Prensa Obrera N° 279

Córdoba: De delegados y activistas de FOETRA Córdoba, julio de 1989 "Los abajo firmantes, trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, delegados y representantes de distintas listas de FOETRA-Córdoba repudiamos el proceso político que continúa contra el PARTIDO OBRERO y sus principales dirigentes. Un gobierno antiobrero dictó el estado de sitio contra el pueblo mientras los capitalistas y especuladores se robaban medio país y detuvo a toda la dirección del PO. "El mismo régimen político y sus jueces pretenden continuar este proceso sin tener una sola prueba en contra del Partido Obrero. "Ante esta situación reclamamos: — El cese inmediato del proceso contra el PO. — No a la proscripción del Partido Obrero. — Repudiamos todo intento de dictar nuevamente el Estado de Sitio. — Por la defensa irrestricta de las libertades democráticas". Guillermo Gómez (Delegado Mantenimiento Interurbano - Lista Naranja) - Osvaldo Britos (Delegado Abastecimiento - Dirigente Lista Naranja) - Elsa Torres (Delegada Tráfico - Lista Naranja) - Alicia Barreiro (Subdelegada Dpto. Contable - Lista Naranja) - Claudio Barrera (Delegado Secretaría Administrativa - Lista Naranja) - Enrique Edwards (Delegado Servicio Internacional) - Vicente Arrieta (Sub-delegado Tráfico Nocturno) - Julio Charra (Delegado Observaciones) - Claudio Sosa (Delegado Asignaciones - Sec. Gral. Lista Naranja) - Betsy Godoy (Sub-delegada Serv. Administrativo) -Adrián Bilavchik (Delegado Asignaciones CBA) - Mario Gastaldi (Delegado Comercial - dirigente Lista Celeste) - Luis Cabrera (Delegado Fuerza - equipo) - Mónica González (Sub delegada Tráfico - L. Naranja) - Roque Olivarez (Delegado Servicios Internos) - Lidia Chiappi (Sub-delegada Secr. Adm. Reg.) - Víctor Varas (Secretario Adjunto Lista Verde) - Daniel Sánchez (Delegado Conservación cables - Secret. Gral. Lista Celeste) - Hugo Olmedo (Presidente Coop. 18 de Marzo) - Elsa Liendo -Aníbal Vega - Raúl Hedelscoff - Carlos Taborda - Ana Ghinaudo - Daniel Canelo. “Statu Quo” Presos, presos, presos Señores, dénse presos. Han infringido la constitucional hambruna. Presos, presos, presos. Señores, dénse presos. Han avasallado el derecho a la explotación sistemática. Presos, presos, presos. Señores, dénse presos. Han blasfemado a San Capital Patrono con orgias de voces famélicas. Presos, presos, presos. Señores, dénse presos. Han apuñalado la sensibilidad burguesa con subversión de estómagos. Presos, presos, presos. Señores, dénse presos. Por haber multiplicado el grito de los parias. Por haber puesto luz en los ojos de la angustia. Por haber abierto oídos en las sórdidas chapas. Por haber limpiado a la Justicia en los leprosarios de la estala Presos, presos, presos. Señores, dénse presos. Por haber echado a andar la esperanza proletaria. Sid. (Maestra primaria) Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora "Madrea de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, expresamos nuestro más enérgico rechazo a las detenciones arbitrarias realizadas contra los dirigentes del Partido Obrero, injustamente acusados de "instigación a la violencia”, en circunstancias que son de público conocimiento. "Reclamamos también la anulación de la causa judicial a los militantes y dirigentes del P.O., proceso que está a cargo del juez Gerardo Larrambebere. "Nos pronunciamos contra toda discriminación política e ideológica que afecte el legal y constitucional desenvolvimiento de agrupaciones, entidades, movimientos o partidos políticos, en este caso el P.O. "Repudiamos asimismo, toda acción represiva que se ejerza sobro ciudadanos que realizan un justo reclamo por su derecho a gozar de una calidad de vida digna y justa." MADRES DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA Buenos Aires, 23 de agosto de 1989 Pronunciamiento de Artistas, Escritores e Intelectuales Buenos Aires, 6 de agosto de 1989 "LOS ABAJO FIRMANTES, artistas, escritores e intelectuales de diversas corrientes políticas e independientes, en nombre de las libertades fundamentales de los ciudadanos y en nombre de los derechos inalienables de los explotados frente a la embestida de los grandes pulpos capitalistas, "NOS PRONUNCIAMOS — Contra todo intento de coartar por cualquier medio el derecho de los explotados a defenderse de la miseria y la represión. — Contra todo intento persecutorio o proscriptivo de las organizaciones políticas y de lucha de los trabajadores y los oprimidos. — Por el cese inmediato del ataque político-jurídico contra los militantes y dirigentes del Partido Obrero." Oscar Alazraqui (Medios) Corriente 1° de mayo - Alberto Pipino (escritor) - Carlos Vallina (cine) - Arturo Dieguez (pedagogo) - Carlos González Gartland (derechos humanos) - Carlos Villamor (escritor) - Rubén Dri - Francisco Linares (psicoterapeuta) - Emilio Cafasse (escritor, docente universitario) - Julio Villafañe (escritor, coordinador Liber Arte) - Ardigo Todesco - Mabel Lobos (enfermera) - Oscar Taffetani (Jefe Cultura diario Sur) con el agregado en último punto: “y de cualquier otra organización socialista popular”. - Noemí Barbieri (licenciada Filosofía) - Hernán Cabrera de Vega (músico, PO) - Marcelo Porco (estudiante de cine, Mas) - Patricia Romero. A los compañeros del Partido Obrero Ingeniero Budge 18/8/89 “Les hago llegar mi expresión de solidaridad militante frente al atropello que sufrieron los dirigentes del PO de reconocida trayectoria y compromiso con la clase trabajadora. "El juicio que se sigue contra Altamira y demás compañeros es una amenaza a todos los sectores populares... "Mientras que el gobierno tiene en sus filas a los más nefastos saqueadores, que desde hace más de 100 años nos tienen hundidos en la miseria y la humillación, este mismo gobierno 'popular', se apresta a dejar en libertad a los genocidas que violaron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a 30.000 compañeros... "Ante todo esto no nos queda otra alternativa que la de organizamos, más allá de las ideologías y las posiciones partidarias, para presentar una efectiva resistencia. "Reciban mi solidaridad y respeto. José Cardozo Militante del PC “Junto al único partido que nos representa" “En estas sencillas y humildes palabras quiero hacer llegar mi adhesión y solidaridad hacia los compañeros del Partido Obrero. "Aquellos compañeros que siguen siendo perseguidos por la justicia burguesa, que lo único que desea es aplacar a los trabajadores, lo cual no podrá lograr. "Yo, entre todos, seguiré luchando para defender los derechos de los trabajadores desde mi puesto de lucha, junto al único partido que realmente nos representa. "Adelante PO." Marcela Luna de Peralta Obrera Textil y estudiante secundaria. 17/8/89 Lomas de Zamora Artesanos de la Boca Cárcel a los verdaderos saqueadores "Repudiamos la represión ejercida contra el Partido Obrero y otros militantes de izquierda, y la prosecución de la causa contra la dirección nacional del PO. ¡Cárcel a los verdaderos saqueadores y hambreadores de los trabajadores: Bunge y Born, Citybank, Fortabat, etc.!" Acompañan diez firmas. Adhesión del presidente del Centro de Estudiantes de Psicología "Por la presente y en mi calidad de presidente del Centro de Estudiantes de Psicología (CEP), hago llegar mi solidaridad con los compañeros del PO, cuya conducción fue encarcelada y está siendo procesada. "La continuidad de dicho proceso judicial se enmarca en la caza de brujas que tiene sustento en la nueva alianza social establecida entre el PJ y los conservadores de la UCeDé, que tiene como únicos beneficiados a las corporaciones que históricamente han devastado a la nación (FF.AA., Iglesia, Multinacionales). "Más allá de las diferencias ideológicas que poseemos seguiremos luchando por la plena vigencia del sistema y las libertades democráticas. "Sumo mi más enérgica voz para exigir el inmediato cese de la persecución judicial. "Los saludo con un abrazo militante”, Lautaro García Presidente CEP (Franja Morada Psicología) Francia Association Francaise des Juristes Democrates Paris, le 2 Juin 1989 Monsieur l'Ambassadeur de la République Argentine en France 6, rué Címarosa 75116 PARIS Señor Embajador "Nuestra asociación manifiesta su muy viva preocupación por los cargos y detenciones de: Jorge Altamira, Juan Carlos Capurro, Gregorio Flores, Cata Guagnini, Christian Rath y Pablo Rieznik. "Las persecuciones contra estos militantes constituyen un grave atentado a sus Iibertades democráticas fundamentales y no son, por cierto, el medio de responder a las graves preocupaciones que se expresaron en las manifestaciones populares. "Nuestra asociación desea que sean abandonados los cargos contra esos 6 militantes y que los mismos sean inmediatamente liberados. "De nuestra consideración." Nuri Albala, Secretario Nacional Gran Bretaña Al Embajador Embajada Argentina 111 Cadogan Gardens LONDRES SW3 "Estimado Señor: "Le escribo en nombre del Concejo de Sindicatos para protestar por el arresto y detención de los dirigentes del PARTIDO OBRERO y de Izquierda Unida. "Protestamos por la prohibición de manifestaciones y por el hecho que más de mil personas han sido detenidas bajo el estado de sitio. "Reclamamos por el inmediato levantamiento del estado de sitio, la libertad de todos los detenidos y el retomo a las garantías democráticas para la actividad política. "Suyo sinceramente" Tony Berwick Lambeth Trades Union Council

