diario y es creciente. P.O.: ¿Qué pasó en la última reunión de delegados de Supe Capital? Liliana: Allí, varios compañeros intervinieron pidiendo explicaciones a la Comisión Directiva sobre lo que está ocurriendo. En esa reunión mi sector presentó una nota reclamando información de los miembros federativos que intervienen en la negociación con la empresa y el gobierno. No supieron qué decir y quedó claro que la posición del Supe es no enfrentar a Menem. Dijeron brutalmente que: “20.000 no pueden contra 30 millones que quieren las privatizaciones”. Tenemos conocimiento que estas preocupaciones están dadas en otras dependencias de YPF. En Mendoza, Comodoro Rivadavia, Salta, se han realizado asambleas numerosas, que se pronunciaron contra la privatización. Los trascendidos sobre las posibles ventas de las destilerías Dock Sud y San Lorenzo a las compañías Dapsa y Texaco abrieron una amplia discusión ya que sería regalarles una posición estratégica: por su ubicación fluvial tienen acceso a los grandes centros de consumo y rápida salida al exterior. Lo significativo es que aquí el cuestionamiento a la burocracia en la reunión de delegados partió de delegados “celestes" que apoyaron hasta ahora a Crespi, el hombre de Diego Ibañez en Supe Capital. P.O.: Lo que es nuevo en años... Liliana: Sí, y responde a que la dirección de Supe se ha hecho corresponsable del remate de YPF y está totalmente a la defensiva. Firmó en su momento un acta acuerdo con Frigerio, donde ya estaban planteados los puntos del Decreto Petrolero que todos conocemos, ahora le ha dado garantías a Menem sobre el control del sindicato cuando éste se comience a instrumentar. Lo que debe observarse es que esta vez el maridaje de los dirigentes de Supe no se puede enmascarar y es Menem el que los desnuda como nadie porque pide su presencia en cada caso. (Allí está Cassia, de Federación Supe, integrante de la comisión para las privatizaciones). Esto abre un gran horizonte para la formación de un agrupamiento combativo, que en Capital Federal tiene su punto de referencia en la Lista Granate, que sistemáticamente viene denunciando la entrega y la complicidad del sindicato. Hoy está planteado dar un canal de lucha que no es otro que la asamblea general. ¿Quién les ha dado mandato para rematar a YPF?

A comienzos de octubre los trabajadores de Techint resolvieron impulsar un quite de colaboración para exigir un premio especial por la finalización de la obra. Este es un reclamo muy sentido en la construcción porque las patronales pueden despedir a su antojo sin pagar ninguna indemnización. La patronal represalió con el despido de 1.100 compañeros, lo que llevó a los trabajadores a ocupar la planta. Posteriormente la ocupación se levantó por la presión del sindicato y de la interna mientras la policía enviada por Cafiero, en ropas de fajina y con armas largas, ocupaba la planta. Los trabajadores volvieron a la carga y se movilizaron a Buenos Aires, ante el Ministerio de Trabajo. Al finalizar la audiencia la Interna informó que se había decretado la conciliación obligatoria con los 1.100 compañeros adentro y con el compromiso patronal de discutir el premio. Sin embargo, la cosa no fue así. El día 17 la patronal dejó ingresar sólo a 500 compañeros. A pesar de que la Interna prometió que en 72 horas "todo estaría normalizado”, al día de hoy los 600 compañeros siguen afuera y, lo que es más grave, salió a luz que el acta de conciliación excluía explícitamente la reincorporación de todos los trabajadores. Sin embargo, incluso ahora la Cl y el sindicato de Fernández (hoy alineado con el ubaldinista Farías) insisten en asegurar “que de a poco vamos a entrar todos”. La burocracia también saboteó la olla popular frente a la obra y el fondo de huelga. Con el cuento de no romper la conciliación obligatoria han paralizado toda resistencia desde adentro, lo que le permitirá a la empresa entregar a tiempo la obra terminada. La lista Verde del PC planteó la "unidad” con esta Cl y por eso se opuso a la constitución de un Comité de Lucha. Prosigue así con una política que la llevó en las recientes elecciones de delegados a rechazar constituir un frente antiburocrático, facilitando el triunfo de la actual interna. La lista Morada está trabajando junto al activismo para reconstruir el movimiento en las duras condiciones planteadas. Impulsa un plan de acción para garantizar la olla en la puerta de la obra, defender las Colectas, el fondo de huelga y formar un comité de lucha del activismo (ante la deserción hasta física de la burocracia).

