Prensa Obrera N° 282

Sociedad de fomento “17 de agosto” “contra el procesamiento a los dirigentes del PO” Libertad, 30 de julio de 1989 SECRETARIADO NACIONAL PARTIDO OBRERO REPUBLICA ARGENTINA “La Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto, por encima de las diferencias ideológicas que pudieran existir, se solidariza y proclama contra el procesamiento de los dirigentes de ese partido como los de cualquier otro ciudadano que se levanta por los derechos de la población y en especial los de la clase trabajadora. “Quienes de una u otra manera enarbolan las banderas de la lucha, saben perfectamente que las agresiones del gobierno hacia la izquierda sólo tienden a desvirtuar el justo reclamo de las masas ante la evidente política monopolista implantada. "Además, como representantes de una comunidad salvajemente golpeada por la carestía y el desempleo, esta entidad se pronuncia por un inmediato aumento del 200% en los salarios y jubilaciones, por el cese de los tarifazos y remarcaciones, con congelamiento de los productos de la canasta familiar al 30 de mayo, por fuentes de trabajo que dignifiquen al trabajador y por un verdadero juicio y castigo a los culpables del genocidio, que no sólo entregaron el país económicamente, sino que también resignaron la soberanía militarmente en Malvinas.” Con el mayor respeto. Sociedad de Fomento 17 de Agosto Dalmiro Rivadeneira, Presidente Eduardo Gómez, Secretario Interino Salta: Del 2° congreso argentino y latinoamericano de antropología rural "Los abajo firmantes, participantes del Segundo Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural, consideramos: Primero, que bajo el anterior gobierno se abrieron una serie de procesos y persecuciones contra organizaciones de izquierda y populares acusándolas de promover saqueos, que claramente fueron promovidos por los Bunge y Born, Techint, Macri, Bulgeroni, etc., que se beneficiaron con la caída del salario, y el aumento de la desocupación a niveles históricos. Segundo. Que con la asunción de Menem, los anteriores nombrados responsables de la hambruna y del aumento de la mortalidad del pueblo, directamente se han hecho cargo de la conducción del país, para terminar de vaciarlo en su beneficio. "Por lo dicho exigimos: Primero: el total desprocesamiento y el cese de las persecuciones ideológicas y físicas a los militantes de izquierda, sus organizaciones (Mas, PC, Tupac, PL y otras) y a todos los trabajadores que fueron llevados a saquear para poder garantizarte la vida de sus hijos. Segundo: Denunciamos particularmente el procesamiento del Partido Obrero, ya que se está juzgando su programa, sus ideas y a su dirección, en un proceso que apunta a su proscripción política, y lo que configura una amenaza, en el cuadro del gobierno que para seguir implementando medidas antiobreras, se propone gobernar con el estado de sitio y el total indulto o amnistía para los genocidas. " (Firman varias decenas de estudiantes (50) de antropología de Universidad Nacional de Jujuy, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Salta, Montevideo, Luján, Córdoba y Docentes de las mismas universidades). Córdoba: de empleados públicos Córdoba, 14 de agosto de 1989 "Delegados y activistas Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba nos pronunciamos: "En defensa de las más amplias libertades y garantías democráticas, para los trabajadores y el pueblo y para las organizaciones políticas, sociales o juveniles, obreras y populares. "Defendemos el derecho de las organizaciones obreras y sindicales a su libre funcionamiento sin ningún tipo de injerencia o de intromisión del Estado y las patronales. "Nos pronunciamos a favor de la libertad irrestricta y contra todo tipo de proceso de tipo político o ideológico como el que está llevando a cabo el juez Larrambebere contra la dirigencia política del Partido Obrero, compañeros Jorge Altamira, Gregorio Flores, Catalina Guagnini, J.C. Capurro, Pablo Rieznik, etc. Este proceso puede constituirse en apenas la punta de todos los militantes y luchadores que levanten su voz y lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y contra la política super-patronal de los Bunge y Born —como ayer de Sourrouille. "Nos oponemos a las amenazas e intentos de implantación del Estado de Sitio, que como sucedió recientemente, tiene un solo objetivo: detener y reprimir la resistencia o lucha obrera y popular, mientras los especuladores, remarcadores y las 500 grandes empresas que embolsan las super-ganancias, tienen vía libre para seguir actuando.” Héctor Fernández, Jorge Giménez, Elvio Pérez, José Barraza (Delegados) Brasil De dirigente del PT de Brasilia Wilson Lima (Dirigente PTIDF) De diputado del PT Sao Paulo Gumerdindo Milhomem Neto, Deputado federal PT – SP Tucumán: Lista de delegados de la facultad de artes "No a la proscripción no al estado de sitio" A los compañeros de la Dirección del PO "La lista de Delegados de la Facultad de Artes —actual conducción del Centro de Estudiantes— plantea la defensa irrestricta de toda organización política o gremial atacada por el Estado por su programa político o ideología. “En estos momentos expresamos nuestra solidaridad con ustedes por entender que el ataque represivo no ha cesado, y porque se dirige directamente a proscribir el programa del Partido Obrero. "La lista de Delegados defiende irrestrictamente las libertades democráticas y se opone de cuajo al 'régimen' del estado de sitio... "Compañeros del PO: cuando vuestros militantes y dirigentes fueron apresados, a través del Centro de Estudiantes, el mismo día, organizamos una asamblea de repudio, que entre otros reclamos, repudiaba al estado de sitio... "Posteriormente, con otras organizaciones políticas de derechos humanos, y estudiantiles, formamos la coordinadora contra el estado de sitio. "También por iniciativa nuestra, el consejo directivo de la facultad de Artes se pronunció al respecto... "Con saludos revolucionarios.” Julio Salomón (Presidente del Centro de Artes) Jorge Figueroa (Secretario General) Marta Ponce (Consejera estudiantil) y nueve Integrantes más de la lista (tríptico, delegados de centros, y activistas) Tucumán, 1 de julio de 1989. Bahía Blanca: del Partido Comunista Comunicado de prensa "Con la declaración del Estado de Sitio el Gobierno agrega a la violencia económica contra el pueblo, la violencia política. Esa es la mano dura que anunció Alfonsín. Mano dura contra el pueblo y ninguna medida contra los responsables de la crisis (Grupo de los ‘8’ y Patria Financiera). Ellos son los que deberían estar presos y no los cientos de hombres y mujeres que hoy llenan las cárceles. "Por ello repudiamos la agresión del Gobierno hacia la izquierda, deteniendo a militantes del campo popular (PO - Fral - Mas y otros). Condenamos la detención, en el día de hoy, del dirigente nacional del Partido Obrero, Jorge Altamira, cuando se encontraba en la casa de prensa de la Casa de Gobierno, al igual que la detención de otros dirigentes de dicho partido. Reclamamos su inmediata libertad, así como la derogación del estado de sitio, el cese de la represión y la inmediata libertad de todos los presos por luchar y la investigación y castigo de estos nuevos crímenes contra el pueblo." Comité regional del Partido Comunista Horacio López, Miembro del CC. del PC.; José Lualdi, Candidato a 2do Concejal Bahía Blanca, 1 de junio de 1989

