Prensa Obrera N° 283

Del PC de Sáenz Peña Sáenz Peña, agosto 5 de 1989 Al Partido Obrero: "El Partido Comunista de Sáenz Peña de 3 de Febrero, se dirige al PARTIDO OBRERO para hacerle llegar la más amplia solidaridad, como así también las seguridades de que nos encontramos atentos ante la amenaza de estar orquestándose contra vuestro PARTIDO una perversa como tendenciosa campaña que apunta, de alguna manera, a involucrarlos en el manipulado tema de los recientes saqueos a los supermercados y de esa forma conseguir, mediante la aplicación de un decreto de la época de ONGANIA, privarlos de la Personería Jurídica. "Esta siniestra amenaza denuncia con extrema claridad, que la minoría reaccionaria que concentra en nuestro país la mayor parte del poder pretende, una vez más, ahogar toda posible manifestación contestataria, imponiendo para ello el miedo y la impunidad represiva a fin de llevar adelante la política de descarada entrega de nuestra economía y soberanía, que acordaron con los centros capitalistas internacionales más espurios y sus cómplices cipa-yos internos, todo ello a costa del hambre y desesperación del pueblo y la persecución de Partidos y Organizaciones Populares, que en esta desigual lucha seguirán comprometidos al lado del pueblo hambreado y traicionado, PERO ESTA VEZ TODOS UNIDOS CONTRA EL ENEMIGO COMUN. Mónica y Sergio de Mar Del Plata "Nos solidarizamos con el Partido Obrero y nos pronunciamos contra el proceso a su dirección. "En momentos en que los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, asistimos a una vertiginosa caída de nuestro salario y se nos priva de todo elemento de trabajo para desempeñarnos y cumplir nuestra tarea. “Un saludo fraterno." Mónica Charlo - Sergio Giardina Porteros Escuela 27 Mar del Plata Dirigentes, delegados y activistas de ATE Neuquén “Los abajo firmantes, ante el proceso abierto contra el P.O. que evidencia la pretensión de proscribir a esta organización y otras; y un ataque a las libertades democráticas, nos proclamamos por el cese del proceso al P.O. y a todos los militantes y organizaciones populares y por el juicio y castigo a los saqueadores del país y del pueblo." Firman: Maurizio Fernández, delegado ATE, Recursos Naturales; Carlos Willhuber, delegado ATE, Estadística y Censo; Ana M. Godoy, delegado ATE, Educación Proyectos; Juan Larrat, delegado ATE, Hospital Neuquén; Carmen Farías, delegado ATE, Hospital Neuquén; Antonio Arias, delegado ATE, Radio y TV Neuquén; Susana Morales delegado ATE, CUIN; José Garriga, delegado ATE, Hospital Neuquén-Salud; Néstor Maussampez, delegado ATE, Automotores; Nuvio Celestino Vega, delegado ATE, Sec. General-Carpintería; Amadeo B. García, delegado ATE, Gobernación; Héctor Méndez, delegado ATE, Hospital Neuquén; Juan José Gómez, delegado ATE, A.P.A.; Jorge A. González, delegado ATE, Hospital Neuquén; Patricia Quilapan, delegado ATE, Acción Social; Luis A. García, delegado ATE, CUIN; Laura Sáez, delegado ATE, ISSN; Colen Grant, delegado ATE, CNEA; Marcela Casamayou, activista ATE, Hospital Neuquén; Alicia Diez, (ATE Acción Social); Sandra Mostafá (ATE Acción Social); Julio D. Fuentes, Sec. Gral. ATE Seccional Neuquén; Juan C. Montenegro, Sec. adjunto ATE Seccional Neuquén; Omar Roman, Sec. Acción Política ATE Seccional Neuquén; Juan Della Vista, Sec. Organización ATE Seccional Neuquén; José Luis Paparone, Sec. Prensa ATE Seccional Neuquén; Nora Morales, delegada ATE, Ministerio de Salud; Julio C. Musotto, delegado ATE, CUIN; Hugo Sponda, delegado ATE, Acción Social; Marcelo Medina, delegado ATE, ISSN. Médicos de ATE: Marcelo Sánchez; Noemy Allemany De "Los asesinos de la abuela" BUENOS AIRES, 3 de Septiembre de 1989. AL PARTIDO OBRERO: "ARTE EN LUCHA” "Los Asesinos de la Abuela, grupo de música y arte visual, repudiamos enérgicamente el proceso judicial contra el Partido Obrero y toda la persecución ideológica de la que es objeto. "En defensa de los trabajadores y por un gobierno socialista. ABAJO EL CAPITALISMO!!" Los Asesinos de la Abuela. (artistas independientes) UN NEGRO BB Bunge y Born en mi sangre se metió no puedo despertar no puedo trabajar. No matan con balas matan con hambre un negro BB violando a su madre. No matan con balas matan con hambre un negro BB nos chupe la sangre. Ley de Defensa para atacar sólo obediencia y pueden matar. Un negro BB ama al propietario y odia al proletario. No, No, No Gobierno do traición No, No, No Gobierno de traición Los Asesinos de la Abuela Aníbal Siriva (Representante) Trabajadores del banco del Chaco Resistencia, 29 de setiembre de 1989 SOLIDARIDAD CON EL PARTIDO OBRERO POR LA VIDA: NO A LA PROSCRIPCION POLITICA DEL PARTIDO OBRERO. Compañeros del Partido Obrero: "Ante la descomunal descomposición del régimen capitalista, los trabajadores observamos cómo cada día que pasa se nos quiere acusar como culpables de los millones de carenciados, de la deuda externa e interna, de la desnutrición, del analfabetismo, de la falta de salud de nuestros compatriotas y demás calamidades resultante de la política capitalista que denigra la condición del hombre. "Para ello nos someten a diario a una situación arbitrada, utilizando toda la estructura de un Estado viciado de despotismo, totalitarismo, y dictatorial de la plutocracia nacional en complicidad con la sinarquía imperialista. Poniendo de manifiesto su incapacidad e impotencia para dar respuestas a los requerimientos sociales de las actuales circunstancias. Le decimos no al dicterio, a las intenciones de apostrofar, a la antropofagia, en fin no al sistema que es un producto nocivo para la humanidad. "Amigos del Partido Obrero, que sufren la conminación del actual sistema, que raya el delirio, les hacemos llegar nuestra incondicional y sincera solidaridad en vuestras tareas por rescatar al movimiento obrero de las garras del mercantilismo que acarrea en sí un proyecto elitista, que niega al mismo tiempo la dignidad del ser humano. "Son muchas las líneas que se podrían escribir denunciando al régimen que por lustros viene dirigiendo nuestras vidas, con sus sangrientos y desatinantes resultados. Quizás no alcancen tintas y papeles para ello. "Agradeciendo la contribución política del Partido Obrero, muestra cabal de políticos con mayúsculas, nos pronunciamos por la total y absoluta anulación de procesos judiciales contra el P.O. y exigimos la retractación de funcionarlos y demás estructuras en la acusación espuria y las disculpas por los perjuicios causados al P.O.” Atentamente SUCURSAL RESISTENCIA C.R., Daniel, Richard, Wilberto, Walter Andrés, Luis y siguen 4 firmas más Del PTS "El P.T.S. (Partido de Trabajadores por el Socialismo), Regional Mar del Plata, se pronuncia en contra de las causas y persecución al Partido Obrero y redama la plena vigencia de las libertades democráticas para todas las organizaciones obreras, de izquierda y populares." PTS (Regional Mar del Plata) 21-9-1989