La marcha del 20 de octubre pasado fue, tal como lo previeron sus organizadores, una manifestación de entierro de la lucha contra el indulto. La dirección de este movimiento ya había proclamado el reconocimiento de la facultad presidencial de indulto y había anticipado también que se preparaba ahora para oponerse a la libertad de Videla y compañía. La tapa de la revista Humor tradujo muy bien toda esta política, al presenta una secuencia de manifestaciones que empezaba con la oposición al indulto, seguía con otra que rechazaba el indulto a los comandantes y concluía con una que pedía que no se le levantara un monumento a Videla. El Mas había presentado a la marcha del 8 de setiembre como el resultado de su política de acuerdo con los partidos amnistiadores, pero la realidad es que el entierro solemne del 20 es el resultado cabal de esa podrida política. Menem y sus "opositores” se dividieron el trabajo para llevar a la impotencia al movimiento popular. Luego de la tregua que se le dio al menemismo con posterioridad al 8, y que se pretendió encubrir con una campaña de firmas que ahora ha quedado en el olvido, el gobierno pude declarar el indulto en un marco de desmovilización. La marcha del 20 no cambió este carácter, pues se demoró hasta dos semanas después de la decisión de Menem y no tuvo publicidad. Según Página 12, los convocantes habían advertido que "no era una marcha como la del 8 de setiembre”. A pesar del bombeo, la concurrencia de 40.000 personas, ocho mil en Rosario y seis mil en Córdoba fueron un testimonio del potencial de movilización existente. Llamamos a un plan de lucha contra el indulto, mediante una campaña sistemática del conjunto de las organizaciones populares.

“Entre 1946 y 1968 —dice un reciente informe del instituto patronal FIEL— el Gobierno Nacional recibió de las Cajas (de jubilaciones), a través de la colocación de títulos de la deuda pública, el equivalente a 15.081 millones de dólares (de agosto de 1989)... Si esta inversión de las Cajas hubiera percibido sólo el 3% real, las mismas hoy tendrían 41.196 millones de dólares. (Sin embargo, como) las inversiones devengaban tasas de interés fijas a plazos que superaban los cincuenta años y el capital no era ajustable por ningún concepto... lo que efectivamente percibieron las Cajas fue 4.277 millones de dólares". De esta manera la clase patronal argentina le robó a los trabajadores la friolera de 37.000 millones de dólares en el curso de los últimos cuarenta años, esto sin computar lo que las Cajas dejaron de recibir por la fenomenal evasión de los aportes jubilatorios por más de 1.500 millones de dólares anuales, que directamente quedaron y siguen quedando en los bolsillos de las empresas. Entre 1946 y 1968 gobernaron el peronismo en todos sus matices, los radicales, los "liberales” y los militares. Todos metieron la mano en las Cajas Jubilatorias, convalidados por los poderes Judicial y Legislativo de todas las épocas. Se trata, por lo tanto, de una política estructural del Estado y la burguesía argentina. Esta impresionante masa de fondos fue utilizada por el Estado para pagar los subsidios y prebendas de todo tipo al gran capital. Ahora, después de haber vaciado las Cajas y esquilmado a los jubilados, la burguesía se prepara para abrir un nuevo negociado contra los trabajadores, activos y pasivos: las jubilaciones privadas. Para facilitarlo, los bancos y compañías de seguro reclaman la abolición, lisa y llana, del sistema previsional estatal, lo que significa jubilaciones de miseria y tolerancia a la evasión patronal. Jubilaciones: ¡para cinco días al mes! La jubilación ha sido fijada en ₳ 40.000. Cuando se cobre esta suma a fin de mes el costo de la canasta familiar oficial superará los ₳ 300.000. Es decir que los ₳ 40.000 alcanzarán para 5 días al mes. Estos ₳ 40.000 quedan congelados hasta marzo. Como la inflación continúa, en noviembre alcanzarán para 4 días, en diciembre para 3 y así los meses siguientes. En la carta de entendimiento al FMI, el gobierno señala que las jubilaciones solamente mejorarán si aumenta la recaudación previsional. Pero el gobierno toma medidas para reducida, puesto que decretó una moratoria de 72 meses (¡6 años!) sin intereses para las deudas empresarias y promete ahora una "flexibilidad laboral" que reduce a la mitad los aportes patronales. Los ₳ 40.000 son un "techo" para permitir un nuevo negocio capitalista a expensas del pueblo: la jubilación privada.