Convergencia Socialista es la tendencia morenista (Mas) que milita en el PT. Al igual que otras tendencias "trotskistas" que actúan en el PT, como las que responden a Mandel y a Lambert en el plano internacional, Convergencia apoya el Frente Brasil Popular formado por el PT con los partidos Verde, Comunista de Brasil (ex maoísta) y Socialista Brasileño. El FBP es un frente de colaboración de clases, burgués, entre un partido de masas y tres sectas políticas que vehiculizan posiciones estratégicas y prácticas de los explotadores brasileños. El apoyo político de Convergencia al FBP desnuda así el carácter contrarrevolucionario del morenismo, el cual apoya la colaboración de clases con argumentos centristas. No en vano su colega, el Mas, transitó por todas las variantes de las Multipartidarias argentinas y hoy oficia como agente de la UCR con relación al indulto. La decisión del PT de formar el FBP en su VI° Encuentro contó con el apoyo de Convergencia. En un Encuentro anterior (el V°), Convergencia había dado su voto favorable al programa presentado por la Ejecutiva petista, el cual plantea como objetivo estratégico nada menos que "la modernización del capitalismo brasileño" (el cual es caracterizado como "salvaje" por los intelectuales del PT) y la formación de "un gobierno democrático y popular”. Como se ve, se trata del planteo histórico del menchevismo, que luego los stalinistas hicieron suyo. Pero aunque el stalinismo se ha convertido en “fiambre" sus ideas mencheviques siguen en pie porque reflejan los intereses de la pequeña burguesía de los países atrasados. Convergencia apoyó la formación del FBP porque lo considera un “frente de izquierda”. La falta de perspicacia que se revela aquí es notable aunque sea lógica. El frente de izquierda en Brasil ya está constituido por el PT, en donde conviven desde la pequeña burguesía democratizante hasta el ala obrera revolucionaria. Esto explica sus limitaciones políticas. Ni qué decir que un frente semejante no puede durar indefinidamente. Las contradicciones del PT son insuperables. O su dirección es conquistada por la vanguardia obrera, o esta va a ser expulsada sin miramientos por los elementos pro-capitalistas. Encadenar este frente de izquierda constituido por el PT a otro “frente de izquierda” con “partidos” que no tienen vigencia política ni electoral en la realidad brasileña, y que no son más que vehículos de presión burguesa sobre la cúpula petista significa liquidar cualquier perspectiva de independencia de clase del PT así como la evolución política de sus activistas obreros. Los mencionados “partidos” son netamente burgueses porque no tienen ningún vínculo internacional o nacional con los explotados y porque son el simple resultado de la descomposición y fraccionamiento de la política y los partidos patronales de Brasil. Son un "puente” hacia alianzas políticas más amplias con la burguesía, que inevitablemente deberán darse como consecuencia del segundo turno previsto para las próximas elecciones. Para Convergencia el FBP respondía a su idea de frente de izquierda porque pensaba que José Gabeira del Partido Verde, ex guerrillero convertido a la ecología, sería designado candidato a vicepresidente por este frente popular. Convergencia votó concretamente por Gabeira. Cuando en lugar de éste fue designado Bisol, del PSB y ex miembro del PMDB, Convergencia comenzó a denunciar al FBP como frente popular. Pero Gabeira no cambia la naturaleza del FBP. Para el PV los problemas ecológicos se resolverán en el marco del capitalismo, incluso en función de los intereses imperialistas como ocurre con el Amazonas. El PV es por definición anti-clasista y vigoroso opositor a la lucha de clases, lo cual explica que haya condenado las huelgas obreras de abril-mayo último. Pero Convergencia ha decidido apoyar al FBP incluso con la candidatura de Bisol. Después de denostar contra el frente de colaboración de clases, Convergencia sostiene, sin embargo, que “la candidatura de Lula se sobrepone a la colaboración de clases”. Entonces el FBP no es un frente de colaboración de clases. Convergencia pretende que en Brasil, país rico en peculiaridades y contrastes, se ha formado un frente donde la burguesía es furgón de cola del proletariado. La originalidad del planteo de Convergencia se diluye cuando se tiene en cuenta que ha sido común a todos los grupos capituladores del mundo y en especial al POUM en la España de 1936-37. De manera que Convergencia apoya la candidatura Lula-Bisol en el marco político del FBP. “Causa Operaría”, la corriente marxista de Brasil, está en cambio en plena campaña de apoyo a la candidatura de Lula sobre la base de comités independientes formados por organizaciones y militantes del PT que llaman al PT a romper con el FBP. ¡Pero Convergencia no se ha limitado a apoyar al FBP y a la candidatura de Bisol! Convergencia ha apoyado la intervención decretada por la Ejecutiva del PT contra comités de Volta Redonda (Estado de Río), donde se encuentra la mayor siderúrgica de Brasil, y de Baurú (Estado de San Pablo), donde existe un importante movimiento sindical bancario y ferroviario, porque en estos lugares los militantes del PT rechazaron masivamente el FBP y decidieron formar comités independientes de éste en apoyo de la candidatura de Lula. Convergencia justifica su política con el argumento “natural" de que está defendiendo la candidatura "obrera independiente” (Lula-Bisol) del Frente de colaboración de clases, contra las supuestas “sectas liquidacionistas", sin importarle que estas "sectas" le están dando una perspectiva política revolucionaria a la vanguardia obrera que actúa en el PT. Los militantes del Mas, que se jactan de su "internacionalismo”, tienen la obligación de definirse frente al apoyo político total de su dirección al frente popular en Brasil.