El gobierno y los partidos de la oposición de Nicaragua han firmado un acuerdo político referido a las condiciones de las elecciones nacionales que tendrán lugar en febrero de 1990. Esto permitió que inmediatamente después, los presidentes centroamericanos que firmaron los acuerdos de Esquípulas de 1987, llegaran en Tela (Honduras) a otro acuerdo sobre la “democratización” en Nicaragua y la desmovilización de los contras. Todo este proceso fue saludado por la Comunidad Europea, Gorbachov, la prensa norteamericana y el Consejo de Seguridad de la ONU. El sentido general de todos estos acuerdos es alcanzar una estabilización política burguesa del Estado nicaragüense y una ulterior estabilización económica capitalista en el marco de los planes del FMI. Crisis económica La economía nicaragüense está en bancarrota. Después de 10 años de "economía mixta” (los capitalistas mantienen en sus manos el 83% de la agricultura, el 88% de la ganadería, el 75% de la industria y el 70% del comercio), el Producto Bruto ha caído en un 30%, las exportaciones en un 75% y el salario (desde 1981) en un 90% El “sector privado”, que ha percibido enormes subsidios a pesar de la guerra, no se ha capitalizado en absoluto, dada la fuga constante de capitales. “El 70 % de nuestra industria está en proceso de quiebra", reconoce Eduardo Mora, presidente de la Asociación de Empresarios Nicaragüenses. El gobierno sandinista siguió frente a esto el camino clásico de los gobiernos burgueses de América Latina; un programa fondomonetarista, "para defender nuestros propios intereses" dijo Ortega a “Página 12” (19/7). O como lo dijo el comandante Carrión: “A costa de afectar aún más el nivel de consumo interno, tratar de promover la producción exportable”. Como consecuencia de esto, “el salario de un mes no alcanza para pagar los gastos estrictamente alimentarios de una semana. ¿Cómo vivir con el equivalente de 10 dólares por mes como deben hacerlo los maestros reducidos a la miseria?" (Le Monde, 20/7). “La lógica fría de las cifras, concluye naturalmente el diario Barricada, puede indicar que la revolución está al borde del hundimiento" (ídem). Lo que está claro es que el nuevo régimen no ha resuelto las aspiraciones sociales de las masas y que desde hace tiempo se ha encaminado a resolver las de la burguesía y el imperialismo. No en vano, Ortega ha tenido que reconocer que “el programa (económico del gobierno) ha sido bien conceptuado por los organismos del FMI" (Página 12, 19/7). Acuerdo político En este marco se produjo el acuerdo con los partidos de oposición y el de Tela. Estos acuerdos, como los que se firmaron con anterioridad, le dieron al imperialismo una vía de salida ante el completo fracaso de los “contras". Como acertadamente lo plantea un editorial de “Los Angeles Times" (ver Clarín 9/8/89), que califica al apoyo a los contras como “política fallida", la política de acuerdos “le dio a la oposición nicaragüense una oportunidad de afirmarse”. El imperialismo ha logrado plantear por medio de estos acuerdos la posibilidad de mantener al Estado de Nicaragua en el marco burgués y abrir un papel político a los partidos burgueses. Como en Polonia, Afganistán, etc., este acuerdo “interno” no es más que el reflejo de una política internacional entre el imperialismo y la burocracia rusa a espaldas de los pueblos. El mismísimo ministro ruso, Schevarnadze, dice que “existen fundamentos para suponer (¡qué cinismo!) que los contactos diplomáticos soviéticos-estadounidenses desempeñaron determinado (!) papel en la creación de la atmósfera (?) en que se hizo posible el acuerdo entre los cinco presidentes” (Sur, 11/8/89). Schevarnadze agrega que "estos acuerdos de Tela permiten llegar a la solución de problemas claves con el suministro de armas a la región", lo cual indica claramente todo el condicionamiento exterior de estos acuerdos y que el desarme de los "contras" no fue nada unilateral. Schevarnadze interpreta que estos acuerdos “establecen un justo equilibrio de Intereses" es decir que salvan las exigencias básicas del imperialismo. No sorprende entonces que la URSS haya cesado el suministro de armas a Nicaragua Pero más significativo todavía: “Este año —dice el corresponsal del Washington Post (4/7)- por primera vez la embajada soviética se aproximó a los líderes del sector privado de Managua, buscando transformarse en un socio comercial en Nicaragua, en lugar de ser nuevamente un benefactor del gobierno". ¡Si en Polonia no tienen capitalistas nativos para “privatizar" no pueden perder la oportunidad de la presencia de esta clase en Nicaragua! ¿Por qué sorprenderse que Estados Unidos votara a favor de los acuerdos de Tela en la ONU? (ver La Prensa, 28/7) Revalorización de la democracia “El comandante Tomás Borge... garantizó a ‘El País’ que el FSLN conducirá ahora a Nicaragua hacia un verdadero régimen pluralista porque ha comprendido finalmente el valor de la 'democracia tradicional'" (Página 12, 23/4). “Al principio concebimos la sociedad pluralista y la economía mixta por razones tácticas. Sobre la marcha nos dimos cuenta de que no era sólo eso. La realidad nos enseñó que era una estrategia... Al principio hablamos de pluralismo político suponiendo su temporalidad, lo concebíamos como algo transitorio, aunque no lo podíamos decir así. Es ahora cuando admitimos que no es temporal, que su uso no es para una coyuntura sino que tiene un papel histórico" declaró Borge, quien ha “decidido que las formas de la democracia son válidas". Esto enmarca los acuerdos alcanzados con la oposición burguesa en Nicaragua y con las burguesías centroamericanas. Ortega y la dirección sandinista “luchan por construir una democracia justa... que mejore la situación económica interna" (Sur, 25/4). Tienen la ilusión de que el capital extranjero ayudará a financiar el desarrollo nicaragüense y que la instauración de un régimen parlamentarista decidirá a la burguesía a “desarrollar” el país. Ortega confía que las elecciones ratificarán al sandinismo, porque contaría con “un sector muy estable que se aproxima al 50% y que puede arrastrar a otros sectores. El conjunto del resto de los partidos constituye una fuerza considerable, pero cada uno de ellos por separado tiene porcentajes irrisorios” (El País, 23/4). Sin embargo, la oposición se ha unificado ahora en el frente amplio (UNO) que lleva a su cabeza a la viuda de Chamorro. Omar Cabezas, dirigente del FSLN, aunque reconoce que “el pueblo está desesperado, sigue teniendo las armas que le hemos dado y nos las vuelve contra nosotros" (Le Monde. 19/7) -bien que los conflictos sindicales se han acentuado. Según la corresponsal citada del Washington Post, Ortega ganaría la presidencia pero probablemente el FSLN perdería la mayoría parlamentaria. De todos modos, lo que importa no es el destino particular del FSLN en los comicios sino el destino de la revolución —que ha entrado en un claro retroceso estratégico, y que sólo podría recuperarse como consecuencia de otra revolución, que no podrá limitarse al marco nacional nicaragüense. El FSLN, por sus limitaciones políticas y de clase, en particular en lo referente a la revolución mundial, es el protagonista de una "normalización" económica y política de carácter capitalista.