El presidente Menem no pierde oportunidad de señalar que “asistimos a una sostenida recuperación salarial", aunque ello no sea más que un gigantesco “bolazo". Así lo demuestran los estudios publicados por los institutos de investigación económica financiados por los propios capitalistas que hoy dirigen el gobierno. En su informe de setiembre, FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, financiada entre otros por Bunge y Born, el Citibank y la Bolsa de Comercio), señala que el salario real de agosto fue para los trabajadores privados un 5% inferior y para los trabajadores estatales un 20% menor al mes de junio, fecha en que la hiperinflación los había llevado al nivel más bajo de su historia. El mismo informe afirma que los salarios de setiembre serán aún más bajos que los de agosto, ya que la inflación del mes no será compensada. A la misma conclusión arriba la Fundación Mediterránea, regenteada por el actual canciller Domingo Cavallo (Ámbito Financiero, 3/10). La Fundación pronostica un salario para octubre similar al de junio. Además señala que el salario de bolsillo alcanzará, en octubre, a un promedio de ₳ 78.000, una cuarta parte del valor de la canasta familiar. De esta manera, Menem consolida la fenomenal confiscación perpetrada por la burguesía con la hiperinflación. "El salario real con que se sale de la hiper, sin lugar a dudas el más bajo en términos históricos”, dice FIEL, pero a su vez ha sido convertido por el gobierno de Menem-Bunge y Born en el nuevo “techo”. Tal es el sentido de su pretensión de negociar los salarios del próximo semestre en base a la "inflación prevista", desconociendo así la pérdida acumulada. Como resultado de esta enorme confiscación salarial y “del muy importante adelantamiento de los precios industriales... es evidente la pérdida de importancia de los salarios en la composición de los costos”, reconocen los institutos patronales. Es así que calculan que el costo laboral es hoy apenas la mitad del de comienzos de año. Se trata, naturalmente, de un costo puramente “teórico", ya que incluye las cargas sociales que -como lo reconocen los propios funcionarios- son evadidas sin piedad por los patrones. No hay salida para los trabajadores con este plan de rapiña y miseria. Por un salario que cubra el valor de la canasta familiar hay que echar a los Bunge y Born.

La reciente reunión entre Argentina y Gran Bretaña en Madrid, para discutir la "normalización de relaciones", debe ser vista como la renuncia oficial del Estado argentino a la soberanía del archipiélago. Caputo primero y Cavallo ahora han sido llevados por la diplomacia norteamericana a diseñar una suerte de paraguas que debe proteger los reclamos soberanos de cada país, que en la práctica funciona como la cobertura que permite justificar el ejercicio de la violación de la soberanía argentina sobre las islas. Es así como el gobierno "nacional y popular" ha levantado la interdicción sobre los bienes británicos, reanudado las relaciones consulares, aprobado el comercio malvinense con otros puertos sudamericanos y autorizado la intervención del capital inglés en la privatización de empresas argentinas, escudado en que todo esto no significa la renuncia a la soberanía porque hay un paraguas, establecido en la declaración conjunta, que la protege. Este paraguas protege también naturalmente el planteo británico, de modo que es un simple pretexto para rendirse a las Imposiciones inglesas. Argentina deja, a partir de esto, de llevar el tema a la ONU y de impulsar una política latinoamericana sobre la cuestión nacional. Ha quedado bajo la completa dependencia de Inglaterra y de Estados Unidos. Semejante proceso diplomático equivale a una integración del Estado nacional al dispositivo estratégico del imperialismo. La reunión de Madrid no resolvió la cuestión de la pesca, esto porque sigue sin ser admitida la presencia comercial argentina en aguas malvinenses. Pero aun si lo fuera, ello no sería más que un reconocimiento de la soberanía británica sobre las aguas que orillan las islas. Si Inglaterra ha resistido el acuerdo es porque pretende un pacto internacional sobre la protección de la riqueza ictícola, lo cual reforzaría su presencia en el Atlántico sur. Pero precisamente en función de esta política, el gobierno de la Thatcher se apresta a extender de tres a doce millas su soberanía marítima en tomo a Malvinas, algo que la Argentina tendrá que admitir con la coartada de que tiene un paraguas que protege sus reclamos. Como consecuencia de los acuerdos de Madrid el capital inglés ingresa con fuerza en la colonización financiera de Argentina que está ejecutando el imperialismo. Este se ha servido bien de la palanca malvinera para someter a la impotente burguesía nacional.