Brasil vive una explosiva crisis económica, que amenaza con estallar en una hiperinflación “a la argentina”, y una descomposición aguda del régimen político, que se verifica en la quiebra de los partidos que aparecen directamente comprometidos con el gobierno de Sarney — el PMDB, el PFL y el PSDB. Este cuadro político, común a toda América Latina, empalma con un proceso que no tiene parangón en todo el continente: el impresionante crecimiento de la movilización sindical y reivindicativa de los explotados y su acelerada radicalización política. El ascenso huelguístico de abril-mayo, fue el más grande de la historia del Brasil. La combatividad obrera se manifestó en los métodos de lucha (ocupaciones de planta, movilizaciones, asambleas y piquetes de masas, enfrentamientos con la Policía Militar) y en los choques de las bases de la CUT con su dirección. Gazeta Mercantil (13/5), el “diario de los negocios", señalaba preocupadamente que “perplejos, los hombres que comandan la CUT se sienten atropellados: las bases se están rebelando”. En este álgido marco político, el próximo 15 de noviembre millones de brasileños concurrirán a las urnas para elegir presidente, con una probable “segunda vuelta” si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de los votos. Las elecciones se han transformado, en estas circunstancias, en el principal instrumento de la burguesía para desviar el ascenso de masas. El terreno electoral resulta propicio para los intentos de ganar a las masas a su política de adaptación al Estado. Se escamotean para ello las limitaciones insuperables que tienen para los explotados los procesos electorales, los cuales no ponen en juego, ni lo podrían poner, el control del Estado por parte de la burocracia civil y militar al servicio de la burguesía. No se dice siquiera que se trata de elecciones exclusivamente presidenciales, de manera que los otros poderes del Estado continuarán en las manos de quienes seguramente serán derrotados en noviembre. Se atribuye una posibilidad desmesurada de arbitraje al Estado, cuando éste no puede controlar en modo alguno la inflación cuya tasa mensual supera el 35% y cuyos niveles de intereses son del 60% mensual y en ascenso. En tanto una dirección revolucionaria hubiera convertido a la tribuna electoral en factor de agitación política y de desenmascaramiento del régimen democrático, las direcciones de las masas brasileñas se esfuerzan por persuadir al pueblo de lo contrario y de la necesidad de reemplazar el camino de la lucha de masas por el electoral. En este marco el PT ha consumado un frente político, que aunque pretende ser de izquierda es una variante del viejo frente popular de colaboración de clases. El Frente Brasil Popular El Frente Brasil Popular está formado por el Partido de los Trabajadores y los partidos Socialista Brasileño, Comunista de Brasil y Verde, Sin embargo, estos no son partidos de “izquierda” u “obreros”, pese a sus pomposos nombres. Tanto el PC de B como el PSB integraron hasta hace muy poco el PMDB, el principal partido burgués del Brasil, y apoyaron férreamente al régimen de Sarney, que surgió de una parodia de Colegio Electoral establecido por la ex dictadura. Lo mismo ocurre con el PV, que bajo el manto de la “preservación ecológica” del Amazonas ha llegado a “descubrir” la progresividad social e histórica del imperialismo. El Frente Brasil Popular, es por otra parte, una coalición entre un partido de masas y tres sectas insignificantes, que otorga a estas últimas un peso político que supera al de cualquier tendencia interna del PT y a la de su propia base. De esta manera, un grupo de partidos desclasados de la burguesía o que responden a ella, se transforma en los árbitros de la orientación política del PT. El PT no es “un” partido de izquierda frente a "otros" partidos de izquierda. Dentro del PT actúan todas las tendencias relacionadas con el movimiento de masas, desde la revolucionaria a la democratizante. Es una especie de frente único que funciona en un marco de deliberación entre sus fracciones. La formación del FBP es, en cambio, una alianza de la derecha y del centro del PT con los sectores burgueses extrapartidarios para imponer en forma decisiva el conjunto de su política El FBP, curiosamente, no puede ser justificado como un frente electoral. Dificultosamente los aliados alcancen, todos juntos, el 1% de los votos y esto en el caso de que fueran a las elecciones separados del PT. Junto a él, en cambio, muchos de sus potenciales votantes derechistas irán a parar a los principales contendientes de Lula. En resumen, el FBP no se justifica ni en nombre de la “unidad de acción” de las masas ni desde el punto de vista electoral. Un frente contrarrevolucionario La estrategia democratizante de la dirección del PT, ha entrado en choque creciente con las tendencias radicales de los explotados. La función política del FBP es resolver esta “contradicción”, reforzando a la dirección del PT contra sus bases, anclándola más sólidamente a la política burguesa. El FBP es la confesión de la fracción dirigente del PT de que está decidida a ir a fondo en su función de dique de contención de la clase obrera. El papel que jugó el FBP en su debut político frente a la oleada huelguística de mayo es el mejor ejemplo de su función política. La dirección del PT realizó un enorme esfuerzo por frenar el movimiento huelguístico, aislando los conflictos por gremio y enterrando las huelgas metalúrgica y portuaria en el momento decisivo de la lucha. La dirección de la CUT, por su lado, "está elaborando una especie de ‘código de ética' para las huelgas, de forma de dar a los presidentes de los sindicatos un instrumento político adicional para mantener el control de sus bases" (Gazeta Mercantil, 13/5). En este marco, los partidos del FBP “exigieron al PT que se manifiesta firmemente contra las posturas ultraizquierdistas que se vienen adoptando en los movimientos huelguísticos” (O Estado de Sao Paulo, 10/5). Se trata, por lo que se ve, de aliados rompehuelgas. El FBP no es un frente de la clase obrera y de la pequeño burguesía contra el capital, sino de una alianza entre los democratizantes del PT y la burocracia del movimiento obrero con algunas agencias políticas del régimen. Se trata de un recurso político de la burguesía contra los trabajadores. El FBP es el resultado de un prolongado proceso, que estuvo jalonado por las resoluciones del V y VI Encuentro del PT y por la gestión de los intendentes del PT. El V y VI Encuentro definieron como rumbo estratégico del PT nada menos que la "modernización del capitalismo brasileño” y un “gobierno democrático y popular”. En los municipios gobernados por el PT, los intendentes actúan como burócratas estatales contra los reclamos de las masas. El FBP corona este proceso. Un puente a la burguesía En un país gobernado desde hace seis años por el vicepresidente de la fórmula designada, la elección del compañero de fórmula de Lula no es un hecho baladí. Fue designado, para ocuparla pese a la cerrada oposición de la base del PT, el abogado José Bisol, un "don nadie” en el movimiento de masas cuyo “mérito” es haber sido juez y ser hoy legislador del PSDB, pero electo por el PMDB. Bisol fue impuesto por el PC de B y el PSB bajo la amenaza de “romper el frente”. Su nombramiento está puesto en la perspectiva de una alianza más “amplia”, con Brizola, el PSDB y hasta los "progresistas” de otros partidos con vistas a la "segunda vuelta” y más lejos aún. La fórmula Lula-Bisol significa una distorsión de la candidatura independiente del PT. El Frente Brasil Popular está encarnado en el binomio presidencial Romper con la burguesía La formación del FBP y la política llevada adelante por los intendentes del PT han sido duramente resistidos por la base de partido. Durante la discusión sobre el vice, la inmensa mayoría de la militancia se pronunció contra la designación de Bisol Luego de que ésta fuera impuesta por el Comité Ejecutivo del PT, la militancia se ha "ausentado” de la campaña electoral, en una demostración de repudio que ha sumido al PT en una crisis política. Dentro del PT, Causa Operaria fue la única tendencia que ha repudiado abiertamente a Bisol y al FBP, así como las resoluciones del V y VI Encuentro. Causa Operaria llamó a la base del PT a romper con el FBP y a organizar “Comités Independientes por Lula presidente” con un programa de acción encabezado por las reivindicaciones inmediatas e históricas de la clase obrera. Esta posición empalmó con numerosos directorios regionales del PT que votaron resoluciones políticas en este sentido. La dirección del PT, que convive sin conflictos con las tendencias más derechistas, intervino inmediatamente a dos de estas direcciones regionales (Volta Redonda y Baurú) y amenazó a sus militantes con la expulsión. Las medidas administrativas son la expresión más evidente de la crisis del PT. En esta acción fue apoyada por “Democracia Socialista” (mandeliana) que defiende íntegramente el Frente Popular y sus consecuencias. Lo mismo ocurre con la otra tendencia "trotskista” “O Trabalho” (lambertiana). Convergencia Socialista (el Mas, ver nota aparte) apoya el frente popular con argumentos “centristas”. La prensa burguesa del país exige la depuración del PT sin importarle por supuesto el carácter "stalinista" de la propuesta. La cuestión del FBP no es entonces una expresión de rivalidades faccionales sino del choque de estrategias políticas. Pese a todas las presiones políticas, la militancia petista de Baurú y Volta Redonda ratificó la necesidad de romper con el FBP y de dotar al PT de un programa clasista y revolucionario En estos distritos se ha planteado la defensa de la candidatura de Lula en oposición a los partidos burgueses por medio de una organización independiente de la campaña electoral con relación al Frente Brasil Popular.