A través de la ley de reforma del Estado, el gobierno ha anunciado la “reestructuración” de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). En función de la misma, funcionarios y asesores gubernamentales han mencionado diferentes alternativas. Entre ellas, el cierre de la mina, o su privatización. Para los trabajadores de Río Turbio, los anuncios gubernamentales plantean un interrogante central: ¿qué camino deben adoptar sus organizaciones obreras para impedir el vaciamiento de esta localidad minera, así como el despido de miles de trabajadores? Del ‘‘déficit crónico” a la “empresa rentable” Desde hace años, YCF viene siendo presentada como una empresa “crónicamente deficitaria”, para la cual no quedaría otro camino que su cierre. Un reciente informe de la secretaría de Energía señala, sin embargo, que tal quebranto obedecería a razones ajenas al yacimiento: en junio de 1989, “el precio unitario del carbón destinado a usina era... de u$s 14 al cambio oficial”, en tanto que el precio internacional de la tonelada de carbón “ascendía a 55 u$s”. En lo que respecta al carbón residual de petróleo — que ha representado, en los últimos ejercicios, el 80% de las ventas de YCF— el informe señala que este producto era vendido a la firma privada Copetro a “un promedio de u$s 30 la tonelada, frente a los u$s 70 u 80 que se abonan internacionalmente”. YCF, así, subsidiaba a sus compradores privados sobre la base de su propio quebranto. Ahora, el gobierno ha anunciado que los recientes y drásticos ajustes decretados para el precio del carbón “permitirán a YCF equilibrar sus cuentas durante el segundo semestre del año” (La Nación, 2/9). Pero junto con este anuncio la intervención a YCF reveló que el yacimiento podría privatizarse parcialmente, a través del “aporte de capitales españoles" (id). Hasta días atrás, para la YCF “deficitaria” no cabía otro porvenir que su cierre. Ahora, que sería "rentable", también podrá ser “privatizable”. Pero ¿cuáles son las condiciones para el ingreso de capitales privados? Una de ellas acaba de ser ejecutada por la secretaría de Energía: los grupos privados exigen precios “oficiales” y “recontraaltos” para asegurar la rentabilidad de su operación. Pero la condición siguiente es una reestructuración del yacimiento a costa de los trabajadores: recientemente, un informe del Banco Mundial “recomendaba” el despido de 2000 agentes como paso previo a cualquier transferencia de YCF al capital privado. En esta línea, la propia Secretaría de Energía "diagnostica” en el informe citado, “un excedente de 1200 agentes" Las recomendaciones imperialistas revelan que la reorganización de YCF no se fundará en los “aportes de capital” (“aportes" que no son tales, sino la mera entrega de la empresa estatal a cambio de títulos desvalorizados de la deuda pública). El “aporte", en cambio, vendrá de los propios mineros del Turbio menos trabajadores deberán sostener similar producción, a costa de dejar en el camino conquistas laborales fundamentales, en lo que respecta a la salubridad y seguridad en la mina. La posición de ATE Frente a esta situación, la directiva local de ATE (que agrupa a los obreros de YCF) ha anunciado su disposición a colaborar con la privatización como medio de evitar el cierre de YCF. Tal posición implica maniatar a la organización sindical frente a los planes del gran capital, que exigen la desestructuración de la clase obrera del Turbio. Hasta ayer, las direcciones justicialistas de ATE defendían a la empresa estatal contra los trabajadores, justificando salarios miserables en nombre de la “colaboración obrera para reflotar la empresa pública”. Ahora defienden a la privatización contra la clase obrera, presentando a aquélla como un mal menor para evitar el cierre de la mina. El rol del sindicato es la defensa incondicional de los trabajadores de YCF contra las diferentes variantes patronales, sean éstas “privatistas” o “estatistas". Es necesario, por ello, que ATE adopte una estrategia de lucha contra una reorganización capitalista que, en cualquiera de sus variantes, implicará miles de cesantías. Exijamos la apertura de los libros de YCF, la confiscación de los grupos económicos beneficiarios de su vaciamiento, y el enjuiciamiento de los funcionarios que actuaron a cuenta de aquéllos. ¡No al cierre de YCF! ¡No a su entrega a los pulpos que saquearon el país! Ni un solo despido. Por un plan de reorganización de la producción carbonífera bajo control obrero.

Días atrás, más de 800 trabajadores desocupados se movilizaron al Concejo Deliberante de Río Grande, donde presentaron un petitorio con los siguientes puntos: impuesto a las patronales “promocionadas” para financiar un plan de obras públicas; subsidio a los trabajadores desocupados; reducción de tarifas e impuestos; prohibición de nuevas suspensiones o despidos. La movilización fue precedida por un importante proceso de discusión y reagrupamiento en las barriadas obreras, y es la respuesta a la grave situación que se vive en el Territorio: los pulpos de la electrónica están haciendo de las suspensiones y cesantías un régimen permanente. En un indisimulado chantaje, las patronales han paralizado la producción a la “espera” de beneficios cambiarios e impositivos que compensen la suspensión transitoria de la “promoción Industrial” Del mismo modo, se agudiza la parálisis de la obra pública. Impotente para ponerle el menor límite a la ofensiva patronal, el gobierno justicialista del Territorio pretende culpar de la crisis imperante... a los propios trabajadores. Según el gobierno, la desocupación se debería al “ingreso masivo de trabajadores indocumentados” desde Chile. Pero son las propias patronales y el gobierno los que alentaron ese ingreso, y perpetuaron luego la precaria condición legal de estos compañeros. De esta manera, se aprovisionaron de mano de obra abundante y barata para la construcción. Ahora que los capitalistas están vaciando Río Grande, el gobierno no ha encontrado mejor “salida” para la desocupación... que iniciar una persecución contra los trabajadores chilenos. El movimiento de desocupados ha incorporado, por eso, a sus reivindicaciones, la defensa de los compañeros trasandinos, el otorgamiento de residencia permanente a todos los que la soliciten y el fin de toda discriminación laboral contra aquéllos. La movilización de los desocupados se dirige ahora a poner en pie de lucha a la UOM, la UOCRA y la CGT, para desenvolver un movimiento conjunto frente a la desesperante situación presente, ¡por una gran asamblea de todas las organizaciones obreras y vecinales de Río Grande, para resolver un plan de lucha por los reclamos de miles de desocupados!