El derrumbe electoral del radicalismo y el impacto antipopular de las medidas del gobierno de Menem continúan potenciando en Rosario la candidatura del concejal Cavallero, de la Unidad Socialista. Pero los "socialdemócratas" de la US nada tienen de socialistas ni de democráticos. En un reportaje reciente, Estevez Boero justificó el indulto al decir que "el presidente Menem (lo) resolvió haciendo uso do sus facultades constitucionales". Estevez Boero también apoyó en su momento la obediencia debida" alfonsinista y votó en mayo pasado (junto a radicales y justicialistas) el estado de sitio para reprimir al pueblo rosarino. No es un secreto, en Rosario, que una franja de los votos que beneficiaron a Izquierda Unida el 14 de mayo se volcarían ahora a la US. Si esto llegara a producirse, la IU no sería sino víctima de su propia política. Fue la IU quien otorgó, indulto mediante, “patento de demócratas” a los Estevez Boero, Auyero y APDH, comprometidos con seis años de impunidad alfonsinista. Santa Fe: El bono “solitario” En Santa Fe se entregaron 22.500 "bonos solidarlos" cuando oficialmente existen 250.000 "carenciados". Las colas para obtenerlos fueron, naturalmente, interminables. La selección de los beneficiarios no fue realizada por asistentes sociales, sino por los punteros de las unidades básicas. "Los nombres de los solicitantes fueron chequeados con un padrón de afiliados al PJ", comentaba a "Prensa Obrera" un trabajador del Barrio Santa Rosa, en la Capital. En ese mismo barrio, la policía disolvía violentamente las colas cuando los punteros daban por terminada la "jornada de inscripción". El humor popular en Santa Fe lo ha bautizado como "bono solitario": es para pocos y no viene acompañado por nada. Para colmo, los funcionarios plantean que las ollas populares y demás iniciativas de autorganización frente al hambre deben desaparecer como contrapartida del bono. El bono es un abono a la miseria.

"La iniciativa presentada por Triaca recibió calurosos aplausos de los empresarios”. No es para menos. El proyecto de ley de empleo establece el "contrato laboral temporario” (de 6 a 18 meses) que reduce en un 50% el aporte jubilatorio patronal y también en un 50% la indemnización por despido. El ministro-burócrata-empresario dijo que esto se tornaba necesario para ayudar a paliar la desocupación. Según el propio informe oficial esta afecta a 3.514.000 personas —casi un 25% de la población económicamente activa. Pero el "ventajoso" contrato temporario para los "nuevos empleos" llevará a los patrones a deshacerse de sus actuales trabajadores para reemplazarlos por contratados. En lugar de crear nuevos empleos provocará el despido de los existentes. El proyecto apunta a una profunda desestructuración de la clase trabajadora y no a favorecer su plena ocupación. El gobierno de Menem pretende culminar una tendencia propia del capitalismo a instaurar la precariedad laboral absoluta. El proyecto da otro golpe a las Cajas de Jubilaciones al reducir en un 50% los aportes patronales. Triaca anunció este proyecto en un seminario patronal en Las Leñas, que fue recibido con regocijo por los explotadores. Este proyecto había sido anunciado por los menemistas durante la campaña electoral, lo cual demuestra la labor traidora de los burócratas sindicales adversarios de esta ley, que llamaron a votar a Menem y que siguen apoyando al gobierno. Se descuenta que la CGT Ubaldini rechace el proyecto, pero porque es favorable a que ese tratamiento se haga en las paritarias y por medio de los convenios colectivos de trabajo. Esta posición es un contrasentido porque la “flexibilización” y el congelamiento de los salarios reducen a cero las funciones de los sindicatos. Contra la "flexibilización", el PO propone la garantía horaria para todos los trabajadores sobre la base de un salario igual a la canasta familiar.