El general Manuel Noriega conjuró un nuevo golpe de Estado. Todas las evidencias indican que los yankis estaban al tanto de los preparativos golpistas y que los rebeldes esperaban su apoyo para asegurar el éxito de la empresa. Sin embargo, luego de reclamar durante más de un año un golpe militar contra Noriega, el presidente Bush se negó a dar la orden decisiva para que los “marines" respaldaran a los golpistas. La decisión de Bush puso a la luz las divergencias dentro del gobierno norteamericano frente a la crisis panameña, algo que supera en mucho lo que Clarín (8/10) definió como “un cortocircuito en Washington”. El ultraderechista senador republicano Jesse Helm recriminó a Bush “haber desperdiciado una oportunidad histórica” El ex-secretario de Asuntos Latinoamericanos de Reagan, Elliot Abrams, puso el dedo en la llaga al acusar al Pentágono de "rechazar una acción militar norteamericana" (New York Times, 5/10). La divergencia, como se puede ver, se vincula con la conveniencia de una intervención directa para voltear a Noriega, planteamiento con el que viene divergiendo desde hace tres años nada menos que la jefatura de las fuerzas armadas. La orientación de no intervenir militarmente predominó bajo Reagan y continúa haciéndolo bajo Bush. “Parece haberse actuado con responsabilidad” editorializó el Washington Post (5/10), y para el New York Times (5/10), “los críticos del presidente están equivocados”. En este campo se alineó también la mayoría del Congreso, Margaret Thatcher y los presidentes latinoamericanos Carlos Andrés Perez, de Venezuela y Oscar Arias, de Costa Rica. Para este sector Noriega debe ser derrocado por las propias FDP. El mismo Bush declaró, a poco del golpe, que “no tenemos problemas con las FDP sino con Noriega”; "espero que esto llegue Inmediatamente a Panamá” agregó. Bush y el Pentágono se "abrieron” del golpe —en lo que el New York Times calificó como una “autorrestricción inteligente" —porque “el intento provino de un sector de las FDP que parecía carecer de relaciones valiosas tanto con otros sectores militares como con la sociedad civil" (Washington Post, 5/10). La oposición del Pentágono a las intervenciones militares directas ya había sido señalada en oportunidad de la guerra contra el gobierno sandinista, cuando se sustituyó esa alternativa con la organización de los "contras". Esta "estrategia” fue parcialmente abandonada en la invasión a Granada, pero en este caso se esgrime el argumento de que la acción no comportaba riesgo de enfrentamientos. Para el Pentágono la intervención militar procede cuando cuenta con apoyo del Congreso y de los gobiernos de la OTAN. Juzga que de otro modo quedará políticamente vulnerable, como ocurriera en Vietnam. Precisamente, el Congreso norteamericano acaba de aprobar un incremento de la presión militar, económica y diplomática contra Panamá, para forzar una caída “orgánica” de Noriega. Solamente una minoría del “establishment” norteamericano es partidaria de la anulación del Tratado Torrijos-Carter que revierte la soberanía del canal de Panamá a este país. No es ese el objetivo norteamericano, por eso procuran un golpe de estado y desechan la intervención militar. El Pentágono es favorable al Tratado. Un ex-comandante de las fuerzas yanquis en Panamá, el general Woerner, declaró que "el tratado había corregido el anacronismo de la soberanía yanqui en la Zona del Canal” (New York Times, 29/2/88). Un editorialista del mismo diario apoyaba la opinión del general, señalando que “los tratados reforzaron la posición norteamericana”. El Pentágono tiene un motivo adicional para impulsar el respeto al Tratado. En la Zona del Canal está desplegado el Comando Sur de Estados Unidos, un fenomenal aparato bélico que constituye una base de observación, espionaje, vigilancia y lanzamiento militar contra toda la América oprimida. “En el extenso texto del acuerdo Carter-Torrijos, el Comando Sur no es citado ni una vez. Su función no se relaciona con aspectos específicos de neutralidad y seguridad del Canal, sino que ha sido unilateralmente preservado por Estados Unidos para usos extracanaleros" (Página 12, 4/10). La existencia del Comando Sur, en los diez años que lleva vigente el Tratado, no fue objetada por Torrijos ni por Noriega, hasta la deflagración de la crisis en 1988, a pesar de que jugó un papel fundamental en la agresión contra Nicaragua y en la invasión a Granada. Pero aun después de ello Noriega no planteó en ningún momento la evacuación el Comando, lo que sí hubiera producido una intervención militar. Entre las FDP y el Pentágono existe una coexistencia de hecho sobre este punto. Por último debe señalarse que las Fuerzas de Defensa de Panamá constituyen la única estructura estatal real del país, algo que el Pentágono valora enormemente. No pretende destruirlas sino ajustarlas a la función que reclama el imperialismo. Las FDP se han transformado (incluso con ayuda norteamericana) en un sistema de intereses políticos y económicos que, por su vinculación con el narcotráfico ha entrado en un choque con el oficialismo norteamericano. El Pentágono debería asegurarle a las FDP un sustituto financiero y político a sus actuales negocios. En un principio se pensó que ello podría ser el control administrativo del canal, pero esto es ya insuficiente. En Panamá, entonces, está configurada una crisis histórica del Estado, creado por Estados Unidos en 1902, que se potencia estratégicamente por la ubicación del país en relación al Canal y a las operaciones dirigidas a toda América del Sur.

En un reciente artículo sobre la crisis alemana, el “internacionalista" Mas no se refiere ni de pasada a la reivindicación de la "unidad socialista de Alemania” (ver Solidaridad Socialista, 13/9). Esto significa que, al igual que los stalinistas y el imperialismo, ha levantado un muro de Berlín entre los explotados de una y otra parte de Alemania. Los “internacionalistas" carecen entonces de una política independiente en una cuestión que es decisiva para la revolución europea y mundial. En la interpretación del Mas, "los alemanes orientales huyen de la burocracia totalitaria que gobierna al Estado Obrero", pero añade que en el pasado “la mayoría de los que han salido... han tenido que regresar después de experimentar la explotación a la que son sometidos los trabajadores en los países capitalistas”. De manera que en Alemania oriental existe un régimen que expele a los trabajadores pero luego los atrae, es decir que es un totalitarismo burocrático relativamente progresivo. Esta indecente mentira emparenta al Mas con el stalinismo, quien por supuesto viene repitiendo desde hace décadas las mismas macanas. Sin embargo, nadie ha tenido noticias de una emigración en masa hacia Alemania oriental y no es por casualidad que haya sido ésta quien haya levantado el ignominioso muro. Nadie retorna a un régimen de terror y de despotismo arbitrarios, incluso porque la explotación “socialista" de la burocracia no tiene nada que envidiar a la capitalista, y porque más allá de los refugiados la dictadura burocrática es un factor de desmoralización del proletariado internacional. El Mas presenta a los alemanes protagonizando un interminable tránsito entre sus dos sectores, que tiene por estación terminal siempre a Alemania oriental. Esto significa que caracteriza a la estructura estatal del este como históricamente progresiva con relación a la tarea histórica de la unidad de Alemania. De esta manera justifica la división de Alemania con el argumento de que en el este se ha expropiado a los capitalistas. Pero una expropiación del capitalismo al servicio de la división del proletariado más importante de Europa encubre una política contrarrevolucionaria. El planteo del Mas es stalinismo puro, por eso no plantea la unidad de Alemania. El Mas critica al gobierno alemán oriental por haberse “negado a introducir las reformas de apertura que la lucha de los trabadores ha impuesto en otros países como a Unión Soviética" Pero esto es lo mismo que le reclaman a Honnecker el canciller Kohl, el presidente Bush y el presidente Gorbachov. La contrarrevolución está pidiendo a gritos una válvula de escape en Alemania oriental. El Mas plantea lo mismo, la autorreforma de la burocracia de Alemania del este. Por eso no levanta la consigna de la “Unidad socialista de Alemania", la unidad de la clase obrera alemana, que es la más histórica de las consignas históricas de la IV° Internacional.