Hace tres años que los compañeros del Barrio Malvinas (Cuartel Noveno - Lomas de Zamora) vienen luchando para conseguir las escrituras de sus tierras. Lo que era un basural y un verdadero nido de ratas, se transformó por la acción de los trabajadores en un barrio organizado con mayoría de casas de material, agua y luz. Los compañeros toman sus resoluciones en asambleas y está constituida una comisión elegida y revocable. El año pasado la cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó el anteproyecto de expropiación de esas tierras presentado por los propios vecinos. Pero el expediente se encuentra "trabado” desde enero en la "comisión del conurbano” de la cámara de diputados. Los parlamentarios no hacen más que sumar obstáculos. La comisión de hidráulica, por ejemplo, dictaminó que las parcelas en cuestión “son tierras inundables”, lo que no constituye ninguna novedad porque todo Cuartel Noveno era una gran laguna. Su transformación mediante el relleno de terrenos se debió a la intervención decidida y enérgica de los que fueron ocupando. El dictamen de la dirección de hidráulica estaba basado en “un dato de archivo”, o sea que los funcionarios gubernamentales ni se habían tomado la molestia de concurrir al barrio. La gobernación de la provincia y la Municipalidad de Lomas han estado tratando de disipar el reclamo vecinal dilatando las gestiones y pasándose mutuamente la pelota. Ante las idas y vueltas una asamblea del barrio decidió hacer una movilización a La Plata, a la que concurrieron 37 familias enteras. En la misma puerta de la legislatura se votó que nadie se iría del lugar hasta llevarse una respuesta definitiva. Después de horas de presión, “la comisión del conurbano” dio por aprobado el anteproyecto, lo que fue considerado por todos los vecinos como un triunfo de su movilización. Ahora el expediente debe pasar todavía a la “comisión de hacienda" pero el vecindario tiene claro el camino a seguir. Nada de ilusiones en los partidos patronales y en punteros, organización y movilización. ¡Adelante compañeros de Malvinas, su organización independiente marca el camino!

En los próximos días entrará a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe un proyecto de “Ley de Emergencia Económica” que convierte a los trabajadores de los bancos oficiales en empleados públicos. Esto significa una descalificación en masa, pues los bancarios perderían las ventajas relativas de su convención colectiva así como la Obra Social. La medida permitiría luego los despidos masivos a partir de una ley de prescindibilidad contra los trabajadores del Estado. Todo esto tiene que ver con el achicamiento de los bancos oficiales y de Provincia que reclama la banca acreedora. En Santa Fe y Rosario existe una feroz ofensiva de los pulpos bancarios para desplazar a la banca oficial del financiamiento del negocio exportador y lo mismo ocurre en Neuquén, Río Negro y Chaco. La Asociación Bancaria publicó a todo esto una solicitada que reivindica la condición de los bancarios oficiales, pero apoyando simultáneamente la Ley de Emergencia Económica Nacional, que es el espejo en el que se han mirado los gobernadores para producir este ataque Semejante posición retrata por sí sola la nula voluntad de lucha de la conducción burocrática. Vamos a una lucha dura y hay que prepararse para ella a partir del activismo y de los cuerpos de delegados La consigna es Asambleas Generales y plan de lucha.

La flamante comisión directiva de ATSA Buenos Aires ha convocado para el 6 de octubre al congreso de delegados con el fin de tratar el salario y la inminente paritaria. Pero en el gremio de Sanidad la negociación colectiva es un atributo de la Federación que controla West Ocampo. ATSA Buenos Aires, a pesar de ser la filial más importante, con 50.000 trabajadores y 23.000 afiliados sobre un total de 128.000 trabajadores de la sanidad en todo el país, no tiene ninguna injerencia en las paritarias, y lo mismo ocurre con los demás sindicatos de provincia. Tanto la directiva saliente como la actual, orientadas políticamente por Izquierda Unida, nunca reclamaron el derecho a la negociación colectiva. Admitieron así un vaciamiento sindical en términos de salarios y condiciones de trabajo. Como lo reconoce Carolina Lister, la nueva titular de ATSA Buenos Aires, “siempre fue nuestra intención que la filial participe, lo hablamos varias veces con gente de la Federación, pero no se logró nada” (Diario Gremial, 25/9). La dirección izquierdista reconoce así que jamás se planteó convertir a ATSA en un sindicato y que nunca pasó del palabrerío, lo cual significa que ha actuado -hasta ahora- como polea de transmisión de la política de la burocracia derechista. La política de IU tampoco cambia en esta oportunidad. Carolina Lister sostuvo recientemente que "si bien la filial no firma convenios, de todas maneras queremos discutir nuestra postura frente a esta paritaria que se abre, y lograr acuerdos mayores y que la cosa no pase por los acuerdos de West Ocampo con las patronales solamente" (ídem anterior). Pero esto es nuevamente una expresión de deseos que encubre la impotencia ante la burocracia. Como lo planteó recientemente la agrupación clasista ASIS, ATSA Buenos Aires debe reivindicar un convenio propio. Sin este reclamo no hay política sindical. Esta es la cuestión. En este marco el sindicato debe establecer su pliego reivindicativo en una Asamblea General y dirigirlo simultáneamente al congreso de delegados de la Federación y a las patronales. El principal sindicato de la Sanidad del país no puede temerle a una lucha a fondo, y menos aun cuando sus condiciones salariales y de trabajo son iguales a la miseria.