Desde su fundación la UJS encarnó una definida concepción política acerca de la organización de la juventud. Como consecuencia de ella planteó que la tarea fundamental de la juventud explotada era darse un medio de lucha contra la degradación social del capitalismo, que debía servir al mismo tiempo como escuela de formación socialista y revolucionaria. Superó de este modo el enfoque burocrático, común a los partidos patronales o de la izquierda, los cuales entienden a la organización de la juventud como una réplica "adolescente" de la organización partidaria "mayor”, auxiliar de sus empresas electorales y semillero de una ulterior carrera política. Pero si en la época de ascenso histórico del capitalismo, los intereses y las reivindicaciones de la juventud podían así encontrar un canal “orgánico" en los agrupamientos tradicionales, incluidos los sindicatos, en la época de la descomposición capitalista, época de desempleo masivo, descalificación laboral, marginalización, represión y guerras; en esta época las cosas debían plantearse en forma diferente. De esto surge la organización independiente de la juventud como instrumento de lucha cotidiana, sindicato y partido a la vez, de las masas juveniles explotadas, cuyo método fundamental de lucha debe ser la manifestación política de masa. El escollo que se levantó históricamente contra esta organización revolucionaria de la juventud explotada, fue sin ninguna duda la confianza de ésta en el nacionalismo de contenido burgués, es decir, en el Justicialismo, así como la burocracia sindical. En la década del 70 hizo desde el justicialismo la tentativa más importante de organización de la juventud, a través de Montoneros, cuyas limitaciones se pusieron en evidencia por su subordinación a la burguesía. La enorme descomposición del régimen burgués en la actualidad y la segura fractura entre el gobierno menemista y los explotados abren una importante oportunidad para encarar esta lucha. Desde 1983, cuando los inmerecidos fulgores del alfonsinismo encandilaron a una gran parte de la juventud estudiantil, hasta el presente, son evidentes las señales de radicalización y disposición de lucha de amplios contingentes estudiantiles y trabajadores. La UJS es todavía una organización muy débil, pero lo que importa no es esto sino el cometido que se ha asignado y que es el único que puede traducir a la práctica las tendencias y necesidades de los jóvenes explotados. En las barriadas, escuelas y universidades está el terreno de acción de la UJS. El agotamiento de las "juventudes políticas" debe dar paso a la organización revolucionaria de la juventud.