El martes 3 de octubre pasado salió en el diario Clarín una bochornosa solicitada que lleva como título “Homenaje al 40° aniversario de la República Democrática Alemana”. La firman “comunistas”, "Izquierdistas” (Fral) y hasta “demócratas” burgueses que actúan en las filas del radicalismo y del justicialismo. De esta manera, todo el universo de los campeones de la lucha por la “profundización de la democracia” se presenta como defensor de un aparato estatal completamente totalitario, que ha enajenado todas y cada una de las libertades de la clase obrera y de la ciudadanía en general. Los "comunistas" que firman la solicitada revelan con ello que son unos perfectos stalinistas, que de ninguna manera han roto con el aparato internacional de la burocracia. Después de todo, la RDA es la principal creación de Stalin en el campo internacional en un completo acuerdo con las potencias imperialistas. Izquierdistas que se declaran enemigos jurados de la dictadura del proletariado salen a respaldar a la RDA, algo que por sí solo está demostrando que no defienden una conquista revolucionaria de las masas. La RDA y la República Federal, es decir, la división de Alemania, no es el resultado de una libre decisión de las masas alemanas sino una imposición de los ejércitos ocupantes cuyos Estados habían decidido con antelación la partición de esa nación. La misma solicitada reconoce, aunque con disimulo, que la RDA es un producto de los acuerdos de Postdam. Por eso ambos estados son, a igual título, creaciones del imperialismo y de la burocracia rusa. Después de la guerra no se aplicó a Alemania la consigna de la paz democrática y sin anexiones, ni mucho menos la autodeterminación nacional. La división de Alemania es el producto de un acuerdo contrarrevolucionario en cuanto a contenido y en cuanto a métodos, que estuvo destinado a impedir y aun lo está, la revolución socialista en Europa y a estabilizar al viejo continente en función de los intereses capitalistas y de la burocracia usurpadora. Ahora está de moda criticar a Stalin, pero por lo que se ve la crítica no alcanza a la política fundamental del dictador, es decir que se trata de una crítica vacua y de un encubrimiento efectivo. Los firmantes tienen el caradurismo político y la desfachatez moral de reivindicar para la RDA el título de democrática y de “antifascista", y hasta de esgrimir la frase de su Constitución que afirma que "nunca una guerra será iniciada en el territorio de la RDA”. Pero esta RDA es la que reprimió a sangre y fuego la movilización obrera revolucionarla de Berlín Oriental en junio de 1953, para lo cual llamó a las tropas rusas. La “revisión histórica" parece no haber penetrado en el obtuso cerebro de los “homenajeantes” ¿Olvidan acaso, señores firmantes, embusteros de marca mayor que "en el territorio de la RDA” se inició la invasión de Checoslovaquia en 1968? ¿Olvidan que “en el territorio de la RDA” se tramaron todas las conspiraciones contra las luchas en Europa oriental? El aparato estatal de la RDA está tan plagado de "ex" nazis como el de la RFA, y es burgués hasta los tuétanos. No constituye la representación efectiva del pueblo alemán en lucha sino que es la propiedad privada de una corrompida burocracia. Los “solicitantes” denominan “joven país" a este aparato estatal y hasta lo presentan “nutrido de remotas raíces históricas” Pero el territorio de la RDA pertenece en su mayor parte al de la vieja Prusia, ese “bastión de la reacción", como lo llamaban Marx y Engels, el estado particular de los “junkers” (terratenientes de origen feudal). No es, entonces, una nación, ni tiene carácter histórico alguno. Sólo un mamarracho puede reivindicar a la RDA como depositaría de los “derechos humanos" y delatar así su cobardía intelectual y la bajeza moral. El Partido Obrero es muy claro. La victoria mundial contra el capitalismo depende de la unidad del proletariado de todos los países. En Alemania, los trabajadores que luchan contra el capitalismo germano-occidental y contra el aparato burgués y totalitario de la RDA están obligados a tomar en sus propias manos la bandera de la unidad de Alemania, si quieren que la superación de esta anomalía histórica se produzca democráticamente y de acuerdo con la voluntad y a las aspiraciones de los explotados. No puede haber en Alemania movimiento revolucionario de los trabajadores si no se plantea la unidad del país, es decir, que no hay revolución si está ausente el planteo de una lucha común de los trabajadores de TODA Alemania. El destino de la revolución europea depende del desenlace de la lucha de clases en Alemania, que el proletariado alemán debe librar en común. Los “solicitantes" salen a defender a la RDA en momentos en que esta se quiebra irremediablemente y cuando es por eso más necesario que nunca que sean los trabajadores los que liquiden ese monstruo antiobrero y se sirvan de esta victoria para impulsar la unidad política de toda la clase obrera alemana. Actúan así como lo hace el imperialismo, el cual en el curso de toda la crisis alemana actual ha dado seguridades verbales y prácticas de que se mantiene en el terreno de lo acordado en Postdam, en el terreno de la división alemana y del pisoteo a su autodeterminación.

Sobre el escenario de la República Democrática Alemana se despliegan abiertamente todos los elementos de una brutal crisis política. En los últimos días ha comenzado a desarrollarse, en escala creciente, una ola de grandes concentraciones de masas. Más de 70.000 manifestantes en Leipzig, miles en Berlín y otros tantos en las principales ciudades, Dresden, Jena, Postdam, Blauen y Karl Marx Stadt. A diferencia de las concentraciones anteriores a la presente crisis, que reclamaban el derecho a emigrar a la RFA, los actuales manifestantes —que entonaban repetidamente ‘‘La Internacional”— exigen reformas políticas “porque queremos quedarnos”. "La gente no tiene más miedo de pedir en masa sus demandas”, expresó un diplomático citado por Clarín (10/10), algo fatal para un régimen basado en la opresión policíaca. Mientras crecen aceleradamente las manifestaciones, la fuga se ha convertido en “caótica” (New York Times, 3/10). Luego de la “oleada” que entró a la RFA por Hungría, miles de estealemanes se refugiaron en la embajada de Bonn en Praga, otro de los aliados del Pacto de Varsovia, reclamando una visa de salida hacia la RFA. Esta nueva “crisis de los refugiados" fue resuelta por la directa intervención de la URSS, que forzó a Honneker a permitir el paso por su territorio de los trenes de refugiados de Checoslovaquia a Alemania Occidental. “La URSS —señaló un diplomático oestealemán— jugó un rol importante en obtener el paso de los refugiados desde Praga y Varsovia. Gorbachov estuvo en contacto telefónico con Kohl (canciller alemán) durante todo el fin de semana. Sheverdnadze (canciller soviético) fue muy servicial”, concluyó el diplomático (International Herald Tribune, 2/10). En su visita a Berlín durante la celebración del 40° aniversario de la creación de la RDA, Gorbachov reclamó al régimen de Berlín la realización de urgentes reformas. “La vida castiga a los que no resuelven los problemas a tiempo" fue la poco diplomática amenaza del inquilino del Kremlim a los hombres de Berlín. El régimen burocrático de la RDA está en agonía. Bonn y Moscú hacen desesperados esfuerzos por estabilizarlo. Hace ya casi un mes, cuando la crisis recién comenzaba, un vocero del Kremlin señalaba preocupadamente su “temor de que la política antirreformista de Berlín conduzca a un serio e incontrolable levantamiento popular” (Clarín, 16/9). Las manifestaciones crecientes de los últimos días parecen darle la razón a los temores del burócrata moscovita. La subsistencia del aparato estatal de la RDA es imprescindible para el mantenimiento de la división de Alemania establecida por los gobiernos “aliados" de EE.UU., Gran Bretaña y la URSS durante la segunda guerra mundial, y para impedir que su reunificación sea resuelta por los trabajadores. El derrocamiento de la burocracia y la toma del poder por la clase obrera en Alemania Oriental, impulsaría la unidad de Alemania con un contenido socialista e internacional.