En dos meses más habrá elecciones en el gremio telefónico de Capital, el cual, con 20.000 afiliados, reúne al 70% de la masa de Foetra. Pero en Foetra, una fracción histórica de la burocracia sindical, la de Julio Guillán, se ha erigido en representante directo de los mayores pulpos nacionales y de los bancos y monopolios Imperialistas. Guillán que fue nombrado subsecretario de Comunicaciones ha transformado a Foetra en un ministerio del gobierno y en un organismo del Estado. Esto significa que ha liquidado el sindicato en vísperas de la liquidación de ENTel en beneficio de los grandes capitales. Guillán se ha convertido también en el “Chirolita" de la familia Alsogaray, la cual no casualmente está a cargo de la privatización de ENTel y de la negociación de la deuda externa, puesto que representa a los tenedores de títulos de esa deuda que quieren convertirla con una agio enorme en negocios ya instalados en el país. Un funcionario oficial, y además agente capitalista, no debería poder presentarse estatutariamente a elecciones sindicales, de la misma manera que un practicante de la religión judía no puede ser cura. Pero los estatutos del sindicalismo peronista no contrarían la colaboración de clases ni el sometimiento de los sindicatos al Estado. Al contrario, todos sus mecanismos están concebidos para profundizar una y otro. Las elecciones de Foetra son, por lo tanto, otro episodio de la lucha contra la dominación del sindicato por el Citibank. Guillán pretendió postergar las elecciones y actuar en calidad de interventor hasta que el proceso de la privatización hubiera quedado consumado. No lo logró debido a la lucha del gremio, de modo que ahora ha juntado los enormes recursos financieros de sus amos para violentar la independencia sindical frente al Estado y a los capitalistas por vía electoral. El gobierno y sus corifeos presentan a la privatización como una gigantesca iniciativa de modernización productiva y aun de mejora material de los trabajadores. Pero aun si esto fuera cierto, la dirección del sindicato no puede estar en manos de un funcionario del Estado y agente al mismo tiempo de los pulpos privatizadores. Si ENTel se privatiza, ello hace menos admisible aún que la dirija un funcionario de los nuevos propietarios, del mismo modo que ningún sindicato aceptaría ser dirigido por un empleado de los patrones. Saqueo Pero, en realidad, la privatización de ENTel, así como el conjunto de las privatizaciones previstas, constituyen una gigantesca confiscación económica del patrimonio del país y del ingreso de los trabajadores, que tendrán consecuencias sociales enormes. La interventora de ENTel ya ha tenido la ocasión de decir que la privatización exige un aumento real de tarifas telefónicas del orden del 300%, lo que equivale a la confesión de que el capital de la modernización telefónica lo pondrán los arruinados trabajadores y no los enriquecidos capitalistas. Semejante encarecimiento redundará en un encarecimiento general de las condiciones de vida. La interventora advirtió también que derogará la estabilidad laboral, algo que anuncia despidos masivos y la eliminación de otras conquistas laborales. La “revolución productiva" podrá entonces enriquecer a una capa superior de funcionarios, pero para la masa de trabajadores significará un empeoramiento cierto. La privatización prevé también que el Estado se haga cargo de las deudas de ENTel, las que habrá que pagar con mayores impuestos y menores salarios. Esto significa un aumento de la deuda pública. Pero, además, los beneficiarios serán autorizados a quedarse con las acciones de ENTel sin necesidad de poner plata, sino convirtiendo títulos de la deuda externa. Para incentivar el negocio ya se ha decidido reconocer a esos títulos un precio superior al de su cotización en el mercado mundial y a las acciones de ENTel un precio inferior al valor de los activos de la empresa. Esto equivale a una expropiación económica en gran escala. Al mismo tiempo, esto aumenta la vulnerabilidad financiera del Estado, que es despojado del patrimonio telefónico acumulado sin disminuir para nada la deuda pública, esto porque los títulos de deuda externa a largo plazo son reemplazados por acciones que tienen derecho a girar beneficios a corto plazo al exterior. Cuando las limitaciones de este proceso se hagan evidentes, la fuga de capitales y las bancarrotas superarán todo lo que ha visto Argentina hasta el momento Votar a la Azul - Violeta - Naranja Una ofensiva de semejante nivel debería plantear la unidad de los trabajadores para derrotarla La consigna de lucha de toda esta etapa debe ser precisamente esa: unidad de los trabajadores de Foetra para reconquistar la Independencia sindical, denunciar el carácter confiscatorio y proimperialista de la privatización, reclamar la completa publicidad de las tramitaciones con los pulpos, oponer el control obrero colectivo de ENTel al manejo de la burocracia estatal y a su expropiación en beneficio de los pulpos capitalistas y defender mediante la lucha las conquistas obreras. Sin embargo, el conjunto de las agrupaciones sindicales peronistas y en especial la Celeste y Blanca, ha rechazado la formación de un frente común en todo el último período y esto se ha acentuado con motivo de las elecciones. Ello se debe a que no quieren salir de los límites de enfrentamiento admitidos por el gobierno ni de los límites en que están planteadas las divergencias entre las cúpulas de la CGT. No cuestionan la subordinación del sindicato al Estado, incluso defienden su participación en el Estado capitalista. Consideran a Menem como su gobierno, de manera que entienden a la política de éste como, hasta cierto punto, su política. En estas circunstancias se ha vuelto a formar la lista Tricolor (Mas-PC-PO), luego de los intentos vanos por parte de los partidos de IU por entrar sin condiciones a alguna de las listas peronistas, incluso a aquellas que no tienen una chance de victoria en las elecciones. Esto señala las limitaciones enormes que tiene este frente. Pero por encima de ellas la Tricolor tiene el valor de establecer una referencia política para la masa del gremio y hasta convertirse en un factor de atracción para los activistas que quieran salir de la impasse de las listas peronistas opositoras. La Tricolor plantea la independencia sindical frente al Estado y al control obrero contra las privatizaciones. Las elecciones son un episodio de una lucha de gran importancia y deben servir para potenciarla. Por FOETRA o por el Citibank —así se resume lo que está en juego en el gremio.

En el lapso de 10 días los trabajadores del Astillero ganaron la calle en tres oportunidades. Reclaman el cumplimiento de un acta salarial que la patronal (el Ministerio de Defensa) desconoce y se oponen a la política de vaciamiento de la empresa. De acuerdo con el acta la empresa debía abonar desde el 1° de agosto un sueldo promedio de ₳ 144.000, pero los compañeros cobraron ₳ 90.000 en agosto y setiembre. La Comisión Interna y la directiva de ATE plantearon en una Asamblea aceptar una "contraoferta” que llevaría el salario a ₳ 114.000 pero a partir de octubre, lo que significa perder el ajuste de este último mes así como el retroactivo adeudado. Como la mayoría de los compañeros se opuso a esta propuesta la interna no la puso a votación. Luego, en otra asamblea de carácter minoritario se aceptó la “contraoferta” por 200 a 104 votos. "Para que no nos pase lo de señaleros debemos levantar”, fue el argumento de la Directiva de ATE y de la Interna (con el apoyo del Mas). Caracterizaban así la lucha del Astillero como un movimiento aislado. Pero es la directiva de ATE la que aisló la lucha, a pesar de que son varias las empresas dependientes del Ministerio de Defensa y organizadas en ATE que atraviesan ofensivas “racionalizadoras - privatizadoras" (AFNE, Tandanor, etc.). Mientras los obreros del Astillero paraban y marchaban por las calles, la dirección de ATE acordaba en la vecina Tandanor “que no se efectúen medidas de fuerza por 30 días" (Ámbito Financiero, 22/9) sin importar que su privatización siga en marcha. "Ya han interesados en la compra de Tandanor y hay organismos que estarían dispuestos a financiar la operación”. “A este ritmo nuestro objetivo estará cumplido antes de lo previsto”, declaró Cattaneo, presidente de Tandanor. La lucha de los trabajadores del Astillero ha recibido un golpe porque la Directiva ubaldinista de ATE está completamente adaptada al menemismo. Esta es la cuestión. Es una dirección enfeudada al Estado y las patronales. No tiene política independiente frente a los Bunge y Born y sus agentes Triaca y Barrionuevo. A partir de esta constatación se hace ver la necesidad de una interempresa del área de Defensa para luchar por salarios y contra el vaciamiento-privatización y de formar una agrupación clasista.

La movilización de los trabajadores públicos de Neuquén había suscitado una gran expectativa por sus posibilidades para quebrar la política salarial menemista. Pero esta alternativa no se verificó debido a la política de la burocracia sindical que en estos sectores es mayoritariamente ubaldinista. Las perspectivas de esta lucha fueron golpeadas cuando una parte de las direcciones de los sindicatos estatales decidieron aceptar el básico de ₳ 46.000 ofertado por el gobierno provincial. Este salario es doblemente una miseria para Neuquén porque el costo de vida aquí es más alto que en el centro del país. Esta capitulación sirvió como pretexto para que la Directiva de ATE, el principal gremio en lucha, comenzara a batir la tecla del aislamiento para terminar el conflicto. Esto lo logró mediante una política de desgaste de las movilizaciones cuando se planteaba en términos cruciales la profundización de la lucha, es decir, la huelga generalizada. La reivindicación de los ₳ 77.000 no fue conseguida. El reclamo quedó en manos de una comisión legislativa, es decir en pampa y la vía. El balance de la lucha estatal de Neuquén se resume al fracaso del ubaldinismo. Los activistas deben superar a esta dirección impotente, condenada a la capitulación. No puede haber direcciones sindicales en el sentido elemental de la palabra, si ellas están integradas al gobierno capitalista.

Luego de un importante proceso de movilización de los trabajadores públicos por un salario básico de ₳ 55.000, las burocracias de ATE, ATSA y UPCN firmaron un acta que incorpora un adicional de A 12.000 al básico de agosto de ₳ 23.900. Este acuerdo miserable fue puesto en crisis, sin embargo, cuando el viernes 22 un plenario de 200 delegados docentes decidió iniciar un plan de lucha por mejoras y diferencias salariales y otras reivindicaciones, y cuando el personal de la Casa de Gobierno presentó un pliego que reclama un salario básico de ₳ 75.000. En este cuadro el gobierno anunció que piensa efectivizar el "desenganche salarial”. Esto llevó a los empleados judiciales del Tribunal de Cuentas, Legislativo, etc., a realizar numerosas asambleas. Otro hecho de gran importancia es que los trabajadores de la Dirección de Rentas, que están en paros parciales desde hace más de 30 días, acaban de demostrar que la recaudación tributaria potencial de la provincia es de 5.000 millones, de australes contra una recaudación efectiva de 350 millones, debido a la gran evasión de los “grandes contribuyentes”. Esta denuncia desenmascara toda la política del Estado provincial y debe servir como factor de unión de todos los explotados de Tucumán contra el hambreamiento domato-menemista. Asambleas de todas las reparticiones. Elección de Comités de Huelga. Huelga General. Estas son las consignas que pueden llevarnos a la victoria.