La Junta Electoral Nacional de la UOCRA —un grupo de alcahuetes de Farías— impugnó los comicios en Neuquén en los que un frente de agrupaciones de la izquierda barrió a la burocracia y otras listas propatronales en un comicio ultrademocrático en el que participaron masivamente los trabajadores de la construcción. La burocracia se negó a oficializar la nueva conducción, bloqueó el envío de fondos al sindicato y a la obra social, en tanto el gobierno provincial lanzó una provocación tras otra sobre la flamante directiva. La lucha se planteó en todos los frentes: contra la burocracia, por un lado, contra el gobierno provincial y las propias patronales neuquinas, por otro. Estos acordaron entre sí un plan de cierre de obras que generalizó la desocupación y fue utilizado para llevar a los trabajadores a una situación desesperante y debilitar el sindicato. A pesar de todo, la burocracia no había logrado hacer pie y el “interventor" puesto por Farías, que no era otro que Evaristo Selesky, deambulaba por las calles de Neuquén sin poder asumir. La situación ahora ha dado un vuelco. El plenario de delegados de la UOCRA Neuquén aceptó la resolución de la delegación regional del Ministerio de Trabajo, avalando el dictamen de la Junta Electoral de la UOCRA. Para este plenario, los agentes de Triaca y Gerardo Martínez pusieron “toda la carne al asador”. Se hicieron presentes todos los delegados burocráticos, vivos y "fantasmas”, y actuaron como un bloque común, disputando primero la presidencia de la asamblea y proponiendo luego directamente el cese de funciones de la directiva y el nombramiento de una comisión provisoria para “normalizar” la UOCRA Neuquén conforme el ultimátum de la burocracia. En ambos casos fueron derrotados por una diferencia de dos votos, lo que motivó su retiro en masa de la reunión. A continuación, Christensen —secretario general, Mas— propuso aceptar la convocatoria a nuevas elecciones para dar paso a una consulta a la base a través de asambleas para ratificar o rectificar este criterio y nominar una comisión de tres delegados para tomar relación con Buenos Aires en función de nominar una lista de veedores para el proceso electoral. Esto fue aprobado por la mayoría de los delegados presentes. El plenario de delegados no se pronunció contra la intervención a la UOCRA Neuquén, que es en definitiva lo que quieren Triaca y Gerardo Martínez hoy por hoy, hasta asegurarse que los comicios sean una herramienta para legitimar a la patota. No se ratificó expresamente a la actual conducción hasta la fecha del comido, lo que estaría indicando una posible negociación para poner en pie una comisión provisoria de otras características. El Mas o la historia del aprendiz de brujo Como en la vieja historia, el Mas ha desatado fuerzas que hoy no puede controlar y que están potenciadas, a pesar de su raquitismo, por el pleno apoyo del gobierno. Al momento del triunfo electoral el bloque del Mas, mayoritario en la CD de la UOCRA Neuquén, rescató a los jerarcas del repudio obrero invitándolos a compartir el manejo del gremio y rechazó toda acción para llevar el triunfo antiburocrático a las obras mediante el recambio de delegados (cuestión insistentemente planteada por el PO y la agrupación Lucha Obrera - Lista Morada). Como expresión de las ilusiones en desbloquear un sector de la burocracia no se convirtió a la elección de interna en Piedra del Águila —la obra más importante y más aún, casi la única obra— en una batalla fundamental y la burocracia se reagrupó en una sola lista y ganó. Los mismos delegados que fueron cortejados, irrepresentativos y corruptos en su gran mayoría, están hoy en la primera línea de la ofensiva para asaltar la UOCRA de la mano de la burocracia y el Estado. Sabemos que esta política motivó más de un debate en las propias filas del Mas peto hoy, la contundencia de los hechos puede ayudar a una reflexión a fondo. La burocracia no quiere correr los riesgos de una nueva derrota en Neuquén. Por eso largará elecciones sólo en función de una junta electoral propia y de un padrón digitado. Querrá apoyarse en este retroceso para ganar posiciones e imponer una provisoria propia que dirija el fraude. Está planteado rechazar esto pero lo decisivo es fundar un plan de acción que parta de la organización de la masa desocupada en Neuquén, exigiendo la exención al pago de todo tipo de servicios, un subsidio al parado equivalente al salario básico promedio del empleado provincial y la reapertura de las fuentes de trabajo.

Dos años atrás la policía informaba de la muerte de tres jóvenes vecinos de Dock Sud. Según el parte oficial, se había producido un “enfrentamiento” entre los chicos y un inspector de la policía, Héctor Daniel Muzzio, quien los había abatido en momentos en que "estaban asaltando a un vecino”. Los familiares y los vecinos negaron la “historia oficial”. Para ellos, que conocían a los pibes y que tenían testimonios de lo que había ocurrido, había sido un asesinato. Hace unas horas, el oficial Muzzio fue detenido luego de probarse que el “enfrentamiento” fue fraguado y que se secuestró a los chicos para luego asesinarlos salvajemente. El juez Llermanos de Lomas de Zamora dictó prisión preventiva contra Muzzio por homicidio calificado con alevosía. Se logró probar en otra causa, además, que el oficial Muzzio secuestró a una menor, el día de "festejo” de su despedida de soltero, llevándola a una comisaría, donde la violó. La lucha que hubo que sostener para lograrlo fue muy difícil. Se formó una Comisión de Familiares, Amigos y Vecinos que organizó una movilización barrial para demostrar el crimen. Se hicieron marchas, actos en la Feria de Dock Sud. Se juntaron firmas entre los obreros de las fábricas y usina de la zona; entre los docentes de las escuelas; en el Club Sportivo Dock Sud, donde uno de los pibes jugaba al fútbol. Se puso en pie una gran movilización popular. Fue ese método de trabajo, esa confianza exclusiva en las fuerzas propias, en los hermanos de clase del barrio y las fábricas, lo que dio sus primeros frutos: se logró hacer la reconstrucción del hecho. Allí "saltaron”, por así decirlo, las gruesas contradicciones del policía sobre aquel supuesto “enfrentamiento”. A esto se sumó que los familiares y vecinos no se dejaron llevar por las promesas de los partidos burgueses. Originalmente el Partido Justicialista y la UCR trataron por todos los medios que los vecinos y familiares dejaran “en sus manos” el esclarecimiento del caso, bajo la explicación de que, como ellos estaban “en el gobierno", era más fácil que lograsen resultados. Los familiares y vecinos desconfiaron de esas promesas. Exigieron, sí, el apoyo de esos funcionarios (a los que, por otra parte, nunca se los vio en la práctica) pero mantuvieron la lucha en sus propias manos. Fue así, con esa fuerza y esa convicción, que se fueron juntando las pruebas. Se probó que los pibes habían sido secuestrados con un auto que era del cuñado del policía Muzzio. Se probó que lo que el policía dijo era mentira. Los vecinos denunciaron lo que sabían. Se sintieron fuertes para nacerlo, por el apoyo del barrio. Durante estos dos años un compacto grupo de familiares y vecinos se mantuvo firme en esta lucha. Hubo momentos de desmoralización. Pocos se mantuvieron, sí, pero fueron de fierro. Organizados junto al Partido Obrero tenían claro que sólo la movilización Independiente de los trabajadores puede tener futuro. Ninguna confianza —sabían— se podía tener en la burguesía "democrática” del "punto final” y la “obediencia debida”. En estas sencillas ideas estuvo la clave del triunfo. Si los vecinos y familiares de los jóvenes muertos hubiesen entregado la dirección de su movimiento al PJ o a la UCR, o hubiesen esperado que de "arriba" viniese la solución, todavía estarían esperando sentados. La persistencia en mantener la denuncia, ante el barrio y el juzgado, de hostigar al estado burgués, de confrontar las pruebas con la demora judicial, de estrellar el crimen contra la realidad de un movimiento popular que nunca bajó la guardia; esto ha dado este resultado. Ese puñado de luchadores, de aparente "poca fuerza" fue imbatible. Porque, pequeño en su cantidad, representaba la esperanza y la necesidad de cientos de miles de ciudadanos. De los humillados en las comisarías; de los golpeados en las huelgas; de los reprimidos en las tomas de tierras y en toda lucha popular. De ese sentimiento colectivo de justicia se nutrió la lucha de Dock Sud. Ahora se abre una nueva etapa. Este juicio irá a Cámara. Lo apelará el policía Es fundamental entonces tomar envión y hacer crecer este hermoso movimiento. El primero donde se detiene y castiga a un culpable de supuestos “enfrentamientos". “Hay que dar un salto organizativo porque en el banquillo de los acusados no sólo está el policía Muzzio, sino todo el aparato estatal que lo encubrió, dando fe de aquella versión del "enfrentamiento”. Es ese aparato podrido el que debe ser enjuiciado y desmontado. Para ello la organización independiente de vecinos y amigos debe redoblarse. Debe conectarse con los demás movimientos barriales contra los "enfrentamientos" para impulsar un gran movimiento democrático en los barrios contra la represión del "gatillo fácil", del “derecho de peaje" y de la coima institucionalizada. El ejemplo de Dock Sud marca el camino.