El pasado 14 de mayo no pudieron realizarse en Tucumán las elecciones para renovar la legislatura provincial. La descomposición política de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista llevó a sus dirigentes a ensayar distintas modificaciones de la ley electoral con el fin de evitar el colapso de sus candidatos. Los radicales estaban asistiendo a la virtual desaparición de su electorado, que cayó en un 70% con relación a 1983, en tanto que el justicialismo se dividía en numerosas tendencias y clanes, cuyo único eje de separación era la lucha implacable por quedar agarrados al presupuesto provincial. Esta situación llegó al extremo de que la legislatura aprobó una ley de lemas con el único objetivo de mantener unido al justicialismo, al permitir que todas sus fracciones pudieran ir con una lista propia a las elecciones dentro de la boleta común del PJ. Es decir que el justicialismo es una ficción política rescatada como posibilidad electoral por una disposición del Estado. Este derrumbe general de radicales y peronistas planteaba la posibilidad de una victoria de Bussi, el responsable de los crímenes de la dictadura en Tucumán. Hundimiento del Estado Esta descomposición general de los partidos patronales de la provincia es una expresión de la descomposición de todo el régimen estatal de Tucumán. El gobierno apenas recauda el 15% de sus gastos y la deuda provincial supera en cien veces el ingreso impositivo. Sobre 60.000 contribuyentes empadronados solo 3.000 pagan impuestos y esto en una proporción ínfima. El Estado tucumano ha creado su propia moneda, que el banco provincial no puede rescatar porque él mismo está en bancarrota. La desocupación en período de zafra es del 25%, pero en el resto del año llega al 35 o 40%. La ocupación de la última zafra se redujo a dos meses. A pesar del enorme retroceso de las fuerzas productivas de la provincia, los pulpos azucareros han podido superar la crisis por medio de créditos subsidiados que han volcado a la especulación en el mercado financiero. El hundimiento del banco provincial permitió el crecimiento de algunos sectores de la banca privada, como la Banca Roberts, que se ha transformado en el eje de un proceso de concentración capitalista en la provincia. El enorme retroceso social de las masas ha dado lugar a constantes luchas, en particular de los trabajadores estatales, incluida la docencia. Pero estas luchas parciales nunca pudieron convertirse en un movimiento único, por falta de dirección y de objetivos. La CGT está organizativamente dividida pero se encuentra políticamente unida en la completa subordinación a los capitalistas y a su Estado. La desesperación de las masas y el derrumbe de los partidos patronales tradicionales han potenciado la candidatura de Bussi, quien empezara su carrera política con la única finalidad de obtener medios de presión contra la posibilidad de que fuera condenado por alguna de las Cámaras Federales. Pacto Bussi - Menem El temor a perder sus puestos debido a una victoria de Bussi llevó a radicales y a peronistas a intentar la reforma de la ley electoral de una manera que se adecuara a sus menguadas posibilidades. Las propuestas de adulteración de los comicios variaban según los intereses, no ya de caja partido, sino de cada clan. Se había concebido privar a la mitad de la provincia, incluida la ciudad capital, de la posibilidad de votar, lo que de haber prosperado hubiera provocado una enorme fragmentación política y la imposibilidad de gobernar. En este cuadro se planteaba la posibilidad inminente de una intervención federal. Pero aunque esta alternativa no se concretó formalmente, sí se produjo de hecho, porque finalmente el ministro del Interior, Bauzá, ordenó al gobernador Domato convocar a elecciones por decreto, mediante un sistema de distribución electoral armado enteramente en Buenos Aires por el gobierno nacional. Pero la solución encontrada no hubiera podido realizarse al margen del otro contendiente político, Bussi. En efecto, el decreto electoral fue autorizado por Menem luego de una reunión con Bussi, en la que se estableció un planteo de amplios alcances para Tucumán. Según La Nación (21/9) Menem “acogió con el oído atento” a Bussi y ello "contribuyó a limpiar uno de los aires más enrarecidos del país”. En lo que hace a la cuestión electoral, la distribución de los distritos garantiza que en caso de que el justicialismo fuese derrotado por Bussi, su representación parlamentaria se vea afectada sólo en forma reducida. Es sintomático que Bussi hubiera prestado su acuerdo a esta convocatoria electoral, luego de haberse opuesto a todas las alternativas manejadas con anterioridad en la legislatura tucumana. Esta solución no conforma, como es de imaginar, a todos los clanes justicialistas, y es por eso que para evitar el estallido del PJ Cafiero mandó a Oraldo Britos como interventor partidario disfrazado de veedor. De esta manera la efectivización del pacto Menem - Bussi estará a cargo de un ubaldinista, algo ideal para disfrazar el operativo político y comprometer a los “zurdos” del peronismo. Lo más relevante del acuerdo Menem-Bussi es lo que viene a continuación del acuerdo electoral. Es claro para cualquier observador de la realidad tucumana que la corrupción del poder político en la provincia y su manifiesta desintegración plantean la intervención federal, con todo el "costo político" que esto significa y sin que las perspectivas de solución que pueda traer una intervención se vislumbren a corto plazo. Para sustituir a la intervención federal, Menem y Bussi han acordado un plan económico y político que sirva de base de acción a una bancada parlamentarla menemo-bussista, lo cual le daría homogeneidad a la legislatura, que en el período de sesiones de 1989 solamente aprobó una ley. La ejecución de ese pacto político servirá para determinar la sucesión del actual gobernador en las elecciones de 1991. La banca Roberts Los lineamientos fundamentales de ese pacto fueron revelados la semana pasada por la Fundación del Tucumán, que agrupa a los sesenta principales pulpos instalados en la provincia, entre ellos la Banca Roberts, Scania, Seagram, Citrusoil, Papel Tucumán (Bridas) y los ingenios con intereses en el conjunto del norte argentino. El planteo de la Fundación hace las veces del plan Bunge y Born para Tucumán y tiene el carácter del mismo operativo que llevó al acuerdo Menem - Alsogaray - Born -Citibank en el plano nacional. Las propuestas de la Fundación salieron a luz en vísperas de las elecciones y luego de la entrevista Menem - Bussi. No hay ninguna duda que tienen que ver con las posibilidades de un bloque parlamentario homogéneo que encare un ataque a fondo a la crisis. El ubaldinista Britos y el ubaldinista Ricardo Díaz, presidente del PJ en Tucumán, son los agentes ideales de este operativo estratégico. El carácter de las elecciones del próximo 5 de noviembre en la provincia está determinado precisamente por este pacto Menem - Bussi - Banca Roberts. El plan de la Fundación del Tucumán, en aquellos aspectos que han sido revelados oficialmente, comporta un duro ataque a las conquistas populares, en una línea hace ya largo rato visualizada por los capitalistas para Tucumán. Plantea el desenganche salarial de los empleados públicos, la elevación de la edad de la jubilación, autofinanciación de los empobrecidos municipios y hasta la arancelización de la escuela primaria. Nada dice el informe sobre la enorme evasión fiscal, pero lo que si reclama es la privatización del banco provincial, bajo la forma de una sociedad mixta, y por sobre todo el aporte de un redescuento del Banco Central para ser canalizado por la banca privada. Se reclama la desregulación azucarera, que eliminaría del mercado a las cooperativas de cañeros y el rescate de las letras de cambio en poder de las empresas. Seguramente, en la parte aun no revelada del plan se plantea también la privatización de los principales institutos de salud. Estamos ante la evidencia, sin ninguna duda, de un plan Bunge y Born para la provincia, de un ataque sin precedentes contra conquistas sociales del pueblo, y de una articulación política que la