Hace dos semanas el conflicto de La Fraternidad y de Señaleros desató una gran crisis política y gremial. El reclamo salarial de los ferroviarios puso en evidencia el abismo que existe entre el gobierno capitalista y los trabajadores. Menem no tuvo reparos, en tales circunstancias, en pretender la ilegalización de los sindicatos en lucha. La burocracia sindical se alineó con el gobierno, de manera que el conflicto sólo contó con el respaldo de los delegados y activistas, que asumieron de tal manera la dirección. Para no llevar esta crisis hasta sus últimas consecuencias el gobierno buscó la mediación de Ubaldini, que no ha servido más que para darle largas a la satisfacción de las reivindicaciones gremiales. El ala “izquierda” de la burocracia y otros izquierdistas vieron en la mediación de Ubaldini la oportunidad de tirar la toalla. Lo que estaba planteado, sin embargo, era ganar a la base de la Unión Ferroviaria a la lucha, formar un comité ferroviario intergremial e ir a una huelga general única. Después de todo, el salario ferroviario medio está en los 40.000 australes. La potencialidad de esta lucha se pudo apreciar luego del levantamiento, cuando Ferrocarriles Argentinos tuvo que conceder una asignación por comida que oscila entre los 20.000 y los 30.000 australes. Es evidente que, de otro modo, la mediación de Ubaldini no iba a durar ni el canto de un gallo. Naturalmente que esta asignación no resuelve nada. No debe olvidarse tampoco que poco antes se habían quitado los pases a los trabajadores ferroviarios. Está claro que el gobierno y los burócratas oficialistas quieren resolver el salario ferroviario en las paritarias, donde ya está establecido que el aumento de sueldos oscilará entre el 9 y el 12%, y que deberá durar seis meses. El último conflicto puso definitivamente en claro que la dirección sindical ferroviaria, más precisamente la de la UF, está completamente integrada al Estado y definitivamente ubicada contra las reivindicaciones del gremio. Pero aun los dirigentes de los otros gremios del riel que recelan de esta integración al oficialismo no tienen nada que ofrecer, como lo demostró la lucha de hace dos semanas. Estos dirigentes procuran ignorar la Integración del conjunto de la burocracia sindical (CGT) al Estado y creen que pueden seguir con la vieja política de los paros parciales que terminan siempre en una u otra forma de mediación igualmente inútil y paralizante. Mientras tanto las conquistas gremiales van desapareciendo y el sindicato se transforma en una masa de harapientos gracias a Menem-Bunge y Born. Ya está inscripta en la perspectiva de los ferroviarios el cierre y privatización de ramales, los que tendrán su correlato en despidos masivos. Esta situación plantea la necesidad de un viraje en gran escala en la orientación político-sindical de los activistas y delegados. Ya desde la época de la dictadura el fiel del proceso de lucha pasó a las manos de las organizaciones creadas en la base, en oposición a la burocracia sindical. Esto se repitió bajo Alfonsín y ha vuelto a producirse recientemente. La conclusión de esto es por demás clara: es necesario luchar por una nueva dirección y por la construcción de una organización gremial que repose por entero en las decisiones soberanas de las asambleas seccionales. Fuera de esta perspectiva de trabajo conciente, al gremio ferroviario sólo le queda la alternativa de la derrota. La ausencia de tal perspectiva ha producido, precisamente, una gran crisis entre los partidos de la izquierda democratizante que actúan en el gremio. Pretenden conquistar posiciones gremiales burocráticas, y hacen para ello todas las alianzas burocráticas que sirvan a estos designios, con lo cual se entierran en forma anticipada y desmoralizan las tendencias combativas de las bases. Es necesario, en cambio, luchar por la expulsión de la burocracia, por una nueva dirección y por una organización gremial basada en las asambleas seccionales y en la intersindical de seccionales de todos los gremios ferroviarios. Desde hace tiempo existe un movimiento entre los activistas, que tiene por eje la necesidad de encontrar la vía de superación a esta larga crisis histórica del sindicalismo ferroviario. Estos activistas constituyen la base de los movimientos de lucha, en oposición a la burocracia sindical. El total agotamiento de la vieja política sindical y la integración de esta vieja política al Estado Bunge y Born plantea a los activistas, especialmente peronistas, la necesidad de impulsar un viraje sindical completo Es decir que ha madurado por completo la necesidad de construir una agrupación combativa ferroviaria que reúna a toda la vanguardia de los tres sindicatos sobre la base de un programa.

La concentración convocada por Madres para el 21 de setiembre pasado se caracterizó, como era de esperar, por el sabotaje de los partidos de izquierda, ni qué decir de los otros partidos que dicen estar contra el indulto. Izquierda Unida había convocado a un festival a la misma hora, con pocas cuadras de distancia, para rivalizar con la convocatoria de Madres. La divergencia política era clara, pues para IU se trata ahora de oponerse a los que "dieron las órdenes”, tres palabras que significan la amnistía del aparato represivo y hasta el aval al arreglo de la cuestión interna dentro del ejército que está propiciando Menem. Cuando IU dice que está contra el indulto, lo que dice realmente es que está por la amnistía del aparato represivo en general. Pero el hecho más relevante de la concentración no fue todo esto sino el boicot de las propias Madres a su convocatoria. En un caso verdaderamente notable, no difundieron en ningún momento la realización del acto, ni siquiera en audiciones radiales a las que habían sido invitadas. Dieron la impresión de que querían que su llamamiento quedara sepultado. La conducta en Plaza de Mayo avaló esta caracterización, pues el acto se redujo a una reunión de pocos minutos y sin iniciativa de marcha posterior, lo cual, dado lo temprano de la hora de le convocatoria, llevó a que muchos trabajadores terminaran llegando tarde y no participando. Las organizaciones convocantes (no era sólo Madres) sucumbieron evidentemente a la presión de los partidos democratizantes que, en nombre del indulto, dan su aval a la amnistía y procuran, sin éxito, formar un frente político patronal, llamado el “espacio democrático", cuyo objetivo es distraer a la opinión pública mientras Menem entrega el país. Es indudable que junto a Madres se han movido fuerzas políticas para neutralizarlas como referencia opositora masiva a las organizaciones de derechos humanos oficialistas. El fracaso del 21 es el resultado de un conjunto de presiones contrarrevolucionarias y de los enormes límites políticos que pusieron de manifiesto los convocantes.