La "marcha" programada para el 8 de setiembre está completamente desnaturalizada Participan de ella peronistas (“Chacho” Alvarez y J.P. Cafiero) que afirman que ella no está dirigida contra el gobierno y ni siquiera contra el reconocimiento a la facultad de indulto del presidente, y que concurren, dicen, con el objetivo de no “dejar en la vía” a los peronistas que actúan en los organismos de derechos humanos, es decir, para seguir engrupiéndolos. También participan oficialmente los radicales que reivindican la política de Alfonsín, a la cual sin ningún pudor califican como contraria a la impunidad. La UCR ha dejado en claro que solo se opone al indulto de los militares "condenados”, no así de los "procesados”, algo que coincide con lo que Menem haría en una primera etapa, de modo que su participación en la “marcha" debe entenderse como un apoyo y no como una oposición al indulto. La "marcha" está "convocada” por la APDH, un organismo que preside Alfonsín y plagado de agentes del ex gobierno radical, razón por la cual no reivindica la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida ni plantea la lucha contra el aparato represivo, así como tampoco denuncia a los partidos que votaron el estado de sitio contra el pueblo hambriento, el cual sólo se puede implementar por medio de la intervención de las fuerzas armadas cuya camarilla exige el indulto. En lugar de la lucha contra el aparato represivo, la "convocatoria" reclama "la verdad y la justicia” como vías hacia la "reconciliación nacional", es decir, como vías hacia la “reconciliación” con el aparato represivo. Sin embargo, “la verdad y la justicia" se encuadran en el orden legal existente, el cual ya ha declarado constitucionales a esas dos violaciones del derecho que son el punto final y la obediencia debida. En este orden legal la “verdad y la justicia” preceden al indulto, no se contraponen a él. En suma, la “convocatoria" de la APDH no es un llamado a la lucha contra el Indulto, sino una Invitación a la capitulación. Es indudable que esta “marcha” no tiene ninguna clase de perspectiva política para el pueblo. La cuestión fundamental, sin embargo, es que esta desnaturalización no partió de una iniciativa de los partidos que votaron el estado de sitio contra el pueblo hambriento y que avalaron la formación del Consejo de Seguridad, sino de la Izquierda Unida. Fue I.U. quien se dirigió a la APDH alfonsinista que carece de cualquier poder de convocatoria, para que tomara a su cargo la "convocatoria" a la "marcha” y para que le fijara la dirección y el contenido. Luis Zamora tuvo a su cargo las "gestiones" ante Jaroslavsky para que los radicales se pusieran al frente de un movimiento cuyas huestes serían puestas por los partidos de izquierda. El Mas reclamó que la "marcha" no contuviera la reivindicación del "juicio y castigo" a los culpables para no "chocar” con la "sensibilidad" radical. Los "trotskistas", que sabotearon dos marchas de madres alegando falsamente que éstas no levantaban esa consigna, se transformaron en los promotores de su eliminación, algo que retrata la corrupción política de este grupo. No es cierto que I.U. hubiera hecho un planteo "desde la izquierda, con amplitud", como argumenta el partido comunista, pues el contenido de la convocatoria es “desde la derecha" para que los partidos amnistiadores se apropien (¡expropien!) del caudal de movilización popular. La “marcha” retrata la política fundamental de I.U. que consiste en colocar a los explotados a remolque de la burguesía nacional. I.U. ha tomado la iniciativa de un movimiento de expropiación política de la movilización popular. Semejante política condena a las bases del radicalismo y del justicialismo a quedar cautivas de sus direcciones patronales. Los dirigentes de I.U. justifican su maniobra política, esto cuando no intentan disimularla, con el argumento que sólo mediante un pacto con los partidos amnistiadores la “marcha" podía ganar en amplitud. Esto es un despropósito. Ni el radicalismo ni el justicialismo tienen hoy ninguna capacidad de movilización que justifique el acuerdo el primero porque está en bancarrota ante las masas, el segundo por su alianza con BB y Alsogaray. El grueso de la movilización lo pondrá la izquierda. Lo que revela este "argumento” es, en realidad, la completa falta de perspectiva de lucha de IU, pues si las posibilidades de desarrollo del movimiento dependen de Alfonsín y Cafiero, es evidente que la movilización está condenada al fracaso. La justificación del “frentismo" con los amnistiadores, por parte de I.U., es una confesión de los límites insuperables de la “marcha" del 8, condenada de antemano a un acontecimiento aislado. No hay, entonces, lucha contra el indulto. La preocupación por la amplitud de la movilización está desmentida también por la ausencia de una consigna fundamental, que sí estuvo presente en la última manifestación de Madres. Nos referimos a la consigna de lucha contra el hambre, a la cual debe estar ligada la de la oposición al indulto si se quiere realmente convocar a las grandes masas a través de un serio esfuerzo de organización. Pero el hambre es innombrable en la marcha del 8, toda vez que la política de hambre es lo que más consecuentemente une a los partidos patronales. I.U. es perfectamente conciente de su política. Esto está demostrado en su inescrupulosa acción contra las convocatorias realizadas en el interior del país por parte departidos de izquierda y de organizaciones de derechos humanos, que se oponían a que el contenido fuera fijado por los amnistiadores. En varias ciudades del interior I.U. decidió romper las marchas votadas mayoritariamente por las organizaciones populares, incluidas las juventudes del radicalismo y del peronismo, por oponerse a su contenido integral contra la impunidad y para armar un acuerdo con las direcciones oficiales de los amnistiadores. El deber de una izquierda consecuente es explotar el desprestigio de las direcciones patronales para ganar a sus bases políticamente, no redorar los escudos de esas direcciones para que sus bases se mantengan atadas a semejantes cadáveres políticos. Hay quienes afirman que la posición del Partido Obrero lo aísla de este proceso político, procurando demostrar así las desventajas de nuestra posición. ¡Pero si lo que queremos es que se note la más completa delimitación del PO con este proceso trucho y traidor! Con esta política ganaremos a nuestras filas a los luchadores de todos los partidos, incluidos especialmente los de la llamada “izquierda”. Izquierda Unida ha fabricado artificialmente la subordinación de los luchadores populares a la burguesía amnistiadora. Y este es su crimen político en la cuestión del indulto. Salta: Un verdadero acto combativo Boicot del Mas A iniciativa de un núcleo de activistas democráticos, se constituyó una comisión para organizar un acto “contra el hambre y la amnistía”. Luego de varias reuniones se aprobó una declaración firmada por todos los partidos de izquierda de la provincia denunciando la política de impunidad del gobierno alfonsinista y de los partidos parlamentarios y la realización de un acto para el sábado 2 de setiembre. El movimiento por este acto fue ganando, rápidamente, adhesiones del movimiento estudiantil y secundario, así como de todo el activismo democrático de la ciudad. Cuarenta y ocho horas antes del acto, el Mas, que firmó la declaración, anunció que condicionaba su participación a la realización de una “nueva y más amplia convocatoria” para el día 8, que incluyera al PJ y a la UCR. Las restantes tuerzas políticas y activistas democráticos rechazaron de plano este ultimátum, ratificando que cualquier nueva convocatoria se construirá, en Salta, a partir de los ejes políticos planteados para el acto del 2. El Mas, entonces, se retiró de la convocatoria, para