respalde a través del acuerdo Menem - Bussi. ¿Qué objeción de principios se puede hacer a este pacto por parte de quienes gobiernan apoyados en Alsogaray y Seineldín? Al igual que lo que ocurre en el plano nacional, los ubaldinistas y “zurdos” del justicialismo son el vehículo que sirve para disimular esta realidad a las masas y para llevarlas como carne de cañón a apoyar electoralmente a sus victimarlos capitalistas. No es casual, a la luz de todo esto, que Bussi retirara su candidatura a senador en el último instante de presentación de las listas. El viejo verdugo del pueblo tucumano quiere evitar el desmoronamiento del justicialismo y de su gobierno, y tampoco le interesa quedar como árbitro de una situación de crisis que desnude rápidamente su incapacidad política a igual título que radicales y justicialistas. Bussi no ha logrado formar un partido ni tampoco tiene cuadros; los legisladores que hizo elegir hasta ahora lo abandonaron. Su Fuerza Republicana es un engendro histórico extraño por eso apunta ahora al acuerdo con el menemismo, al Igual que toda la gran burguesía y todos los principales pulpos. El fracaso de este pacto como consecuencia de sus contradicciones o como resultado de la persistencia de la crisis justicialista o de la lucha popular, provocará la intervención federal de Tucumán. Abajo los candidatos de la Banca Roberts La intervención directa de Menem en la crisis del PJ, el acuerdo con Bussi y el retiro de la candidatura de éste, han revertido en parte las expectativas de una derrota del justicialismo. No existen evidencias de que dentro de las masas que luchan desesperadamente por sobrevivir se perfile una tendencia a romper con los partidos patronales. Pero es indudable que el pacto Menem - Bussi y el respaldo que tiene de parte de los grandes pulpos ofrece un ángulo de denuncia y de agitación contra el enorme golpe que ello significaría para los explotados de Tucumán. Por eso el Partido Obrero en la provincia planteará entre sus consignas: abajo los candidatos de la Banca Roberts, votar y organizarse en el Partido Obrero. La FES de Tucumán ratificó una dirección combativa En la Federación de Estudiantes Secundarios de Tucumán, que tiene por base a trece colegios, una asamblea de delegados reunida a fines del mes pasado eligió a la nueva dirección. De un lado se presentó la lista de la UJS e independientes y del otro la del Frejupo. Quedó consagrada la primera por mayoría absoluta (siete votos) contra dos de la segunda y dos abstenciones. La elección culminó algunas experiencias que permitieron visualizar la orientación de cada corriente. Una de ellas fue la marcha contra el indulto convocada por Madres, que fue impulsada por la UJS y boicoteada por el Frejupo. La otra cuestión fue el nuevo impulso planteado por la UJS a la lucha por el boleto estudiantil, que se reclama con un 70% de descuento y congelado. En oportunidad de la elección de la nueva dirección, la UJS reivindicó su plataforma de independencia del movimiento estudiantil respecto al Estado capitalista, en tanto su contrincante planteaba la integración al Estado bajo la muletilla de la "participación”. El gobierno y el Frejupo han lanzado una campaña para dividir la FES, algo parecido a lo que intentó el clero el año pasado. Para impedir la consumación de esta carnereada es necesario darle toda la fuerza a la lucha por el boleto y al reforzamiento e incorporación de nuevos centros de estudiantes.

El presidente Menem va a estampar la firma en un nuevo “decreto petrolero” que entrega las áreas secundarias y centrales de YPF a los pulpos privados. En todas estas áreas el trabajo exploratorio y de inversión para la producción ya fue realizado por YPF, sin embargo los yacimientos se entregarán a precio de remate porque la “licitación” se realizará... ¡sin base!) De este modo los monopolios priva dos fijarán el precio por las reservas comprobadas y las instalaciones eficientes de YPF. Lejos de que los pulpos privados sean quienes aporten "capital”, el aporte de capital lo hace YPF al ceder sus reservas pues como dicen los propios ministros, ellas son dinero “contado”. En las áreas llamadas centrales se plantea la figura de una "asociación” del capital privado en forma minoritaria con YPF, pero con la salvedad de que el “operador” del yacimiento será privado Esto significa que los “privados” se quedarán con el control de los yacimientos centrales, luego de hacer un aporte “minoritario”. Lo que se obtenga por aporte privado, no irá al fondo de inversión de YPF, sino a pagar la deuda externa estatal. Según Octavio Frigerio “las empresas petroleras pueden contribuir al mejoramiento de las cuentas públicas externas” (Crónica, 5/10), es decir que “serán acaparadas por el Tesoro” (Clarín, 6/10), para pagarle a estos mismos pulpos la fraudulenta deuda interna y externa. Pero a los pulpos “Se asegura — dice el diario petrolero Clarín— a través de mecanismos alternativos la posibilidad de remitir utilidades a las casas matrices, aún en época de crisis en la balanza de pagos”. Es decir que en cuanto Argentina no tenga dólares, los pulpos petroleros podrán girar utilidades, remitiendo productos de fácil venta. Todo esto no es ni más ni menos que la política de Terragno y Alfonsín. Por eso la UCR aplaude al tándem Dromi-Araoz-Frigerio. En síntesis, YPF está en liquidación. Mediante el plan Houston todo el petróleo que queda por descubrir ya está en manos privadas y ahora también la mayor parte de lo que está en explotación. La participación de YPF en la producción caerá de este modo del 65% actual al 35%. Por este camino la perspectiva de la empresa es terminar vendiendo sus destilerías su flota y redes de comercialización. Obviamente, la racionalización y los despidos están a la vuelta de la esquina. Hay "superabundancia de personal” dice Frigerio (C. Comercial, 5/10). El decreto del gobierno conlleva un ataque en regla contra el convenio y las conquistas de los trabajadores. La burocracia del SUPE es la pieza maestra El elemento clave en el lanzamiento del plan fue el acuerdo de la burocracia de Ibañez. Fue la luz verde esperada por los capitalistas para cerrar el paquete. Antonio Cassia, diputado y secretario gremial de SUPE dio “el consenso de ese gremio para asegurar una transición pacífica hacia la apertura petrolera” (Clarín, 4/10) y “reivindicó el diagrama de política petrolera elaborado por el justicialismo” (ídem). Diego Ibañez, a su vez, “se comprometió a mantener controlado el sindicato de reacciones en áreas de producción conflictivas en YPF” (Clarín, 6/10). Durante años la burocracia sindical se llenó la boca con la “soberanía energética” y el “monopolio de YPF” para frenar la lucha obrera y justificar la pérdida de conquistas fundamentales. Ahora defienden la privatización, lo que significa actuar como policía del gobierno contra los trabajadores en la aplicación de la entrega. Cuando Ibañez firmó el acta de compromiso con Menem y Frigerio (que la burocracia presentó como una garantía de control por parte del SUPE) estuvo claro que le dio el aval a la liquidación de la fuente de trabajo y el acta de defunción del propio sindicato. Pero, ¿quién mandató a estos dirigentes para asociar al SUPE al plan de liquidación de YPF? ¿Qué consulta se hizo a los trabajadores? A principios de año el Congreso de la Federación SUPE facultó al Secretariado nacional para tomar medidas de acción —hasta por tiempo indeterminado— si se entregaba un solo metro cuadrado de YPF. En Comodoro Rivadavia una asamblea de 1000 compañeros se pronunció contra la privatización En Salta, se paró 24 horas (Yacimiento Norte) contra la entrega de áreas En Mendoza hay un petitorio exigiendo una asamblea general de la filial. En Capital muchos delegados cuestionaron la parálisis de la dirección ante la entrega, denunciándose por escrito subsidios a las petroleras privadas. Ibáñez no quiere asambleas. Los delegados deben pronunciarse con la realización de asambleas en las secciones, lugares de trabajo y filiales. El “decreto” debe ser "letra muerta”, con el boicot de las licitaciones de las áreas y parando los yacimientos que se intentan privatizar o al menor despido.