El frente formado entre IU, el alfonsinismo y un ala del cafierismo ha decidido impulsar un petitorio de oposición al indulto “para los responsables de haber planeado y ordenado los más grandes crímenes”. El planteo consagra así la amnistía para el conjunto del aparato represivo y la legitimidad de la "obediencia debida”. Se trata de una victoria política del alfonsinismo "post-mortem” y de una colosal concesión política al aparato del Estado capitalista. El texto procura también ocultar con esa frase el apoyo total dado por la UCR al “indulto parcial”, que es lo que Menem va a dictar ahora, en la persona de los militares bajo proceso. La izquierda democratizante se ha prestado a una infame política de engaño contra el pueblo. La izquierda democratizante ha terminado por hacer propio los “tres niveles de responsabilidad” con que el alfonsinismo y el PJ capitularon en Semana Santa y de donde salió la "obediencia debida”. Este frente con los partidos amnistiadores abandonó simultáneamente la idea primitiva de exigir un plebiscito. La razón de esta eliminación se debió, dice Página 12 (27/9), "fundamentalmente por la oposición de los hombre del FREJUPO". De este modo, el contenido y la forma del petitorio han sido determinados por los dirigentes de los partidos amnistiadores. El PC señala que la supresión del plebiscito fue “un acuerdo mínimo con el que se buscó mantener la amplitud de aquel viernes” (Qué Pasa, 28/9). Se confiesa aquí que la izquierda es furgón de cola de un frente burgués, al cual se adapta mecánicamente.

A poco de asumir su cargo, el Secretario de Seguridad Social Santiago de Estrada, reconoció una gigantesca deuda patronal con el sistema previsional equivalente a 600 millones de dólares. El Secretario afirmó entonces que las mejoras de los haberes jubilatorios dependían, enteramente, de su “éxito en el combate contra la evasión”. Ya entonces se podía augurar que la "batalla" estaba perdida de antemano por cuanto los mayores evasores son los hombres que hoy ocupan los puestos fundamentales del gobierno. Pero ahora una resolución dada a conocer por los ministerios de Trabajo y Salud viene a confirmar la consumación de la “derrota” apenas tres meses después de iniciado el "combate”. Ocurre que el gobierno acaba de disponer que los empleadores deben presentar una declaración en la que se detalle el monto de sus atrasos previsionales, el cual naturalmente no incluye a la evasión pura y simple del trabajo en negro, evaluada en unos 1.000 millones de dólares anuales. Pero con relación a la deuda que las patronales voluntariamente declaren, el gobierno les ofrece distintos planes de pago, en los que no se contemplan recargos ni intereses o cuyo porcentaje es ínfimo. Aun antes del indulto a los genocidas el gobierno "indulta” a los deudores previsionales. Ninguno de los planes de pago prevé ajustes de lo adeudado con relación a la inflación que se produzca en los próximos meses, de modo que se trata de un plan de licuación de esa deuda. Como consecuencia de esto los 600 millones de dólares oficialmente adeudados al sistema previsional quedarán reducidos a la décima parte. Hay varias conclusiones a extraer de aquí. La primera es que los capitalistas se han financiado a sí mismos en todos los últimos años de la manera más barata que existe, mediante la retención de sus propios aportes jubilatorios y el de los trabajadores. Mientras las tasas de interés de los créditos eran altísimas, los patrones habían logrado un sistema de crédito propio a tasa de interés cero, confiscando el salario de los empleados y los ingresos del Estado. El jubilado argentino vio caer su remuneración en un procedimiento postrero de expoliación de su larga vida de esfuerzos. Otra conclusión es que con esta moratoria el gobierno no solamente ha blanqueado deudas sino delitos, algo que es jurídicamente imposible pero que será políticamente inconmovible. Como tercer punto corresponde decir que el pago de la deuda en cuotas, a tasas de interés que van de cero a 0.5% mensual, autoriza a los patrones a seguir utilizando el dinero ya apropiado a los trabajadores y del Estado durante toda la vigencia de esos planes. De esta manera el pago de la deuda se realiza con un capital mínimo, pues colocándolo a éste en el mercado financiero rendirá entre 10 y 20 veces más que los intereses establecidos por el Estado en estos planes para "morosos”. La resolución ministerial oficializa la quiebra del sistema previsional y condena a los jubilados a seguir cobrando los 28.000 miserables australes actuales durante los seis años del gobierno de Menem, un requisito indispensable para “promocionar" el negociado de las jubilaciones privadas que impulsan sus amigos del Citibank y la patria financiera.

Menem está empeñado en conseguir lo que Cafiero llamó una Corte Suprema adicta al gobierno. Ni el oficialismo ni los diarios esconden que el propósito que persigue ampliar el número de los jueces de la Corte tiene que ver con la necesidad de que no se obstaculice en el ámbito judicial la política económico-estratégica del gobierno. Esto significa curarse en salud frente a los grandes negociados que tendrán lugar como consecuencia de la política de privatizaciones y frente a las objeciones que se levanten contra el indulto, que en el caso de los militares que aún están bajo proceso es francamente inconstitucional. La Corte actual no tiene, por supuesto, títulos suficientes para defenderse de semejante avasallamiento, pues no hay que olvidar que ella aprobó la obediencia debida y el punto final, y que en materia económica permitió que una ley de emergencia desconociera la deuda del Estado con los jubilados. Esta Corte no objetó los acuerdos con los bancos acreedores que establecen la jurisdicción de Nueva York para los litigios por la deuda externa y tampoco hizo nada ante las malversaciones del Banco Central en los meses de hiperinflación. Pero es indudable que Menem quiere garantías mayores. Los propósitos oficialistas han desatado una discusión dentro de la burguesía, con alineamientos no del todo claros. Se debe presumir que el clan Bunge y Born estaría a favor, lo cual es lógico por cuanto es el factótum de la política actual. Otros intereses capitalistas que se encuentren fuera del círculo íntimo de la política oficial, pueden ver esto con malos ojos. Dentro de las limitaciones de un problema que tiene en sus dos puntas opciones burguesas, antidemocráticas y proimperialistas, corresponde denunciar los intentos menemistas porque responden a los intereses de un plan superentreguista y superreaccionario.

El juez federal de Córdoba, Rodríguez Villafañe, dejó sin efecto la personería electoral del Partido Obrero de esa provincia. La decisión se hizo circular profusamente con el agregado de que el juez había reclamado la devolución de las franquicias legales del PO. Nuestro partido apeló dentro de los plazos establecidos el fallo del juez, lo cual suspende automáticamente su vigencia. El juez Rodríguez Villafañe adoptó su fallo en un procedimiento caracterizado por diversas irregularidades. Primero. Reclamó el cese de la personería del PO, algo que la ley reserva exclusivamente al fiscal. Al obrar de este modo, el juez se transformó en parte de la causa, lo cual lo invalida para proseguir en este juicio. Segundo. La sentencia fue dada sin la audiencia previa que exige la legislación para escuchar al fiscal y al partido cuestionado. Tercero. El fallo que deroga la personería no está sustentado en el abono de pruebas, lo cual impide el aporte de las contra-pruebas y la sustanciación del juicio. El resultado de todo esto debiera conducir a la revisión de todo lo actuado y a la recusación con causa del juez, tal como lo pidió el apoderado legal del PO. Los procedimientos empleados en esta ocasión tienen una derivación más grave aún puesto que impiden considerar la constitucionalidad de la propia ley que se invoca, un asunto que sólo se puede establecer a través de la justicia. El Partido Obrero ya ha dicho hace mucho tiempo que la ley de partidos políticos es atentatoria de los derechos democráticos y de la libre asociación, y que establece un mecanismo de proscripción política. Obliga a los partidos a hacer aprobar su programa y organización por el Estado, y establece un criterio de disolución de los partidos que impide a sus miembros y dirigentes la plena actuación política, lo cual es un derecho ciudadano irrevocable. Los procedimientos aplicados para dictar el fallo, la premura con que fue dado a publicidad, las alevosas transgresiones cometidas, incluso violando la propia ley, el impedimento para apreciar el carácter de la legislación vigente, tienen una consecuencia política proscriptiva contra el PO. Este es el problema fundamental. El PO está empeñado en una lucha a fondo en defensa de su legalidad política, contra la proscripción cualquiera sea su argumento, ideológico, electoral o político. La defensa del PO de Córdoba es una causa democrática porque hace al libre funcionamiento de los partidos en base a sus programas e ideas, sin injerencia del estado capitalista. Llamamos a pronunciarse contra este nuevo ataque al PO.