pasar a boicotearla directamente. El acto fue exitoso: los 200 compañeros que se hicieron presentes fueron convocados a una acción de clarificación política respecto del indulto, y no a un operativo de encubrimiento de los partidos amnistiadores. Entre los concurrentes se encontraban jóvenes radicales que pudieron, de esta forma, hacer de la lucha contra el indulto un acto de escisión con sus direcciones políticas. Del mismo modo, militantes y simpatizantes salteños del Mas repudiaron el divisionismo prorradical de su dirección y concurrieron al acto. El orador del PO, llamó a reforzar la lucha contra el indulto en el único terreno en que ésta puede alcanzar una perspectiva: el de la denuncia e impugnación de los partidos patronales y amnistiadores. Claudio del Plá Rosario: Radiografía de una convocatoria “trucha” La convocatoria a la movilización del 8 en Rosario tiene, como todo contenido, la siguiente frase: “contra el Indulto y toda forma de amnistía". Tras semejante “prodigio de síntesis” se logró omitir la menor referencia a seis años de impunidad por parte de los tres poderes del Estado y que unieran sus firmas los partidos de la Izquierda Unida junto a la Franja Morada Rosarina. ¿Cómo se gestó este llamamiento común? El radicalismo reclamó una convocatoria “razonable”, que eludiera la menor referencia a la política amnistiadora del alfonsinismo. Tal pretensión revelaba que no existía, por parte de esta corriente, la menor intención de sumar reales energías a la luchar contra el indulto (lo que hubiera exigida elementalmente, un balance de sus propias direcciones políticas). Los representantes de la IU accedieron a blandear a la UCR y para ello propusieron darle a la fórmula “contra toda forma de amnistía”... un carácter “funcional" "Para nosotros es la lucha contri el punto final y la obediencia debida" -dijeron sin ruborizarse los dirigentes de la IU—; "para ustedes... lo que ustedes prefieran interpretar”. La convocatoria rosarina fue así, un “traje cortado a la medida” de la coordinadora radical, de los que hace sólo dos meses, sancionaron el estado de sitio para victimizar al pueblo hambriento de Rosario. Ahora, bajo el paraguas de este acuerdo encubridor, el PC local está constituyendo “un bloque de Izquierda” con vistas a la marcha del 8, el que concurriría a la misma con “banderas combativas”. La función de tal bloque no es otra que la de disimular la capitulación con los radicales. Sobre todo este proceso político, el PO de Rosario está realizando una tarea de agitación y clarificación políticas entre el activismo trabajador y democrático de la ciudad. Bahía Blanca: “Izquierda Unida" rompe el frente de lucha y se pasa a la UCR En nuestra ciudad hubo un gran debate sobre cómo encarar una verdadera lucha contra el indulto. En un plenario triunfó la posición de convocar a una marcha Independiente, sin presencia de los políticos radicales o de otras corrientes que hubieran apoyado la política amnistiadora llevada adelante por el anterior gobierno. Votaron a favor de una convocatoria en estos términos, que planteaba la derogación del punto final y la obediencia debida, un bloque compuesto por nuestro partido, la 16 de setiembre secundaria, la agrupación 29 de mayo, el centro ecuménico, la revista contraseña, etc. El Mas y la APDH local plantearon que la marcha se convocara en los mismos términos que los de la APDH Nacional, con los radicales y todos los políticos comprometidos en el curso amnistiador del gobierno alfonsinista, restringido a un llamado a luchar por la verdad y contra el indulto. El PC se abstuvo en esta votación. A partir de esta votación, el Mas y la APDH exigieron al PC que rompiera con la convocatoria independiente y una vez logrado esto, armaron marcha "amplia" con el PI y el Socialismo Democrático. El bloque que levantó posiciones independientes decidió finalmente concurrir a esta marcha con una columna propia, con banderas de denuncia de la Obediencia Debida y contra el Punto Final. Los militantes del PO hemos resuelto no participar, porque queremos que los trabajadores y la juventud sepan que nuestro Partido no es un instrumento de ninguna maniobra que caucione a los políticos amnistiadores y que impulse un "trente popular" que está desmoralizando y estrangulando la lucha democrática de nuestro pueblo.

El miércoles 19 de julio, a los 29 años, murió víctima de un derrame cerebral nuestro compañero Pitolo, de Ciudad Oculta. Obrero metalúrgico, Pitolo se acercó a Política Obrera en 1982, al calor de la lucha contra la dictadura de Galtieri. Fue uno de los organizadores de la lucha de Ciudad Oculta contra los planes de erradicación de la dictadura videlista y fundador de la Cooperativa de Vivienda y Consumo 8 de Setiembre. Deja tras de sí a su esposa, Nancy, y a un niño de corta edad. Compañero Pitolo, ¡Hasta la Victoria Siempre!

Casi 2.000 jubilados se concentraron frente al Ministerio de Trabajo el 29 de agosto pasado. Los jubilados ingresaron masivamente al edificio ministerial, por lo que tuvo que venir corriendo el Secretario de Seguridad Social. De Estrada pidió "confianza” ("si yo no supiera que se están haciendo las cosas bien, tengan por seguro que renuncio a mi cargo”) para plantear que la situación de los jubilados irá mejorando a medida que mejore la recaudación previsional. De Estrada prometió cobrar la deuda de las empresas con las Cajas que estimó en 440.000 millones de australes, más de 700 millones de dólares. Estrella Monteverde, de la dirección de la Coordinadora de Jubilados, consideró que la venida de De Estrada “fue positiva” y que “en 30 días habrá novedades Importantes para nosotros”. Por de pronto la situación de los jubilados empeora: la mayoría cobró para setiembre un mínimo de ₳ 28.000, un 10% de la canasta familiar. Pero el futuro se presenta más negro todavía, porque el gobierno sostiene que las jubilaciones se modificarán si aumenta la recaudación previsional, y paralelamente envía un proyecto al Parlamento por el que el 40% de los impuestos públicos destinados a las jubilaciones irá a parar a la Tesorería, lo que representa una merma de la recaudación previsional de 800 millones de dólares anuales. Al mismo tiempo el gobierno está haciendo mucha espuma con la deuda de las patronales con las cajas, del orden de los 440.000 millones de australes, pero esta cifra que está ferozmente licuada, indica sólo la deuda reconocida (que seguramente será nuevamente diluida con nuevas moratorias, si no la evasión, el pago en negro de salarios, etc.). Por otra parte el Ministerio de Economía impulsa la “flexibilización laboral” que elimina directamente todo tipo de aporte previsional. La tendencia no es entonces a un mejoramiento de los ingresos previsionales, sino a un achicamiento de los mismos. No puede ser de otra manera, cuando el City Bank, Perez Companc (Banco Río) y otros consorcios capitalistas están embarcados en impulsar los sistemas de jubilaciones privadas. Para ello hay que completar la destrucción por completo del sistema previsional estatal iniciado por las dictaduras y el alfonsinismo, algo en lo que está empeñado el menemismo. El movimiento de jubilados sólo podrá desarrollarse si adopta una posición independiente respecto al gobierno y no entra en el juego de la demagogia de De Estrada. Para esto hay que realizar asambleas, hay que poner en pie a los millones de “viejos" trabajadores para luchar por: mínimo de 104.000 indexados, que se cumplan los mandatos judiciales, pago de los retroactivos adeudados, remedios gratis; Pami bajo control de las organizaciones de jubilados y sindicatos para evitar así el robo de los evasores capitalistas; no a la “flexibilización laboral". Como decían las pancartas de los jubilados en la concentración (en la que el PO distribuyó una declaración de apoyo): “Basta de Estafas".