Los trabajadores cordobeses se están jugando en Córdoba con una seguidilla de paros y movilizaciones. La capital se ha convertido en un hervidero. En las últimas semanas los empleados públicos, los docentes, los trabajadores de EPEC (empresa de energía), de EPOS (Obras sanitarias), los médicos y los choferes del transporte de colectivos urbano han realizado paros, quites de colaboración y manifestaciones callejeras. El motor fundamental de todas las luchas es el reclamo salarial, porque Angeloz, siguiendo los dictados de Menem, pretende dejar los salarios a los niveles de junio. A esto se suma la inminente aplicación de una ley de emergencia provincial que contempla el "desenganche” salarial y la eliminación de conquistas laborales provinciales. La lucha de los trabajadores de Córdoba revela un proceso profundo y una obstinada voluntad de enfrentar la miseria, ya que estos conflictos se vienen desarrollando intermitentemente durante los últimos tres meses. La dirección de los gremios estatales, ante la presión de los trabajadores, lanza paros aislados que luego levanta “arreglando" alguna mejora, lo que no ha impedido que los salarios hayan caído en términos reales un 45% en un solo trimestre. Ahora largó un paro de 48 horas que esperará levantarlo a cambio de una insustancial “oferta” de Angeloz. Mientras tanto la provincia está regada de paros y marchas que están madurando las condiciones para una marcha única de todos los gremios en conflicto y el paro general. A pesar de esto la CGT ni siquiera se reúne, trabando una acción colectiva de todos los sindicatos.

La Cámara Federal de San Martín aplicó las más duras condenas a los militantes del MTP que asaltaron el cuartel de La Tablada en enero pasado. Las decisiones se conocieron en la misma semana en que Menem habría de decretar el indulto para numerosos jefes militares que fueron responsables de “un plan criminal" que produjo el asesinato fuera de combate, en la indefensión y a sangre fría, de miles de ciudadanos argentinos y de varios extranjeros. Además, el gobierno da por clausuradas las causas por los levantamientos carapintadas mientras la justicia condena a los que atacaron un cuartel invocando la necesidad de hacer frente a la impunidad de los que participaron en esos levantamientos. El indulto de Menem le quita toda autoridad política, moral y judicial a las condenas de la Cámara de San Martin. Otro contraste significativo lo constituye la rapidez con que se tramitó este juicio y la demora indefinida que sufrieron los juicios a los militares, precisamente a la espera de la famosa “decisión política” que habría de indultarlos. Las condenas debían apresurarse para dejar libre el camino del indulto. En ambos casos el poder judicial actuó en función de una misma arbitrariedad política. Delito de opinión Lo que caracteriza por sobre todo al fallo de la Cámara es que condena tanto a los participantes directos del asalto como a los que se mantuvieron en las inmediaciones sin ninguna clase de intervención en las largas 36 horas que duraron los acontecimientos, y aun a los que ni siquiera se encontraban en las proximidades pero que la Cámara presume que pertenecían a la misma organización. Esto significa que la condena trasciende la penalidad a la comisión de un delito y se transforma en la sanción a planteamientos y a actividades políticas. Se entra así en un juzgamiento de intenciones que viola la libertad de expresión y de organización y que reemplaza a la Constitución nacional por el Código Penal. Las condenas indiscriminadas penan de este modo, no al hecho del asalto a La Tablada sino a los planteamientos políticos del MTP y al MTP. El conjunto del fallo constituye un violento ataque a las libertades y derechos democráticos, porque condena a las opiniones y a la organización, a las que reputa como “subversivas” independientemente de la comisión de cualquier delito efectivo. Manipulación política El juez de instrucción de la causa, primero, y la Cámara Federal más tarde, se negaron a considerar el intento de copamiento como una acción política, que por un lado estaba vinculado a los tres levantamientos militares producidos desde Semana Santa y por el otro lado a las declaraciones de Menem y del entonces presidente Alfonsín referidas a la inminencia de un nuevo levantamiento militar. Se negaron a investigar el principal alegato defensivo de los acusados. La Cámara obstruyó sistemáticamente la posibilidad de que los acusados y sus abogados defensores se refirieran al contexto político de la acción, afirmando que ello “no hacía al objeto procesal”. Sin embargo, toda la presentación de la acusación y el contenido de las condenas plantean su propio fundamento político sin reparar que éste también se apartaría del objeto procesal. Así es que afirman que la finalidad de los asaltantes, de los merodeadores y aun de los ausentes del lugar de los hechos era "subvertir el orden político”, incluso a pesar de que en todos sus manifiestos y declaraciones el MTP dejó inequívocamente claro que defendía al régimen político actual. El hecho que sin ninguna duda ejemplifica como nada la deformación de este proceso judicial, es la determinación de la Cámara de no permitir que se consideraran las características de la represión al copamiento, desde la orden “reservada” de Alfonsín, la ausencia de los jueces en el lugar de los acontecimientos, el uso de bombas de fósforo, la participación en la acción de militares que estaban detenidos por los sucesos de Villa Martelli, el secuestro de varios asaltantes y el asesinato de otros. El juez de instrucción, primero y luego la Cámara Federal, separaron estos hechos de la causa principal y los derivaron como causas separadas que, por lo que se percibe, no tienen el mismo tratamiento en lo que hace a rapidez. Pero sin la apreciación de estos factores no se puede juzgar el alegato principal de los acusados de que actuaron para impedir un nuevo levantamiento contra el orden constitucional. Sin esto no se puede verificar el carácter eminentemente político de la acción, y por lo tanto ésta no puede ser correctamente tipificada. Encubrimiento a los “servicios” En realidad, los sucesos de La Tablada pusieron en evidencia la existencia de una red conspirativa en el seno de las fuerzas armadas, que el procedimiento judicial se empeñó por ocultar. Es indudable que el poder judicial ha actuado en todo esto con un criterio altamente político en lo referido a la defensa de la inmunidad de la maquinaria represiva del Estado. La conexión entre la instrucción del proceso y los servicios de inteligencia fue, precisamente, señalada en el proceso en forma reiterada. Al final, se emitió sentencia sobre la base de pruebas entregadas por los servicios del ejército. No debe olvidarse que éstos quedaron con el control del cuartel durante varios días con posterioridad al copamiento. Esta circunstancia no fue cuestionada. Semejante irregularidad vicia al proceso de completa nulidad. Las pruebas deben obtenerse por medio de procedimientos objetivos y no puede prevalecer sobre ellas el convencimiento íntimo que el juez se pueda haber formado como consecuencia de su acceso a pruebas por una vía irregular. Se trata de una norma elemental, ¡la más elemental!, de un estado de derecho. Otra gravísima irregularidad la constituyó la obstrucción que se hizo contra la defensa. Esta fue impedida de ver la totalidad del expediente de la acusación y las pericias se hicieron bajo el llamado secreto del sumario, lo cual impidió que la defensa pudiera controlarlas y nombrar sus propios peritos. Estas características del juicio lo definen por sobre todo como un intento por disimular y encubrir una acción, de alcance desconocido, del aparato represivo y de inteligencia. Se llegó a admitir que el ex presidente Alfonsín no compareciera al juicio y que pudiera hacer sus planteos por escrito, algo que es completamente anodino en un juicio oral y público. Posición del M.T.P. Cuando se tiene presente todo el cúmulo de irregularidades y de arbitrariedades que se pusieron de manifiesto desde la instrucción del proceso, sorprende que los acusados hubieran admitido asistir al juicio y que no lo boicotearan para fortalecer su denuncia ante la opinión pública. Se pensó probablemente que correspondía concurrir para utilizar las ventajas de los medios de difusión, una ilusión que se puso de manifiesto con el total boicot informativo. Pero lo que más determinó la conducta de no boicotear este proceso alevosamente irregular y condicionado, fue seguramente el “respeto" que defensores y acusados manifestaron de entrada con relación a las “normas e instituciones jurídicas constitucionales”. La obsecuencia democratizante no permitió así sacar las conclusiones adecuadas con respecto a un juicio que violaba las normas propias de un estado de derecho. Esta posición quedó de relieve en una serie de notas “teóricas” publicadas en el diario Sur, donde los abogados defensores pretendieron hacer una caracterización “científica” del proceso judicial contra el MTP. Allí afirman que la producción de la “verdad judicial” que hacía la acusación y que compartía la Cámara correspondía a la “democracia restringida” que existe en Argentina. Semejante tesis conduce naturalmente a un callejón sin salida a quienes simultáneamente defienden el orden constitucional vigente. Pero la caracterización es falsa y lo es todavía más el método que conduce a ella. Los regímenes constitucionales encierran grandes contradicciones políticas, no existe una relación lineal entre sus principios y su acción, como se evidencia en el antagonismo entre los derechos y Iibertades que proclaman y la explotación social y la opresión política que corresponde al Estado burgués. Las características del juicio no corresponden a las “normas” de la democracia sino a las de los servicios de inteligencia que se valen de las instituciones constitucionales. Esto plantea una contradicción con los principios de la democracia burguesa en general. Los abogados formularon una caracterización metafísica y no dialéctica, porque en su planteo estaba ausente el análisis concreto de una realidad concreta, es decir de sus contradicciones. La correspondencia lineal entre los procedimientos jurídicos y las normas que rigen un orden estatal determinado sólo tiene lugar excepcionalmente en el fascismo y en el stalinismo, que se caracterizan por la ausencia de normas y de procedimientos realmente jurídicos y que por este motivo hacen coincidir siempre, de un modo policial, a unas y otros. La defensa realizó así una adaptación fatalista a un proceso judicial fraudulento en lugar de boicotearlo en nombre de los principios democráticos y de las normas del estado de derecho, que en este caso servían para combatir los intereses del Estado burgués. La conclusión es que está planteada la lucha por la revisión del proceso judicial contra los militantes del MTP.