En el país de la burguesía evasora y prendaria es natural que se produzca la disputa por el control de la Dirección Impositiva y de la Aduana. La evasión fiscal se ha estimado en los 7.000 millones de dólares al año y en el importante impuesto al valor agregado se la calcula del 70%. Algo similar ocurre con el comercio exterior, donde la estafa al Estado es del orden de los 2.000 millones de dólares al año. Quienes controlen ambos organismos tendrán el “secreto” del “éxito” empresario. Pero los impuestos son, junto a los bajos salarios, los medios fundamentales para pagar la deuda externa. El FMI ha impuesto la obligación de recaudar unos 16.000 millones de dólares al año para cumplir con los pagos de la usura. Los bancos acreedores quieren ver reducida la evasión fiscal para poder recibir una porción mayor de los intereses que se les adeuda. La disputa en tomo a los impuestos y en tomo al control de la DGI y la Aduana tiene que ver así con el pago de la principal hipoteca del Estado. La crisis impositiva puso naturalmente en duda la capacidad de los planes oficiales para cumplir con la deuda externa y con la deuda pública en general. Por este motivo, apenas dos días después de suscripto el acuerdo con el FMI que prometía un dólar a 650 australes hasta marzo de 1991, la divisa norteamericana se fue a 800 australes y las tasas de interés empezaron a subir como en la mejor época de la hiperinflación alfonsiniana. Los primeros 120 días de Menem solo sirvieron para mostrar la incapacidad de los explotadores para afrontar la crisis, aun mediante la aplicación de planes completamente antipopulares. La revolución productiva no se avizora por ningún lado, mientras sí se agudizan los enfrentamientos internos del gobierno y del régimen en general. Otro síntoma de la rápida descomposición menemista lo constituye la emisión de moneda desde el 8 de julio, que creció en más de cinco mil millones de dólares. Esto significa un aumento similar de la deuda pública. Después de la aprobación de las leyes de emergencia y de reforma del Estado, destinadas a eliminar prebendas y subsidios, los redescuentos, financiamientos fiscales y pagos a organismos internacionales provocaron la emisión de más de tres mil millones de australes (La Nación, 31/10). Esto constituye una enorme presión inflacionaria, que inviabiliza naturalmente la estabilidad económica. Se acaban de lanzar “letras dolarizadas” que significan un enorme endeudamiento del Estado para detener la caída del Austral. La política justicialista se reduce a contraer nuevas hipotecas. La crisis política generada por este estrangulamiento económico ha concluido momentáneamente con el apoderamiento de la DGI y la Aduana por parte del pulpo Bunge y Born. El directorio de éste se ha convertido en el verdadero gabinete ministerial; Menem es solo un sosias de Jorge Born. Los evasores y saqueadores han tomado el control absoluto de las finanzas del Estado. ¿El próximo paso será el control del Banco Central? Aquí la cosa es más difícil porque éste se encuentra ahora en manos del Citibank, el principal acreedor de Argentina y el virtual árbitro de la mayoría de las privatizaciones en danza. Pero todo depende de la negociación que se entable. El copamiento del gobierno por parte de Bunge y Born no suscitó ninguna oposición en el Comité nacional justicialista, quien por el contrario salió a respaldar más fervorosamente al gobierno. Se descubre así que el multitudinario PJ no es más que una cáscara vacía frente a la iniciativa de los grandes grupos del capital. Por medio del control de la DGI y de la Aduana Bunge y Born se quiere asegurar que los consumidores paguen los impuestos y de que los capitalistas pueden usarlos para financiar sus negocios. La reforma impositiva que se encuentra en el parlamento significa un incremento de la presión sobre el consumidor del 10-12% sobre el costo de vida. Jorge Born ha planteado, a su vez, la necesidad de gravar más intensamente viviendas, terrenos y automóviles para pagar la deuda externa sin tocar al capital. Los exportadores, en cambio, recibirán como subsidio el impuesto al valor agregado que se hubiera pagado en las distintas etapas de la comercialización. Mientras el saqueo del país se profundiza, Menem pregunta de dónde se podría sacar la plata para aumentar los salarios. Cree que con esto engaña al pueblo, cuando en realidad está expresando la total falta de horizontes que para el pueblo significa el gobierno justicialista. De aquí nace naturalmente la rebelión popular. El Estado Bunge y Born se ofrece ahora a mediar en la cuestión de las paritarias. Ni los Menem ni los Triaca son ya capaces de esto. Andreoni navega perdido por la senda aventurosa de la división sindical. Bunge y Born se ha transformado en el fiel de la balanza. La democracia argentina es la sombra chinesca de los movimientos de manos del pulpo. La burocracia sindical de Miguel espera que el arbitraje de Bunge y Born le ahorre el, para él, penoso camino de la movilización y la lucha. ¡Pero cuál puede ser el alcance de este arbitraje! ¡Cuánta su vigencia! Para los maestros, para los trabajadores de Pasa o de Auto-latina, para los choferes, para los bancarios y empleados públicos, para los centenares de miles que, en definitiva, están luchando en todo el país contra los Bunge y Born y sus planes, no hay arbitraje que valga. La clase obrera argentina comienza a transitar el camino de la huelga general contra el gobierno hambreador de los Bunge y Born y del imperialismo.