Las internas peronistas de Santa Fe —que consagraron a los candidatos a intendente para las elecciones municipales del 26 de noviembre— han puesto de relieve cuestiones políticas que no pueden ser pasadas por alto por la vanguardia obrera de la provincia. El dato central de estos comicios ha sido la marcada apatía de la masa de afiliados peronistas: sólo un 28% de los mismos votó en Rosario, a pesar de la manifiesta movilización del aparato partidario. “Desde la puerta de sus casas, muchos se negaban a movilizarse hasta el lugar de votación. Así, en más de una oportunidad nos tuvimos que volver con el taxi vacío”. Esto comentaba a “Prensa Obrera” un tachero contratado para ‘movilizar’ afiliados del PJ. La interna rosarina no repitió, de ningún modo, el fenómeno de afluencia masiva de votantes que permitiera la victoria de Menem en 1988. A quién representa Joaquín La candidatura triunfante en Rosario, Alberto Joaquín, contó con el apoyo del miguelismo y con el sostén decisivo del empresario y dirigente justicialista Bachini. Este representa un poderoso bloque de la patronal de Rosario, que reclama la “regionalización” y “descentralización” de los servicios públicos y del presupuesto provincial, para quedarse con la totalidad de la recaudación impositiva del municipio, que en parte se deriva al Poder Ejecutivo de Santa Fe, y poder acaparar así las futuras concesiones privadas de los servicios públicos que éste efectúe. Se trata de una versión agrandada de las “privatizaciones” realizadas por Usandizaga y que llevan al municipio a la bancarrota. Joaquín ha llamado a la “unidad de los afiliados justicialistas” porque no es un secreto que muchos trabajadores se resisten a votar a Joaquín. Este, en definitiva, es el hombre de la odiada patota sindical rosarina, la misma que —con el aval del gobernador Reviglio— apaleó a los obreros del Swift. La misma que mantiene amordazado al gremio metalúrgico frente a la presente oleada de suspensiones y despidos. La derrota de su rival, candidato del menemismo, Venesia, revela un debilitamiento de la autoridad política del justicialismo, lo cual podría preanunciar un desplazamiento del voto de una franja de trabajadores que el pasado 14 de mayo, votó por Menem. Frente a este panorama, las internas que designaron a los candidatos de la UCR fueron aún más raquíticas. Volvió a ganar la fracción de Usandizaga que inmediatamente después de la interna declaró que si hubiera “sabido” la política que seguiría Menem “no renunciaba a la intendencia de Rosario". El radicalismo, en franco retroceso, pretende presentarse, en estas elecciones, como una variante menemista. Cavallero En las últimas semanas se han reforzado las posibilidades del candidato de la Unidad Socialista, Cavallero, cuya campaña no hace la menor alusión al presente proceso político, ni a la política del gobierno menemista. Cavallero propone soluciones “particulares y comunales” para Rosario, y una "administración honesta”. Cavallero se empeña en disimular la responsabilidad de los capitalistas y de sus gobiernos en la bancarrota del país (y de sus municipios). Pretende disimular así la complicidad de su partido con esos capitalistas. El PSP integró el “Consejo de consolidación de la democracia” de Alfonsín y acompañó a éste hasta sus últimas consecuencias, apoyando el Estado de Sitio contra el pueblo hambriento de Rosario. En el movimiento obrero, los partidarios de Estevez Boero militan... con Joaquín y la burocracia, a cuya fracción apoyaron en las elecciones de AMSAFE. Estévez Boero apoya, además la reforma constitucional reaccionaria que están pactando el PJ y la UCR. Cavallero se declara portavoz de “reivindicaciones municipales concretas”, pero los seis años de gestión de los concejales socialistas han revelado su completa impotencia frente a la voracidad de los pulpos del transporte público, que han castigado a la población rosarina con tarifazos todas las veces que se lo propusieron, a la cual se negaron a enfrentar mediante la movilización obrera y vecinal. Politizar a la vanguardia obrera Para el Partido Obrero las elecciones municipales de Rosario (así como de Santa Fe y San Lorenzo) importan como una posibilidad de verificar la evolución de los trabajadores luego de cuatro meses de gobierno menemista. Por eso nuestra consigna es: romper con el gobierno de los Bunge y Born y con los partidos patronales y formar un partido obrero. A esta conclusión dirigimos la atención de los barrios hambreados de Rosario y de los trabajadores municipales, de la carne y metalúrgicos, que han luchado con tenacidad en los últimos meses contra la expoliación patronal y la traición de los burócratas.

Sólo cinco mil personas concurrieron a la ceremonia de repatriación de los restos de Rosas, realizada en Rosario, a pesar del día primaveral. Unas diez mil habían asistido a la asunción del mando de Menem. ¿Dónde está el 80% de adhesiones que, según Menem, suscita la política oficial? En realidad el gobierno peronista está asentado sobre una profunda fractura política con relación a los trabajadores que han seguido al peronismo. Esta fractura, que por ahora tiene una expresión pasiva, ya irá encontrando los medios de manifestarse vigorosamente.

Mientras los restos de Rosas hacían el viaje de Londres a Buenos Aires, la agitada comitiva encabezada por Menem hacía un periplo diferente por los escritorios de los grandes banqueros de Nueva York y de los generales del Pentágono. En las capitales del imperialismo, Menem se comprometió: • a pagar la deuda externa hasta el último peso; • a impedir la recuperación de los salarios; • a renunciar a la lucha por la soberanía de Malvinas; • a entregar el patrimonio nacional a los grandes pulpos y banqueros; • a renunciar a un desarrollo nuclear independiente; • a introducir a Argentina en el dispositivo político y militar norteamericano mediante su reequipamiento militar por Estados Unidos y la participación con éste en acciones contra el narcotráfico. Esto plantea mayor militarización del Estado y mayor represión, sin que llegue a afectar a los narcotraficantes asociados con la banca. La misión de Menem en Estados Unidos fue entonces netamente colonial y por sus características responde milimétrica mente a los intereses de los comisionistas nacionales y extranjeros que especulan con la deuda externa del país. No en vano estaba ahí su representante Alsogaray. Menem ha aceptado en Nueva York el pago anticipado de la deuda externa a través de la entrega de los recursos nacionales más rentables y del propio ahorro nacional por medio del derecho a convertir la deuda externa en australes. Todo esto significa que el sometimiento político de los trabajadores al actual gobierno y al Estado significa directamente un sometimiento al propio imperialismo. Una “tregua social" al gobierno equivale a una tregua para que el imperialismo esquilme a la nación. Esta es la alternativa irrevocable que representa el gobierno para los trabajadores y la nación. El peronismo ha agotado por completo su capacidad de apoyarse en el pueblo frente a las exigencias colonialistas. Los restos de Rosas arriban al país cuando el nacionalismo argentino es un completo cadáver político, incluso en su versión más popular. Al cabo de 150 años Argentina sigue dominada por los comisionistas de la gran banca, que ahora no se llaman Baring Brothers sino Citibank.