La suma de violaciones a los derechos políticos y el desvergonzado oportunismo que se puso de manifiesto en el Colegio Electoral de la Capital, ha servido para que los políticos patronales declaren su sorpresa con este procedimiento, pero esto no es más que la consecuencia natural del régimen político burgués. Si el principio básico de éste es el desconocimiento de la voluntad popular, el cual se encubre mediante el sistema representativo, es lógico que el funcionamiento de las instituciones y de los partidos siga el mismo principio. La hipocresía mayor no la han protagonizado los Alsogaray es y los Vacas sino los que presentan al inmundo contubernio de éstos como una alteración de la línea de conducta de los políticos “democráticos”. Los Alfonsines que hablan hoy contra la impunidad, los Zamoras que presentan sus acuerdos con los Jaroslavskys como un instrumento de lucha contra la amnistía, las bancadas peronista y radical que votan los proyectos de leyes con los que dicen estar en desacuerdo, y el presidente de la nación que confirma y se desdice a cada paso con lo que planteó en la campaña electoral y con lo contrario, toda la política burguesa tiene la marca de la corrupción política. El acuerdo entre la derechista María Julia Alsogaray y el "izquierdista” Vaca tiene todos los ingredientes de esta corruptela, desde el afán de ocupar los puestos rentables del Estado (¡nueve años para un senador!, y dicen que el sistema es representativo y no una variante del burocratismo) hasta la maniobra concebida para acercarse más íntimamente al entorno presidencial. A Adelina Dalessio de Viola, que pontificó en la campaña electoral contra el aprovechamiento de la función pública, la callaron esta vez con el ofrecimiento de una presidencia en una comisión de la Cámara de Diputados. El acuerdo de los Alsogaray y Vaca compromete a este último a apoyar el indulto, la reivindicación de las fuerzas armadas, la capitulación ante la Thatcher, las privatizaciones y el cumplimiento con la deuda externa. Al aceptar la consagración de un senador de su partido por medio de este acuerdo, el conjunto del justicialismo ha asumido como propio el programa de la Ucedé. La verdadera elección no tuvo lugar el 14 de mayo, a la cual todos los candidatos fueron disfrazados, sino el lunes pasado en el Colegio Electoral. ¡Qué cosa puede haber de más sincera que el frente político entre el justicialismo y la Ucedé y en especial con los "izquierdistas" de aquél, luego de la formación del gabinete de Menem! El contubernio "en la Capital" no es más que la secuencia natural del contubernio que representa el gobierno actual en todos los niveles. Muchos peronistas, en especial de la "izquierda”, se apresuraron a justificar el acuerdo como una maniobra para alzarse con la senaduría y que sus términos no serán cumplidos. Esta argumentación simplemente demuestra que el pacto con los Alsogarayes no es la última corruptela de Vaca y que habrá que esperar otras más graves aún de acuerdo a como sople el viento político y los “ofrecimientos” que se hagan. El senador Vaca fue elegido, sin embargo, en forma completamente inconstitucional, debido a que el Colegio no cumplió su cometido en una sola reunión y a que su pronunciamiento tuvo lugar vencido el plazo de los 120 días previos a la fecha en que se debe asumir el cargo (10 de diciembre). Ninguno de los partidos que contaban con electores hizo una impugnación a estas violaciones; Izquierda Unida participó de la votación que decidió los cuartos intermedios ilegales. Todos los partidos fueron cómplices de esta corruptela política. De la Rúa y la UCR pretendieron que la Ucedé se abstuviera para que pudiera triunfar el candidato radical. Pero ello sólo habría podido ocurrir si hubiera mediado un acuerdo político previo entre esos dos partidos. De la Rúa se queja entonces porque no fue tenido en cuenta para un acuerdo con los Alsogarayes, es decir con el gobierno de Menem. Esto es comprensible porque la Ucedé y la UCR están compitiendo entre sí con relación a una futura alianza con el gobierno justicialista. Lo ocurrido en el Colegio Electoral de la Capital debería servir para que los trabajadores y los militantes de izquierda que están cansados del verso democratizante de sus direcciones, comprendan la hipocresía absolutamente congénita del régimen y de sus políticos, de la falsedad de sus palabras y promesas, de sus corrupción extrema, incluidos en estos a los izquierdistas como Vaca — quienes cuando les convino fueron defensores de las Madres de Plaza de Mayo.

Los municipales de la provincia de Buenos Aires fueron inducidos, la semana pasada, por las direcciones sindicales de sus distritos a levantar la huelga con motivo de la conciliación obligatoria. Los dirigentes han pretendido presentar la decisión ministerial como un “éxito" exhibiendo como un logro el que las autoridades se sienten, a partir de ahora, en la mesa de negociaciones. Lo cierto, sin embargo, es que la decisión fue tomada a pesar de la total ausencia de oferta por parte del Estado. Asistimos, por lo tanto, a un acto unilateral adoptado por la dirección del conflicto, lo cual representa un paso atrás que no "nos aproxima" —como afirman los dirigentes— sino nos aleja de las reivindicaciones planteadas. No hay que ser demasiado perspicaz para percatarse que si las medidas de acción directa no fueron aún suficientes para quebrar la intransigencia del gobierno menos aún va a ser posible hacerlo con el gremio desmovilizado. Las autoridades recuperaron con el levantamiento un margen de maniobra que se le había estrechado notablemente, acosados por una movilización que iba ganando en extensión y profundidad. El desarrollo de la huelga permitió constatar las limitaciones insalvables de la dirección del conflicto representada por las comisiones directivas de un grupo de distritos enfrentados con la conducción del sindicato provincial manejado por Izzeta. La conducta de esta "oposición” es tanto más alevosa cuanto las tentativas intimidatorias puestas en práctica por el gobierno resultaron infructuosas para ahogar la huelga. El “gobierno del pueblo” —a través de las intendencias— no escatimó las provocaciones contra el movimiento, que incluyó el envío masivo de telegramas de despidos y el reemplazo do las funciones habituales de los municipales por sectores enrolados al Comando de Organización (Matanza). Si algo puede afirmarse, sin el menor margen de dudas, es que el levantamiento de la huelga no puede atribuirse a la falta de espíritu o disposición de lucha de la base del gremio que desafió la escalada represiva continuando con la movilización huelguística. Para ser más precisos aún, habría que decir que el conflicto fue interrumpido en su momento de apogeo, cuando se venía de una medida de fuerza respaldada por 60.000 trabajadores y comenzaban a proliferar iniciativas de lucha en numerosos distritos (Avellaneda y Matanza habían comenzado un paro por tiempo Indeterminado). La “oposición” comenzó a disgregarse ante la presión ejercida por el gobierno y se apresuró a volver al redil, lo que delata sus ataduras y sometimiento al régimen político y social imperante, es decir, su condición de agentes del estado burgués. El operativo dirigido a suspender las medidas de fuerza tropezó, sin embargo, con la resistencia de la base del gremio. Para sorpresa de los dirigentes, un combativo plenario de delegados de la Matanza rechazó la propuesta de la comisión directiva de levantar el conflicto y desconoció la conciliación obligatoria. Pero lo que no pudo lograr la desprestigiada burocracia de la Matanza, lo consumó el “Cholo” García, secretario general de Avellaneda y conocido por su pasado combativo (del cual hace tiempo se ha apartado para enrolarse en las filas del cafierismo y de los 25). La decisión de un distrito clave como el de Avellaneda fue el golpe decisivo que concluyó por provocar un giro en el movimiento que preparó el camino para el cese de la lucha en la Matanza y en otros distritos, que venía siendo sostenida por el empuje de la masa activa del gremio. El desenlace provisional del conflicto, como ya dijimos, es un paso atrás pero, de ningún modo, se lo puede dar por cancelado. La política de la burocracia es llegar a arreglos por separado que justifique la suspensión de las medidas de acción y disipe el descontento reinante. Esta pretensión choca, sin embargo, de un modo general, con el estado de quebranto financiero de los municipios y con la política de la administración provincial empeñada en poner en práctica en su jurisdicción la ley de emergencia económica recortando sensiblemente el apoyo monetario a las comunas. A lo sumo puede esperarse alguna concesión salarial que, de todos modos, estará alejada de lo reclamado (por ejemplo, Berazategui acaba de arreglar por 41.000 australes contra los 55.000 exigidos). Podemos anticipar, en este cuadro, el fracaso de la política de la burocracia, lo que replanteará la reapertura del conflicto. En esto también convergen las grandes reservas de lucha que anidan en la base del gremio. Ya, en medio de la conciliación, comienzan a proliferar iniciativas de movilización por el reclamo salarial (Gral. Sarmiento, Vicente López). Hay que prepararse para la próxima etapa de lucha que se avecina pero esa preparación, si quiere arribar a buen puerto, debe partir inexorablemente del balance de las fuerzas políticas actuantes lo que tiene que ayudar a provocar una delimitación por parte del activismo respecto de la burocracia "opositora", particularmente de su vertiente “izquierdista" que ha sido la responsable del actual desenlace del conflicto.