Un volante distribuido por el Mas con fecha 7 de octubre dice lo siguiente: “Ese masivo repudio popular fue lo que obligó al gobierno primero a postergar el indulto y ahora a sacarlo entre gallos y medianoche, y sin incluir ‘en esta primera etapa’ a Videla, Massera, Camps y el resto de los condenados". Es decir que para el Mas el indulto de la semana pasada es un hecho episódico e incluso un triunfo del "repudio popular”. No se podría expresar de mejor manera la completa capitulación ante el decreto menemista y la coincidencia con los alfonsinistas, que desde un primer momento apoyaron el indulto a los “procesados”. Si se tiene en cuenta que los alfonsinistas se oponían al indulto a los carapintadas, hay que concluir que estos se encuentran incluso a la izquierda del Mas. El volante del Mas "repudia” el indulto recientemente dictado y “respalda” la petición de que se lo declare inconstitucional, pero su eje político no es ese. No se plantea la lucha contra toda forma de indulto sino exclusivamente contra el indulto a los “condenados”. Este cambio alfonsinista es una capitulación ante el decreto de Menem. Es imposible un movimiento de lucha contra el indulto a los condenados si no se plantea la anulación de los indultos ya dictados, así como de la obediencia debida y el punto final. No se ha visto nunca que quienes arrían las viejas banderas fueran capaces de levantar banderas nuevas. El volante del Mas es una radiografía adicional de su política de adaptación a los partidos patronales. El Mas e Izquierda Unida boicotearon la Marcha de Madres del 10 de agosto pasado "contra el hambre y el indulto" y luego impulsaron la movilización del 8 pero condicionada a su subordinación a los planteos del alfonsinismo y los renovadores Esto explica que esa marcha quedara como un hecho aislado a pesar de su masividad y de que sus patrocinadores se sirvieran de ella para propiciar la constitución de un “espacio de centro-izquierda". Cuando el más elemental criterio consecuente reclamaba una segunda movilización, esto no se produjo por la natural negativa de alfonsinistas y renovadores a establecer una lucha decisiva contra el gobierno. Por eso el movimiento desaguó en una miserable campaña de firmas, ya que hasta el reclamo de un plebiscito fue vetado por los aliados patronales del Mas y de IU. Ahora es natural que el Mas disfrace el freno de su frente con los partidos amnistiadores con la vergonzosa tesis de que el “repudio popular” forzó a Menem a indultar masivamente "sólo" a un par de centenares de represores criminales.

El indulto decretado por Menem el sábado 7 es sin ninguna duda un crimen político cometido contra las luchas libradas por el pueblo argentino y contra las libertades democráticas. El gobierno soltó nada menos que a los “jefes de zona" designados por la dictadura, es decir a quienes fueron responsables de miles de torturas y asesinatos de personas indefensas. Se dejó en libertad a los militares “bajo proceso” porque se tenía la certeza de que ninguno de ellos escaparía a la inevitable condena judicial. Esto quiere decir que no estuvo en la mira la cacareada “reconciliación nacional" sino el objetivo de evitar que se asestara un golpe a los nombres de la dictadura militar. El régimen constitucional demostró así que no tolera de ningún modo el proceso al régimen militar, porque defiende al mismo Estado y al mismo régimen social, y en definitiva al mismo aparato represivo. El presidente dijo que él asumía solo los “costos políticos” del indulto, con lo cual desmiente su afirmación de que el indulto cuenta con el apoyo de la mayoría del país. Lo esencial, con todo, es que el verdadero costo político del indulto lo pagan los explotados, toda vez que la libertad de estos “pájaros” constituye un indisimulable refuerzo del aparato represivo. El indulto, de cualquier forma que se lo encare, constituye una reivindicación de los tres levantamientos militares que se produjeron desde 1987 y de todos los atentados que se perpetraron reivindicando el cese de juicio a los militares. Por más que se esfuerce por disimularlo, Menem dictó el indulto bajo las mismas condiciones de coacción bajo las cuales Alfonsín dictó la obediencia debida y el punto final. Para el viernes 13 de octubre estaba citado por segunda vez a comparecer el general Riveros, “patrón” de Campo de Mayo bajo la dictadura, ante la Cámara Federal, la que seguramente se habría visto obligada a detenerlo. En la revista Somos y en el diario La Nación, el general Cáceres había afirmado que este hecho podía provocar una nueva crisis militar. Menem se jacta ahora de que con el indulto resolvió el 90% de la crisis militar, pero en realidad no hizo más que ceder al chantaje de una nueva crisis militar. El indulto fue dictado con el apoyo del justicialismo cafierista y del alfonsinismo. Ambos declararon hace un mes que respaldaban el indulto —el justicialismo en forma irrestricta, el alfonsinismo limitado a los militares bajo proceso. Pero en la práctica el apoyo fue irrestricto sin excepción. El indulto puso en evidencia que las Cámaras Federales tenían congeladas numerosas causas contra jefes militares a la espera que el poder ejecutivo dictara la llamada "solución política”. De esta manera colaboró activamente en la tarea que culminó con el indulto. Ahora queda por ver si con estos antecedentes alguna de ellas objetará por inconstitucional el “perdón” menemista. No se pueden descartar “desprolijidades” por este lado pero la Corte ya ha dicho que “no pondrá piedras” a la política oficial. Mientras miles de víctimas de la sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre se encuentran cumpliendo condenas por delitos que tienen que ver con la propiedad y con la desesperada lucha por la existencia, el gobierno ha liberado a gente que fue caracterizada por la propia justicia como autora de un deliberado plan criminal. Semejante atropello ha de servir indudablemente para formar conciencia en el pueblo sobre el carácter del estado de derecho que reivindica la burguesía como un producto histórico suyo. Todo estado de derecho está condicionado por los Intereses fundamentales de las clases dominantes. El gobierno “nacional y popular” dio el indulto a los responsables de la conducción de la guerra de Malvinas, para quienes una Corte militar había reclamado la pena de muerte, debido a la incompetencia y el aventurerismo. El nacionalismo premia así la capitulación ante la flota y defiende los derechos de vida y muerte que una camarilla de militares tiene asignada sobre soldados argentinos. Se ha indultado el deshonor militar y el deshonor nacional para no tener que tocar un pelo a los privilegios de las camarillas militares. Menem indultó también a los carapintadas, pero para esto fue necesaria una negociación política que ha subordinado a los carapintadas al alto mando pentagonista y proyanqui y a la política de Bunge y Born y de capitulación ante la Thatcher Los “héroes de Malvinas" han perdido sus pretendidos galones en el camino del perdón. Otro beneficiario del indulto han sido los Montoneros, definitivamente pasados al campo de los genocidas y de los intereses imperialistas. Con