“La CGT debe actuar como un ministerio más”. Sin pelos en la lengua Guerino Andreoni logró sintetizar como nadie la campaña desatada por Menem y su pandilla de burócratas, que apunta por sobre todas las cosas a estatizar los sindicatos ‘para someterlos al plan de los Bunge y Born. Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel, colocados en el papel de opositores, han proclamado bajo todas las formas posibles su adhesión a Menem, han sido artífices de la “tregua social” impuesta a la CGT desde antes de la campaña electoral y de la parálisis de los sindicatos frente a la hiperinflación montada por los capitalistas. Más aún, su “lealtad” al estado burgués ha sido motivo de especial homenaje en la cámara de diputados. “Casi no se conocen pueblos en el mundo que se hayan bancado estoicamente una caída tan profunda de su salario. Esto debería valer, cuando se acallen las pasiones del momento, un reconocimiento a quienes condujeron la central laboral en los últimos tiempos" señaló el diputado Mazkin. "Un cerrado aplauso del bloque peronista siguió a sus palabras" comenta La Nación (25/8). ¿Por qué sustituir entonces a esta dirección de la CGT? Porque para llevar adelante una embestida histórica contra la condición de vida de las masas, el gobierno necesita la completa uniformidad en los sindicatos. Necesita hombres incondicionales del aparato del Estado, aquellos que no vienen del tronco menemista tienen que dar un paso atrás o dejarse corromper y entrar al clan de los Barrionuevo. “La CGT debería afrontar un cambio de pensamiento y de comportamiento para readaptarse a la situación de pertenecer a un partido que ahora está en el gobierno”, ha dicho el “prescinden-te” Menem (Clarín, 16/8). El gobierno de la privatización económica es el gobierno de la estatización sindical y no puede ser de otro modo. La hondura de la crisis y la amplitud de la ofensiva capitalista para trasladarla a los trabajadores exige que la burocracia cumpla sin fisuras el papel de policía de la clase obrera, para borrar del escenario sindical a los activistas y a la vanguardia como protagonistas de un frente consecuente de oposición política al gobierno capitalista. El ubaldinismo no es oposición El raleado frente ubaldino-62 reclama, en oposición a la Mesa de Enlace, la “participación” de los sindicatos y la clase obrera en el estado burgués, es decir que quiere entrar al gobierno, en forma institucional, por ejemplo en un Consejo Económico-Social, y no solamente poniendo hombres en los ministerios. Se puede decir que la burocracia está dividida entre dos planteos de integración al Estado. Está ausente el planteo de la independencia obrera frente a los explotadores. ¿Pero acaso la propuesta de voto directo para elegir la conducción de la CGT formulada por el ubaldinismo no merece otro análisis, no plantea una perspectiva de democratización del movimiento sindical? Pero Ubaldini propone que el congreso de la CGT resuelva sobre el modo y la ejecución del voto directo. Este congreso es, sin embargo, una instancia ultraburocrática, en la que se dan cita delegados surgidos de comicios proscriptivos, regimentados y tutelados por el Ministerio de Trabajo como los que conocemos a diario. La burocracia tendría encomendada la tarea de democratizarse a sí misma, lo cual es un callejón sin salida. Ubaldini procura “asustar” a Triaca y compañía, pero el más asustado” con un posible voto directo es él mismo. Abrir una expectativa en la posición de Ubaldini equivale a capitular ante el charlatanerismo burocrático. El ubaldinismo es absolutamente incapaz de estructurar una oposición política, independiente del gobierno, porque no lo es la burocracia sindical a la que pertenece. De todos modos, las limitaciones del voto directo como instrumento de democracia sindical son muy claras a la vista de lo que ocurre en la totalidad de los sindicatos, donde los dirigentes son elegidos mediante este procedimiento. El copamiento de las juntas electorales, los procedimientos viciados de votación, las listas únicas, las proscripciones, la adulteración de los padrones, son todas características normales de las elecciones que se efectúan en el marco burocrático y dentro de una legislación dictada por el Estado. Plantear el voto directo sin la previa destrucción del monopolio burocrático, significa vender un buzón más en la larga lista de engaños a los trabajadores. El significado que podría tener una votación directa, en el momento actual, para elegir a la dirección de la CGT, sería el de contraponer al Estado, que reclama representar la "voluntad general", una estructura fundada en el voto exclusivo de los explotados, totalmente al margen de las diferencias de profesiones entre ellos. El voto directo, entendido como esta oposición de una clase contra el Estado de la otra, tendría un alcance enorme, pero es precisamente por esto que Ubaldini no lo plantea de este modo y se detendrá a mitad de camino en la iniciativa. La burocracia está convencida de que su lugar en la política está con la burguesía y es más hostil que nadie a un partido obrero independiente o a cualquier cosa que represente una política de clase del proletariado. La crisis ha puesto de relieve, y esto más que nunca, la irrevocable tendencia patronal de la burocracia. La superación de la burocratización de los sindicatos sólo puede venir de la lucha de clases que libran las masas y de la revolución organizativa y de dirección que produzca esta lucha. Asambleas, comités de huelga, coordinadoras de lucha, una dirección revolucionaria —este es el camino de la independencia y democratización de los sindicatos. ¿Se divide? Las perspectivas más probables del enfrentamiento actual es que se llegue a un compromiso en términos que favorezcan a la Mesa de Enlace, o de que se divida la CGT, en función de abrir un compás de espera para llegar a un compromiso. Ambas alternativas tienen en común el servir a una política de freno a las luchas. Hay que poner el acento en estas últimas, y desenvolver a partir de ellas una vanguardia clasista y de renovación de los sindicatos, mediante la expulsión de la burocracia.

La promesa de un “salariazo" por parte de Menem durante la campaña electoral va a pasar a los anales de la estafa política. El menemismo ha llevado hasta el refinamiento la hipocresía natural de todos los partidos patronales, en especial de aquellos que disimulan su carácter de clase capitalista con la verborragia "nacional y popular". El hombre del "salariazo" no ha modificado el salario mínimo desde que llegó al gobierno, a pesar de una inflación del 320% en el bimestre julio-agosto. Ese mínimo quedó anclado en los 20.000 australes cuando debiera ya haber superado los 80.000. Esto le permite a los explotadores pagar con hambre el trabajo de los sectores obreros más explotados y poner un techo infranqueable a los reclamos de numerosos sindicatos. Los docentes y los municipales, recientemente, han salido a luchar por sueldos básicos de 55.000 australes, pero el gobierno y la burocracia sindical se empeñaron en que no deben cobrar más de 35.000. Frente a un costo de la canasta familiar de 220.000 australes, el salario mínimo representa una suma inferior al 10%. Este salario, que de mínimo ha pasado a "menemo", hace las delicias de los grandes parásitos capitalistas del país. Semejante suma les permite despedir gratis, con lo que realizan en la práctica la "flexibilidad laboral" que quieren ver convertida en ley. A la virtual supresión de la indemnización sólo necesitan agregarle la eliminación de los aportes patronales en concepto de jubilación. Pero esto en la práctica también lo llevan hecho, como lo demuestra la deuda registrada de 440.000 millones de australes que fuera señalada por el secretario de Seguridad Social, el cual no incluye, naturalmente, la evasión. El "gobierno del pueblo" ha convertido a una gran masa de trabajadores en paria social. Esta condición no le ha sido impuesta a los explotados por una catástrofe natural sino por una política concientemente dirigida a reforzar la dominación social y política de los explotadores. Ningún criterio económico puede justificar un salario mínimo inferior al 10% del costo de la canasta familiar, menos aun cuando los subsidios y prebendas a los capitalistas siguen sin parar. Ahí está para probarlo la deuda pública interna por la cual el Estado le paga el 10% de interés mensual en dólares (¡220% anual!) a los grandes "capitanes" capitalistas. La política sanitaria no tiene otro fundamento que el de producir la desmoralización política de la clase obrera y su desintegración social. Este es el "shock de confianza" para los capitalistas que reclamó Alsogaray y que está realizando el gobierno justicialista. Frente a una inflación que a fines de septiembre llegará por lo menos al 350% en comparación con fines de junio, el conjunto del movimiento obrero fue obligado por la burocracia sindical a aceptar convenios trimestrales del orden del 160% en concepto de aumento salarial. De esta manera, el gobierno peronista preside la mayor desvalorización del salario de toda la historia argentina. ¡Cómo sorprenderse entonces de que se incrementen las luchas salariales y de que la CGT sufra una gran crisis política! Lo fundamental, sin embargo, es que la burocracia sindical ha logrado contener este ascenso de los trabajadores, y en esto se han destacado los llamados ubaldinistas, como la Mary Sánchez de CTERA, el "Cholo" García en Municipales y Ongaro en Gráficos. A partir de aquí se puede asegurar que las filas ubaldinistas se van a ralear cada vez más en beneficio de la "Mesa de Enlace" integrada por funcionarios públicos. Pero a medida que vaya calando en la conciencia de los trabajadores la convicción de que el gobierno justicialista está empeñado en una política estratégica, que no tiene retorno, contra los explotados, surgirá consecuentemente toda la energía necesaria para derrotarla y para terminar con la burocracia sindical. El trabajo político del Partido Obrero consiste en preparar sistemáticamente el viraje de los trabajadores hacia una lucha consecuente contra el capitalismo y su Estado.