el indulto a Montoneros se pretendió disimular la arbitrariedad del “perdón” a los militares. La negociación con los Montoneros tuvo como eje a los 60 millones de dólares que los Bunge y Born tienen anotados en sus cuentas pendientes con los Firmenich y compañía. Todos los aspectos del indulto tienen las huellas digitales de la sangre, del lodo y de la corrupción. Son un aspecto decisivo del reforzamiento del aparato represivo contra la lucha del pueblo argentino contra la ofensiva capitalista en curso. Repitiendo a Luder, el general Cáceres consideró necesario subrayar que el indulto servía a la causa de la "seguridad jurídica" para la inversión extranjera y la "repatriación de capitales”. La represión y la explotación están unidas por un cordón umbilical. Un mínimo de seriedad exige que no se repita el aserto demagógico de que Menem violó con el indulto el mandato electoral que recibió el 14 de mayo. En este como en otros aspectos Menem está cumpliendo a la letra con el programa justicialista. El indulto materializa la “ley de pacificación nacional” que el menemismo prometió en la campaña electoral. Que una mayoría de trabajadores hubiera creído en el justicialismo por encima de éste como de otros planteos antiobreros contra los que ahora está luchando, demuestra el profundo impasse político de los trabajadores argentinos. Esto debe ser destacado para poder plantear su superación y no disimulado para reforzar el empantanamiento político de los trabajadores que carecen de una dirección independiente. El indulto, ¡quién puede dudarlo!, no zanja el destino histórico del aparato represivo ni del aparato genocida de la dictadura. Ese destino solamente va a ser decidido cuando la clase obrera emprenda la lucha gigantesca que la enorme descomposición capitalista le plantea. Por eso las consignas de abajo el indulto, abajo la impunidad, juicio y castigo a todos los culpables, desarme de los explotadores seguirán más vigentes que nunca.

El gobierno de los capitalistas se apresta a librar una lucha a fondo contra los trabajadores. Los episodios relativos a la crisis en la CGT tienen que ver con ello. Se pretende congelar los salarios hasta marzo sobre la base de un aumento del 9%, que según se prejuzga será la llamada inflación futura. ¡Pero los salarios ya han caído un 50% en el curso de 1989! ¿Quién repone este saqueo? En diversos puntos del país se están librando luchas importantes, precisamente para impedir que se congele esta miseria salarial. Es necesario que esta lucha cobre un carácter general en todo el país. La reposición de los salarios perdidos significa que el aumento debe ser del 100%. Ni más ni menos. Los trabajadores son los que deben juzgar cuánto necesitan para recuperar lo perdido. Esto no puede quedar en manos de nadie. Que se convoquen a asambleas para fijar las reivindicaciones. Asimismo es necesario rechazar cualquier norma de congelamiento porque la inflación sigue vigente. Los convenios de trabajo son instrumentos para defender al obrero, por eso no pueden estar nunca suspendidos, deben poder negociarse cada vez que los trabajadores lo reclamen. El convenio de trabajo no debe estar nunca en función de las patronales, porque ellas ya son las dueñas de las condiciones de producción del trabajador, sino que deben estar al servicio del trabajador que necesita limitar y modificar las condiciones de trabajo dominadas por los patrones. 100% de aumento para todos. Independencia de los sindicatos. Los convenios de trabajo no deben estar sujetos a ninguna restricción.

Cuando este periódico esté en la calle se habrá consumado uno de los objetivos más importantes de los grandes capitalistas que han copado el gobierno: la conquista de la CGT por parte de la fracción menemista, lo que equivale a decir que se transforma en un engranaje del Estado de los Bunge y Born y de los Citibank. Los pulpos capitalistas podrán elogiar muchas cosas de Menem, pero si éste conquista el objetivo de estatizar a la CGT en forma completa, es indudable que lo considerarán una victoria estratégica. A partir de aquí comenzará un implacable proceso de enfrentamiento contra el movimiento obrero y la persecución igualmente implacable de los activistas independientes o combativos. En un reciente reportaje concedido a La Nación (2/10) Triaca fue brutalmente claro: "Acá hay que subordinarse al poder político existente"; "la CGT es parte del gobierno”; “los trabajadores son todos de Menem". El ataque contra la independencia de los sindicatos es frontal, la política de los Bunge y Born no admite ninguna clase de obstáculos. La CGT y los sindicatos son presas estratégicas para los pulpos. Menem no fue menos claro. En la declaración en la que acepta mediar en el conflicto cegetista (ver La Nación, 24/9) dice: “...espero el decidido apoyo de las organizaciones sindicales y de la CGT en la implementación de las leyes fundamentales que constituyen los carriles básicos de mi gobierno...”. Esos carriles son los del FMI, la banca acreedora, los pulpos telefónicos y petroleros, Bunge y Born, la oligarquía. Y el presidente enumera esas "leyes básicas": la de Emergencia, la del Empleo, la de Reforma Impositiva. Es decir prescindibilidad de los empleados públicos; desenganche salarial; privatizaciones; capitalización de la deuda externa; bajos salarios; eliminación de la estabilidad laboral; derogación de las reglamentaciones laborales. Esta clara ofensiva estratégica no ha encontrado ninguna respuesta en las filas de los dirigentes sindicales. Lorenzo Miguel, a quien toda suerte de democratizantes persistía en presentar como un "resistente" al ataque menemista, fue quien tomó la iniciativa de propiciar la mediación de Menem, el zorro en el gallinero de la fábula, mediación que quedó definida en los términos ya citados en la declaración. A partir de aquí Miguel se preparó cuidadosamente para propiciar a Alderete como secretario general de la CGT, abandonando a Ubaldini a la mano de dios. Todos los pasos atrás los dio el miguelismo. Es indudable que el gobierno no quiere una división sindical, que pueda convertir en opositores a los que pierdan. Por eso la presión va dirigida a la capitulación del miguelismo a través de un "componedor” que sustituya a Ubaldini. El propio sector miguelista concibe su política dentro de los límites de las negociaciones secretas entre burócratas, por eso busca la salida en el arbitraje de un sector “neutral”. Pero el descabezamiento de Ubaldini consagra, en cualquier variante, la completa victoria menemista. Los trabajadores asisten ajenos a esta crisis que tanto tiene que ver con el destino de sus organizaciones. No tienen acceso ni participación a través de las direcciones burocráticas. Los que esperaron que Ubaldini y Miguel apelaran "a las bases", volvieron a tragarse un buzón. El destino de la CGT y de los sindicatos pasará por andariveles diferentes a los del congreso cegetista: se decidirá en el curso de la gigantesca lucha que enfrenta ya a los trabajadores con el gobierno pro-imperialista. A través de esa lucha la clase obrera deberá imponer una nueva dirección. Entonces la CGT será, como debe ser, elegida por las masas.